Revista de Ciencias Sociales (RCS)
Vol. XXIX, No. 1, Enero - Marzo 2023. pp. 169-185
FCES - LUZ ● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431
Como citar: Ríos, J. F., Angarita, B., Vargas, L. C., y
Azcárate, J. (2023). Factores de movilidad social en un sector rural de
Colombia. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXIX(1), 169-185.
Factores de movilidad social en un sector rural de
Colombia
Ríos Obando, José Fabián*
Angarita
De La Cruz, Bernardo**
Vargas
Taborda, Libardo Carlos***
Azcárate
Serrano, Jacinto****
Resumen
El
artículo presenta el estudio sobre la movilidad social intrageneracional, como
fenómeno que dibuja la calidad de vida, en el tránsito de una posición
socioeconómica a otra y que ofrece un panorama de comprensión de la pobreza;
condición para disminuir brechas de desigualdad. Como objetivo se propone
indagar sobre la relación entre factores como actividad laboral, formación
académica e ingreso económico, como indicadores de movilidad social
intrageneracional. Se realizó un estudio correlacional en 2019, en Pichinde,
corregimiento del Distrito de Santiago de Cali, Departamento del Valle del
Cauca, Colombia; con una muestra representativa de 89 familias. Se aplicó un
modelo de regresión lineal entre las variables que, a partir del coeficiente de
Pearson (R), coeficiente de determinación (R cuadrado) y la prueba de
Durvin-Watson, permiten comprobar independencia de los errores. Los resultados
muestran la no correlación entre las diferentes variables de estudio,
concluyéndose que las condiciones de pobreza subyacen a múltiples factores y en
donde la movilidad social intra generacional se ve influenciada por variables
no asociadas a la relación entre actividad laboral, formación académica e
ingreso económico.
Palabras clave: Movilidad social; pobreza; bienestar; calidad de
vida; desarrollo social.
* Doctor en Administración Gerencial. Docente Investigador del
Programa de Finanzas y Negocios Internacionales en la Universidad de San
Buenaventura, Cali Colombia. Investigador Asociado Minciencias. E-mail: jfrioso@usbcali.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3846-2983
** Magister en Educación. Psicólogo. Docente Investigador en la
Corporación Universitaria Centro Superior (UNICUCES), Cali, Colombia. Grupo de
investigación Construcecs – Unirse. Investigador Asociado Minciencias. E-mail: invangarita@unicuces.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8055-8300
*** Doctor en Administración Gerencial. Docente Investigador en la
Universidad La Gran Colombia, Armenia, Colombia. Grupo de investigación Gestión
Empresarial. Investigador Asociado Minciencias. E-mail: vargastlibardocarlos@miugca.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2328-6155
**** Doctor en Investigación Educativa. Psicólogo. Docente Investigador
en la Corporación Universitaria Centro Superior (UNICUCES), Cali, Colombia.
Grupo de investigación Construcecs – Unirse. Investigador Asociado Minciencias.
E-mail: invazcarate@unicuces.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3234-1750
Recibido: 2022-09-02 · Aceptado: 2022-11-19
Social mobility factors in a rural sector in Colombia
Abstract
The article presents the study on intragenerational social mobility, as a phenomenon that draws the quality of life, in the transition from one socioeconomic position to another and that offers an overview of understanding of poverty, condition to reduce inequality gaps. As an objective, it is proposed to investigate the relationship between factors such as work activity, academic training and economic income, as indicators of intragenerational social mobility. A correlational study was carried out in 2019, in Pichinde, corregimiento of the District of Santiago de Cali, Department of Valle del Cauca, Colombia; with a representative sample of 89 families. A linear regression model was applied between the variables that, based on the Pearson coefficient (R), coefficient of determination (R square) and the Durvin-Watson test, allow to verify independence from error. The results show the non-correlation between the different study variables, concluding that poverty conditions underlie multiple factors and where intra-generational social mobility is influenced by variables not associated with the relationship between work activity, academic training and economic income.
Keywords: Social mobility; poverty; well-being; quality of life; social development.
Introducción
El
corregimiento de Pichinde tiene una vocación territorial de uso de suelo ligada
a la reserva forestal, en tanto se encuentra en el parque Nacional Natural
Farallones de Cali; por lo mismo, la conservación del territorio debe estar en
función de las normas de protección a las áreas de reserva; sin embargo, los
suelos se utilizan en actividades que no están en relación con la vocación
forestal (Alcaldía Santiago de Cali, 2017).
En la
práctica, la tenencia de tierras y su restricción a lo forestal parecen no
coincidir, se han sometido a un continuo fraccionamiento para usos, por
ejemplo, vacacionales, mientras que sus habitantes, los cuidadores de las
tierras, quienes viven en el corregimiento, sobreviven de actividades de
cosechas transitorias, como jornaleros o de actividades no propiamente de la
tierra. Lo que genera incertidumbre sobre su futuro bienestar y mejoramiento de
la calidad de vida a futuro cercano o mediano plazo. En otras palabras, hacia
una movilidad social sustentable y sostenible.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID,
2012), para que haya movilidad, las personas deben tener acceso a oportunidades
económicas, a partir de instrumentos eficientes de redistribución y protección
social. Por lo tanto, la movilidad social es principalmente una cuestión de
equidad o de eficiencia económica, la cual hace parte de un derecho fundamental de la sociedad
(Espinoza, Barozet y Méndez, 2013), y que merece ser observada en la realidad
de la zona rural Pichinde, para reconocer la confluencia de las variables en la
generación de un desarrollo que dé cuenta de las necesidades sentidas de la
población.
