Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 28 No. Especial 9, 2023, 731-744
ENERO-JUNIO
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Cómo citar: Builes Zapata, S. E. (2023). Interculturalidad y política pública colombiana. Revista Venezolana De Gerencia, 28(No. Especial 9), 731-744. https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.e9.45
Interculturalidad y política pública colombiana*
Builes Zapata, Suleica Elvira**
Resumen
La interculturalidad se refiere a la relación equitativa, respetuosa y horizontal entre culturas diferentes. En el contexto actual, donde la globalización y la migración están aumentando la diversidad cultural en todo el mundo, la interculturalidad se considera una necesidad para promover la paz y el desarrollo sostenible. El escenario actual de la interculturalidad en Colombia presenta desafíos significativos, pero también avances y oportunidades para la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural. La discriminación y el racismo siguen siendo problemas graves en el país, y muchos grupos étnicos y culturales enfrentan barreras estructurales en el acceso a oportunidades y recursos. Este trabajo busca describir cómo se ha implementado la interculturalidad en las políticas públicas de Colombia. La metodología responde a una revisión teórico-documental. Se encontró que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece la protección de la diversidad étnica y cultural del país y reconoce la importancia de la interculturalidad en la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. A pesar de los avances normativos y las políticas implementadas, persisten profundas desigualdades estructurales que afectan a las comunidades interculturales. Enfrentar estos desafíos requiere un enfoque integral y concertado, que involucre a diferentes actores y sectores de la sociedad.
Palabras clave: Interculturalidad; políticas públicas; Colombia.
Recibido: 30.07.22 Aceptado: 31.10.22
* El artículo describe una investigación en la Universidad de la Guajira sobre estrategias didácticas para enseñar inglés a niños en un colegio en Fonseca, La Guajira. La investigación busca generar conocimiento y agradece el apoyo de la dirección de investigación de la universidad para fortalecer el aprendizaje del inglés y la cultura regional a través de la interculturalidad y la inclusión de los estudiantes en actividades de investigación e innovación
** Miembro del grupo de Investigación: SMART GROUP del Centro de lenguas– Facultad de Educación- Universidad de La Guajira – Riohacha. Magíster y especialista en la enseñanza del inglés. Universidad del norte. Barranquilla- Colombia. Profesional en negocios internacionales, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga-Colombia. Docente de inglés de la Universidad de la Guajira, adscrita a la Facultad de ciencias de la educación y líder del grupo de investigación Smart Group. (Guajira-Colombia). Email: suleicabuiles@uniguajira.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3707-2377
Interculturality and Colombian public policy
Abstract
Interculturality refers to the equitable, respectful and horizontal relationship between different cultures. In the current context, where globalization and migration are increasing cultural diversity throughout the world, interculturality is considered a necessity to promote peace and sustainable development. The current scenario of interculturality in Colombia presents significant challenges, but also advances and opportunities for the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue. Discrimination and racism remain serious problems in the country, and many ethnic and cultural groups face structural barriers in accessing opportunities and resources. This work seeks to describe how interculturality has been implemented in public policies in Colombia. The methodology responds to a theoretical-documentary review. It was found that the Political Constitution of Colombia of 1991 establishes the protection of the ethnic and cultural diversity of the country and recognizes the importance of interculturality in the construction of a democratic and inclusive society. Despite regulatory advances and implemented policies, deep structural inequalities persist that affect intercultural communities. Facing these challenges requires a comprehensive and concerted approach, involving different actors and sectors of society.
Keywords: Interculturality; public policies; Colombia.
1. Introducción
La interculturalidad se refiere a la relación equitativa, respetuosa y horizontal entre culturas diferentes. En el contexto actual, donde la globalización y la migración están aumentando la diversidad cultural en todo el mundo, la interculturalidad se considera una necesidad para promover la paz y el desarrollo sostenible (Camino-Esturo, 2018; Bilbeny, 2004; Fornet-Betancourt, 2001).
