Revista de Ciencias Sociales (RCS)

Vol. XXVIII, Número Especial 5, 2022

FCES - LUZ ● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Como citar APA: Huárac, Y., Díaz, M. C., y Cuba, E. E. (2022). Presupuesto participativo y gestión del gasto público. Revista de Ciencias Sociales (Ve), XXVIII(Especial 5), 279-289.

Presupuesto participativo y gestión del gasto público

Huárac Quispe, Yohnny*

Díaz Mújica, María Constantina**

Cuba Mayuri, Ena Elizabeth***

Resumen

El presupuesto participativo se convierte en un instrumento de la gestión pública que involucra a diversos actores en el proceso de planificación gubernamental. El objetivo de esta investigación es analizar el presupuesto participativo y la gestión del gasto público desde una concepción teórica, destacando la relevancia del gasto público en los distintos sectores económicos de interés nacional. La metodología utilizada refiere a un análisis descriptivo documental, por lo tanto, en el presente artículo se realizó una revisión de fuentes bibliográficas relacionadas al presupuesto participativo y gasto público, de manera que se pueda conceptualizar individualmente estos términos bajo diversos criterios de gestión; en tal sentido, se encontraron 20 fuentes bibliográficas de diversas bases de datos. Entre los principales hallazgos se tiene que los ciudadanos contribuyen a elegir el destino de los recursos públicos, así como el Estado es garante de mantener el bienestar de la población mediante el gasto público orientado a diversos sectores económicos de la sociedad. Se concluye que la eficacia del gasto público en los distintos sectores sociales y el uso de los presupuestos participativos como instrumento de la gestión pública, se convierten en potenciales mecanismos de participación ciudadana.

Palabras clave: Presupuesto participativo; gestión; gasto público; participación ciudadana; sectores económicos.

*         Magister Gestión Pública. Universidad César Vallejo, Perú. E-mail: yhuaracq@ucvvirtual.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5558-1979

**       Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad. Docente en la Universidad César Vallejo, Perú. E-mail: mariacdm2309@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2396-3961

***      Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad. Docente en la Universidad César Vallejo, Perú. E-mail: enacuba@hotmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3096-632X

Recibido: 2021-12-14 · Aceptado: 2022-03-02

Participatory budget and public expenditure management

Abstract

The participatory budget becomes an instrument of public management that involves various actors in the government planning process. The objective of this research is to analyze the participatory budget and the management of public spending from a theoretical conception, highlighting the relevance of public spending in the different economic sectors of national interest. The methodology used refers to a documentary descriptive analysis, therefore, in this article a review of bibliographic sources related to participatory budgeting and public spending was carried out, so that these terms can be individually conceptualized under various management criteria; in this sense, 20 bibliographic sources from various databases were found. Among the main findings is that citizens contribute to choosing the destination of public resources, just as the State is the guarantor of maintaining the well-being of the population through public spending aimed at various economic sectors of society. It is concluded that the effectiveness of public spending in the different social sectors and the use of participatory budgets as an instrument of public management, become potential mechanisms for citizen participation.

Keywords: Participatory budget; management; public spending; citizen participation; Economic sectors.

Introducción

La participación ciudadana cada vez está tomando mayor relevancia dentro de la política y la gestión pública a nivel mundial. Desde la segunda mitad del siglo XX empezaron a surgir nuevas formas de acción colectiva asociadas a la equidad y a la defensa de los derechos, lo cual no estuvo ajeno a la política y al sector público (Santos, Batel y Gonçalves, 2018).

En ese sentido, la participación ciudadana puede definirse como un conjunto de instancias donde los ciudadanos, como habiente de virtudes cívicas puestas a la orden del bien común, participan en la toma de decisiones, respecto a asuntos públicos (Contreras y Montecinos, 2019; Rodríguez, y Jara-Iñiguez, 2020; Restrepo, Cotrina y Daza, 2021); y dentro de los asuntos públicos con mayor relevancia se encuentra el presupuesto participativo, el cual es un mecanismo que permite a la población "excluida" participar en la colocación del dinero público (Sintomer y Ganuza, 2011; Rodríguez y Jara-Iñiguez, 2020).

El presupuesto participativo, se ha transformado en la práctica democrática y la manifestación de la participación ciudadana que ha logrado mayor divulgación en el ámbito mundial; especialmente, con los partidos políticos que proponían nuevas formas de hacer política, con un mayor nivel de participación de los ciudadanos (López y Gil-Jaurena, 2021). En ese sentido, se considera que el presupuesto participativo es una verdadera experiencia y práctica participativa que se ha extendido rápidamente por todos los continentes, adecuándola a contextos propios y realidades distintas, logrando resultados sostenibles como gobernanza, justicia social, resiliencia, planificación holística, entre otros beneficios (Allegretti y Hartz-Karp, 2017).