El
corregimiento de Pichinde, ubicado al occidente de Cali, es uno de los corregimientos
con menor densidad poblacional en el área rural, el cual presenta múltiples
problemáticas de orden social, como una deficiente infraestructura de servicios
públicos, educación, salud, aunado a altas tasas de pobreza, debido a pocas
oportunidades laborales (Zeng, 2018). La falta de apoyo estatal, deficientes
recursos y baja inversión social, se convierte en caldo de cultivo para que
emerjan problemas sociales que amenazan el bienestar social de sus habitantes
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2008).
El
Plan de Desarrollo 2016-2019 de Pichinde hace referencia a que, en 2015, el
9,1% de la población económicamente activa se encuentra sin empleo. En general,
el 10% de los hogares considera que los ingresos no son suficientes para cubrir
los gastos mínimos y el 90% percibe que los ingresos no alcanzan para hacerles
frente. Según el análisis de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida realizada
en 2013:
Al
calcular la cobertura de los tres servicios públicos básicos (energía
eléctrica, acueducto y alcantarillado) en los (…) hogares encuestados de
Pichindé, se obtiene un valor de 30%. Este porcentaje es muy inferior al
promedio para la ciudad (97%) y para el total de los corregimientos (56.8%).
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, p.68)
Todo
lo anterior, representa un escenario adverso social para la población, la cual
se ve expuesta a diversas barreras para satisfacer sus necesidades, que
constituye un reto en materia de política social. En todo caso, resulta crítico
que la información del corregimiento de Pichinde no sea actualizada; lo que
hace necesario, desarrollar investigaciones que evidencien algunos aspectos
socioeconómicos y que permitan relacionar el bienestar alcanzado como reflejo
de la doctrina económica; por ello, es importante indagar sobre la relación que
existe entre el nivel de estudio, los ingresos económicos y la actividad que
desarrollan, a manera de entender si su articulación permite mejorar la calidad
de vida de sus habitantes o bien generar una movilidad social intra
generacional hacia arriba.
1.
Fundamentación teórica
La
movilidad social, entendida como la transición de un sujeto, desde una posición
estructural socioeconómica a otra, pretende estimar, desde indicadores, la
transitabilidad humana, que supone intenciones de mejoramiento de las
condiciones de vida, de un conjunto poblacional, de modo que se trata de la
posibilidad que tienen las personas de mejorar su posición socioeconómica
durante el transcurso de su vida con respecto a un punto de partida (Uribe y
Ramírez, 2019). Así mismo, "se entiende como la facilidad que tienen los
individuos de una comunidad de lograr desplazamientos reflejados en ascensos o
descensos en la escalera socio-económica" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013,
p.4).
De
acuerdo con Campos-Vazquez, Huerta y Vélez (2012), la movilidad social puede
estudiarse desde diversas perspectivas, siendo interés de la investigación, su
análisis intrageneracional, como referente de comprensión de la intención de
los indicadores de movilidad social, implica el movimiento asociado a los miembros
de una misma generación, a través de su vida y que les afecta en su trayectoria
laboral. La movilidad social es considerada como un constructo conformado por
variables socioeconómicas, que incluyen, condiciones educativas y ocupacionales que
inciden en el incremento de ingresos y por esa misma vía, en la calidad de vida
de los individuos (Solis, 2018; Boliver, Gorard y Siddiqui, 2021; Henseke et
al., 2021).
El espíritu de la movilidad social, es reconocer
un cambio significativo en la posición social y económica que ocupa un
individuo o un conjunto poblacional, en la sociedad. Resulta clave en las discusiones sobre la
movilidad social, comprender la necesidad imperativa de generar una promoción o
ascenso vertical (de una clase a otra); toda vez que favorecen la justicia,
eficiencia e integración social (Torche, 2014). La evolución de la doctrina
económica dio lugar a una estructura de pensamiento, subyacente a un ethos
particular a la segunda mitad del siglo XX, el cual motivado por diversas
concepciones; como el desarrollo a escala humana, donde Max-Neef, Elizalde y
Hopenhayn (1998) vuelcan la atención, hacia el ser humano como eje dinamizador
de la economía, de esta manera su postulado se centraba en considerar que el
desarrollo debe girar en torno a las personas.
Del
mismo modo, coexisten otras cosmovisiones de sociedad, como las aportadas por
Sen (2000), el cual sentó las bases de una nueva economía basada en la
satisfacción de las necesidades, la cual ha de dotar al individuo de una serie
de potencialidades y capacidades que le restituyan la libertad y capacidad de
toma de decisiones, como única posibilidad de eliminar la pobreza. Conforme se
fue avanzando en la consideración de factores cualitativos que respondieran a
criterios de responsabilidad social, justicia y equidad, fueron avanzando
también las preocupaciones concernientes a generar movilidad social, que
facilitara la incorporación de más ciudadanos en la clase media, eliminando a
aquellos que se encuentran en condiciones vulnerables (Long y 2019).
Surgen
entonces nuevas formas de concebir al progreso social, que enmarcan factores
ecológicos, sociales, y económicos, entre otros, los cuales motivaron
fuertemente el discurso de economistas heterodoxos. Dichas posturas teóricas
fueron cohesionadas en la consolidación de una nueva visión de desarrollo, en
el que surge la imagen directriz del "desarrollo humano",
entendiéndose el desarrollo como una orientación hacia el mejoramiento de
condiciones que, en palabras de Martínez (2017), “en su origen histórico, el
término "desarrollo" se refiere a la situación que logra un país
cuando consigue salir de la pobreza" (p.37).
