ART4

Universidad del Zulia (LUZ)

Revista Venezolana de Gerencia (RVG)

Año 28 No. 104, 2023, 1454-1472

octubre-diciembre

ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Cómo citar: Mero Loor, K. A., y Zambrano Montesdeoca, J. L. (2023). Políticas públicas y economía popular y solidaria en ecuador: entre el deber ser y el ser. Revista Venezolana de Gerencia, 28(104), 1454-1472. https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.104.5

Políticas públicas y economía popular y solidaria en ecuador: entre el deber ser y el ser

Mero Loor, Kerly Andrea*

Zambrano Montesdeoca, Jasson Luis**

Resumen

En la presente investigación se realizan valoraciones teóricas en torno al deber ser del sector de la economía popular y solidaria (EPS) y a las relaciones problemáticas, como parte del orden jurídico y normativo de Ecuador, y el ser efectivo de las prácticas con que operan las políticas públicas vinculantes en el país. La metodología centra su atención principal en el análisis y síntesis como proceder, para ubicar las principales concepciones teóricas sobre el estado del arte respecto al tema que se estudia y tomar partido epistémico al respecto; asimismo, fueron necesarias operaciones en cuanto a observación empírica y análisis de la información a la que se pudo acceder. Como resultados de la revisión sistemática se concluye que al menos existe una paradoja entre letra y espíritu de la Constitución y el tipo de políticas públicas que se llevan a cabo en el país, respecto a la efectividad económica y social de la economía popular y solidaria.

Palabras clave: Economía Popular; Políticas Públicas; Constitución; efectividad económica.

Public policies and popular and solidarity economy in ecuador: between should be and be

Abstract

In the present investigation, theoretical assessments are made regarding the duty to be of the popular and solidarity economy sector (EPS) and problematic relationships, as part of the legal and regulatory order of Ecuador, and the effective being of the practices with which they operate. binding public policies in the country. The methodology focuses its main attention on the analysis and synthesis as to proceed, to locate the main theoretical conceptions on the state of the art regarding the subject being studied and take an epistemic side in this regard; Likewise, operations were necessary in terms of empirical observation and analysis of the information that could be accessed. As results of the systematic review, it is concluded that there is at least a paradox between the letter and spirit of the Constitution and the type of public policies that are carried out in the country, regarding the economic and social effectiveness of the popular and solidarity economy.

Keywords: Popular Economy; Public Policies; Constitution; economic efficiency.

1. Introducción

En los años ochenta del siglo xx, toman presencia significativa en Latinoamérica las denominadas economías solidarias; mismas que identifican aquellas formas de actividad económica no orientadas a la explotación asalariada, sino a la satisfacción de las necesidades comunitarias y sociales, las que difieren en puntos esenciales de los modelos europeos de economía social.

El Foro brasilero de la economía solidaria, en el 2010, emite la llamada carta de principios sobre la economía solidaria y la asume como un proceso de rescate de la lucha histórica de los trabajadores y como defensa contra la explotación del trabajo humano y alternativa al modo capitalista de organizar las relaciones sociales de los seres humanos entre sí y de estos con la naturaleza (Monzón, 2006).

Coraggio (2009) considera la economía social, como espacio de acción de individuos, familias, comunidades y colectivos de diverso tipo, que se mueven dentro de instituciones decantadas por la práctica o acordadas como arreglos voluntarios, que actúan haciendo transacciones entre la utilidad material y los valores de solidaridad y cooperación, limitando la competencia.

Así mismo, para Vílchez-Tornero et al, (2023: 153), la EPS promueve valores políticos, ideológicos y éticos distintos de las concepciones tradicionales. Esta postura no únicamente conceptualiza al trabajo como la fuerza transformadora de la realidad, sino como la base de la igualdad, la cooperación y la solidaridad.

Por otra parte, López (2020), expresa que el desarrollo socioeconómico será sostenible, siempre y cuando exista el vínculo asociativo de cualquier género, unidos con el objetivo común, democrático y solidario para transformar sus condiciones o situación de vida, nacen de ideas, intenciones, propuestas y de deseos; cuyo interés y fin sean comunes, y desde una perspectiva muy igualitaria.

