Políticas de vivienda para pueblos indígenas en Venezuela (1999-2006)

• Alonso José Morillo Arapé Universidad del Zulia-Venezuela

Palabras clave: política, vivienda indígena, paradigma de dominación, asistencialismo, ensayo y error.

Resumen

El presente artículo analiza las políticas de vivienda durante el primer gobierno de Hugo Chávez (1999-2006), con el fin de identificar las que tuvieron incidencia en el hábitat de los pueblos indígenas venezolanos. Se empleó la metodología documental y la adscripción de casos en una grilla arquitectónica. Se identificaron dos períodos: un momento de transición y discontinuidad, con políticas de vivienda que sirvieron de punto de partida a las actuaciones posteriores y, un segundo momento, con acciones que demandan la búsqueda de un camino propio, caracterizado por la abundancia de propuestas, recursos financieros y descoordinación institucional. Ambos períodos ratifican la mora del Estado con estas sociedades, evidenciada por la ausencia de cambios en el diseño de la política de vivienda con impacto en comunidades indígenas, a pesar de que el gobierno enarbola como estandarte político la reivindicación social de este sector. Se concluye que en este sexenio las políticas se instrumentaron bajo un heredado paradigma de dominación, fundamentalmente, porque no existió voluntad gubernamental en generar cambios en las acciones asistencialistas, divorciadas de la realidad cultural de los indígenas, que se tradujo en ensayos y errores que propugnaron a la continuidad de la inclusión compulsiva y el paternalismo de Estado.

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Entre ellos, el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), el Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR), Fundación para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS).

Programas: I: Atención a los pobladores de las calles; Programa II: Habilitación física de las zonas de barrio; Programa III: Mejoramiento y ampliación de casas en barrios y urbanizaciones populares; Programa IV: Rehabilitación de urbanizaciones populares; Programa V: Nuevas urbanizaciones y viviendas de desarrollo progresivo y Programa: VI. Urbanizaciones y viviendas regulares y otros.

“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.”

“El Estado conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, elaborará y ejecutará los planes de desarrollo habitacional indígena en sus tierras, a fin de preservar los elementos de diseño, distribución del espacio y materiales de construcción de la vivienda indígena, considerándola como parte de su patrimonio cultural.”

La agenda del encuentro nacional se basó en tres aspectos: el diseño e implementación de la metodología (que abarcó la justificación de la realización de una constituyente sobre el tema, los mecanismos de incorporación de las comunidades organizadas como constituyentitas primarios, métodos bidireccionales de consulta y simulación, revisión legal, estructuración de las propuestas primarias y modelación del texto final); la definición del sistema de vivienda (consideró la revisión socio-histórica de la vivienda en Venezuela, la fijación de objetivos, el modelado de una estructura de sistema sustentable y la definición de mecanismos de autocorrección y control); y la discusión de las ideas recopiladas en un foro nacional (que incluyó la presentación del texto de ley con interacción popular y la transitoriedad y coacción con leyes orgánicas existentes) (CONAVI, 2001).

El estudio abarcó las comunidades: El Arroyo, Yauruna, Los Aceitunitos, La Punta, Los Mochos, Mushalejain, Bella Vista, Yolujamana, La Mentira, Jurubá, Alitain, El Cañito, Chincain, Veritas, Las Huertas, Varilla Blanca, Alpanate, Awatuy, Las Guardias, Matuare, Alcaraván, Puerto Villa, Las Pitias, Los Paraujanos. Consistió en la generación de un marco metodológico para llevar a cabo la rehabilitación física, social, económica y humana; ejecución de planes urbanos, vivienda, servicios y de infraestructura de redes, que finalmente arrojaría el diseño de un plan de desarrollo de mejoramiento social. Los actores participantes fueron ASOPESCA del Gran Eneal, Corporación Andina de Fomento (CAF), socióloga Lisbeth Amaya Mappari, Asociación de Vecinos, coordinadores deportivos y comunidad en general.

Constó de 200 viviendas con tecnología tradicional en base a bloques y losa de concreto, con un área de 82 m2. La vivienda se distribuyó en sala-comedor, cocina, dos habitaciones, un baño y área de trabajo para elaborar artesanía (mantas, chinchorros, tapices), fueron entregadas equipadas con línea blanca. Previó futuras ampliaciones y fueron construidas por las mismas familias que las habitarían contando con asesoría de arquitectos e ingenieros. Contó con jardín de infancia, escuela básica, ambulatorio rural tipo I, casa comunal, parques, plazas, cancha de usos múltiples, servicios básicos y wapulee (que significa “nuestro lugar”, conjunto de bohíos, construidos con madera para la estructura, y paredes y techo de palma o enea tejida). Se dotó así mismo, de un mercado comunal de la red Mercados de Alimentos (Mercal), áreas para la producción agrícola y avícola futura y 5 hectáreas para la siembra de cultivos organopónicos con 602 canteros. Se tenía prevista la organización de la comunidad en diversas cooperativas.

Unidad de gestión territorial de carácter productivo, ecológico y social, que integra funciones de ingeniería, desarrollo y ejecución de proyectos, consolidan esfuerzos institución-comunidad para el desarrollo endógeno, sostenible y sustentable para erradicar la pobreza, garantizan la existencia de infraestructura y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las comunidades y fomentan actividades socio-productivas sustentables utilizando el 10% del presupuesto de inversión (PDVSA, 2006).