Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 30 No. Especial 14, 2025, 1091-1107
Julio-Diciembre
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Como citar: Marquez, M. T. y Escaida, J. (2025). Participación ciudadana en el marco de la propuesta constitucional en Chile. Revista Venezolana De Gerencia, 30(Especial 14), 1091-1107. https://doi.org/10.52080/rvgluz.30.especial14.14
Participación ciudadana en el marco de la propuesta constitucional en Chile
Marquez, Maria Tibisay*
Escaida Navarro, Jose**
Resumen
La presente investigación tiene como objetivo describir los mecanismos de participación ciudadana en el marco de la propuesta constitucional durante los períodos presidenciales en Chile (2014-2026). A partir de la revisión documental, se analizaron los actores sociales involucrados y los mecanismos participativos en cada momento del proceso constituyente. Dentro de los principales resultados, se evidencia que los movimientos sociales y las crecientes desigualdades fueron determinantes para impulsar la propuesta del cambio de la Constitución de 1980, lo cual conllevó que cada periodo de gobierno diseñara estrategias de abordaje para impulsar la participación de la ciudadanía. A su vez, se designaron comisiones formales de seguimiento, elección de los órganos redactores y, en aras de un proceso abierto, transparente e imparcial, diversas instituciones universitarias fueron convocadas para legitimar los espacios dispuestos para el diálogo, audiencias públicas, consultas colectivas e individuales. A pesar de dichas acciones participativas en el transitar al cambio constitucional, finalmente fue rechazada en el plebiscito de salida en septiembre 2022 y diciembre 2023, lo que refleja una desvinculación de los mecanismos formales de participación con la satisfacción de las demandas sociales; ambos intentos quedaron como un hito transcendental en la historia del país.
Palabras clave: Mecanismos de participación; actores sociales; proceso constituyente.
Recibido: 01.05.25 Aceptado: 25.10.25
* Doctora en Ciencia Política de la Universidad del Zulia-Venezuela. Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Instituto de Gobierno y Asuntos Púbicos de la Universidad Austral de Chile. E-mail: maria.marquez@uach.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9929-5392
** Doctor en Sociología, Universidad de Heidelberg-Alemania. Académico Universidad Austral de Chile. E-mail: joseescaida@uach.cl ORCID: https://orcid/0000-0001-7584-8047
Citizen Participation in the Framework of the Constitutional Proposal in Chile
Abstract
This research aims to describe the mechanisms of citizen participation within the framework of the constitutional proposal during the presidential terms in Chile (2014-2026). Based on a documentary review, the social actors involved and the participatory mechanisms at each stage of the constitutional process were analyzed. Among the main results, it is evident that social movements and growing inequalities were decisive in promoting the proposal to change the 1980 Constitution. This led to each government term designing strategies to promote citizen participation. In turn, formal monitoring commissions were appointed, the drafting bodies were elected, and, in the interest of an open, transparent, and impartial process, various university institutions were convened to legitimize the spaces provided for dialogue, public hearings, and collective and individual consultations. Despite these participatory actions in the transition to constitutional change, it was ultimately rejected in the exit plebiscites in September 2022 and December 2023, reflecting a disconnection of formal participation mechanisms from the satisfaction of social demands. Both attempts remained a transcendental milestone in the country’s history.
Keywords: Participation mechanisms; social actors; constituent process.
1. Introducción
El sistema democrático en Chile, emanado por la constitución de 1980, es un sistema esencialmente representativo; se integran algunos elementos de la democracia directa, como lo es el plebiscito. La participación se materializa en la posibilidad de elegir a representantes de forma periódica para ejercer la soberanía; sin embargo, en la práctica presenta un debilitamiento del sistema. Igualmente, se ha instalado con fuerza en la discusión pública y en el imaginario ciudadano que las instituciones políticas resultan poco confiables y que su funcionamiento específico es deficiente (PNUD, 2014).
En el país persiste una democracia fuertemente centralizada, con escasas oportunidades para que la ciudadanía incida en las decisiones públicas más allá de los mecanismos electorales. Las expectativas de mayor participación y rendición de cuentas superan ampliamente las respuestas institucionales. Ante la falta de espacios efectivos de deliberación, se desencadenó años más tarde una profunda crisis de legitimidad institucional y el creciente descontento ciudadano que propugnaba por una democracia inclusiva, representativa y participativa.
El Estado chileno no estaba en condiciones de responder a los derechos fundamentales en educación, salud, vivienda y pensiones dignas, presentando altos grados de desigualdad (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2022). El descontento social conllevó repensar la agenda política; señalan que, bajo la presión de masivas y recurrentes manifestaciones, quedó visibilizado un fuerte clivaje entre los sectores populares y las clases medias, por un lado, y las élites, por el otro, orillando a estas últimas a aceptar la renegociación de un nuevo marco constitucional (Barozet Espinoza & Méndez, M, 2021).
