Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 27 No. 100, 2022, 1666-1684
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
Cómo citar: Soto Zazueta, I. M., y Chávez Piña, G. H. (2022). Transferencias locales y su relación con la alternancia política en México. Revista Venezolana De Gerencia, 27(100), 1666-1684. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.100.23
Transferencias locales y su relación con la alternancia política en México
Soto Zazueta, Irvin Mikhail*
Chávez Piña, Giovani Hasael**
Resumen
La alternancia política representa la expresión ciudadana respecto a la aprobación del gobierno y obliga al gobernante a trabajar por el bienestar de la población, para demostrar que su partido tiene la capacidad para continuar en el poder. En este trabajo, se analiza el efecto de la asignación de transferencias locales (públicas y privadas) sobre la probabilidad de alternancia partidista en los municipios mexicanos. Con el objeto de determinar su eficacia como medio de control político-clientelar y como factor determinante de la permanencia de los partidos en el poder. Se especifica una ecuación con variable dependiente discreta no dicotómica, por su naturaleza utilizamos un modelo econométrico estimado con un Logit Ordenado. Los resultados muestran que en los municipios que han experimentado menos de tres alternancias en su historia, las transferencias privadas son eficientes en mantener el poder, mientras que la provisión de bienes públicos gana eficiencia para evitar la alternancia en municipios con tres o más alternancias. Se concluye que la mejor estrategia de asignación para permanecer gobernando se basará en la rentabilidad electoral de cada tipo de transferencias. Una vez la competencia y la alternancia política se consoliden, serán las transferencias públicas de beneficio generalizado las de mayor impacto electoral.
Palabras clave: bienes públicos; bienes privados; transferencias locales; alternancia; gobiernos locales.
Recibido: 18.03.22 Aceptado: 25.06.22
* Doctor en Ciencias Económicas-Administrativas por la Universidad de Guadalajara, profesor adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2404-4027 Email: irvin.soto@uas.edu.mx
** Maestro en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y profesor de esta misma Universidad. Email: chavezpinagiovani@gmail.com
Local transfers and their relationship with political alternation in Mexico
Abstract
Political alternation represents citizen’s expression regarding the approval of the government and forces the exerciser to work for the well-being of the population to demonstrate that his party has the capacity to continue in power. In this paper, the effect of the local transfers (public and private) on the probability of party alternation in Mexican municipalities is analyzed. In order to determine its effectiveness as a means of client-political control and as a determining factor in the permanence of the parties in power. A formula with a non-dichotomous discrete dependent variable is specified, due to its nature we use an estimated econometric model with an Ordered Logit. The results show that in municipalities that have experienced less than three alternations in their history, private transfers are efficient in maintaining power, while the provision of public goods gains efficiency in avoiding alternation in municipalities with three or more alternations. It is concluded that the best conservation strategy to remain in government will be based on the electoral profitability of each type of transfers. Once competition and political alternation are consolidated, public transfers of general benefit will be those with the greatest electoral impact.
Keywords: Public goods; private goods; local transfers; alternation; local governments.
1. Introducción
La democratización, la creciente competencia política y el establecimiento de las condiciones institucionales para generar elecciones libres, competitivas y confiables, han empoderado el voto ciudadano como medio de control hacia los representantes y partidos políticos (Careaga y Weingast, 2003).
En las sociedades democráticas actuales es común que los ciudadanos opten por opciones políticas diferentes sí, a su entender, el partido en el gobierno no cumplió con las expectativas previstas o asumió conductas erráticas respecto a la conducción de las políticas gubernamentales. La alternancia política representa la expresión ciudadana respecto a la aprobación del gobierno. Obliga al gobernante a trabajar por el bienestar de la población y demostrar que su partido tiene la capacidad para continuar en el poder.
En este sentido, Sáez y Sinha (2010) apuntan que en las democracias los políticos tienen fuertes incentivos partidistas y electorales para manipular la cantidad, naturaleza y oportunidad de la provisión de bienes públicos. Un gran número de estudios de economía política han permitido avanzar en el conocimiento sobre las motivaciones de los políticos, las expectativas de los votantes y su efecto en la provisión de bienes públicos en diversos contextos (Cleary, 2003; Bueno de Mezquita et al, 2004; Hubert et al, 1993; Magaloni, 2006; Person y Tabellini, 2003; Chandra, 2004; Fonseca et al, 2012).
Los políticos en el poder buscan impedir la alternancia política a través de la asignación de bienes públicos que atiendan demandas e intereses agregados de la población. Estos reflejan en el electorado un correcto desempeño gubernamental. Por otro lado, también utilizan transferencias directas en forma de bienes privados (subsidios, ayudas, asignaciones, etc.) para consolidar y conformar coaliciones y grupos clientelares, otorgándoles el apoyo político-electoral necesario para concretar su permanencia.