Es
manifiesto que, dentro del marco establecido para el desarrollo humano, se
integran los desafíos sociales como eje determinador y orientador de
consideraciones económicas, haciendo un llamado para alentar a la participación
de la sociedad civil, de forma tal que se generen acciones holísticas que
garanticen niveles óptimos de bienestar (Sastré, 2018). El desarrollo humano
formula un elemento de carácter normativo a considerar y es el hecho que el
instrumento más eficaz y oportuno de elección social es conjugar una libertad
real que permita seleccionar a cada quien los proyectos de vida, dotando al
hombre de todas las herramientas necesarias para poder llevarse a cabo, bajo
principios de equidad y justa distribución, cuyo fin esencial es promocionar el
bienestar general (Raudino y Poletti, 2019; Oso, Dalle y Boniolo, 2019).
Por lo
anterior, un criterio relevante del desarrollo humano consiste en evitar la
exclusión social y la exclusión laboral de las juventudes, entendiendo que esta
población juega un papel importante en el desarrollo económico. Castro, García
y López (2019), sostienen la importancia de abordar la exclusión social
juvenil, como una forma de mitigación del desempleo y con ello, la generación
de desarrollo económico y social.
El
nuevo estilo de desarrollo multidimensional tiene como fin el llevar a cabo una
política contra la pobreza, la educación y la inclusión laboral, por una
sociedad más justa y participativa en pro de garantizar el respeto por los
derechos humanos, la dignificación del hombre y la consolidación de las
diferentes instituciones, en la búsqueda de construir ciudadanía apuntando a
proyectos con alto contenido social, que coadyuven al mejoramiento de la
calidad de vida (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD],
2018).
En ese
sentido, resulta clave apostar al desarrollo de políticas incluyentes, que
giren en torno a variables multisectoriales, como empleo, vivienda, entre
otras, lo cual da cuenta de una acertada agenda macroeconómica, que puede
mitigar de manera efectiva los choques externos, los cuales particularmente
inciden de manera negativa, en el nivel de ingresos de la población (Nabudere,
1997; Díaz et al., 2021).
Dicho
escenario da cabida a las discusiones como la justicia e igualdad social, la
cual puede ser estudiada desde diferentes tradiciones disciplinares y que,
desde la perspectiva económica, el bienestar se equipara con ingresos y riqueza
(Solis, 2018). Por tal razón, es consecuente que los estudios sobre movilidad
social sean abordados desde esta perspectiva; sin embargo, se ha logrado
comprobar en otros estudios que el bienestar social debe ser observado desde
una visión multidimensional (Grusky y Kanbur, 2006; Alkire y Santos, 2010), lo
cual motiva a que la movilidad social recoja esa misma mirada.
A
efectos de la investigación desarrollada, la movilidad social se estudia desde
tres variables: Educativa, ocupacional y económica (Jiménez, 2018). La
literatura sugiere que para apuntalar a la movilidad social y lograr un
desarrollo social, la construcción de políticas debe integrar medidas
preventivas contra la pobreza, capacitar continuamente a la fuerza laboral y
fortalecer el mercado de trabajo (Zahra et al., 2018; Schoon, Burger y Cook,
2021; Adamecz-Völgyi, Henderson y Shure, 2021). La igualdad y la inclusión
social apuntan a resolver las problemáticas que subyacen al desarrollo
económico y social, en aras de incrementar las capacidades humanas a nivel
intra e inter generacional (Sen, 2000).
Se
considera entonces que el estudio sobre la movilidad social intrageneracional
en dichas variables, es un insumo valioso para valorar la incidencia de la
desigualdad de oportunidades (Solis, 2018). Las dinámicas de desarrollo social
apuntan precisamente a defender la justicia social, mediante la erradicación de
la pobreza y otras prácticas multidimensionales, como una apuesta para eliminar
la marginación y la exclusión social (Lombard y Twikirize, 2014; Araya, 2019).
De lo
anterior, el Estado debe estar en permanente monitoreo de los aspectos
fundamentales de la economía que garantizan la movilidad social, con la
intención de generar esfuerzos que coadyuven a alcanzar un desarrollo social en
la sociedad. Para alcanzar tan noble fin se requiere humanizar la doctrina
económica, en la cual la prosperidad empresarial y el desarrollo sostenible son
dos caras de una misma moneda (Margitic y Ravallion, 2019; Rocha, Julio y
Semprun, 2021).
Es
prudente cambiar el enfoque social que impera en la agenda pública, desde una
política asistencialista que poco contribuye a la movilidad social hacia el
desarrollo de estrategias de desarrollo productivo, social y de mercado. La
cual debe albergar acciones como garantizar una educación pertinente con
calidad; promover la innovación y emprendimiento; fomentar la infraestructura
logística para generar competitividad; protección de la biodiversidad; entre
otras medidas que den cuenta de la interacción entre factores económicos,
sociales y ambientales que brindarán un escenario de desarrollo sostenible
(Castro, 2011).
Para
enfrentar el problema hace falta romper paradigmas tradicionales y sentar las
bases de un nuevo discurso que garantice un desarrollo incluyente que promueva
la correcta asignación de recursos hacia las zonas con mayor grado de
vulnerabilidad, forjando una infraestructura productiva que dinamice la
generación de empleo e ingresos, pero que, por ello mismo, se hace necesario
comprender qué tan fuertes o débiles se perfilan los indicadores como
comprensión del fenómeno de la movilidad (Bedrunka, 2020). En ese sentido, la
movilidad social se plantea como un fenómeno dinámico que posibilita una
transformación del tejido social, hacia la maduración de un estado pleno de
desarrollo.
Dentro
del fenómeno económico observado, persisten problemas recurrentes, como el
coeficiente Gini, que sigue en umbrales superiores al 0.50 (Lustig, 2018;
Campos-Vazquez et al., 2022), situación que pone de manifiesto una alta
desigualdad social que genera interrogantes frente al presunto éxito de la
política económica. Por otra parte, en materia de desarrollo social, al
observar los resultados de la medición del IDH, según los resultados publicados
por el PNUD (2019), Colombia en 2018 ocupó el lugar 95 entre 188 economías; lo
cual es resultado poco alentador frente a logros tan importantes como la
educación y salud.