El impulso más importante inició en el año 2015 en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), al proponer un proceso constituyente abierto a la ciudadanía, que, de forma inédita y basada en su poder co-constituyente como presidenta de la República, convocó a un proceso de participación ciudadana amplio cuyos resultados más tarde tuvieron incidencia política para avanzar en esta senda (Figueroa, 2019). En el 2016, bajo el lema de modernización de la democracia y atendiendo a los reclamos de los movimientos sociales del año 2011, se activó el proceso constituyente como parte de una reforma constitucional iniciada en el año 2015; no obstante, fue un proceso inconcluso en el siguiente período presidencial dirigido por Sebastián Piñera (Figueroa, 2019).
Durante el mandato de gobierno de Sebastián Piñera, en el año 2019, ocurre un hecho trascendental que da un giro a la historia, conocido como el “estallido social”. Se crean de nuevo condiciones para lograr una salida a la crisis social y política del país, lo que alude a que una democracia vigorosa necesita la participación de la sociedad civil y una mayor inclusión en las decisiones de actores tradicionalmente marginados, como las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas, las regiones apartadas de las capitales nacionales, la población LGBTI y las personas con discapacidad.
En este momento histórico, se concreta el acuerdo político amplio necesario para avanzar en una propuesta constituyente. Así surge un “Acuerdo Social”, asumido por los partidos políticos. En este contexto, se promulga el 23 de diciembre de 2019 una reforma constitucional, aprobada previamente por el Congreso Nacional, que dejó en manos de la ciudadanía chilena decidir si querían una nueva constitución política, en la cual se obtuvo como resultado durante el plebiscito de consulta un 78% de aprobación para reemplazar la Constitución de 1980 (BBC News Mundo, 2020).
Durante las diferentes etapas del proceso constituyente en Chile, es importante destacar que la participación ciudadana transcurrió por momentos clave que marcaron un rumbo inédito en la historia del país en la búsqueda concreta del cambio constitucional. A partir de entonces, se formularon dos intentos de propuesta constitucional, en el período de los presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric. En síntesis, resulta de interés para esta investigación hacer un análisis de los mecanismos de participación ciudadana durante el proceso constituyente para promover una nueva constitución en Chile, durante los períodos de gobierno 2014-2026 para describir los mecanismos de participación ciudadana en el marco de la propuesta constitucional durante los períodos presidenciales en Chile.
2. Enfoque metodológico
A partir de la revisión documental de carácter descriptivo, se presentan evidencias del abordaje del proceso participativo, permitiendo destacar aspectos diferenciadores de gran relevancia para abordar la realidad acontecida en relación con la participación ciudadana en el marco de los procesos constituyentes en Chile para la aprobación o rechazo de la nueva carta fundacional. Para ello, se hizo necesaria una recolección de información de fuentes primarias y secundarias. En la primera, se destacan los manuales y documentos referidos a dicho acontecimiento en los diferentes periodos de gobierno, así como marcos normativos, portales digitales, noticias a nivel nacional e internacional, boletines y fuentes secundarias, entre las que se destacan publicaciones de organismos internacionales, guías metodológicas, informes finales de los mecanismos que orientaron el sistema participativo en cada momento del proceso constituyente.
De igual forma, se realizó una búsqueda documental en repositorios y fuentes abiertas de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile desde los años 2015-2024, cuya plataforma digital fue un referente en el seguimiento del proceso (cuadro 1).
Cuadro 1
Fuentes consultadas
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MEDIOS |
FUENTES |
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Repositorio académico |
-Revista Polís. (Scielo) -Revista Universidad Austral de Chile (Scopus). -Revista Unión Iberoamericana de Municipalistas. (Google Scholar). -Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 2020 (Scopus). -Cuadernos constitucionales. (2022) -Nueva Sociedad (2023) |
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Biblioteca del Congreso Nacional de Chile |
- Propuesta de constitución (2018) -Propuesta de constitución (2022) - Propuesta de constitución (2023) |
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Repositorio nacional |
-Secretaría General de la Presidencia. -Centro de Estudios. Políticos, plataforma constitucional (2021-2023) -Base Ciudadanas para la Constitución. -Secretaría de Participación Ciudadana. (2023-2024). -SERVEL, resultados del proceso constitucional |
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Prensa digital |
-BB News Mundo. (2020). -El país (2020). -France (2024. -Diario Concepción. -Diario Biobio -Diario Concepción (2023) |
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Manuales/Informe finales |
-Informe de Recopilación de procesos participativos previos, 2 edición (2023). -Informe de participación ciudadana en el proceso constitucional (2023). -Informe final de participación ciudadana en las audiencias públicas (٢٠٢٣). -Informe final de participación ciudadana en diálogos autoconvocados (2023). --Informe final, Incidencia de las iniciativas populares de normas en el trabajo del consejo constitucional (2024). -Informe final de las Iniciativas Populares de Norma, presentado por el SEPC, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica. (2024) |
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Instrumentos jurídicos |
-Acuerdos por la Paz y la nueva constitución (2019). -Convención constitucional (2021). -Guía práctica borrador, nueva constitución (2022). -Bases institucionales del proceso constituyente: Un análisis de la tradición constitucional Chilena (2023). |
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Organismos Internacionales |
-Programa de las Naciones Unidas (2015, 2021). -OCDE (2017, 2022). -CEPAL (2021). -Directorio legislativo (2023). |
En el presente contexto de estudio, los criterios de selección se orientaron a destacar los mecanismos de participación y actores sociales involucrados en el proceso constituyente. En este sentido, durante la revisión documental se encontraron categorías de análisis con incidencia que dan cuenta de los mecanismos de participación, entre los que se destacan plebiscitos, cabildos e iniciativas populares de norma, audiencias públicas, siendo el Programa de Naciones Unidas (2015-2021), plataforma constitucional (2021-2024), marcos normativos, manuales e informes de la Secretaría de Participación Ciudadana (2023-2024) los documentos más destacados que dan cuenta del seguimiento del proceso constituyente en Chile.
