Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 29 No. 107, 2024, 1435-1451
julio-septiembre
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Como citar: Linares, V., Acuña, M., y Sánchez, C. (2024). Autonomía económica de la mujer: transformando la feminización de la pobreza en el Municipio Maracaibo. Revista Venezolana De Gerencia, 29(107), 1435-1451. https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.107.29
Autonomía económica de la mujer: transformando la feminización de la pobreza en el Municipio Maracaibo
Linares Hernández, Vanessa*
Acuña Ortigoza, Marianela**
Sánchez Acuña, Carla***
Resumen
La investigación explica los factores determinantes de la autonomía económica de la mujer en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, sus limitaciones y potencialidades en el contexto de la feminización de la pobreza y su deriva en la protección integral de la familia. Se inserta metodológicamente en una concepción sistémica y de género de la autonomía económica de la mujer en el marco de las políticas públicas, considerando el acercamiento cognoscitivo de la realidad social y la acción política. Desde el enfoque de género, se identifican los factores que condicionan la autonomía económica de la mujer en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a partir de los diagnósticos institucionales sobre condiciones de vida de la población femenina, las inequidades sociales y brechas de género que requieren articular las competencias de las unidades administrativas municipales para disminuir la feminización de la pobreza. Los resultados revelan que entre las brechas de mayor significación están las referidas a las disparidades de género en el acceso a las oportunidades económicas, requiriéndose de la política pública municipal, el fortalecimiento de la autonomía económica de la mujer en el Municipio Maracaibo del estado Zulia.
Palabras clave: autonomía económica de la mujer; feminización de la pobreza; género; política pública municipal.
Recibido: 07.01.24 Aceptado: 07.03.24
* Magíster en Gerencia Pública. Universidad del Zulia. Venezuela. Socióloga. Presidenta de la Fundación Niños del Sol. Maracaibo. Venezuela. Primera Dama del Municipio Maracaibo. Venezuela. Email: vylinares@gmail.com.
** Doctora en Ciencias Sociales. Universidad del Zulia. Venezuela. Magíster en Gerencia de Empresas. Economista. Coordinadora Académica del Doctorado en Ciencias Sociales. Mención: Gerencia. Universidad del Zulia. Venezuela. Email: macunas7@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4934-6312.
*** Lic. en Comunicación Social. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). Venezuela. Email: carlagsa24@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0002-5678-5575
Economic autonomy of women: transforming the feminization of poverty in the Maracaibo Municipality
Abstract
The research explains the determining factors of the economic autonomy of women in the Maracaibo Municipality of the State of Zulia, their limitations and potentialities in the context of the feminization of poverty and its drift in the comprehensive protection of the family. It is methodologically inserted into a systemic and gender conception of women’s economic autonomy within the framework of public policies, considering the cognitive approach to social reality and political action. From the gender perspective, the factors that condition the economic autonomy of women in the Maracaibo municipality of the State of Zulia are identified, based on institutional diagnoses on the living conditions of the female population, the social inequalities and gender gaps that require articulate the powers of municipal administrative units to reduce the feminization of poverty. The results reveal that among the most significant gaps are those related to gender disparities in access to economic opportunities, requiring municipal public policy to strengthen the economic autonomy of women in the Maracaibo Municipality of the Zulia state.
Keywords: economic autonomy of women; feminization of poverty; gender; municipal public policy.
1. Introducción
Los problemas estructurales de desigualdad y pobreza, así como las consecuencias de la pandemia por COVID-19, tienen efectos distintos para hombres y mujeres. El deterioro de la situación económica ha mostrado una afectación mayor en las mujeres, siendo evidente la precarización del empleo, el riesgo de perder el hogar, la violencia de género, y la carga de los cuidados del grupo familiar. Considerando el Objetivo 1 de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza en todas sus formas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021), la reducción de la pobreza general acompañada de una ampliación de la brecha por género, demuestra que los progresos fueron diferentes por género, y que la reducción de la pobreza fue mayor en los hogares en que la jefatura la tenía un hombre que los encabezados por mujeres.
En este contexto, la feminización de la pobreza y su deriva en la protección integral de la familia, demanda que las mujeres cumplan no solo con el rol de reproductoras de la fuerza de trabajo, sino también como proveedoras de los valores culturales y sociales de sus naciones, contribuyendo al proceso del desarrollo económico, al abatimiento de la pobreza y a la incorporación de la visión de género en lo que se refiere a la participación de la mujer en la creación, distribución y consumo de la riqueza de la sociedad.