La disyuntiva entre atender a militantes de las bases partiditas con transferencias de bienes privados o atender a los votantes indecisos por medio de bienes públicos determinará un portafolio diversificado de transferencias. En el marco de las teorías de la provisión de bienes públicos con fines electorales y el clientelismo político, se analiza en este estudio el efecto de la asignación de transferencias públicas y privadas sobre la probabilidad de alternancia partidista de los gobiernos locales en México. Con el objeto de determinar su eficacia como medio de control político-clientelar y como factor determinante de la permanencia de los partidos en el poder.
Utilizando como unidad de análisis 1,654 municipios del país, planteamos un modelo econométrico de corte transversal que incluye las alternancias partidistas acumuladas del periodo 1970-2016 en las administraciones municipales. Dada la naturaleza discreta de la variable dependiente se plantea un Modelo de Regresión Logit Ordenado para datos de sección cruzada.
La rentabilidad electoral asociada a la inversión pública en las diferentes transferencias puede diferir de acuerdo con las características de los grupos sociales en los que se pretenda ganar apoyo político (Fonseca et al, 2012). Por lo anterior, se identifican un conjunto de variables que es imprescindible tomar en cuenta en nuestro modelo de regresión: Competencia Política, Participación Electoral, Densidad Poblacional, Educación, Marginación, Desigualdad, tamaño del municipio y población rural del municipio. Al considerarlas se evita omitir una serie de factores diferentes a las transferencias públicas que puede incidir en el voto.
Los resultados del modelo muestran un trade off entre los efectos de los bienes públicos y privados sobre la probabilidad de alternancia. Esta es la principal aportación del análisis a la literatura. En los municipios que han experimentado en el periodo menos de tres alternancias, paradójicamente, la provisión de bienes públicos tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de su ocurrencia. Por su parte, las transferencias privadas son altamente eficaces para mantener al partido en el poder. Contrariamente, en los municipios con tres y hasta cinco alternancias en el periodo la provisión de bienes públicos reduce la probabilidad de que ocurra el triunfo de un partido político distinto en el gobierno local. La asignación de bienes privados, por lo tanto, aumenta la posibilidad de una sucesión en el poder.
El resto del trabajo se estructura como sigue: en la segunda sección se definen conceptualmente las características y naturaleza de los bienes públicos y privados. En la tercera, identificamos los incentivos políticos detrás de la asignación de transferencias públicas, estableciendo su relación con las teorías de la asignación de bienes públicos con fines electorales y el clientelismo político. En la cuarta, describimos la metodología utilizada para concretar el modelo econométrico a desarrollar, mientras en la quinta realizamos el análisis empírico de los datos y una discusión de los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones.
2. Bienes públicos y privados: características y naturaleza
Para distinguir entre los bienes públicos y privados se deben hacer dos preguntas básicas. En primer lugar ¿tiene el bien la propiedad de consumo rival? Es decir, si un bien es utilizado o consumido por una persona, no puede ser utilizado o consumido por otra. La segunda cuestión necesaria para distinguir los bienes públicos de los privados se refiere a la propiedad de exclusión ¿Es posible excluir a una persona de los beneficios de un bien sin incurrir en grandes costos? La propiedad de exclusión es intrínseca a los bienes privados. Es posible impedir que los individuos disfruten de ellos si no pagan, por lo tanto, inscriben las propiedades de consumo rival y exclusión. Los bienes públicos, por su parte, se caracterizan por el consumo no rival y la imposibilidad de excluir a nadie de sus beneficios.
Investigaciones relacionadas con el uso electoral del gasto público, han realizado clasificaciones de bienes públicos y privados basadas primordialmente en las características descritas. Díaz y Magaloni (2003) señalan que los partidos que buscan mejorar sus posibilidades de ganar elecciones y de permanecer en el poder, pueden emplear los fondos públicos de tres diferentes formas: 1) proveyendo bienes públicos; 2) asignando proyectos tipo pork-barrel1, y 3) mediante el intercambio discrecional de bienes privados.
Los bienes privados provistos por el gobierno se han clasificado dentro de la categoría de transferencias clientelares, por el hecho de poseer principalmente tres características: 1) son discrecionales, es decir, asignados con criterios políticos; 2) son individuales, otorgados de forma tal que se identifica claramente al destinatario de las mismas; y 3) son reversibles. Esta última característica permite al partido o político otorgante retirar su provisión en el caso de que el receptor de los mismos deje de apoyar (Fonseca et al, 2012).
En el caso de los países en vías de desarrollo se ha utilizado de manera más frecuente el clientelismo político, esto es, el intercambio de favores, dadivas o trato privilegiado a cambio de aquiescencia y apoyo político. El clientelismo se fundamenta primordialmente en atender mediante gasto público las demandas sociales que sean susceptibles de convertirse en votos o apoyo político. La asignación de bienes privados, por su propiedad de exclusión, ha operado a favor del clientelismo de estado, permitiendo a los políticos capturar, solidificar e incrementar el tamaño de las coaliciones electorales y maximizar el rendimiento electoral del gasto público (Díaz et al, 2006).