En cuanto a actores sociales involucrados, se evidencian criterios comunes con especial referencia a movimientos sociales, paridad de género, inclusión de la mujer, clases medias y diversidad social en el proceso; los análisis y aportes a dichos temas se encuentran en lecturas y publicaciones de artículos científicos referidas en bases de datos como Google Scholar, SciELO y Scopus.
3. Participación ciudadana: Aproximación teórico-conceptual
La presente investigación se centra en abordar los hechos acontecidos durante las prácticas participativas en el marco de la propuesta constitucional, lo cual nos conlleva revisar los aportes teóricos propuestos por autores como Cartaya, Aguilar, Cunill, Heiss, Restrepo, entre otros, quienes, desde una mirada participativa, deliberativa y representativa de la democracia, nos permiten acercarnos a la realidad abordada.
En este sentido, es de resaltar que la participación ciudadana es un hecho político definido como un modelo de relación entre el Estado y la sociedad civil, enmarcado dentro de una cultura política de actitudes, valores y normas, que orientan el comportamiento de los ciudadanos en un marco de deberes y derechos del Estado (Cartaya, 1994), reivindicando nuestras sociedades a las instituciones de la democracia directa en las grandes cuestiones públicas, tales como el plebiscito y el referéndum (Aguilar, 2000).
El Estado no solo ha contribuido al constreñimiento de la sociedad, sino que también se ha fomentado un acceso diferencial a sus instancias de decisión, por lo que le cabe la responsabilidad del establecimiento de las condiciones que aumenten la capacidad de representación e influencia a los actores tradicionales excluidos. Es así como la participación ciudadana puede ser concebida como un proceso de relación activo y permanente con la administración, que puede darse en las diferentes etapas de la toma de decisiones en espacios democráticos. (Escobar, 2004; Fidika, 2006).
Al hacer referencia al proceso constituyente y a los mecanismos de participación ciudadana en Chile activados durante las diferentes etapas, se abren espacios para la discusión sobre la participación deliberativa y representativa; surge un gran debate de lo que implica, en el que una comunidad política se redefine a sí misma, sus valores, principios y reglas de convivencia (Heiss, 2023). La potencialidad de la participación ciudadana radica en la posibilidad de que se cree una institucionalidad social guiada por los principios de igualdad, pluralismo y deliberación; no solo es un mecanismo procedimental, se debe garantizar que sean representativos y vinculantes en la toma de decisiones para generar confianza y legitimidad (Cunill, 1997).
En este contexto, es de resaltar que la democracia participativa promueve mecanismos e instancias que le permiten al ciudadano involucrarse en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas; en cambio, la democracia representativa no genera mecanismos ni instancias que permitan al ciudadano involucrarse en las tomas de decisiones. Se plantea que los activistas públicos —Estado, la política, las organizaciones sociales, la academia y las comunidades— tienen oportunidades para apoyar la democracia participativa en tanto medio para fortalecer el tejido social (Restrepo, 1997).
En línea con las teóricas expuestas, durante el proceso constituyente en Chile, se produce un importante escenario al activar los mecanismos de participación directa en la figura de las iniciativas populares de norma, audiencias públicas, diálogos ciudadanos autoconvocados, los cuales permitieron dar un relevante paso a la apertura de espacios para recibir propuestas, fundamental para legitimar los procesos políticos en el contexto de desconfianza ciudadana.
