Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 26 No. Especial 6 2021, 266-282
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
COMO CITAR: García Huamani, R., Yupanqui Villanueva, W. F., Pérez Sullcaray, W., y Fierro Silva, G. A. (2021). Integridad del sistema de Inversión pública y e-government en servicios municipales. Revista Venezolana de Gerencia, 26(Especial 6), 266-282. https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.16
Integridad del sistema de Inversión pública y e-government en servicios municipales
García Huamani, Rubén*
Yupanqui Villanueva, Wilfredo Fernando**
Pérez Sullcaray, Willian***
Fierro Silva, Guido Amadeo****
Resumen
La propensión a instituir gobiernos electrónicos, masificar el uso de internet y a digitalizar los trámites y servicios de los organismos y entes públicos, ha consentido que los ciudadanos interactúen directamente con el Estado. El objetivo de este estudio se encaminó a determinar la relación entre la integridad del Sistema Nacional de Inversión Pública y el e-government, como herramienta para la gestión de los Proyectos de Inversión Pública en la provincia de Tarma, Junín, Perú. La metodología fue la investigación cuantitativa de campo con un carácter descriptivo y de diseño no experimental. La información utilizada fue recabada aplicando un cuestionario de opinión a funcionarios públicos. Los resultados muestran que no existe significancia entre la integridad del Sistema Nacional de Inversión Pública y el e-government de los Proyectos de Inversión Pública. Se concluye que es necesario implementar el e-government para optimizar la gestión, control, adjudicación y fiscalización.
Palabras clave: e-government; inversión pública; proyectos de inversión pública.
Aceptado: 17.8.2021 Recibido: 19.11.2021
* Maestro en Políticas Públicas y Gestión Pública. Licenciado en Administración, especialización en Políticas Públicas y Gestión Pública. Docente en Universidad Nacional de Huancavelica. Perú. Email: gruben123@yahoo.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4475-9073
** Doctor en Administración. Maestro en gestión de Destinos Turísticos. Licenciado en administración. Docente en Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, Perú. Email: autores123@yahoo.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9875-8260
*** Doctor en Ciencias Administrativas. Maestro en Ciencias de Ingeniería, mención planeación estratégica y gestión en ingeniería de proyectos. Inspector de proyectos en gobierno regional de Huancavelica. Email: autores2021@yahoo.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6320-0048
**** Magister en Administración con mención en Gestión Empresarial el Perú, consultor en formulación de planes de negocios - Gobierno Regional de Huancavelica. Perú. Email: innovasciencia2@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2700-7408
Integrity of the Public Investment and e-governmentsystem in municipal services
Abstract
The propensity to institute electronic governments, mass Internet use and digitize the procedures and services of public bodies and entities, has allowed citizens to interact directly with the State. The objective of this study was aimed at determining the relationship between the integrity of the National Public Investment System and e-government, as a tool for the management of Public Investment Projects in the province of Tarma, Junín, Peru. The methodology was quantitative field research with a descriptive character and non-experimental design. The information used was collected by applying an opinion questionnaire to public officials. The results show that there is no significance between the integrity of the National Public Investment System and the e-government of Public Investment Projects. It is concluded that it is necessary to implement e-government to optimize management, control, adjudication and inspection.
Keywords: e-government; public investment; public investment projects.
1. Introducción
La jerarquía de los Proyectos de Inversión Pública [PIP] para el logro de bienes y servicios públicos en pro de los ciudadanos se encuadrada en los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública [SNIP]. En la actualidad, la propensión a instituir gobiernos electrónicos o e-government, masificar el manejo de internet y la digitalización de trámites y servicios de las compañías y organismos públicos, ha admitido que la ciudadanía interactúe directamente con el Estado.
En este sentido, según la Organización de los Estados Americanos [OEA] (2018), el e-government, e-gobierno o gobierno electrónico, es la colocación de las tecnologías de la información y la comunicación [TIC] en las actividades del aparato público, con el propósito de ofrecer servicios mejorados a las personas y ampliar el piso de eficiencia, transparencia e intervención ciudadana. Este aserto formula claramente como una perspectiva innovadora, las operaciones del Gobierno Electrónico ubican a las TIC como mecanismo de sostén y enfatiza en el despliegue de un buen gobierno.
Cabe señalar que el SNIP según el Ministerio de Economía y Finanzas (2021), es un sistema administrativo del Estado que tiene como fin guiar en el uso de los recursos públicos predestinados a la inversión, garantizando la efectiva asistencia del servicio y el suministro de la infraestructura requerida para el progreso del país. Por su parte, los PIP son instrumentos, regulados por SNIP desde el año 2000, orientados a establecer acciones para el desarrollo de las capacidades del Estado produciendo bienes (tangibles e intangibles).
En este sentido, Jiménez et al, (2018), anuncian que debido a su relevancia en la provisión de bienes y servicios públicos estos contribuyen a la continuidad en el desarrollo de la vida en las ciudades, asimismo, estos se ejecutan a través de los funcionarios de los ministerios, gobiernos regionales y locales, quienes deben dar respuesta a los requerimientos de la población, priorizando obras locales que optimicen la calidad de vida de los afectados garantizando el uso responsable y comedido de la asignación financiera.