El concepto feminización de la pobreza, fue acuñado en los EEUU hacia fines de la década del 70, referido al aumento de los hogares encabezados por mujeres en los EEUU (que pasaron del 10.1 % en 1950 al 14% en 1976), y la correlación de ese hecho con el deterioro de sus condiciones de vida, en términos de pobreza por ingresos (Aguilar, 2011). Se hace necesario asumir una perspectiva de género para observar las relaciones que ponen en desventaja a las mujeres dentro de la organización social.
Entre las formas de desigualdad a nivel global, son las disparidades de género una de las más importantes, considerándose entre los mayores obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo humano con afectación sobre la mitad de la población mundial. La frecuencia con que las mujeres y las niñas se ven discriminadas en las esferas de la salud, la educación, en el hogar y en el mercado de trabajo, repercute negativamente en sus libertades. De acuerdo a Potok (2020) la crisis tiene consecuencias distintas para hombres y mujeres.
El deterioro de la situación económica afecta a las mujeres de manera mucho más radical, en el empleo, la tasa de paro femenino es superior a la masculina), en todos los ámbitos, en la salud física y psíquica, en la violencia, en la carga de los cuidados y del trabajo derivados del recorte de servicios públicos; en la pobreza y calidad de vida. El escenario de desigualdad referido, requiere la intervención pública para la inclusión de la población vulnerable, en particular, niños, jóvenes y mujeres, en la educación y el trabajo.
Desde diversas perspectivas teóricas se explican las raíces económicas de la desigualdad de género, destacándose como uno de sus aspectos centrales la manera en que las sociedades entienden la reproducción de la vida de las personas y al rol que ocupa este elemento en el funcionamiento económico y en los determinantes de la desigualdad (Girón, 2012).
El propósito es atender a la reproducción de la vida y no del capital como prioridad, contribuir al estudio de la participación económica de las mujeres, revelando los mecanismos de discriminación en el mercado laboral, la existencia de brechas de género en los ingresos laborales, la segregación de género horizontal (por rama de actividad) y vertical (por jerarquía de las ocupaciones), y la concentración de las mujeres en diferentes espacios de precariedad laboral y desprotección social (Giron, 2009).
Frente a estos desafíos se asoma una complejidad creciente de las demandas sociales. Las conquistas y avances en igualdad de género en materia de salarios y condiciones laborales, aún insuficientes, están en riesgo y podrían revertirse en varios sectores con la pérdida consiguiente de puestos de trabajo, en un contexto de contracción del Estado de bienestar. La agudización de las brechas sociales, con sus consecuencias en la seguridad alimentaria, deserción escolar, desempleo y reducción de la intervención pública en políticas de cuidado por restricciones presupuestarias, no es solo un efecto que deriva de la pandemia, es más bien la suma de inequidades que ha caracterizado a la sociedad actual en las últimas décadas (Acuña, 2021).
En este sentido se precisa adoptar el concepto de protección social universal, referido a los sistemas de protección social, políticas y programas que proporcionan un acceso equitativo a todas las personas, protegiendo y promoviendo el bienestar a lo largo del ciclo de vida, frente a la pobreza y sus riesgos. (United Nations Entity for Gender Equality and Women’s Empowerment [UN Women], 2022).
En este contexto, Venezuela que transita varios años de contracción económica e incremento de la problemática social en salud, educación, alimentación, empleo y salarios, desde sus órganos de gestión pública, debe responder a las necesidades apremiantes de la población, y proponer los mecanismos institucionales garantes de la seguridad social. Es imprescindible atender desde la edad temprana lo atinente a la alimentación y la salud de niños y mujeres madres, pero a ello debe sumarse la educación de niños y jóvenes, la transición del sistema educativo al mundo del trabajo, y la formación y capacitación de la mujer, mayoritariamente responsable del hogar y del cuidado, para su inclusión laboral y productiva. Se considera importante tomar en cuenta a las instituciones responsables de la aplicación de las políticas, en los distintos niveles políticos-administrativos y la relación de estas políticas públicas con las demandas sociales (Urbina, 2020).
