Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 26 Número Especial 5 2021, 315-330
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423
COMO CITAR: Martínez Chapa, O., Salazar Castillo, J. E., y Quispe Aruquipa, S. R. (2021). Régimen político mexicano y su legado de reformas económicas. Revista Venezolana De Gerencia, 26(Número Especial 5), 315-330. https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e5.21
Régimen político mexicano y su legado de reformas económicas
Martínez Chapa, Oshiel*
Salazar Castillo, Jorge Eduardo**
Quispe Aruquipa, Saul Roberto***
Resumen
El régimen político de México adoptó políticas de mercado abierto desde mediados de los ochenta, las cuales significaron un cambio respecto al paradigma keynesiano del rol del Estado. La política de mayor orientación al mercado cobró renovado impulso en el mundo occidental —aun en Europa del Este—, una vez que el socialismo entró en crisis y la esencia del laissez faire se presentó como la alternativa ganadora en el terreno ideológico. El propósito de este trabajo es identificar las reformas económicas como legado del régimen político mexicano, las cuales se ubican en el contexto internacional de liberalización comercial. La hipótesis que se plantea es que dichas reformas emprendidas en México no han logrado mayores tasas de crecimiento económico y de bienestar de la mayor parte de la población, pues no fueron el resultado de los consensos, ni se diseñaron en atención al interés público, como tampoco se apegaron a los principios de veracidad. La metodología empleada es de tipo cualitativo y cuantitativo. Los resultados muestran que, en lo general, las citadas reformas auguraron bienestar y modernidad, sin embargo, no se observan indicadores positivos en las variables referidas. Se concluye, por tanto, que es indispensable que las decisiones de mayor transcendencia para la sociedad deban incorporar mecanismos de información y análisis para la participación de todos los agentes económicos.
Palabras clave: régimen político; sociedad civil; reformas económicas; bienestar social; desarrollo económico
Recibido: 20.02.21 Aceptado: 20.05.21
* Doctorado en Economía, Instituto Internacional de Derecho Estado, México. Universidad Autónoma de Tamaulipas/Tecnológico Nacional de México. E-mail: omartinez@uat.edu.mx ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9675-5472
** Máster en Ciencias Administrativas, Universidad Autónoma de Nuevo León. E-mail: jorge_eduardo_salazar@yahoo.com.mx ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1138-2353
*** Doctorado en Economía, Universidad Autónoma Metropolitana. E-mail: saul_rqa@Yahoo.es ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3018-2832
The Mexican political regime and its legacy of economic reforms
Abstract
The Mexican political regime adopted open market policies since the mid-eighties, which signified a change with respect to the Keynesian paradigm of the role of the State. The more market-oriented policy gained renewed momentum in the Western world -even in Eastern Europe- once socialism entered crisis and the essence of laissez faire presented itself as the ideological winning alternative. The purpose of this work is to identify economic reforms as a legacy of the mexican political regime, which are in the international context of trade liberalization. The hypothesis that arises is that these reforms undertaken in Mexico have not achieved higher rates of economic growth and well-being of the majority of the population, since they were not the result of consensus, nor were they designed in response to the public interest, as they also did not adhere to the principles of truthfulness. The methodology used is qualitative and quantitative. The results show that, in general, the reforms augured well-being and modernity, however, no positive indicators are observed in the referred variables. It is concluded, therefore, that it is essential that the decisions of greater importance for society should incorporate information and analysis mechanisms for the participation of all economic agents.
Key words: political regime; civil society; economic reforms; social welfare; economic development
1. Introducción
Como otros países del mundo, México ha experimentado transformaciones importantes en su historia. El régimen ha adecuado su Constitución Política a efecto de reformar sectores estratégicos de su economía. Los cambios comenzaron a implementarse desde mediados de la década de los 80s. El presente estudio es relevante, no solo para la academia, sino también para el conjunto de la sociedad en el interés en conocer las motivaciones y el impacto que han tenido los procesos de liberalización y de reformas económicas, destacándose sus efectos en Europa del Este, Asia y América Latina.