En el
informe de Oxfam Internacional (2018), se manifiesta que el 1% de las personas
más ricas del planeta, acaparen el 82% de la riqueza generada el año pasado,
mientras que la mitad más pobre no se benefició en nada. Es decir, que se está
hablando de 3.700 millones de personas, que no se benefician en lo más mínimo
del crecimiento económico.
Estos
datos igualmente los confirman el informe Davos del Foro Económico Mundial
(FEM, 2019), donde además se señala que para el 2017, hubo un incremento de
multimillonarios, el más grande en toda la historia. Pero también incrementó la
pobreza extrema, para 2018 en América Latina, como lo señala la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019), a su nivel más alto
desde 2008. Lo que es preocupante son las condiciones de vida que se han
empeorado en casi todos los países. Para acabar con la pobreza, el informe
Davos (FEM, 2019) recomienda:
Entre
ellos poner límite a los retornos económicos a los accionistas y altos
ejecutivos, salarios mínimos vitales que permita a los trabajadores tener una
calidad de vida decente, asegurar que los más ricos paguen una parte justa de
los impuestos con medidas contundentes contra la evasión de impuestos e
incrementar el gasto público en salud, educación y seguridad social. (p.9)
Para
encontrar soluciones sistemáticas a la crisis actual, se debe afrontar un nuevo
enfoque con mayor carga social; que dirija las actuaciones de carácter
económico, esperando poder desentrañar respuestas a los problemas asociados a
la alta pobreza, concentración de la riqueza, entre otros (Brown, Ravallion y
Van de Walle, 2018). Se esperan que, en las decisiones de política pública, se
reconozca las particularidades de cada territorio, para formular soluciones
holísticas que apunten a una verdadera movilidad social (Londono, 2011;
Katzkowicz, Querejeta y Rosá, 2021).
La
ciudad Santiago de Cali, ha venido experimentado durante los últimos años,
tasas de desempleo de dos dígitos, de acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2020), en el periodo 2018, la
tasa de desempleo disminuyó 0,4 puntos porcentuales frente al 2017, pasando de
11,9% a 11,5%. Dicha tasa resulta ser mayor al promedio de las 13 áreas
metropolitanas (10,8%).
Dicho
escenario siembra una preocupación sobre la dinámica social y económica de la
región, evidenciada en el porcentaje de personas por debajo de la línea de
pobreza monetaria que, según el informe de Pobreza Monetaria y Multidimensional
en Colombia publicado por el DANE (2018a), Cali en 2017, tiene una pobreza
monetaria del 15,5%, aunque significativamente inferior al total nacional
(26,9%), es superior a ciudades como Bogotá (12,4%); Bucaramanga (12,0%) y
Medellín (13,4%). Según las cifras oficiales reportadas, en el año 2017, la
Población Económicamente Activa (PEA) de Cali, fue de 1,398 (en miles) de
personas, de los cuales la PEA desocupada es de 166 (en miles).
En lo
que atañe al Coeficiente de GINI, se ha visto una tendencia a la baja en el
periodo 2008-2017, al pasar de 0.518 a 0.460; sin embargo, el indicador no es
completamente favorable, en tanto que ocupa el noveno lugar a nivel nacional,
entre las ciudades más equitativas en la distribución del ingreso en Colombia.
2.
Metodología
Desde
un diseño transeccional, para esta investigación se empleó un enfoque
cuantitativo, con un nivel correlacional, puesto que se busca comprobar las
frecuencias de variables y compararlas entre sí para establecer relaciones. Se
llevó a cabo un modelo de regresión lineal, para establecer la asociación entre
las variables socioeconómicas y predecir su influencia en la movilidad social.
En aras de ajustar el modelo, se aplicó la prueba de Durbin Watson (DW), para
determinar la auto correlación entre los residuos; aplicando los límites de
Savin y White (1977). Se presenta el análisis de correlación de Pearson (R) y
el coeficiente de determinación (R cuadrado), en aras de determinar la
proporción en la variación de los resultados, que pueden ser explicados
mediante el modelo.
Se
acudieron a fuentes primarias mediante la observación y la aplicación de un
instrumento tipo encuesta, con 11 preguntas para la recolección de los datos,
con variables nominales y ordinales e incluyen datos sociodemográficos,
aplicada directamente en las viviendas, a la persona que se declaró cabeza de
hogar. Los datos son de la vigencia 2019. Para el análisis de la información,
se usó el software SPSS, el cual facilitó el
tratamiento de datos. La consideración de indicadores de movilidad social en
Colombia, se enmarca en los referentes de las políticas sociales de Estado, como
condicionantes de acciones de justicia, eficiencia y cohesión social para
reducir las brechas entre riqueza y pobreza. Asimismo, se consultó fuentes
secundarias, particularmente estudios oficiales publicados por los organismos
estatales y en revistas de corriente principal.
Para
el 2018, Pichinde contaba con 178 viviendas (Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, 2018), de las cuales se abordó 89 familias (50% del total
de familias), se trataba de abordar el mayor número posible de familias, pero
en muchas no hubo un adulto o no había nadie para responder. Como elementos de
exclusión, se consideró que una persona no puede pertenecer a dos núcleos
familiares, de forma simultánea.