En el año 2008 se realiza en Ecuador la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución y como parte de su cuerpo normativo, se introduce la figura legal de la economía popular y solidaria, que, de acuerdo a la ley, incluye a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (Artículo, 283). Asimismo, se reconoce a las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro como sector financiero, popular y solidario (Artículo 311). Lo novedoso de este tipo de economía en Ecuador, es que sobrepasa el concepto de social, para ser tipificada como popular y solidaria. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)

Este sector abarca una parte muy importante de la población trabajadora del país y aporta de manera significativa a la economía nacional; por tanto, las políticas públicas son un medio fundamental para el desenvolvimiento del emprendedor y de las organizaciones de la economía popular y solidaria, en donde juegan un importante papel las instituciones creadas para su registro, fomento y financiamiento, como la Superintendencia de Economía popular y solidaria- SEPS, el Instituto de Economía popular y solidada- IEPS y la Corporación Nacional de finanzas populares – CONAFIPS.

De acuerdo a Auquilla et al, (2022) la Economía Solidaria es el mecanismo que permite que las personas se organicen, y generen producción y consumo de forma sostenible; y, como resultado, obtengan ingresos sin la ambición de lucro, sino con el fin de satisfacer sus necesidades elementales de forma moderada.

Sin embargo, de manera creciente se aprecia una ruptura entre el deber ser de la EPS plasmado en la Constitución y el ser de este sector, en los procesos reales de producción y reproducción económica y social del país. En esa dirección se deben señalar los efectos no deseados que sobre el mismo viene teniendo el tipo de política neoliberal predominante en el país, por algo más de cinco años.

Parece pertinente realizar algunas valoraciones teóricas en torno a las relaciones problemáticas entre el deber ser del sector como parte del orden jurídico y normativo, y el ser efectivo de las prácticas con que operan las políticas públicas vinculantes en el país. Tal es el objetivo fundamental del presente trabajo.

Metodológicamente, el trabajo centra su atención principal en el análisis y síntesis como proceder, para ubicar las principales concepciones teóricas sobre el estado del arte respecto al tema que se estudia y tomar partido epistémico al respecto; asimismo, la observación empírica y el análisis de la información factual a la que se pudo acceder, fue necesario para poder llegar a conclusiones teóricamente válidas. Los análisis condujeron a poner en evidencia, que al menos existe una paradoja entre letra y espíritu de la Constitución y el tipo de políticas públicas que se llevan a cabo en el país, respecto a la efectividad económica y social de la economía popular y solidaria.

2. Políticas públicas: conceptos y características relevantes

Históricamente, el Estado ha tenido la responsabilidad legal y moral de trabajar en función del bienestar material y espiritual de la población, que hace parte del territorio nacional y por ende de cada uno de los espacios político-administrativos que conforman y estructuran la totalidad nacional, aun cuando la propia historia muestra las flaquezas de esa responsabilidad del Estado en las condiciones del sistema capitalista contemporáneo.

Al abordar las políticas públicas, es importante tener siempre presente que la concepción moderna del Estado, surgida precisamente en las condiciones de desarrollo del capitalismo, es en el ciudadano en donde descansa la soberanía de la nación; lo que en esencia significa que el Estado no debería tener más poder que aquel que le otorga el pueblo, de ahí que los funcionarios del mismo sean servidores públicos.

La dirección de las políticas públicas está relacionada dialécticamente con la calidad de la gobernanza, vista esta como estrategia de acercamiento que permite incorporar diversos actores sociales e instituciones gubernamentales o no, en la construcción de modelos autóctonos (Vegas, 2018).

De tal forma, la calidad de la gobernanza permite ubicar y cualificar, en tiempo y espacio, el nivel de interdependencia o asociación entre actores gubernamentales, sociales, económicos, públicos y privados; a través del cual estos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos, cumplen con sus obligaciones, negocian sus diferencias y se responsabilizan de las decisiones tomadas en la solución colectiva de sus problemas y del enfrentamiento a las necesidades de la sociedad.

Por tanto, las políticas públicas deben tener como centro y propósito a la población en cualquier sociedad, sus necesidades y problemas de vida cotidianos a resolver. La eficacia en los resultados de implementación de una política pública, depende mucho de su concepción y diseño, lo que pasa por la ubicación y formulación de los problemas en la agenda pública, como parte también de la calidad de los procesos de gobernanza. De acuerdo a Guardamagna y Reyes (2019) la participación en el proceso de la política se relaciona con la concepción del vínculo Estado-sociedad.