Desde esta perspectiva y dada la cercanía de las Alcaldías a la ciudadanía y sus más sentidos problemas, se considera importante estudiar mediante diagnósticos institucionales sobre condiciones de vida de la población, las inequidades sociales y profundización de brechas presentes en la población del Municipio Maracaibo del estado Zulia. Entre las brechas de mayor significación preocupa las referidas a las disparidades de género en el acceso a las oportunidades económicas, así las actuaciones públicas deberán abordar los determinantes de estas disparidades de género, para orientar la gestión municipal con perspectiva de género de la Alcaldía de Maracaibo (Consejo Municipal Bolivariano de Maracaibo, 2019).
Atendiendo a lo señalado, se identifican necesidades en las que es requerida la intervención a través de políticas públicas, para reducir las diferencias de género y promover una participación más equitativa de las mujeres en todas las esferas. De acuerdo a Urbina (2020),
Entre los alcances de las Políticas Públicas de Género se encuentra la promoción de la justicia de género, la cual puede definirse como el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en conjunto con las medidas para reparar las desventajas que llevan a la subordinación de las mujeres.
En este sentido, el PNUD reconoce que la transformación de las relaciones de género y de poder es esencial para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible, y recomienda emprender iniciativas para acelerar las transformaciones estructurales en favor de la igualdad de género y eliminar los obstáculos institucionales, sociales, políticos y jurídicos que dificultan su logro. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018).
Con este propósito, se considera que explicar los factores determinantes de la autonomía económica de la mujer en el Municipio Maracaibo del estado Zulia permitirá proponer líneas de acción para el fortalecimiento de la autonomía económica de la mujer en el Municipio, que fomenten espacios de formación y creación de oportunidades económicas para aumentar la capacidad de acción y decisión de las mujeres, y superar las limitaciones culturales, sociales y económicas de la feminización de la pobreza.
2. Narrativa de la desigualdad. La deuda histórica de igualdad de género
Las crisis recurrentes de los últimos años evidencian que el modelo de desarrollo actual está caracterizado por profundas brechas estructurales que afectan a la mayoría de la población de América Latina. En materia de derechos humanos y en particular de los derechos de la mujer, las últimas décadas, han sido escenario propicio para el debate de los argumentos sustantivos que permiten identificar las desigualdades de género que subyacen en los roles sociales asignados a las mujeres, cuyas consecuencias se traducen en condiciones diferenciadas de disfrute de beneficios y participación social por discriminación de género.
La desigualdad de género es una de las brechas más significativas. El reconocimiento de las mujeres como sujeto de derechos atraviesa por un complejo escenario de avances y retrocesos en el que se aprecian persistentes obstáculos que limitan la autonomía económica, política y física de las mujeres a la vez que se reconoce la importancia de una agenda de igualdad (CEPAL, 2022).
Sundholm, (2013) establece que la desigualdad de género es un fenómeno generalizado en el que las mujeres carecen de acceso a empleo decente y enfrentan diferencias salariales por motivo de género. La desigualdad de género persiste en todo el mundo, afectando negativamente a mujeres y niñas en múltiples aspectos de sus vidas. Esto se traduce en restricciones en su acceso a la educación y la atención médica, así como en su participación limitada en roles de toma de decisiones económicas y políticas. Además, enfrentan el flagelo de la violencia y la discriminación. Las desigualdades de género se manifiestan en la limitación del acceso a recursos como la educación, la salud y los bienes materiales, y en la capacidad de utilizar estos recursos para aprovechar oportunidades económicas y generar ingresos. También se refleja en la restricción de su capacidad para tomar decisiones que afecten su bienestar personal y el de sus familias.
De la brecha de género deriva el análisis del fenómeno de la pobreza desde una perspectiva de género, y el concepto de feminización de la pobreza, definido como un aumento de la pobreza en hogares encabezados por mujeres. Según Aguilar (2011),
la instalación de la “feminización” de la pobreza y sus definiciones operativas como un hecho consumado no se da en el vacío, sino que se configura sobre sentidos previos con respecto a los lugares socialmente construidos para mujeres y varones, sus condiciones de vida y la definición de estrategias de intervención sobre los problemas sociales hegemónicos en cada momento.
