Universidad del Zulia (LUZ)

Revista Venezolana de Gerencia (RVG)

Año 27 No. 100, 2022, 1860-1867

ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Cómo citar: Luque González, A. (2022). El inicio de la historia y América Latina. Revista Venezolana De Gerencia, 27(100), 1860-1867. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.100.34

* Ph.D. en ciencias jurídicas y sociales. Investigador en la Universidad Técnica de Manabí, (Ecuador) y en el Observatorio Euromediterráneo de Políticas Públicas y Calidad Democrática en la Universidad Rey Juan Carlos (España). Desarrolló varios proyectos de investigación junto a la Universidad del País Vasco y URJC y el Ministerio de Trabajo Español entre otros, dirige tres doctorados (Ph.D.) y posee más de 80 artículos indexados. Su tema principal de investigación es la Responsabilidad Social Empresarial y su relación con los DDHH, la precariedad laboral, la ética empresarial y cooperativa todo ello bajo los procesos de economía social. Email: arturo.luque@utm.edu.ec ORDCID: https://orcid.org/0000-0002-4872-891X

El inicio de la historia y América Latina

Luque González, Arturo*

El mundo tal y como lo conocíamos se ha volatizado. Todo ha cambiado, aunque los problemas siguen siendo los mismos, pobreza, desigualdad y depredación ambiental bajo un denominador común: una inamovible jerarquía mundial. A pesar de eso, nada será igual empezando por los procesos de incertidumbre global generados desde arriba. Estos se promueven por parte de grandes empresas transnacionales, organismos supranacionales, gobiernos ávidos de inversión y procesos de genuflexión estatal que han apostatado ante grandes oligarquías que promueven procesos de depredación ambiental -guerras incluidas para apropiarse de todo tipo de recursos naturales- estableciendo procesos de responsabilidad social empresarial como solución sin ningún tipo de exigibilidad (Luque & Herrero-García, 2019).La realidad ya no da para más y el sueño (no solo) americano del continente se desvanece tal y como se interiorizaba en cualquier película de sobremesa.

En la actualidad no todo es posible y esas políticas de barra libre de contaminación y falta de derechos laborales en las icónicas imágenes de la Revolución Industrial han pasado a mejor vida; la realidad existente no para de mandar señales de auxilio; la economía interioriza de primera mano la incertidumbre. En América Latina y el Caribe partir del año 2015 bajó la demanda de materias primas y por lo tanto los precios. La caída en las exportaciones no ha podido ser reequilibrada mediante reformas tributarias perdiendo de manera consustancial ingresos fiscales y por lo tanto aumentando el déficit fiscal implementando como solución más endeudamiento, bien a través del Fondo Monetario Internacional o a través de la banca privada generando situaciones de inestabilidad. Procesos que generan dependencia y sometimiento en circuitos básicos como la alimentación (Ziegler, 2013) o la inversión en proyectos de hidrógeno a partir de inversión pública en las empresas contaminantes y extractivas de siempre (Comisión Europea, 2022).

La realidad conduce de manera inapelable a nuevas formas de administración ética y responsable. Estas deben ser desarrolladas y desplegadas ante la catarsis social existente a nivel global y en especial en buena parte del continente americano. A título preliminar, el número de personas que viven en situación de pobreza en América Latina y el Caribe es 14 millones superior al del año 2019, de hecho 44 millones de personas pasaron a sufrir inseguridad alimentaria y 21 millones de ellas se hallaban en situación de inseguridad alimentaria severa (Amnistía Internacional, 2022). La región ha perdido más de 26 millones de empleos incidiendo sobremanera en personas jóvenes, mujeres y buena parte de la economía informal (Organización Internacional del Trabajo, 2021). Además. de acuerdo con el Banco Mundial (2021), “en 2020, la clase media se redujo a 37,3% de la población, la clase vulnerable creció a 38,5% y los pobres representaron el 21,8% de la población de América Latina y el Caribe”. Circunstancias que concentran de manera endógena altos índices de informalidad y precariedad que nada tienen que ver con el emprendimiento (Luque, 2022).

