Revista de Ciencias Sociales
(RCS)
Vol. XXVII, No. 4, Octubre -
Diciembre 2021. pp.
FCES - LUZ ● ISSN: 1315-9518 ●
ISSN-E: 2477-9431
Reprimarización de la economía y conflictos socioambientales: Incidencia
en la democracia en América Latina
Carrasco Henríquez,
Marcelo Leonardo*
Contreras Tiguaque, Camilo
Arturo**
Rincón García, John Jairo***
Resumen
El presente texto (tipo ensayo)
propone un acercamiento teórico-reflexivo al fenómeno de la reprimarización de
la economía que se dio a partir del sistema productivo neoextractivista en
América Latina durante los gobiernos denominados como “progresistas”. Así, observa
sus principales características y afectaciones para la sociedad, en particular,
el deterioro que causó al medio ambiente, los conflictos socioambientales que
se derivaron de esta y la disminución de los derechos democráticos en las
poblaciones afectadas en los territorios donde se desarrollaron megaproyectos
minero-energéticos y commodities.
Para ello, el texto parte de un análisis sobre el Estado populista-progresista,
preguntándose por el desarrollismo y prolongación de la dependencia. Luego,
plantea una discusión sobre el neoextractivismo
y la fractura de las alianzas políticas, los riesgos de las precarias
democracias en algunos países de América Latina. Finalmente, y a manera de
conclusión se plantea una discusión sobre las relaciones entre Dependencia–Desarrollismo,
Democracia e Inequidad.
Palabras clave: Dependencia económica; teoría del
desarrollo; democracia; medio ambiente; América Latina.
Reprimarization of the economy and
socio-environmental conflicts: Impact on democracy in Latin America
Abstract
This text (essay type) proposes a
theoretical-reflexive approach to the phenomenon of the reprimarization of the
economy that occurred from the neo-extractivist productive system in Latin
America during the so-called “progressive” governments. Thus, it observes its
main characteristics and effects on society, in particular, the deterioration
it caused to the environment, the socio-environmental conflicts that arose from
it and the decrease in democratic rights in the affected populations in the
territories where mining megaprojects were developed. -energetics and
commodities. For this, the text starts with an analysis of the progressive-populist
state, asking about developmentalism and the prolongation of dependency. Then,
it raises a discussion on neo-extractivism and the fracture of political
alliances, the risks of precarious democracies in some Latin American
countries. Finally, and as a conclusion, a discussion is raised about the
relationships between Dependency-Developmentalism, Democracy and Inequity.
Keywords: Economic
dependence; development theory; democracy; environment; América Latina.
Introducción
En la primera parte del
siglo XXI el escenario latinoamericano se dibujaba como un mosaico de gobiernos
denominados progresistas de distintos colores y matices, en donde las
diferencias entre los proyectos políticos nacionales se distinguían claramente
por la afinidad u oposición al proyecto neoliberal impulsado en la región desde
el consenso de Washington. No pasaba lo mismo en cuanto a las similitudes. A
partir de intereses de distinto origen los diferentes proyectos derivaron a un
mismo resultado: La reconfiguración de economías sostenidas en actividades
primarias extractivas, que trajeron consigo efectos que han reverberado en
fenómenos de crisis políticas que arrecian a esta parte del continente en la
actualidad.
De manera general, las
experiencias políticas marcadas por el progresismo hacen “referencia a aquellas
corrientes ideológicas que abogan por las libertades individuales y el cambio
social (el “progreso” leído como horizonte de cambio)” (Svampa, 2017, p.24). En
América Latina durante los primeros años del siglo XXI surgen a lo largo de la
región, desde Chile (Patricio Lagos y Michelle Bachelet) y Argentina (Néstor y
Cristina Kirchner), hasta Nicaragua (Daniel Ortega).
Desde la década del
cincuenta y los sesenta, con los avances desarrollistas vinculados a los
análisis y planteamientos emanados desde la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), los países de las economías más robustas de América Latina,
consiguieron establecer un tejido económico industrial que no tuvo la capacidad
de sostenerse ante el embate neoliberal que se inicia en los ochenta en la
parte sur del continente.
Durante los noventa, los
gobiernos transicionales y post transicionales fueron poco a poco realizando
reformas que redujeron el control y participación estatal en las economías
nacionales, para abrir paso a la introducción de actividades privadas asociadas
a la explotación de recursos naturales y a la producción agropecuaria primaria
a gran escala, provocando impactos de orden ambiental, sociopolítico y cultural
de enorme envergadura, a la vez que se acompañaba con cambios institucionales
para proteger este entramado desde los regímenes de democracia liberal. Así se
instalan y reproducen las condiciones para la expansión de procesos
extractivistas y neo extractivistas que llegan a dimensiones críticas en las vidas
de habitantes de amplios territorios habitados por comunidades originarias y
campesinado que sufren las consecuencias de este fenómeno.
En este trabajo se hace un recorrido por
algunos elementos que describen e intentan explicar el proceso de
reprimarización de la economía y el medio ambiente, así como su incidencia
dentro de la democracia en la región, apoyándose de manera principal en los
aportes de Svampa (2012; 2016; 2017; 2019), como de otros autores que desde
diferentes lugares y momentos han encarado el análisis de la configuración y
reconfiguración del debate sobre el contexto de América Latina (Domingues,
2012; Huneeus, 2014; Ulloa, 2016; Gudynas, 2017). Se inicia con el abordaje de
la relación en la advertida Dependencia de los países y los efectos del
desarrollismo impulsado desde la perspectiva centro-periferia; continua con una
mirada a los efectos de neoextractivismo en el panorama político de las
democracias; para finalizar a modo de epílogo, con los alcances en las realidades
de equidad y desigualdad persistente en los países.
