La feminización de la pandemia COVID19 en México

Rodríguez Pedraza, Yunitzilim1

Recibido: 16-03-2020 Aceptado 27-03-2020

1 Profesora Investigadora de tiempo completo de la Academia de Ciencias Jurídicas de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas de la Universidad de Quintana Roo. Licenciada en Derecho (1997-2002) por la Universidad de Quintana Roo. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo (2002- 2004) por la Universidad Iberoamericana Campus Golfo Centro. Doctora en Derecho (2015-2017) por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Candidata a Investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras. Correo electrónico: yunitzilim@uqroo.edu.mx y yunitzilim@outlook.com

1. Aspectos introductorios

Frente a una pandemia, ser pobre y vivir en un país en desarrollo como México tiene graves consecuencias. Ante la necesidad de detener el funcionamiento normal de prácticamente todo, para aislarse y evitar la infección, el acceso a los satisfactores básicos es prácticamente imposible para la mayoría de la población frente a un estado que ha omitido garantizar el ejercicio sino pleno, por lo menos básico de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales.La desigualdad impera desde diversas aristas y la mayoría de ellas atraviesay afecta el cuerpo y existencia de las mujeres,dadas las limitaciones en las oportunidades para su desarrollo personal que han imperado históricamente y que esta pandemia ha agudizado, afectando sustancialmente su calidad de vida y propiamente, sus vidas.

La enfermedad se llama COVID19 yel virus fue nombradocoronavirus de tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2). En México se presentó la primera persona diagnosticada el 28 de febrero de 2020 y su primera muerte el 18 de marzo de 2020. Al corte del día 27 de mayo de 2020, la cifra de personas infectadas en el mundo era de 5´488,825 casos confirmados (SESA, 2020), mientras en México ascendía a 78,023 de la cuales el 43.20% son mujeres y se contaba ya con 8,597 personas fallecidas (COVID-19.México, 2020).

La pandemia sacó a flote debilidades, deficiencias e ineficacias de distintas estructuras del sistema en México, así como la omisión del estado frente a la garantía de diversos derechos básicos para la supervivencia de la población. Si bien se tenía cierta conciencia sobre esas omisiones, se recrudecieron aún más.

Enseguida se plantearán algunas de ellas para finalmente centrarse en la forma en que la contingencia sanitaria recrudeció la desigualdad y afectó la vida y proyectos de las mujeres.

2. Principales deficiencias en materia de salud

En materia de salud, quedó claro que la cobertura y habilitación de las unidades de hospitalización eran insuficientes, teniendo que desarrollarse una serie de acciones, como la emisión de convocatorias para reclutar a personal médico, la compra de insumos de protección para el manejo de enfermedades infecciosas, adquisición de ventiladores mecánicos y emisión de protocolos específicos; ello a pesar que existen diversos virus a los que el personal médico se enfrenta desde hace años.

Respecto a la cobertura de personal de salud, se estima que en México hay 2.4 médicas y médicos por cada 1,000 habitantes y 2.9 enfermeras y enfermeros por cada mil habitantes. En los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de médicos promedio por cada mil habitantes es de 3.3, mientras que la tasa de personal de enfermería es de 8 profesionales por cada mil habitantes (Patiño & Giles, 2020, p. 2). Eso sin duda demuestrala despreocupación y el abandono del Estado para garantizar a las personas el acceso al derecho humano a la salud. Aunado a ello, el personal médico gana, en promedio 16,146 pesos mensuales, cifra que representa casi una tercera parte del salario de los doctores en países como Brasil y España, y el de enfermería percibe 9,909 pesos al mes, es decir menos de la mitad de lo que devengan las enfermeras en Chile o Italia.(Patiño & Giles, 2020, p. 4)

De igual forma fuemás que necesario, urgente aceptar formal e institucionalmente que el estado mexicano no ha efectuado los esfuerzos para garantizar el derecho humano que tienen las personas a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad(CPEUM, Art. 4º, párr. ٣º),lo que se demuestra al observar que en el país, del total de ١١٩.٥ millones de habitantes que hay (INEGI, 2015), 96 millones tienen sobrepeso, 8.6 millones diabetes, mientras que 15.2 millones hipertensión(Ortega, 2020). De hecho la primera de ellas -la obesidad-, es una enfermedad que está causando 300,000 muertes al año, con un costo económico de 5% del Producto Interno Bruto (Arista, 2020).