El concepto de interculturalidad surge como una respuesta a la necesidad de promover la igualdad y el respeto entre las culturas diferentes en un mundo cada vez más diverso y globalizado. Históricamente, las culturas han interactuado entre sí, pero no siempre ha sido en un contexto de igualdad y respeto mutuo. En este sentido, la interculturalidad se originó como una respuesta a la necesidad de superar el racismo, la discriminación y la exclusión que han sido resultado de la falta de respeto y valoración de la diversidad cultural (García et al, 2007; Martínez et al, 2022).
Este concepto se acuñó a finales de los años 60 y principios de los años 70 del siglo XX, en el contexto de la lucha contra el racismo y la discriminación en América Latina y otras partes del mundo (Dietz, 2017). Fue desarrollado por intelectuales y activistas que buscaban un nuevo enfoque para abordar la diversidad cultural, que superara la visión eurocéntrica y la imposición cultural que se había promovido durante la colonización (Quijano, 2005).
Desde entonces, el concepto de interculturalidad ha evolucionado y se ha utilizado en diferentes contextos y disciplinas, incluyendo la educación, la política, la antropología, la sociología, entre otras. Hoy en día, la interculturalidad se considera una necesidad para promover la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible en medio de la diversidad y la globalización (Márquez-Fernández, 2018).
La importancia de la interculturalidad radica en su capacidad para promover el respeto, la comprensión y la valoración de la diversidad cultural, lo cual contribuye a construir sociedades más justas, pacíficas y equitativas (Salazar, 2009; Prado et al, 2021; Saldaña, 2022). La interculturalidad reconoce la igualdad de derechos y oportunidades de todas las culturas, lo cual es fundamental para construir sociedades inclusivas y equitativas. De igual modo, promueve el diálogo y la comunicación entre culturas para construir un entendimiento mutuo y evitar malentendidos, lo cual es clave para la construcción de la paz y la convivencia pacífica (Sandoval, 2016; Pedrero-García et al, 2017; Sandoval y Capera, 2021).
La interculturalidad reconoce la importancia de la diversidad cultural y del conocimiento ancestral de los pueblos, lo cual puede ser fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades y la conservación de la biodiversidad (González et al, 2005). Del mismo modo, fomenta la creatividad y la innovación al permitir el intercambio y la combinación de ideas y perspectivas de diferentes culturas (Pedrero-García et al, 2017). Así mismo, promueve el respeto y la valoración de la diversidad cultural, lo cual puede contribuir a combatir el racismo, la discriminación y la exclusión (Pazos, 2017; Velasco, 2007).
Es fundamental la promoción de la interculturalidad a través de políticas públicas que faciliten a los gobiernos e instituciones valorar la diversidad cultural en sus respectivos territorios y comunidades. Las políticas públicas que promueven la interculturalidad contribuyen a combatir el racismo, la discriminación y la exclusión, al fomentar el respeto y la valoración de la diversidad cultural, del mismo modo, fomenta la creatividad y la innovación al permitir el intercambio y la combinación de ideas y perspectivas de diferentes culturas (Cruz, 2014).
El escenario actual de la interculturalidad en Colombia presenta desafíos significativos, pero también avances y oportunidades para la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Por un lado, Colombia ha avanzado en la promoción de la interculturalidad a través de políticas públicas y acciones afirmativas que buscan reconocer y valorar la diversidad cultural del país. En este sentido, la Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce la diversidad cultural y étnica de la nación y establece medidas de protección y promoción de los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y demás grupos étnicos. Además, el país ha suscrito convenios y tratados internacionales que reconocen la importancia de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Por otro lado, persisten desafíos importantes en la promoción de la interculturalidad en Colombia. La discriminación y el racismo siguen siendo problemas graves en el país, y muchos grupos étnicos y culturales enfrentan barreras estructurales en el acceso a oportunidades y recursos (Observatorio de discriminación racial, 2009). Además, los conflictos armados y la violencia han afectado particularmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, vulnerando sus derechos y limitando su capacidad para ejercer su cultura y su autonomía (Comisión de la verdad, 2020).
En este contexto, es necesario seguir trabajando en la promoción de la interculturalidad a través de políticas públicas y acciones afirmativas que reconozcan y valoren la diversidad cultural, promuevan el diálogo intercultural y la convivencia pacífica, y garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico o cultural. La promoción de la interculturalidad a través de políticas públicas en Colombia es especialmente importante debido a la diversidad cultural que caracteriza al país. Colombia es el hogar de una gran variedad de pueblos y culturas, cada uno con su propia historia, tradiciones y formas de vida, lo cual es reconocido en la Constitución Política de Colombia (1991).
