Políticas públicas de protección a las familias en España
Pastor Seller, Enrique1
Resumen
El artículo presenta un análisis de los cambios en la estructura, actitudes y comportamientos familiares, las situaciones de dificultad y exclusión que afectan de manera diferenciada a los hogares y una panorámica de las políticas públicas de protección a las familias que se desarrollan desde las diferentes administraciones en España. La metodología de acercamiento al objeto de investigación se basa en un estudio de base documental a partir del análisis de fuentes estadísticas e investigaciones solventes y actualizadas y de las políticas, medidas y programas que se desarrollan desde los distintos niveles de administración pública. Los resultados de la investigación constata que las políticas de apoyo a las familias son escasas, insuficientes en cobertura y cuantía, fragmentadas y desiguales en los territorios. Es necesario incrementar la inversión en extensión de cobertura y mejora de prestaciones directas e indirectas para mejorar las medidas de respiro y de conciliación, estabilidad y adecuación de viviendas, reforzar acciones de concienciación y educación para la igualdad de oportunidades desde la proximidad de las administraciones locales y el impulso de medidas para modalidades familiares especialmente vulnerables como son las monomarentales. Como conclusión, las políticas de protección a las familias precisan de una oferta dinámica en consonancia con los cambios y tendencias sociales, especialmente para la adecuada atención a los hogares en exclusión social.
Palabras clave: políticas públicas, modelos familiares, administraciones públicas, vulnerabilidad social.
Recibido: 20-01-20 Aceptado: 30-03-20
1 Doctor en Sociología, Universidad de Murcia-España. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Sociología y Trabajo Social. Universidad de Murcia (España). Director del Grupo de Investigación: “Trabajo Social y Servicios Sociales” de la Universidad de Murcia (España). Correo: epastor@um.es, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8693-5138.
Public policies to protect families in Spain
Abstract
The article presents an analysis of changes in family structure, attitudes and behaviors, the situations of difficulty and exclusion that affect households in a differentiated way and an overview of the public policies for the protection of families developed by the different administrations in Spain. The methodology for approaching the research object is based on a document-based study based on analysis of reliable and up-to-date statistical sources and research and policies, measures and programmes implemented by the various levels of public administration. Research results show that policies to support families are scarce, insufficient in coverage and amount, fragmented and unequal in the territories. It is necessary to increase investment in coverage extension and improvement of direct and indirect benefits in order to improve measures for respite and reconciliation, stability and adaptation of dwellings, to strengthen awareness-raising and education activities for equal opportunities from the point of view of local authorities and the promotion of measures for particularly vulnerable family groups such as those living on the land. In conclusion, policies for the protection of families require dynamic provision in line with social changes and trends, especially for adequate care for socially excluded households.
Keywords: public policies, family models, public administrations, social vulnerability.
1. Introducción
Las familias desempeñan un papel económico, social y político imprescindible para la cohesión y sostenibilidad. Se sitúan en el centro de la vida cotidiana garantizando, junto a otros sistemas y actores, el bienestar de sus miembros, la educación y socialización de la infancia y la juventud y el cuidado de las personas mayores. Constituyen, un “laboratorio” donde se experimentan y reflejan muchos de los cambios sociales, pero también un catalizador básico de las transformaciones.
Desde una perspectiva de las administraciones públicas, tener en cuenta a las familias supone un potencial para acelerar los logros de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el bienestar. De manera concreta podemos relacionarlos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados con acabar con la pobreza y el hambre; asegurar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades; asegurar oportunidades educativas a lo largo de la vida y lograr la igualdad de género (Naciones Unidas, 2015). Las políticas familiares orientadas a apoyar el papel cuidador de las familias, el equilibrio y conciliación entre progenitores o tutores, la capacitación de las familias como actores de salud, educación y bienestar de sus miembros, han demostrado su capacidad para contribuir a los objetivos de desarrollo global2.
Familias nucleares, unipersonales, reconstituidas, monoparentales, homoparentales, monoparentales, etc., si bien todo este tipo de vinculaciones no constituyen en sí mismas una creación reciente, no deja de ser cierto que en las últimas décadas las familias han experimentado cambios sustanciales, tanto en su cuadro institucional como en su composición, distribución territorial, funciones y expectativas. Del matrimonio concertado cuya función era la transmisión del patrimonio, pasando por la erróneamente denominada “familia tradicional”, las familias adoptan actualmente una pléyade de expresiones diversas, siendo su composición cada vez más poliédrica (Fundación ADECCO, 2019). Los patrones familiares son ahora más complejos y diversos lo que requiere de una amplia oferta agenda de políticas públicas de atención y protección a las familias.
