Proceso vital en la gestión educativa: Herramienta
de alta calidad hacia la sostenibilidad ambiental
Botero, Silvana*
Atencio, Fabian**
Tafur, Jorge***
Hernández,
Hugo****
Resumen
La educación, es quizás una de las estructuras
más importantes de una nación. De allí que, se establece como objetivo esencia
de investigación, estudiar el proceso vital en la gestión educativa como herramienta
de alta calidad hacia la sostenibilidad ambiental. Al respecto, se utilizaron
una serie de autores para el análisis de la temática entre los que se destacan:
Colino y Del Pino (2015); Durán (2016); Eslava (2015); Vélez (2015); entre
otros. La metodología de estudio se enfocó en aspectos cualitativos, llevando a
cabo una serie de entrevistas a un grupo de tres expertos. Como resultados se puede
connotar la corresponsabilidad que debe existir entre los actores del sector
público, para el logro de los efectivos procesos de calidad en el sistema
educativo. Asimismo, el proceso llevado actualmente por parte de las
instituciones de educación superior abre las puertas hacia la cohesión entre estos
y la puesta en marcha de políticas encaminadas hacia la sostenibilidad
ambiental. Se concluye, que se
requiere fomentar dentro de la estructura institucional el desarrollo de un
ciclo de políticas que permitan alcanzar las metas establecidas, a través del
apoyo del recurso humano como base esencial que promueve la aplicación de
prácticas educativas esenciales.
Palabras clave: Educación; gestión educativa; proceso vital;
políticas; sostenibilidad ambiental.
Vital process in
educational management: High quality tool towards environmental sustainability
Abstract
Education is perhaps one
of the most important structures of a nation. Hence, the essential research
objective is established, to study the vital process in educational management
as a high-quality tool towards environmental sustainability. In this regard, a
series of authors were used to analyze the subject, among which the following
stand out: Colino and Del Pino (2015); Durán (2016); Eslava (2015); Vélez
(2015); among others. The study methodology focused on qualitative aspects,
carrying out a series of interviews with a group of three experts. As results,
it is possible to connote the co-responsibility that must exist between the
actors of the public sector, for the achievement of effective quality processes
in the educational system. Likewise, the process currently carried out by
higher education institutions opens the doors to cohesion between them and the
implementation of policies aimed at environmental sustainability. It is
concluded that it is necessary to promote within the institutional structure the
development of a cycle of policies that allow reaching the established goals,
through the support of human resources as an essential basis that promotes the
application of essential educational practices.
Keywords: Education; education management;
vital process; policies; environmental sustainability.
Introducción
Las
fases del proceso vital en la gestión educativa, como proceso de alta calidad,
diseñadas en las universidades de la costa atlántica colombiana, según Vélez (2015); y, García, Juárez y Salgado (2018), representa
el marco de referencia permanente de la gestión de
alta calidad, puesto que consiste en el conjunto de acciones que se diseñan con
el fin de obtener una ordenación racional del ambiente universitario de calidad.
La razón de ser de las mismas, es la conmoción de que el objetivo de la ordenación
racional del ambiente universitario de calidad, no puede alcanzarse sin el
concurso de algunas acciones que generen efectos de alta calidad, que de
acuerdo con las tendencias prevalentes no se producirían espontáneamente.
Los
fines del Estado están determinados en el Sistema Jurídico, en tanto éste
contiene un número importante de reglas que dicen cómo ordenar racionalmente el
ambiente universitario de calidad. La reglas políticas, establecidas a través
del proceso legislativo, son jerárquicamente superiores a cuales quiera otra,
pero en la práctica, las fases del proceso vital en la gestión educativa como
proceso de alta calidad del Estado se formula también por las administrativas,
esto es, a través de las autoridades facultadas para llevar a cabo el manejo
del medio ambiente universitario de calidad y, en los casos de existencia de un
sistema de planificación nacional, por las autoridades encargadas de la
planificación.