Lamentable que hubiera tenido que presentarse una pandemia para poner el foco en esta problemática, al observarse que la presencia de dichas enfermedadesha significado un factor de alto riesgo en el índice de las defunciones generadas a partir de la infección, puesto que de los fallecimientos señalados hasta el 27 de mayo de 2020, el 41.68% de las personas presentaba hipertensión, 37.49% diabetes, y 26.82% obesidad.

Sin duda una asignatura pendiente, puesto que de la obesidad se derivan otras enfermedades como la diabetes, y todas las personas y especialmente las niñas, niños y adolescentes, todos los días reciben alimentos con escaso contenido nutricional frente a un estado que no le da prioridad a actividades de promoción de la salud y prevención de esas enfermedades y que al contrario, protege a las empresas que manejan los grandes capitales.Como ejemplo de ello, un día antes que se diera el primer fallecimiento en México por el virus, la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) emitió un comunicado solicitando al gobierno posponer tres años el etiquetado de advertencia por los efectos económicos que se proyectan ante esta pandemia, demostrando, una vez más, sus pocos escrúpulos al anteponer sus intereses comerciales sobre los graves problemas de salud pública. (El Poder del Consumidor, 2020). Dicho etiquetado permitiría por lo menos, conocer la cantidad de azúcar, sodio y grasa que contiene cada producto.

3. Las evidentes desigualdades

Aislamiento social fue la recomendación; “Quédate en casa” se denominó a la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero ello partía de la premisa que las personas contaran con una casa en la cual permanecer para evitar contagiarse de la enfermedad, cuando existe una gran cantidad de personas que ni siquiera cuentan con un espacio ya sea propio o arrendado para permanecer. Existen pocos datos disponibles a nivel país, pero de acuerdo con datos de COPRED e INEGI, tan solo en la Ciudad de México existen alrededor de siete mil personas en situación de calle: más de la mitad de ellas (casi cuatro mil) en locales no construidos para habitación, arriba de dos mil en refugios y albergues, y otros mil sin ninguna vivienda (OXFAM México, 2020, p. 10).

En México del total de 119.5 millones de personas que hay, existen 33.4 millones de personas en situación de pobreza y 7.7 en pobreza extrema(DOF, 2020), cifra que ya demuestra la gran omisión del Estado al no desarrollar estrategias directas y efectivas para disminuir esa vergonzosa cifra.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la contingencia sanitaria ha afectado significativamente a los grupos más vulnerables, y la proyección era que la pobreza por ingresos2 se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos3 entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3 a 45.8% en los primeros dos trimestres del 2020(CONEVAL, 2020, pág. 9). De ahí que si ya había demasiadas personas en situación de pobreza y pobreza extrema en el país, a partir de la contingencia habrá muchos más, lo que sin duda traerá aparejadas otras afectaciones a las condiciones de vida de la colectividad.

Una vez que ha quedado claro que no todas las personas cuentan con un espacio donde vivir,también es necesario señalar que existen registros que 1.6 millones de personas viven en hogares con hacinamiento, es decir, sin espacio suficiente en la vivienda para todas las personas habitantes; lo que reducirá su calidad de vida y bienestar (CONEVAL, 2020, p. 5), máxime en una situación en la que tienen que permanecer y convivir todos los días. Esto hace necesario hacer un análisis sobre las condiciones y la distribución y espacios de las casas de interés social que el mismo gobierno autoriza sean adquiridas y distribuidas a las y los trabajadores del sector público o privado que cuenta con seguridad social y prestaciones para la adquisición de una vivienda.