1. Desarrollo analítico
1.1. El Estado
populista-progresista: ¿Desarrollismo
y prolongación de la dependencia?
América Latina a inicios de los años dos mil vivió un
escenario sociohistórico matizado por un cambio de época (Svampa,
2017), cuya particularidad fue determinada por un “nuevo ciclo político y
económico que fue conformando un novedoso escenario transicional, caracterizado
por el protagonismo creciente de los movimientos sociales, la crisis de
partidos políticos tradicionales y de sus formas de representación” (p.13); de
forma concreta, la discusión se centró en el cuestionamiento al neoliberalismo
y la emergencia de discursos políticamente radicales. Siendo así, el panorama
político (de dicho cambio de época) en varios de los países de la región tuvo
como característica la elección de presidentes que fundamentaban sus programas
de gobierno en demandas que provenían de sectores subalternos y la iniciativa
por la integración regional.
Estos
gobiernos que fueron denominados progresistas (Svampa, 2017) para significar de
manera general una idea de cambio-progreso y la inclusión de una diversidad de
corrientes ideológicas, así como experiencias gubernamentales de corte radical
e institucional, alentaron fuertes trasformaciones a nivel sociopolítico y
económico en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y
Nicaragua (los dos últimos países con sendas dificultades de gobernabilidad).
En otros países como Chile, se inicia un proceso que lo lleva al record mundial de tratados de
libre comercio, profundizándose el modelo neoliberal internamente y la apertura
al capital internacional.
Desde el
análisis de las matrices descolonizadoras es posible reconocer dos tendencias
dentro de los gobiernos progresistas. Por una parte, la matriz
Populista-desarrollista, la cual tenía como prioridad una dimensión reguladora
y centralista, y propendía por la vuelta o recreación de un Estado-Nación. Por
otra parte, la matriz indianista e incipientemente ecologista, defendía la
autonomía de los pueblos originarios, el respeto y cuidado del Medio Ambiente, procurando
incorporar la diversidad socio cultural de los pueblos originarios en el
sistema político, proponiéndose como en el caso de Bolivia, un Estado Plurinacional.
En el devenir
de los programas de gobierno se impuso la narrativa populista-desarrollista con
una fuerte tendencia a la personalización del poder. Svampa (2016), emplea el
concepto populismo de alta intensidad, como referente del papel protagónico del
Estado como “constructor de la nación, luego del pasaje del neoliberalismo” (Svampa,
2017, p.450), señalando los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Néstor y
Cristiana Fernández de Kirchner en la Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Evo
Morales en Bolivia, países con una fuerte tradición populista.
En los países
referidos, a pesar del neoliberalismo imperante en la región, el Estado (por
presencia o ausencia) volvió a ser central en la promoción del desarrollo y la
articulación al mercado internacional. Como en las mejores épocas de los años
70 u 80, el Estado a instancias de los gobiernos y sus políticas, promovió el
desarrollo. En Bolivia y Venezuela, se estatizaron empresas del sector primario
entre otras, buscando intervenir en el proceso productivo, así como en el
mercado de los combustibles fósiles y el de los minerales.
Paradójicamente,
se pretendía mejorar el bienestar de la población, acumular riqueza y romper la
dependencia histórica (en algunos países) a partir del aprovechamiento nacional
de la riqueza. Parecía retomarse un argumento esbozado en los años 80, a partir
del cual, el Estado jugaba un papel central en la transformación de la relación
centro – periferia. Como señalara Faletto (1989) en su momento,
El
carácter dependiente de la inserción de los países latinoamericanos en el
mercado internacional se tradujo en retraso. La relación centro- periferia que
surgió planteó como desafío a los países ‘periféricos’ la necesidad de un
desarrollo que implicaba la fijación de objetivos nacionales cuyo logro de un
modo u otro se suponía que era tarea del Estado. La condición periférica en
estos países se sumaba a una de dependencia y de desarrollo tardío, situación
por la cual el Estado se veía prácticamente en la necesidad de realizar la
mayor parte del esfuerzo de desarrollo. (p.70)
Sin embargo, a
diferencia de los años 70 y 80, la carrera por alejarse de la producción de
bienes primarios, pareciera haberse abandonado. Sin que sea ésta una condena eterna,
se sigue dependiendo de la exportación de materias primas, profundizándose -desde la perspectiva cepaliana- la división entre centro y periferia.
A partir del 2003, América Latina alcanzó grandes índices de crecimiento
económico; esto se originó a partir de la intensificación de la explotación de
productos primarios (soja(1), metales,
minerales, hidrocarburos, entre otros), los
denominados commodities. Este fenómeno denominado extractivismo o
para algunos neoextractivismo, se basa en la utilización de poca o baja
tecnología y “puede ser caracterizado como un patrón de acumulación basado en
la sobre-explotación de bienes naturales, cada vez más escasos, en gran parte
no renovables, así como la expansión de las fronteras de explotación hacia
territorios antes considerados como improductivos” (Svampa, 2017, p.54).
De tal manera,
Svampa (2012) señala que en la región se pasó del Consenso de Washington al
Consenso de los Commodities, para
indicar el fenómeno de sobre-explotación de bienes naturales, el cual condujo a
la reprimarización del sistema económico en la región, a la ampliación
territorial de las zonas incorporadas en estas dinámicas y de los bienes
ambientales involucrados, llegando casi a englobar el conjunto de la naturaleza
como mercancía.
Ahora bien,
como señala Göbel (2015), el concepto de extractivismo no se aplica solamente a
la extracción y explotación de combustibles fósiles. Puede ser empleado para señalar
los procesos, así como las lógicas hegemónicas de acaparamiento de la
naturaleza, extracción y exportación de bienes ambientales en los que se
abarcan tierras para agronegocios, bosques para resumidero de carbono, zonas de
alta biodiversidad, entre otros. Se incluye también el agua y el aire.