En general, la formación de la agenda se considera como una etapa del proceso más amplio de elaboración de las políticas. Por formación de la agenda se entiende el proceso a través del cual, ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública; por tanto, desde esa perspectiva, la agenda debe ser participativa e inclusiva, de manera que su enfoque y construcción debe tener un carácter multifactorial y multiactoral (Alzate y Romo, 2017).

En todo ese proceso, resulta decisiva la determinación de los problemas o cuestiones a que se les quiere dar solución, tomando en cuenta los recursos, el nivel de participación actoral y otros insumos, que deben ser parte de la problematización de la agenda, de manera que ella pueda canalizarse eficientemente por medio de los instrumentos de política pública diseñados e implementados a tales fines.

Igualmente, se debe considerar que no todos los problemas se pueden entender y solucionar de la misma manera, puesto que existen diversos factores, como los culturales e históricos, que condicionan el tratamiento de estos (Muñoz et al,, 2022).

Existen diferentes puntos de vista para tratar conceptualmente las políticas públicas, por lo que resulta una noción polisémica, en tanto contempla la confluencia histórica de varios conceptos: lo público, lo político, la política, lo social, el gobierno y el Estado (Pons y González, 2001).

Las políticas públicas de forma general son las políticas estatales: directrices, planes y programas del Estado. Una política pública tiene varios componentes: objeto, objetivo, efecto, población -blanco, ámbito espacio –temporal, recursos y soporte normativo. Torres (2015) citados por (Leiva, 2016), sostienen que las políticas públicas se legitiman cuando el ejercicio del poder está en función de los intereses públicos, por el número de actores que coadyuvan en su formulación y por el nivel de apoyo manifestado frente a las acciones propuestas.

Asimismo, el proceso de diseño, análisis y evaluación de una política pública se desarrolla de forma cíclica, pasando por varias etapas que deben llevarse a cabo de manera sostenible para resolver exitosamente el problema identificado, con el conjunto de acciones o medidas que se aplican (diagrama 1).

Diagrama 1

El ciclo de las Políticas Públicas

Fuente: (FAO, 2014)

Una buena política pública es la que plantea objetivos claros y logra definir del mejor modo temas técnicos a partir de ciertos valores; pero los temas técnicos no pueden reemplazar la política, sino que la complementan para darle forma, puesto que el fin de las políticas públicas es el bienestar y desarrollo humano en el ámbito territorial en donde son implementadas con plena participación ciudadana; por eso deben asumirse como procesos enfocados en lograr consenso, implementación, seguimiento y evaluación.

La política pública y su gestión hacen parte de la administración pública, por lo que se puede afirmar que entre ellas existen diferencias. Según Pons y González (2001), la administración es un proceso estructural, mientras que la política pública es un instrumento procesal, significa que la administración resulta de tendencia estratégica, de equilibrio a largo plazo; mientras que la política pública es de tendencia más coyuntural, de dinámica en el mediano y corto plazo; en tanto que la gestión pública se considera un proceso, en que el conjunto de reglas y decisiones están dirigidas a incentivar y coordinar acciones y recursos con un grado determinado de eficacia y eficiencia, en función del bienestar general de la sociedad y en el contexto de un marco político y jurídico particular.

El contexto y carácter de las relaciones sociales de producción en que se gestiona la administración y se construyen las políticas públicas, son decisivas, pero también lo es la sensibilidad y vocación de servicio que posean los decisores en esos ámbitos, para cumplir con respeto, responsabilidad, justicia y racionalidad su deber. No se debe olvidar que el motivo y fin de las políticas públicas son los seres humanos, ellas no deben convertirse en entelequia.

De manera puntual las políticas públicas referidas a la Economía Popular y Solidaria, suponen una interacción entre el Estado, el mercado y la sociedad civil; ellas deben estar enfocadas a la generación de trabajo, promoción de los derechos de participación, empoderamiento y corresponsabilidad; las mismas deben ser diferenciadas, territorializadas, inclusivas y democráticas (IEPS, 2022).

3. Significación de la economía popular y solidaria en Ecuador

La socialización, las relaciones cooperativas y las llamadas economías solidarias, se encuentran estrechamente interrelacionadas y tienen como punto esencial de encuentro, la aspiración por encontrar alternativas de sobrevivencia y desarrollo en el marco de la propia lógica del capital, en tanto sectores socio-productivos marginados dentro del sistema. Este es un fenómeno que se viene generando desde dentro del capitalismo desde hace muchos años y posee diversas expresiones, según las tipicidades de los espacios territoriales en donde se gestan, pero también se modifican al pasar del tiempo.