La recodificación del sistema monetario y financiero se deviene como impostergable. La acumulación del capital es extraordinariamente desigual expulsando a buena parte de la población del sistema, además de acelerar el número de personas excluidas. Tales circunstancias representan una alta pérdida económica y social además de generar una clara falta de esperanza. La economía de casino se despliega como norma y no como excepción sustituyendo el mantra de tierra-trabajo-capital por tierra-especulación-capital cimbreando la reproductividad del método científico aplicado antaño a la economía en cualquier latitud. Se especula, y los resultados son impredecibles para el común de los mortales. Las reglas económicas imperantes hacen ver que solo existe un camino: el consumo en masa y el pago de todo tipo de servicios básicos a precios prohibitivos sin levantar las pestañas. Cabe recordar que el ejercicio de la democracia por parte de buena parte de la ciudadanía está relacionado con su capacidad de gasto en la tarjeta de crédito. A partir de ahí se teledirige el ocio hacia grandes centros comerciales laminando con ello, tanto por acción como por omisión, la vida en sociedad a partir de un ocio sin gasto y una mayor participación social. En palabras de Francisco & Bergoglio (2015, p.114): “la política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia [...] la crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia”. Proclamas fallidas ante políticas amparadas y teledirigidas por bancos centrales y organismos de control dispuestos a censurar cualquier tipo de medida que atente en contra de su cuenta de resultados, es decir, hasta el ordoliberalismo “social” se atreve a hacer concesiones promoviendo cambios siempre que no afecten a la cuenta de resultados de sus empresas.

A pesar de lo anteriormente señalado, hay esperanza. Francis Fukuyama, (2022), politólogo que a principios de los noventa dictaminó el “fin de la historia” no ha tenido más que sucumbir a ella señalando que “los neoliberales fueron demasiado lejos. Ahora hacen falta más políticas socialdemócratas”. Con ello se evidencia que no se puede construir una sociedad asentada en una falta de pilares éticos impulsando la degeneración de los valores por los cuales se rige la propia sociedad independientemente de que la bolsa siga acumulando beneficios puesto que tal circunstancia no es sinónimo de equidad, salud y buen vivir. Como ejemplo, las ganancias del CAC 40 -índice bursátil francés-, de 160.000 millones de euros en el año 2021 han pulverizado el récord histórico de beneficios alcanzado quince años atrás. Situación que evidencia a los de dentro y a los de afuera, es decir, determinadas castas pueden ser cada vez más ricas y obtener mayor y mejores beneficios sociales mientras que otra buena parte camina hacia el abismo. Recordemos que las personas que conforman las clases sociales son los sujetos responsables de producir, reproducir, apropiarse y gestionar la riqueza económica en las comunidades humanas. Con ello se muestra la voracidad económica alejada de los cánones de solidaridad, esto va de dinero y nadie está dispuesto a perderlo (Fraser, 2022). De ahí la necesidad de establecer límites al crecimiento económico al menos tal y como está concebido en la actualidad y en definitiva establecer modelos de gestión más justos, más éticos y más solidarios unidos a una participación social efectiva. De acuerdo con Meadows et al., (2006), el crecimiento económico se debe entender como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Las evidencias son aplastantes y la exploración de políticas públicas novedosas junto a una gestión social-responsable se acontecen como necesarias.