En
relación a la definición de las variables a estudiar, se consideró los aportes
de Puga y Solis (2010); Torche (2014); y, Yaschine (2015), quienes argumentan
que: La educación (nivel de estudio), nivel de ingresos y tipos de actividad,
son elementos clave para lograr una movilidad social intra generacional; se
argumenta que a su vez se considera como la hipótesis de la investigación. En
ese sentido, se pretende comprobar si en el territorio analizado, los niveles
de estudio, la ocupación y los ingresos, son factores para mejorar la calidad
de vida.
3.
Resultados y discusión
Las
políticas sociales y económicas de Estado, buscan, al menos en teoría, mantener
un equilibrio en la repartición de la riqueza, condición que se sustenta a
partir de indicadores objetivados desde una legislación que regula las
economías y las acciones sociales en beneficio de quienes cohabitan sus
espacios físicos. Bajo esta determinación, la relación actividad laboral, la
formación académica y el ingreso económico, como indicadores de movilidad
social en un sector rural de la ciudad de Cali (Pichinde), reflejan la transición
que han tenido o que posibilita la trascendencia intrageneracional a mejores
expectativas de vida o a condiciones de desmejoramiento.
A
continuación, se presentan los outputs
obtenidos con el programa SPSS del análisis de regresión. Se ha de asumir que
el nivel de estudios, como factor de movilidad social, provee a la persona de
herramientas, que facilitan la generación de ingresos para su sostenibilidad y
la del grupo familiar. Sin embargo, en la Tabla 1, se evidencia que las
variables presentan una relación positiva, pero con tendencia baja-media;
sugiriendo, de esta manera, una débil condición, como indicador o factor para
la movilidad social.
Tabla
1
Correlación
(R) y regresión lineal simple: Nivel de estudio-Ingreso familiar
|
R |
R cuadrado |
F |
Β |
Durbin Watson |
|
0,436 |
0,191 |
303.99** |
0,436 |
1.760 |
Nota: Variable dependiente:
Ingreso Familiar. Nivel de significación: ** p<.01
Fuente: Elaboración propia, 2021.
El
modelo entre el nivel de estudio y el tipo de actividad que realiza explica el
77,5% de la varianza, siendo estadísticamente significativo (F=405.89; p <
.01). En ese sentido, el nivel de estudio del cabeza de hogar aporta un 88% en
la predicción sobre las actividades desempeñadas.
No
obstante, los niveles de estudio de la persona que se asume como cabeza de
hogar, así como el tipo de actividad que realiza, supone una alta relación en
función de la búsqueda de una mejor calidad de vida (ver Tabla 2). Sin embargo,
el hecho que exista una relación entre la actividad que está desempeñando y los
niveles de estudio, no es una casualidad, como lo confirma el Durbin Watson,
que es de 1.856; como D > DU (límite superior), que sugiere que no existe
autocorrelación entre los residuos.
Tabla 2
Correlación
(R) y regresión lineal simple: Nivel de estudio – actividad
|
R |
R cuadrado |
F |
Β |
Durbin Watson |
|
0,88 |
0,775 |
405.89** |
0,880 |
1.856 |
Nota: Variable dependiente: Actividad que realiza. Nivel de significación: **
p<.01
Fuente: Elaboración propia, 2021.
Por lo
tanto, se observa una buena asociación lineal entre ambas variables; de tal
suerte que en la medida que se adquiere niveles de estudio, la actividad
desempeñada, tiende a mejorar. Ya Solis (2018), había sugerido que variables
como la educación y la ocupación inciden en la calidad de vida de los
individuos; también, en el estudio de López (2009), se sugiere una alta
correlación entre el estudio y el empleo, por cuanto la formación implica mejor
desempeño. Desde esta apreciación, se ha de entender que la calidad de vida, se
logra desde el desarrollo de competencias para la posibilidad de satisfacer
necesidades.
De lo
anterior, resulta clave reconocer el indicador de pobreza monetaria calculada
por el DANE (2018b) en Colombia, entendida como "el costo per cápita
mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) en un
área geográfica determinada" (p.3), puesto que se trata de comprender si
la correlación nivel de estudio y ocupación, también apuntan a estar
relacionadas con los ingresos, puesto que, de esto, también depende la calidad
de vida y con ello, la movilidad social.
Para
el 2018, el costo per cápita de una familia conformada por cuatro personas,
ubicadas en los centros poblados y rural disperso, es de $676.740. De acuerdo
con la Tabla 3, el 86,51% de la muestra poblacional, se encuentra con ingresos
entre $0 y $660.000, lo que sugiere que están por debajo de la línea de la
pobreza monetaria.
Tabla 3
Ingreso por grupo familiar
|
Ingreso familiar/Rango |
Frecuencia |
Porcentaje |
Porcentaje válido |
Porcentaje acumulado |
|
0 y 660.000 |
77 |
86,51% |
86,51% |
86,51% |
|
660.001 en adelante |
12 |
13,49% |
13,49% |
100% |
|
Total |
89 |
100% |
100% |
Fuente: Elaboración propia, 2021.
Bajo
estas condiciones, se ha de señalar que, si bien el 13,49% de los
entrevistados, tienen un nivel de ingresos superior a $660.000 pesos y que, en
consideración con el DANE, para el 2018, el ingreso per cápita por familia
(rural) es de $676.740, además que el grupo familiar, para la población en
estudio, la tendencia es de 4 personas por familia, 64% (ver Tabla 4); se puede
argumentar que al menos, el 86,51% de este grupo poblacional se encuentra en la
línea de pobreza.
Tabla 4
Composición familiar
|
Composición familiar |
Frecuencia |
Porcentaje |
Porcentaje válido |
Porcentaje acumulado |
|
Padre-Madre-hijos |
57 |
64,04% |
64,04% |
64,04% |
|
Un padre-hijos |
24 |
26,96% |
26,96% |
91,0% |
|
Abuelos-nietos |
3 |
3,3% |
3,3% |
94,3% |
|
Un padre-Hermano padre-Hijo |
3 |
3,3% |
3,3% |
97,6% |
|
Padres-Hijos-Abuelos |
2 |
2,4% |
2,4% |
100% |
|
Total |
89 |
100% |
100% |
Fuente: Elaboración propia, 2021.
