Revista de Ciencias
Sociales (RCS)
Vol.
XXIX, No. 4, Octubre - Diciembre 2023. pp. 463-475
FCES - LUZ ● ISSN:
1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431
Como citar: Sandoval, M. C., Sandoval, J. M.,
Sandoval, J. M., y Quinde, D. P. (2023). Limitaciones en el proceso
presupuestal sobre el expediente técnico en obras Públicas del Alto Piura-Perú.
Revista De Ciencias Sociales, 29(4), 463-475.
Limitaciones en el proceso presupuestal sobre el expediente técnico en
obras Públicas del Alto Piura-Perú
Sandoval
Valdiviezo, María Claudina*
Sandoval Valdiviezo, Jesús
María**
Sandoval Peña, José
Manuel***
Quinde
Sandoval, Diego Paul****
Resumen
Las crisis sociales latinoamericanas están
determinadas por la incapacidad de los gobiernos de solventar las necesidades de
la población; situación que se constata al considerar el capital invertido en
obras públicas y los servicios que las comunidades disponen. Distancias que
evidencian problemas en la administración de los capitales destinados a la inversión
social; evidenciando la corrupción como problema inherente al Estado. En consideración,
se aboga por modelos administrativos capaces de lograr la ejecución de los
planes. Por ende, esta investigación tiene el propósito de analizar las
limitaciones en el proceso presupuestal sobre el expediente técnico en obras
públicas del Alto Perú, siendo un estudio bibliográfico, de tipo diacrónico,
hermenéutico, que identifica las limitantes inherentes a las fallas de
ejecución para recomendar acciones pertinentes. Así, se insiste en el fortalecimiento
de la capacidad de control estatal al disponer de contralorías eficientes;
concomitante, comprobar la prosecución de cada una de las fases, metas y
objetivos; también, redactar precisos planes de acción; se adiciona,
licitaciones ajustadas a la norma. Las prácticas tienen la finalidad de
fortalecer la capacidad colectiva de cuidar de sí al procurar coexistencias
justas al gestionar de modo democrático los recursos comunes.
Palabras clave: Proceso presupuestal; gestión pública; contraloría estatal;
bienestar social; formas democráticas de gobierno.
Limitations
in the budget process on the technical file in Public Works of Alto Piura-Peru
Abstract
Latin American
social crises are determined by the inability of governments to meet the needs
of the population; a situation that is confirmed when considering the capital
invested in public works and the services that the communities have. Distances
that show problems in the administration of capital destined for social
investment; evidencing corruption as a problem inherent to the State. In
consideration, administrative models capable of achieving the execution of
plans are advocated. Therefore, this research has the purpose of analyzing the
limitations in the budget process on the technical file in public works in
Upper Peru, being a bibliographic study, of a diachronic, hermeneutical type,
which identifies the limitations inherent to execution failures to recommend
relevant actions. Thus, emphasis is placed on strengthening the capacity for state
control by having efficient comptrollers; concomitantly, check the continuation
of each of the phases, goals and objectives; also, write precise action plans;
tenders adjusted to the standard are added. The practices have the purpose of
strengthening the collective capacity to take care of themselves by seeking
fair coexistence by democratically managing common resources.
Keywords: Budget process; public
management; state comptroller; social welfare; democratic forms of government.
Introducción
Considerando los muchos problemas que las
sociedades contemporáneas enfrentan respecto al acceso a los servicios públicos
como límites materiales a formas de vida justas, se analizan las limitaciones
en la ejecución presupuestal en la realización de obras Públicas del Alto Piura
en Perú. Se insiste en agilizar las acciones técnicas y administrativas con la
finalidad que la eficiencia sea característica distintiva de gestiones
acertadas. Toda vez que la principal intención de las formas democráticas de
gobierno es servir al bienestar de las comunidades.
En consideración, resulta de suma importancia
insistir en un proyecto de ley capaz de normar correctamente la realización de
las obras públicas, al contener las lesiones a los procesos, promoviendo la
debida ejecución. En tanto, agilizar la realización de las obras públicas,
verificando eficientemente todas las fases de los procesos, incide de modo
positivo en la vida de quienes se benefician de ellas; siempre que se cuentan
con recursos materiales suficientes para solventar las premuras sociales.
Así, se insiste que la administración pública
debe orientarse al servicio de las comunidades sobre cualquier otra
prerrogativa. Pues, el bienestar humano es el eje que orienta de modo debido
las prácticas administrativas. Entonces, se insiste en el ejercicio político
como servicio para el bienestar de las comunidades, siendo este el basamento de
todas las relaciones plurales, abiertas, interculturales, tolerantes,
democráticas.