Esta investigación es igualmente relevante dados los problemas políticos, económicos y sociales prevalecientes en el país, en especial en el contexto del cambio de gobierno en México (2018-2024), el cual replantea el modelo económico imperante, considerando que el mismo ha generado injusticias y falta de oportunidades para el grueso de la población.
En el caso específico de México, debe señalarse el cambio de paradigma, pues de tener una economía mixta con una activa participación del sector público y propietario de empresas paraestatales, ahora, ya con las reformas, se despliega uno nuevo, consistente en un rol más activo del sector privado, fundamentalmente de tipo corporativo y trasnacional. El propósito de este trabajo es identificar las reformas económicas como legado del régimen político mexicano, las cuales se ubican en el contexto internacional de liberalización comercial.
Las reformas estructurales de México ocurrieron en diferentes sectores estratégicos, entre los cuales destacan fundamentalmente: 1) privatización de la banca, de empresas paraestatales y del sistema de pensiones; 2) esquemas de inversión privada y concesiones en diversos tramos de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos a fin de modernizar la infraestructura y agilizar el transporte para los flujos de mercancías y personas; y 3) regulación del sector de las telecomunicaciones.
Los impulsos de estas reformas se intensificaron con el aval de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. En México, los gobiernos encabezados por políticos y funcionarios fieles a la ortodoxia neoclásica implementaron los arreglos institucionales, los cuales tuvieron como argumentos: 1) la insostenibilidad del modelo nacionalista y proteccionista; 2) las fallas del Estado; 3) la necesidad de modernización y competitividad; 4) la eficiencia, competencia y desarrollo social.
La metodología empleada es de tipo cualitativo, por cuanto revisa los documentos relativos al tema objeto de esta línea de investigación y, cuantitativa, por cuanto analiza los datos utilizados para evaluar los indicadores seleccionados fundamentalmente.
2. El contexto internacional de la liberalización ecoonómica mexicana
En este trabajo se analiza de forma sucinta la consolidación del régimen político mexicano que, entre otras cosas, permitió la implementación de una serie de reformas económicas en el contexto de liberalización comercial de la que nuestro país ha formado parte activa. Estos procesos han tenido que ver con decisiones públicas de gran peso que deben incorporar a los diversos agentes de la sociedad.
De acuerdo con Buchanan (2000), citado por Salinas (2016) señala que los ciudadanos buscan participar en este tipo de decisiones públicas, pues se trata de evitar que el Estado imponga una tiranía, y en lugar de ello se promueva el bienestar. Para el citado autor, la democracia es el “gobierno por el pueblo”, oponiéndose con ello a la forma en la cual las élites lo han llevado a cabo. En el plano ideal, se espera que los procesos democráticos se traduzcan en mayor participación social, pues están en juego el presente y futuro de los asuntos colectivos.
Las instituciones disfuncionales, según North (1990), se caracterizan por graves fallas en el Estado de derecho, en el funcionamiento del aparato judicial al aplicar la justicia y en la resolución de conflictos conforme a reglas ciertas. Por su parte, Vargas y González (2018: 329) sostienen que para el crecimiento económico son indispensables instituciones fuertes, asociadas al Estado de derecho, la voz y rendición de cuentas, la estabilidad política, la ausencia de violencia y la efectividad gubernamental.
El desarrollo económico no puede entenderse sin avances reales en materia de libertades, leyes e instituciones creadas para la justicia y el desarrollo social. Si —como lo invocan frecuentemente los líderes políticos— la soberanía reside en los ciudadanos, entonces es el gobierno debe representarlo y defenderlo. Sin embargo, la tentación por acumular poder y privilegios malogra el interés público. Los asuntos de la vida pública entrañan gobernar, colocando en la balanza los diversos intereses, así como las necesidades presentes y futuras de los ciudadanos.