Los gobiernos
progresistas buscaron subrayar “las ventajas comparativas del boom de los commodities, negando o minimizando las
nuevas desigualdades y asimetrías ambientales, económicas, sociales, que traía
aparejada dicha división internacional y territorial del trabajo, basada en la
exportación de materias primas a gran escala” (Svampa, 2017, p.56). El boom de los commodities trajo consigo conflictos de orden territorial entre los
gobiernos – empresas y diversas comunidades y movimientos sociales que luchaban por la protección de los bienes naturales
y la autonomía frente al modelo de desarrollo, tal es el caso de colectividades campesinas y originarias que bregaron (y
bregan) por frenar el impacto cultural, ambiental y económico del extractivismo
en sus territorios.
Composto y Navarro (2014), han hecho referencia
a la “conflictividad” que se enuncia recientemente en América Latina, “ubicando
las tendencias generales que atraviesan a diferentes países de la región vis à
vis las particularidades de cada caso, en relación a la disputa que enfrenta al
capital y los Estados con los numerosos procesos de resistencia popular” (p.17),
los que
enfrentan las dinámicas relacionadas con la
privatización, explotación, contaminación y directa destrucción de los bienes
comunes naturales(2).
Pero, el predominio del
neoextractivismo no fue una característica exclusiva de los llamados gobiernos
progresistas. En México y Colombia, durante el periodo de tiempo analizado, los
gobiernos dieron paso a procesos de alta explotación y mercantilización de
materias primas. Vallares (2017), expone la tensión que surge entre la defensa de
los derechos constitucionales que poseen los pueblos indígenas y el auge que ha
tomado el proceso extractivista en México, impulsado por el gobierno central durante las
últimas décadas, mediante las concesiones jurídicas que han adquirido
procesualmente las multinacionales para la explotación minera, permitiéndoles hacer
un despojo (legal) de los territorios que históricamente han pertenecido a las
comunidades indígenas.
Esta situación coloca de manifiesto el
retroceso que sufren estas
comunidades frente a la defensa y las conquistas históricas de sus derechos.
Para el caso colombiano, Svampa (2017) señala que el primer gobierno de Juan
Manuel Santos (2010-2014); impuso la política desarrollista bajo el slogan
“Colombia la locomotora minero-energética”, lo que generó conflictos socio
ambientales con comunidades campesinas, afrocolombianas y pueblos indígenas a
partir de las disputas por la explotación del oro, petróleo y carbón.
En Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador,
Perú, México, Venezuela y Bolivia, los productos exportados podrían agruparse
en 6 grandes grupos: Hidrocarburos, carbón y gas; minerales; industriales;
pecuarios; productos agrícolas y procesados de origen agrícola, pecuario y
marino; productos de la industria alimentaria y otros. Sin embargo, no todos
los países referidos tienen el mismo peso en la exportación de estos productos.
Al 2018 para Colombia, Venezuela y Ecuador, la exportación de petróleo
representa entre el 38% y el 85% del total de sus exportaciones, haciéndolos
altamente dependientes de este recurso. Sin embargo, es Venezuela el principal
exportador. Con menor participación para Brasil, Argentina y México, la
exportación de crudo representa entre el 2% y el 10% del total de sus
exportaciones.
Otros recursos exportados son el carbón, el gas
natural, siendo Bolivia el principal productor – exportador. La producción y
exportación de carbón se concentra principalmente en Colombia, representando el
16% del total de las exportaciones. En relación con los minerales, Chile y Perú
se destacan en el conjunto de países latinoamericanos con la exportación de cobre
y sus derivados. Chile además exporta cobre refinado. Bolivia exporta zinc y
sus concentrados, al igual que Perú, pero en menor porcentaje.
Respecto de la producción, la mayoría de
productos podrían considerarse materias primas para la fabricación de otras manufacturas.
Exceptuando a Argentina, Brasil y México, que producen barcos, automóviles,
camiones y televisores, entre otras mercancías, la industria de exportación es
por decirlo menos, bastante básica(3). En materia de producción pecuaria,
son Brasil y Argentina las potencias latinoamericanas con la exportación de
carne vacuna y aves de corral. En materia de productos agrícolas y de procesados
de origen agrícola, pecuario o marino, casi todos los países aportan su cuota en
la exportación de materias primas
para el mercado internacional (ver Tabla 1).
Tabla 1
Principales
productos de exportación según participación en el total Colombia, Argentina,
Brasil, Ecuador, Perú, México, Venezuela y Bolivia 2018
Fuente: Elaboración propia, 2020 con
base en CEPALSTAT Naciones Unidas (2020).
Como se puede observar, el petróleo crudo, los
combustibles fósiles y los minerales, constituyen los principales productos de
exportación de las economías latinoamericanas(4). Se debe considerar
que la industria de explotación y exportación de combustibles fósiles depende
en grado sumo de capital y tecnología importada, “se tiene” una industria
altamente dependiente en términos de ciencia, tecnología y capital,
inscribiéndose esto en lo que Domingues (2012), basado en otros autores,
denomina desarrollo desigual y combinado:
Eso significa no sólo
que hay periferias internas en cada uno de los países, en que el capitalismo
provoca un “desarrollo desigual y combinado”, sino también que las
articulaciones entre espacios recortados nacionalmente y vinculados a las
dinámicas de otros países de forma bastante directa –por cierto, una realidad
que no es enteramente nueva, pero que hoy se acentúa más allá de los enclaves
extractivos tradicionales– se crean justo en la articulación de estas cadenas
globales de mercancía. Eso puede ocurrir en lo que atañe a productos naturales,
beneficiados en sus lugares de producción primaria o exportados sin mayores
elaboraciones, o a manufacturados de diverso contenido tecnológico, o aun en
relación a servicios, incluso más o menos avanzados, como es el caso de
sectores como el de la informática. (p.54)
El argumento de Domingues (2012), permite
comprender la relación que existe entre la periferia y el centro, tanto en el
vinculo de los países “norte-sur” como al interior de los mismos, en particular
los del “sur”; así, el desarrollo propio del capitalismo genera de forma
simultánea desarrollo en los “centros” al mismo tiempo que genera “pobreza” en
las periferias. En tal sentido, la tesis indica esta relación causal que afecta
directamente
gran parte de las zonas que hacen parte de los países del sur global.