Es necesario mencionar, que el cumplimiento de los lineamientos para otorgar los PIP debe estar orientado a lo previsto en el Plan de Desarrollo Local Concertado [PDLC] de cada una de las comunidades (Congreso del Perú, 2020). Además, la Ley Número 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, establece los métodos, principios, normas técnicas y procedimientos asociados a los PIP en sus diversas etapas, asegurando su calidad y sostenibilidad.
Por ello, se entiende que los PIP son precisos para el desarrollo de una nación y se deben utilizar estos recursos públicos en proyectos que mejoren, recuperen o establezcan espacios de uso común que brinden beneficios a la comunidad. Estos pueden ser gestionados en forma colaborativa con la gobernanza digital. A decir de Font-Aranda (2021), actualmente numerosas actividades realizadas por el ser humano son ayudadas por las TIC; porque posibilitan diversidad de labores de la sociedad.
De allí, que una manera de alcanzar lo anterior es promoviendo el uso de TIC en los entes estatales para lograr una diferencia significativa con el resto de los países de
Latinoamérica que se encuentran rezagados (Arredondo et al, 2021). El uso de las TIC permitiría brindar servicios gubernamentales independientes a pesar del tiempo, la distancia o la complejidad que pueda tener una organización. Es por ello, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2021a) y Cropf (2016), afirman que es de suma importancia que, al gestionar la información de forma digital, se haga con transparencia, participación y presentando rendición de cuentas de los datos de forma segura y confiable (Buenadicha et al, 2019; Cruz, 2020).
Por otro lado, Martínez (2021), menciona que para el uso de la tecnología en los servicios públicos para un mejor gobierno, el Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE] (2003), en el ras global está suscitando transformaciones en el progreso de las sociedades, y en ese espiral de innovaciones en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se acordó el e-government como un nuevo modo de existir y repensar, es decir, una cultura que optima los servicios que ofrecen los gobiernos a los ciudadanos con transparencia, eficiencia y eficacia (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo [CLAD], 2007). Aclarando que con relación a la expresión aún no hay acuerdo, por no estar clarificado para los académicos (Moon, 2002), coexistiendo imprecisión (Yildiz, 2004), razón por la cual todavía se manejan diversas designaciones, entre ellas Gobierno Digital (Ronaghan, 2002).
A raíz de la globalización, la interconexión mundial cada día es mayor y los adelantos tecnológicos en cuanto a información y comunicación, admiten conseguir reportes oportunos y confiables; que, en el caso de los países, está determinado en el derecho a la transparencia convenido entre ellos. En tal sentido, sí las naciones disponen de un apropiado sistema de gobierno electrónico, esta herramienta se transfigura en un catalizador que incita a las personas y organismos del mismo, a emplear intensivamente las nociones y las tecnologías implicadas en las adaptaciones en línea de las ocupaciones gubernamentales (Rodríguez, 2017).
Desde esta perspectiva, aparece el concepto de Gobierno Digital, Electrónico o también llamado e-government, que a decir de Lirio (2018), involucra la utilización de las TIC en los procedimientos de gestión, planificación y administración dentro del gobierno. De igual manera, Alvarado et al, (2019), señalan que el e-government representa el proceso de modernización, promoviendo el acercamiento entre las TIC y la administración pública, creando beneficios como el mayor acceso a la información, realizar trámites por medios electrónicos, aumento de la transparencia en los asuntos públicos y una mayor participación ciudadana.
En este contexto, en el Perú la herramienta de e-government abarca principalmente trámites municipales (Díaz et al, 2019). Fortalecer el e-government, garantiza la interoperabilidad e intercambio de datos de cada organización. Por lo cual, se considera importante propulsar la economía digital, y la priorización de los proyectos que ofrezcan mayor beneficio a la localidad y eficiencia en todos los procesos (Ayquipa et al, 2019).
Producto de las consideraciones antepuestas, cabe resaltar que la provincia de Tarma escenario para el desarrollo de esta investigación, forma parte del departamento de Junín en el Perú limita con la provincia de Junín por el norte, con la provincia de Chanchamayo por el este, con la provincia de Jauja por el Sur y con la provincia de Yauli por el Oeste. Su superficie comprende 2.749,16 km2, su ubicación es privilegiada por sus grandes riquezas turísticas y económicas, además, se encuentra entre la capital de la nación y la selva alta. Está dividida en nueve distritos (Ponce et al, 2021).
En el Perú, por múltiples motivos, actualmente se responsabiliza al SNIP de los retrasos del procedimiento de inversión pública, incidiendo en las dilaciones en la ejecución de los estudios de pre-inversión. Sin embargo, la fase de evaluación de las inversiones que ejecuta el Estado es un requerimiento, pero como en cualquier norma de vigilancia, se han forjado tergiversaciones que obligan a transformarlo, actualizarlo, pero no a descartarlo (Bravo-Orellana, 2016). Uno de los tópicos a considerar en referencia a lo antes dicho, es la integridad pública.