En la década de 1980, se identificaron una serie de fenómenos dentro de la pobreza que afectaban de manera específica a las mujeres, estableciéndose en investigación de CEPAL-UNIFEM (2004) que,
la cantidad de mujeres pobres era mayor a la de los hombres, que la pobreza de las mujeres era más aguda que la de los hombres y que existía una tendencia a un aumento más marcado de la pobreza femenina particularmente relacionada con el aumento de los hogares con jefatura femenina.
Los derechos humanos como categoría institucional moderna, normalizo la homogenización de derechos asociándolos al concepto de hombre, en este sentido, las condiciones propias de la vida de las mujeres en su relacionamiento individual y social, fueron subordinadas al androcentrismo de los derechos. Discriminación, violencia y opresión son conceptos, que emergen con relativa juventud en el debate social de los derechos humanos.
La incorporación de los aspectos referidos a las vulneraciones de los derechos humanos en materia de género, han permitido el diseño de políticas públicas y de un imaginario colectivo de protección y conciencia de los derechos de las mujeres, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de todos sus derechos mediante la comprensión de las estructuras sociales subyacentes y las relaciones de poder que definen e influyen en la capacidad de las mujeres para gozar de sus derechos humanos. Esas configuraciones de poder inciden en diversas áreas de la existencia, desde la legislación y la política hasta las políticas económicas y sociales, así como en el ámbito familiar y comunitario (Sundholm, 2013).
Una reconceptualización de los derechos humanos de las mujeres, se produce a partir del reconocimiento de las experiencias vitales de la población femenina frente a la violencia, la discriminación y la opresión. Afirma que Sundholm, (2013) que es necesario asumir la igualdad entre los géneros y la no discriminación, conciliar los derechos humanos con la cultura, para resistir a las prácticas opresivas en contra de los derechos humanos de las mujeres en una búsqueda por
modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
3. De la economía androcéntrica a la economía con perspectiva de género
La modernidad, como proyecto cultural o conjunto de ideas y valores, se afianzó no solo en los valores de la razón, el universalismo, la homogeneidad, el progreso y el orden, sino también en la consideración del ser humano como eje central del universo (antropocentrismo) y, de manera particular, en el androcentrismo al designar al varón como la figura representativa de lo humano. En palabras de Pineda (2019),
los procesos de modernización -la puesta en marcha de estos valores a través de la historia- excluyeron y negaron la ciudadanía a aquellas personas diferentes al varón blanco y propietario y, en especial, a las mujeres y lo femenino. La modernidad y los procesos de modernización reconfiguraron el poder de los hombres y afianzaron la dualidad entre los sexos, subordinando a las mujeres y lo femenino al campo de lo privado, por fuera del mercado.
Las herramientas conceptuales y metodológicas descritas, sirven para comprender la forma en que las relaciones de género permean el sistema económico y sus dinámicas (Bidegain, Scuro y Vaca, 2020), y el sesgo androcéntrico que atribuye al hombre económico (homo economicus) características que considera universales, pero que, sin embargo, son propias de un ser humano varón, blanco, adulto, sano y de ingresos medios (Picchio, 2005).
El propósito de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres pretende disminuir la brecha de género en los diferentes ámbitos de la vida. La constante lucha por acceder a derechos universales es histórica, derecho a educarse, al sufragio y a la igualdad de oportunidades económicas para mitigar los efectos de la división sexual del trabajo, son desafíos que las mujeres han tenido que afrontar en un mundo que ha cambiado todo excepto su capacidad de asumir el concepto de igualdad desde la diferencia de géneros (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2012).
Desde finales del siglo XVIII posterior a la revolución francesa, las mujeres están en la búsqueda de vindicaciones que demandan para sí, derechos esenciales a la condición humana, la homogenización de lo humano, fundada en el concepto genérico del “hombre” como concepto del ser humano, surge en la Ilustración, y se relaciona con conceptos como el de sujeto, de individuo y el de ciudadanía. La idea de vindicación, defendida por las mujeres a partir de ese momento, aspira para las mujeres, los mismos derechos y transformaciones sociales que se definieron para los hombres, en tanto canon de lo humano.
