Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 28 No. 104, 2023, 1422-1438
octubre-diciembre
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Cómo citar: Varón Triana, N., Buitrago Mejía, A., Izquierdo Hernández, P., y Rubio-Rodríguez, G. A. (2023). Rasgos determinantes para la conformación de territorios solidarios en Colombia. Revista Venezolana de Gerencia, 28(104), 1422-1438. https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.104.3
Rasgos determinantes para la conformación de territorios solidarios en Colombia
Varón Triana, Nubia*
Buitrago Mejía, Aracelly**
Izquierdo Hernández, Patricia del Pilar***
Rubio-Rodríguez, Gustavo Adolfo****
Resumen
Esta investigación tiene por objeto analizar los rasgos económicos, sociales y culturales que caracterizan a las organizaciones de la economía social y solidaria como determinantes para configurar territorios solidarios donde prevalezcan los principios de esta economía. La investigación es descriptiva y su enfoque es cualitativo. La población está conformada por tres asociaciones dedicadas a la producción de mangos y sus derivados en el municipio de El Espinal - Colombia. Como resultado, se evidencia que los asociados gozan de una mejor calidad de vida que sus padres; se consideran afectados por el abandono del Estado al sector rural y no participan activamente en cargos de elección popular. Se identifican problemas en vías de acceso, educación y servicios públicos. Se concluye que las características económicas, sociales y culturales son determinantes para promover la conformación de territorios solidarios en Colombia. La discusión establece una línea de investigación para determinar el papel de estos rasgos en los territorios solidarios.
Palabras clave: Asociaciones productoras; economía social y solidaria; rasgos de las comunidades; sector rural; territorio solidario.
Recibido: 12.12.22 Aceptado: 21.03.23
* El escrito se deriva del proyecto “Adaptación de un modelo de integración económica solidaria en el campus Pereira-Ibagué activando un territorio solidario” aprobado y auspiciado por la Universidad Cooperativa de Colombia.
** Phd. Ciencias económicas y administrativas. Universidad Cooperativa de Colombia, (Ibague-Tolima, Colombia). Email: nubia.varont@campusucc.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5069-1821
*** Phd. Ciencias económicas y administrativas. Universidad del Tolima, (Ibague-Tolima, Colombia). Email: abuitragom@ut.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6583-7827
**** Phd. Ciencias económicas y administrativas. Universidad Cooperativa de Colombia, Email: patricia.izquierdo@ucc.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7377-9439
***** Phd. Ciencias económicas y administrativas. Corporación Universitaria Minuto de Dios, (Ibague-Tolima, Colombia). Email: gustavo.rubio-r@uniminuto.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6582-2481
Determining features for the formation of solidary territories in Colombia
Abstract
The purpose of this research is to analyze the economic, social and cultural features that characterize social and solidarity economy organizations as determinants to configure solidarity territories where the principles of this economy prevail. The research is descriptive and its approach is qualitative. The population is made up of three associations dedicated to the production of mangoes and their derivatives in the municipality of the Espinal - Colombia. As a result, it is evident that the associates enjoy a better quality of life than their parents; they consider themselves affected by the State’s neglect of the rural sector and do not actively participate in elected office. Problems in access roads, education and public services were identified. It is concluded that economic, social and cultural characteristics are determinant to promote the conformation of solidarity territories in Colombia. The discussion establishes a line of research to determine the role of these features in solidarity territories.
Keywords: Producer associations; social and solidarity economy; community traits; rural sector; solidarity territory.
1. Introducción
Los territorios solidarios son una apuesta estratégica para promover el desarrollo de las comunidades mediante prácticas asociativas entre actores públicos, privados, gremios y otras formas de expresión ciudadana, que se unen para coadyuvar en la búsqueda de soluciones a las problemáticas económicas, sociales, ambientales o de otra índole, que afecten a las comunidades principalmente de zonas rurales (Duque et al, 2021). El análisis de los rasgos económicos, sociales y culturales de las organizaciones de la economía social y solidaria1 facilita la conformación o reactivación de estos territorios, los cuales tienen características particulares que deben ser analizadas desde las perspectivas económica, social y cultural.
En el ámbito social, los territorios solidarios se caracterizan porque allí las organizaciones se conciben como un medio para lograr el desarrollo social de sus habitantes y lograr una mejor calidad de vida para todos. En el aspecto económico, se caracterizan porque además de dinamizar la economía mediante el empleo, se distribuye mejor el ingreso y se generan oportunidades de crecimiento, no basado en la acumulación de riquezas, sino en suplir necesidades. Respecto al ámbito cultural, se caracterizan porque su actuar se basa en valores como la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, los cuales influyen en la cultura y la preocupación por el bienestar común, en lo cual difieren de las empresas basadas en los preceptos de economía tradicional (Dávila et al, 2018).