De este modo, el objetivo del presente trabajo es describir cómo se ha implementado la interculturalidad en las políticas públicas de Colombia. Para ello, se ejecutó la metodología de investigación teórica, documental y bibliográfica, la cual se basa en la revisión y análisis de diversas fuentes de información escrita, como libros, artículos de revistas especializadas, informes, tesis, entre otros. Este tipo de investigación se enfoca en analizar y sintetizar el conocimiento existente sobre un tema específico, con el objetivo de profundizar en su comprensión y generar nuevos conocimientos teóricos (Tancara, 1993).
2. Interculturalidad: conceptos clave
La interculturalidad se define como la relación entre diferentes culturas (Valledor et al, 2020). La convivencia entre distintas culturas y la construcción de una sociedad diversa requiere la implementación de políticas públicas de interculturalidad para el desarrollo pleno de la persona y la sociedad (D’Agostin, 2021). La ejecución de acciones en el marco de la interculturalidad por parte de la administración pública es esencial para garantizar una atención eficaz y eficiente de los pueblos ancestrales y comunidades de interés, como es el caso de los migrantes, estudiantes internacionales, entre otros (Choccata y Villanueva, 2023).
La perspectiva de la interculturalidad es un principio que debe regir en la elaboración de las políticas públicas. Ante la cada vez mayor movilidad internacional, se producen mayores contactos culturales entre diferentes grupos, siendo la interculturalidad la opción necesaria para que haya un diálogo entre saberes y atender la idea de diversidad (Santos, 2008). La interculturalidad es el medio a través del cual se comprenden mutuamente las diferentes culturas (Silva, 2003).
La interculturalidad implica descentralizar los puntos de vista y ampliar las visiones del mundo. Para lograr este objetivo, es necesario que las sociedades aprendan a liberarse de las posturas etnocéntricas y abran su mente a otras ópticas igualmente enriquecedoras. Es fundamental reconocer explícitamente los derechos de las entidades y grupos socioculturales distintos (García et al, 2007). Lo anterior se vincula con la construcción de un conocimiento distinto, una práctica política diferente, y una sociedad alternativa. Se trata de una forma diferente de pensamiento que se relaciona con y se contrapone a la modernidad/colonialidad, y que se concibe a través de la praxis política. Todo esto constituye un paradigma distinto al convencional (Walsh, 2007).
Para comprender la interculturalidad, es fundamental conocer algunos aspectos asociados a ella, como el respeto y fortalecimiento de las diferencias culturales y valorarlas como elementos enriquecedores de la propia cultura (Cárdenas y Aguilar, 2015). Del mismo modo, todos los grupos y sujetos culturales deben tener los mismos derechos y oportunidades para desarrollarse plenamente, sin importar su origen cultural (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2010), siempre enmarcados en el respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales. Los grupos culturales que atentan contra los derechos humanos fundamentales deben ser tratados en consonancia con el Estado de derecho y los principios del respeto a los derechos humanos.
La interculturalidad promueve el diálogo y la comunicación entre culturas para construir un entendimiento mutuo y evitar malentendidos, del mismo modo, no busca la eliminación de las diferencias culturales, sino la construcción de una identidad colectiva que respete y valore la diversidad, fomentando la colaboración y el apoyo mutuo entre culturas para resolver problemas comunes y construir un mundo más justo y equitativo (González y Noreña, 2010; Gómez-Muller, 2020).
3. Antecedentes de políticas públicas
La interculturalidad en Colombia ha sido un tema de gran relevancia a lo largo de su historia. Desde tiempos ancestrales, este territorio ha sido habitado por diversas comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas que han construido la cultura y la identidad del país. A lo largo de los siglos, se han gestado procesos de encuentro, mestizaje y convivencia entre diferentes grupos étnicos, generando una rica diversidad cultural que ha permeado todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Para comprender el presente y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, es esencial explorar los antecedentes históricos de la interculturalidad en Colombia, reconociendo los desafíos, logros y aprendizajes que han marcado el camino hacia la construcción de una sociedad interculturalmente vibrante y respetuosa de la diversidad.