Muchos son los autores que han tratado el tema de la socialización, las relaciones cooperativas y las llamadas economías solidarias desde diferentes perspectivas epistémicas y con diversos propósitos. Resultan de interés para este trabajo, algunos autores particulares que se mencionan a continuación: Sánchez et al, (2022); Mendoza et al, (2021); Duque et al, (2021); Plaza y Díaz (2019); Rodríguez y Hernández (2019); Canalda (2019); Alcántara et al, (2018); Morales (2018); Jiménez y Almaguer (2014); Gaiger (2013, 2017); Coraggio (2009, 2013); Guerra (2010); Pérez et al, (2008); Monzón (1995, 2003); Chiriboga (1986) y otros.

Existe consenso en que las denominadas economías solidarias surgen en Europa desde el siglo XIX, y que en el XX comienzan a generalizarse en otras partes del mundo, incluyendo a América Latina; sin embargo, a través del tiempo y las circunstancias se han venido modificando en sus funciones y estructuras.

Por su más antigua trayectoria, la llamada economía social ha alcanzado mayor formalización en las instituciones gubernamentales y supra gubernamentales, así como en el ámbito académico europeo, y cuenta con abundantes elaboraciones teóricas y conceptuales orientadas a elevar la eficacia y sostenibilidad de esas organizaciones (Monzón, 2013).

En el contexto del continente europeo, se han estructurado cartas de principios en las que se establecen, entre las principales características propias, de acuerdo a Pérez et al, (2008) las siguientes:

La primacía de la persona y del objeto social sobre el capital
La adhesión voluntaria y abierta
El control democrático por sus miembros
La conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés general,
La defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad
La autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes público
El destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible del interés de los servicios a los miembros y del interés general (Pérez et al, 2008).

Luego de la crisis de los años setenta del pasado siglo y de la instauración del neoliberalismo a nivel internacional, toman presencia importante en el quehacer económico y social de la población estas organizaciones que, a diferencia de la empresa privada, declaran sus objetivos en la atención de necesidades sociales y de los asociados, y tratan de diferenciarse de la acción capitalista y del Estado, e incorporan actividades mercantiles y no mercantiles, remuneradas y voluntarias. (González, 2019)

Al pasar el tiempo, las economías solidarias van asumiendo particularidades, inclusive desde el punto de vista epistémico, en los diferentes países en donde se desarrollan. Tal es el caso de Ecuador, en donde se la denomina como economía popular y solidaria.

Como regla general, a este tipo de organización se las identifica en la actualidad, como aquellas formas de actividad económica no orientadas a la explotación asalariada, sino a la satisfacción de las necesidades comunitarias y sociales, las que difieren en puntos esenciales de los modelos europeos de economía social.

Antes de 2008, el sector de la economía popular y solidaria no era reconocido ni visibilizado por el Estado ecuatoriano, a pesar de su innegable aporte a la economía nacional. Es en la Constitución del 2008 que, por primera vez en la historia del país, se reconoce a este sector económico como parte del entramado socio-productivo del país.

El propio concepto de economía popular y solidaria, ha llegado a generar interpretaciones incorrectas por parte de ciudadanos, al asociar el término popular con una economía de pobres o para pobres, cuando en realidad se trata de un modelo de gestión donde se coloca al ser humano como sujeto y fin, antes que el capital; por lo tanto, resulta un tipo de economía donde prima su carácter popular y solidario entre sus miembros y de estos con los demás ciudadanos e instituciones de la sociedad.

Para Guadalupe et al, (2022) la EPS, tiene varias definiciones e interpretaciones para lograr generar un patrón común básico de acuerdos que permitan avanzar en los procesos más urgentes como solucionar el autoritarismo, la explotación laboral, la degradación indiscriminada de la naturaleza.

El sector económico popular y solidario en Ecuador reconoce al ser humano como centro y fin de sus propósitos, y pretende una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado, en armonía con la naturaleza; por tanto, como proceso de producción y reproducción, se enfoca en garantizar las condiciones materiales y espirituales en función de avanzar en el Buen Vivir. Para Mendoza et al, (2021) la EPS es una alternativa para la gestión comunitaria orientada a reducir la vulnerabilidad socioeconómica de los individuos.