Lo anterior, permite inferir que la economía social y solidaria no se ciñe a los postulados económicos tradicionales del capitalismo, sino que plantea un modelo de economía orientado al desarrollo de los territorios a través del bienestar de las personas, especialmente de las zonas rurales, que usualmente sufren del abandono del Estado (Schwab et al, 2020). Así pues, dentro de los territorios solidarios se considera que debe existir una relación y un equilibrio entre la economía, las personas y su cultura, la naturaleza, el territorio y su contexto en general (Aguilar, 2016).
A través de los territorios solidarios se busca el desarrollo rural, entendido como un proceso de reactivación de la economía y dinamizador de la sociedad local, brindando a la población oportunidades para mejorar su calidad de vida en el territorio mediante la oferta de puestos de trabajo dignas, pues sitúa a las personas como sujeto, actor y fin de la economía. Es así, como por medio de la Economía social y solidaria se estimulan iniciativas de desarrollo autóctonas y se promueven los principios de educación, formación e información para alcanzar la competitividad de las organizaciones de esta economía (Juste et al, 2011).
De igual forma, las prácticas comunitarias no pueden faltar en el territorio, reflejándose igualdad, respeto, el bien común, buscando soluciones colaborativas, justas y equilibradas, donde predomine la confianza y el impulso de estrategias que surgen desde decisiones colectivas, solidarias y democráticas, incrementando el empoderamiento y la autoestima tanto individual como grupal (Pilquimán et al, 2020).
En Colombia, el sector rural presenta unas dinámicas complejas que reflejan, entre otras particularidades, la guerra en los territorios y el abandono del Estado, que se evidencia en la ausencia de vías adecuadas, salud, educación, saneamiento básico, agua, acceso a Internet, seguridad y apoyo gubernamental para generar desarrollo, situación que propicia la aparición de grupos ilegales, inseguridad, siembra de cultivos ilícitos, desplazamiento forzados, pobreza, desnutrición y prevalencia de enfermedades que incluso afectan la calidad y esperanza de vida afectando principalmente a mujeres y población vulnerable.
Para atenuar estos impactos, las comunidades se han organizado de diversas maneras, conformando grupos como por ejemplo las asociaciones y cooperativas agroproductores que se han conformado en el municipio de El Espinal – Colombia, para avanzar en la construcción de un territorio solidario en este contexto. Las cooperativas y asociaciones son cada vez más reconocidas como importantes contribuyentes al crecimiento de la economía en Colombia y al desarrollo inclusivo, sostenible y justo, las cuales, a diferencia de las empresas capitalistas, son entidades sin ánimo centradas en el bien común, orientadas al crecimiento empresarial, al desarrollo social territorial y a la satisfacción de las necesidades de las comunidades (Bernardi et al, 2021; Serrano y Torres, 2022).
Según Schwab et al, (2020), para lograr la difusion de un comercio justo en los territorios rurales, enmarcado en los principios de la Economía social y solidaria, es necesario que dentro de las actividades agrícolas se incorporen los principios de esta economía, con el fin de que sus actividades se organicen a través de la autogestión y la democratización, conllevando la creación de asociaciones, organizaciones comunitarias o cooperativas, que adopten el cooperativismo como modelo de producción, consumo, autoformación e integración al territorio solidario, fomentándose la cooperación, solidaridad, la autoorganización y democratización de los asociados como modo de vida.
Otro rasgo distintivo de los territorios solidarios, es que sus integrantes son consumidores locales, situación que los aproxima al concepto de economía circular donde las personas pertenecientes a la comunidad que demandan alimentos de calidad, nutritivos y orgánicos, muestran solidaridad con los productores apoyándolos mediante la compra de alimentos, generando un sentido de cohesión comunitaria y crecimiento de la economía local al recircularse el capital financiero; además, se promueve la creación de nuevos puestos de trabajo y se fomentan nuevos emprendimientos solidarios y sostenibles (Piccoli et al, 2021; Baldi et al, 2019).
Un territorio solidario se puede conceptuar entonces como un espacio donde se articulan los esfuerzos de los actores que lo integran, direccionados a cumplir metas en común bajo los criterios de solidaridad y cooperación, por lo cual, la conformación de este tipo de territorios está ligada no solo a las condiciones geográficas sino a los procesos y tradiciones culturales y condiciones socioeconómicas de aquellos que actúan en este espacio, cuya característica principal es la participación colectiva en actividades de interés y beneficio común (Pérez y Uribe, 2016).