De igual manera, en utilidad social podría ser también, una innovación que involucra el considerar la finalidad social, la relevancia de las relaciones humanas para el progreso de una sociedad, a través de la participación de las comunidades generadoras de soluciones autosustentables en su día a día (Jaillier y Arias, 2017; Arboleda et al., 2019).

Por lo antes expuesto, el objetivo principal es conceptualizar, bajo distintas perspectivas, el presupuesto participativo, así como explicar su origen, además de mostrar la diferencia entre gasto y malgasto público, así como enfatizar la importancia de la eficacia del gasto público en los diversos sectores económicos de interés nacional y cómo ha ido evolucionando el concepto de presupuesto participativo en el contexto latinoamericano.

1. Metodología

La revisión bibliográfica realizada en el presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, debido a que recopila los datos más importantes sobre las variables de investigación que tratan sobre temas relacionados a presupuestos participativos, gasto público, malgasto o derroche de dinero público, y participación ciudadana. Asimismo, el presente artículo tiene un enfoque cualitativo, el cual se puede apreciar en la revisión y extracción de información relevante de todas las fuentes usadas. El desarrollo del trabajo comprende la búsqueda de fuentes extraídas de Scopus, relacionadas al ámbito de las ciencias sociales, específicamente, la política y participación ciudadana, dentro de un contexto latinoamericano.

Todas las referencias empleadas trataban de la aplicación de los presupuestos participativos en países latinoamericanos, el gasto público en los distintos sectores como el sector salud; infraestructura, vivienda y saneamiento; energía, investigación y desarrollo; y, finalmente, el sector educativo. Asimismo, también se tuvo en cuenta artículos de investigación relacionados a la eficacia del gasto público, solo se consideraron artículos recientes (publicados entre el 2017 al 2021). Se tuvo como resultado la recopilación de 22 fuentes (ver Cuadro 1), que una vez revisadas se extrajo la información más importante para poder estructurar el presente artículo.

Cuadro 1

Fuentes bibliográficas que argumentan a la investigación

Año

Autor(es)

Título

Revista

2021

Luque, D., y Guillén, A.

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Fuente: Elaboración propia, 2022.

2. Presupuesto participativo en el contexto latinoamericano

En la década de 1980 se produjo el auge de los presupuestos participativos a nivel mundial, su difusión se produce en un entorno de transformaciones políticas, económicas, así como culturales percibidas en dicha época. En Latinoamérica, su aparición se presenta en un contexto de democratización y descentralización de los países que la conforman, su principal objetivo desde el inicio fue hacer una gestión pública más democrática, y que los ciudadanos entiendan el funcionamiento de la gestión del gasto público, al igual que sus procesos de decisión, así como el entendimiento de prioridad hacia ciertos sectores económicos (García y Téllez, 2018).

En ese sentido, García y Téllez (2018) indican que los primeros vestigios de la aplicación del presupuesto participativo se dieron en Brasil y Uruguay, específicamente, la primera experiencia en la realización de un presupuesto participativo fue en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde en 1989 los ciudadanos decidieron el destino de los recursos públicos (González y Soler, 2021). Los nuevos partidos políticos que prometían una mayor participación ciudadana, en su mayoría de izquierda, tomaron la experiencia de Porto Alegre y decidieron proponer esta modalidad para sus respectivas realidades (López y Gil-Jaurena, 2021).

Es así como en la década de 1990 se registraron algunas experiencias en Ecuador, Perú y Argentina; asimismo, a la par a estos países el presupuesto participativo se iba dando en Europa y Norteamérica, finalmente, se llega a ver en África y Oceanía (García y Téllez, 2018). Por su parte, González y Soler (2021) sostienen que, el hecho de que el presupuesto participativo se haya expandido a nivel mundial hace que este sea capaz de adaptarse a diferentes requerimientos como la lucha contra la corrupción, clientelismo y desafección ciudadana.

3. Presupuesto participativo: Un proceso de intervención de los ciudadanos

El presupuesto participativo es un tanto difícil de definir, debido a la gran variabilidad de su aplicación relacionada al contexto en el cual se lleva a cabo. Al respecto, González y Soler (2021), lo definen como un proceso por el cual los ciudadanos ayudan a elegir el destino del total o de una parte de los recursos públicos; en otras palabras, lo concibe como una forma de mejorar y aumentar la democracia a través de la habilitación de la población con la finalidad de decidir el destino del gasto público, a través de un mecanismo de consultas y discusión.