Es esta una investigación bibliográfica-documental
de carácter diacrónico donde se revisan documentos relacionados con la
ejecución de obras públicas. Los análisis son de tipo hermenéutico, con la
finalidad de identificar las omisiones y acciones administrativas que lesionan
y detienen el cumplimiento de los proyectos. Considerando esta información se
recomiendan prácticas conducentes a mejorar la gestión social en favor de
servir al bienestar de las comunidades, al ofrecer planes de acción que provean
las condiciones materiales que sustentan formas justas de convivencia.
1.
Gestiones públicas desacertadas
Existen constantes administrativas que implican
lesiones en la ejecución de los proyectos. Identificar estas fallas es muy
importante para diseñar planes de acción eficientes, siempre que se tiene el
propósito de brindar cuerpos procedimentales conducentes a la realización de
las obras públicas como correlato del bienestar colectivo.
Al respecto, esta investigación se ocupa de
identificar los desatinos administrativos que determinan los fracasos en la ejecución
presupuestaria como impedimento a la realización de las obras. Pues, resulta alarmante
que en Latinoamérica la alta inversión social acompaña la pauperización
constante de las formas de vida comunes. De lo cual, se evidencian las distancias
entre las afirmaciones de quienes administran la hacienda pública y la
realidad.
El propósito es recomendar acciones precisas
que admitan diseñar planes de acción pertinentes, reales y ejecutables, con el
fin de servir a la realización de obras públicas atendiendo las oportunidades y
habilidades de contexto, impidiendo los impactos de las amenazas en beneficio
del bienestar general. Superar las brechas sociales que acompañan las crisis
contemporáneas actuales, amerita la debida ejecución de obras públicas, donde
la claridad y precisión de las acciones es concomitante al éxito administrativo.
Para Rivera (2020), los estudios
administrativos tienen como importante propósito identificar dificultades
técnicas en favor de mejorar los procesos, alivianar las etapas, con la
finalidad de agilizar las operaciones sin disminuir la calidad de las obras;
siempre que estas tienen como principal función servir al bienestar de las comunidades.
En ese sentido, los servicios tienen como principal función impulsar el bienestar
de las comunidades; por esto, el acceso a ellos debe ser posible de fácil
manera.
Contreras (2020), se ocupa de identificar las
acciones técnicas capaces de cubrir la escasez en las infraestructuras físicas con
la finalidad de servir al bienestar de las comunidades, al ofrecer servicios
públicos eficientes. Investiga los problemas distintivos de los sistemas
políticos como dificultades que limitan la ejecución y calidad de los
servicios; e insiste en la corrupción administrativa como importante dificultad
que impide coordinar servicios públicos eficientes (García-Tabuyo et al.,
2019); resultando importante la transparencia en el manejo de información,
presupuestos, materiales, entre otros, como un elemento de gestión
organizacional (Moreno-López, Porporato y
Maharaj, 2022).
Seguidamente, las gestiones idóneas son capaces
de impedir la corrupción; al establecer claramente las acciones en cada fase.
Es decir, todos los planes administrativos, además de contener claridad y
precisión suficiente, con el objetivo de mejorar las relaciones con los
contratistas y servidores; deben contemplar el monitorio constante de las fases
por organismos públicos.
En este orden de ideas, Trelles y Silva (2012) analiza
los procesos de ajuste de precios sobre el contrato por variaciones en cuanto
al costo, para ejecuciones de la obra en Ecuador; insiste en identificar los
valores reales de cada fase de las obras, considerando la inflación, concordando,
disponiendo y distribuyendo, los montos en tiempo eficiente. En las acciones
son muy importantes los controles administrativos con el fin de verificar las
inversiones y los momentos en que se realizan cada una de las fases de la obra.
Asimismo, Trelles y Silva (2012) indica que los
planes administrativos acertados consideran la incidencia inflacionaria en los
precios de los materiales y costos de ejecución, con el fin de ajustar
progresivamente las inversiones por fase. Comprendiendo que dilatar los tiempos
en la realización de la obra incide de forma negativa en los costos. Junto a
esto, es de suma importancia controlar los ajustes al presupuesto con la
finalidad de evitar acciones ilícitas que comprometan la ejecución de la obra.
En tanto, todos los planes de inversión
nacional deben considerar la variación de precios a lo largo del tiempo,
consultando la información aportada por los organismos nacionales de registro.