En tanto, el sector se puede definir como el conjunto de formas de organización económico-social (pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine), en las que sus integrantes, colectiva o individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Las formas de organización del sector económico, popular y solidario incluyen a las organizaciones de la economía popular y solidaria (EPS) y del sector financiero popular y solidario (SFPS); este último compuesto por cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, así como cajas de ahorro, en correspondencia con el Art.311 de la Constitución (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008: 144).

Es interesante como algunos autores consideran que existen importantes puntos de contactos entre la economía comunitaria y la economía solidaria, pero que ellas no son necesariamente iguales. Vega (2017) es del criterio de que ambas tienen oposición al capitalismo, pero la economía comunitaria es simplemente no capitalista, mientras que la economía solidaria se contestaría con el sistema económico tradicional.

La economía comunitaria en el Ecuador ha sido, de cierta forma, debilitada porque se la reconoce dentro de la economía popular y solidaria, limitando su alcance, prácticamente no se reconoce a la economía comunitaria como una realidad que existe a través de la historia de los pueblos ancestrales. (Vega, 2017)

Asimismo, con lo que respecta al Ecuador son muchas las investigaciones que han abordado el tema de la enconomia popular y solidaria desde diferentes perspectivas, autores como; Cazorla-Logroño et al, (2023); Delgado, et al, (2021); Regalado y Espinoza (2021); Molina, et al, (2020); Plaza et al, (2020) Serrano y Andrea (2019); Jaramillo y Jácome (2019); Villacres et al, (2018); Garzón et al, (2018); Espín, et al, (2017); Torres Peñafiel et al, (2017); Saltos et al, (2016); Boza (2015); aportado desde la ciencia a este sector.

Lo que sí resulta significativo desde el punto de vista económico, social y político, es que un segmento importante de la población trabajadora ecuatoriana hace parte directa de la llamada economía popular y solidaria del país, que según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), a noviembre de 2022, contabilizaban 15 771 organizaciones de EPS, en las que participan 527 875 personas en el sector real de la economía (producción, intercambio y consumo); mientras que en el sector financiero de la EPS se registraban 454 entidades, en las que participan 9 246 292 personas (Portal Estadístico SESP, 2022).

Tomando en cuenta que la población total del país, al 10 de enero de 2023, era de 17 876 676, según el Contador de Población de Ecuador, significa que más de la mitad de la población nacional (54,6%) hace parte del sistema de la Economía Popular y Solidaria (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2023). Esa masa crítica tiene un peso relevante en la economía nacional del país y en cada uno de sus territorios, por lo cual debe ser prioridad de las políticas públicas.

Es importante notar que como parte del sistema socio-productivo estructural de la EPS, se encuentran miles de MIPYMES, mismas que tienen protagonismo en el crecimiento de la producción, la generación de plazas de empleo, la innovación y el dinamismo productivo del país y que se encuentran inmersas en todas las actividades productivas de la economía, tales como el comercio al por mayor y al por menor; agricultura, silvicultura y pesca; industrias manufactureras; construcción; transporte, almacenamiento y comunicaciones; bienes inmuebles, entre otros (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2022).

4. Políticas públicas en torno a la EPS. El deber ser y el ser

Como ha sido dicho, las políticas públicas constituyen el mecanismo ideal de que se vale el gobierno para dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad; ello significa que por medio de las mismas los entes de poder canalizan los recursos en función del bienestar de las personas, pero además las políticas deben ser diseñadas e implementadas respetando y protegiendo los derechos individuales y colectivos de las personas, con arreglo a la Carta magna del país y todo el sistema normativo e institucional que le son consustanciales.

Es sabido que Ecuador es un Estado-nación multiétnico, por tanto, muy heterogéneo en cuanto a diversidad cultural, modos de ser y de hacer; características que deben ser conocidas de manera profunda por los entes de poder, por los decisores de políticas públicas, para lograr que estas sean no solo eficientes, sino especialmente eficaces en su aplicación y resultados. De lo anterior depende mucho lograr armonizar el deber ser y el ser del curso y logros de esas políticas.

Teniendo en cuenta que Ecuador es una sociedad constitucionalmente reconocida de derechos y justicia, el Estado tiene la responsabilidad legal, entre otras muchas, de garantizar la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos; por consiguiente, las políticas públicas se deben orientar a hacer efectivos el Buen Vivir y todos los derechos de los ecuatorianos, conforme lo establece el Artículo 85 de la Constitución de la República.