Por su parte, Ocampo-Salazar y Cardona (2021), lo definen como un programa que fomenta la planeación y participación en favor del empoderamiento de la ciudadanía, con la finalidad que el gobierno haga a los líderes de la población corresponsables de la distribución de los recursos para la asignación al gasto público.

Rodríguez y Jara-Iñiguez (2020), definen al presupuesto participativo como un mecanismo donde se define el destino de una parte de los recursos públicos y donde la ciudadanía forma parte activa de esa toma de decisiones; asimismo, involucra la discusión y redistribución de los recursos públicos mediante la consideración de prioridades del gasto; también, incluye que la participación se rige por una serie de reglas coherentes con la democracia directa y representativa.

Asimismo, las iniciativas de participación ciudadana han utilizado las tecnologías de la información y comunicaciones para promover la modernización del canal participativo e incluso se han desarrollado iniciativas como el presupuesto participativo electrónico, el cual tiene un formato innovador que involucra tanto la participación ciudadana como el uso de internet, y esto conlleva como principales beneficios: Conveniencia, costos reducidos de participación, y valor agregado (Lasulaitis et al., 2019).

Por lo tanto, la participación ciudadana es un elemento primordial del análisis sociopolítico, se trata del estudio de la colectividad con la finalidad de precisar cómo se estructuran los intereses sociales y satisfacen sus necesidades; de cómo se produce la relación del Estado con la sociedad, así como verificar si los ciudadanos participan en los proyectos y de qué manera ello impacta en el desarrollo del entorno (Hernández y Chumaceiro, 2018).

4. Gasto y malgasto público: Una mirada sistémica desde la sostenibilidad

La noción de la inversión social surgió con la ambición de modernizar el Estado de bienestar de la población y asegurar su sostenibilidad. Al respecto, Luque y Guillén (2021), definen al gasto público como la cantidad de riqueza que utiliza el Estado para garantizar y mantener el bienestar de la población, de manera que este bienestar otorgue finalmente mayores beneficios al Estado. Incluso, Machado (2017) manifiesta que en ocasiones algunos gobernantes en las épocas donde ocurren elecciones, incitan el aumento del nivel de gasto público, con la intención de incrementar sus posibilidades de triunfo.

Por su parte, Melo y Ramos (2020) indican que, el libre mercado generalmente no garantiza un resultado eficiente o equitativo hacia la población, bajo esa premisa el Estado busca intervenir en ciertas actividades; asimismo, tiene la potestad de estipular recursos con la finalidad de subsanar estas fallas de mercado e impulsar la eficiencia económica, optimizar la distribución de los ingresos, así como contener los ciclos económicos. Contrario a esto, Luque y Guillén (2021) mencionan que el gasto público, así como las políticas sociales no deben centrarse en proteger pasivamente a las personas, sino que convienen empoderarse con la finalidad de maximizar su integración en el mercado y reducir la desigualdad económica como también de oportunidades.

El tamaño óptimo del gasto público es difícil de medir, puesto que para lograr una asignación eficiente se debe comparar la utilidad marginal del bien público que ofrecerá el Estado con la “no” utilidad de los impuestos; en otras palabras, no se puede evaluar la eficiencia del gasto público sin considerar los impuestos destinados a esta; en ese sentido, si el beneficio es mayor, el gasto público será eficiente; sin embargo, si el beneficio no es el esperado, entonces se considera como un "malgasto público" (Melo y Ramos, 2020).

Debido a ciertas circunstancias y producto de investigaciones masivas de los organismos de control del gasto público estatal se han hallado denuncias sobre malgasto público. Este también se define como la cantidad de dinero estatal aportado a gastos superfluos que no generan bienestar en la población y no crearán un beneficio futuro al Estado (Behar-Villegas, 2021).

El malgasto público en América Latina es un problema estructural y bastante relacionado a la corrupción, lo cual provoca a la ciudadanía una disminución en la calidad de vida y la continuación de la exclusión, así como la desigualdad; asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (2018) indica que el malgasto público equivale a un 4,4% del PBI regional. En ese sentido, los gobiernos latinoamericanos constantemente, adoptan medidas populistas y promesas políticas que realizaron con la finalidad de ganar las elecciones, mismas que generalmente, requieren una gran demanda de inversión para ser llevadas a cabo, lo cual retrasa el crecimiento económico y a, mediano plazo, afecta a toda la población (Marroquín y Ríos, 2019).