Se precisa exponer, que el encuadre normativo de integridad pública en el Perú está reglamentado en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, el Decreto Supremo número 042-2018-PCM que normaliza los instrumentales de amparo de la integridad y creación de la SIP, el Decreto Legislativo número 1327 y su reglamento sancionado por Decreto Supremo número 010-2017- PCM, en los que se fijan los criterios mínimos para el trámite de denuncias en el Estado peruano, prescripciones de resguardo para el denunciante de hechos de corrupción, además de la creación, facultativa de Oficinas de Integridad Institucional (Martínez-Cuba, 2021).
Cabe indicar, que, en la esfera nacional en el Perú, el gobierno electrónico formó parte de la Estrategia Nacional en el periodo 2013-2017, formulándose documentos como la Política Nacional al 2021, el Plan Bicentenario y la agenda digital 2.0 – Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, con los que, se sancionaron distintas normativas y se otorgó de presupuesto para su ejecución; empero, durante ese lapso, no hubo mucho avance, coexistiendo todavía resquicios muy marcados, por fallas de herramientas tecnológicas, y el no disponer de un internet de gran alcance (Ho, 2002).
Según el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2019), respecto a la integridad pública el Perú viene advirtiendo un reto en su consumación con una perspectiva específica en ámbitos prioritarios tales como la promoción de la ética pública, amparo a los denunciantes, fiscalización interna, manejo de riesgos, problemas de intereses, el lobby y las finanzas políticas, lográndose conformar Comisiones Regionales Anticorrupción.
En el horizonte regional, en Junín, el escenario se ostenta crítico pues verdaderamente se adolece de una política clara de integridad pública, circunstancia evidenciada con las derivaciones reveladas por Vallejos (2019), de la Oficina de Indicadores de Gestión del Distrito Fiscal de Junín, en la que se muestra la considerable incidencia de delitos registrados. Además, el gobierno, si bien dispone de un Portal Institucional el mismo no ofrece servicios en línea, con la finalidad de transparentar el manejo adecuado de los recursos (Brusca y Montesinos, 2006), ni emplea la firma electrónica, excepto la implementación de una mesa de parte virtual, consultas de expedientes SIAF, un Sistema de Acceso a la Información Pública y un Sistema Documentario Regional.
En correspondencia con Martínez-Cuba (2021), quien expresa que, a nivel provincial, el gobierno local de Tarma, instituye como valor la integridad en su Plan Estratégico Institucional – PEI 2019- 2023, aprobado mediante Ordenanza Municipal número 003-2020-ALC/MPT; no obstante, en este documento no se tiene como política el e-government, máxime que en la actualidad es una necesidad la implementación de ambas políticas. Sostiene el mismo autor, que se considera que la consecuencia, de no lograr implementar el e-government y la integridad pública a corto plazo, permite la falta de integridad y la no existencia de archivos confiables de información.
Sobre la base de lo antes expuesto, surge como interrogante ¿Qué relación existe entre la integridad del Sistema Nacional de Inversión Pública y el e-government?, como herramienta para la gestión de los Proyectos de Inversión Pública? ¿En el intento de responder a este entresijo, la presente investigación se plantea como objetivo general Determinar la relación que existe entre la integridad del Sistema Nacional de Inversión Pública y el e-government?, como herramienta para la gestión de los Proyectos de Inversión Pública en la provincia de Tarma, Junín, Perú.
Con la finalidad de fundamentar la investigación se consideró necesaria la revisión de estudios previos que versaran sobre las variables abordadas. En este sentido, a nivel internacional se cita a Altamirano-Barcia (2018), con su trabajo con el objetivo de determinar la correlación entre el índice de gobierno electrónico [IDGE] de la ONU y el índice de percepción de la Corrupción [IPC], en el que reporta como resultados de correlación positiva moderada en los países caribeños, en los países europeos correlación positiva alta) en los países asiáticos correlación positiva alta y en los países africanos encuentra correlación positiva moderada.
A nivel nacional se consultó el estudio de Allauca (2018), quien diseñó una investigación para Determinar la incidencia del gobierno electrónico en la transparencia de la gestión pública de los Gobiernos locales de la Región Ancash, Perú, concluyendo que el gobierno electrónico incide en la transparencia de la gestión pública de los Gobiernos locales. Asimismo, se analizó el estudio de Pérez (2019), quien buscó Determinar la relación entre la ética y la transparencia en la municipalidad, estableciendo la presencia de una relación directa moderada entre las variables.
2. Referentes conceptuales
Los referentes conceptuales de esta investigación incorporan los avances de la literatura académica especializada sobre cuatro temas: Sistema Nacional de Inversión Pública, Proyectos de inversión pública [PIP], Integridad Pública Sistema Nacional de Inversión Pública y Gobierno electrónico, Gobierno digital o e-government.
2.1 Sistema Nacional de Inversión Pública
Se precisa como un vinculado de normas, instrumentos y procedimientos comunes para el sector público y entidades del sector privado que efectúen gasto público, por medio de los cuales se articulan y organizan entre sí, para programar, evaluar, priorizar, financiar, dar seguimiento y ejecutar los PIP, en el marco de las políticas, planes y programas de desarrollo, (Ortegón y Pacheco 2004). De acuerdo a los antedichos autores, el sistema se cimienta sobre los principios de: a) Eficiencia en la asignación de recursos; b) Compatibilidad de políticas, planes y programas de desarrollo; c) Delimitación de responsabilidades; d) Oportunidad y racionalidad en la toma de decisiones; e) Complementariedad de esfuerzos; f) Sostenibilidad operativa y g) Centralización normativa y descentralización operativa.