El artículo presenta un análisis de los cambios en la estructura, actitudes y comportamientos familiares, las situaciones de dificultad y exclusión que afectan a los hogares y una panorámica de las políticas y programas de apoyo y protección a las familias con mayores dificultades sociales que se desarrollan desde las diferentes administraciones públicas en España.
El artículo se basa en una metodología de investigación de carácter documental a partir del análisis de datos procedentes de diferentes fuentes estadísticas, estudios e investigaciones solventes en materia de cambios en las estructuras, dinámicas y comportamientos de las familias y la exclusión que afecta a los hogares españoles. Una vez realizado el mencionado acercamiento a la situación actual y tendencias de los hogares en España, se ha procedido a la identificación, descripción y categorización de la oferta de medidas, servicios y programas desde una perspectiva integral, atendido a diferentes sistemas de protección social y niveles de administración pública. El análisis de contenido de las políticas públicas de protección a las familias impulsadas por los diferentes sistemas de protección social y administraciones públicas en España permite conocer si estas responden de manera adecuada a las características de los hogares anteriormente analizados.
2. Cambios en las estructuras y dinámicas familiares en contextos de transformaciones sociales
España, según el Instituto Nacional de Estadística [INE] (INE, 2020a), tiene 47.100.396 habitantes, presentando un crecimiento del 17.5% en los últimos 15 años e interanual de 163.336 (0.80%). Crecimiento debido al incremento de la población de nacionalidad extranjera que contrarresta el saldo vegetativo negativo. De manera sintética los cambios socio-familiares interrelacionados que inciden en las estructuras y dinámicas familiares son:
- descenso de la tasa bruta de nupcialidad (disminución interanual: 1%),
- aumento del número de parejas de hecho (aumento interanual de 9.6%) y nacimientos fuera del matrimonio,
- aumento de la edad media del matrimonio (36’8 varones y 33’8 mujeres, casi 9 años de media más tarde que hace algo más de tres),
- crecimiento de rupturas matrimoniales,
- mujer/madre ejerce la custodia en las separaciones (76’16% de los casos), el padre en el 5’57% y de forma compartida en el 17’93% de los casos,
- decisión tardía de ser madres (edad media: 31,6 años con diferencias según la nacionalidad),
- descenso del número medio de hijos/as por mujer (no alcanza el 1,3),
- incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, a pesar de lo cual se evidencia una importante y creciente brecha de género (25-54 años): 2013 (9.2) y 2018 (12.2) (INE, 2020b).
- envejecimiento de la población y aumento de proporción de personas mayores y dependientes.
Todas estas evidencias conllevan un profundo y dinámico cambio en las actitudes y compromisos familiares. A pesar de todo ello, la familia se sigue manteniendo como la institución más importante para los españoles, conforme a la Encuesta sobre Opiniones y Actitudes sobre la Familia (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2014). Cambios y tendencias que ponen de manifiesto la necesidad de adaptación del diseño y sostenibilidad de las agendas y políticas sociales de apoyo a las familias en España.
3. “Nuevos” modelos familiares
El modelo familiar español no es único, es cada vez más heterogéneo, los núcleos familiares son más reducidos, emergiendo nuevos modelos familiares. Realidades que se constatan en los datos de la última Encuesta Continua de Hogares [ECH] (INE, 2020c). En ella, observamos que el número medio de hogares alcanza los 18.625.700, con un incremento anual de 89.800 (0.5%). La población residente en viviendas familiares se incrementa en un 0,8%, mientras que el tamaño medio de los hogares se mantiene al igual que en el año anterior en 2,5 personas por hogar.