En Ecuador el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) se encarga de
los registros nacionales; sin embargo, otras entidades similares muestran las
cifras en cada país. Es menester, para la debida administración, contar con
organismos estatales que publiquen cifras reales; pues, el uso de la información
veraz representa una importante fortaleza administrativa, tal como lo señalan
Moreno-López et al. (2022).
Se subraya que la administración como habilidad
social lejos está de acontecer de forma correcta desatendiendo la condición de
la realidad. Consecuentemente, parte muy importante de la gestión responsable
es contar con fuentes de información confiables. Es decir, la correcta
administración es resultado de la suma de distintas habilidades; caso
contrario, no contar con información certera, implica importante lesiones y
obstáculos a los procesos, atentando contra la prosecución de las obras
públicas. Al respecto, Ortíz (2021), señala que se debe rendir cuentas,
“impulsando un crecimiento democrático, sostenido y sustentable de la nación,
acompañándose de modelos de gestión, que incorpore principios en la rendición
de cuentas, políticas públicas y acceso a información” (p. 234).
Por su parte, Neyra y Tamayo (2021) estudia los
procesos de contratación pública para ejecuciones presupuestales en la Municipalidad
distrital del Porvenir en Trujillo-Perú para el año 2019, determinando las
fases del proceso de contratación en el ámbito público; considerando las
estrategias que facilitan la ejecución presupuestal en el municipio, con lo
cual evidencia que los presupuestos fueron sometidos a constante modificación a
lo largo del año, esto se debe principalmente al traslado del crédito en varias
entidades.
A los inconvenientes se adiciona incorporar crédito
suplementario al presupuesto inicial, incrementando considerablemente el
crédito de inicio; a esto se suma la falta de claridad en las inversiones, por
lo cual, insiste en controlar estos eventos para que la precisión de los
registros sirva para demostrar el apego a la norma en las diversas fases de la
ejecución (Neyra y Tamayo, 2021).
Asimismo, Laureano, Puente y Sovero
(2021) analiza los procesos administrativos concernientes a la asignación de
presupuestos, indicando que los recaudos que los contratistas presentan deben
ser claros, precisos y verificables. A su vez, deben identificarse y hacerse
público los criterios empleados para la asignación de los proyectos; con el fin
de que las decisiones sean claramente justificables. Por esto, es importante contar
con organismos que realicen contraloría constante a todos los procesos
concernientes a la asignación presupuestaria; pues, el objetivo de la debida gestión
es evitar la corrupción como principal causante de los fracasos de inversión
(Ortíz, 2021; Moreno-López et al., 2022).
Es importante realizar controles
presupuestarios durante la asignación de los recursos, donde se constatan los
haberes que favorecen ser seleccionados para la adjudicación de los
presupuestos, capacidad que debe acompañarse por varias verificaciones in
situ; y posteriores a la ejecución, siempre que la precisión acompañe las debidas
gestiones.
De esta manera, los planes administrativos
deben contar con mecanismos que consientan contener las irregularidades,
identificando el real estado financiero de los favorecidos en la asignación
presupuestaria, su historial administrativo; a su vez, verificar la información
aportada por los solicitantes, siendo de vital importancia comprobar la
concreción de las fases de realización; contando con la capacidad de intervenir
las prácticas si se realizan acciones desapegadas a las normas, con la potestad
de someter a los infractores a las penalidades que la falta acarree. Estos hallazgos
son refrendados por la investigación efectuada por Taquire (2019).
Portillo (2019), advierte sobre las deficiencias
en elaborar el expediente técnico; situación que provoca que existan la
modificación presupuestal significativa. A la limitante se suma la escasa
inversión para supervisar los procesos de construcción; inconveniente que
incide aún más en la modificación presupuestal. Estos hallazgos son muy
similares a los encontrados por Benavente (2018), en su estudio: Proceso en el control
interno para ejecuciones presupuestales en la obra municipal en Puno, 2015-2016.
La investigación de Allca (2018), al evaluar las
programaciones, ejecuciones de los presupuestos con incidencia en los
cumplimientos en la meta, sostiene que deben conformarse acciones capaces de monitorear
cada fase de la ejecución; pues, verificar las asignaciones y cumplimiento estricto
de las metas y objetivos, admite intervenir los procesos a tiempo, corrigiendo
las dificultades, ajustando las acciones, con el objetivo de garantizar la prosecución
del proyecto.