Pineda (1997) considera que, con la fundación de la República de Colombia, se produjo un cambio significativo en la situación de los indígenas, quienes fueron considerados como ciudadanos con la supuesta igualdad de derechos, al menos de manera formal, en comparación con la mayoría de los colombianos (exceptuando a los esclavos). Fue a través de la Constitución de Cúcuta de 1821 que se tomaron medidas que supuestamente buscaban su beneficio, como la abolición del pago del tributo personal y el servicio personal obligatorio. Además, se ordenó la división de los resguardos, que eran territorios de propiedad colectiva bajo la autoridad de los cabildos indígenas. Estas disposiciones se justificaron como una forma de otorgar a los indígenas el acceso a la propiedad privada, supuestamente otorgándoles un mayor estatus y oportunidades.
Tras el triunfo de la Regeneración y la promulgación de la Constitución de 1886, que se inspiró en una ideología católica e hispanista, se produjo una revalorización y exaltación del pasado colonial, y se concedió un papel especial a la religión católica como elemento esencial del orden social de la Nación. En este contexto, se aprobó la ley 89 de 1890, la cual establecía las pautas para gobernar a los pueblos indígenas que se estuvieran civilizando. Aunque esta ley mantenía una visión negativa de los indígenas, etiquetándolos como semicivilizados o salvajes, proponía retomar una política de manejo indirecto de los indígenas, similar a la época colonial, mediante el reconocimiento de sus cabildos y la preservación de sus tierras en forma colectiva, al tiempo que se buscaba su disolución definitiva. Los indígenas quedaron excluidos de la legislación general de la República y quedaron bajo la tutela de las misiones católicas, siendo considerados menores de edad en relación con el régimen civil y penal de la Nación (Pineda, 1997).
Ejemplo de esta política, fue la promulgación de la ley 89 de 1890, conocida como la “Ley de reducción de los salvajes a la vida civilizada”. Esta fue una normativa promulgada en Colombia que buscaba establecer la forma en que debían ser gobernadas las comunidades indígenas que se estaban integrando a la vida civilizada. Esta ley reflejaba una visión paternalista y asimilacionista hacia los pueblos indígenas.
Uno de los aspectos importantes de esta ley fue que reconocía la existencia de los cabildos indígenas como órganos de gobierno, y otorgaba a las comunidades indígenas el derecho a mantener su propiedad colectiva sobre las tierras en los resguardos. Sin embargo, al mismo tiempo, la ley establecía que estos resguardos podían ser divididos y vendidos en subastas públicas, lo que generó un riesgo para la integridad territorial de las comunidades indígenas (Congreso de la República de Colombia, 1890).
La ley 89 de 1890 también establecía que los indígenas quedaban sujetos a la tutela de las misiones católicas, quienes ejercían un control sobre su vida civil y religiosa. Además, se consideraba a los indígenas como “menores de edad” en términos de su régimen civil y penal, lo que implicaba que estaban excluidos de la legislación general de la República.
En la década de 1920, surgieron en el país nuevos movimientos sociales que impulsaron una visión más valorativa de la cultura y la sociedad indígena. Algunos de estos movimientos consideraban a la indianidad como la base de la identidad nacional, mientras que otros veían en los resguardos un posible modelo para la futura organización socialista (Pineda, 1997). A pesar de la promulgación de la ley de tierras en 1936, durante el gobierno de López Pumarejo, que reconocía la función social de la propiedad, la perspectiva institucional hacia las comunidades indígenas se mantuvo influenciada por los parámetros establecidos en la ley 89.
En 1941, se fundó el Instituto Indigenista Colombiano, esta entidad privada defendió los resguardos indígenas y sentó las bases de una nueva política indigenista en Colombia. A partir de 1946, se intensificó la lucha en contra de la propiedad colectiva indígena. El Estado promovió una política de negación de las culturas y sociedades indígenas, alimentada por la percepción de que los indígenas y los afrodescendientes eran un estigma de inferioridad racial (Pineda, 1997).