Legislar y reformar es un asunto tan antiguo como vigente. Debe señalarse que buena parte de los cambios en las leyes tiene como fin superior beneficiar a individuos o grupos de poder. Existe una tendencia a enseñorearse sobre los ciudadanos y naciones en las acciones de los gobernantes y de ello da cuenta el Evangelio mismo (San Marcos 10: 42). El régimen político puede invocar que los ciudadanos obtengan beneficios como precios más bajos, mayores niveles de calidad en los servicios públicos, empleos mejor remunerados, oportunidades de progreso social y demás, aunque ello no siempre ocurra así.
Bastiat (2008), en su obra La Ley, conociendo la realidad social y política de su época, advierte lo que significa el oficio de legislar y reformar. Lo señala claramente:
Todos tenemos una fuerte inclinación a considerar lo legal como legítimo, hasta tal punto que son muchos los que falsamente dan por sentado que toda justicia emana de la ley. Basta pues que la ley ordene y consagre la expoliación, para que ésta parezca justa y sagrada para muchas conciencias... Está en la naturaleza de los hombres el reaccionar contra la iniquidad de que sean víctimas. Así, pues, cuando la expoliación está organizada por la ley, en beneficio de las clases que la dictan, todas las clases expoliadas tienden por vías pacíficas o revolucionarias a tener alguna participación en la confección de las leyes (Bastiat, 2008: 4).
Según Arrow (2012), las deliberaciones de los asuntos públicos deben entonces concebirse como una función de bienestar social, el cual no siempre cumple su cometido. De acuerdo con Acemoğlu y Robinson (2013), las reformas económicas no podrán impactar a las sociedades si se mantienen intactas las estructuras de poder y dominación.
3. Régimen político y su legado de reformas económicas
En México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es un caso peculiar, pues dejando de lado otras formas de gobierno implementadas hasta el presente, este partido político ha gobernado a México desde 1929 hasta 2000, una vez ocurrida la denominada alternancia en la Presidencia de la República con Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa en 2000 y 2006, respectivamente. El PRI retomó el poder en el periodo 2012-2018. En dicho sexenio se impulsaron otras reformas estructurales de gran envergadura. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) dejó una herencia de reformas estructurales, pero de pobre desempeño económico, corrupción, así como un grave desencanto ciudadano.
Cabe señalarse que desde 1929 en México no se han dado luchas internas capaces de interrumpir la llamada “continuidad revolucionaria”. De hecho, quienes se beneficiaron de este régimen no consideraron atender a fondo las demandas de inclusión social y desarrollo del grueso de la población. En la perspectiva del régimen, la pobreza fue inevitable y solo se le ofreció meros paliativos para encararla.
En las elecciones de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), conquistó la mayoría del Congreso. Está por ver si se dará continuidad a las políticas económicas imperantes o bien, se producirán las transformaciones que prometen modernizar la economía, erradicar la corrupción y poner fin a la violencia. El nuevo régimen promete, adicionalmente, impulsar reformas estructurales para resarcir las afectaciones económicas de décadas y así alcanzar mayor bienestar social.
Durante este periodo de liberalización, el régimen en México prometió democratizar la política y fortalecer las diversas instituciones, aunque ello no necesariamente se logró alcanzar de manera plena (Zamitiz, 2010: 4). En el discurso oficial se consideraron reformas electorales y de pluralidad de partidos, pero en la realidad hubo muy poco avance en tales temas y sí se ha observado inconformidad con los resultados de las contiendas electorales de 1988, 2006 y 2012.
En estos procesos de reformas hubo corporaciones que se beneficiaron de privatizaciones y de inmensos privilegios -como tener regímenes especiales que dieron lugar al pago de bajos impuestos y aun exenciones, además de otras prerrogativas-. No quedaron fuera en este reparto los grandes consorcios de comunicación, los cuales destacaron las bondades del régimen, exaltaron a los gobiernos en turno y describieron un futuro de prosperidad y seguridad para la sociedad mexicana.