De igual manera, el estudio realizado por Mayta
(2017) constata los hallazgos anteriores; indicando que cuando se desatiende la
verificación de las fases, se constatan los desaciertos administrativos al no ejecutar
la obra; lo cual significa una pérdida muy importante para el presupuesto
nacional. Es decir, característica de la debida administración es constatar
cada una de las fases de ejecución, con la potestad de tomar correctivos
pertinentes en cada uno de los momentos, lo cual es refrendado por Chura (2016),
cuando indaga sobre la influencia en obra pública ejecutada para las gestiones
gubernamentales, Municipalidad Distrital, Ácora, en el año 2013.
Por otra parte, Sullca (2016) analiza los
procedimientos para ejecutar presupuesto directo–indirecto de Municipios
provinciales, en la Región de Puno en Perú; concluyendo que el aspecto sobre
los niveles de los cumplimientos programados en la meta referida a los tiempos,
en las municipalidades que ejecutan dicha obra en modalidad presupuesto directo
es 34%, así como 66%, incumple las programaciones como la meta; empero, esta
obra es ejecutada en modalidades por presupuesto indirecto. Además, señala que
se cumple con las programaciones en la meta referida al plazo expresado al 50%.
El investigador evidencia que es significativo
establecer los lineamientos antes de la ejecución de los planes; donde la norma
se ajusta para dar libertad a los organismos estatales de intervenir cuando se
identifican acciones que vulneran la continuidad de la obra. Es así que
gestiones que reducen sus prácticas a la asignación presupuestaria esperando
los mejores resultados, sin verificar las acciones, sin constatar el logro de
las metas y objetivos en el tiempo programando, posibilitan todo tipo de
acciones indebidas, favoreciendo actos de corrupción, la fuga de activos y el
desfalco a la Nación.
Justamente el estudio de Peralta y Vílchez
(2016), que analiza los controles internos de las obras, verifica estos
hallazgos. Constatación que evidencia la falta de controles estatales, el
impedimento de la contraloría para verificar las prácticas, como principales
falencias de las gestiones latinoamericanas; lo cual explica las distancias
entre las inversiones sociales y el incremento de la pauperización de las
condiciones de vida colectivas a lo largo de las últimas décadas.
Cruz (2020), analiza los problemas de las
gestiones por el saldo de obra, dentro de los parámetros del proyecto de
inversiones públicas; con el propósito de encontrar las causas generadoras de
los fracasos para realizar recomendaciones con el fin de mejorar las gestiones.
El investigador insiste en las omisiones de control que acompañan las gestiones
latinoamericanas; así, junto a las precisiones que autorizan la asignación
presupuestaria, deben aclararse las prácticas que verifican la realización de
metas y acciones.
Por esto, considerando los modelos de gestión
estatales es muy acertado habilitar organismos que realicen contraloría. Siendo
una de las principales limitantes administrativas en la región la falta de
operaciones de contraloría. El estudio de Arriola (2018), verifica estas
evidencias; pues, constata las autorizaciones a los actos de corrupción cuando
se desatienden las acciones de control presupuestario.
Al respecto, Chávez (2013) aporta
recomendaciones con el objetivo de mejorar las gestiones, así como asegurar la
realización final de las obras programadas. Insiste que a pesar que la empresa
beneficiada de la asignación presupuestaria consta con libertad administrativa,
debido a la alta responsabilidad que acarrea el manejo de fondos públicos, se
justifican las acciones de contraloría estatales. Pues, evidenciando las
prácticas administrativas concomitante a formas de gobiernos democráticos, es
obligación fortalecer las habilidades de vigilancia del uso de los recursos
públicos; siempre que se tiene la responsabilidad de detener los ilícitos como
causa de las crisis sociales que enfrenta la región.
Atendiendo los principales retos
administrativos latinoamericanos, este estudio tiene el propósito de
identificar las limitaciones de gestión sobre el expediente técnico en las
obras Públicas del Alto Piura en Perú, durante el año 2019. Se verifica el
proceso presupuestal en los expedientes técnicos identificando los elementos
que impiden la ejecución.
Las indagaciones tienen como objetivo
identificar los límites de la correcta gestión, con la finalidad de recomendar
prácticas a considerar en toda aplicación presupuestaria, con la finalidad que
la claridad sea fortaleza de la administración acertada. Es decir,
independientemente de la obra a realizar, la condición pública de las
inversiones autoriza determinadas acciones administrativas conducentes al éxito
de los procesos; toda vez que se tiene la finalidad de evidenciar los derechos
humanos como fortaleza de los modos dignos de coexistencia.