A partir del siglo XX, la deuda histórica por la igualdad con perspectiva de género es considerada por organizaciones y Estados, desde la fundación de las Naciones Unidas, la igualdad entre hombres y mujeres figura entre las garantías de los derechos humanos. En 1967, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, iniciándose un recorrido permanente de logros para la construcción de agendas que han impulsado la igualdad de derechos de las mujeres. A continuación, se señalan los más importantes esfuerzos institucionales por la igualdad de género (Sundholm, 2013; Duarte y García, 2016).
En América Latina y el Caribe los estudios, investigaciones, institucionalidad y propuestas de políticas públicas de género, han sido auspiciados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estableciéndose la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, como órgano subsidiario de CEPAL con apoyo de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019a).
4. Autonomía económica con perspectiva de género
Con el objeto de desarrollar una aproximación conceptual relacionada con la autonomía económica con perspectiva de género, es preciso iniciar el análisis identificando la invisibilidad del trabajo de las mujeres y su concentración en la esfera reproductiva y no remunerada, y contrastar con la concentración de los hombres en la esfera de la producción para el mercado y con sus efectos sobre las relaciones de género (Benería, 2006). La caracterización referida se vincula al concepto de “reproducción social” definido como la forma en que se producen y reproducen las condiciones que sostienen un sistema social (Girón, 2012), a la mujer se ha asignado históricamente la reproducción de la fuerza de trabajo, desde dos vertientes, el cuidado de los hijos y las actividades asociadas al mantenimiento diario de la fuerza laboral, ambas condicionantes definen la participación de la mujer en la actividad económica.
El enfoque conceptual para las políticas de igualdad de género se centra en la noción de autonomía de las mujeres, abordando tres dimensiones interrelacionadas: autonomía económica, autonomía física y autonomía en la toma de decisiones. La autonomía económica se relaciona con la capacidad de controlar activos y recursos, lo que permite a las mujeres tomar decisiones fundamentales sobre su bienestar económico, la autonomía física se vincula con la capacidad de tomar decisiones libres sobre la sexualidad y la reproducción, así como con el derecho a vivir sin violencia.
La autonomía en la toma de decisiones está asociada a la participación y elección de las mujeres en las decisiones relativas a sus vidas, sus familias, sus comunidades y su rol en sociedad (CEPAL, 2016). Este enfoque holístico busca abordar las diversas facetas de la desigualdad de género y empoderar a las mujeres en todas las esferas de sus vidas.
Para el enriquecimiento de las propuestas relacionadas con el estudio de género, es importante considerar elementos relacionados con la comprensión de la dinámica económica, esto permitirá la superación de modelos económicos de desarrollo dominantes, impuestos en la sociedad. Del mismo modo, se debe reflexionar sobre las premisas de algunas corrientes económicas que focalizan su análisis exclusivamente en la economía de mercado. En este sentido, González (2022) refiere:
Ante estas tendencias que amenazan la sostenibilidad de la vida, es imprescindible cuestionar los fundamentos del sistema económico mundial y realizar cambios dirigidos a generar las condiciones necesarias para la igualdad. Entre las propuestas para hacer frente estos desafíos, se encuentra la formulación de una nueva generación de políticas públicas integrales que aborden la autonomía de las mujeres en sus tres dimensiones —física, económica y en la toma de decisiones—, así como sus interrelaciones.
Para que la autonomía sea posible es necesario transitar de los escenarios constituidos a nuevos escenarios que permitan superar las limitaciones estructurales determinantes del logro de la autonomía en sus tres dimensiones: económica, física y de toma de decisiones. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019).
En el diagrama 1 se identifican los procesos de transformación requeridos.
Diagrama 1
De la desigualdad a la autonomía
Fuente: Güezmes, Scuro y Bidegain (2022).
Las desigualdades de género tienen su correlato en la ausencia o en las limitaciones de la autonomía en sus tres dimensiones: económica, física y en la toma de decisiones, así como en sus interrelaciones, y a su vez encuentran determinantes en los ámbitos macroeconómico, productivo, institucional y sociocultural. En este sentido, se establece en el documento “La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes” elaborado por la CEPAL (2019):
es fundamental analizar sistemáticamente el progreso de la igualdad de género en la región y para ello es clave la noción de autonomía: la capacidad de las personas, en particular las mujeres, “para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos, en el contexto histórico que las hace posibles”.