Además, de manera puntual se establece en el Artículo 35 de la propia Constitución, que las políticas públicas deben tener un enfoque de derechos humanos, apuntando esencialmente a conferir atención prioritaria a los segmentos de la población que representan diversos sectores vulnerables de la sociedad, que van desde las personas discapacitadas, adultos mayores y niños, hasta aquellas personas privadas de la libertad.

El proyecto político del expresidente Rafael Correa en Ecuador, plasmado en la citada Constitución de 2008, pretendía, como señala Nelms (2015) citado por Aguas (2016), conceptualizar e institucionalizar un sistema económico post neoliberal, que se relacionara explícitamente a valores y principios sociales alternativos como: la solidaridad, la cooperación, la asistencia mutua, la igualdad, entre otros.

Sin embargo, el propio Nelms, señala múltiples preocupaciones surgidas al momento de delimitar el concepto de economía popular y solidaria y poner en práctica sus principios a través de modelos organizacionales, apoyos institucionales y regímenes regulatorios apropiados para estos compromisos. Esto derivó en cuestionamientos sobre la burocracia, la experticia, la transformación estatal y la supervivencia del proyecto político.

Las preocupaciones de Nelms (2015), así como de muchos otros sobre la burocracia, la experticia, la transformación estatal y la supervivencia del proyecto político del expresidente Rafael Correa y sus efectos sobre la economía popular y solidaria, como expresión de la solidaridad, la cooperación, la asistencia mutua, la igualdad, en cuanto valores y principios sociales alternativos a la lógica del capital, se hicieron realidad de manera progresiva y creciente, a partir del gobierno de Lenin Moreno y de su continuador Guillermo Lasso.

Si se toma en cuenta el peso que tiene la economía popular y solidaria en la estructura, dinámica y desarrollo de la economía nacional del país, llama la atención como a diferencia del El Plan Nacional de Desarrollo de los periodos presidenciales de Rafael Correa (2013-2017) y Lenin Moreno (2017-2021), el de Guillermo Lasso (2021-2025) no profundiza en sus objetivos, la consolidación ni sostenibilidad de una EPS propiamente dicha, al menos no de manera explícita (cuadro 1).

Cuadro 1

Objetivos de los Planes Nacionales de Desarrollo 2013- 2025

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global

Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización

Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales

Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícolas, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE, 2020)

En relación con la anterior, Sánchez et al, (2022) refiere cómo en el periodo 2013-2017 se establece como uno de sus objetivos la consolidación del sistema económico como social y solidario de manera sostenible, para los siguientes cuatro años de habla de la sostenibilidad de este sistema económico, mientras que, para el periodo vigente 2021-2025, no se determina un objetivo determinado en función de la EPS.

La instrumentación de las políticas públicas de corte neoliberal, en la práctica socioeconómica y política del país en los últimos cinco años, revelan que una parte importante de los incluidos y reconocidos por la Constitución de la República, son excluidos y no reconocidos de manera flagrante, por los mecanismos y acciones de políticas públicas. Ello es expresión de las paradojas entre el deber ser, con base en la Constitución, y el ser, con base en el diseño e implementación de políticas públicas en la práctica socioeconómica del país.

El ahondamiento de ese proceso se viene produciendo por diferentes vías y mecanismos, incluida la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus efectos sistémicos, que otorgaba al país 4.200 millones de dólares e imponía, entre otros puntos, una reforma fiscal, la flexibilización laboral, la disminución del aparato estatal, las irresponsables apuestas especulativas en los mercados internacionales y el retiro del subsidio a los combustibles; tal como es común al FMI cuando se dispone a realizar “ayudas” monetarias a los países, en particular a los llamados subdesarrollados.

La agenda neoliberal del gobierno se refuerza a partir de la decisión del presidente Lasso, que se hizo sin discusión en la Asamblea Nacional, como lo dispone la Constitución, de volver a suscribir el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que había sido denunciado por el expresidente Rafael Correa, doce años atrás, por los perjuicios generados al Estado en materia de arbitraje y por su nula contribución a la atracción de inversión extranjera (Pesántez, 2021).

La adopción de medidas económicas y sociales no alineadas con los intereses de la clase trabajadora, han erosionado el carácter tutelar del derecho laboral y promocionado la flexibilización y precarización del empleo, con mayor impacto en el sector rural; téngase en cuenta que el empleo adecuado en el país era de 35,6%, a noviembre de 2022, el empleo no adecuado alcanzaba el 60,3%, y la tasa de desempleo era de 4,13% en el mismo periodo (INEC, 2022).