No en toda Latinoamérica, el malgasto púbico se da por beneficiar a los más necesitados con propuestas populistas, sino que también se presenta con el fin de favorecer a grandes grupos de poder como empresariales, agricultores, burócratas, así como empleados gubernamentales (Marroquín y Ríos, 2019).

5. Gasto público: Instrumento para el desarrollo de los programas sociales

La determinación empírica de la eficiencia del gasto público es un desafío total. El sector educación es considerado como uno de los más relevantes y bastante relacionados al crecimiento económico y social de cada nación, incluso, la mayoría de los gobiernos ubica a este sector como uno de los prioritarios en su agenda, de manera que se promuevan, y fomenten nuevas políticas públicas educacionales, traducidas en opulentos proyectos y grandes reformas (Riquelme et al., 2020). Es por este último motivo que la gran cantidad de recursos asignados a la educación deben lograr cierta rentabilidad (beneficio futuro recibido de manera periódica).

La educación, constituye para cada persona y nación una inversión donde hay beneficios y costos. Entre los principales beneficios individuales (dirigidos a la población), se tienen mayores salarios, satisfacción personal y familiar, mejores condiciones de trabajo, salud, así como expansión de capacidades individuales; todo esto, provoca la reducción de actividades socialmente indeseables como la delincuencia, mejora la competitividad, provoca un mayor desarrollo científico y una población más saludable; así que, finalmente el impacto dirigido al Estado será el crecimiento económico, desarrollo humano, reducción de la desigualdad y la pobreza, al igual que el fortalecimiento institucional de las naciones, como también, el goce de derechos y el adecuado cumplimiento de deberes (López y Quintero, 2020).

Otro sector de gran importancia y de interés económico, así como público es el energético, debido al carácter horizontal que posee, es decir, garantiza el abastecimiento de energía que necesitan los demás sectores para su adecuado funcionamiento; y a las grandes exigencias tecnológicas para la producción y distribución de la energía, que dificulta un mercado de libre competencia, creando posiciones dominantes que tienen el poder de alterar los precios, lo cual puede provocar un descontento de la ciudadanía y posiblemente, conllevar a una crisis política y futura inestabilidad económica (Cantos y Balsalobre, 2020).

Por otra parte, el acceso a la salud juega un papel importante en la agenda de desarrollo de cualquier nación, puesto que está directamente relacionada al bienestar de la población, a la generación de empleo, ingresos en innovación y desarrollo, es más, es un derecho fundamental (Rodrigues et al., 2021). Dentro del sector salud, un área bastante importante y delicada es la salud mental, en Latinoamérica, se está impulsando el desarrollo de políticas dirigidas específicamente a esta especialidad, así como un modelo que brinda un adecuado servicio de origen comunitario (Cea-Madrid, 2020), esto debido a que un país que invierte en la salud mental de los ciudadanos logra una adecuada cohesión y progreso social, así como un desarrollo sostenible y mejoramiento de la sociedad como un todo (López y Quintero, 2020).

Por último, y no menos importante se tiene al sector vivienda, infraestructura y saneamiento, que está fuertemente ligado a la salud y tiene efectos positivos a la calidad de vida de la población y a su vez en los índices de desarrollo humano (Manoel et al., 2020).

La acumulación del capital humano, mediante la inversión en educación, salud, salud mental y nutrición, ofrece a la sociedad o al Estado mayores beneficios de los que la persona obtiene individualmente. Por lo que es importante que cada sector, independientemente de cuánto valor se crea que aporte a la sociedad deba tener una asignación de presupuesto justa, priorizando los sectores relacionados al capital humano, así como los de origen horizontal; es decir, que involucren a más sectores para que de esta manera los beneficios hacia la sociedad y el país sigan aumentando y se alcance el gasto público óptimo (Melo y Ramos, 2020).

6. Presupuesto participativo en la eficacia del gasto público: Algunos aportes desde la práctica

Desde su aparición en la provincia de Porto Alegre, en Brasil, el presupuesto participativo ha tenido como principal objetivo la distribución adecuada de la riqueza y la inclusión de los "excluidos”; asimismo, ha sido partícipe del combate contra la corrupción local, generalmente presentada en Latinoamérica; el clientelismo, visto en China, así como los sentimientos de desafección ciudadano, exhibido generalmente en Europa (González y Soler, 2021). En ese sentido, Ocampo-Salazar y Cardona (2021), sostienen que cuanto mayor sea el alcance de la política de redistribución, habrá una mejor calidad del gasto público.