2. Metodología
Es esta una investigación bibliográfica, de
carácter diacrónico, de diseño no experimental, con enfoque interpretativo. Tiene
el propósito de identificar las fallas administrativas que lesionan la debida prosecución
y realización de las obras públicas, como principal problema en las gestiones
sociales contemporáneas. Seguidamente, tras identificar las acciones que
acompañan las indebidas gestiones, se recomiendan procedimientos que garantizan
la correcta administración, en beneficio de la realización de las obras
proyectadas.
En ese sentido, Supo (2012) legitima la
pertinencia de extrapolar a otras gestiones los hallazgos en estudios
administrativos puntales; siempre que las estructuras de gestión comparten
falencias que limitan las acciones. Para el investigador, el hallazgo de
acciones inapropiadas en una gestión pública sirve para inferir las mejores prácticas
con aplicación general.
3.
Resultados y discusión
El Cuadro 1, muestra las valoraciones en el proceso presupuestal de distribuciones. Desde
el análisis documental del expediente técnico, se aprecia que la distribución
en las valorizaciones se ha planteado según la norma, dentro del proceso
presupuestal de distribuciones. Así mismo, se determina que las paralizaciones
de obra se deben principalmente a fallas presupuestarias, a deficientes
asignaciones y falta de claridad de las inversiones; situación que determina el
corte de suministros y equipos, obligando a detener las ejecuciones.
Tabla
1
Valoraciones
en el proceso presupuestal de distribuciones
|
|
|
Valoración de
medición |
Valoración de
medición |
Valoración de
medición |
|
Dimensión |
Criterios |
No se evidencia |
Medianamente se evidencia |
Sí se evidencia |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
Valorización |
Es evidente que la distribución
en las valoraciones se ha planteado según la norma |
|
X |
|
Fuente:
Elaboración propia,
2023.
Resulta importante consideran dos formas de
inversión y gestión de fondos públicos cuando se proyecta la realización de obras.
Una opción es que el Estado ejecute la realización total; en esta alternativa
el Estado dispone del presupuesto proyectado para realizar el bien; se sirve de
los diferentes organismos e instituciones estatales con el fin de ejecutar cada
una de las fases propuestas.
Este modelo de gestión demuestra eficiencia,
siempre y cuando se siguan acciones que garanticen el sano manejo de las
inversiones. En este modelo de gestión, es muy importante la contraloría como
organismo interno del gobierno, pero independiente a los ejecutores de la obra.
La contraloría debe tener acceso a todos los documentos y registros, poder
constatar el cumplimiento de las acciones, verificar los pagos y órdenes de realización,
con la finalidad de comprobar que no se desvíen los fondos, al cumplir las
metas que se pautan.
Otro modelo de gestión, es muy usual en Latinoamérica,
el Estado, al atender las urgencias sociales, proyecta una obra. Seguidamente,
abre un proceso de licitación donde diversas empresas privadas entregan los recaudos
que el Estado solicita para ser favorecidos con la asignación de la obra. Debe
ganar la licitación la empresa que demuestre mayores ventajas para el Estado,
donde les garantiza la entrega de mayor obra de calidad en el menor tiempo
posible. Por esto, los procesos de licitación deben ser públicos con la finalidad
de evidenciar la pulcritud de las asignaciones.
Posteriormente, quien gana la licitación
obtiene los fondos públicos para realizar las inversiones que conllevan a la ejecución
de la obra. Sin embargo, es alarmante en América Latina la distancia entre
inversión presupuestaria y la disposición de bienes públicos. Es decir, a pesar
de las fuertes inversiones, las comunidades no cuentan con los recursos
materiales capaces de garantizar modos de vida equitativos; distancia debida a
la alta incidencia de corrupción administrativa, que desvía los fondos para
beneficios de particulares en vez del bienestar ciudadano como correlato de la
vigencia de los derechos humanos.
Ahora bien, atender este problema de gestión
estructural es fundamental para superar las crisis de convivencia en la región.
Deben identificarse las fallas en la aplicación de los modelos de gestión
descritos; pues, en la práctica los dos modos demuestran incapacidades para
realizar las obras que se proyectan. Toda vez que parece la corrupción una
constante administrativa en la región. Así, se identifica la inoperancia de la
contraloría como primera limitante de la gestión pública.