Superando el contar con vivienda independientemente de si el espacio es suficiente o no, permanecer en ella además implica pensar que se cuenta con los recursos suficientes o por lo menos los necesarios para subvenir las necesidades básicas además de la vivienda: comida, agua potable, electricidad, seguridad social, remuneración por desempeñar un trabajo y si este debe seguirse efectuando desde casa, también significa contar con los insumos materiales y tecnológicos para poder hacerlo: computadora, impresora e internet por lo menos.

La realidad es que 28 millones de persona trabajadoras que laboran en los sectores clasificados como actividades no esenciales han sido afectados y afectadas, lo que equivale a aproximadamente el 47% de la Población Económicamente Activa (PEA). (OXFAM México, 2020, p. 4)

En todo ese marco de desigualdad y situación de vulnerabilidad ante un estado miope, sin duda, una de las peores realidades que no sólo salió a flote sino que se recrudeció, fue la feminización de la pandemia.

4. Lafeminización de la pandemia

Las mujeres representaban hasta el 2015, el 51.4% de la población total del país (INEGI, 2015), y en un contexto social, político, cultural y económico en el que históricamente por haber nacido mujer les han sido limitados sus derechos, oportunidades y espacios para desarrollar sus proyectos de vida e incluso para decidir sobre sus cuerpos y existencia misma,es lógico que las afectaciones de la pandemia les han afectado, afectan y afectarán sustancialmente.

El nivel de presión y estrés que las mujeres están pasando son altos y se originan a partir de diferentes factores.

Uno de los principales tiene que ver con las condiciones en las que se efectúa el confinamiento ya sea en el ámbito rural o urbano. Del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, más de 3.6 son de hombres y sólo un millón 304 mil son mujeres, lo que representa 26.3% del total. En otras palabras, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres(Miranda, 2019), mientras en 2017 en México sólo 27% de los hogares tenían como propietarias a una mujer; en el 73% restante, los hombres eran los dueños, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares 2017 (Soto, 2019).

De inicio, no ser propietaria del lugar o espacio donde se efectúa el aislamiento tiene repercusiones sobre las decisiones que se toman al interior, tiene una carga sobre el sometimiento al que está sujeta la mujer respecto a quien ejerce el dominio sobre la tierra o casa. Incluso siendo dueña, puede haber circunstancias en las que sufra de violencia patrimonial y aun así alguien más ejerza el control, pero saber que es la propietaria puede darle el valor y el poder para no permitir circunstancias que afecten su estabilidad y la de sus hijos, hijas o personas a su cargo.

Basta observar el estudio realizado por CONAPO a propósito del día de la mujer en este 2020, en el que con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, al efectuar un análisis del perfil sociodemográfico que cambió de vivienda para protegerse destacan las mujeres, grupo de la población que significó 55 por ciento de las personas que se mudaron por esa razón.También precisó que aun cuando el jefe de familia no se cambiara de residencia, sí lo hicieron, en el 55.6 por ciento de los casos, las hijas (Martínez, 2020)

Además de la inseguridad que significa el no ser dueña del lugar donde se vive, otro factor es sin duda la imposibilidad de contar con recursos propios para poder tomar decisiones y disponer de los satisfactores básicos, considerando que únicamente el 44% de las mujeres mexicanas que están en edad de trabajar se encuentran trabajando o buscando empleo, es decir, solo ese porcentaje de mujeres forma parte de la Población Económicamente Activa de nuestro país, comparado con la participación económica de los hombres, de 77%, la participación de las mujeres en el mundo laboral se encuentra a 34 puntos porcentuales de desventaja.(Rubio, 2019)

Las mujeres siguen siendo encasilladas mayoritariamente a las actividades que impliquen el cuidado de las y los otros, puesto que se deduce que es un conocimiento o instinto preinstalado por haber nacido mujer y simultáneamente se les cierran las opciones reales de incorporarse a profesiones y actividades que se consideran destinadas a los hombres y en las que sus ingresos y estabilidad laboral mejoren.