La
aplicación de la fase del proceso vital en la gestión educativa como proceso de
alta calidad, según García (2002); y, Durán (2016), incumbe a los destinatarios
de los mandatos u orientaciones contenidas en dicha política, es decir, que
pueden ser los propios organismos del Estado que participan en la gestión de
alta calidad; como también, a todos aquellos que se encuentran en la situación
de explorar los recursos del ambiente universitario de calidad, sean personas o
instituciones, privadas o públicas.
Lo
que sí corresponde exclusivamente al Estado, es regular, promover, concertar,
vigilar, entre otros, la ejecución de actos que involucre el ambiente
universitario de calidad, así como aplicar sanciones, en los casos de
infracciones a las disposiciones jurídicas sobre la materia. Las fases del
proceso vital en la gestión educativa como proceso de alta calidad, es la
impulsora para implantar y mejorar el sistema de gestión de alta calidad de la
organización, de tal forma, que pueda mantener y potencialmente mejorar su
desempeño de alta calidad.
Por
ello, las fases del proceso vital en la gestión educativa como proceso de alta
calidad, reflejarán el compromiso del más alto nivel para cumplir con las leyes
aplicables y el mejoramiento continuo. La política, forma la base sobre la cual
cada organización establece sus objetivos y metas de alta calidad. Ella, será
lo suficientemente clara como para que sea comprendida por las partes
interesadas internas y externas, así como debe ser examinada y revisada
periódicamente, con la finalidad de que refleje las condiciones cambiantes y la
información.
A
su vez, la implementación de la calidad educativa en el marco de la
sostenibilidad ambiental, se direcciona hacia el logro de un sistema educativo
el cual vaya acorde y promueva un sistema encaminado hacia su permanencia en el
tiempo. De allí que, se establece como objetivo esencia de esta investigación,
estudiar el proceso vital en la gestión educativa como herramienta de alta
calidad hacia la sostenibilidad ambiental.
1. Contexto universitario
Las necesidades de capacitación, en torno al contexto
universitario de las políticas públicas de ciencia y tecnología para la enseñanza
de la educación de alta calidad, son atributos de identidad de la gestión
educativa estratégica, que procuran darle centralidad a lo pedagógico “ante las
formas rutinarias, formales y, por tanto, rígidas con que han sido tratadas las
situaciones educativas” (Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación [IIPE], 2015, p.19); de tal manera, que estas pueden representar, según el IIPE (2015) junto a Barbera,
Hernández y Vega (2020), diferentes alternativas de compromiso en la gestión que
comparten un mismo supuesto: La percepción de que las escuelas representan la
unidad de organización clave de los sistemas educativos así como del ambiente
universitario de calidad.
La diferencia entre administración y gestión, está
relacionada con la comprensión y el tratamiento de las unidades, así como las
problemáticas educativas a nivel metodológico. Los modelos de administración
escolar resultan, a todas luces, insuficientes para trabajar sobre estos
problemas, en el contexto de sociedades cada vez más complejas, diferenciadas y
exigentes de calidad y pertinencia educativa.
Resulta insoslayable, contraer el compromiso o afrontar el desafío de
promover que lo medular, es decir, lo metodológico, de las organizaciones educativas
sea generar aprendizajes.
En ese sentido, de manera de alinear a cada institución
educativa y a todo el sistema en el logro de la formación demandada, la
transformación metodológica en palabras de Hodson (2014), conlleva al rediseño del
trabajo educativo bajo ciertos principios centrales: Fortalecimiento de la
cooperación profesional a todo nivel, integración de funciones antes separadas
como diseño y ejecución. En este mismo orden de ideas, como exponen García
(2014); Martínez (2018); y, Sarell (2020), aceptar que las organizaciones se
han tornado de tal forma complejas que no se logra reformarlas tan sólo con
nuevas recetas, sino con una nueva manera de pensar, un nuevo modo de ver.