Tras el establecimiento del Frente Nacional, se abrió paso a una nueva política indigenista en Colombia con la creación de la Oficina de Negocios Indígenas, que luego se convirtió en la División de Asuntos Indígenas, adscrita al Ministerio de Gobierno. La ley 135 de 1961 delineó una nueva política agraria para las tierras indígenas, lo que posibilitó la creación de nuevos resguardos. La adhesión de Colombia al Convenio 107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1967 (ley 31) permitió defender ciertos grados de autonomía, así como la constitución de reservas y resguardos indígenas.
Durante las décadas de 1970 y 1980, la lucha de los movimientos sociales indígenas fue crucial para la recuperación de la tierra y la revitalización de la lengua y la cultura. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y otras organizaciones indígenas se enfocaron en la recuperación de la tierra y el fortalecimiento de su identidad cultural. A partir de 1980, se inició un proceso de creación de grandes resguardos en la Amazonia y otras regiones, aprovechando tierras consideradas baldías.
En 1988, durante la presidencia de Virgilio Barco, se creó el Predio Putumayo, con una extensión de casi 6.000.000 de hectáreas, en beneficio de grupos indígenas como los uitotos, boras y andoques en el departamento del Amazonas. Aunque no se resolvieron todos los problemas, esta política permitió que muchos pueblos indígenas obtuvieran el control legal de la tierra, aunque el subsuelo y sus recursos quedaron reservados como propiedad de la nación.
En 1978, el Ministerio de Educación adoptó la etnoeducación como política oficial para los pueblos indígenas, promoviendo la educación bilingüe e intercultural. En 1980, Planeación Nacional desarrolló un Plan de Desarrollo Indígena que buscaba ajustarse a las particularidades culturales de cada pueblo. El Estado, al menos en algunas regiones, comenzó a responder a diversas demandas planteadas por las organizaciones indígenas, que se negaban a ser actores pasivos. Estas políticas en relación con las comunidades indígenas se enmarcaron dentro del concepto de etnodesarrollo, que promovía la participación de los propios indígenas en la definición e implementación de la política.
Si bien es cierto que estas nuevas herramientas legales y acciones estatales no resolvieron muchos de los problemas más acuciantes de las comunidades indígenas, sí abrieron nuevas posibilidades para el reconocimiento de los pueblos indígenas y su inclusión en diversos ámbitos de la vida local, regional y nacional (Pineda, 1997). Además, sentaron las bases legales y la experiencia necesarias para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de 1991.
4. Legislación actual sobre interculturalidad
En 1990 se realizó la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución Política de 1991, la cual reconoció la diversidad étnica y cultural del país y estableció el derecho a la diversidad étnica y cultural. El marco legal sobre políticas de interculturalidad en Colombia se encuentra establecido en la Constitución Política de 1991 y diversas leyes y decretos que han sido expedidos desde entonces.
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece la protección de la diversidad étnica y cultural del país y reconoce la importancia de la interculturalidad en la construcción de una sociedad democrática e inclusiva (Grueso, 2013; Cuchumbé, 2012). Se reconoce el derecho a la autonomía, la participación política y la preservación de sus tradiciones y territorios. A continuación, en el cuadro 1 se presentan algunos de los principales artículos en la materia:
Cuadro 1
Artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991
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Artículo |
Descripción |
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Artículo 7 |
Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, así como el deber del Estado de proteger la riqueza cultural de la Nación. |
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Artículo 8 |
Reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen la preservación de su identidad cultural, el acceso a la tierra y los recursos naturales, y el desarrollo de sus propias instituciones. |
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Artículo 10 |
Reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Colombia, y el deber del Estado de promover la igualdad de todas las personas sin discriminación por razones culturales o étnicas. |
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Artículo 70 |
Reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad, y la obligación del Estado y la sociedad de garantizar la conservación y protección del patrimonio cultural y natural del país. |
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Artículo 71 |
Reconocimiento del derecho de todas las personas a acceder y participar en la cultura, así como a disfrutar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. |
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Artículo 72 |
Garantía de los derechos de las comunidades afrocolombianas, incluyendo la protección y promoción de su diversidad cultural, territorial y política. |
Fuente: Elaboración propia.