De quienes si logran ser económicamente activas, muchas lo hacen en el sector informal4 por lo que la inseguridad económica y alimentaria que ya existía, se agravó sin duda con la disminución de ingresos y desempleo que la pandemia conllevópues en el mundoentre los trabajadores de la economía informal gravemente afectados por la crisis, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores de alto riesgo: el 42 por ciento de las trabajadoras en estos sectores son mujeres, frente al 32 por ciento de hombres(OIT, 2020, p. 8).

Permanecer en casa además, aumentó significativamente las horas de trabajos de cuidado de las que las mujeres previamente invertían, recordando que los roles de género hacen que las labores del hogar continúen siendo una actividad predominantemente llevada a cabo por mujeres: la Encuesta IntercensalINEGI reveló que las mujeres dedican un total de 48.5 horas por semana a trabajos dentro del hogar no remunerados, comparado con las 19.5 horas que dedican los hombres: esta diferencia representa una brecha de género de 28.9 horas. (Rubio, 2019).

5. La más grave pandemia

Del total de los fallecimientos por el coronavirus en México las mujeres representan un 32.79%. Si bien cada vida es importante ser mujer en sí no es un factor de riesgo para morir por el virus. Pero si lo es para morir a manos de la violencia machista, puesto que ellas ya estaban siendo asesinadas sistemáticamente desde antes; mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 308 feminicidios en el país en el periodo de enero a abril de 2020(SESNSP, 2020, pág. 19), mientras el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónomade México ha señalado que entre marzo y abril de 2020 han sido asesinadas 665 mujeres, asesinatos de las cuales 144 fueron clasificados como feminicidio y 521 como homicidio doloso(CIEG UNAM, 2020); de igual forma colectivas feministas han referido que tan solo entre el 28 de febrero al 13 de abril el número de feminicidios era de 367(Gobernanza MX, 2020).

El principal riesgo está en permanecer en casa dado que la violencia de género contra las mujeres se da en todos los espacios sin importar el estrato social, “tiene su sede principal en la familia, el matrimonio y las relaciones de pareja [..] En el espacio privado, es donde han estado más renegadas e infravaloradas las mujeres” (Galvez, 2011, p. 18).

Sin embargo, la primera recomendación del estado fue “Quédate en casa” sometiendo a las mujeres de cualquier edad y en cualquier etapa de su vida (niñez, adolescencia, edad adulta, vejez) a un riesgo latente de aceptar todo tipo de violencias normalizadas por la dominación y desigualdad aceptada social y culturalmente lo que incluye desaprobación, afectación de la autoestima, humillaciones, amenazas de todo tipo de violencia, control y vigilancia constante, celos, golpes, vejaciones, violencia sexual y feminicidio.

Además hay que señalar que, al ponderar la atención del sector salud a los pacientes del COVID, se desatendió la atención y suministro de todo lo referente a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La misma ONU alertó en abril que la incapacidad de obtener anticonceptivos puede llevar a siete millones de embarazos no deseados en apenas los próximos meses (Noticias ONU, 2020). En el caso de México son solo dos entidades federativas en las que la interrupción del embarazo puede hacerse hasta la décimo segunda semana de manera legal, por lo que las mujeres además, se enfrentan a la violencia institucional frente a autoridades de un estado miope que no legisla a favor de su derecho a decidir.

En ese mismo sentido, la corte Interamericana de Derechos Humanos llamó a los países a garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando, en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de información por medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de alcanzar a las mujeres en su diversidad. (CIDH, 2020, p. 17)

Por tanto la casa –que la mayoría de las veces no es propia- representa una cárcelpara las mujeres que sufren violencia de la cual no se puede huir al no contar con otro lugar al cual acudir, primero porque no siempre se cuenta con una red de apoyo, y después –en caso de tenerla- porque trasladarse representa poner en riesgo de infección a otras personas; en muchas ocasiones por que no se cuenta con el recurso para hacerlo al depender económicamente de quien genera la violencia; no se cuenta con información sobre las instancias de apoyo o si se conocen se desconfía de su eficacia, por lo que prácticamente se está en condiciones de desventaja total por la indiferencia del estado.

Mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en el mes de febrero de 2020 se efectuaron 52,858 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia familiar, 64,858 en marzo y 60,543 en el mes de abril (SESNSP, 2020, p. 113), otros datos señalan que hasta abril de 2020 se registraron 403,130 llamadas al 911 relacionadas con agresiones y violencia contra las mujeres(CIEG UNAM, 2020).

Esainformación en sí misma debería alertar sobre la permisividad de la violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, estableciendo que el problema de la violencia de género contra las mujeres -como se ha repetido, asegurado y evidenciado continuamente- no es una situación que se deba a la profesión que se ejerza, a la ropa que se vista,al alcohol5, o a una enfermedad de quien ejerce la violencia.

Todas esas son formas de intentar trasladar la responsabilidad a la mujer, a sustancias o bebidas embriagantes o a una enfermedad pero nunca al generador de la violencia y más allá de eso, desdibuja la causa originaria de casi todos los problemas de desigualdad que han sufrido a través de la historia y sufren actualmente las mujeres: son los estereotipos y roles de género sostenidos por el sistema patriarcal, estructura histórica en la que los hombres, -los del sexo masculino-, han mantenido poder, control y dominio sobre los recursos, el poder, los espacios de decisión y sobre las mujeres.

6. La respuesta del Estado y la reacción de la sociedad civil organizada

Al hacerse evidente esa situación se esperaría del estado una respuesta que en medio y a pesar de la pandemia, efectuara acciones emergentes para incidir en tanto se avanza hacia una reconfiguración de las políticas públicas encaminadas a la prevención, atención y sanción del flagelo social que representa la violencia de género contra las mujeres.

Sin embargo, la reacción del titular del poder ejecutivo de México fue negar el aumento de la violencia familiar, asegurando que lo que reina en las familias mexicanas es la fraternidad:

“En el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres no hemos nosotros advertido un incremento, desde luego la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan, puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento”, sostuvo.

Indicó que el aumento de la violencia partía del supuesto de que si se estaba más tiempo en las casas podía darse más violencia familiar, “esto no necesariamente está sucediendo porque no se puede medir con los mismos parámetros a todo el mundo”, dijo el presidente.

“Sí, sí existe machismo, pero también mucha fraternidad familiar. La familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en otras partes”

Su declaración es contraria a las estadísticas puesto que en abril de 2020 se abrieron 267 carpetas de investigación por homicidio doloso de una mujer, la cifra más alta del año y la más alta desde 2015, de acuerdo con el último reporte sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)(Arteta, 2020); Por su parte, el CIEG de la UNAM reporta que durante los meses de marzo y abril se iniciaron 34,823 carpetas de investigación por “violencia familiar” lo que significa 571 diarias(CIEG UNAM, 2020)

De la misma manera, las mujeres han acudido a pedir apoyo y no siempre implica que esas cifras estén reportadas en las llamadas al 911 ni en las carpetas de investigación iniciadas, puesto que a veces se les brinda apoyo y protección a través de organizaciones de la sociedad civil o colectivas feministas. Un ejemplo de ello es la estadística generada por la Red Nacional de Refugios:

Con datos obtenidos a través del trabajo diario con mujeres violentadas en sus hogares, la Red Nacional de Refugios (RNR) informó que tras el lanzamiento de la campaña “Aislamiento Sin Violencia. ¡No estás sola!”, los 69 espacios que la integran han atendido a 11 mil 131 mujeres, niñas y niños, 37% a través de redes sociales y llamadas telefónicas y 63% en instalaciones de los 69 refugios que conforman la red.Entre el 17 de marzo y el 17 de mayo los Refugios y sus Centros de Asistencia Externa, Casas de Emergencia y Transición, dieron atención y acompañamiento a 6 mil 978 personas, de las cuales 65.16% fueron mujeres y 34.88% niñas y niños, cifra que rebasó en 77% a las personas atendidas en el mismo periodo del año pasado (Leticia Díaz, 2020)

Cegarse ante la realidad es un peligro para la vida y la seguridad de las mujeres. Esa ceguera instó a colectivas feministas de todo país a lanzar el movimiento en redes el día 26 de mayo de 2020 “Nosotras tenemos otros datos” señalando las incongruencias de la declaración del Presidente de la República.