Para captar la complejidad, pueden ser útiles tres
principios: a) El dialogístico, es decir, el reconocimiento de la dualidad en
el seno de la unidad por la que orden y desorden se oponen, pero no se excluyen
de la totalidad. Así pueden entenderse las tensiones entre la centralización y
la descentralización, la estabilidad y el movimiento, lo permanente y el cambio,
el corto y largo plazo, la pirámide de delegación y la de subsidiaridad; b) el
principio de la recursividad; y, c) el principio hologramático, en que el
sentido de la organización se proyecta en común y el todo es a la vez más y
menos que la mera suma de las partes.
Además, existen otros principios como el de que la
incertidumbre e indecisión en situaciones complejas, que en algunos casos
permite un mejor trabajo de la complejidad que la reducción de la realidad a
planes lineales. La reconfiguración de las organizaciones, sólo puede encararse
a condición de que se promuevan la experimentación y la capacidad de trabajar
en redes así como en equipos, que posibiliten la experiencia individual y
colectiva, aplicando su capacidad de innovación.
Aunque
la situación es el entorno en el cual se genera la organización, no puede
interpretarse con un sentido de inmediatez en el tiempo o en el espacio, porque
bien puede ocurrir que el contexto de situación no esté presente en el momento
de la producción y sea una evocación o un propósito de los participantes.
Además, es la estructura social la que define los diversos tipos de contexto
social; la que regula los significados y los estilos organizaciones de
administración pública en las interacciones humanas; y, finalmente, es la que
crea las jerarquías sociales, los correspondientes registros que las expresan y
las normas que regulan el uso de esos registros.
De
igual forma, Mejía (2014) entiende a la coordinación de actividades, como un
proceso que remite a analizar el contexto, tanto físico como cultural de una
organización, enunciado “como el conjunto de rasgos relevantes del ambiente en
que ocurre” (p.78). De esta misma
manera, Tobón (1998), expresa que este punto de vista se observa en los antropólogos
para quienes existen estos dos conceptos: Contexto lingüístico y contexto de
situación, porque si cada lengua tiene su propia organización semántica, cada
cultura en la cual está inscrita la lengua, tiene sus situaciones relevantes y
específicas que le permiten coordinar sus propias actividades.
Se
sitúa, así, la lengua dentro del proceso de comunicación para analizar la relación
entre el mensaje y el contexto, la relación de la lengua tanto con el ambiente
natural como con el social y las habilidades que demuestran los hablantes para
seleccionar el código de acuerdo con el evento y la situación, pues como anotan
Bloomfield (1965); así como, Adler (2005), es increíble lo variadas que pueden
ser las capacidades de los hablantes, aún en pequeñas tribus que se presuponen
homogéneas.
En
este contexto de ideas, el autor responsable de esta investigación considera que,
en las universidades de la Costa Atlántica colombiana, antes de proponer
actividades en la organización en la cual laboran, deben prestar atención al
contexto en el cual se desenvuelven, pues de esto depende la manera en que
podrán coordinar sus actividades, así como el leguaje que podrán usar más adecuado
al público que recibirá la información.
2. Características de la gestión educativa como proceso de alta
calidad
Inicialmente,
es pertinente señalar que la gestión educativa como proceso de alta calidad, se
asumen como un complejo proceso social mediante el cual las personas se
involucran en aspectos de la vida misma que son de su interés particular (Vela
y Cáceres, 2019). Al respecto, se considera que la
participación, es una relación de mutua transformación: El participante
construye y modifica al objeto o hecho en el cual participa, y por el hecho de
hacerlo, es también transformado.
En
este sentido, se considera que la participación constituye una forma de acción
humana en la que los ciudadanos ejercen sus derechos y deberes sociales,
políticos, económicos, territoriales, entre otros, en un espacio público que
hacen y rehacen con su intervención. Desde esta perspectiva, el proceso de
participación educativa, popular, civil, política, ciudadana, o como se le
quiera designar, asume varias connotaciones determinantes, ajustadas al marco
geoespacial, histórico, sociopolítico y cultural en el que se anota su
manifestación (Alarcón, Gómez y Rodríguez, 2004).