Las
determinaciones tomadas por algunos de los gobiernos progresistas respecto del
impulso y facilidades jurídicas, políticas y territoriales para la exploración
y explotación del patrimonio ambiental, afectaron la relación socio política
construida con sectores sociales que los habían apoyado. En los casos de
Bolivia y Ecuador, el neodesarrollismo basado en la extracción de recursos no
renovables, derivaron en masivas protestas y movilizaciones sociales de
organizaciones representantes de identidades indígenas que
se oponían a la exploración y explotación de petróleo y a la construcción de
infraestructura que viabilizara la extracción. Se potenciaron los
debates sobre valores medioambientales, pero desde el enclave de la
conflictividad y la resistencia (Gudynas, 2017), un caso ejemplificador es el
de Ecuador, para el cual se cita extensamente:
(…) se
esperaba que el nuevo marco ambiental de la Constitución de Ecuador, orientada
al biocentrismo, llevaría a que no se aprobaran muchos emprendimientos mineros
o petroleros. Sin embargo, eso no está sucediendo. Por el contrario, el
progresismo reduce controles y exigencias ambientales para permitir la expansión
de minería, petroleras y agroindustrias, limitan las movilizaciones sociales,
reducen los mecanismos de participación, etc. Esos gobiernos Hacen todo eso de manera
en muchos casos distintos a sus predecesores conservadores, pero los resultados
son análogos. (p. 86)
Indica
Göbel (2015), que en América Latina los proyectos extractivistas vienen
acompañados en estos tiempos, del desarrollo de infraestructura a gran escala. Siendo
así, se destacan los grandes proyectos relacionados con la infraestructura del
trasporte, tales como carreteras, puertos, mineroductos. A su vez, en el marco
del sistema energético se construyen grandes centrales hidroeléctricas. Dichas
obras juegan un papel fundamental en los proyectos transnacionales de
integración regional como IIRSA (Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana).
El papel de las empresas multinacionales y su relación
con los gobiernos (a través por ejemplo de alianzas público – privadas para el
desarrollo, concesiones territoriales, entre otros), sean ellos progresistas o
no, parece estar colocando en riesgo los precarios logros alcanzados por los sistemas
democráticos en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, los
cuales afrontaron tensiones luego de los procesos de sucesión a las dictaduras
y a la consolidación de democracias “semisoberanas”, como señala Huneeus (2014).
Ya en los años 80, Faletto (1989) señalaba el poder de las empresas transaccionales
en las sociedades y los Estados:
En
muchos países, la presencia decisiva de las empresas transnacionales en
sectores claves de la economía significó que incluso el dinamismo del
desarrollo interno se viera fuertemente influido por las políticas de dichas
empresas y que la importancia de la acción del Estado en ese dinamismo, fuera
menor. De hecho, en muchos casos, al Estado no le quedó más que sumarse a la
dinámica impuesta por las transnacionales. (p.72)
Una de las tensiones manifiestas derivó, por un
lado, del reconocimiento de derechos étnico territoriales efectuado por algunos
Estados en América Latina(5) y el avance que, a nivel constitucional
e institucional, obtuvieron los pueblos originarios y, por otro, la vulneración
de los derechos humanos y los derechos reconocidos sobre la posesión y
autonomía territorial versus la extracción soberana de los recursos por parte
del Estado o el desarrollo de megaproyectos energéticos y viales;
emprendimientos agroindustriales, minería a gran y mediana escala, entre otros.
En Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Chile, entre otros, la respuesta de
los gobiernos se caracterizó por la represión policial, castigando el Estado la
movilización social.
Según Gudynas (2017), en Argentina y Ecuador se conoce que
organismos de inteligencia, hacen seguimiento a líderes ambientalistas, líderes
indígenas y ciudadanos. El mismo autor uruguayo sostiene que en Bolivia, el
gobierno interviene en las organizaciones sociales, favoreciendo la división de
las que son opositoras, en tanto en Brasil y Paraguay, no se frena el asesinato
de líderes locales. En el caso de Colombia, el
reconocimiento constitucional de derechos étnico-territoriales a pueblos
indígenas y comunidades afrocolombianas, trajo resultados no deseados, al
generarse tensiones sociales incluso violentas entre comunidades rurales, dando
como resultado disputas y conflictos territoriales entre ellos.