Se constata una progresiva disminución en el tamaño de hogares y un aumento en su número y tipología3. Los hogares más frecuentes vuelven a ser los formados por dos personas (30,4% del total), a continuación los unipersonales (25,7%, aunque la población incluida en estos supone el 10,3% del total). Por su parte, los hogares de cinco o más personas constituyen el 5,8% del total (su tamaño medio fue de 5,54 personas y concentraron al 12,9% de la población). Por tamaño, aumenta el número de hogares de una persona (1,3%), de dos (0,6%) y de cinco o más personas (1,7%). Por el contrario, el número de hogares con tres y cuatro personas se reduce. El tipo de hogar más frecuente es el formado por parejas, con o sin hijos, con el 54,5% del total. Atendiendo al número de hijos que viven con la pareja, hay 3,94 millones de hogares formados por parejas sin hijos, 2,92 millones formados por parejas con un hijo y 2,75 millones por parejas con dos hijos. El número de parejas que viven con tres o más hijos se sitúa en 550.400, con un descenso del 4,5% respecto a 2018.
La familia nuclear, constituida por matrimonio con o sin descendencia es el modelo mayoritario de convivencia, aunque es el tipo de hogar que va disminuyendo año tras año y a su vez, cada vez menos frecuente es la presencia de varios hijos/as en los hogares. La mayor parte son los formados por parejas con hijos (33.4%), Las parejas sin hijos que convivan en el hogar representan el 21% del total.
En cuanto a los hogares unipersonales, hay 4.793.700 personas viviendo solas, con un peso significativo al representar el 25.7%, con un incremento de 61.300 (1.3%) respecto año anterior. De esta cifra, 2.009.100 (41,9%) tienen 65 o más años, y de ellas 1.452.300 (72,3%) son mujeres. El porcentaje de personas que viven solas difiere por sexo y edad. Así, en las edades hasta 64 años fue más elevado en los hombres, mientras que en las edades mayores de 65 años fue mayor en las mujeres. Respecto al estado civil, los hogares unipersonales de hombres más frecuentes están formados por solteros (57,8%) y los de mujeres por viudas (46,0%). Por edad, el 42,3% de las mujeres mayores de 85 años viven solas, frente al 21,8% de los hombres. Estos datos, revelan que los patrones clásicos de convivencia están cambiando, incrementándose el número de hogares unipersonales especialmente entre las personas mayores, siendo este hecho más notable entre las mujeres, en consonancia con otras investigaciones (Alaminos y Ayuso, 2019)
Los hogares monoparentales/monomarentales (formados por una persona adulta e hijos/as) se han incrementado superando la cifra de 1.887 millones, representando el 10,1% del total de hogares y el 14,6% del total de hogares con menores de edad. En tan solo un año se han registrado 36.100 nuevos hogares monoparentales (aumento del 2% respecto del año anterior), siguiendo así la tendencia de los últimos años (aumento de un 10% en los últimos 5 años). Una característica relevante de este tipo de hogar es que está fuertemente feminizado: un 82% de hogares monoparentales está encabezado por una mujer, de ahí que se prefiera utilizar el término “monomarentales”. Los hogares monomarentales siguen siendo mayoritarios 1.538.200, frente a los 340.300 monoparentales. El número de hogares monoparentales/monomarentales ha aumentado al crecer el número de rupturas, separaciones y divorcios, por un lado, pero también por el incremento de la esperanza de vida particularmente de las mujeres (viudedad). Por otra parte, el número de mujeres que afrontan la maternidad a solas también ha crecido, no tanto por las causas tradicionales (embarazo no planificado que se afronta en solitario), sino por decisión propia (embarazo planificado, subrogación y/o adopción), con independencia de la existencia de un vínculo conyugal con el progenitor. Así, el origen de éstos hogares monomarentales atiende a realidades muy diferentes, según la Fundación ADECCO (2019): la elección de asumir en solitario la maternidad (41,3%), ruptura (34,4%), fallecimiento (1,3%) u otro tipo de situaciones como la migración. El 68,2% de los hogares monoparentales está compuesto por dos miembros (persona adulta e hijo/a) y sólo en un 27,2% están integrados por tres personas. A pesar de esta diferenciada composición de los hogares monoparentales, como veremos más adelante, las principales ayudas y prestaciones públicas están referidas al porcentaje minoritario, cuando el problema no es tanto el número de hijos/as, como la presencia de una única persona adulta sustentadora. La distribución de los hogares encabezados por mujeres se presenta de manera diferenciada por Comunidades Autónomas lo que requiere políticas sociales asimétricas basadas en necesidades territorializadas.