La situación de pobreza y todas sus expresiones sociales, alcanza de manera directa o indirecta a más del 60% de la población que habita en el Ecuador. La tasa de pobreza por ingreso a junio del 2022 era del 25% de toda la población ecuatoriana, mientras que en el área rural la pobreza era de 42,9% en igual periodo (INEC, 2022).

Pero como suele ocurrir en cualquier sociedad que registra múltiples variables sobre su población, en los datos estadísticos una parte de la población objeto de esos algoritmos se encuentra inviabilizada, es decir, no registrada, por lo que es de suponer, atendiendo a la observación empírica de la economía y la sociedad ecuatorianas, que sean algo mayores.

Es importante señalar que la pobreza tiene un sentido y una medida multidimensional, por lo que no debe asociarse única ni principalmente a bajos niveles de ingresos y de consumo, sino también de instrucción, salud, nutrición y otras áreas vinculadas al desarrollo humano, como pueden ser la incapacidad de las personas viviendo en condiciones de pobreza, para afrontar la existencia diaria, la vulnerabilidad, el miedo y permanente inseguridad; por tanto, la pobreza tiene importantes aspectos psicológicos, dado que es común que los pobres tengan conciencia de su condición y fragilidad para sobrevivir en un mundo que en la práctica diaria le es hostil. Tales situaciones poco o nada tienen que ver con la condición del Buen Vivir.

Frente a este escenario, de acuerdo a Leyton (2022), se debe de manera urgente orientar las decisiones públicas y su implementación bajo modelos que vayan más allá de los procesos burocráticos tradicionales y López (2021), por su parte expresa, que las políticas deben ser medidas en su impacto y realizar una gestión de los resultados y proceso de evaluación constante.

El incumplimiento del deber ser de las políticas públicas establecidas en el ordenamiento jurídico, vulnerando los principios a la dignidad, la no discriminación y al principio de la sociedad democrática, no solo se hace patente en lo que respecta al empleo, la salud, la educación, los problemas del acceso a los alimentos, la recreación, el uso cultural del tiempo libre y otros tantos ámbitos referidos al Buen Vivir de los ecuatorianos, sino además en lo que atañe a la no existencia de una verdadera política de seguridad integral, que se refleja no solo en la crisis carcelaria, sino también en el incremento de la violencia social y todas las consecuencias que ello significa para la población del país.

Cuanto menos, se aprecia una paradoja entre letra y espíritu de la Constitución y el tipo de políticas públicas que se llevan a cabo en el país; una suerte de confusión entre el ser y el deber ser de la Constitución de la República y de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como territorial y local.

Las políticas públicas deberán ser verdaderamente inclusivas, democráticas y sostenibles en su buen hacer y enfocarse en asuntos clave, en función de afinar el sistema de economía popular y solidaria del país, que constituye componente esencial de la estructura socio-productiva de la economía y sociedad ecuatorianas en la actualidad. Los autores del presente artículo sugieren algunas direcciones u operaciones de acción, con el objetivo de poder perfeccionar el diseño e implementación de las políticas públicas a nivel nacional y de cada territorio del país, a saber:

El contexto y carácter de las relaciones sociales de producción en que se gestiona la administración y se construyen las políticas públicas, son decisivas, pero también lo es la sensibilidad y vocación de servicio que posean los decisores en esos ámbitos, para cumplir con respeto, responsabilidad, justicia y racionalidad su deber. Las políticas públicas no deben convertirse en entelequias.
Es necesario rescatar de manera operativa y poner en función de las políticas, el carácter multiétnico del Estado-nación del país, tomando en consideración que el por ciento mayor de la población ecuatoriana hace parte de las culturas originarias y en acuerdo con la Constitución y el principio moderno de Estado de que en el pueblo radica la soberanía, hacer que la democracia supere el deber ser, para convertirse en verdadero ser.
Tomando en cuenta que política pública y su gestión hacen parte de la administración pública, tener siempre presente que los efectos de la política pública impactan de forma mucho más expedita a la población, pues es de tendencia coyuntural y sus dinámicas resultan de mediano y corto plazos, mientras que la administración como proceso estructural, resulta de tendencia estratégica, de equilibrio a largo plazo.
Necesidad de armonizar y hacer más compatible el sistema de normas y regulaciones de la economía popular y solidaria, con el objetivo de su mejor interpretación y eficacia en su aplicación, en donde predomine la Ley por encima de posicones de personas o instituciones.
Sabiendo que es en el ciudadano en donde descansa la soberanía de la nación, es necesario que las políticas públicas se legitimen por medio de la inclusión y participación democrática efectiva de la población, al momento de la concepción y diseño de la política, que puede ser por medio de consulta ciudadana a través de los mecanismos del gobierno electrónico, asesoría con expertos e inclusive por medio de mesas de diálogos con líderes comunales o barriales.
Tomar en cuenta que los asuntos técnicos no pueden reemplazar la política, sino que la complementan para darle forma, puesto que el fin de las políticas públicas es el bienestar y desarrollo humano en el ámbito territorial; por eso deben asumirse como procesos enfocados en lograr consenso, implementación, seguimiento, evaluación y aprendizajes.
Deben enfocarse en un crecimiento balanceado y sustentable de la economía, asegurar las transformaciones pertinentes de la estructura socio-productiva e institucional, garantizar la satisfacción creciente y estable de las necesidades materiales y espirituales de cada individuo, con total respeto al medioambiente.
Los hacedores de políticas públicas y demás funcionarios, deben estar comprometidos con la calidad de sus competencias funcionales y operativas, estar bien formados, informados y en capacitación permanente; ello significa que deben ser poseedores de amplia y profunda cultura, no solo en el ámbito de la política propiamente dicha, sino además de la economía, la sociología y la historia nacional y local principalmente. La improvisación y la falta de cultura creativa, no caben en un hacedor de políticas públicas.
Conocer y saber operar la economía es determinante para los decisores, aun cuando no sean profesionales de esa especialidad; de ahí la significación de tener siempre a la mano la colaboración de especialistas en esa decisiva materia y en otras afines, pero especialistas con vocación de servir, pues en esencia se trata de un asunto extremadamente sensible y estratégico para la sociedad y las personas, como es el uso y asignación de recursos, que son siempre escasos.

Por un lado, la propia naturaleza neoliberal del sistema de economía y el orden normativo y funcional de la EPS en Ecuador, hacen que el estudio y la delimitación de fronteras entre las lógicas de la economía de libre mercado y las lógicas de las economías alternativas se compliquen, pues en la práctica las personas participan simultáneamente en más de una economía y a menudo en más de una comunidad cultural; por tanto, difícilmente se podría afirmar que en la actualidad los agentes de la economía popular y solidaria en Ecuador basan sus actividades en función de los principios de la reciprocidad, la solidaridad y la cooperación exclusivamente.

Por otro lado, y en concordancia, si se toma en cuenta los efectos de las políticas en cuanto a la exclusión social, las altas tasas de desempleo, el subempleo y empleo informal, la desigualdad, la inseguridad alimentaria, la limitada satisfacción de necesidades básicas como salud, educación, ambiente, entre otros, es posible señalar que la concepción primigenia de la EPS se desdibuja y que viene ocurriendo una suerte de resignificación de la misma.

5. Conclusiones

Los procesos socializadores entre los trabajadores, las relaciones cooperativas y las llamadas economías solidarias, se encuentran estrechamente interrelacionadas y tienen como punto esencial de encuentro, la aspiración por encontrar alternativas de sobrevivencia y desarrollo en el marco de la propia lógica del capital y en sectores socio-productivos marginados dentro del sistema.

Sus expresiones concretas tienen mucho que ver con las tipicidades socio productivas y culturales de los espacios territoriales en donde se gestan, pero también con el tipo de Estado y la voluntad de servir que manifiesten los gobernantes.

Más de la mitad de la población nacional de ecuador (54,6%) hace parte del sistema de la economía popular y solidaria; lo que significa que el sector tiene un peso relevante en la economía nacional del país y en cada uno de sus territorios, por lo cual debe ser prioridad de las políticas públicas.

En la práctica socioeconómica y política de Ecuador, la instrumentación de las políticas públicas de corte neoliberal, ha lastrado el espíritu y la letra de la Constitución de República referida a la economía popular y solidaria, especialmente en los últimos cinco años; poniendo de manifiesto que una parte importante de los incluidos y reconocidos por la Constitución de la República, son excluidos y no reconocidos de manera flagrante, por los mecanismos y acciones de políticas públicas. Por ende, existe una paradoja entre letra y espíritu de la Constitución y el tipo de políticas públicas que se llevan a cabo en el país, respecto a la efectividad económica y social de la economía popular y solidaria.

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