En Brasil y Colombia, las luchas contra el neo
extractivismo se articulan con
viejas luchas agrarias por la tierra y la reforma agraria, incorporando nuevos
componentes de orden identitario y territorial. En Bolivia y Ecuador el proceso
de explotación y explotación in situ del
patrimonio ambiental, vino de la mano con el fortalecimiento del discurso de la
sustentabilidad e incluso, incorporando discusiones sobre el desarrollo, proponiéndose
contra discursos como el del buen vivir, en el caso ecuatoriano. Para Domingues
(2012), las propuestas referidas al Buen vivir o Vivir bien, podrían estar más
en el plano retórico que real, requiriéndose:
(…) pensar concretamente como un “bloque
histórico” (…) se podrá formar en apoyo a tal o cual proyecto, que además
necesitará de bases efectivas para poder ganar apoyo popular amplio. Eso no
parece posible a través del “buen vivir” o del “vivir bien” en países como
Brasil y Argentina, y asimismo está enfrentando serias dificultades en Bolivia
y Ecuador. Como reconocen los defensores de estas propuestas, no está claro, de
hecho, lo que significan; y estarían en un proceso inicial de construcción. Sí
es imprescindible defender la autonomía de los pueblos indígenas que serían
afectados por proyectos desarrollistas, sí es positivo experimentar con nuevas
maneras de vivir y producir, hay que lanzar una mirada más abarcadora, que
permita que las coaliciones tan duramente construidas por la izquierda no sean
arrojadas a la basura por divisiones que pueden asumir un carácter artificial y
muchas veces retórico, permitiendo que al fin retome la derecha la iniciativa
política. (p.
61)
Por otra parte, según Svampa (2017), dado el
proceso de apropiación “violenta” del territorio a través del cual las grandes
empresas despojaron a campesinos, indígenas y afrodescendientes de sus
territorios en algunos países de América Latina, esto devino en la pérdida de
derechos y libertades democráticas de las mismas comunidades bajo el discurso
de la sustentabilidad. Siendo así, la relación entre extractivismos y regresión
democrática se presenta en un hecho recurrente: “Sin licencia social, sin
consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del
Estado o aún con ella, los gobiernos tienden a vaciar no sólo de contenido el
ya bastardeado concepto de sustentabilidad, sino a manipular” (p.67) las maneras
de participación popular, y de esta forma limitar, reprimir y controlar las manifestaciones
sociales en contra de estos proyectos por medio de la estigmatización de la
protesta ambiental.
Se defiende el agua, el bosque, la tierra, las
especies, el aire. Se defiende la vida. Según Consejo de Redacción (2019), los
líderes y lideresas ambientales experimentan acoso judicial, amenazas,
asesinatos, ataques directos, criminalización y estigmatización, violencia
sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, entre otras acciones. Esta
misma fuente indica que entre 2009 y 2018, 1.179 defensores ambientales y 177
comunidades fueron objeto de ataques letales y no letales en Bolivia, Perú,
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, siendo los más peligrosos para la
defensa de la naturaleza, Colombia y México, seguido de Brasil; 18,31% de los
ataques se dirigieron contra lideresas. Los más afectados fueron líderes de
pueblos originarios y comunidades afrodescendientes. En estos mismos países,
sumando a Guatemala y Honduras, la organización Global Witness reportó hechos victimizantes contra líderes ambientales,
siendo el asesinato el más común.
1.3. Epílogo: Dependencia – desarrollismo, democracia e
inequidad
Entre 1999 y los primeros años de la década del
2010, la importancia de las materias primas, principalmente minerales y
combustibles fósiles se había incrementado en los países de América Latina,
consolidando la transición de economías netamente agroexportadoras, que
implicaban en algunos casos ciertos procesos base de transformación industrial
con alta demanda de mano de obra, hacia procesos productivos intensivos en el
uso de capital y tecnología, alta demanda de recursos naturales, baja
utilización de mano de obra, así como bajo retorno de inversión (vía impuestos
y regalías) a los Estados (ver Gráfico I). Como señaló Villegas (2014), los gobiernos progresistas se
comprometieron a terminar con la dependencia de las materias primas, pero por
el contrario la dependencia se incrementó.
Fuente:
Villegas (2014), con base en datos de la Cepastat.
Gráfico I: La
importancia de los productos primarios en las exportaciones
Una de las promesas no cumplidas (o cumplidas
parcialmente), además de la democratización de las sociedades, fue la ruptura o
transformación significativa de la relación de dependencia y la superación de
la pobreza. Si bien esta ha disminuido históricamente, también es cierto que se
ha venido incrementado en algunos países. Entre 2002 y 2014,
(…) se amplió la agenda de derechos, se
fortaleció la acción del Estado y la institucionalidad social, se expandió la
inversión en lo social y se implementaron políticas de carácter redistributivo
en el ámbito social y del mercado de trabajo. Se avanzó en la superación de la
concepción de política social que había marcado los años ochenta y noventa (una
focalización reduccionista —concentrada en los sectores de pobreza extrema—, en
oposición a las políticas públicas de carácter universal) y se recuperaron los
objetivos de universalización de las políticas sociales, en contraposición a
las tendencias de privatización que habían caracterizado las décadas
anteriores, en especial en los ámbitos de la protección social, particularmente
la educación, la salud y las pensiones. (CEPAL, 2019, p.17)
Sobre esto se volverá más adelante. En las
últimas décadas, se suma a los retos, la lucha contra la desigualdad en sus
distintas manifestaciones. Durante los años 70 y 80 según Faletto (1989):
Las
tareas de desarrollo que se proponían, suponían esforzarse en ámbitos como
acumulación de capital, protección y fomento de la industrialización,
atenuación de la vulnerabilidad externa, creación de infraestructura, estímulo
y orientación del cambio tecnológico. Ninguna de estas opciones era ni es
socialmente neutral. La modalidad que toman estos procesos incide con fuerza en
los poderes económico-sociales constituidos y, por ende, afectan la situación
social (…). En esta medida el Estado debe resolver esos conflictos e intervenir
en ellos, resolviendo dentro de él los conflictos generados en la sociedad,
enfrentando principalmente a la sociedad tradicional y los intereses allí
representados, principalmente aquellos que tendían a la concentración de social
y regional del poder, la riqueza y el ingreso, agudizando la exclusión. (p.75)
De
acuerdo a la CEPAL, una “compleja matriz de determinantes” constituida por los
históricos y heterogéneos sistemas productivos del sub continente, ligados a la
cultura del privilegio, a la pertenencia a una u otra clase social, junto a las
inequidades de género, etnia y generación, son las responsables de la
persistencia de indicadores negativos de pobreza en algunos países y del incremento
de la desigualdad social.