El régimen neoliberal en México se caracteriza en lo sustancial por aspectos contrastantes como: 1) continuidad en lo esencial en el manejo político, aunque con marcado proteccionismo y trato preferencial a las corporaciones nacionales y extranjeras; 2) reducción del crecimiento económico, aunque no de las ganancias corporativas; 3) crecimiento del aparato judicial, pero falta de avances significativos respecto a la necesidad de impartición de justicia expedita; 4) crecimiento de instituciones y presupuesto para atender a la población en desventaja, pero incapacidad para reducir la desigualdad social; 5) regulación financiera, pero con prevalencia de especulación y concentración de mercados; 6) promesas de erradicación del lastre de la corrupción y violencia generalizada, pero con poca efectividad en su combate.
La liberalización comercial de México se ha dado en un contexto de fuerzas impulsoras de la globalización, las cuales se expresaron en la adhesión de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (1986), la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (1994) por el CEPAL y, en 2020, la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), además de otros acuerdos comerciales y de colaboración celebrados con países diversos. Estas acciones han significado la oportunidad para incrementar las exportaciones, crear puestos de trabajo y generar mayores beneficios sociales. Por otro lado, la apertura y desgravación arancelaria han significado un mayor ingreso de productos extranjeros, pero a la vez de dificultades para que las empresas pequeñas alcancen niveles de competitividad de clase mundial.
De hecho, no son pocas las naciones que han experimentado estas transformaciones en las políticas económicas recomendadas por el BM, el FMI y la OCDE. Los EU e Inglaterra encabezaron este tipo de iniciativas de mercados abiertos, caracterizado, entre otras cosas, por disminuciones acordadas a prácticas arancelarias y no arancelarias, así como por la expansión sin precedente de las corporaciones trasnacionales. Según Sassen (2000), este proceso ha requerido de la adecuación de las instituciones políticas y económicas a esta dinámica.
En el proceso de liberación comercial el régimen político mexicano cooperó y dejó de lado el papel de rectoría del Estado en muchas de las actividades productivas. Gradualmente, el régimen fue desentendiéndose de la intervención del Estado benefactor y proteccionista. También abandonó los postulados del modelo de sustitución de importaciones al considerarlo como ineficiente y propio del pasado. Según Herrera (2014: 1), detrás de las reformas el régimen invocó beneficios como la eficiencia asignativa, precios más bajos, mayor nivel de competencia, innovación y demás bondades a partir de acciones como privatizaciones y demás.
Así, no fueron pocas las industrias, el comercio, los servicios y el sector agropecuario los que se rezagaron de forma considerable. Solo un puñado de corporaciones mexicanas y extranjeras han alcanzado una dinámica exportadora nunca vista. Según Ramírez (2007), estos procesos acabaron por estimular una fuerte concentración del capital internacional, sin considerar las distorsiones causadas.
Es oportuno destacar principios intrínsecamente beneficiosos del sistema de mercado, entre los cuales deben señalarse la provisión de los medios de producción, la necesaria regulación de los mercados, la innovación, la competencia, la libertad para emprender, el trabajo diligente, el ahorro, por citar algunos. Sin embargo, la persistente desigualdad social y los niveles de bajo desarrollo económico en buena parte del mundo no pueden hacer infalibles sus postulados filosóficos. Cabe añadir que, durante décadas, estos postulados se convirtieron en políticas económicas adoptadas casi al pie de la letra y se enseñaron como dogmas de fe en gran cantidad de centros de educación e investigación.
Los reformadores pasaron por alto la necesidad de observar las singularidades de cada país. Desconocieron principios y enseñanzas en el sentido de que el mercado por sí mismo no ha podido colocarse como el único medio para atender eficazmente las necesidades de las sociedades sin crear contradicciones. Según Altmann (2002), el mercado, aun teniendo leyes propias, necesita del control del Estado. Cuando este último es frágil y se halla sometido a poderes económicos y políticos es causa, en buena medida, del aumento de los niveles de pobreza.