Los procesos constituyentes no solo deben ser participativos en lo formal, sino que también deben ser deliberativos para promover el debate público de una forma incluyente y pluralista; más allá del cumplimiento procedimental, se advierte que, sin canales efectivos de deliberación y escucha recíproca, la participación pierde sentido y se vuelve simbólica (Heiss, 2023). Es así como la democracia deliberativa ofrece un modelo superior de legitimidad para la toma de decisiones públicas, ya que obliga a los gobiernos a justificar sus políticas frente a una ciudadanía crítica e informada (Aguilar, 2000).
En la discusión teórica sobre los procesos participativos en el marco del proceso constituyente, se concibe la participación ciudadana como una dimensión constitutiva de la democracia (Cartaya, 1994). La lectura en el contexto postestallido social del año 2019 da cuenta de una importante reorientación de la democracia, por cuanto no solo se evidenciaron canales de representación, sino de intervención que significó un momento trascendental en la historia del país para lograr el acuerdo de paz y, con ello, legitimar el proceso a seguir en la propuesta constitucional.
La forma de involucramiento ciudadano no se puede limitar a lo representativo (Cunill, 1997), lo que da cuenta de que en Chile se propiciaron mecanismos de participación directa, al generarse diversas convocatorias destinadas a propiciar los cabildos ciudadanos, las iniciativas populares de norma y las audiencias públicas, lo que da cuenta de mecanismos de democracia directa para generar espacios de toma de decisiones informada, donde la ciudadanía expresa sus opiniones, bajo un marco deliberativo, más allá de los canales representativos.
4. Periodo 2014-2018: Bases ciudadanas propuestas en el marco de una nueva constitución
Para el año 2015, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, se impulsa un primer proceso constituyente que buscaba asentar las bases ciudadanas para una nueva constitución. Para la época, la propuesta estaba orientada a la Reforma Educacional, Reforma Tributaria y Nueva Constitución, bajo el lema de modernización de la democracia y atendiendo a los pasados reclamos de los movimientos sociales del año 2011. El proceso constituyente se activó como parte de una reforma constitucional, contenida en la oferta electoral.
La concepción de participación ciudadana en lo sustantivo refiere trascender de la discusión abierta hacia conclusiones y acuerdos ciudadanos. En este orden de ideas, cabe destacar que durante dicho proceso los diálogos ciudadanos en los distintos niveles de participación y resultados del proceso de consulta sobre los principios, derechos y deberes constitucionales fueron sistematizados y permanecieron disponibles para el público en agosto de 2016 y marzo de 2018, respectivamente (Figueroa & Jordán, 2021).
La propuesta emanada por el gobierno de Bachelet (2014-2018) contempló una fase de educación cívica constitucional, mediante los encuentros locales autoconvocados, cabildos provinciales y regionales. En el marco del seguimiento, se creó un Consejo Ciudadano de Observadores, órgano autónomo encargado de velar por la transparencia y pluralismo de la participación; a su vez, la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), en su rol técnico, se encargó de documentar cada una de las convocatorias ciudadanas. Este proceso fue inconcluso, dado que el proyecto constitucional fue entregado al Congreso a solo días de culminar su mandato, sin la posibilidad de que el gobierno siguiente diera continuidad al proceso (Centro de Estudios Públicos [CEP], 2023).
De igual forma, se caracterizado por la incorporación de nuevos mecanismos participativos, metodologías que guiaban la etapas a seguir de cada convocatoria ciudadana en las diferentes regiones, contó con un significativo número de participación, a su vez, el Estado tuvo una importante articulación con la academia, por cuanto, el Consejo Ciudadano de Observadores, estaba conformado por académicos con experiencia en la materia, durante este periodo de gobierno, se formuló una hoja de ruta para llevar acabo cada encuentro con la ciudadanía a través de los mecanismos participativos dispuesto para ello, dicha experiencia permitió que años más tarde, el formato para promover la participación ciudadana se replicará bajo otras formas y contenidos.
5. Período 2018-2022: Acuerdo institucional para una nueva constitución como salida a la crisis política y social
En el inicio del segundo mandato del gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), ocurre el llamado estallido social en el año 2019, producto del cual se concretan las acciones o pasos previos para un proceso constituyente donde surge un “Acuerdo Social”. Las multitudinarias marchas y manifestaciones significaron el reavivamiento del momento constituyente en Chile. A finales del año 2019, se hizo tangible la necesidad de un nuevo pacto social involucrando la participación de la ciudadanía y la necesidad de deliberación sobre el modelo de desarrollo. El gobierno de Sebastián Piñera no consideró una nueva Constitución, sino reformas a la de 1980 (Huneeus & Pastén, 2020).
Es así como el 15 de noviembre de 2019, producto de más de 15 horas de discusión, las principales fuerzas políticas del Congreso firman un acuerdo político para la salida institucional y pacífica a la crisis social, creando las condiciones institucionales para la posibilidad de redacción de una nueva constitución, dando origen a lo que se denominó “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Para lo cual se convoca el plebiscito nacional el 25 de octubre del año 2020, donde los electores con una gran mayoría apostaron por la redacción de una nueva carta constitucional; 6 meses después, en mayo del año 2021, se convoca el primer plebiscito (Molina, 2022).