Por otro lado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales es un instrumento internacional vinculante que establece los derechos de los pueblos indígenas y tribales en relación con su cultura, territorio, consulta y participación en la toma de decisiones que les afecten. Colombia ratificó el Convenio 169 en 1991, lo que implica que el Estado colombiano tiene la obligación de implementar las disposiciones del Convenio y de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales reconocidos en él.
En este sentido, el Convenio 169 ha sido un referente importante en la elaboración de políticas públicas enfocadas en la interculturalidad y en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en Colombia. Este instrumento busca promover el respeto a la identidad, cultura, tierras y recursos de estos pueblos, así como garantizar su participación en decisiones que los afecten.
Algunos de los aspectos clave del Convenio 169 de la OIT se refieren al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan, así como a utilizar y controlar los recursos naturales presentes en esas tierras. Del mismo modo, establece el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones que puedan afectar sus derechos, mediante consultas y procedimientos apropiados. Así mismo, reconoce y protege la cultura, costumbres, idiomas y tradiciones de los pueblos indígenas, así como su derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones y formas de vida.
Este convenio, busca garantizar a los pueblos indígenas el derecho al empleo, la igualdad de oportunidades, la seguridad social y la participación en programas de desarrollo. Reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y tribales, considerando su situación particular y sus formas de vida.
El Convenio 169 de la OIT implica la adopción de políticas y acciones concretas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y tribales en diferentes ámbitos, incluyendo la participación, la consulta, la protección de la tierra y los recursos, y el respeto a su identidad cultural.
Del mismo modo, existen un conjunto de leyes y decretos que reconocen los derechos de las comunidades indígenas en el territorio colombiano. La Ley 21 de 1991 establece la política nacional para el desarrollo de las comunidades indígenas y reconoce la diversidad cultural y étnica del país. La Ley 70 de 1993 reconoce los derechos territoriales, culturales y políticos de las comunidades negras y afrodescendientes del país. Esta ley reconoce y protege los derechos de las comunidades negras en Colombia, estableciendo medidas para la protección de sus territorios, la preservación de su cultura y la promoción de su participación política y social. La Ley 115 de 1994 establece el derecho a una educación intercultural y bilingüe, que promueva el respeto y la valoración de la diversidad cultural. El Decreto 804 de 1995 establece el reglamento para la atención de las comunidades indígenas y afrocolombianas en el sistema de salud. La Ley 1753 de 2015 establece la política de atención integral en salud para la población indígena y afrocolombiana.
De igual modo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, incluye acciones y metas para promover la inclusión social, étnica y cultural, así como el reconocimiento y fortalecimiento de las comunidades étnicas, fomentando la participación activa y la eliminación de la discriminación. Estas políticas buscan garantizar los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en áreas como educación, salud, vivienda, trabajo, acceso a la justicia y participación política (Berrío et al, 2020).
En esta dirección, también se encuentra el Programa Nacional de Concertación Cultural, el cual tiene como objetivo fortalecer las expresiones culturales de las comunidades étnicas y promover la diversidad cultural en el país, a través del apoyo a proyectos culturales y artísticos (Ministerio de cultura, 2023).
El marco legal vigente en Colombia reconoce la importancia de la interculturalidad y la diversidad étnica y cultural del país, y establece políticas y normas específicas para la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Estas son solo algunas de las políticas públicas en materia de interculturalidad en Colombia, y es importante destacar que existen otras iniciativas y programas a nivel regional y local que también contribuyen a la promoción de la diversidad cultural y la igualdad de derechos.
5. Interculturalidad en las políticas públicas de Colombia: evaluación de los resultados
La implementación de políticas públicas interculturales en Colombia ha tenido un impacto significativo en las comunidades interculturales del país. Estas políticas buscan promover la inclusión, el reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural y étnica de Colombia, así como garantizar los derechos y la participación de las comunidades indígenas, afrodescendientes y otras minorías étnicas en la toma de decisiones que afectan sus vidas.