El propósito primordial de los SNIP radica en establecer las iniciativas de inversión pública de mayor beneficioso desde el aspecto económico, social y ambiental, en función de las líneas políticas de progreso del país. Es decir, la presencia del sistema procura la asignación eficiente de los recursos insuficientes a las opciones de inversión más beneficiosas para las sociedades (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2021)
2.2 Proyectos de inversión pública (PIP)
Los proyectos de inversión pública, (hoy proyectos de inversión) representan la manera primordial de interposición del Estado para solventar las dificultades sociales. Los mismos residen en proyectos de operaciones estipuladas para ejecutarse en un momento establecido y provocar transformaciones reales que optimen la calidad de vida de las personas y/o la labor de los funcionarios públicos (Instituto De Ciencias HEGEL, 2020).
Al hacer referencia a la Inversión Pública para el SNIP, se tiene que esta acepción envuelve la capacidad del sistema con relación a la aprobación de recursos disponibles (del Estado) e igualmente concreta, de cierto modo, las particularidades de los egresos del sistema (formación de capital físico, formación de capital humano o producción de bienes y servicios) (Ortegón y Pacheco, 2004). Para estos autores, los componentes de inversión pública, las partidas de financiamiento pertenecen a recursos económicos y financieros que conceden amparo a la ejecución de programas.
2.3 Integridad Pública
Se hace oportuno señalar, que la integridad pública se expone como la aplicación de facultades y el manejo honesto de recursos para dar cumplimiento al fin público (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2019), en conexión, en la Política Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la corrupción, se señala que la misma está referida la utilización correcta de los recursos públicos, proveyendo a las personas de todo lo requerido para su bienestar. Por su parte, el Consejo de la OCDE (2017), precisa como acatar en todo momento los valores, principios y normas comunes en el sector público, con la finalidad de conservar el interés público sobre el interés privado.
Los pilares de integridad pública, planteados por la OCDE (2020), son: a) Cultura: donde concurre un compromiso político de gestión clara; b) Sistema: con una visión que incluya a la sociedad, inversión en el liderazgo de representantes públicos promovidos con base al mérito, cultura organizacional concentrada en la probidad pública; c) Rendición de cuentas, con reglas de inspección y gestión de riesgos, respuestas efectivas en contra de violaciones normativas.
En el mismo orden de ideas, el organismo de Veeduría Distrital (2018), plantea como los pilares de integridad pública: a) Derecho de acceso a la información pública; b) Plan o proyecto de acatamiento, gestión anticorrupción dentro y fuera de la organización; y c) Gobierno Corporativo consolidado y enmarcado en una labor de cero tolerancias a la corrupción. A los efectos de esta investigación, los mismos fueron considerados para el desarrollo de la Integridad pública y se exhiben en el Diagrama 1.
Diagrama 1
Pilares de la integridad pública
Fuente: Elaboración propia
2.4 Gobierno electrónico, Gobierno digital o e-government
Según la OEA (2016), se puede puntualizar como el empleo de las TIC, por parte de las instituciones gubernamentales, para optimar cualitativamente los servicios e información que se brinda a la persona; acrecentando la eficiencia y eficacia del gobierno público y elevar sustancialmente la transparencia del ámbito público y la intervención ciudadana.
Sostiene además el mencionado organismo que el gobierno electrónico involucra innovación en los nexos internos y externos del gobierno con terceras representaciones gubernamentales, sus propios trabajadores, las empresas y las personas, acceso a la información, prestación de servicios y ejecución de gestiones, Intervención ciudadana. Tiene como propósito optimizar el empleo de las herramientas para la consecución de los objetivos planteados. Su implementación involucra el transcurso de una sucesión de estados o fases, no precisamente contiguos. Resulta en un medio y no en un fin. Dichas fases se exhiben en la Diagrama 2.
Diagrama 2
Fases del gobierno electrónico
Fuente: Elaboración propia
3. Referentes metodológicos
El trabajo investigativo se encuentra sustentado en el paradigma positivista, bajo el enfoque cuantitativo, tipo aplicado, de carácter descriptivo, y apoyado en un diseño no experimental del tipo transeccional correlacional de campo. El estudio fue realizado en la municipalidad de Tarma, y la población incluyó 201 servidores públicos de la Gerencia de Servicios Municipales, involucrando a: 2 en la Gerencia, 8 en la Sub Gerencia de Transporte y Tránsito, 4 en la Sub Gerencia de Registro Civil, 130 en la Sub-Gerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública y 57 en la Sub-gerencia de Seguridad Ciudadana. Se tomó una muestra probabilística aleatoria simple constituida por 132 funcionarios.