En
este orden de ideas, el proceso incluye una serie de componentes que son comunes
y representan la viva esencia de su caracterización más global. De acuerdo con Koeneke
(2000), esta participación está asociada a un conjunto de factores de tipo
actitudinal, motivacional, social e institucional, que pueden variar en función
de las particularidades de cada contexto.
La
participación en el diseño de gestión educativa como proceso de alta calidad,
como proceso popular, ha influenciado la concepción, fortalecimiento y/o
desmantelamiento de la ciudadanía, y que a su vez, la ciudadanía ha alimentado,
promovido y/o limitado la acción participativa, es decir, ambas se han
construido y rehecho a sí mismas. En este sentido, se asume que la relación
histórico-social de los procesos de participación a los beneficios de las
libertades democráticas, han permitido la construcción de un concepto que no es
nuevo, pero en los actuales momentos, y principalmente en Colombia, tiene
connotada importancia: La participación ciudadana.
Al
respecto, es importante acotar que, actualmente, los problemas que confrontan
las sociedades son tan complejos y dinámicos, que el Estado se ha visto
incapacitado para solucionarlos, por lo que resulta apropiado el
establecimiento de un mayor acercamiento entre el gobierno y la sociedad civil,
y por ende, la incorporación de los ciudadanos en la toma y ejecución de las
decisiones que en ese sentido resulten, fortaleciendo así la participación. Este
tipo de participación, refiere a la materialización de un ideario democrático: La
reducción de la brecha que separa a los ciudadanos y al aparato estatal (Contreras,
2001; Colino, 2002; Contreras y Montecinos, 2019; Campos-Soto, Trujillo-Torres y Chaves-Barboza,
2019).
En
estos términos, según Alarcón, Gómez y Rodríguez (2007), la participación ciudadana proyecta un
escenario en el cual las personas, representando sujetos de derechos civiles,
políticos y sociales, tienen la posibilidad de acceder al juego político, con
la finalidad de “ajustar” o “reacomodar” el espacio público en beneficio del
colectivo. En ese sentido, “al asumir este rol protagónico en las acciones
gubernamentales que emprende el Estado” (p.9), la persona que participa, “no
solo se sentirá corresponsable de esa acción, sino que se sentirá también comprometido en su defensa” (Contreras, 2001, p.4).
El
Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2014), sostiene que la gestión educativa
como proceso de alta calidad, es el resultado de acciones emprendidas por
múltiples actores. Idealmente, los diferentes actores que actúan en el mismo
ámbito de políticas deberían coordinar sus acciones para producir políticas
coherentes, pero no siempre ocurre así. La medición de coordinación y coherencia
que se emplea en este estudio tiene dos componentes, ambos tomados de la
encuesta sobre capacidades del Estado. El primero, se refiere al grado en que
las nuevas políticas son congruentes con las existentes. El segundo, plantea si
los diferentes encargados de formular políticas que operan en la misma área de
política (o en ámbitos relacionados), coordinan sus acciones en forma efectiva
(Moya, López y Artigas, 2018).
La
falta de coordinación suele reflejar la naturaleza poco cooperativa de las
interacciones políticas. Para Lerda, Acquatella y Gómez (2005), coherencia y
coordinación de políticas sectoriales, son muy buenos candidatos para
constituirse en potenciales eslabones débiles de una larga cadena de relaciones
y pasos, que van desde la identificación de problemas de interés público hasta
los resultados con frecuencia, de baja calidad que resultan de un conjunto de
intervenciones públicas cuyo propósito es resolver el problema inicial.
La
coordinación y la coherencia van de la mano; implica la relación entre niveles
de gobierno, secretarías, sectores, las personas y los actores locales; y que entre
ellos haya interacción en la elaboración de las políticas, esto les da mayor
coherencia. Una visión integral del proceso social es necesaria para
identificar la subsidiariedad entre niveles de gobierno, con el fin de reconocer
las competencias. Téngase para este trabajo por coordinación y coherencia de la
gestión educativa como proceso de alta calidad, la cualidad de la acción
pública que deber ser coordinada entre los distintos sectores y actores que
intervienen en la formulación e implementación de los programas de gobiernos,
cualquiera que sea la línea que dirigen, y el grupo político al que pertenecen.