Por otra parte, destacar el aumento del número de hogares en las que conviven varias generaciones (más de un núcleo familiar), con una variación anual relativa del 15.1%, lo que evidencia, entre otras, las dificultades para la emancipación de las unidades convivenciales. Respecto a la emancipación residencial4, según el último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil (Consejo de la Juventud, 2019), el 18,5% de las personas entre 16 y 29 años están emancipadas desde el punto de vista residencial, lo que significa que más del 81% sigue residiendo en el domicilio familiar. Este dato alcanza uno de los valores más bajos de la serie, hay que acudir al 2002, situándonos en similares cifras a otros países del sur de Europa (Donat-López y Martín-Lagos, 2020). Contrasta que a pesar de que la tasa de emancipación ha bajado, la tasa de empleo haya subido y la población joven en riesgo de pobreza haya disminuido, porque estos avances en la estabilidad económica no se han traducido en un mayor volumen de emancipación. La tasa de emancipación5 y principalidad6 más elevada la encontramos en la franja de edad entre los ٢٥-٢٩ años (٣٩.٥٪). Como muestra el estudio citado anteriormente, ante la imposibilidad de comprar/alquilar una vivienda, son cada vez más las personas jóvenes que comparten viviendas de alquiler. A pesar de la progresiva normalización en nuestra sociedad de la emancipación en pisos compartidos, la emancipación en solitario sigue siendo un reto, dado que solo el 16% del total de la población joven emancipada vive sola. El análisis de ésta dimensión desde una perspectiva territorial vuelve a constatar su desigual comportamientos en las diferentes Comunidades Autónomas.
En éste amplio abanico de modalidades familiares, se constata un aumento de las familias reconstituidas tanto heterosexuales como homosexuales.
4. Exclusión social de los hogares españoles
Según la última Encuesta de Condiciones de Vida [ECV] de 2018 (INE, 2020d), la población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE - At Risk Of Poverty or social Exclusion7) se situó en el 26,1%, frente al 26,6% de 2017. La reducción se produce en dos de sus tres componentes: intensidad en el empleo (10,7%) y riesgo de pobreza (21,5%), mientras que la carencia material severa asciende del 5,1% al 5,4%. Considerando dicha tasa y atendiendo al tipo de hogar, se sitúan por encima de esa media las personas que vivían en hogares formados por un/a adulto/a con 1 o más hijos/as dependientes a su cargo (50%) y otros hogares con niños/as dependientes (33.6%). Por debajo de la media, los hogares de una persona (25.9%), dos adultos con 1 niño/a o más dependiente/s (25.8%), otros hogares sin niños/as dependientes (22.7%) y dos adultos sin niños/as dependientes. El análisis longitudinal (2009-2018), evidencia la difícil situación de las personas solas adultas que viven en hogares con niños/s a su cargo, cuyas tasas AROPE son hasta 28 puntos porcentuales más elevadas que las de aquellos hogares compuestos sólo por personas adultas. Dentro de ellos destaca la situación de los hogares monoparentales, cuya tasa AROPE ha sido extraordinariamente alta durante todo el período estudiado sin apenas mejora (51.1% en 2009 y 50% en 2018).
Los hogares monomarentales por sus características intrínsecas están especialmente sobrerrepresentados en la exclusión social (las cargas económicas y sociales se centran en una única persona, siendo mayoritariamente mujer). En su relación con el empleo, aquellas personas a cargo de uno o más niños/as suelen encontrar mayores dificultades y barreras a la hora de ascender o emprender una carrera profesional, y suelen acceder a jornadas parciales o reducidas por falta de medidas de conciliación y la carga de tareas. Así, la relación entre pobreza, exclusión social y hogares monomarentales es clara ya que estos hogares están expuestos a mayores factores de vulnerabilidad y desigualdad (Fundación FOESSA 2019). Los hogares monoparentales, encabezados mayoritariamente por mujeres, experimentan las tasas de riesgo de pobreza relativa más altas por tipo de hogar, pasando del 36,8% en 2008 al 42,9% en 2018. La tasa de riesgo de pobreza de niños y niñas que viven en hogares monoparentales es sistemáticamente superior a la tasa media de pobreza infantil Aunque desde 2011 las diferencias se están reduciendo, aún ahora se mantiene en tasas unos 15 puntos superior a la media (Malgesini, 2019, p. 45-46).