Para recabar la información se utilizó como técnica la encuesta y se aplicó un cuestionario de opinión como instrumento, conformado en dos partes de 30 ítems cada una, bajo el formato de respuestas escala tipo Likert, con tres alternativas de respuesta: Bajo (1), Medio (2), Alto (3). La primera parte se usó para analizar los pilares o dimensiones de integridad pública: Derecho de acceso a la información pública; Plan o proyecto de acatamiento; y Gobierno Corporativo. Con respecto a la segunda, la misma se diseñó para analizar el nivel de e-government operacionalizando con base en el marco institucional, la estrategia y la implementación, marco legal vigente, la utilización de servicios en línea y el ras de satisfacción de usuarios, empleo de nuevas tecnologías, establecimiento de mecanismos de cooperación internacional y regional y medir la situación actual de la información, interacción, transacción y transformación digital del gobierno municipal en función de la gestión de los PIP.
Cabe aclarar que el estudio del e-government, para efecto de la investigación se consideraron las fases de implementación (mencionadas en el Diagrama 2) en correspondencia con los niveles evaluativos: Bajo: con las Fases I y II, Medio: Fases III y IV y Alto: Fase V. Fue validado por juicio de expertos. Confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach con un valor de 0,921, considerado confiable. Para el análisis de los datos se recurrió a la estadística descriptiva y se registraron en gráficos y tablas. Se procesaron en el software estadístico SPSS 25.
4. Sistema de Inversión pública y e-Government en servicios municipales en Perú: Resultados
Una vez obtenido los resultados y luego del análisis descriptivo de los mismos se ejecuta las pruebas cruzadas y se registran en Tablas. Los totales verticales representan los pilares de la integridad pública mientras que los horizontes al e-government en cada tabla. Se inicia con la Tabla 1, la cual se muestra a continuación.
Tabla 1
Acceso a la información Pública y E-government
|
Bajo |
egovernment Medio |
Alto |
Total |
|||
|
Acceso a la información Pública |
Bajo |
Frecuencia % del total |
4 3,2% |
0.0 0,0% |
9 6,4% |
13 9,6% |
|
Medio |
Frecuencia % del total |
0.0 0,0% |
17 13,0% |
7 5,0 % |
24 18,0% |
|
|
Alto |
Frecuencia % del total |
17 12,9% |
21 16,2% |
57 43,3% |
95 72,4% |
|
|
Total |
Frecuencia % del total |
21 16,1% |
39 29,2% |
72 54,7% |
132 100% |
|
|
Fuente: Elaboración propia |
||||||
La Tabla 1, consolida los resultados para la dimensión o pilar Acceso a la información Pública y la variable e-government. Al contrastar los valores y la asociación entre ambas variables se tiene que el valor del pilar Acceso a la información Pública es menor que el e-government en los niveles bajo y medio, contrario a lo que ocurre en el nivel alto en el que la resulta es inversa. Seguidamente, se muestra la Tabla 2.
Tabla 2
Plan de Cumplimiento y e-government
|
|
e-government |
|||||
|
Bajo |
Medio |
Alto |
Total |
|||
|
Plan de Cumplimiento |
Bajo |
Frecuencia % del total |
0.0 0,0% |
0.0 0,0% |
8 6,3% |
8 6,3% |
|
Medio |
Frecuencia % del total |
4 3,3% |
17 12,6% |
17 12,8 % |
38 28,7% |
|
|
Alto |
Frecuencia % del total |
17 12,8% |
21 16,2% |
48 36,0% |
86 65,0% |
|
|
Total |
Frecuencia % del total |
21.25 16,1% |
38.01 28,8% |
72.73 55,1% |
132 100% |
|
|
Fuente: Elaboración propia |
||||||
En la Tabla 2 se ostentan los resultados para la dimensión Plan de Cumplimiento con porcentajes y la variable e-government. Al cotejar los valores y la relación entre ambas se exterioriza que el pilar Plan de Cumplimiento en el nivel bajo es menor que el e-government, en nivel medio son equivalentes, y en el nivel alto la derivación es más elevada para este pilar. Subsiguientemente se expone en la Tabla 3
Tabla 3
Gobierno Corporativo y e-government
|
e-government |
||||||
|
Bajo |
Medio |
Alto |
Total |
|||
|
Gobierno Corporativo |
Bajo |
frecuencia % del total |
0.0 0,0% |
0.0 0,0% |
9 6,4% |
9 6,4% |
|
Medio |
Frecuencia % del total |
4 3,3% |
9 6,5% |
4 3,3 % |
17 13,1% |
|
|
Alto |
Frecuencia % del total |
17 12,8% |
30 22,7% |
59 45,0% |
106 80,5% |
|
|
Total |
Frecuencia % del total |
21 16,1% |
39 29,2% |
72 54,7% |
132 100% |
|
|
Fuente: Elaboración propia |
||||||
En la Tabla 3, se compendia la resulta para examinar la asociación entre la dimensión Gobierno corporativo y el e-government. Al contraponer los valores totales se evidencia que para el pilar Gobierno corporativo el valor es menor al e-government en el ras bajo y medio paradójico a lo que ocurre en el nivel alto en el que el producto es inverso. Inmediatamente se exhibe la Tabla 4.