Una de las principales situaciones que lleva a la creación de estos territorios en Colombia, es que los campesinos2 se encuentran en una posición débil ante el mercado convencional, debido a “la falta de poder de negociación en la fijación de precios y capacidad para cumplir con los requisitos de los principales actores del sistema agroalimentario, donde, de hecho, se encuentran completamente marginados” (Piccoli et al, 2021:3.). Desde esta perspectiva, es evidente que los agricultores/productores se encuentran en una situación vulnerable de la que requieren salir para recuperar su autonomía y el reconocimiento que merecen por su trabajo y, en este contexto, la asociatividad que se gesta en los territorios solidarios se puede convertir en una herramienta efectiva para tal fin.
Desde el sector de la economía social y solidaria, se ha desarrollado un Modelo de Integración Económica Solidaria3 en diferentes espacios geográficos, donde la regionalización representa una oportunidad de expresión creativa y plural a partir de los territorios solidarios que hacen visibles la razón de ser de esta economía, articulando la docencia, la investigación y la extensión convirtiéndose en un campo abierto a nuevos desarrollos teóricos y metodológicos permitiendo adaptarlo a las necesidades locales.
En este contexto, el estudio se desarrolla en conjunto con los representantes de las entidades: Asociación de Agroproductores del Tolima MangoViPaz, Cooperativa Multiactiva Ecorregional Trabajar Juntos, Coometrajun y la Asociación Delicias del Mango Delimango conformada por mujeres de zonas rurales, esperando describir aquellos elementos necesarios para conformar un territorio solidario, planteándose la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los rasgos sociales, económicos y culturales de las asociaciones de agroproductores del municipio de El Espinal, Colombia?
La investigación sigue un descriptivo en donde, según Guevara et al, (2020) se busca describir características y comportamientos fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos, por consiguiente, es necesario que la información suministrada sea verídica y precisa; además, se requiere un marco teórico apropiado que sirva de sustento a la investigación, por lo que se considera este método apropiado para investigar el fenómeno de estudio. A su vez, el enfoque de la investigación es cualitativo basado en un proceso sistemático donde se observa y evalúa eventos ordinarios y actividades cotidianas del fenómeno, adquiriendo una perspectiva analítica bajo métodos de recolección no estandarizados (Sánchez, 2019).
El proceso metodológico se desarrolla mediante fases secuenciales; en la primera se identifica y reconocen las características del territorio objeto de estudio entendido como el conjunto no solo de seres humanos, sino también objetos, organizaciones, animales, entre otros elementos intrínsecos, cuyo fin es ser el referente para la elección de la muestra, teniendo en cuenta que cumplan con una serie de criterios predeterminados (Arias-Gómez, Villasís-Keever & Miranda-Novales, 2016).
Como segunda fase se define la población conformada por las 3 asociaciones y cooperativas de agroproductores de mango del municipio de El Espinal: MangoViPaz (40 asociados), Coometrajun (22 asociados) y Delimango (17 asociados) para un total de 79 asociados. Posteriormente, se define que, dado el tamaño de la población, no se extrae una muestra, sino que se trabaja con toda la población, pues más que buscar contar el número de personas con las mismas características, se desea establecer las variaciones significativas dentro de una misma comunidad (Ventura, 2017; Buendía-Arias et al, 2018).
El instrumento de recolección de información consta de 107 preguntas con respuestas en escala de Likert, donde se encuentra información relacionada con el cumplimiento de metas personales y familiares, tendencias de la participación en diferentes organizaciones, rangos de edades de los integrantes de la familia, acceso a los servicios públicos y la participación de la comunidad en el gobierno. La aplicación del instrumento se realizó directamente a través de reuniones con los representantes legales de las asociaciones.
2. Territorios solidarios: Orígenes y dimensiones
El territorio solidario se ha vuelto tema recurrente en los últimos años, especialmente en espacios académicos y de reflexión, siendo reconocido por la presencia significativa de organizaciones de economía solidaria que inciden en el desarrollo local (Corzo et al, 2020). En el caso colombiano, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias -UAEOS-, fue creada para promover la inclusión social y la asociatividad solidaria para el desarrollo de las comunidades, fomentando la economía solidaria, cooperativa y rural, así como la consolidación y construcción de territorios solidarios (UAEOS, 2016).