Entre otros acontecimientos que marcaron el año 2020, durante el segundo mandato de Piñera, se encuentra la aprobación de una reforma constitucional que estableció en el capítulo XV un mecanismo de sustitución de la constitución actual y se aprobó por ambas Cámaras del Congreso Nacional la paridad de género en el órgano constituyente (Henríquez, 2020). Otras modificaciones contemplaron la regla que permitió a los independientes competir en listas a la par con los partidos y la reserva de 17 escaños para los pueblos originarios en la Convención Constituyente. Se observa la ampliación del espectro de representación en los actores que conformaron la convención, donde se incorporó el criterio de la diversidad política, social y de género.
El 25 de octubre del año 2020, siguiendo lo planteado, se celebró el plebiscito de entrada donde se sometió a consulta de la población si aprobar o rechazar la propuesta de una nueva constitución, que estaría compuesta por la Convención Mixta Constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio, mientras la Convención Constitucional (CC), conformada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. En términos de actores, la Convención Mixta representó la opción conservadora de redacción, por cuanto permitía la participación de la élite política de ese momento, mientras que la CC vislumbraría una opción que permitiría la elección popular de la totalidad de sus integrantes, obteniendo el 78% de los votos a favor de la CC electa democráticamente (Gay, Sánchez & Schildberg, 2022).
En mayo de 2021, durante un proceso de votación, se eligieron 155 ciudadanos que se organizaron en comisiones. De acuerdo con lo planteado a nivel político, los sujetos elegidos coincidieron con pensamiento de izquierda; el sector identificado con la derecha tuvo un revés importante al no lograr el tercio de representación aspirado. Sin embargo, las candidaturas independientes de la militancia partidaria lograron alcanzar un 60% de las bancas de la Convención Constitucional, composición paritaria entre mujeres y hombres; de los 155 escaños, 17 fueron reservados para representantes de los pueblos indígenas. De modo que el principal sujeto de formulación de la nueva constitución fue, en términos políticos y de género, muy diverso y equitativo (Gay et al., 2022).
Las comisiones se conformaron en diversas áreas temáticas para responder a diferentes aspectos en el debate político y social, orientadas a la satisfacción de demandas de los derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, pensiones dignas, cuidado y protección del medio ambiente. Durante el gobierno de Piñera, se suscitan los momentos de acuerdo nacional para la nueva propuesta constitucional, las formas de sanción de la misma, así como la elección del órgano constitucional en la figura de la Convención Constitucional, dando paso a la discusión y redacción de dicha propuesta. Más tarde, en el periodo de gobierno de Gabriel Boric, se dan dos intentos de apruebo o rechazado en los años 2022 y 2023, siendo un hito histórico en el contexto político de Chile.
6. Período 2022-2024: Acuerdo institucional refundacional en el marco constitucional
El Presidente Gabriel Boric, electo para el periodo de gobierno 2022-2026, una vez que toma posesión del cargo, sigue el curso del proceso constituyente bajo un escenario político de importantes decisiones para los actores involucrados. En este sentido, se inicia en el seno de la Convención Constitucional redactar la nueva propuesta, considerando criterios de interés para la ciudadanía; se impulsaron las convocatorias a través de las audiencias públicas, para atender a las demandas de grupos y organizaciones, así como cabildos, encuentros locales e iniciativas populares de norma; esta última se enmarcó en la recolección de firmas por parte de los ciudadanos para realizar propuesta al contenido constitucional.
En el marco del proceso constituyente, los mecanismos participativos fueron necesarios para conocer y reflejar la visión y sentir de la ciudadanía respecto al contenido de la Constitución, pero también para responder a la expectativa de involucramiento e incidencia en una instancia cuyo origen es la movilización ciudadana (PNUD, 2021).
La Convención Constitucional estuvo conformada por siete comisiones temáticas; en su rol de escuchar las demandas, abrió el debate a nivel nacional sobre propuestas referidas al sistema político y los derechos fundamentales, entre otros criterios.
Después de dar cumplimiento con las diferentes etapas, finalmente la Convención Constitucional entrega el borrador final el 4 de julio del año 2022 y, en septiembre del mismo año, se realiza el plebiscito de salida para el apruebo o rechazo; una importante mayoría votó a favor del rechazo; el país entró a la historia constitucional contemporánea (Zúñiga, 2022). Este rechazo representa el cierre de un proceso constituyente, el primero, y no el último de los expuestos, que llega a un proceso deliberativo el 12 de diciembre del año 2022 cuando se realiza un “Acuerdo por Chile”, para establecer el nuevo procedimiento a seguir para la convocatoria de un nuevo proceso en respuesta a la grave crisis constitucional que atravesaba el país para la época.
