Sabido es que el ejercicio del poder soberano de los Estados es susceptible de crear
interferencias con los derechos de los inversionistas extranjeros. Una de las emanaciones de
dicho poder es el derecho de todo Estado a reglamentar; lo anterior, separado de la noción de
expropiación indirecta (DOLZER, 1986)7 tan sólo por una estrecha línea, proponemos
analizar cuáles son los criterios para identificarla y para consecuentemente, negar todo
derecho a una eventual indemnización