3. Calidad de implementación y fiscalización
El
Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2014), establece que una política puede
estar muy bien diseñada, pasar sin cambio alguno por el proceso de aprobación y
aun así ser totalmente ineficaz, si no se implementa y se aplica efectivamente.
En muchos países de América Latina, la calidad de la implementación y la aplicación
efectiva de las políticas es bastante deficiente. Esto está asociado en parte a
la falta de burocracias capaces e independientes, así como a la carencia de
sistemas judiciales fuertes.
La
calidad de la implementación y la aplicación efectiva de las políticas de un
país determinado, dependerán en gran medida del grado en que los encargados de
formular políticas cuenten con los incentivos y los recursos para invertir en
sus capacidades. Lerda, et al. (2005), al referirse al origen y naturaleza de
los problemas públicos, hablan de la interlocución de las autoridades públicas de
la sociedad, es decir, descarta la idea de que toda actividad del
Estado-Gobierno es una política pública, y al hablar de quienes implementan las
políticas, muy en consonancia con el enfoque de gobernanza, se inclina a por
qué lo hacen conjuntamente autoridades legítimas, organismos y personas de la
sociedad civil.
Por
tanto, la calidad de la implementación se refiere a que no basta tener buenos
decisores y excelentes formulaciones si no se aplica el mismo rasero para
quienes llevan a la realidad los diseños de las políticas. En los municipios,
esto se visibiliza cuando se contratan asesores y consultores muy buenos para
recomendar y elaborar planes así como programas, mientras se deja en manos de
los funcionarios tradicionales, algunas veces como cuotas políticas, la tarea
de implementar los planes propuestos.
Es
un llamado a la coherencia política: Si se quieren buenos resultados a partir
de buenas decisiones, es necesario tener cuerpos burocráticos motivados y
profesionales. Concluyendo en este trabajo investigativo, que un pilar fundamental
del éxito de una política pública es una buena implementación y vigilancia en
el proceso de ejecución de la agenda pública. Una agenda pública bien elaborada
y formulada, no garantiza que su ejecución sea triunfante si no se efectúa y
fiscaliza con calidad
3.1. Ciclos para la gestión educativa como proceso de alta calidad
Los
ciclos de la gestión educativa como proceso de alta calidad constituyen un
fenómeno emergente, relacionado con procesos relativamente novedosos que
adquieren importancia a partir de los cambios sociales, políticos y culturales
que, desde la segunda mitad del siglo XX, enfrentan las sociedades de la
modernidad avanzada. Estos cambios, que atraviesan todas las esferas de la vida
social, han reconfigurado el ámbito de la política institucional, poniendo en
cuestión el modelo de Estado como gobierno democrático, sistema de intervención
social y como modelo territorial (Briceño, et al., 2020).
En
este sentido, son muchos los autores que plantean que el Estado se encuentra en
una situación de crisis o, cuando menos, de fuerte reestructuración. Crisis de
la democracia, que atañe de manera especial a las instituciones y mecanismos de
representación, pero que afecta también en la legitimidad y la gobernabilidad
de los sistemas políticos. Dentro de estas formas de análisis, se puede
encontrar la crisis del estado de bienestar keynesiano, que cuestiona el modelo
de intervención estatal en la sociedad y acaba con su monopolio en la provisión
de bienes y servicios públicos, creando con ello nuevas oportunidades de
participación ciudadana, pero también riesgos de mayor desigualdad y exclusión
social.