Ante los resultados, se presentaron argumentos sociales como crisis pandémica y de seguridad y procedimentales, haciendo referencia a las reglas en el funcionamiento de la Convención Constitucional, entre otros argumentos políticos como la escasa incorporación del sector de derecha en el proceso y la falta de acuerdos, entre otros (Heiss, 2023; Cano, 2022). Una vez conocidos los resultados obtenidos en septiembre 2022, se da continuidad al proceso constituyente iniciado en el segundo gobierno de Piñeira, aspecto que tácitamente sería una política de Estado en el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, con importantes desafíos para el país.
En este contexto, en el año 2023, se promueve un segundo intento, en el que se activaron mecanismos de participación ciudadana como factor preponderante para incentivar a la sociedad chilena a participar. En este sentido, la Secretaría de Participación Ciudadana, como entidad técnica institucional, permitió facilitar la interacción entre el Consejo Constitucional y la ciudadanía; en conjunto con el apoyo de las diferentes universidades del país, propiciaron el involucramiento de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las organizaciones sociales, cuyo formato había estado presente en el proceso constituyente del año 2022.
El nuevo proceso es diametralmente opuesto al anterior. Si la última Convención Constitucional partió de una hoja en blanco y de la sensación de que casi todo se podía discutir, el nuevo parte del anteproyecto elaborado por una Comisión Experta designada por los partidos, según su peso político en la elección parlamentaria del año 2021 (Heiss, 2023); quedó conformado en su mayoría por fuerzas que se identifican con la tradicional derecha chilena, acumulando 33 de los 51 escaños (Directorio Legislativo, 2023). De igual forma, se incluyó el comité de admisibilidad, integrado por 14 integrantes, órgano encargado de resolver las controversias normativas entre el anteproyecto y las propuestas del Consejo Constitucional.
Durante este intento de propuesta constitucional, se eligieron los representantes de sus tres órganos, a saber: Comisión Experta, Comité Técnico de Admisibilidad y Consejo Constitucional; mientras que la condición sobre candidaturas independientes fue eliminada. En diciembre de 2022, finalmente se propone una comisión de 24 expertos designados en proporción a la representación de los distintos partidos en el Congreso, y un Consejo Constitucional de 50 personas escogidas según la norma electoral del Senado; se caracterizó por la paridad de género y escaños reservados en proporción a la representación indígena (Heiss, 2023).
En términos de contenido, se caracterizó por propuestas que constituían un giro basado en cambios orientados de una República Democrática a Democracia Paritaria; 2) De la omisión indígena a Estado plurinacional e intercultural; 3) De la ley que protege la vida del que está por nacer a asegurar condiciones para el embarazo, su interrupción voluntaria del parto y maternidad voluntaria y protegida; 4) Pensiones, salud y cuidados; 5) Agua de propiedad a inapropiable (Molina, 2022).
En esencia, se trata de una propuesta constitucional que parte de un sustrato refundacional del Estado con importante inclusión de temas invisibles en la constitución vigente, aunque con rasgos de dispersión, dado que este proyecto representó la incorporación de corrientes políticas muy diversas. La labor de impulsar la política de participación ciudadana en el proceso constitucional fue delegada por el Congreso Nacional a la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, siendo el órgano ejecutivo de esta labor la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana (Secretaría de Participación Ciudadana, 2024).
La captación de las opiniones de los ciudadanos y comunidades fue concebida por SEPC a través de los mecanismos de participación ciudadana, destacando las Iniciativas Populares de Norma, las Audiencias Públicas, Diálogos Ciudadanos, Consulta Ciudadana, establecidas en la ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, promulgada el 16 de febrero del 2011, en la cual se establece el derecho de asociación para fines lícitos, destaca la participación ciudadana en la gestión pública, así como incorporar las modalidades formales y organizaciones sociales en el ámbito de su competencia.
En el mismo orden de idea, se efectuaron los diálogos ciudadanos autoconvocados, los cuales generaron un espacio para conocer las opiniones de la ciudadanía sobre el anteproyecto de la nueva constitución, el cual se llevó a cabo totalmente virtual, resguardando la diversidad, representatividad e interacción de las personas a través de email o WhatsApp. En cuanto a las iniciativas populares de norma, se considera la enmienda a determinados artículos; no obstante, sufrió algunas modificaciones, por cuanto la recepción de propuestas partió del anteproyecto presentado por los expertos.
Para dar viabilidad a las iniciativas populares de norma, se dispuso de medios digitales para publicar las propuestas por parte de los ciudadanos que de forma individual o colectiva participaron en diferentes comisiones creadas para ello. En base a la experiencia del proceso anterior, busca reducir las barreras de entrada y garantizar mayor transparencia (Gil, 2023). Este mecanismo permitió dar visibilidad a la nueva propuesta constitucional; a su vez, se tomaron como referencia principalmente los espacios universitarios (Heiss, 2023b).