Es necesario precisar que el territorio solidario no se circunscribe a una porción de tierra delimitada ni a un espacio geográfico únicamente, sino que además de sus características ambientales, es un espacio en el que confluyen las dimensiones económica, social y cultural de quienes lo habitan, desarrollando sus propias dinámicas, pero teniendo siempre una interacción.
Es importante enunciar que actualmente la conformación de los territorios solidarios no tiene reglamentación legal en Colombia, pero se circunscriben al concepto de la economía social y solidaria, entendido como “El sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”. (Art. 2. Ley 454 de 1998 del Congreso de Colombia).
En este orden de ideas, es necesario reconocer que no existe en Colombia un programa o norma que determine la conformación de los territorios solidarios, sino que estos surgen por la necesidad e iniciativa espontánea de las comunidades en donde confluyen diversas formas de la economía social y solidaria; sin embargo, este entendimiento es clave porque permite generar políticas, estrategias y acciones focalizadas considerando dichas características; por ejemplo, desde la dimensión social se puede plantear que un mejor desarrollo de las organizaciones sociales corresponde a un mejor nivel de cohesión y una articulación de comunidades locales. Así lo señalan Dávila et al. (2018), al reconocer que la unificación de distintas asociaciones genera más empleo y mayores ingresos que permiten contrarrestar las desigualdades derivadas del capitalismo y la ineficiencia del Estado.
Para la resolución de problemas sociales en el contexto de los territorios solidarios se considera conveniente potenciar las manifestaciones cívicas y recuperar la confianza y reciprocidad como las bases de la asociatividad. De esta forma, desde la Economía social y solidaria se busca combinar la empresarialidad cooperativa con la asociación de personas para la satisfacción de sus necesidades (Álvarez, 2017). Para tal fin, un primer paso es organizar las demandas de las personas y generar acciones concretas para resolverlas, considerando como principio que la economía debe estar sujeta a la cuestión social, así como a las cuestiones políticas y culturales (Battisti et al, 2020).
Al hablar de territorio solidario desde la dimensión económica, se pretende establecer una economía basada en la cooperación y no en la competencia, construyendo solidaridad en el trabajo, en las finanzas, en la educación, en la distribución y consumo, permitiendo orientar las acciones económicas (UAEOS et al, 2016). Es así, como la solución a los problemas económicos dentro de estos territorios se basan en la ayuda mutua entre pequeños productores y consumidores, la búsqueda del bien común y la asociatividad como elementos clave para solventar la ausencia de recursos económicos (Álvarez, 2017).
La dimensión cultural es también importante para la configuración de los territorios solidarios porque su comprensión permite construir una cultura solidaria colectiva. Desde esta dimensión se analizan los comportamientos individuales y colectivos, los valores, costumbres, creencias y tradiciones, así como las normas sociales de las comunidades. Asimismo, es preciso mencionar la importancia de la educación cooperativa para las personas de los territorios, pues esta permite acotar un elemento clave como la sensibilización hacia la doctrina cooperativa y brindar herramientas eficientes para generar mejores condiciones de vida desde esta perspectiva (Guridi y Mendiguren, 2014).
En este sentido, se percibe el territorio solidario como un espacio que convoca a los actores sociales como autoridades del Estado, empresas y organizaciones solidarias, establecimientos educativos de todos los niveles, empresarios y a la comunidad en general, a impulsar y articular iniciativas que permitan cambiar el modelo mercantil donde el centro es el capital, por un modelo basado en los principios y valores de la solidaridad donde el centro es el ser humano y su contexto (UAEOS et al, 2016), cambio que ha estado motivado por movimientos latinoamericanos basados en una relación directa entre la producción, las relaciones sociales y la satisfacción de las necesidades humanas (Mason-Deese et al, 2019).
El territorio solidario se puede definir como aquella conjunción entre una construcción social del territorio articulado a una economía diferente a la tradicional que potencie una racionalidad sustantiva desde acciones en lo micro, la generación de redes y alianzas a nivel meso y por la gestión de políticas públicas a nivel sistémico, en pro de mejorar las condiciones de vida de las personas, administrando los recursos de forma que se satisfagan sus necesidades (Amariles, 2017). De esta manera, dentro de ese tipo de territorio es necesario que exista una relación con el Estado, pues este cumple un papel importante en la legislación y redistribución de los recursos.