Uno de los avances importantes en la implementación de políticas interculturales en Colombia fue la adopción de la Constitución Política de 1991, que reconoce la diversidad étnica y cultural del país y establece el deber del Estado de proteger y promover los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Esta Constitución sentó las bases para el desarrollo de políticas públicas inclusivas y participativas que buscan superar las desigualdades históricas y promover la equidad en el acceso a servicios básicos, educación, salud, tierras y recursos naturales.
A lo largo de los años, se han implementado diferentes programas y proyectos interculturales en áreas como la educación, la salud, el desarrollo económico y la participación política. Estas iniciativas buscan fortalecer la identidad cultural de las comunidades, preservar sus conocimientos tradicionales y promover la valoración y el respeto por su patrimonio cultural.
No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos en la implementación efectiva de las políticas interculturales en Colombia. Algunas comunidades aún enfrentan discriminación, exclusión y falta de acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. La brecha entre las políticas públicas y su implementación efectiva en el terreno sigue siendo un desafío, así como la falta de coordinación interinstitucional y la falta de recursos adecuados destinados a programas interculturales.
Es fundamental fortalecer la participación y el diálogo con las comunidades interculturales para garantizar que las políticas públicas respondan a sus necesidades y realidades específicas. Además, se requiere un enfoque integral que aborde las múltiples dimensiones de la interculturalidad, incluyendo aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales.
6. Conclusiones
La promoción de la interculturalidad a través de políticas públicas puede ayudar a fortalecer la identidad cultural de los diferentes grupos étnicos y culturales en Colombia, del mismo modo, pueden ayudar a reconocer y valorar la diversidad cultural del país, lo cual es fundamental para construir una sociedad más inclusiva y equitativa.
Este reconocimiento también contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades y al cuidado del medio ambiente, ya que reconoce la importancia del conocimiento ancestral y la conservación de la biodiversidad. De la misma manera, contribuye a prevenir conflictos y a fomentar la convivencia pacífica entre los diferentes grupos étnicos y culturales en Colombia, garantizando el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico o cultural.
A pesar de los avances normativos y las políticas implementadas, persisten profundas desigualdades estructurales que afectan a las comunidades interculturales. Estas desigualdades se reflejan en el acceso limitado a servicios básicos, la falta de oportunidades económicas, la discriminación y la exclusión social. Del mismo modo, la falta de recursos financieros y técnicos destinados a la implementación de políticas interculturales es un desafío importante. Muchas veces, los programas y proyectos diseñados para las comunidades interculturales carecen de presupuesto suficiente para ser efectivos y sostenibles a largo plazo.
Existe una necesidad de mejorar la coordinación y articulación entre las diferentes entidades estatales y organizaciones involucradas en la implementación de políticas interculturales. La falta de coordinación puede conducir a duplicación de esfuerzos, solapamiento de intervenciones y falta de coherencia en las acciones emprendidas.
Aunque se ha promovido la participación de las comunidades interculturales en la toma de decisiones que afectan sus vidas, aún existen desafíos para lograr una participación significativa y efectiva. Es necesario fortalecer los mecanismos de participación y empoderamiento de las comunidades, asegurando que sean consultadas y tengan voz en la formulación, implementación y evaluación de las políticas interculturales.
A pesar de los esfuerzos por promover la valoración y el respeto por la diversidad cultural, persisten estereotipos, prejuicios y discriminación hacia las comunidades interculturales. Es necesario fomentar una cultura de respeto, tolerancia y valoración de la diversidad cultural en la sociedad en general.
En esta misma dirección, la sostenibilidad de las políticas interculturales es un desafío importante. Muchas veces, las intervenciones se limitan a proyectos a corto plazo sin una estrategia clara para su continuidad y sostenibilidad a largo plazo. Es necesario desarrollar políticas y programas que sean sostenibles en el tiempo y que puedan generar un impacto duradero en las comunidades interculturales.
Enfrentar estos desafíos requiere un enfoque integral y concertado, que involucre a diferentes actores y sectores de la sociedad. Es fundamental contar con un compromiso político sólido, asignación de recursos adecuados, fortalecimiento de capacidades, promoción de la participación activa de las comunidades y una evaluación constante de las políticas implementadas para realizar ajustes necesarios.
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