Tabla 4
Integridad pública y e-government
|
e-government |
||||||
|
Bajo |
Medio |
Alto |
Total |
|||
|
Integridad Pública |
Bajo |
Frecuencia % del total |
4 3,0% |
0.0 0,0% |
9 6,5% |
13 9,5% |
|
Medio |
Frecuencia % del total |
0.0 0,0% |
16 12,8% |
9 6,7 % |
25 19,5% |
|
|
Alto |
Frecuencia % del total |
17 12,9% |
22 16,3% |
55 41,8% |
94 71% |
|
|
Total |
Frecuencia % del total |
20.98 15,9% |
38.41 29,1% |
72.6 55% |
132 100% |
|
|
Fuente: Elaboración propia |
||||||
Finalmente se distingue en la Tabla 4 la dimensión Integridad Pública y la variable e-government. Aquí se refleja las cantidades y la analogía presente que el valor es menor al e-government en el horizonte bajo y medio. Mientras en el horizonte alto la repercusión es contrapuesta.
Posterior a esto, se aplicó la prueba de normalidad para determinar el tipo de distribución de las variables, generando los siguientes resultados: el grado de libertad (gl) es de 132 (132 encuestados), considerando la muestra, se empleó la medición de Kolmogorov-Smirnov, generando estimaciones de 0,800 y 0,924 con un nivel de centralidad de 0,000 y 0,028 menos prominente a 0,05. De esta manera, dado que la p-valor es menor a 0,05 en ambos factores, demostrándose la variabilidad de los datos hacia una tendencia no normal y no paramétrica. Aunado a lo anterior, y en congruencia con el propósito de la investigación se empleó el estadístico de Rho Spearman para validar hipótesis: H1: Existe relación significativa entre la integridad del sistema de inversión pública y el e-government en los proyectos de inversión pública (PIP) de la provincia de Tarma. Ho: No existe relación significativa entre la integridad del sistema de inversión pública y el e-government en los proyectos de inversión pública (PIP) de la provincia de Tarma.
Estimando que, la significancia resultante sea menor al 0,05 se aceptará la hipótesis de los investigadores (H1), de lo contrario se aceptará la hipótesis nula (Ho). En tal sentido, los resultados revelan que la correlación (Rho) entre las variables es de 0,216, con lo cual se rechaza la H1 y se acepta Ho, reforzándose con el grado de significancia (p) de 0,241 el cual es > 0,05; en consecuencia, se determina que no existe relación significativa entre la integridad del sistema de inversión pública y el e-government en los proyectos de inversión pública (PIP) de la provincia de Tarma.
4. Integridad del Sistema Nacional de Inversión Pública y el e-government: hacia la búsqueda de relaciones.
En el encauce del estudio dirigido a determinar la relación que existe entre la integridad del Sistema Nacional de Inversión Pública y el e-government, como herramienta para la gestión de los Proyectos de Inversión Pública en la provincia de Tarma, Junín, Perú; se desprende de sus resultados que no existe evidencia de relación directa y significativa estadísticamente entre la integridad del Sistema Nacional de Inversión Pública y e-government en los Proyectos de Inversión Pública de la provincia estudiada. Lo que es fundamentado en los resultados al revelar que el grado de significancia (p) es de 0,241 el cual es > 0,05.
Los resultados muestran diferencia a los obtenidos por Allauca (2018), en su investigación orientada a determinar la incidencia del gobierno electrónico en la transparencia de la gestión pública de los gobiernos locales, determinando que el 85% de los participantes aceptó que el gobierno electrónico incide en grado estadísticamente razonable en la transparencia de la gestión; es decir, el gobierno electrónico incide en la gestión pública.
Asimismo, en cuanto a los niveles determinados de las dimensiones o pilares que conforman la Integridad pública (a) el derecho de acceso a la información pública; (b) plan o proyecto de acatamiento, y (c) contar con un Gobierno Corporativo en relación con el e-government, esta se establece al alcanzar un nivel alto para cada uno de ellos. Lo presentado evidencia que cuando se realiza la gestión de los PIP, se necesitan niveles altos en estos principios para mantener un estado de e-government alto. En contraposición con lo dicho por Ayquipa et al, (2019), quienes aseguran que fortalecer el e-government, garantiza la interoperabilidad e intercambio de datos de cada organización, impulsando la eficiencia y transparencia en la prestación de servicios. Por lo cual, se considera la importancia de propulsar la economía digital
De igual forma, los resultados se relacionan con la investigación de Díaz (2019) y Medina et al, (2021), quienes señalan que hace falta fortalecer las instituciones supranacionales del Estado desde la perspectiva tecnológica para avanzar en el control de las distintas entidades que lo conforman, entre ellas las intendencias de inversión pública y propiciar una sociedad de la información colaborativa de acceso abierto dirigida a los ciudadanos
Además, la presente investigación se infiere coincidencia con (Lauletta et al, 2019), indicando que existen falencias de interconexión de información entre entidades gubernamentales, enfatizando en la seguridad y confiabilidad de los datos para efectos del control, por ello presenta resultados sobre el impacto significativo de estos controles en la eficiencia de los proyectos de inversión pública (PIP).
Igualmente, se contrastó la presente investigación con los aportes de Moraes y Meirelles (2017), sobre las iniciativas gubernamentales para ejercer control sobre los programas fiscales y cómo influye la gobernanza digital en el país, coincidiendo en la necesidad de implementar mayor control. Por su parte, Pérez (2019), en su investigación con el objetivo de determinar la relación entre la ética y la transparencia en una municipalidad de Lima, estableció la existencia de una relación directa moderada.