La referencia principal de la clasificación de las transferencias en bienes públicos y privados se suscribe en el análisis del uso electoral del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) en México. Díaz et al, (2003) tipifican como bienes privados los insumos y apoyos para productores, los programas dirigidos a las comunidades indígenas, los microcréditos para mujeres, las becas para niños y los apoyos para vivienda en los municipios provistos por el programa. Su asignación altamente discrecional y no basada en derechos universales le daban un plus a la clasificación.
Los bienes públicos provistos a través de PRONASOL se suscribían en los programas dirigidos específicamente al desarrollo de la infraestructura básica y social: agua potable y alcantarillado, electricidad, infraestructura deportiva, escuelas dignas, urbanización, infraestructura educativa, infraestructura en salud y carreteras. Su propiedad de generar beneficios comunes para los habitantes de los municipios y comunidades posibilitaba su tipificación pública.
Para el análisis se establece una aproximación a rubros de gasto público que, conforme a las estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], se pueden inscribir en las categorías de bienes públicos y bienes privados. Se selecciona el capítulo referente a Inversión Pública para representar el gasto en bienes públicos municipales: obras de abastecimiento de agua y electricidad; urbanización; edificación de escuelas, hospitales y viviendas; construcción de vías de comunicación; edificios públicos; así como acciones de fomento de la seguridad pública y el desarrollo económico.
Los bienes privados se componen por una serie de transferencias y obras de dominio público que reúnen las características propias de dichos bienes. Las transferencias para la asistencia social, las becas, los subsidios a la vivienda y otras ayudas, son rubros de gasto público relacionados con transferencias directas a la ciudadanía. Estos constituyen la aproximación más viable para los bienes privados asignados localmente.
3. Competencia política y alternancia en los municipios mexicanos
La importancia de la competencia política radica en el objetivo primordial de los políticos y partidos de acceder al poder y permanecer en el mismo. La incertidumbre respecto al triunfo en las votaciones precisa de convencer a los ciudadanos acerca de las virtudes de su gestión, o de los beneficios que obtendrían si su partido ganara la elección. Los representantes en el poder trabajarán por el interés público si creen que es la mejor manera de demostrar a los votantes que los deben regresar a ese puesto en el futuro, mientras los aspirantes opositores denostarán las acciones de la administración en funciones para resaltar las virtudes de su plataforma política (Downs, 1957; Stigler 1972; Wittman, 1989).
De acuerdo con Ibarra et al, (2006), la competencia electoral provee una estructura de incentivos constituida por tres elementos: 1) los electores utilizan su voto, entre otras cosas, para manifestar su aprobación o condena a la forma de gobernar del partido en el poder; 2) para acceder o mantenerse en el poder, los partidos deben mostrar resultados de una gestión eficiente o convencer al electorado respecto a su propuesta de gobierno; 3) los administradores públicos, ven acotada su autonomía para el ejercicio de sus funciones en presencia de alta competitividad electoral, ya que el partido en el poder deberá buscar la implementación de políticas que garanticen su permanencia en el mismo.
La transición de la democracia en México es un periodo histórico, aunque se han multiplicado concepciones que le han asignado otras connotaciones. La transición ha vivido un proceso de mayores proporciones. Es la suma de diferentes actores y proyectos, continuas reformas, diferentes episodios y coyunturas. El tema de fondo es el de una sociedad que no cabía ni quería hacerlo en el formato político de partido hegemónico (Woldenberg, 2001; Elizondo y Nacif, 2002; Aziz, 2003; Merino, 2003).
El desmoronamiento del sistema de partido hegemónico significó también el desplazamiento del poder centralizado que caracterizó al poder gubernamental en México. Su simultaneidad con el inicio de la etapa de apertura comercial, en la que la posición competitiva de las regiones resultaba determinante para cosechar los beneficios de los mercados internacionales, produjo la concepción del municipio como actor determinante del desarrollo local. Además, diversas reformas le otorgaron la personalidad jurídica de una estructura política administrativa, ampliando sus funciones relativas a ingresos y gasto público.
Tras el proceso reformador, el sistema político entró a una dinámica de transición democrática que se acompañó de una mayor competencia y alternancia política a nivel subnacional. Los principales arreglos y avances institucionales se llevaron a cabo en el ámbito federal, no obstante, la alternancia ocurrió primero en el ámbito local. En los últimos treinta años miles de comicios para elegir ayuntamientos, cientos para integrar congresos locales y otros tantos para elegir gobernadores, configuraron la democracia del presente: alcaldes de oposición en ciudades principales, gobernadores de diferente estirpe política en el norte y en el sur, cámaras estatales con mayoría de oposición, partidos respetables y ciudadanos conscientes del valor de su voto (Becerra et al, 2002).