Otro elemento para complementar dicho análisis, se muestra en la Tabla 1, referida al perfil de la persona perceptora de rentas mínimas autonómicas en España. Un perfil caracterizado por: mujer española, entre 35 y 44 años, con hijos/as a cargo y bajo nivel de estudios. El 60,70% de las personas perceptoras son mujeres, mayoritarias en todos los tipos de hogar a excepción de los unipersonales. El 93.63% de los hogares monoparentales perceptores está encabezado por mujeres.
Tabla 1
Tipo de Unidad de Convivencia de las personas titulares de las Rentas Mínimas de Inserción
|
Unidad Convivencia |
Mujeres |
Hombres |
Total |
|
Unipersonales |
46.762 (43.45%) |
60.865 (56.55%) |
107.627 (46.71%) |
|
Monoparentales |
52.714 (93.63%) |
3.583 (6.37%) |
56.297 (24.43%) |
|
Biparentales |
27.632 (61.76%) |
17.106 (38.24%) |
44.738 (19.42%) |
|
Pareja sin hijos/as |
5.426 (56.47%) |
4.182 (43.53%) |
9.608 (4.17%) |
|
Otros |
7.337 (60.40%) |
4.811 (39.30%) |
12.148 (5.27%) |
|
Total |
139.871 (60.70%) |
90.547 (39.30%) |
230.418 (100.00%) |
Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019a: 89)
En éste sentido, cabe aludir a los resultados del estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal [AIReF] (2019), que analiza la dependencia de las personas beneficiarias de las rentas mínimas de España en el periodo 2005-2017. El mencionado estudio constata que los hogares unipersonales y monoparentales muestran una mayor probabilidad de sufrir dependencia. Por otra parte, el análisis de sus resultados muestra, al igual que otros estudios (Pastor, Verde y Lima, 2019; González y Pastor, 2019), la evidente feminización de la pobreza, a la vez, que son las mujeres las que siguen siendo quienes se ocupa principalmente de las labores del “cuidado” y la asistencia a los miembros de la familia.
En conclusión, los datos constatan que la familia continúa actuando como principal amortiguador de los efectos que se derivan en situaciones de dificultad económica y social, complementando el papel que desempeñan las políticas públicas, en la redistribución de rentas entre generaciones.
5. Políticas y medidas de apoyo a las familias
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su capítulo IV solidaridad, dedica el articulo 33 a la “vida familiar y vida profesional” donde “se garantiza la protección de la familia en los plano jurídico, económico y social” (art.33.1).
Por su parte, la Constitución Española (Cortes Generales, 1978) señala que “le corresponden a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud” (art. 9). Recoge que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” (art.39.1), lo que significa que las administraciones públicas tienen el deber de proveer a las familias recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y proporcionar una atención específica en el caso que presenten alguna situación de especial vulnerabilidad. Resulta relevante aludir por su novedad, a la nueva legislación aprobada en 2019 respecto a la ampliación de los derechos de paternidad (Jefatura del Estado, Gobierno de España, 2019) que modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Las políticas y programas en sus diferentes niveles competenciales (nacional, autonómicos y locales) se orientan a apoyar a las familias en sus procesos vitales y funciones sociales. Los tres niveles administrativos: Central del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones...) disponen de competencias administrativas y jurídicas y por tanto las ayudas y servicios sociales públicos pueden estar financiados, organizados y activados por una o varias administraciones. Esta característica presenta un panorama de medidas, políticas y ayudas públicas (estatales, autonómicas y locales) diversas e incluso en ocasiones compleja.
La administración central en el ámbito de las familias y la infancia, tiene entre otras las siguientes funciones específicas (Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2018):
Por su parte, las Comunidades y Ciudades Autónomas, ejercen las competencias de promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, elaboración de planes, programas y proyectos específicos, protección de menores, desarrollo de programas para la preparación a la vida independiente, en especial, de jóvenes ex-tutelados, así como la ejecución de las medidas a menores sujetos a responsabilidad penal, incluida la creación, gestión y /o evaluación de centros, servicios y programas para el ejercicio de las mencionadas funciones. Además, les corresponden las competencias derivadas de la normativa vigente en materia de adopción y de parejas de hecho, y cualesquiera otras que le asigne la legislación vigente.