El cambio climático y la degradación ambiental no son un problema menor, de hecho, ejemplifican la voracidad humana condicionando la interdependencia de los ecosistemas y por tanto la vida en sociedad. De acuerdo con IPCC -Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas- (2022), compuesto por 270 científicos y científicas de 67 países los cuales después de revisar más de 34.000 artículos de investigación han llegado a la conclusión de que el calentamiento global inducido por los seres humanos compromete “el bienestar humano y la salud planetaria” y que el alcance y la magnitud de los impactos son mayores de lo estimado” estando inmersos en un proceso global de “desarrollo insostenible”. Algunas pérdidas son ya irreversibles como la pérdida de determinadas especies (en el 47% de las 976 especies que examinan su desaparición se asocia al aumento de la temperatura) y otras se acercan a la irreversibilidad. El propio informe señala que “los puntos críticos mundiales de alta vulnerabilidad humana se encuentran particularmente en África occidental, central y oriental, Asia meridional, América Central y del Sur, los pequeños Estados insulares en desarrollo y el Ártico” pudiendo ser cuantificada tal situación, de hecho “entre 2010 y 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables, en comparación con las regiones con muy baja vulnerabilidad” además de impulsar crisis humanitarias y desplazamientos forzados contribuyendo a conflictos violentos en algunos países como por ejemplo en Siria por falta de agua. De hecho en el año 2022, unos 2.300 millones de personas soportan estrés hídrico, y desde el año 1998, estas sequías han causado pérdidas por valor de 124.000 millones de dólares (Organización de Naciones Unidas, 2022). De acuerdo con Ibrahim Thiaw, (2022), vicesecretario general de la ONU “estamos en una encrucijada porque mientras la demanda sobre la naturaleza y sus recursos aumentan, esos recursos están disminuyendo. Ya no hay un equilibrio. Además, las sequías golpean más fuerte y más seguido. Un año de sequía es un año de estrés para los ecosistemas. Un año de hambre en muchos sitios. Un año de muerte para los más vulnerables”. Situaciones que además como resultado de la actividad humana conducirán inexorablemente a otra extinción masiva derivada de las agresiones ambientales y su posterior colapso pudiendo incluir a la propia especie humana (Ripple et al., 2017; Trisos et al., 2020; Turiel, 2020; Bradshaw et al., 2021). Es decir, el fin de la historia, pero no precisamente por predicciones sin fundamento, sino por tensionar de manera continua y sistémica al Planeta Tierra. Realidad que ridiculiza los Objetivos del Desarrollo Sostenible desplegados por la Organización de Naciones Unidas a través de la Agenda 2030, junto a sus 17 lineamientos ya que la mayoría de los países han logrado progresos socioeconómicos a partir de la degradación ambiental (Hametner, 2022). En definitiva, como cambiarlo todo a partir del mismo sistema para que todo siga igual.

No cabe duda que en la actualidad la historia está más viva que nunca y además pasa de manera irremediable por América Latina. Para ello se deben establecer nuevos modelos de gestión a partir de formas alternativas de economía como por ejemplo las cooperativas asentadas en reconocidas formas de solidaridad, desarrollo y progreso social. La propia regionalización en América Latina ha estado olvidada atendiendo de manera prioritaria necesidades de terceros países olvidando las propias. Para ello se deben implementar de manera decidida procesos de intercambio de conocimiento, de bienes y servicios además de recursos económicos entre los propios países de América Latina.

Ahondar en los procesos de internacionalización de la economía local a partir de conocimientos más sofisticados e inclusivos como por ejemplo, la incorporación plena y en igualdad de la mujer al mercado laboral como necesidad vital e impostergable, máxime en América Latina donde siempre han estado vetadas en actividades de alta dirección y relegadas sin chistar a labores domésticas, reproductivas y agropecuarias. Se evidencia la imperante necesidad de establecer instituciones sólidas, así como de implementar políticas públicas alejadas del continuismo puesto que el mayor número de exportaciones proviene de la industria menos productiva, menos inclusiva y menos tecnológica como son las derivadas del extractivismo (también académico) de materias primas y agricultura de escaso valor añadido.

Se deben conformar políticas con amplios y sólidos estándares de bienestar al servicio de la ciudadanía y no de intereses particulares. Para ello se deben desplegar políticas públicas en favor del interés general como por ejemplo leyes que protejan a los consumidores con la finalidad de garantizar su defensa evitando con ello abusos empresariales. Circunstancias que requerirán un cambio de mentalidad y nuevas formas de comunicación alejadas de la prensa heterónoma que atiende únicamente a los intereses corporativos de quienes la configuran.