La alternancia política en el nivel municipal ha sido un aspecto normal de la vida política mexicana. Durante el periodo 1970-2016, cerca de 90% de los municipios del país han experimentado por lo menos una vez un cambio de partido en la administración pública local (Gráfico 1).
Gráfico 1
Alternancias acumuladas en los municipios
Fuente: Elaboración propia con datos de los Institutos Electorales de cada entidad federativa
Por otro lado, en el restante 10% nunca ha ocurrido una alternancia en el poder. En el mismo lapso, 28% de los Ayuntamientos elegidos por la vía electoral habían acumulado dos alternancias, 20% acumulaban cuatro y 16% habían experimentado en tres ocasiones la transición en sus administraciones. Por otro lado, 12% del total de los municipios del país habían experimentado cinco o más alternancias.
4. Uso político electoral de transferencias públicas
La competencia y la alternancia políticas, aunadas a la alta valoración que los políticos otorgan a la relección o permanencia de su partido, instituyeron al gasto público como el instrumento predilecto e imprescindible de políticos y partidos para alcanzar y perdurar en los puestos de poder (Downs, 1957; Buchanan y Tullok, 1962; Ames, 1987; Díaz, 1997; Snyder y Kramer, 1998). En cualquier gobierno se evidencia el uso de recursos presupuestales para impactar electoralmente en la ciudadanía, ya sea mediante una adecuada provisión de bienes y servicios públicos o mediante el intercambio de transferencias clientelares por apoyo político.
La disyuntiva de la rentabilidad electoral derivada con la asignación de bienes públicos o la asignación de bienes privados ha sido un tema de debate referido a la necesidad de los políticos en funciones por mantener una base de apoyo que evite la alternancia en el gobierno (Gática, 2007; Nye y Vasilyeva, 2013). Los bienes públicos dirigidos al bienestar general se consideran con mayor rentabilidad cuando no existen grupos identificados con algún partido, programa o política pública definida. Por su parte, la provisión de bienes privados relacionada con transferencias directas logra mayor rentabilidad cuando existen condiciones para cooptar voluntades y estructurar una base clientelista de apoyo político.
En México, al igual que en la mayoría de los sistemas democráticos, la cantidad, naturaleza y oportunidad del gasto público es un instrumento poderoso para ganar apoyo político (Díaz, 1997; Díaz y Magaloni, 2003; Romero, 2007; González, 2011). Las primeras evidencias del uso de transferencias públicas con fines electorales se presentan con el decaimiento del partido hegemónico. Desde el gobierno se reformuló un clientelismo basado en el corporativismo y el patronazgo centralizado por uno configurado a partir de la operación de programas públicos. Se reconfiguraron las estructuras clientelares, institucionalizando un sistema basado en el intercambio de protecciones particulares por apoyo político (Molinar, 1991; Gibson, 1997; Díaz et al, 2006; Romero, 2007; González, 2011).
El PRONASOL inició la mutación de la estrategia clientelista del partido hegemónico para recuperar las bases de apoyo popular perdidas. Este programa dirigía estratégicamente sus recursos conforme al calendario electoral y las necesidades políticas específicas, compensado selectivamente a grupos de acuerdo a su afiliación político partidista (Dresser, 1991; Molinar y Weldon, 1994). A partir de esto, la exigencia de ganar elecciones constituye el trasfondo político de los programas sociales para los más desprotegidos.
Si bien la génesis del uso electoral de las transferencias públicas inició a nivel federal, la emergencia de los gobiernos locales como actores relevantes de la política intergubernamental provocó el direccionamiento de sus potestades de gasto público hacia el logro de dividendos electorales. Lo anterior, también en virtud de que las acciones gubernamentales desde la localidad están a la vista de la ciudadanía y en contacto directo con la vida comunitaria (Arcudia et al, 2010; Fonseca et al, 2012). La existencia de una sociedad interesada en la definición y alternativas de los asuntos públicos desde la localidad hace del desempeño de los gobiernos locales un parámetro relevante del uso de las transferencias con fines clientelares.
Al contar con potestades exclusivas y ampliadas para la provisión de diversos servicios públicos, obras y transferencias para la ciudadanía, se dotó a los representantes locales de los medios necesarios para garantizar la supervivencia política de su partido político en el gobierno. La tendencia creciente en la asignación de transferencias públicas y privadas producida por estas nuevas potestades fortaleció sus capacidades para financiar los proyectos de infraestructura, así como los bienes y servicios públicos para su población (Gráfico 2).
Gráfico 2
Transferencias públicas y privadas municipales en México, 1989-2016 (miles de millones de pesos constantes de 2010)
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
El buen desempeño y la rendición de cuentas de los políticos en funciones constituirán factores determinantes del voto retrospectivo, abonando a su carrera política por el hecho de ampliar sus posibilidades de ser nominados por su partido a otros puestos de elección popular (Rodríguez, 1998; Hiskey, 1999; Hecock, 2006). No obstante, desde lo local los políticos han encarado a la competencia política de maneras que no necesariamente se han relacionado con la mejora de su desempeño. Comúnmente recurren al clientelismo para solidificar una base de apoyo, así como al plazismo reflejado en proyectos de alto perfil, los cuales, no necesariamente han mejorado los servicios ni el bienestar ciudadano.