Según Pérez y Uribe (2016) y Amariles (2017), los territorios solidarios son generadores de desarrollo social y crecimiento económico a través de la innovación, la cultura enfocada en el bienestar social, la confianza y la reciprocidad. Desde estos se busca fortalecer la economía social y solidaria, promoviendo la solidaridad, la cultura de participación ciudadana, con posturas y acciones críticas bajo una gobernanza democrática para la consolidación de políticas públicas, que generen condiciones de vida digna teniendo en cuenta que el sistema económico tradicional no logra cerrar la brecha de desigualdad ni satisfacer las necesidades básicas de gran parte de la población.
Una de las principales características de la economía social y solidaria en la que se basan los territorios solidarios es que sitúa al ser humano en el centro del proceso, promoviendo una cultura de cooperación, confianza y valores compartidos entre las personas y organizaciones públicas y privadas, con el propósito de fortalecer las capacidades de innovación y creatividad impulsando el aprendizaje en cuanto a la búsqueda de nuevas ideas y caminos, a la autogestión, al trabajo en equipo y a la investigación sobre las nuevas realidades en contextos complejos promoviendo la capacidad de adaptación colectiva que evita la fragmentación social (Guridi et al, 2011).
3. Las asociaciones agroproductores de El Espinal -Tolima y su contexto
Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (2020), el país cuenta con todos los pisos térmicos; está ubicado en la zona ecuatorial del planeta, dispone tanto de recursos hídricos como de costas, siendo excepcional para la agroindustria representada en la producción y transformación de productos agrícolas; además, el país cuenta con 40 millones de hectáreas de potencial productivo para el agro, teniendo 175 mil kilómetros de vías terciarias, sin embargo, únicamente el 10% permanece en buen estado, disminuyendo la conectividad vial al campo.
Estas estadísticas demuestran que el Estado tiene una deuda histórica con la ruralidad, pues su presencia es muy débil, así como las políticas públicas para su fortalecimiento. Según Arango et al, (2020) en las áreas rurales de Colombia, la infraestructura física y vial no es apropiada, lo cual dificulta tanto la distribución como la comercialización de los productos hacia los mercados y lugares apartados que necesitan abastecerse de estos, lo que lleva a la elevación de costos de transporte y desplazamiento. Igualmente, en estas zonas los habitantes padecen de hambre, de una educación de calidad, acceso a la atención médica y canales de información efectivos y transparentes.
Otro factor que ha impactado el campesinado en Colombia, es el conflicto armado interno que, aunque ha cesado parcialmente, ha ocasionado desplazamiento, violencia, afectando su rol económico, su participación en las esferas política, social y cultural, su capacidad para negociar con diversos actores, la preservación del territorio para desarrollarse de forma sostenible y el control de sus actividades productivas que le permitían mantener su conexión e integración con el mercado (Ardila et al, 2020). De esto, se concluye que el campesino colombiano ha perdido su rol protagónico en la historia del país.
Un inconveniente que ha surgido desde los gobiernos, es que estos se han preocupado más por brindar su apoyo a las grandes empresas y grupos económicos que predominan en Colombia, olvidando los principios de equidad social y económica, afectando también la seguridad y bienestar de las comunidades rurales que no gozan de acceso a salud, educación, agua potable, alimentación, educación, y vivienda de calidad, situación que ha propiciado el surgimiento de prácticas cooperativas y solidarias como una alternativa ante este escenario (Serna y Rodríguez, 2015; Di Masso et al, 2021).
Asimismo, la economía rural se ha visto afectada por la apertura económica, la política de internacionalización y la globalización, pues a pesar de ser oportunidades para la exportación de materias primas, también se ha generado un acelerado aumento de las importaciones, especialmente de alimentos primarios como procesados, afectando los precios del mercado local, generando la ruina del campo y de los agricultores, y en consecuencia un acelerado desmejoramiento de la calidad de vida del campesinado (Moya, 2011).
Lo anterior, evidencia que los productores y comercializadores agroindustriales deben desarrollar competencias innovadoras para ser competitivos en el mercado y poseer un espíritu emprendedor (Peón et al, 2020), donde el Estado y las Instituciones de Educación superior (IES) tienen un arduo trabajo y un gran reto para brindarles formación y herramientas para la innovación en el manejo de técnicas y tecnologías de producción, transformación y comercialización de sus productos. De la misma forma, deben orientarlos para negociar con el mercado, y abrir líneas de acceso a recursos desde el sector financiero para la inversión, de manera que se transforme la cultura y visión del sector agroindustrial orientado a generar valor a sus empresas y proyectos de vida (Barrios, 2019).