5. Conclusiones
Considerando los resultados, en general se evidencia que en la gestión de los PIP de la provincia de Tarma se emplean los pilares que avalan la Integridad pública de forma independiente y necesitan niveles de e-government altos para su funcionamiento, pero aún es incipiente su control o monitoreo con la gobernanza digital, para priorizar la gestión de los datos de forma transparente, participativa y con alto grado de confiabilidad, por lo que se debería emplear la cultura sistematizada del e-government para minimizar actos de corrupción administrativa al otorgar los recursos económicos a los PIP.
Asimismo, se debe tomar en cuenta el enfoque en el ciudadano y en su participación en los servicios tecnológicos gubernamentales, es decir, se debe desarrollar un modelo de adopción de e-government, pero enfocado a la ciudadanía y al valor público que tendrán estas estrategias.
Los PIP son un importante motor del crecimiento. Se destaca de los resultados que no existe evidencia de relación directa y significativa entre la integridad del Sistema Nacional de Inversión Pública y e-government en los Proyectos de Inversión Pública de la provincia de Tarma. No obstante, se hace oportuno enfatizar que por la población abordada en el estudio solo se tuvo la información proveniente de los gerentes, por lo que se apuesta por la realización de investigaciones futuras donde se considere los aportes de los usuarios de los servicios en estudio.
En concordancia con lo establecido por la ONU (2020), al referir que el gobierno digital no es un fin; es un modo de optimar la prestación de servicios públicos, aumentar la participación de las personas, mejorar la transparencia de los procedimientos.
Referencias bibliográficas
Allauca, W. J. (2018). Gobierno electrónico como herramienta de transparencia en la gestión pública de los gobiernos locales de la región ancash-2014-2015. [Tesis Maestría, Universidad Nacional Federico Villareal, Lima]. https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/2017
Altamirano-Barcia, P. (2018). ¿Existe correlación entre el Índice de Gobierno Electrónico de la ONU y el Índice de Percepción de la Corrupción? Análisis en los países del mundo y otras regiones (Años 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016). http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/4902
Alvarado, P., Cevallos, P., Moran, E. & Preciado, L. (2019). Modelo de gobierno electrónico peruano: servicios para el ciudadano en los portales de los gobiernos regionales. Visionario Digital, 3(3), 100-116. https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v3i3.656
Arredondo, F., Vázquez, J. & Guerra, E. (2021). Tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en la competitividad en América Latina. Journal of Technology Management & Innovación, 15(4), 43–53. https://doi.org/10.4067/S0718-27242020000400043
Ayquipa, R., Enriquez, H., Huayllani, W., Mezarina, Z. & Cabrera, M. (2019). Challenges in the implementation of e-government for public institutions in Peru. Proceedings of the 10th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning - IC4E, 347–351. https://doi.org/10.1145/3306500.3306572
Bravo-Orellana, S. (2016). La Reforma del SNIP (Parte I). [Mensaje de blog]. http://blogs.gestion.pe/inversioneinfraestructura/2016/11/la-reforma-del-snip-parte-i.html
Brusca, I., & Montesinos, V. (2006). Are citizens significant users of government financial in-formation. Public Money & Management, 26(4), 205-209. https://doi.org/10.1111 / j.1467-9302.2006.00526.x
Buenadicha, C., Galdon, G., Hermosilla, M., Loewe, D. & Pombo, C. (2019). La gestión ética de los datos. Madrid: Banco Interamericano de Desarrollo. http://dx.doi.org/10.18235/0001623
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo- CLAD (2007). Carta Iberoamericana de Gobierno Electronico. IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración pública y reforma del Estado. Santiago de Chile. http://old.clad.org/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf
Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL (2021a). De Gobierno Abierto - Estado Abierto. CEPAL. https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/recursosgobiernoelectronico
Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL (2021b). Los planes nacionales de inversión pública en América Latina y el Caribe. CEPAL. https://bit.ly/3n2eLnI
Congreso de Perú. (2002). Ley N° 27815. Artículo 1° al 3°. Compendio electoral peruano. Ministerio de Economía y Finanzas: Publicación del Gobierno de Perú. https://apps.contraloria.gob.pe/unetealcontrol/pdf/08_27815.pdf
Cropf, R. (2016). E-Government for Public Managers: Administering the Virtual Public Sphere. Rowman & Littlefield Publishers.
Cruz, G. (2020). GovTech y el futuro del gobierno: el caso de Datasketch en Colombia. CAF. http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1539
Díaz, E. (2019). La sociedad de la información, e-government, y derecho en el contexto de la globalización. [Tesis doctoral, Universitat d’Alacant-Universidad de Alicante]. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=251744
Font-Aranda, M. (2021). Del recurso atractivo a la experiencia turística. TURYDES: Revista sobre Turismo y Desarrollo local sostenible, 13(29), 64-79. https://doi.org/10.51896/TURYDES/WKCZ2156
Gobierno del Perú (2017). Decreto Legislativo N° 1327 que establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. N° 010-2017-JUS
Gobierno del Perú (2018). Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción. N° 042-2018-PCM.