El estudio evidencia la falta de contraloría
como autorización a los ilícitos que dilapidan el presupuesto impidiendo la prosecución
de la obra. Es decir, cuando se evalúan los requisitos que las empresas
presentan para ser favorecidos con la contratación de la obra, el Estado asigna
los recursos para la ejecución de la obra, desligándose usualmente de las
acciones de control que verifican la realización de las metas y objetivos en el
tiempo indicado.
Estos descuidos acompañan modelos de
administración liberales que insisten en el impedimento del Estado de controlar
los hechos de mercado como fortaleza política. Sin embargo, la realidad
demuestra que estos descuidos inciden positivamente en la realización de hechos
punibles que evitan la realización de las obras al desviar los fondos públicos.
Explica cómo en Latinoamérica la pauperización de las formas de vida de la
población, acompaña la acumulación de fortunas de privados en paraísos fiscales.
La corrupción administrativa, consiente a
quienes tienen la potestad de asignar los presupuestos, vulnerar las exigencias
de las licitaciones, favoreciendo a quien ofrece beneficios económicos a ellos.
Esta situación es especialmente relevante cuando el administrador adquiere
compromisos con diversos grupos políticos que le facilitan los fondos para
realizar las campañas y ganar las contiendas electorales.
Los compromisos con entidades y personas que
responden al interés propio en vez del bienestar común, determina las
asignaciones de las obras. Pues, quien invierte capital en una campaña electoral
espera redituar el importe al ganar las licitaciones para la realización de las
obras públicas.
Invariablemente, estos compromisos impiden el
ejercicio de la contraloría como fortaleza social, paralizando la capacidad del
Estado de controlar las diferentes fases en la ejecución de obras públicas.
Justifica esto la inoperancia jurídica del Estado ante los ilícitos; pues, se
atestigua la indiferencia estatal ante el incremento de los hechos de corrupción
que lesionan la cosa pública. Al respecto, Mazuera-Arias et al. (2019), sostienen
que la corrupción se refiere a “cada uno de los actos
donde se hace uso del poder que confiere un cargo público para beneficios o
provecho de índole personal” (p. 173), siendo
esto una de las principales falencias de los modos democráticos de gobierno.
Estas evidencias son acordes a los
señalamientos de Trelles y Silva (2012), cuando constata que no pocas veces los
ajustes presupuestarios que buscan la continuidad de las obras, terminan solventando
los faltantes del capital dilapidado. Acción que no sólo impide la capacidad
jurídica del Estado, también, induce a la realización de actos ilícitos. Es
decir, ante los actos puntuales de desvío presupuestario, la omisión del Estado
provoca, siempre, la prosecución del delito como límite a la realización de las
obras. Junto a esto, justifica cuando es desorbitante la inversión realizada
ante la deficiente obra que se obtiene, evidenciando claras distancias entre el
capital invertido y el bien público que se dispone.
Los hallazgos evidencian la importancia de verificar
las justificaciones de los ajustes presupuestarios a lo largo del tiempo. Pues,
en muchas ocasiones tienen el propósito de cubrir los faltantes debido al
desvío de capital; donde la continuidad de la construcción impide advertir el
indebido manejo de los fondos públicos. Se debe constatar que los ajustes
presupuestarios, se realizan para solventar imprevistos o atender el incremento
de los costos de los bienes y servicios usados debido a la inflación. De ahí la
importancia de contar con organismos nacionales que presenten información
económica y financiera fidedigna.
Este estudio evidencia el incumplimiento de la
obra presupuestada; pues, al transcurrir diez años desde su inicio, se incumplen
la totalidad de los tiempos para lograr los objetivos y metas. Situación que
evidencia la falta de aprovechamiento de los fondos públicos destinados; el
desembolso de nuevos y altos montos si se desea la realización de la obra.
Portillo (2019), refiere que la deficiente
elaboración del expediente técnico incide en los fallos que ameritan ajustar
constantemente el presupuesto. Dentro de las faltas técnicas de mayor
relevancia está la inoperancia para evidenciar el cumplimento de las fases a lo
largo del tiempo, dejando a la deriva la vigilancia de las acciones. Entonces,
el autor insiste en la debida elaboración de los presupuestos técnicos donde se
asignan los recursos, y se habilitan los organismos que garantizan que el
Estado ejerza la capacidad de control; siendo la incapacidad de controlar las
acciones la principal falla de las administraciones estatales.
Entonces, se indica que la detención de la
capacidad estatal de vigilar y controlar los procesos en la realización de
obras públicas, provoca el incumplimiento de obra del Alto Piura en Perú; pues,
hoy, al ser 2023, no se concluyen los compromisos, lesionando el patrimonio
común, generando conflicto social. El hallazgo refrenda la recomendación de
Benavente (2018), quien señala que deben ser estrictos los procesos de control
interno para ejecuciones presupuestales, con el fin de fortalecer los sistemas
de controles internos de la institución pública.