No obstante de no aceptar el aumento de casos, como una forma de prevenir el incremento de la violencia familiar por la pandemia,el 26 de mayo de 2020 el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, lanzó la Campaña “cuenta hasta 10”. En uno de los diálogos de la campañase puede leer “Antes de enojarte con tu pareja, respira y cuenta hasta 10” (Infobae, 2020)

Dicha campaña igualmente fue señalada y criticada principalmente por organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas por diversas razones:

Esta pandemia ha mostrado lo poco que al Gobierno Federal le importa que las mujeres –quienes representan más de la mitad de la población del país- vivan en condiciones de seguridad, igualdad y sin ningún tipo de violencia. Frente a la evidencia estadística oficial, los informes sombra de las organizaciones de la sociedad civil y colectivas e incluso las recomendaciones de los organismos internacionales protectores de derechos humanos la ceguera persiste.

Entonces, surgen aún más preguntas que respuestas: ¿Qué futuro les espera a las mujeres en México? ¿La pandemia va a implicar un retroceso en el avance que se había logrado en la protección, garantía y defensa de los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué es lo que se requiere para que la violencia de género se atienda atacándola desde sus raíces? ¿Cuáles son las estrategias que el estado va a efectuar para lograr una sociedad más justa e igualitaria con nuevas formas de relacionarse?

7. Reflexiones finales

Son diversas las formas en que los estereotipos y roles de géneroestán tan enraizados y dañan de manera -algunas veces velada y otras cínica-los proyectos de vida de las mujeres en México ante la opacidad del estado, propiciando la violencia de género, problemática que no ha sido atendida de manera frontal, desde sus orígenes, al grado que hoy es difícil pensar en una sociedad en la que las mujeres sean consideradas iguales, con los mismos derechos y oportunidades que los hombres.

La discriminación se da en casi todos los aspectos de la convivencia humana. El mensaje que se envía es que la mujer existe para servir y como objeto de reproducción. Se han justificado todos los tipos de violencia hacia la mujer bajo el argumento de su reducción como ser, como persona, como sujeto de derechos. De ahí que la mujer corra riesgo en todos los espacios en los que convive con otras personas, como en la calle, en el trabajo, en la escuela, y desagraciadamente de manera más recurrente cada vez, en su hogar, el espacio en el que pasa la mayor parte de su tiempo creyéndose amparada por el cariño, amor y protección de quienes en ella conviven, convirtiéndose su casa en una cárcel e infierno permanente para ella.

La pandemia ha agravado esa situación, y aun cuando también ha fortalecido la alianza entre mujeres que a través de colectivas y organizaciones de la sociedad civil feministasque no han parado en apoyar a otras mujeres con sus propios recursos y en señalar y visibilizar lo que está errado, también ha mostrado la indiferencia del estado. Ese estado que ha sido permisivo e incluso cómplice al no accionar todos sus recursos en el menor tiempo posible para brindar seguridad, apoyo y protección a las mujeres; ese estado que niega la realidad, que trata de distraer la atención hacia otros eventos, que minimiza cada vida arrebatada por la violencia machista; ese estado que prefiere invertir recursos públicos en campañas que siguen responsabilizando a todos menos a la cultura machista, patriarcal y misógina que impera en el país.

Esas y otras cuestiones son asignaturas pendientes que deben revisarse, replantearse y atacar frontalmente: la violencia digital y las redes virtuales de pedofilia que se potencializaron en este aislamiento; la despenalización del aborto en todo el país para no seguir imponiendo la maternidad; inyección de recursos a las organizaciones de la sociedad civil que dan acompañamiento y refugio a víctimas de violencia familiar y mujeres con embarazos no deseados, que son quienes han accionado redes de apoyo al margen del estado y que han demostrado tener más credibilidad que las vías oficiales.

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