La autonomía se relaciona con los avances en el control sobre los bienes materiales y los recursos naturales, y la capacidad de decidir sobre los ingresos, los activos familiares y el tiempo; él respecto a la integridad física, las decisiones sobre la propia sexualidad y la reproducción, así como la representación paritaria en los espacios de toma de decisiones. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019) la desigualdad de género refleja desequilibrios de poder que se pueden apreciar en la distribución desigual del progreso derivado del desarrollo económico entre los diferentes estratos socioeconómicos y la mayor desigualdad de género en las áreas de mayor empoderamiento individual y poder social.
Los comportamientos descritos revelan un avance en las capacidades básicas de subsistencia y participación (asociadas a la ausencia de privaciones extremas), y menores progresos en las capacidades aumentadas referidas a la actuación y cambio en las relaciones de poder. La concentración de poder y control de élites patriarcales dominantes, afectan a todas las formas de desigualdad de género, desde la violencia contra las mujeres hasta el techo de cristal en los negocios y la política.
El efecto techó de cristal, alude a una barrera invisible que obstaculiza a las mujeres para alcanzar la cima de los escalones jerárquicos; limita el desarrollo de su carrera laboral, conlleva discriminaciones salariales y ocupacionales, agudizando la dificultad en las elecciones que deben realizar las mujeres en el trabajo, la familia y la vida social. Meza Martínez (2018).
Interesa en esta investigación identificar los obstáculos que impiden la plena incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos los espacios de la vida social, cultural y económica. La igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres en el ejercicio pleno de su autonomía, constituye una condición imprescindible para reducir la discriminación y exclusión por motivaciones de género que generan las brechas de desigualdad, entendida la autonomía como el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección. Güezmes, Scuro & Bidegain (2022). La adquisición de autonomía de las mujeres es determinante para los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente.
5. Contexto Venezuela. Mujer y desigualdad
En el caso venezolano, se manifiesta una problemática social con similitudes a la descrita para América Latina y el Caribe. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Condiciones de vida de los venezolanos: entre emergencia humanitaria y pandemia ENCOVI 2021, el tamaño de la economía se ha reducido notablemente. En el período 2014-2020, el PIB real muestra una reducción acumulada de 74%, y es notoria la persistencia de una elevada inflación que deviene en hiperinflación desde 2017.
Se observa una reducción del empleo, incremento de la informalidad, destrucción del poder de compra, agravadas por las restricciones de movilidad que impactaron negativamente la economía, el empleo y la educación. En términos de la incorporación de la mujer a la actividad económica, en 2021 solo un tercio de las mujeres están activas económicamente 32.9%, a partir de los 55 años solo 1 de cada 4 mujeres es activa, al reducirse las oportunidades de empleo formal y cualificado en esa medida caen los incentivos laborales para las mujeres. Entre 2020 y 2021, el grupo de edad que descendió más su actividad económica fue el de entre 25 y 35 años.
Para las mujeres fue una caída de 12 puntos y para los hombres de 3.5. Con relación a la desigualdad de género en los ingresos, el ingreso de los hombres es 17.7% más que las mujeres (1.23 $/h vs. 1.05 $/h), el promedio semanal de horas trabajadas es de 38 horas para los hombres frente a 33 para las mujeres (Gráfico1). La desigualdad en las tareas del hogar, no solo las domésticas, sino también las de cuidado a niños y personas de la tercera edad, hace que las mujeres sean menos competitivas.
Gráfico1
Porcentaje de Brecha Salarial (Hombres-Mujeres)
Fuente: Universidad Católica Andrés Bello (2021).
Se orienta el objetivo de esta investigación a vincular la igualdad como derecho, con la perspectiva de género en la búsqueda de la autonomía de la mujer, relacionándolo con el rol del Estado en su papel de garante del pacto social que viabilice el ejercicio de los derechos mediante un cuerpo jurídico desde la perspectiva de los derechos civiles, jurídicos, sociales, económicos y culturales en el marco de las políticas públicas. La relación entre desarrollo y género se crea a través de las políticas públicas y programas sociales que los gobiernos implementen para otorgar mayores oportunidades para el desenvolvimiento y el bienestar social, conjuntamente la colaboración público-privada efectiva puede ayudar a revertir estas tendencias negativas y así reducir el rostro femenino de la pobreza (Girón, 2009).