Un
porcentaje de familias tan alto en la línea de pobreza evidencia una alta
vulnerabilidad de satisfactores de necesidades básicas, lo que implica un
retraso en el desarrollo social y económico no solo para el sector, sino para
la región y para el país en general. Igualmente implica un esfuerzo en el gasto
público para mantener las transferencias monetarias que permitan cubrir la
emergencia tanto de necesidades básicas de la gente, como la acción lenta hacia
la recuperación de la economía. Ejemplo de ello, se observa con la reciente
irrupción social a causa de la pandemia, donde las poblaciones más vulnerables
fueron aquellos sectores con altos niveles de pobreza (Comisión Economía para
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021).
En
función de los indicadores oficiales y complementarios, para medir la pobreza
en Colombia (pobreza monetaria y multidimensional), los ingresos por familia
sugieren una población que se encuentra en la línea de pobreza. Por otra parte,
dos indicadores dimensionales de la pobreza (condiciones educativas y trabajo),
sugieren que los entrevistados carecen de una formación académica que favorezca
el acceso a mejores oportunidades, sea en Pichinde o en otro espacio
geográfico. En razón a lo expresado en la Tabla 2, al no tener los
entrevistados, suficiencia en el nivel de estudio, no pueden acceder a
actividades laborales que resulten favorables.
Si
bien cada actividad requiere de competencias específicas, con el fin de
responder a las exigencias que la dinámica económica, requiere para su
sostenibilidad, ello debe estar soportado por los niveles de estudio o
capacitaciones que desarrollen las competencias requeridas. En este sentido, la
población de Pichinde, muestra niveles educativos -o bien de ausencia de este -
en su mayoría de formación hasta primaria incompleta (44,94%); solo el 2,2% del
total de los encuestados, manifiestan haber aprobado la secundaria (ver Tabla
5).
Tabla
5
Nivel
de estudio cabeza de hogar
|
Nivel de estudio cabeza de hogar |
Frecuencia |
Porcentaje |
Porcentaje válido |
Porcentaje acumulado |
|
Primaria incompleta |
40 |
44,94% |
44,94% |
44,94% |
|
Primaria completa |
16 |
17,97% |
17,97% |
62,91% |
|
Básica secundaria incompleta |
12 |
13,48% |
13,48% |
76,39% |
|
Secundaria completa |
2 |
2,24% |
2,24% |
78,63% |
|
No estudió |
19 |
21,37% |
21,37% |
100% |
|
Total |
89 |
100% |
100% |
Fuente: Elaboración propia, 2021.
El
análisis estadístico, derivado de la Tabla 6; establece que el 1% de la
variación en los ingresos, obedece a cambios en el tipo de actividad que
realiza el jefe de hogar. Así pues, la variable independiente, contribuye un
12% (β= 0,12; p< 0.1) en
la predicción sobre el incremento de los ingresos del grupo familiar. Es
importante tener en cuenta que los valores son estadísticamente significativos.
Así mismo, según el Durbin Watson (1.902) no existe autocorrelación entre los
residuos.
Tabla
6
Correlación
(R) y regresión lineal simple: Actividad - Ingreso familiar
|
R |
R cuadrado |
F |
Β |
Durbin Watson |
|
,12 |
,01 |
5.39** |
,12 |
1.902 |
Nota: Variable dependiente: Ingreso Familiar. Nivel de significación: **
p<.05
Fuente: Elaboración propia, 2021.
En ese
sentido, la escala salarial en Pichinde no está claramente diferenciada, según
la actividad económica. Lo anterior tomando en consideración muestras
poblacionales con condiciones de formación educativa sin nivel universitario.
Aun cuando la actividad desempeñada, guarda una relación directa fuerte con el
nivel de estudios, no se puede concebir como un indicador de movilidad social.
Al
analizar las dos variables en cuestión (ver Tabla 7); el modelo establece que
el 8% de la varianza en la tenencia de vivienda propia está relacionada con el
ingreso familiar. Aun cuando los datos son estadísticamente representativos -la
prueba de Durbin Watson, revela que no hay autocorrelación entre los residuos-,
el R (28%), señala que la relación entre
ambas variables es baja.
Tabla
7
Correlación
de Pearson y regresión lineal simple: Ingreso familiar/mes – Vivienda propia
|
R |
R cuadrado |
F |
Β |
Durbin Watson |
|
,28 |
,08 |
31.74** |
,28 |
1.750 |
Nota: Variable dependiente: Vivienda propia. Nivel de significación: ** p<.01
Fuente: Elaboración propia, 2021.
Por lo
tanto, no necesariamente la compra de los inmuebles, depende de la capacidad
adquisitiva de la población; en tanto que más del 86,51% de la muestra
poblacional tiene ingresos en la línea de pobreza; mientras que el 53,93% (ver
Tabla 8), tiene vivienda propia. De esta manera, la visión de pobreza debe
retomar un carácter multidimensional, que no debe limitarse a la insuficiencia
de ingresos.
Tabla 8
Vivienda propia
|
Tiene vivienda |
Frecuencia |
Porcentaje |
Porcentaje válido |
Porcentaje acumulado |
|
Si |
48 |
53,93% |
53,93% |
51,4% |
|
No |
41 |
46,07% |
46,07% |
100% |
|
Total |
89 |
100% |
100% |
Fuente: Elaboración propia, 2021.