Escalante (2020), expresa que lo ocurrido con dicho modelo en la perspectiva de comienzos del siglo XXI fue un experimento global de treinta años, el cual no logró mayor crecimiento, ni mejor distribución del ingreso y ni siquiera estabilidad.
De acuerdo con Villarreal (2009), la liberalización comercial y demás acciones en conjunto pretendieron la buena marcha de la economía a partir de la integración de los grandes centros urbanos y demás regiones al mercado mundial. Las reformas estructurales de México ocurrieron en diferentes sectores, todos ellos considerados estratégicos. Se destacan fundamentalmente: 1) privatización de la banca, de empresas paraestatales y del sistema de pensiones; 2) esquemas de inversión privada y concesiones en diversos tramos de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos a fin de modernizar la infraestructura y agilizar el transporte para los flujos de mercancías y personas; y 3) regulación del sector de las telecomunicaciones.
Así, la ola de reformas y acciones de liberalización de la economía del país se dieron en los siguientes periodos.
- 1982-1988. Adhesión de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio y desincorporación de empresas públicas, las cuales pasaron de 1155 a 215, así como las siguientes reformas: agraria, política-electoral, Estado-Iglesia y de carácter judicial.
- 1988-1994. Reforma agraria, Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Organización para La Cooperación y el Desarrollo Económico, privatización de la banca y de Telmex y demás.
- 1994-2000. Privatización de Ferrocarriles Nacionales y reforma al Sistema de Pensiones.
- 2012-2018. Reformas estructurales: energética, de competencia económica, de telecomunicaciones y radiodifusión, hacendaria, financiera, laboral, educativa, político electoral y en materia de transparencia.
A la pregunta de su investigación ¿Por qué México no es rico?, Hanson (2010: 987-988) encuentra que, a pesar de las reformas emprendidas por el país, que luego similarmente fueron implementadas en otras naciones, el crecimiento económico experimentó una baja considerable. Según el autor, ello fue motivado por factores diversos como el mal funcionamiento de los mercados del crédito, falta de incentivos para limitar el crecimiento de la informalidad y serias dificultades para mejorar la productividad. Encuentra, adicionalmente, que a partir de 2000 se observó una expansión económica sin precedentes de China, India y otras naciones de Asia, aunque luego estos países han reducido su ritmo, especialmente con la Gran Recesión.
El papel más activo del mercado abierto es su mayor distintivo. Los rasgos dominantes de las citadas reformas se advierten en el cuadro 1.
Cuadro 1
Reformas económicas y su impacto en México
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Reformas económicas adoptadas en México |
Impactos en la economía y sociedad mexicana |
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Fuente: Elaboración propia (2021) |
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Estos procesos de reformas se experimentaron también en otras regiones del mundo y los argumentos esencialmente fueron los mismos. En el caso de México, el régimen consolidó así acciones de políticas de liberalización comercial a partir de adecuaciones a la Constitución Política, para lo cual fue fundamental el apoyo del Congreso de la Unión. Pronto comenzaron a observarse otras reformas complementarias: al sector agropecuario, a la educación, a las leyes sobre inversión extranjera, a las prácticas aduaneras, al sistema financiero, a los recursos energéticos. Otras reformas que se dieron fueron las de la Ley de Amparo, leyes de transparencia, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y la de tipo político electoral.
4. Consideraciones metodológicas y discusión de las variables de estudio
El Método empleado en esta investigación es de carácter analítico-deductivo. En el propósito de analizar el impacto de las reformas económicas en México, se recurre al análisis de los documentos, así como a la estadística descriptiva respecto a las variables e indicadores económicos, sociales y de competitividad (1980-2018) con base en instituciones como el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heritage Foundation, IMD World Competitiveness Center, así como International Transparency.