Al respecto, Allegretti y Hartz-Karp (2017) manifiestan que el presupuesto participativo se refiere a una innovación de tipo democrática que interviene en la formulación y, algunas veces, en la ejecución, de presupuestos de instituciones estatales a través de diversas negociaciones entre el gobierno local y los ciudadanos o no habitantes con derecho a voto.

En ese sentido, los presupuestos participativos son distintos de acuerdo con la región en la cual se aplican y sus funciones también varían dependiendo de la misma. Algunos solo recomiendan asignaciones presupuestarias, otras las deciden junto con el Estado y algunas van más allá, realizan la planificación y le dan seguimiento a lo acordado (Allegretti y Hartz-Karp, 2017).

La participación política dirigida por instituciones del Estado está muchas veces asociado al compromiso del ciudadano y su sentimiento de pertenencia hacia una comunidad (Sorribas, 2021); asimismo, la experiencia de presupuestos participativos dinamiza la red o tejido social, activa el rol movilizador e implica a todos los habitantes en un proceso donde se les da la oportunidad de ser escuchados y votar por lo que ellos consideran lo más justo; además, constituyen un papel pedagógico al enseñarles sobre el funcionamiento de las instituciones y cómo pueden formar parte de un rol trascendental dentro de su comunidad (González y Soler, 2021).

En otras palabras, el presupuesto participativo trae consigo múltiples beneficios para los participantes y la población; sin embargo, también es una manera de prevenir el malgasto público y, de esta manera, eliminar el beneficio que se obtendría de una adecuada distribución de gastos (Behar-Villegas, 2021).

Rodrigues et al. (2021), señala que, en el sector salud, la eficacia del gasto público apenas alcanza el 63%; sin embargo, en ciudades que aplican una mayor participación ciudadana en la distribución del gasto público esta puede lograr un 90%; por el contrario, otros estudios no pueden encontrar una relación. Por su parte, Manoel et al. (2020), evidencian que el gasto público asignado por personas que son cercanas a la ciudadanía, generalmente en los países de economía emergente, traen como consecuencia un mayor crecimiento económico; por tal motivo es relevante evitar la corrupción relacionada al gasto público con la implementación de medidas similares al presupuesto participativo.

El presupuesto participativo es usado para evitar el malgasto y tener una mayor eficacia en el gasto público, puesto que logra una verdadera "reversión de prioridades", debido a que es la misma población quien tiene mayor conocimiento del beneficio que obtendrán a largo plazo, y consecuentemente, beneficiará al Estado al incrementar su calidad de vida, así como bienestar emocional y físico (Santos et al., 2020).

Conclusiones

El presupuesto participativo es una demostración del grado en el que la participación ciudadana puede influir en las decisiones importantes del Estado como la asignación del gasto público, con el objetivo de evitar derroches innecesarios o la corrupción de funcionarios locales; en otras palabras, busca que los “olvidados” puedan ser agentes partícipes de las decisiones relevantes que finalmente los benefician individualmente y, a largo plazo, beneficiará al Estado. El presupuesto participativo se entiende como una práctica democrática y es la manifestación de la participación ciudadana que más difusión ha tenido a nivel mundial.

Existen diferentes puntos de vistas de cuánto debe influir el Estado en la vida de las personas así como en los sectores de interés público; asimismo, los autores también difieren en cuánto debe permitir el Estado la participación ciudadana, por ese motivo, no se debe olvidar que los propios ciudadanos son quienes tienen mayor conocimiento sobre qué los beneficia individualmente, por lo cual, conviene al Estado evaluar qué programa o proyectos sociales beneficiará a la sociedad en el futuro, teniendo en cuenta el nivel de eficacia del gasto público que se ha ido obteniendo con los presupuestos participativos.

Diversos autores coinciden que el presupuesto participativo influye en el nivel de malgasto público, puesto que un adecuado seguimiento y planificación de los presupuestos que maneja el Estado, junto con los ciudadanos podría evitar el ingreso de la corrupción en los mismos, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde los grupos de poder buscan sacar alguna ventaja o beneficio de las leyes o programas sociales promovidos.

Las fuentes recopiladas serán de gran ayuda para los investigadores interesados en los aportes del presupuesto participativo en la historia política latinoamericana, en conceptos presentados desde distintas ópticas y la concientización de la importancia de la participación ciudadana en la asignación del gasto público.

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