Las ayudas a las familias (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2019b; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2018) se tramitan a través de diferentes organismos públicos (Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicio Público de Empleo y Formación) o privados (empresas eléctricas), entre otras destacar (no se detallan todas las existentes) las siguientes:
Prestaciones contributivas de protección a la salud (sanitarias, farmacéuticas y complementarias).
Protección ante situaciones de incapacidad laboral y desempleo (contributivo y no contributivo).
Prestaciones familiares por hijo a cargo, nacimiento o adopción (simple y múltiples, monoparentales, con discapacidad), maternidad /paternidad.
Permisos retribuidos parentales y otros: nacimiento y cuidado de menor, riegos durante embarazo y lactancia natural, por cuidado de menores y otros familiares,
Prestación por riesgo durante el embarazo (contributivo, subsidio temporal), durante la lactancia (temporal hasta 9 meses neonato).
Cuidados de menores afectados de enfermedad grave.
Bonificación de cuotas para contratar a cuidador/a familiar.
Prestación por muerte y supervivencia: pensión de orfandad,
Prestación y bonificaciones a familias numerosas y monoparentales.
Prestaciones indirectas: reducción de jornadas o excedencias (lactancia, cuidado de menores, hijo/a con enfermedad grave, cuidado de familiares o del hijo/a)
Ayuda familiar, subsidio por insuficiencia de cotización, Plan Prepara, Plan de Activación para el Empleo.
Permisos de maternidad y paternidad, baja trabajadora autónoma por maternidad.
Deducciones estatales: madres trabajadoras con hijos/as menores de 3 años, descendientes con discapacidad, deducción por nacimiento/adopción.
Deducciones autonómica: destacar por familia monoparental (cotización de empleado/a de hogar, hijos menores a cargo o mayores con discapacidad, viudas/os con hijos/as menores a cargo)
Ayudas directas para adquirir una vivienda protegida, subsidiación de préstamos convenidos, ayuda a personas en situación de desahucios o lanzamiento de su vivienda, programa de ayuda a jóvenes.
Los sectores preferentes son: familias numerosas, monoparentales, ejecución hipotecaria, victima violencia de género, familia con menor huérfano por violencia de género, catástrofes, miembros con discapacidad, todos los miembros en situación de desempleo, mujeres con hijos a su cargo en dificultad, personas sin hogar.
En cuanto a los servicios y ayudas de ámbito autonómico destacar:
Renta Básica de Inserción y/o Ayudas periódicas de inserción y protección social.
Ayudas individualizadas para personas mayores, con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género.
Ayudas de emergencia social.
Deducciones por familia numerosa.
Servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, respiro familiar.
Centro de dia y de noche, atención residencial.
Prestaciones y actuaciones de inserción social.
Prestaciones técnicas (supresión de barreras arquitectónicas, ortopédicas).
Actuaciones de carácter educativo: fomento de hábitos saludables y adecuados.
Apoyos socio-comunitarios.
Apoyo a la estructura y dinámicas familiares
Ayudas a familias con personas en situación de dependencia: prestaciones económicas vinculadas a servicio, cuidadores y asistencia personal.
Acogimiento familiar de los menores.
Ayudas económicas dirigidas a cubrir los gastos de comedor, guarderías, escuelas infantiles, ludotecas, centros de encuentros para niños y mayores, escuelas rurales, apoyo directo a familias y casas de niños/as
Becas: libros, material didáctico, comedor, matriculas.
Deducciones en matrículas universitarias y formación profesional
Bonificaciones para actividades juveniles de verano, albergues, teatro, museos, deportes, entre otras.
Ayudas económicas directas a familias para colaborar en pago servicios de atención a niños/as de hasta tres o catorce años a domicilio para cobertura de necesidades puntuales de conciliación
Prestaciones económicas de pago directo y periódico para reducción de jornada laboral o excedencia para cuidado de hijos/as menores de edad, cuidado de familiares de primer grado mayores de edad que requieran la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o accidente sobrevenido.
Actividades de intervención comunitaria, familiar en Corporaciones Locales (PRAS). Mantenimiento y programación de actividades a Asociaciones sin ánimo de lucro de familiares, amigos y enfermos drogodependientes.
Mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas de actividades destinadas a infancia, familia y menores afectados por medidas de protección y/o judiciales.
Los proyectos sociales de protección a la familia y atención a la pobreza infantil desarrollados en las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas en colaboración con las Corporaciones Locales son, fundamentalmente los siguientes:
Por último mencionar que el último Plan de Apoyo a las Familias de España aprobado (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2015), recoge un total de 228 medidas que se articulan en torno a 7 líneas estratégicas, concretamente:
6. Conclusiones
Las familias, en consonancia con las dinámicas sociales, adoptan como otras instituciones y actores expresiones muy diversas, con cambios constantes en su estructura, composición, funciones, actitudes y expectativas. Los nuevos modelos convivenciales / familiares, la feminización de la pobreza, las desigualdades de género, el envejecimiento de la población, las crecientes tasas de dependencia, el descenso de la población en edad de trabajar y el número de mujeres en edad fértil, entre otros, plantean la necesidad de abordar desde las administraciones públicas el diseño y sostenibilidad de políticas sociales orientadas a la atención y protección de las familias en general y, en dificultad social en particular en España.
El análisis del diseño de las políticas familiares deben tener en cuenta la heterogénea composición de los distintos hogares, su desigual distribución territorial, etc, con el fin de que ofrezcan respuestas a realidades y necesidades concretas y asimétricas en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas, e incluso en el seno de estas regiones, provincias y municipios.
En España, las políticas de apoyo a las familias son muy escasas, insuficientes en cobertura y cuantía, fragmentadas y desiguales en los territorios. Las políticas sociales dirigidas a las familias y los modelos familiares apoyados públicamente dan forma a la estructura de oportunidades que encuentran las mujeres. Si las políticas públicas parten de atribuir los cuidados a uno de los dos cónyuges en detrimento del otro, esto reforzará y legitimará una división del trabajo tradicional y asimetría. De hecho, los diseños institucionales suelen albergar ideas implícitas sobre la división de los cuidados según género.
Las investigaciones muestran que las parejas suelen separar sus ideales de dedicación al trabajo y al cuidado de sus posibilidades reales. Los padres y madres acaban desarrollando «preferencias adaptativas» para hacer frente a los desequilibrios entre sus ideales sobre el cuidado y las limitaciones a las que se enfrentan. Los comportamientos ante las políticas sugieren una construcción de género diferencial que no necesariamente —o no exclusivamente— tiene que ver con condicionamientos laborales o consideraciones económicas. Así pues, las percepciones naturalizadoras del papel de la mujer como biológicamente más vinculada a la criatura a través del embarazo y la lactancia juegan un papel importante.
Cabe referirnos a las familias monomarentales, dada la especial dificultad que hemos evidenciado anteriormente. Consideramos que es necesario avanzar en la protección a todas las familias y a la infancia, pero se debería dar prioridad a este conjunto de hogares, ya que sus integrantes adultos y niños/ as sufren, como hemos indicado anteriormente, mayores tasas de pobreza y exclusión social. Por ello, la primera recomendación, como señalan diferentes autoras y estudios (Malgesini, 2019) es sancionar una legislación específica, de ámbito estatal, sobre hogares monomarentales a fin de garantizar derechos, eliminar la discrecionalidad y las prácticas discriminatorias e implantar una renta mínima de carácter estatal, en la línea del Ingreso Mínimo Vital.
Es necesario incrementar la inversión en extensión de cobertura y mejora de prestaciones por hijo/a a cargo y establecer un programa estatal de medidas de respiro y de conciliación (ayuda a domicilio y acompañamiento, programas de apoyo escolar, servicio de transporte escolar especialmente en entornos rurales o aislados, becas de comedor, apoyo y atención psicosocial). Es fundamental garantizar la estabilidad y adecuación de las viviendas a las características y composición de las unidades convivenciales, reforzar las acciones de concienciación y educación para la igualdad de oportunidades (formación en género y derechos, programas de parentalidad positiva, mediación familiar, simplificar reclamación de pensiones de alimentos) desde la proximidad de las administraciones locales. Para ello, es fundamental la convergencia de las políticas impulsadas por las diferentes administraciones, con el fin de dotar de una amplia y diversa oferta políticas familiares en consonancia con las realidades y tendencias sociales.
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