CEPAL, ha planteado en
distintos documentos que la igualdad está en el centro del desarrollo, tanto
porque provee a las políticas de un fundamento centrado en un enfoque de
derechos como porque es también una condición para avanzar hacia un modelo de
desarrollo centrado en el cierre de brechas estructurales y en la convergencia
hacia mayores niveles de productividad, y la sostenibilidad económica y
ambiental. En este contexto, la desigualdad es ineficiente y se transforma en
un obstáculo para el desarrollo sostenido (CEPAL, 2018, p.41)
La
estructura económico-productiva de los países de América Latina, inmersos en el
modelo de Sustitución de Importaciones, lograron con grados disímiles de
consolidación, impulsar sobre la base del papel del Estado, sistemas
económicos, sociales y políticos con altos grados de redistribución de la
riqueza, vía obras públicas, servicios sociales y servicios públicos
domiciliarios, así como mediante la construcción de infraestructura productiva
y de transporte.
Este
proceso no estuvo exento de conflictos y disputas al interior de las
sociedades, expresados en procesos de movilización social, disputas
electorales, derrocamiento de gobiernos y establecimiento de dictaduras
militares o de fuertes gobiernos civiles que afectaron la libertad individual y
colectiva entre otros derechos. En la actualidad, una mirada somera y comparada
al crecimiento del producto interno bruto per cápita a partir del 2000, en los
países de América Latina, muestra un crecimiento sostenido entre el año 2000 y
2014 para casi todos los países, siendo los más destacados Chile, Brasil y
Venezuela.
Este
crecimiento según Villegas (2014), se asocia con las ventajas financieras
derivadas del extractivismo, lo cual a su vez, se constituye en un espejismo
difícil de sostener en el largo plazo, puesto que en la práctica, los gobiernos
dependen de dinámicas y fuerzas externas y recurrentes crisis, así como de la
sostenibilidad en el tiempo de políticas fiscales y macroeconómicas que
incentiven la inversión de capital en sus países, afectándose de suyo, la
capacidad financiera para invertir en política social, de empleo o de otro tipo
de inversión, así como la capacidad fiscal, en tanto se castiga al consumo
(política regresiva) y no a la renta. El incremento del PIB o su disminución
están sujetos al precio internacional de las materias primas. Y el
establecimiento del precio no es controlado por los países productores, si por
los oligopsonios que compran y demandan esas materias primas (ver Gráfico II).
Fuente: Elaboración
propia, 2020 con base en cifras del Banco Mundial.
Gráfico II:
Producto Interno Bruto – Per capita – países de América Latina, 2000 – 2018. U$ precios actuales de la
época
Sin embargo, el crecimiento del PIB y el boom en los precios de las materias
primas, no se ha traducido como se enunciaba vía goteo, en el bienestar de la
población. Ya lo señalaba Faletto (1989), al hacer referencia al supuesto que el crecimiento económico se traducía
en bienestar:
Es
muy importante destacar que en América Latina el supuesto implícito en el
crecimiento era que éste hacía posible la incorporación social y en ese proceso
el Estado tenía un papel primordial. No obstante, en la práctica, el tipo de
desarrollo vigente ha dado lugar a formas muy claras de exclusión. Esta simple
constatación da pie para afirmar que lo que está en crisis en América Latina es
una forma de relación social asociada a un tipo concreto de crecimiento. Se
plantea entonces, que se debería redefinir la participación de la sociedad
civil en el Estado. Una de estas vías es devolver el poder a la sociedad civil,
a partir de lo cual, con influencia anglosajona, la ciudadanía entabla una
negociación con el “Soberano”, a quien se limitan sus poderes. Pero al ser el
estado del poder e instancia de socialización, lo que se plantea es la
participación de la sociedad en el poder del Estado, en un contexto de
desarticulación y desagregación social, demandándose la ampliación de mayor
participación para la ciudadanía. Integrar y concretar intereses cada vez más
generales que se asienten sobre una base cada vez más consensual es la tarea
del Estado (p.81)
América Latina junto al África subsahariana,
se constituyen en los subcontinentes más desiguales del planeta respecto de los
ingresos.
La desigualdad de
ingresos, medida por el índice de Gini (promedio de 15 países de América
Latina) se redujo de 0,538 en 2002 a 0,477 en 2014 y a 0,469 en 2017, y luego
llegó a 0,465 en 20183. Así, este indicador disminuyó un 13,6% en 16 años, es
decir, un 0,9% por año (…). Existen grandes diferencias entre los países, tanto
en lo que se refiere a los niveles de esa desigualdad, como a la intensidad y
dirección de los cambios en esos distintos períodos. Los valores más bajos del
índice de Gini, cercanos o inferiores a 0,400, se registran en la Argentina, El
Salvador y el Uruguay, mientras que en el Brasil y Colombia los valores son
superiores a 0,520. (CEPAL, 2019, p.21-22)
Al parecer la reducción de la desigualdad ha
estado relacionada entre otros hechos, con la disminución de salarios en
sectores de la sociedad profesionalizados y/o especializados, reduciéndose la
distancia existente entre personal no calificado y especializado. Esto de
cierta forma habría impactado la diferencia existente entre capas medias de la
población (con ingresos medios) y sectores o grupos sociales más altos. También podría atribuirse a la reducción de la
pobreza extrema y no extrema en algunos países. Esto no implica, como señala la
Cepal, que, desde la perspectiva de los ingresos, se hubiera superado la
estructura social piramidal.