En el estudio de Chura (2016), se evidencia que una de las principales fallas en la ejecución
de obras públicas es que no se cumplen las exigencias indicadas en los
proyectos técnicos. Pues, a pesar que se disponen autorizaciones jurídicas para
permitir la intervención del Estado cuando el caso lo amerita, a pesar que se
dispone de presupuesto, personal y organismos para ejercer la función de
control estatal, en la realidad no se cumplen las indicaciones; permitiendo la
realización de ilícitos a lo largo del tiempo.
En concordancia, el autor subraya que el
forjado de documentos y la alteración de los registros, impiden constatar los
hechos punibles durante la realización de la obra. Por eso, es de suma
importancia para la contraloría contar con registro documental de las
diferentes acciones en tiempo real; con la finalidad de consultar los archivos
para evidenciar faltas, cuando no se consiguen los resultados esperados. Por
eso, es muy importante actualizar constantemente el registro documental que
archiva la contraloría; pues, estos documentos admiten constatar las acciones,
develando alteración de los registros y documentos al intentar ocultar hechos
punibles.
Las precisiones aquí descritas explican las
dificultades que han hecho que la obra que se presupuestó hace diez años para realizarla
en un lapso de tres años, no se haya realizado a la fecha; evidenciando siete
años de distancia entre la fecha actual y la que se proyectó para concluirla. A
su vez, el incumplimiento de las metas en 60% demuestra las fallas del proyecto
con los resultados obtenidos; situación que claramente lesiona el presupuesto
nacional, vulnerando las condiciones de vida de las comunidades.
Por esto, es
insistencia de esta investigación la independencia y fortaleza de la
contraloría como habilidad de las mejores formas de gobierno. Contraloría que
al estar comprometida con el bienestar de la población es lícito incluir a las
comunidades en los procesos de control de las actividades gubernamentales; toda
vez, que el bienestar general es el propósito fundamental de la democracia.
Entonces, se legitima la contraloría social como importante noción jurídica
cuando las comunidades son capaces de controlar las acciones estatales. Marín-González y Carrera (2023) acotan que:
Cualquiera
propuesta que se genere en beneficio del territorio, visto como sujeto, por ser
más que un mero espacio geográfico, no debe constituir una serie de acciones dispersas
sino un continuo de ajustes o acuerdos provocados a partir de la propia
dinámica de los actores en el territorio, a propósito de garantizar su
apropiación y por ende su viabilidad técnica y sobre todo política. (p. 172)
Si la ineficiencia
posibilita la corrupción como mal atávico latinoamericano; evidencia que deben
fortalecerse los mecanismos de control social como contención ante los ilícitos
que vulneran las formas comunes de vida. Entonces, con el propósito de
fortalecer la democracia es menester evitar las acciones ocultas, de espalda a
la vigilancia pública, que favorecen los desfalcos al erario público. Se
considera que: “El desarrollo territorial
resulta de la sinapsis de diversas formas de capital intangible (sinergético, cognitivo,
humano, económico, simbólico, social, cultural, institucional, psicosocial y
cívico), que es posible encontrar en un territorio” (Marín-González y Carrera,
2023, p. 172).
Conclusiones
En las últimas
décadas se evidencia pauperización constante de los modos de vida de la población
latinoamericana, donde la falta de servicios públicos eficientes compromete los
recursos materiales que posibilitan formas dignas de vida. La falta al acceso
de agua potable, el deterioro de los sistemas de salud y educación, las fallas
en la recolección de desechos, la falta de espacios públicos que permitan la
recreación y el deporte, la imposibilidad de cuidar de la seguridad jurídica de
los cuerpos y las propiedades, develan las amplias fallas estructurales que
comprometen la continuidad de maneras democráticas de convivencia.
Estas limitantes
evidencian las distancias entre el capital invertido para realizar obras
públicas y los muy deficientes servicios que la población cuenta. Amplitudes
que expresan la incapacidad del Estado de solventar las necesidades colectivas,
siendo la corrupción administrativa la causante principal de las fallas de
inversión pública.
Esto es de considerar
cuando se diagnostican las deficiencias en las gestiones públicas; pues, se
debe identificar la falla del Estado para vigilar las inversiones en favor de
la realización de las obras en beneficio de las comunidades. Es decir,
solventar las urgencias descritas amerita atender las autorizaciones a la
corrupción que deficientes diseños técnicos permiten.