De otra parte, se debe reconocer que dentro de las organizaciones agroindustriales solidarias se presentan ventajas como dificultades; entre las ventajas que existen está el respaldo técnico en procesos de producción, costos más bajos, logrando eficiencia económica, un fortalecimiento mutuo y colectivo del sector y maximización de las utilidades. Entre las problemáticas están el desconocimiento de principios de administración por falta de educación, una mayor planeación a mediano y largo plazo, organización en cuanto a la carencia de reglamentos u estatutos, una evaluación y control constante y falta de interés de algunos asociados que dejan de luchar por el crecimiento comunitario al conseguir el éxito o estabilidad individual (Blanco, 2018).
Dado que la investigación se centra en las asociaciones de agroproductores de mango de El Espinal, es importante resaltar que el cultivo de mango en Colombia se encuentra en 16 de los 32 departamentos del país, siendo el departamento del Tolima, al que pertenece el municipio de El Espinal, uno de los principales productores, pues, es frutícola por tradición, dado que cuenta con las condiciones adecuadas de clima y suelo para la siembra de diversos frutales, entre ellos el de mango.
Su producción se localiza principalmente en los municipios de El Espinal, Guamo, San Luis, Piedras y Coello. Según la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias -Corpoica- y la Asociación Hortofrutícola de Colombia -Asohofrucol- (2013), la cadena productiva del mango era uno de los subsectores dispuesto a potenciar por el Programa de Transformación Productiva llevando a exportar esta fruta a diferentes países.
Entre tanto, las asociaciones de agroproductores de El Espinal-Colombia promueven el desarrollo agroindustrial y sostenible del agro colombiano como entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario; estas organizaciones se han encargado de empoderar la fuerza productiva del campo con el fin de que los productores sean capaces de producir alimentos de calidad, así como procurar una comercialización sin intermediarios y una transformación de los productos cuidando el entorno. Sus principios corporativos se centran en la democracia, la libertad, la igualdad y respeto, la prevalencia del interés común, la buena fe, la economía circular y la solidaridad.
4. Rasgos sociales, económicos, culturales y ambientales de las asociaciones agroproductoras estudiadas
Al aplicar el instrumento a las organizaciones bajo estudio con respecto al rango de edades de los integrantes de la familia de los asociados, se encontró que 9,4% tienen menos de 18 años, el 22,2% está entre 12 y 18 años, el 38,89% entre 19 y 26 años, el 12,51% entre 27 y 34 años y el 17% restante es mayor de 35 años. Este indicador muestra que la mayoría de los miembros de las familias de los productores son jóvenes, edad que se caracteriza por el deseo de participar en grupos sociales, la búsqueda de oportunidades para mejorar su calidad de vida, mejorar sus ingresos e innovar, crecer y transformar sus espacios.
Desde el punto de vista económico, en donde se quiere comparar el modo de vida de los asociados y los de sus padres, se encuentra que el 50% de los encuestados manifiestan vivir mejor que sus padres, observando que su participación en asociaciones ha sido provechosa, debido al aprendizaje, apoyo y herramientas ofrecidas dentro de ellas, existiendo una colaboración entre productores para su desarrollo socioeconómico. Es así, como el 33,3% señalan también tener un mejor modo de vida; no obstante, también pasan por dificultades relacionadas con el desconocimiento de los cambios e innovaciones sociales, pues la mayoría de sus procesos son empíricos, viendo como las empresas grandes capitalistas les toman ventaja.
Por otro lado, se quiso determinar las preocupaciones económicas y de trabajo de los asociados, reconociendo que el 44,4% se ven muy preocupados debido a la falta de apoyo del Estado ante el financiamiento de sus cultivos, igualmente por las pocas vías de acceso para comercializar sus productos, por el elevado costo de los agroquímicos que se requieren para la producción de la fruta, entre otros. Únicamente el 5,56% señala que muy pocas veces tienen preocupaciones de este tipo, puesto que mantienen una situación económica y laboral estable proveniente de la venta de sus productos mediante la asociación.
Otro aspecto que se analizó, es que el 44,4% de los asociados ha participado en organizaciones sociales, conocen los objetivos solidarios que estas persiguen y sus características, donde el factor determinante no es el capital, sino el trabajo colectivo y el capital social. De esta manera, no buscan maximizar las ganancias, sino una rentabilidad económica en donde se integre la satisfacción de una pluralidad de necesidades humanas.
De esta forma, los asociados reconocen que bajo la economía social y solidaria se sigue una gestión democrática, la igualdad de sus deberes y derechos, distribución equitativa de las ganancias y destinación de excedentes del ejercicio de sus actividades a atender y mejorar los servicios de la comunidad. Solamente el 11,1% de los encuestados señalan que muy pocas veces han hecho parte de organizaciones sociales, pues anteriormente no contaban con la información necesaria sobre los beneficios obtenidos a través de estas entidades.