Según
las metodologías de la medición de la pobreza multidimensional y la pobreza
monetaria, en 2018 el costo per cápita mínimo para superar el umbral de pobreza
monetaria nacional fue de $257.433. De esta manera, un hogar conformado por
cuatro personas es pobre si el ingreso total del hogar no supera el $1.029.732
pesos; sin embargo, si la familia vive en los centros poblados y rural disperso
es de $676.740, se presume un menor ingreso, por tanto, se debe considerar
aspectos como el IPC (Índice de precios al consumidor) y el acceso a ciertos
alimentos de pancoger, que permite satisfacer en buena medida algunas
necesidades, en relación a quienes habitan en las áreas metropolitanas o
cabeceras. Para el caso de Pichinde, se puede clasificar como un centro rural
disperso.
Al
observar los resultados obtenidos por la encuesta, solo doce hogares que
representan estadísticamente el 13,49% de la muestra, tienen ingresos
superiores a $660.001. De tal suerte que por lo menos el 87% (77 hogares) de la
población de Pichinde no supera el umbral de la pobreza monetaria para 2018 en
Colombia. Se debe entender que la “línea de pobreza extrema es el costo per
cápita mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas
calóricas” (DANE, 2018b, p.3).
Se ha
reconocido en múltiples estudios como el de Leibovich, Nigrinis y Ramos (2006);
y el del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarollo, 2017), que
una gran proporción de dichos trabajadores son no asalariados, que no tienen la
protección establecida por la legislación laboral; en ese sentido, están
expuestos a una alta informalidad, empleos inestables y de baja calidad, que
repercuten gravemente en el bienestar de la población. El estudio señalado
reconoce que un 60% de la población jornalera percibe como asignación menos de
1 salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), lo cual agrava aún más las
desigualdades de dicho segmento poblacional.
Los
resultados permiten suponer a partir de las correlaciones entre actividad
laboral, formación académica e ingreso económico, que las condiciones de
pobreza subyacen a múltiples factores que distan de aspectos monetarios, en
donde la movilidad social intra generacional se ve influenciada por otras
variables intervinientes no abordadas en la investigación.
En ese
sentido, se rechaza la hipótesis de la correlación entre los niveles de
estudio, la ocupación y los ingresos como factores para mejorar la calidad de
vida, conforme a los postulados de Puga y Solis (2010); Torche (2014); Yaschine
(2015), en tanto no es posible asumir una correlación significativa, entre las
variables de estudio y su incidencia en el mejoramiento de las condiciones de
vida en la población de Pichinde. Del mismo modo, se comprueba que la educación
no siempre es un factor para generar movilidad social, como es señalado por
Flores-Crespo y Rodríguez-Arias (2021), en tanto que la misma debe ir asociada
a la capacidad del Estado y las empresas para consolidar un mercado de trabajo
que permita absorber las capacidades de los ciudadanos y garantizar su
empleabilidad, en términos de calidad y oportunidad.
Sin
embargo, hay que tener en cuenta que la población de Pichinde corresponde a
movimientos migratorios de Antioquia y Cauca (Departamentos de Colombia), quizá
en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, razón que sostiene causas en
la dificultad de movilización social. Al respecto, Peláez et al. (2021)
manifiestan que el "desplazamiento y la migración, son fenómenos que están
interrelacionados, ambos se dan a razón de la búsqueda de una mejor vida”
(p.149).
Conclusiones
Si
bien, la correlación entre el nivel de estudio y la actividad que desarrolla la
población de Pichinde es fuerte y los niveles de ingreso no presentan
correlación con las variables ocupación y nivel de estudio, no implica necesariamente
una ausencia de interdependencia, más bien sugiere que la población se ocupa en
actividades para el pancoger (jornaleros, agricultura de subsistencia, labores
domésticas, entre otros), lo que no representaría altos ingresos que les
permita una movilidad social hacia arriba.
Sin
embargo, hay que entender que los bajos niveles de estudio, junto con el tipo
de actividad tienen una alta correlación, aun cuando implique que la persona
cambie de actividad laboral, no sugiere mejoramiento salarial, puesto que la
población en su generalidad permanece en la línea de pobreza, generándose un
bucle permanente que la movilidad social necesita romper para avanzar a niveles
de sostenibilidad social, tanto económica, como en la calidad de vida
multidimensional.
El
modelo económico imperante, al cual se responsabiliza por su incapacidad para
alcanzar un desarrollo social justo, hace necesario configurar un nuevo orden
que logre internalizar dentro de las políticas públicas, las crecientes
necesidades de la población vulnerable; de forma tal, que la apuesta en materia
económica y política gire en torno al mejoramiento de las condiciones de vida
de la población; para lo cual debe examinarse a fondo, el impacto de las
políticas públicas en variables no solo macroeconómicas, sino también de
carácter social, como la distribución del ingreso, el acceso a la educación,
que por sí misma comporta la condición de calidad, y salud, entre otras
condiciones que garantizan una movilidad social.
No
obstante, el sólo acceso a la educación como indicador de movilidad, no es
condición misma de su transitabilidad, puesto que ello implicaría que, desde lo
público y lo privado, no debe haber diferencias en función de ser garantes para
el mercado laboral, cosa que en la práctica se refleja lo contrario. En la
población de Pichinde; el 78% de quienes se configuran como cabeza de hogar,
tienen algún nivel de educación (aun cuando no haya sido a nivel superior); sin
embargo, la relación entre dicha variable y el ingreso familiar no es fuerte;
por cuanto, el nivel de estudio contribuye con un 44% en la predicción frente a
la generación de ingresos. De este modo, no es posible suponer que, ante una
mejora en la educación de los jefes de hogar, se presente un incremento
significativo en la renta percibida. De hecho, la investigación revela que sus
niveles de ingreso están en la línea de la pobreza y otros en la pobreza
extrema.