Del mismo modo, las iniciativas populares de normas tuvieron una importante incidencia, por ser una figura que se impulsó primeramente por la recolección de firmas para su constitución y, seguidamente con ello, se crea un espacio para que la ciudadanía, desde sus diversas miradas e intereses, realice propuestas para modificar, eliminar o proponer artículos en el contexto de la propuesta de la nueva constitución, siendo una fuente de legitimación democrática.
Es de resaltar que, durante dicho evento, reconocidos juristas con destacada trayectoria profesional y/o académica orientaron el proceso. En este sentido, se activaron las consultas ciudadanas, como otra forma de acercamiento para recibir propuestas tanto en el formato virtual e individual, dando paso a la recepción de opiniones sobre las normas contenidas en el anteproyecto de la propuesta constitucional. (Secretaría de Participación Ciudadana, 2024). Entre las iniciativas discutidas se destaca la protección de los animales, protección de los ahorros previsionales, derecho preferente de los padres y un Estado moderno para los ciudadanos.
La propuesta de nueva Constitución fue entregada el 7 de noviembre por el Consejo Constitucional al presidente Gabriel Boric, iniciando un nuevo hito histórico al convocar a un plebiscito de salida el 17 de diciembre del año 2023 con un resultado de un 55% de rechazo a la propuesta constitucional, declarando el proceso constituyente concluido. Los resultados obtenidos dan cuenta de que, a pesar de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana en los diferentes momentos del proceso constituyente, no se obtuvo el efecto esperado (cuadro 2).
Cuadro 2
Mecanismos de Participación Ciudadana promovidos en cada momento del proceso constituyente en Chile
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Periodo de Gobierno |
Momentos del proceso constituyente |
Mecanismos de Participación Ciudadana |
Actores involucrados |
Propuestas de cambio constitucional |
Resultados |
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Gobierno de Gabriel Boric. (2022-2026) |
Primer intento Plebiscito de Salida (04 de septiembre 2022). |
Iniciativas Populares de Norma: Los ciudadanos podían proponer normas constitucionales, con un mínimo de 15,000 firmas en al menos 4 regiones. (Medios digitales) |
-Convención Constitucional. - Secretaría Técnica de Participación Popular. -ONG. -Ciudadanos. -Pueblos originarios. -Movimientos sociales. -Universidades. |
-República Democrática a democracia paritaria. -De la omisión de indígena a Estado plurinacional e Intercultural. -Pensiones, salud y cuidados. |
El 12 de diciembre “Acuerdo por Chile”, se inicia un nuevo proceso para un segundo intento. -Entrega del borrador el 04 de julio 2022. -Se instaura el voto obligatorio. -La propuesta constitucional fue rechazada con el 62% frente al 38% de apruebo. (SERVEL, 2022) |
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Segundo intento Plebiscito de entrada (12 de diciembre 2022) Plebiscito de salida (17 diciembre 2023) |
-Iniciativas populares de normas, propuestas a partir del anteproyecto. -Diálogos ciudadanos deliberativos, representativos o abiertos. -Consulta ciudadana. -Participación en debates públicos, escuchar la opinión de la ciudadanía y organizaciones sociales. -Audiencias públicas. Participación de las universidades en apoyo al proceso. -Plataformas digitales para la recepción individual y grupal de demandas. |
- Comisión Experta. - Comité Técnico de Admisibilidad. -Consejo Constitucional. -Secretaria de Participación Ciudadana. -Universidades. -Juntas de vecinos. -ONGs -Participación de las Universidades en diferentes regiones.
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-La protección de los animales. -Protección de los ahorros previsionales -Derecho preferente de los padres -Un Estado moderno para los ciudadanos. |
- Se obtuvieron 1.300 Iniciativas Populares de Norma. - Se recibieron 1.800 peticiones durante la Audiencia Pública. -Elección del Consejo Constitucional (2023) 50 miembros del Consejo fueron elegidos, mientras que la Comisión de Experta conformada por 24 integrantes. -Las candidaturas independientes fueron eliminadas. -Por segunda vez, la nueva propuesta constitucional es rechazada con un 55% del padrón electoral. (SERVEL, 2023) |
7. Conclusiones
Desde el proceso constituyente del año 2016, enmarcado en el programa de gobierno de la época, se establecieron las bases constitucionales y diversas convocatorias que propiciaron espacios para la participación de los ciudadanos sobre sus preferencias constitucionales. Los diferentes momentos se caracterizaron por un enfoque deliberativo en el abordaje de las principales demandas de cambio constitucional, destacando la intervención de actores políticos y sociales en la facilitación del proceso.
En este sentido, durante el periodo 2018-2022, se evidencia que los mecanismos de participación ciudadana parten con un diseño de intervención de actores sociales en cada etapa participativa y se destacan en este marco referencial las principales propuestas desde las diferentes miradas para ser incorporadas en el contenido constitucional; sin embargo, en este primer intento los resultados no fueron los esperados; la propuesta constitucional fue rechazada en el plebiscito de salida en septiembre del 2022.