En concordancia, esta
investigación identifica las siguientes limitantes técnicas en la ejecución de
obras públicas: Falta de control estatal en las diferentes fases del proyecto
de ejecución; licitaciones amañadas donde se evidencia la asignación a
discreción, vulnerando los procedimientos que garantizan la salud de los
procesos de adjudicación; ajustes presupuestarios arbitrarios, sin constatar
las razones de estos; desarme jurídico estatal ante las lesiones al presupuesto
nacional.
Estas limitantes
evidencian que la debida atención ante el problema público, amerita fortalecer
la capacidad de vigilancia estatal en el manejo de los fondos públicos;
contando con organismos capaces de controlar los procesos, tomar correcciones
en el momento oportuno y judicializar a los responsables de los malos manejos
presupuestarios. Así, las recomendaciones tienen el propósito de fortalecer la
capacidad jurídica del Estado democrático. Pues, las desatenciones profundizan
las crisis de convivencia contemporáneas, impidiendo las formas de vida justas
que a la democracia le es posible.
Por lo cual, se
recomienda al Estado institucionalizar la contraloría como órgano jurídico que
consta con independencia administrativa suficiente para controlar la
realización de las obras públicas, atendiendo la realización de cada una de las
fases y metas en los tiempos previstos. Por supuesto, la independencia y poder
de acción de la contraloría amerita presupuesto independiente, para que el
organismo cuente con personal y recursos técnicos que permitan la debida
ejecución de las funciones.
Exige, los modos de
vida democráticos, que todas las instituciones estatales sean controladas a
través de la contraloría, siendo esta una habilidad distintiva en las formas
plurales de gestión pública. Es decir, para que a la democracia le sea posible
garantizar a las comunidades formas justas de convivencia, es menester
constatar las debidas acciones en cada una de las instituciones que conforman
al Estado.
Por esto, una de las
recomendaciones fundamentales de esta investigación es la claridad y precisión
de los eventos administrativos. Condición que exige contar con registros claros,
precisos y oportunos de toda la documentación concerniente a la obra. Aprueba recomendar
que la contraloría guarde copia de los documentos concerniente al manejo de
capital; respecto a la compra de materiales e insumos, pago de personal, y otros
gastos administrativos, con el objetivo de verificar constantemente las
acciones efectuadas. También, este archivo consiente identificar las alteraciones
a los documentos que ocultan desfalco presupuestal; siendo esto una habilidad
muy importante de la debida contraloría.
Igual que es
fundamental contar con organismos y acciones capaces de ejercer la función de
control estatal, también es muy importante la claridad en el marco técnico al
proyectar la obra. En el diseño deben evidenciarse con precisión cada una de
las acciones posibles y esperadas en cada fase; pues, la exactitud elude
acciones que vulneran la ley.
Las administraciones
democráticas se oponen al impedimento de la capacidad de vigilar que los
referentes económicos anarcocapitalistas, recomiendan siempre que la capacidad
de controlar es una de las fortalezas de las gestiones acertadas. Por ende,
formas democráticas de gobierno están caracterizadas por la capacidad de
proteger las sociedades de las acciones que vulneran la vida común, siendo esto
importante impulso de las mejores condiciones de vida; habilidad pertinente
ante los múltiples antenados contemporáneos contra el bienestar de las comunidades.
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* Doctor
en Gestión e Investigación de la Educación. Magíster en Ciencias de la
Educación Superior. Docente Investigadora en la Universidad César Vallejo, Trujillo,
Perú. E-mail:
mdeve@ucvvirtual.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4678-7502
** Doctor en
Derecho. Doctor en Gestión e Investigación de Educación. Magíster en Ciencias
de la Educación Superior. Docente Investigador en la Universidad Privada
Antenor Orrego (UPAO), Trujillo, Perú. E-mail: jsandovalv3@upao.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6020-0790
*** Magíster
en Ciencias de la Educación Superior. Psicólogo. Docente
Investigador en la Universidad Cesar Vallejo Trujillo, Perú. E-mail: jsandovalpe@ucvvirtual.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8203-0339
**** Magister en Gestión Pública. Magíster en Educación con mención en
Docencia Universitaria e Investigación Pedagógica. Ingeniero Civil. Docente Investigador
en la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo,
Perú. E-mail: draco26_89_9@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0743-5109
Recibido: 2023-06-14 · Aceptado: 2023-08-31