Lo
anterior se ve reforzado por los resultados asociados a la actividad realizada,
por el jefe de hogar y la contraprestación económica; toda vez que tan solo el
1% de la variación en los ingresos, obedece a cambios en el tipo de actividad
que realiza el jefe de hogar. En ese sentido, se observa que la variable
ingresos depende de otros factores coyunturales y quizás estructurales, que
poco tienen que ver con la formación académica; por lo que, para lograr
disminuir brechas sociales en la zona rural observada, se deberá considerar
diversas externalidades, cuyo origen no hicieron parte de la investigación.
De
acuerdo con el DANE un hogar compuesto por cuatro personas en los centros
poblados y rural disperso es enmarcado bajo la pobreza extrema, si los ingresos
totales mensuales son menores a $400.164. Para el caso de Pichinde, los
resultados indican que de esos 77 hogares que perciben menos de $660.000 pesos
mensuales; el 67,6% (o bien 52 hogares) se consideran que están bajo la línea
de la pobreza extrema. Por lo que, se aduce que una porción significativa no
cuenta con las condiciones mínimas para lograr sobrevivir (en tanto no cuentan
con los recursos suficientes para adquirir la canasta de bienes alimentarios).
De
conformidad con la medición de pobreza, según la clasificación ofrecida por Sen
en 1981 y valorando el método directo, el cual aborda la satisfacción de una
persona con relación a ciertos aspectos vitales como educación, empleo y
vivienda; sobresalen algunos datos, como por ejemplo que el 46% de los hogares
no tengan vivienda propia; la baja escolaridad de los jefes cabeza de hogar,
donde el máximo nivel de estudios observado es secundaria completa, con tan
solo el 2,2% de los encuestados. Así mismo, que el 81% de los jefes cabeza de
hogar (es decir 72 encuestados), trabajan bajo condiciones de informalidad, lo
cual seguramente limita sus posibilidades de acceder a las prestaciones
sociales y al sistema de seguridad social. Esto seguramente repercutirá en el
largo plazo en una baja tasa de personas que pueden acceder a una pensión.
Lo
anterior es evidencia de una baja escolaridad, que en términos sociales y
económicos se traduce en una marginalidad, la cual debe ser observada desde las
políticas públicas de orden social, en aras de potenciar el nivel de desarrollo
de la población.
De
acuerdo con los resultados, se observa que en el 64% de los casos, el hogar
está conformado por el núcleo padre- madre e hijos. Esto denota la presencia de
hogares funcionales, a diferencia del 27% (24 familias), donde hacen parte del
hogar, un padre e hijos. El 31,46% de los encuestados (28 personas), cabeza de
hogar, afirman que su actividad económica es ser jornalero. Tradicionalmente el
jornalero es aquel trabajador que trabaja por jornales, es decir pago por día
de trabajo, en actividades agrícolas.
Al
observar los ingresos familiares por mes, al menos un 86% está percibiendo
ingresos mensuales inferiores al SMLMV (periodo 2019). Esto da lugar a que una
amplia porción familiar tenga un nivel de ingresos que le impide satisfacer las
necesidades básicas; siendo representativo que la moda estadística obedezca a
hogares con ingresos de doscientos mil pesos ($200.000). El dato central
estadístico (media) revela que, en promedio, el nivel de ingresos mensual
familiar es de trescientos noventa y tres mil quinientos cuatrocientos pesos
($393.400).
Si el
nivel de estudio en Pichinde, no es una condición fuerte para el ingreso
familiar, se puede cuestionar la hipótesis que la educación es un indicador
para mejorar la calidad de vida; de este modo, se puede asumir que la formación
académica recibida no es condición sine qua non
para alcanzar un bienestar.
No
obstante, el nivel de estudio tiene una fuerte correlación con la actividad que
la persona cabeza de hogar realiza, señalándose con ello, que una persona se
siente con mejor calidad de vida en la medida que realiza una actividad acorde
con sus expectativas personales. Es imperativo entonces establecer una agenda
política, que coadyuve no solo a generar una distribución equitativa de la
renta, sino que atienda a otras consideraciones, asociadas a la satisfacción de
necesidades de la población y sus distintas expectativas de vida.
Es
necesario fijar instrumentos de planeación, los cuales deben encargarse de
trazar una visión de largo plazo, como un medio para dar respuesta a los
problemas estructurales de la sociedad. Lo anterior se manifiesta en la
incapacidad del ente territorial para abordar de forma expedita y coherente las
problemáticas que subsisten en torno a la movilidad social, obstaculizando la
posibilidad de consolidar un desarrollo que responda, entre otros criterios, a
atender las necesidades de la población más vulnerable.
Dicha
desarticulación propicia un escenario que entorpece la solución de problemas,
como la atención efectiva a la pobreza, el desempleo, entre otros, y que
finalmente, impiden dar respuesta eficientemente a los problemas que han sido
diagnosticados repetidamente.
Se
está en mora de abordar investigaciones que apunten a considerar nuevas
variables de estudio, que permitan mejorar la comprensión sobre la movilidad
social; en donde se podría evaluar, entre otras cosas, las áreas de
conocimiento o disciplina científica de los trabajadores en la población
-identificando las diferencias por ramas de la ciencia-; términos legales de
contratación o incluso tipo de empresa a la que se vinculan laboralmente
(pequeña, mediana o gran empresa), como posibilidad para generar movilidad
intra generacional hacia arriba; o bien analizar las mismas variables y sus
implicaciones en términos de movilidad inter generacional, en aras de
establecer posibles cambios en las condiciones de vida a largo plazo.
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