A pesar de los avances, cerca del 77% del
total de la población de América Latina, estaría catalogada por ingresos, entre
estratos bajos y medio bajos (CEPAL, 2019). Ahora bien, la desigualdad no solo
se estructura desde la diferencia en los ingresos. Desde la misma relación
colonial y neocolonial extractivista, se estructura una desigualdad entre los
países proveedores de las materias primas y los que las adquieren. Entre el
norte y el sur del globo.
Vista por ingresos, la desigualdad entre
hombres y mujeres es notoria, a pesar de que ellas han logrado vincularse
ampliamente al mercado laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT, 2019), la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres que
desempeñan la misma labor, podría ser cerca del 17% del ingreso; además de esto
se debe enfrentar la discriminación de género. Sobre la relación entre
extractivismos y desigualdades de género, Ulloa (2016) afirma que en la minería
legal e ilegal se exacerban estas realidades. Para ella, la minería ha estado
asociada a las identidades masculinas, indistintamente si se trata de pequeña,
mediana o gran minería, legal o ilegal.
De los diversos extractivismos,
la minería evidencia de manera más profunda las desigualdades de género, en
particular, exacerba las desigualdades socioambientales, económicas, laborales
y políticas; aumenta procesos violentos en contra de las mujeres; genera
cambios irreversibles en los territorios y en las visiones territoriales
locales, y afecta los modos de vida tanto de hombres como de mujeres (…). La
minería ilegal se ha instaurado mediante la generación de soberanías
superpuestas (en parte permitidas por el Estado) (que
suponen control territorial y ejercicio de la violencia (Segato, 2014)), al igual que el incremento de relaciones
desiguales de poder contra cuerpos y territorios feminizados, y en contra de
derechos previamente reconocidos, como el de consentimiento previo, libre e
informado, y a partir de lo cual aparecen las demandas indígenas en contra de
la apropiación de sus territorios. (p.124)
En el caso de proyectos agroindustriales o de
agronegocios, como de otros asociados a la exploración y explotación de recursos
del subsuelo sean hidrocarburos y/o minerales, una de las principales demandas
se concentra en la tierra. Si se trata de hidroeléctricas por ejemplo, la
presión se concentrará en el agua. En cualquiera de los casos, las relaciones
establecidas con el agua y la tierra por parte de los seres humanos, se verán
afectadas. Si se trata de una relación construida sobre la idea de bien común,
la presión sobre la tierra y el agua, derivará en una transformación que muy
seguramente, en el marco de la relación de explotación para el mercado
internacional, cambiará la lógica y el fundamento de bien común, a propiedad
privada, implicando esto muchas consecuencias. Si este cambio se sucede a
partir del ejercicio de la violencia, pues las consecuencias para la sociedad serán
aún más profundas.
Si bien no se puede atribuir la desigualdad
en la propiedad de la tierra a los procesos extractivistas, si se puede afirmar
que la presión sobre ella y las comunidades que la poseen, la habitan o la
usan, ha crecido en correspondencia con el fortalecimiento del extractivismo,
multiplicándose los conflictos territoriales en distintos países de América
Latina. Se suman a esto las brechas de género en el acceso a la tierra, el Comité
de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM, 2017) señala que:
Con el avance del
extractivismo se han multiplicado los conflictos territoriales, disparándose de
forma alarmante los índices de violencia contra quienes defienden la tierra, el
agua, los bosques y los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y las
comunidades campesinas. Estos grupos vulnerables son perseguidos, agredidos y
criminalizados por resistirse a actividades que atentan contra sus medios de
vida, su salud y el entorno en el que viven y de cuyos beneficios no suelen
participar. (p.8)
Los datos son
demoledores: más de la mitad de la tierra productiva en la región está
concentrada en el 1% de las explotaciones de mayor tamaño, según el análisis de
los censos agropecuarios realizado por Oxfam. En otras palabras, el 1% de las
fincas utiliza más tierra que el 99% restante. El caso más extremo es el de
Colombia, donde más del 67% de la tierra productiva está concentrada en el 0,4%
de las explotaciones. Chile y Paraguay no se quedan atrás en desigualdad, pues
en estos países el 1% de las explotaciones acapara más del 70% de la tierra. (p.5)
Según la CEPAL (2019), Brasil y Venezuela destacan entre los países con
incremento de la pobreza. Pero la brecha rural – urbana respecto de los
indicadores de pobreza, permite afirmar que la incidencia de la pobreza extrema
como de la pobreza son mayores en zonas rurales de América Latina, afectando de
forma diferenciada a niños, niñas, jóvenes y adolescentes; mujeres, población
indígena y afrodescendiente, denotando profundas desigualdades sociales. El
extractivismo profundiza estas desigualdades estructurales y espaciales.