Gobierno del Perú (2020). Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327 que establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.N° 002-2020-JUS
Ho, A. (2002). Reinventing local governement and the E-governement initiative. Public Administration Riview, 62(4). https://doi.org/10.1111/0033-3352.00197
Instituto de Ciencias HEGEL. (2020 Octubre 20) Impedimentos para Contratar con el Estado. https://hegel.edu.pe/blog/impedimentos-para-contratar-con-el-estado/
Jiménez, A., Merino, C., y Sosa, J. (2018). Determinantes de la inversión pública de los gobiernos locales del Perú. Consejo Fiscal del Perú. https://bit.ly/3H5FeZz
Lauletta, M., Rossi, M., Vieyra, J. & Arisi, D. (2019). Monitoreando la inversión pública. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo. https://bit.ly/3oe9YPl
Lirio, F. (2018). eGovernment en Perú: 2018. Conference: eGovernment en el Perú: 2018. Huaraz: Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28762.85440
Martínez-Cuba, JG. (2021). Integridad pública y E-Government en la gerencia de
servicios municipales de la Municipalidad Provincial de Tarma, Junín, 2020. [Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo. Lima]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/54004
Medina, J., Ábrego, D. & Echeverría, O. (2021). Satisfacción, facilidad de uso y confianza del ciudadano en el gobierno electrónico. Investigación administrativa, 50(127). https://doi.org/10.35426/iav50n127.04
Ministerio de Economía y Finanzas- MEF. (2000). Ley Nª 27293. Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública. Publicación del Gobierno de Perú. https://bit.ly/3F2d5kl
Ministerio de Economía y Finanzas- MEF. (2021). Inversión Pública. Publicación del Gobierno de Perú. https://bit.ly/3nV7hSX
Moon, M. J. (2002). The evolution of E-government among municipalities: Rhetoric or reali-ty? Public Administration Riview, 62(4). https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196
Moraes, G., & Meirelles, F. (2017). Perspectiva del usuario sobre la adopción del gobierno electrónico en Brasil. Journal of Technology Management & Innovación, 12(2), 1–10. https://doi.org/10.4067/S0718-27242017000200001
Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (2021). Los planes nacionales de inversión pública en América Latina y el Caribe. https://bit.ly/3qnvBiZ
Organización de Estados Americanos- OEA (2016). Sobre e-Gobierno. https://bit.ly/2XRPUZY
Organización de Estados Americanos- OEA (2018). Mandatos y Resoluciones de Gobierno Digital en las Américas. https://bit.ly/3jIDpI8
Organización de las Naciones Unidas- ONU (2019). Integridad Pública y Ética. Viena: Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. https://bit.ly/3vRIK4s
Organización de las Naciones Unidas- ONU (2020). Encuesta sobre E-Gobierno, 2020. Gobierno digital en la década de acción para el desarrollo sostenible. https://bit.ly/3mpTS5q
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE. (2003). The E-
Government Imperative. Paris: OECD Journal on Budgeting 3. https://www.oecd.org/gov/budgeting/43496369.pdf
Organización para Cooperación el Desarrollo Económico- OCDE (2017). Recommendation of the Council on Public Integrity. Francia: OECD Publishing. https://www.oecd.org/gov/ethics/OECDRecommendation-Public-Integrity.pdf
Organización para Cooperación el Desarrollo Económico- OCDE (2019). La Integridad Pública en América Latina y el Caribe 2018-2019. https://www.oecd.org/gov/ethics/integridad-publica-america-latina-caribe-2018-2019.pdf
Organización para Cooperación el Desarrollo Económico- OCDE (2020). Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública. https://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica
Ortegón, E., & Pacheco, J. F. (2004). Los sistemas nacionales de inversión pública en Centroamérica: marco teórico y análisis comparativo multivariado. CEPAL. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5601/S046536_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Pérez, R. (2019). La ética y transparencia en la Municipalidad de Santa Anita, Lima 2016. [Tesis Maestría, Universidad Cesar Vallejo, Lima-Perú]. https://bit.ly/3pIL3pH
Ponce, E., Ramírez, C., Taipe, R.& Ponce, N. (2021). Capacidad de Carga Turística, base para el manejo sustentable: Gruta de Huagapo. PURIQ, 3(1), 71-96. https://revistas.unah.edu.pe/index.php/puriq/article/view/114
Rodríguez, G. G. (2017). El gobierno electrónico para Venezuela y sus implicaciones en el riesgo país. Actualidad Contable Faces, 20(34). https://www.redalyc.org/jats Repo/257/25749951001/25749951001.pdf
Ronaghan, S. (2002). Benchmarking e-government. A global perspective. NuevaYork, Estados Unidos: UNDPEPA y ASPA. https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/English.pdf
Vallejos, R. (2019). Causas de comisión del delito de corrupción de funcionarios en Junín, y su impacto social negativo. [Tesis de pregrado, Universidad Continental, Huancayo]. https://hdl.handle.net/20.500.12394/6397
Veeduría Distrital. (2018). Metodología para la evaluación de medidas de integridad para empresas públicas y empresas mixtas. Bogotá, D.C. https://veeduriadistrital.gov.co
Yildiz, M. (2004). E-government research: reviewing the literature, limitations, and ways for-ward. Government Information Quarterly. https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.01.002