Ante el evento suscitado, se inicia un segundo intento, donde las formas participativas continúan jugando un papel relevante; no obstante, adquieren contenidos diferentes. Si bien, en el primer intento, se parte de una hoja en blanco y se activan los mecanismos de participación en la figura de las consultas ciudadanas, la iniciativa popular de norma y las audiencias públicas para impulsar el involucramiento de la ciudadanía. En el segundo intento, el proceso participativo tomó un matiz diferente; de acuerdo con las experiencias adquiridas en el primer intento, se hizo hincapié en mejorar el formato para dar continuidad al proceso constituyente, centrando la discusión a partir del anteproyecto presentado.
En cuanto a los actores sociales involucrados, se caracterizaron por criterios diferenciadores tanto a nivel político como administrativo, quienes, en el ejercicio de sus funciones como órganos redactores y revisores, proponen la incorporación de otros mecanismos de participación ciudadana. Es así como temas referidos a la iniciativa popular de ley, iniciativa de derogación total o parcial de ley y aquellos mecanismos que garanticen la participación de las personas en la gestión pública y foros de deliberación formaron parte del anteproyecto presentado, que solo quedó en la praxis discursiva sin mayor trascendencia.
En este orden de ideas, se evidencia una falta de consenso en el diálogo social, polarización entre los diferentes bandos, particularismo en el tratamiento de cada tema tratado y discutido, tanto por sectores de la izquierda como de la derecha, dificultando la redacción del documento. Por otra parte, cabe mencionar la intervención de las universidades, quienes, a petición de los representantes designados en los distintos mandatos, permitieron la participación de la academia, propiciando un escenario para el acercamiento con los ciudadanos de forma individual y colectiva; el fin último, generar mayor legitimidad a las propuestas incorporadas en el texto constitucional.
Durante el impulso de los tres procesos constituyentes en los periodos de gobierno estudiados, las universidades adquirieron relevancia; al ser un ente intermediario entre el Estado y la ciudadanía, se perfilaron como referentes de sistematicidad. En el año 2023, las universidades de las diferentes regiones del país fueron escenarios de procesos participativos al permitir que dichos espacios fungieran como un actor clave durante las audiencias públicas, mecanismo participativo para escuchar acuerdos y desacuerdos a nivel colectivo e individual del anteproyecto constitucional. A diferencia de los procesos constituyentes que precedieron, la representación del sector académico fue limitada solo a universidades de la región metropolitana.
Durante la revisión documental, se evidencia que las prácticas participativas en cada etapa del proceso constituyente contaron con el soporte de informes sistematizados que se encuentran a disposición de los ciudadanos en las plataformas digitales diseñadas para ello, lo que da cuenta del importante papel del uso de las tecnologías de información y comunicación durante las consultas ciudadanas. El fin último fue promover una participación participativa y deliberativa, cuyos resultados no fueron lo esperado; el rechazo prevaleció sobre el apruebo, aun cuando los reportes presentados muestran cifras interesantes de la asistencia de los ciudadanos en las distintas convocatorias como espacios consultivos y deliberativos. Contrariamente, se evidencia que las opiniones formuladas no tuvieron un efecto vinculante, lo que refleja una desarticulación de los mecanismos formales de participación con relación a los requerimientos demandados, incidiendo en la legitimidad de los mecanismos directos e indirectos.
A pesar, de las diferentes iniciativas impulsadas para el involucramiento de la ciudadanía, quedan algunas aristas abiertas para seguir revisando y debatiendo sobre la incidencia de los mecanismos participativos activados en cada etapa del proceso constituyente, por cuanto, dichas prácticas fueron puntos de encuentro para el dialogo entre ciudadanía y el Estado, no sólo basta impulsar mecanismos para propiciar las consultas ciudadanas, iniciativas populares de norma y audiencias públicas, si bien, fueron un importante aporte al proceso constituyente, urge revisar el modelo de intervención y la toma de decisiones por parte la ciudadanía y su incidencia en la confianza y legitimidad del sistema institucional.
Más allá de lo normativo, los resultados obtenidos, es una muestra de los desafíos pendientes de la administración pública chilena, lo cual implica la revisión permanente de las estructuras burocráticas, así como fortalecer capacidades estatales y coordinar los niveles de gobierno ante diferentes requerimientos, el rechazo de la nueva constitución en Chile, no sólo quedó como un hito histórico, también ha propiciado importantes debates sobre la gobernabilidad democrática del sistema político del país, persiste la discusión del reconocimiento que tiene la ciudadanía hacía el Estado y, la capacidad de respuestas a las demandas de la sociedad, siendo el eje principal de la propuesta constitucional.
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