Con datos procedentes de instituciones como la Secretaria de Economía, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y el Banco de México se analizan diversas variables como las tasas de crecimiento económico de México a lo largo del periodo 1961-2019; el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en el que se compara a México con Estados Unidos (EU), Canadá y el promedio de la OCDE (1970-2018); el gasto social como porcentaje del PIB en el que se compara a México con EU y el promedio de los paises de la OCDE (1980-2018).
- El crecimiento de la economía mexicana
Respecto a la variable crecimiento, esta normalmente emplea tasas de variación del PIB. En forma específica, se analizan datos anuales para el periodo 1961-2019, advirtiéndose una reducción importante en la misma, lo cual se muestra en la gráfico 1. La tendencia observada es declinante, pues de tener tasas superiores a seis por ciento en los años sesenta, en el presente (2020) son del orden de dos por ciento. Al dividir la serie en dos periodos: el de 1961-1981 con 20 años, y el de 1982-2019 con 37, se advierte que en el primero de ellos la tasa media anual fue de 6.8 por ciento. En el segundo, dicha tasa media es de 2.2 por ciento. También se advierten caídas bruscas en la producción, en especial las ocurridas en los años 1983, 1986, 1995, 2009 y en la actualidad.
Gráfico 1
Tasas de crecimiento en México 1961-2019
Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Paradójicamente, a pesar de las transformaciones en el contexto de la economía abierta, el país sufre de mayor exposición a riesgos de devaluaciones y volatilidad en los mercados. En definitiva, queda claro que el país experimenta una reducción en sus tasas de crecimiento y ello tiene efectos adversos en el empleo, ingresos, consumo e inversión, gráfico 1.
Cabe señalarse que estas bajas tasas de crecimiento se han cuestionado entre los diferentes agentes económicos, y aunque se ha instado para que los gobiernos en turno impulsen la inversión, la creación de puestos de trabajo y mayor bienestar social, existe una formidable resistencia para alcanzar tales metas. Se trata de un estancamiento extendido debido principalmente a factores como: 1) mercado mundial con severa contracción y México supeditado crecientemente a los EU, pues no cuenta con estrategia para diversificar sus exportaciones a otros mercados; 2) el mercado interno debilitado debido a las bajas remuneraciones y la falta de apoyos para la inversión. Bien puede establecerse que ha faltado eficacia a las medidas de política fiscal y monetaria adoptadas y recomendadas por los bancos centrales y organismos internacionales.
- El crecimiento del PIB per cápita
El comportamiento del PIB per cápita es otra variable de interés para analizar el crecimiento de una economía. Según se observa en la gráfico 2, México es el país con el PIB per cápita más bajo entre quienes conforman la OCDE. Dicho indicador no tiende a crecer ni a converger respecto a los demás países con los cuales se ha integrado, como EU y Canadá en el TLCAN y a la OCDE en 1994. Al comparar el tamaño del pib per cápita de estos países, se observa que el de México es comparativamente menor, gráfico 2.
Gráfico 2
PIB per cápita de México, Canadá, EU y la OCDE
Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (2020a).
- El bienestar social
El gráfico 3 muestra datos de países respecto a la protección social, medida está en términos de gasto como porcentaje del PIB. Se trata de un indicador importante del desarrollo social y económico. Ciertamente se requiere que la economía mexicana crezca a fin de coadyuvar al bienestar de la población, y ello debe ser el resultado de políticas gubernamentales comprometidas con la población. El gasto social de México tiende a crecer, aunque es bajo e insuficiente dadas las necesidades de los ciudadanos, pues no permite potenciar el capital humano. Para ilustrarlo, baste señalar que el gasto social per cápita en dólares correspondiente a 2018 para los países de la OCDE era de 7 mil 71 dólares; para EU, de 9 mil 875; y para México, tan solo de 1 mil 276.26 (Banco Mundial, 2018).
Gráfico 3
Protección social de México, EU y la OCDE (1980-2018)
Fuente: OCDE (2020b).