Ahora bien, ¿Cómo logran las empresas multinacionales y algunos gobiernos
acceder de forma monopólica y privilegiada al patrimonio ambiental de los
países? En muchos casos las propias elites nacionales promueven esas alianzas
perversas para la población, en aras de mantener en el tiempo privilegios y
formas de dominación. Según OXFAM (2016), en el caso de la concentración de la
tierra para el desarrollo de agronegocios,
Estas
élites económicas utilizan su poder para influir sobre las decisiones políticas
y regulatorias que afectan a sus intereses a través de mecanismos que van desde
la financiación de partidos hasta el tráfico de influencias, pasando por el
lobby, las puertas giratorias o el control de los medios de comunicación. Por
medio de esta “captura política” aprovechan los recursos públicos para la
máxima obtención de beneficios privados, alimentando la desigualdad. Los
inversores y las corporaciones internacionales, por su parte, blindan sus
intereses mediante instrumentos que a menudo desprotegen los derechos de las
personas y debilitan la soberanía nacional. Los acuerdos de libre comercio y de
inversión contemplan mecanismos de resolución de controversias que permiten a una
empresa inversora demandar ante un tribunal internacional de arbitraje –pasando
por encima de los tribunales nacionales– a un Estado que adopte cualquier
medida que considere perjudicial para sus futuras ganancias. (p.7)
La construcción de alternativas al “mal desarrollo” como lo identifica
Svampa, pasa por la potenciación de la inversión en ciencia y tecnología para
la masificación y adelanto de nuevas fuentes de energía, que reemplacen las
grandes apuestas de generación por medio de combustibles fósiles o de la misma
energía nuclear o incluso, de grandes represas. Como lo plantea el Movimiento
M4 (2015), se requiere pensar en una conformación, puesto que mientras “mayores
controles ambientales, mayores impuestos a actividades extractivas consideradas
indispensables y moratoria de grandes y nuevos proyectos implicaría configurar
un escenario de transición diferente y económicamente impactaría más bien de
manera positiva en la propia caja de los gobiernos” (p.1).
Conclusiones
Ya que la igualdad,
la soberanía y la participación de la sociedad en la toma de determinaciones
sobre el desarrollo son algunos de los dos derechos y principios sacrificados
con este modelo, en un contexto de luchas asimétricas valdría la pena
reflexionar sobre el fundamento del “progresismo” y de lo alternativo, máxime
si se va en camino de profundizar una matriz histórica de dependencia y sobre
explotación de la naturaleza en un momento de complejas crisis económicas,
ambientales y políticas.
Notas
1 Señala OXFAM Internacional (2016) que: “La mayoría de la soja, el
aceite de palma y otras materias primas agrícolas producidas a gran escala bajo
éste y otros sistemas son adquiridas por corporaciones multinacionales que se
ocupan de su acopio, procesamiento y distribución en los mercados globales. En
esos eslabones de la cadena productiva se obtienen los mayores beneficios y han
estado dominados por las cuatro ABCD –ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus– que
juntas comercializan gran parte de los alimentos producidos y consumidos en todo
el mundo y, en años recientes, han manejado casi tres cuartas partes del
comercio mundial de granos.107 A ellas se han sumado más recientemente
transnacionales de países emergentes que se están posicionando en el mercado
regional, sobre todo asiáticas: las llamadas NOW –Noble, Olam y Willmar– 108
junto a Cofco, la mayor comercializadora de granos china109. El dinamismo en
los sectores agroalimentarios puede impulsar cambios en la estructura de
distribución del mercado, pero se mantiene una tendencia a la concentración” (p.43).
2 Algunas
de las experiencias abordadas son: El movimiento indígena ecuatoriano y sus
luchas históricas frente al Estado. La lucha comunitaria del Tipnis frente al horizonte extractivista
nacional-estatal en Bolivia; La Promoción y las resistencias al avance de los
“hidrocarburos no convencionales” en Argentina; La lucha abierta en San Juan
Sacatepéquez contra el despojo de Guatemala. Las doce comunidades kaqchikeles que luchan contra la
Cementera San Gabriel en Guatemala.
El caso de la Coordinadora Arauco Malleco en lucha contra las compañías
forestales en Chile; Y las experiencias de agroecología y resistencia
adelantadas por movimientos campesinos brasileños como el MST y el MPA.
3 El
principal producto industrial de exportación de Colombia, son polímeros y otros
derivados del petróleo; Brasil como se señaló, exporta barcos para misiones
especiales, representando el 2,4% del total de sus exportaciones. Las
exportaciones de Venezuela se concentran en alcoholes, barcos y botes en menor
escala que Brasil (tan solo representan el 0,1% de sus exportaciones) y
esponjas de hierro. Argentina se destaca en la exportación de camiones y
camionetas, representando esta producción el 5,9% del total de sus
exportaciones. Al parecer, México es el país más diversificado en esta rama,
dado que sus exportaciones se concentran en camiones y camionetas; máquinas
estadísticas; partes para automotores y vehículos para pasajeros. Esto sin
embargo no debería ilusionar, dadas las condiciones de producción y la
subordinación derivada de la producción de maquila, en el marco de Tratado de
Libre Comercio vigente hasta hace unos años entre Estados Unidos y este país.
No es de olvidar que, al haber sido renegociado, esto podría cambiar. Ni
Bolivia, ni Perú, figuran en el panorama con productos industriales para
exportar.
4
Exceptuando Ecuador, cuyas exportaciones son
compuestas en un 39% por productos de origen agrícola, o de procesados con
origen marino, pecuario o agrícola, los otros países tienen una alta dependencia
de la explotación y exportación de combustibles fósiles. En Brasil, Chile,
Argentina y Colombia, la exportación de productos de origen agrícola, pecuario
o marino, representan entre el 16% y el 11% del total de sus exportaciones.
5
Bolivia en 1967 y ampliación de
derechos en la constitución de 2009; Panamá en 1972; 1985 en Guatemala. 1986 en
Brasil; 1991 en Colombia; 1992 en Paraguay; 1993 en Perú; 1994 en Honduras y
Argentina. 1995 en México; 1998 y 2008 en Ecuador; 1999 en Venezuela. Aunque no
en todos los Estados y constituciones fueron reconocidos los mismos derechos a
los pueblos originarios, el espectro multicultural fue incorporado como un
componente del ordenamiento político jurídico (Botero, 2003).
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