La evidencia empírica del efecto de las transferencias locales sobre la alternancia partidista en los gobiernos locales muestra por un lado el éxito relativo de los bienes privados cuando no existe condiciones de competencia política (Fonseca et al, 2012). Por otra parte, indican la no correlación entre condiciones socioeconómicas adversas y alternancia política (Arzuaga et al, 2007). Es decir, en algunos casos no se ha presentado la alternancia a pesar de la existencia de un panorama propicio para el arribo de la oposición. Lo anterior, puede atribuirse al hecho de que los ciudadanos en condiciones de precariedad, la mayor parte de las veces, son más proclives a aceptar el intercambio irracional y dirigido de diversos tipos de bienes y transferencias públicas a cambio de apoyo electoral (Soto, 2016).
Otros análisis han discernido la influencia de la competencia política y la alternancia gubernamental en las decisiones de gasto público de los gobiernos municipales, abordando los incentivos que ostentan los tomadores de decisiones locales para invertir en obras y servicios que promuevan el desarrollo de sus regiones (Moreno, 2007; Fonseca et al, 2012). Esto sugiere que la apertura político electoral de los gobiernos municipales en México ha sido favorable a la inversión en infraestructura, confirmando una interacción virtuosa entre estas y la asignación eficaz del gasto en obras con impacto social. En suma, al constituir un medio útil para que las acciones de los gobiernos municipales sean más visibles para la población, las transferencias locales son altamente políticas.
5. Modelo de probalidad de la investigación
En esta sección se plantea el modelo a estimar, así como la técnica econométrica para establecer los efectos de la asignación de transferencias públicas y privadas sobre la probabilidad de alternancia gubernamental en los gobiernos locales en México. Se identifican un conjunto de variables que es imprescindible tomar en cuenta en el modelo econométrico: Competencia política (ICP), participación electoral (part), densidad poblacional (den), educación (e), marginación (marg), desigualdad (σ), tamaño del municipio (pob) y población rural (rur) del municipio. Se establece un Modelo de Corte Transversal en el que se incluyen las alternancias acumuladas del periodo 1970-2016 para 1,654 municipios del país. El modelo Econométrico se específica de la siguiente manera:
Alternancia = β1bpub + β2bpriv + β3ICP + β4part + β5den + β6e + β7marg + β8σ + β9pob + β10rur + ci + vt + ui Ec (1)
Donde alternancia es la alternancia acumulada medida por los datos de los comicios electorales municipales para el periodo 1970-2009, la variable Pub se aproximan por los rubros de gasto per cápita municipal en inversión pública, bienes muebles, inmuebles e intangibles, considerado en el ramo de egresos del apartado de Finanzas Públicas Estatales y Municipales (FPEM) de INEGI. Los bienes públicos se refieren a las transferencias públicas locales de cobertura universal que se tipifican como no excluyentes ni rivales.
Los bienes privados Priv se relacionan con transferencias locales en forma de subsidios, ayudas, créditos y otras transferencias que son susceptibles de dirigirse a grupos y clientelas a cambio de apoyo político, esta variable se representa por medio del gasto per cápita municipal en el rubro “subsidios, transferencias, asignaciones y ayudas” publicados por INEGI en el ramo de egresos del Sistema de Finanzas Públicas Estatales y Municipales (FPEM). Ambas variables son expresadas en formas de logaritmos; ICP representa el Índice de Competencia Política medido por la alternancia de los partidos; part se refiere a la participación política medida por la proporción de personas en edad de votar que emiten su sufragio; den es la densidad poblacional representada por el número promedio de habitantes por kilómetro cuadrado para cada municipio; e es la variable educación medida con el número de años promedio de educación; marg corresponde al índice de marginación municipal; σ es el índice de gini referente a la desigualdad en la distribución del ingreso; pob es el tamaño del municipio; y rur es la población que vive en zonas rurales.
Debido a que la variable dependiente se trata de una variable discreta formada por un número finito de alternativas que miden cualidades, se precisa de su codificación para que las alternativas de la variable se transformen en códigos o valores cuánticos. Dado que la variable dependiente del modelo de elección discreta (Yi) expresa el número de alternancias experimentadas en cada uno de los municipios, las alternativas del proceso de elección pueden expresar implícitamente un orden de utilidad y tener un carácter ordinal.
En términos formales, el número de alternancias puede definirse como una variable latente *Yi, que es función de un conjunto de variables explicativas. De este modo, el rango de esta variable puede subdividirse en intervalos ordenados tales que si el valor se sitúa en el intervalo j, el municipio puede experimentar la alternancia j, es decir Yi = j, j = 0, …., J.