Considerando que las desigualdades que siguen manifiestas se constituyen en una limitante para la participación efectiva de las mujeres en los distintos ámbitos del quehacer social, impidiendo a las mujeres desempeñar roles socialmente reservados a lo masculino, lo que repercute en su desempeño laboral y profesional, con afectación personal y familiar, este capítulo se articula atendiendo a una concepción sistémica de la participación social de la mujer con énfasis él su participación en la economía, para alcanzar la autonomía económica. A partir de este supuesto se dará cuenta del objetivo de la investigación “Explicar los factores determinantes de la autonomía económica de la mujer en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia”.
La investigación busca conocer desde una perspectiva de género, los factores que históricamente inciden en la generación de brechas de desigualdad con rostro de mujer en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, direccionando el análisis al espacio en el que convergen la mayor población del estado, la autoridad municipal de mayor relevancia regional y la mayor diversidad de problemáticas sociales objeto de la agenda pública. Indagar sobre la autonomía económica de la mujer aporta información relacionada con las desigualdades de la sociedad, sus estructuras, estereotipos y perspectivas que impulsan y/o limitan el desarrollo de la igualdad de género y la protección integral de la familia. Así mismo, se podrán sistematizar los procesos adelantados por iniciativas públicas y privadas de género, permitiendo identificar sus herramientas, instrumentos, así como estrategias para incrementar su eficiencia en el desarrollo local, propiciando categorías más amplias del contexto social, que llevan a un repensar de la sociedad más justa y equitativa. De igual forma, se podrán conocer los problemas para promover la mayor equidad entre hombres y mujeres en la actividad económica del Municipio Maracaibo del estado Zulia.
Bajo el enfoque de género se pretende impulsar la participación económica de las mujeres, señala Gálvez (2001) que “el estudio de las brechas de género es un terreno privilegiado para demostrar lo imperativo de una articulación entre desarrollo económico y social, transformación productiva y derechos humanos, universalidad de derechos y respeto a la diferencia”. En el caso de esta investigación, se enfatiza su importancia como factor de protección integral de la familia, de realización personal y de desarrollo de actividades articuladas al desarrollo local, que garantice una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, promoviendo la equidad de género, la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades, erradicando cualquier forma de violencia.
Según Ramírez (2018) una mayor participación en el ámbito económico es una vía para que las mujeres puedan tener: acceso al empleo, condiciones de trabajo digno, acceso a posiciones de decisión en los centros de trabajo, empresarialidad factible, condiciones fiscales adecuadas, acceso a la titularidad de la tierra y la vivienda, acceso a la capacitación y la tecnología, inclusión y educación financiera, acceso al crédito, reconocimiento del trabajo no remunerado, acceso a políticas de cuidado, corresponsabilidad familiar y de conciliación trabajo-familia, poder de decisión sobre sus propios recursos, los de su familia y los de su entorno y reconocimiento como protagonistas en el desarrollo sostenible.
La investigación está en consonancia con el argumento de Álvarez (2020) para quien la coyuntura actual impone la necesidad de pensar la intervención estatal de manera situada y en la conformación mutua Estado/sociedad ante la precarización de las condiciones de vida.
La intervención estatal en lugar de ensancharse se ha restringido ante el incremento de las demandas de asistencia en un contexto en que se combinan condiciones estructurales con la fuerte profundización coyuntural de la precariedad. Las transformaciones en las formas de abordaje de problemas sociales a nivel institucional obligan a afinar las herramientas teóricas y los compromisos políticos para conocer la profundización de desigualdades sociales y trabajar para la transformación de las políticas sociales destinada a abordarlas. Álvarez (2020).
Reconocida la brecha de género entre mujeres y hombres, desde la gerencia pública se percibe la necesidad de aplicar, mediante los presupuestos con enfoque de género, políticas públicas diferenciadas para las mujeres. Las políticas públicas que se apliquen en materia de género son definitorias para alcanzar la participación de las mujeres en la vida pública. Las mujeres deben participar del beneficio de la sociedad del conocimiento, para alcanzar los puestos de decisión en las organizaciones públicas y privadas.