Desde la perspectiva social, se encontró que el acceso a la educación pública por parte de las familias de los asociados es bajo. Según los resultados, únicamente el 36,67% de los jóvenes y el 53,3% de los niños cuentan con educación siendo un grave problema, dado que en esta edad se forman principios, valores y conocimientos que difícilmente se pueden obtener en la edad adulta; además, se pierde por ejemplo la posibilidad de aprender sobre el mejoramiento de la producción agropecuaria por medio de las innovaciones y tecnologías, así como el acceso a la información de la red por el complejo acceso a internet por la disponibilidad y desconocimiento, situación que es preocupante porque la educación es la herramienta más poderosa para la transformación social de los territorios.
Con respecto a la valoración del acceso a los servicios públicos, el 50% de los asociados indican que el acceso es difícil y la calidad es baja, refiriéndose a los servicios básicos como la electricidad, agua y gas, debido a que existe un acceso limitado por la geografía del terreno donde están ubicadas las casas o fincas productoras, dificultando su prestación eficiente o también por los altos precios que establecen las entidades prestadoras de estos servicios.
No obstante, el 33,3% señalan que el acceso es bueno, en donde, por un lado, puede que su ubicación les permite acceder a ellos de una manera más fácil o, por otro lado, aquellos asociados que están cerca geográficamente y han unido fuerzas para establecer mecanismos o conexiones para lograr tener estos servicios, sin requerir la ayuda del gobierno municipal o las entidades prestantes de los mismos.
Referente a la búsqueda de oportunidades laborales por parte de los jóvenes que hacen parte de las familias de los asociados, el 61,1% manifiesta que regularmente deciden desplazarse a las ciudades para poder recibir una educación de calidad, pues van en busca de oportunidades laborales y profesionales para así incrementar sus ingresos y el de sus familias. Sin embargo, es preocupante porque provoca que haya menos pobladores activos en el sector rural, viéndose reflejado la falta de una mejor educación, creando desventajas en la competitividad de los campesinos en sus productos.
Esto conlleva también a que los jóvenes no puedan colaborar en las labores de cultivo o en la administración de la finca, obligando a sus padres a hacerse cargo de todo o contratar personal de trabajo extra para alcanzar una cosecha o producción óptima, elevando gastos y dejando menos utilidades a los productores principales.
Desde la perspectiva cultural se pretendió conocer la frecuencia en la que los asociados participan en la elección de líderes comunitarios, alcaldes, gobernadores, consejos municipales y asambleas departamentales; a este respecto, se encontró que el 27,78% de los encuestados nunca o pocas veces han participado en la elección de un candidato gubernamental, pues consideran que no cumplen las promesas que se nota en la falta de presencia del Estado en el territorio para suplir sus necesidades, mientras el 16,67% indicó que siempre han participado en este tipo de elecciones, pues reconocen que es un deber y derecho que tienen, aun sabiendo la inacción estatal en la comunidad. No obstante, consideran que es una oportunidad para escoger a los candidatos que ellos mejor les parece para el desarrollo de su territorio; de igual forma, a través de las asociaciones y cooperativas se les ha facilitado su intervención en la democracia, expresando sus problemas y carencias, teniendo un espacio para ser escuchados por el Estado, viéndose reflejado una gobernanza abierta que permita un desarrollo sostenible compartido y la cocreación con la ciudadanía. El 55,55% restante reconoce que no participa con regularidad en estas elecciones, solo ocasionalmente.
Con relación a los aspectos ambientales, se encontró que el 50% de los encuestados no tienen definidas prácticas ambientales para sus labores productivas y de transformación de sus productos, mientras el 33,3% las utilizan ocasionalmente por falta de capacitación o educación ambiental, porque desconocen como desplegar esas buenas prácticas, situación que puede llevar al deterioro del ambiente en el territorio, perdiéndose con más facilidad muchos de los recursos naturales debido a su mal uso, los cuales son fundamentales para los cultivos y el entorno circundante. Solo el 16,67% conocen y aplican con regularidad prácticas ambientales, por lo que es importante que el Estado, las Instituciones de Educación Superior y las empresas privadas sean partícipes al brindarles esa formación y acompañamiento en estos procesos.