Se propone la estimación de la ecuación de un Modelo de Regresión Logit Ordenado para datos de sección cruzada, así el modelo ordenado se expresa a través de la siguiente relación:
Ecuación (2)
Donde es la variable latente no observada que cuantifica las distintas (m) categorías, en nuestro caso las alternancias acumuladas que implican un proceso jerarquizado de respuestas. Es decir, no se pueden tener dos alternancias acumuladas sin tener la primera. Además, el número de alternancias vendrá determinado por las características socioeconómicas y políticas del municipio. se refiere a la función de distribución logística de las características definidas en la ecuación (1). La probabilidad de que Y sea igual al valor de la categoría m se puede escribir como:
Ecuación (3)
Donde son los valores de los umbrales o barreras. es el conjunto de variables definidas en la ecuación (1). Los valores de los umbrales () y los valores de se estiman conjuntamente mediante el método de máxima verosimilitud, y se debe cumplir con la siguiente restricción:
La interpretación de los modelos Logit Ordenados es análoga a los modelos Logit de elección binaria. Así, la interpretación de los modelos ordenados se puede efectuar a través de las derivadas parciales, en concreto a través de los efectos marginales, mientras que la comparación de las distintas situaciones o categorías se pueden realizar a través del cociente odds. Es decir, el efecto marginal del regresor para cada categoría es:
Ecuación (4)
En general, los coeficientes estimados en los Modelos Ordenados no cuantifican directamente el incremento en la probabilidad dado el aumento unitario en la correspondiente variable independiente. La magnitud de la variación en la probabilidad depende del nivel original de ésta, por lo tanto, de los valores iniciales y cada uno de los regresores y de sus coeficientes. De esta forma, mientras el signo de los coeficientes sí indica perfectamente la dirección del cambio, la magnitud de la variación depende del valor concreto que tome la función de densidad, lo cual depende de la pendiente de dicha función en el punto .
6. Transferencias locales alternancia política en México: Análisis de resultados
El modelo explica las probabilidades de las alternancias acumuladas en base a la asignación de transferencias públicas y privadas, así como algunos factores políticos y sociales de influencia. Se emplea un modelo Logit Ordenado, en el cual la interpretación de los parámetros se efectúa a través de las derivadas parciales (Ec 4), es decir, a través de los efectos marginales2. La comparación entre distintas categorías o situaciones se puede efectuar a través del cociente odds. Así, la magnitud del efecto marginal de las variables independientes sobre las alternancias está determinada por el umbral de cada categoría , los regresores y los valores medios de cada variable del modelo.
La dirección del cambio para cada coeficiente en cada una de las categorías es determinada por la probabilidad de experimentarlas, mientras que la magnitud de los efectos marginales depende del valor concreto que tome la función de densidad, lo cual depende de la pendiente de dicha función en el punto Xi. Partiendo de los valores medios de las variables3, muestra los efectos marginales para cada categoría considerando sus probabilidades (Tabla 1).
Tabla 1
Resultados marginales de los valores medios de los estimadores para las alternancias
|
Efectos marginales después de Logit dy/dx se refiere al efecto marginal de las variables explicativas sobre el hecho de que la alternancia cambie de categoría. |
|||||||||
|
Alternancia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Bienes Privados |
-0.3826** |
-0.3905** |
0.2118** |
0.5625** |
0.2060** |
0.1119** |
0.0425** |
0.0058 |
0.0019 |
|
Bienes Públicos |
0.0905*** |
0.0924*** |
-0.0501*** |
-0.1333*** |
-0.0487*** |
-0.0265*** |
-0.0100*** |
-0.0014 |
-0.0005 |
|
ICP |
-0.3215*** |
-0.3281*** |
0.1780*** |
0.4727*** |
0.1731*** |
0.0940*** |
0.03577*** |
0.0049* |
0.0016 |
|
Densidad de Población |
-0.0417*** |
-0.0425*** |
0.0231*** |
0.0613*** |
0.0225*** |
0.0122*** |
0.0446*** |
0.0006* |
0.0002 |
|
Escolaridad |
0.0331*** |
0.0338*** |
-0.0183*** |
-0.0486*** |
-0.0178*** |
-0.0097*** |
-0.0037*** |
-0.0005 |
-0.0002 |
|
Índice de Gini |
-0.1110 |
-0.1132 |
0.0614 |
0.1631 |
0.0597 |
0.0324 |
0.0123 |
0.0017 |
0.0006 |
|
Población Rural |
0.0004** |
0.0004** |