Desarrollar como horizonte real la conformación de un mayor y mejor acceso a la educación pública, atendiendo a las necesidades reales de la sociedad. Es prioritario además de resignificar una sanidad que garantice un mínimo de salud para toda la población con la finalidad de no vivir en guetos repletos de seguridad privada conectados con centros de salud y ocio a partir de corredores particulares diseñados para una élite alejada del común de los mortales. De hecho, solo Argentina, Uruguay y Cuba gastan al menos del 6% del PIB en salud pública, cantidad establecida por la Orgnización Panamericana de Salud como mínima para garantizar la atención universal; situación agravada por el Covid-19, donde el propio virus encontró como aliados sistemas de salud privatizados y hospitales públicos desfinanciados abanderando a través de amplias campañas de marketing y tortuosos laberintos legales en favor de su leit motiv: o nosotros o el caos. Realidad compleja en América Latina y el Caribe al recaudar de término medio un 22% de impuestos frente al 33% de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, además de incidir amplios procesos de elusión y evasión fiscal. En 2018 ascendió a un 6.1% del PIB de la región perdiendo con ello más de 40.000 millones de dólares estadounidenses debido al fraude tributario (Amnistía Internacional, 2022).

Es preciso señalar que América Latina y el Caribe, es la región más endeudada del mundo, en desarrollo con el mayor peso de la deuda externa en el PIB, un 77,6% (Statista, 2022). La inversión en innovación, ciencia y tecnología en América Latina tampoco superan la media del 0,8 del PIB, es decir, un porcentaje tres veces menor que el conjunto de países de la OCDE. De acuerdo con Kate Donald (2022), directora ejecutiva del Centro de Derechos Económicos y Sociales CESR, “los gobiernos tienen la obligación de movilizar proactivamente los recursos necesarios para proteger a sus respectivas poblaciones de los peores efectos de la discriminación, la enfermedad y el desastre económico. Si los países latinoamericanos hubieran actuado de este modo en los decenios previos a la pandemia, la región podría haber evitado tanto dolor y pérdida de vidas” señalando que “ahora tienen la oportunidad de prevenir el próximo desastre generado por la desigualdad y de cambiar a una economía basada en los derechos”.

Las políticas de estado efectivas deben incidir en una triple dimensión como son social, económica y ambiental todas ellas con un denominador común como es la ética. Para ello 1) se deben establecer políticas fiscales equitativas además de tener saneadas las cuentas públicas. Una buena medida consiste en incorporar cláusulas sociales y ambientales proporcionales al volumen de negocio e impacto cuantificado en tratados bilaterales y tratados de libre comercio con cláusulas de reversión y sanción transnacional, 2) analizar en qué condiciones y qué resultados se obtuvieron del gasto de los recursos públicos. Cabe recordar que la justificación y cumplimiento del propio gasto no son suficientes para reducir los procesos de inequidad o para conformar una gestión más responsable. De hecho el cumplimiento de gasto es un predictor que debe estar relacionado con otros como en qué condiciones se han elaborado los bienes o los servicios (igualdad, sanciones a empresas o Estados, condiciones laborales, precio justo o impacto ambiental entre otros) y las secuelas que dejan; la responsabilidad de todo gobierno democrático en establecer y/o confeccionar herramientas de transparencia, control, participación y remoción que garanticen efectividad e impacto no solo económico sino también social y, 3) establecer medidas correctivas por parte de la administración pública a partir de la anticipación. Con ello se avanza en el concepto de gobernanza, es decir, la interacción entre gobierno, sectores productivos y sociedad civil vehiculada a partir de procesos de coherencia y credibilidad para así ejercer plenas acciones transformadoras pasando de relaciones unidireccionales a una colaboración multidimensional. Es necesario conocer las clases sociales, su modo de producción de riqueza y sus relaciones para incidir en ellas migrando patrones de acumulación por otros de redistribución social que no aumenten más si cabe la desigualdad. Sin una colaboración de todas las partes la gobernanza se demuestra inútil e inabarcable como en el caso de los procesos de globalización asimétrica en favor de unos pocos. El futuro está en nuestras manos, América Latina debe construir su propio camino atendiendo a nuevas formas de vida y producción, pero sin perder de vista su mayor grandeza como son su gente, sus culturas y su biodiversidad como elementos de unión y generación de riquezas sostenibles. ¡Vamos!

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