Por otro lado, el régimen político en México no ha prestado suficiente atención a las demandas de la población con mayor desventaja, pues por mucho tiempo se han restringido satisfactores esenciales como la salud, educación, infraestructura para agua y servicios. En lugar de atender con suficientes recursos a esta población, se convirtieron en asuntos prioritarios los relacionados con la atracción de inversiones, el crecimiento de las reservas internacionales, el cuidado del déficit, el control de la inflación y del riesgo para el país y demás asuntos económicos y financieros. No deben soslayarse los aspectos sociales, pues ellos dan cuenta del progreso real de las naciones.
El plano social muestra los limitados avances en la impartición de bienes públicos esenciales. A pesar de que México se adhirió a la OCDE y demás organismos internacionales, sus avances aún siguen siendo limitados. El estudio económico para México de la OCDE (2019) resalta los aspectos en materia de política social, destacándose los siguientes:
- México sigue teniendo el PIB per cápita más bajo y los niveles de pobreza más altos de la OCDE. La brecha en el nivel de vida respecto a otros países más ricos se ha venido reduciendo, pero el avance ha sido muy lento, afectado por bajos niveles de productividad, bajos niveles educativos y altos niveles de pobreza y desigualdad.
- Las desigualdades en los ingresos de los mexicanos son enormes: el ingreso promedio de 20 por ciento más rico es 10.3 veces mayor que el del 20 por ciento más pobre. Estas desigualdades también se manifiestan en las grandes brechas regionales que dividen al país. Por ejemplo, mientras que en Nuevo León la tasa de pobreza es de menos de 20 por ciento, esta supera el 60 por ciento en estados como Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Otras de las debilidades de la economía mexicana son los altos niveles de informalidad laboral, que afectan a cerca de 60 por ciento de los mexicanos. Estos trabajadores no tienen seguridad social, no cotizan para una pensión y no tienen derecho a licencia por maternidad o paternidad.
- México tiene uno de los peores desempeños de la OCDE en cobertura sanitaria, esperanza de vida, mortalidad por enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes infantil. El reducido gasto público en salud y los altos gastos de bolsillo de los particulares generan desigualdad en el acceso a servicios de calidad. A pesar de los avances, el sistema sigue estando sumamente fragmentado, con un gasto concentrado en las entidades más ricas y las zonas urbanas.
- En materia de pensiones señala que si solo se contribuye con 6.5 por ciento de los salarios, la pensión solo cubriría 25 por ciento del último sueldo, aun suponiendo que el trabajador pagó su contribución completa durante toda su carrera. Agreguemos a ese problema el tema de la informalidad, y tenemos un peligro inminente: viejos pobres. Las posibles soluciones pueden incluir: aumentar las contribuciones cuando menos al doble (idealmente al triple), prolongar la edad de retiro, o una combinación de ambas.
La tabla 1 muestra algunos indicadores que permiten advertir sus respectivos patrones de desempeño. En cuanto a los indicadores económicos se refiere debe señalarse lo siguiente: 1) la inversión pública tiende a reducirse considerablemente; 2) la inflación actual es muy inferior a la de 1988, lo cual es positivo; 3) la inversión extranjera directa alcanzó su nivel más alto en 1994, justo el año en que México entró a la OCDE y puso en marcha el TLCAN; 4) el arancel promedio ha tendido a bajar, lo cual se entiende en el marco de los procesos de liberalización; 5) la renta petrolera revela una drástica reducción, con lo cual bajan considerablemente los ingresos fiscales; 6) las exportaciones petroleras muestran un crecimiento importante, consolidando este proceso de apertura comercial y globalización de la que México forma parte.
Tabla 1
Indicadores económicos, sociales y de competitividad de México (1988-2018)
En cuanto a los indicadores sociales y económicos se refiere, la tabla en cuestión detalla: 1) la desigualdad social, medida a través del coeficiente de Gini, se torna persistente en el país; 2) el Índice de Desarrollo Humano muestra cierto progreso en lo general, aunque a nivel interno sí se advierten niveles diferenciados; 3) el Índice de Libertad Económica casi no muestra cambios o progreso, tornándose asunto pendiente; 4) la variable competitividad revela un crecimiento muy modesto, lo cual constituye un reto a considerar; 5) en cuanto a transparencia, debe señalarse la necesidad de seguir mejorando a través de acciones eficaces contra la corrupción, uno de los mayores lastres del país.