-0.0003** |
-0.0006** |
-0.0002** |
-0.0001** |
-0.00005** |
-6.5e-06 |
-2.19e-06 |
|
Población |
0.0158 |
0.0161 |
-0.0087 |
-0.0232 |
-0.0085 |
-0.0046 |
-0.0018 |
-0.0002 |
-0.0001 |
|
Alfabetismo |
0.0003 |
0.0003 |
-0.0002 |
-0.0005 |
-0.0002 |
-9.69e-05 |
-4.31e-0.5 |
-4.97e-06 |
1.65e-06 |
|
Participación Electoral |
0.0926** |
0.0945** |
-0.0513** |
-0.1361** |
-0.0499** |
-0.0271** |
-0.0103** |
-0.0014 |
-0.0005 |
|
PRI |
0.0452*** |
0.0498*** |
-0.0230*** |
-0.0682*** |
-0.0261*** |
-0.0144** |
-0.0055** |
-0.0008 |
-0.0003 |
|
PAN |
0.0376** |
0.0307*** |
-0.0231* |
-0.0519** |
-0.0180** |
-0.0096** |
-0.0036** |
-0.0005 |
-0.0002 |
|
PRD |
0.0395* |
0.0282*** |
-0.0255* |
-0.0528** |
-0.0178** |
-0.0094** |
-0.0035** |
-0.0005 |
-0.0002 |
|
Marginación |
0.1784 |
0.1821 |
-0.0988 |
-0.2623 |
-0.0961 |
-0.0522 |
-0.0198 |
-0.0027 |
-0.0009 |
|
Marginación ^2 |
0.277 |
0.2832 |
-0.1536 |
-0.4080 |
-0.1494 |
-0.0811 |
-0.0308 |
-0.0042 |
-0.0014 |
|
a2007 |
0.2676*** |
0.0294*** |
-0.0139*** |
-0.0403*** |
-0.0152*** |
-0.0083** |
-0.0032** |
-0.0004 |
-0.0001 |
|
a2008 |
0.0861*** |
0.0255*** |
-0.0631*** |
-0.1034*** |
-0.0321*** |
-0.0167*** |
-0.0062*** |
-0.0009* |
-0.0003 |
Fuente: Elaboración propia. Desviación estándar entre paréntesis.***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1.
Para el caso de la primera alternancia (categoría 1), suscrita en la primera columna de la Tabla 1, el signo negativo para el coeficiente de las transferencias privadas indica que aumentar la provisión de estos tipos de bienes disminuye las probabilidades de alternancia en el gobierno municipal. Además, el efecto marginal es comparativamente mayor respecto a las otras variables.
Asignar bienes privados proporciona mayores rendimientos electorales en lo que a evitar la primera alternancia respecta, ya que, por cada punto porcentual que se incremente esta asignación, la probabilidad de que la alternancia se presente disminuye 0.38%. Mientras que incrementar en un punto porcentual la asignación de bienes públicos aumentaría 0.09% la probabilidad de que la sucesión partidista sobreviniera.
Los factores políticos y sociales relacionados con la probabilidad de que sobrevenga la primera alternancia se expresan en un índice de competencia política con un efecto marginal mayor pero negativo. Una densidad de la población con un efecto relativamente menor y negativo, indicándonos que en las circunscripciones políticas con menos población es más probable una alternancia. El grado de escolaridad tiene un efecto bajo.
El hecho de que la población del municipio sea principalmente rural tiene un efecto marginal muy bajo. La participación electoral tiene un efecto marginal positivo, indicando que una mayor participación amplía las probabilidades de sucesión partidista. Si los tres partidos dominantes están en funciones las probabilidades de alternancia aumentan, con un efecto marginal mayor en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Las variables de desigualdad, población total, tasa de alfabetización y marginación, a pesar de constituir factores sociales trascendentes, no tienen significancia como variables explicativas en la primera alternancia.
En el Gráfico 1 se ilustró el efecto marginal del incremento en un punto porcentual de las transferencias públicas y privadas sobre la probabilidad de experimentar alternancia partidista. Cada categoría corresponde a un número de alternancia, es decir, la categoría 1 corresponde al efecto sobre la probabilidad de experimentar la primera. Los efectos marginales subsecuentes sobre la probabilidad de alternancia su muestran para nueve categorías acumuladas.
Las transferencias públicas tienen un efecto positivo sobre la probabilidad de experimentar la primera y segunda alternancia. Contrariamente, la asignación de bienes privados disminuye su probabilidad de ocurrencia (Gráfico 3).
Gráfico 3
Efecto marginal de las transferencias públicas y privadas sobre la probabilidad de pasar de categorías
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la regresión.
El tamaño del impacto de las transferencias privadas es cuatro veces mayor al efecto de las transferencias públicas. Ante estos resultados, si se desea evitar una sucesión al frente del gobierno local, en caso de que no haya ocurrido nunca o ya se haya presentado en una ocasión, se debe dirigir el gasto público a la asignación de bienes privados para la ciudadanía.