Por último, el 56% de los asociados están muy de acuerdo en que el mango y sus productos derivados como los dulces, compotas, mermeladas sean reconocidos a nivel nacional, generándoles orgullo y satisfacción dado su esfuerzo y dedicación por lograr productos de calidad a través de la asociatividad, solidaridad y cooperación entre los productores. Este reconocimiento incentivaría a los jóvenes a regresar al campo, a impulsar su preparación agrícola y técnica, luego de educarse y capacitarse en la ciudad, logrando mayores ingresos económicos, mejoramiento de la calidad de vida y solución a las necesidades básicas de sus familias.
5. Conclusiones
Los rasgos económicos, sociales y culturales son determinantes para una conformación de un territorio solidario, por lo que luego de analizar los resultados se logró encontrar que existen factores tanto favorables como no favorables, en donde los productores de las tres organizaciones de agroproductores de El Espinal señalan que han obtenido muchos beneficios derivados del modelo de economía social y solidaria, pues han logrado empoderarse más, trabajando en conjunto por el bien de todos, llevando a que el modo de vida que tienen sea mejor que la de sus padres desde un aspecto socioeconómico.
No obstante, los productores aún pasan por dificultades, ya que se ven afectados por la falta de apoyo del gobierno para mejorar su calidad de vida, falta de inversión en infraestructura para el desarrollo rural e integral de los territorios, apoyo para los procesos productivos y la distribución, aumento constante de abonos orgánicos y bioinsumos que se requieren para la protección de la fruta y falta de acceso a tecnologías limpias con el fin de aprovechar los residuos, potenciar la producción y transformación de productos de calidad a base del mango.
La inversión en la reparación de las vías de acceso actuales para el campo es vital para garantizar el desarrollo de los territorios solidarios en zonas rurales como la zona de estudio, así como la apertura de unas nuevas vías que faciliten la comercialización de los productos, garantizar el acceso a servicios públicos con regularidad a bajo costo, así como el acceso a salud y educación.
Por otra parte, es importante incentivar la participación frecuente de los productores en organizaciones de economía solidaria, pues reconocen que estas se enfocan en ser eficientes en el mercado, sobresaliendo los objetivos sociales, buscando una democratización de la economía desde la reciprocidad, la redistribución y el apoyo mutuo.
Un aspecto preocupante es que pocos jóvenes pertenecientes a las familias de los asociados acceden a una educación, ya que en el municipio o zona rural hay escasez de IES y las que hay son privadas, dificultando su acceso a ellas por sus limitados recursos económicos. Como consecuencia, se aumenta el desplazamiento de jóvenes a la ciudad, con el fin de obtener mejores oportunidades profesionales y laborales, disminuyendo el crecimiento del territorio, además de la fragmentación de la familia.
Bajo esta premisa, es importante que las asociaciones conviertan la educación en un pilar fundamental en el paradigma cooperativo, permitiendo que todos sus socios y sus familias reciban una formación de calidad, aprendiendo de las nuevas tecnologías, innovaciones, cambios sociales y globales en el desarrollo agroindustrial desde un enfoque solidario, enseñándoles también a consolidar las herramientas que tienen a su disposición y para su beneficio y concientizándolos del modelo de gestión humano que utilizan para generar elementos de conciencia y riqueza colectiva sostenible.
En cuanto a rasgos culturales y de participación ciudadana, los asociados reconocen su nula o baja participación en las elecciones de gobernantes o alcaldes, debido a la cantidad de promesas incumplidas y el poco interés de los mandatarios por el sector rural; sin embargo, otros asociados aún siguen confiando en que al cumplir su deber pueden ser tomados en cuenta para la toma de decisiones de políticas públicas que contribuyan al crecimiento y desarrollo de dicho sector. En relación con la cultura ambiental, las asociaciones deben prestar mayor atención a las prácticas que se utilizan para realizar las labores productivas y de transformación, evitando pérdidas de los recursos naturales, por lo cual se requiere de capacitación y formación llevando a cabo una agricultura sostenible.
Finalmente, se concluye que, para la construcción de un territorio solidario, en el caso de las asociaciones agroproductoras analizadas, se deben fortalecer aspectos que son característicos en este tipo de territorio; aun así, ya se cuenta con una cultura de solidaridad, asociatividad y diálogo y ejercicio de una democracia participativa en la búsqueda de mayores ingresos y una mejor calidad de vida. Para la conformación de estos territorios es clave la participación del Estado, apoyo financiero e infraestructura vial y tecnológica en lo que las IES pueden aportar, ofreciendo espacios de aprendizaje de calidad asequibles, generando mayores conocimientos, habilidades, competencias en diversos temas, en especial que fortalezcan el campo, la agricultura familiar, las asociaciones, cooperativas y demás organizaciones que conformen el territorio solidario.
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