En cuanto a la discusión debe señalarse que, una vez implementadas las citadas reformas el régimen político se vio precisado a crear agencias reguladoras, cuyo fin fue la defensa del interés público. Fuese convicción o no, el régimen en cuestión concedió una fe ciega en que el modelo económico e ideológico funcionaría y así traería la tan anhelada prosperidad.
Como hallazgos derivados de la revisión de la literatura y de los hechos, debe señalarse que las reformas en cuestión han significado un mayor dinamismo para algunas ciudades y regiones del país, pues algunas han resultado ser más competitivas, dado su atractivo para las inversiones en sectores estratégicos, así como oportunidades para exportar bienes con mayor valor agregado. Sin embargo, la otra cara de la moneda la constituyen el rezago en el sur de México y demás regiones que persisten con pobreza. Adicionalmente, se advierte de una mayor concentración de mercados, débil desempeño económico, pobre Estado de derecho, corrupción imperante, violencia generalizada y, en general, el consecuente desaprovechamiento de las potencialidades de la sociedad.
5. Conclusiones
En este trabajo se han analizado algunas características del régimen político mexicano y su legado de reformas económicas. Dicho régimen concentró suficiente poder para impulsar las reformas descritas. Un régimen débil y sin suficientes recursos legales y económicos resulta inconveniente tanto para quienes lo representan, como para las grandes corporaciones beneficiadas.
En general, todas las reformas económicas emprendidas fueron justificadas en su momento por razones fundamentales como la necesidad de colocar al país en la modernidad, el desarrollo y el bienestar social. Sin embargo, dichas reformas, así como el proceso de liberalización comercial e integración internacional, no han significado mejores condiciones de ingreso para la mayor parte de los mexicanos. Se puede cuestionar que el régimen político no convocó, en sus momentos respectivos, a la sociedad mexicana a discutir la conveniencia de aquéllas. Después de todo, se trata de asuntos de interés social.
El régimen solo se limitó a realizar algunos foros de información, los cuales no trascendieron ni involucraron a los ciudadanos en un plebiscito o consulta popular respecto a estos asuntos públicos relevantes. Según puede desprenderse acciones como estas han repercutido en la baja de participación ciudadana y ponen de manifiesto que en México han estado presentes señales de agotamiento y contradicción del régimen político.
Sin una competencia democrática real que le significara un contrapeso, el régimen político dispuso de recursos y poderes a discreción, con lo cual la sociedad mexicana se privó de otras posibilidades de solución de sus problemas diversos. De hecho, tampoco hubo progresos importantes en la política y gobernanza a pesar de tener instituciones tan costosas, pues el régimen se privilegió a sí mismo y solo compartió decisiones con los beneficiarios de estas prácticas reformistas. En términos llanos, lo anterior significó un abierto menosprecio hacia los votantes, contribuyentes y demás miembros de la sociedad civil. Con vías de voz y voto, dicha sociedad se hace presente y expresa sus puntos de vista con la intención de mejorar la calidad del gobierno, pues ello se encuentra en el ámbito de los derechos constitucionales que lo avalan.
En términos generales, las variables seleccionadas muestran un progreso muy limitado en el crecimiento económico y en el bienestar social a pesar de los grandes cambios a las leyes efectuadas por el régimen político mexicano. Las propuestas de los actores políticos, en el sentido de ofrecer mejores condiciones de vida a la población, en la mayoría de los casos han sido percibidas como difícilmente alcanzables. Por tanto, no es ocioso señalar que los ciudadanos esperan mucho más de la clase política y económica que ha obtenido privilegios y rentas elevadas.
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