A partir de la tercera alternancia se presenta un trade off entre el efecto de cada tipo de transferencias. Después de cambiar de partido en el gobierno en dos ocasiones es más probable continuar al frente de la administración municipal si el gobierno en funciones provee bienes públicos. El efecto negativo de los bienes públicos sobre la probabilidad de alternancia establece esta nueva correlación. La mayor rentabilidad electoral de la asignación de estas transferencias se comprueba con el efecto marginal positivo de los bienes privados. A partir de dos alternancias los bienes privados son ineficaces como instrumento público para ganar votos.
En virtud de lo anterior, la estrategia de suministro de bienes públicos y privados para evitar la sucesión partidista se debe inclinar por aumentos importantes en la provisión de los primeros, toda vez que su efecto marginal es negativo respecto a los bienes privados. La misma situación se observa si ya se presentaron tres alternancias previas a la elección del gobierno municipal. El efecto marginal de los bienes públicos para evitar la cuarta alternancia en la administración local es todavía mayor. Para continuar en la tarea de gobernar después de tres alternancias es pertinente fortalecer la inversión en estos bienes. Para la quinta y las sucesivas alternancias la dirección del efecto marginal de ambos tipos de bienes permanece hasta dejar de ser significativo. El mismo efecto se reproduce en las variables políticas y sociales restantes.
Conforme a estos hallazgos se puede establecer que una vez la alternancia se convierte en un suceso común en las jurisdicciones políticas municipales, el gasto gubernamental en bienes públicos se traslada a una mayor rentabilidad electoral. Por lo tanto, direccionar la inversión pública local a estos bienes constituirá un medio eficaz para evitar la llegada de otro partido al gobierno.
7. Conclusiones
La reformulación de las estructuras institucionales en las sociedades democráticas ha garantizado elecciones libres y competitivas. La democracia electoral se erige como el principal mecanismo ciudadano para premiar o castigar a los gobernantes y partidos políticos. En México, la consolidación democrática germinó cuando las reformas electorales empezaron a generar una dinámica de transición, haciendo realidad la alternancia en todos los niveles de gobierno. El sentido social relacionado con la necesidad de cambio le otorga a la alternancia una carga simbólica respecto a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
Los resultados del estudio muestran que, conforme a las condiciones de competencia política que prevalecen en cada uno de los municipios, las transferencias públicas y privadas tienen efectos diferenciados sobre la probabilidad de alternancia. Los bienes privados resultaron más efectivos si se desea evitar, en caso de que no haya ocurrido nunca o se haya presentado en una ocasión, una sucesión en el gobierno local. A partir de la tercera alternancia se confirma el trade off referente a la eficacia electoral de proveer bienes públicos o bienes privados. Los resultados establecen que aumentos del gasto en bienes públicos disminuyen la probabilidad de que otro partido triunfe en las próximas elecciones. En cambio, los bienes privados demuestran su ineficacia como instrumento de control político.
A raíz de las múltiples enmiendas democráticas que modificaron las reglas del juego electoral y posibilitaron una competencia política efectiva, la asignación de bienes públicos se instituye como la principal estrategia para evitar la alternancia partidista en los gobiernos locales. Los efectos de los factores sociopolíticos derivados de las estimaciones confirman la importancia de los avances logrados con la instauración de la democracia electoral en la vida política del país. Con la consolidación de la competencia política los partidos opositores al gobierno en funciones pueden acceder a encabezar las administraciones municipales.
Al comprobar el hecho de que una vez instalada la competencia electoral las transferencias públicas se posicionan como la estrategia general de todos los partidos gobernantes para maximizar sus posibilidades de seguir en el poder, los resultados alcanzados avalan lo establecido por otros autores. El aumento de la competencia política y la alternancia partidista han coadyuvado para que los ayuntamientos den prioridad a la inversión en obra pública. Por ser un medio eficaz para que las acciones de los gobiernos municipales sean más visibles para la población, el gasto público posee un componente altamente político.
La democracia ha fortalecido el voto ciudadano como medio de castigo a las malas administraciones municipales. Basados en su retrospectiva, los ciudadanos toman cada día más en cuenta las acciones gubernamentales a la hora de emitir su sufragio. La mejor estrategia de asignación para evitar la alternancia se basará en la rentabilidad electoral que puedan brindar cada tipo de transferencias. En base a los resultados, una vez la competencia política y la alternancia sean dos hechos consolidados, serán los bienes públicos de beneficio generalizado los de mayor impacto electoral en la población.
Resultará más determinante en la permanencia de los partidos en el poder local un gobierno municipal que lleve a cabo una correcta gestión pública asociada a la eficacia, cantidad y calidad con la que asigna los bienes y servicios de beneficio público. Aunado a lo anterior, en el ámbito local los bienes públicos dirigidos al bienestar general se consideran con mayor rentabilidad electoral cuando no existen grupos identificados con algún partido, programa o política pública. La exclusión y beneficio directo de las transferencias privadas se tornan obsoletos cuando las condiciones de competencia política y la alternancia se han consolidado.
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