La delimitación espacial de la investigación se circunscribe al Municipio Maracaibo del estado Zulia que concentra la mayor densidad de población de la entidad federal, es mayoritariamente urbano, en el que se localiza la institucionalidad pública incluida la Alcaldía de Maracaibo y en el que se expresa la problemática socioeconómica en todas sus dimensiones y desigualdades, humana, de género, cultural, social (salud, educación, servicios públicos) y económica (ingresos, empleo, cuidados).
Para la delimitación poblacional de la investigación se partió de las proyecciones de Instituto Nacional de Estadísticas del Ministerio del Poder Popular de Planificación (INE). Proyección de la población según entidad federal y municipios 2000-2050. Con base en las citadas proyecciones, el Municipio Maracaibo concentra el 40% de la población del estado Zulia. De la población total del Municipio, el 51% son mujeres, de las cuales el 66% está entre las edades de 15 a 64 años, considerada población económicamente activa.
Así mismo se examinó la distribución poblacional por parroquias en el Municipio Maracaibo para el año 2020, observándose una concentración de población por parroquias de un 46.32% en cinco parroquias a saber, Francisco Eugenio Bustamante, Idelfonso Vásquez, Cristo de Aranza, Antonio Borjas Romero y Coquivacoa, cuya caracterización sociodemográfica tiene similitudes determinadas por el Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género de la Alcaldía de Maracaibo, como susceptibles de atención con perspectiva de género.
Los criterios de delimitación de la población para la recolección de datos fueron: Población femenina del Municipio Maracaibo del estado Zulia en las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Idelfonso Vásquez, Cristo de Aranza, Antonio Borjas Romero y Coquivacoa, en edades comprendidas entre 15-64 años (población económicamente activa) y atendidas por el Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género de la Alcaldía de Maracaibo en los programas de formación para la actividad económica. Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género de la Alcaldía de Maracaibo (2023).
6. Gestión municipal con perspectiva de género
En atención a las competencias municipales y en cumplimiento del Artículo 56 en su parágrafo 2 g, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que estipula que la gestión de las materias en lo relativo a la vida local para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, y la atención social sobre la violencia contra la mujer y la familia, el Poder Legislativo Municipal a través del Concejo Municipal de Maracaibo crea el Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género, en fecha 11 de noviembre de 2019, en respuesta a los lineamientos fijados por la municipalidad en cuanto a la equidad e igualdad de género.
Los ejes fundamentales de la gestión municipal en la atención de los derechos de la mujer se señalan a continuación: reconocimiento a los derechos de la mujer, políticas hacia la eliminación de la violencia, gabinete constituido en un 50% por mujeres en posiciones de decisión, reconocimiento de igualdad de capacidades en la ocupación y la remuneración, comprensión del contexto actual de igualdad sin discriminación de género, fomento de políticas de emprendimiento y microcrédito para población femenina, liderazgo femenino comunitario, liderazgo femenino parroquial, incorporación de las decisiones que toman las mujeres como parte de una política pública, atención en salud y política de relacionamiento y vinculación interinstitucional.
7. Conclusiones
El análisis de los factores determinantes de la autonomía económica de la mujer en el Municipio Maracaibo del estado Zulia revela una serie de desafíos y oportunidades que influyen en la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo, salud y bienestar físico, así como en su acceso a oportunidades económicas y educativas.
Entre los aspectos más significativos destacan la influencia de los roles de género tradicionales en la disparidad salarial y la percepción de las responsabilidades familiares, que limitan la autonomía económica de las mujeres. Se evidencia la importancia de promover la igualdad de oportunidades de empleo y educación, así como de implementar políticas y programas de apoyo a la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Asimismo, se destaca la relevancia de fomentar la solidaridad y colaboración entre mujeres, y garantizar el acceso equitativo a recursos y oportunidades necesarios para ejercer su autonomía en la toma de decisiones. Se reconoce la importancia de la educación como medio para alcanzar la autonomía económica y se identifica la necesidad de promover una mayor visibilidad de las instituciones que brindan apoyo al emprendimiento de mujeres.
En este contexto, es importante rescatar la colaboración entre el sector público y privado para promover el emprendimiento femenino y se sugiere la necesidad de mejorar el conocimiento sobre las leyes y programas de apoyo disponibles para las mujeres. El camino hacia la autonomía económica de las mujeres en el Municipio Maracaibo del estado Zulia requiere un enfoque integral que aborde los desafíos estructurales y promueva la igualdad de oportunidades y el empoderamiento femenino.
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