Se
debe entender que la crisis, por último, del modelo territorial de Estado en
una sociedad cada vez más globalizada, donde la política ha dejado de ser
patrimonio exclusivo de los gobiernos nacionales, para convertirse en una arena
donde confluyen múltiples entidades de carácter supranacional y subestatal,
generando así nuevos espacios para la participación ciudadana, pero también
procesos de toma de decisiones que se realizan al margen de las normas
democráticas. Los cambios en estas tres dimensiones, han transformado la manera
en que los ciudadanos conciben y se relacionan con la política.
Estos
se involucran cada vez menos en los modos de participación convencional, pero
al mismo tiempo, surgen nuevas formas de implicación política vinculadas a los
movimientos sociales y las asociaciones voluntarias. Desde finales de los años
setenta, las organizaciones de la sociedad civil han adquirido tal relevancia
que las instituciones políticas se han visto impulsadas a reconocerlas como
interlocutoras legítimas de las demandas ciudadanas, modificando con ello el
modelo de intermediación de intereses propio del estado de bienestar.
Desde
hace tres décadas, se asiste a un intenso debate sobre la reforma del Estado y
la profundización en la democracia. Como señala Fleury (2015), a partir de los
años ochenta, el mundo pasó a convivir con la noción de que el estado de bienestar
estaba en crisis, y por lo tanto, era necesario reformarlo. Los diagnósticos
neoliberales sobre la recesión económica de los setenta, que se han convertido
en el pensamiento hegemónico en este campo, situaban la causa de la crisis en
la acción estatal en la sociedad.
La
crisis del modelo de intervención social, unida a los efectos de la
globalización sobre el Estado-nación y a los límites de la democracia representativa,
constituye, entre otros, factores que presionan hacia una transformación del
actual modelo de Estado. Estas presiones afectan, de manera especial, al modo
de gestionar los asuntos públicos puesto que, en los últimos años, la agenda
política ha situado en primer plano cuestiones vinculadas a la capacidad de los
gobiernos para rendir cuentas y ser receptivos a las demandas ciudadanas, a la
mejora de la eficiencia en la provisión de los servicios públicos.
Como
ya se ha señalado, en todos estos temas juega un papel destacado la
participación ciudadana, que ha llegado a convertirse en referencia obligada de
las propuestas para ampliar la democracia, mejorar la gestión pública o dotar
de legitimidad a los mecanismos y procesos representativos (Restrepo, Cotrina y
Daza, 2021). El interés por la reforma del Estado y la ampliación de la
democracia ha transcendido del debate a la práctica política.
De
manera que, la mayor parte de gobiernos democráticos han comenzado a llevar adelante
procesos de reforma que, como señalan Colino y Del Pino (2015), van dirigidas a
democratizar la labor de las instituciones públicas. Todas estas reformas, que
encuentran en la administración local su ámbito privado de aplicación, abren,
al menos teóricamente, nuevos espacios para el ejercicio de la participación ciudadana.
Eslava
(2015), argumenta que la Agenda Política, es el conjunto de cuestiones a las
que los agentes públicos están prestando atención en un momento determinado,
dependiendo de la seriedad del problema y del juicio moral del parlamentario.
La definición de la agenda, es un proceso continuo que depende de la dinámica
de fuerzas sociales y políticas; sin embargo, algunos actores tienen mayor
capacidad para incluir, jerarquizar y excluir temas de la agenda
Para
Espinosa (2011), en esta primera fase, una determinada cuestión social es
conceptualizada como “problema público” y es considerada por los agentes clave
del sistema político administrativo, los cuales la incorporan a la agenda pública.
Al respecto, Muñoz-Pogossian (2016) define la agenda pública como aquella herramienta
que muestra cuál es la percepción de los poderes políticos, en un instante
concreto, sobre lo que se debe resolver. En ella, se inscriben los problemas
que han alcanzado una atención seria y activa por parte del gobierno como
potenciales asuntos de política pública.
Agrega
Muñoz-Pogossian (2016), que para que un problema alcance la incorporación en la
agenda debe superar a los guardianes de la agencia pública y a los grupos de
interés, burocracia y partidos políticos que trabajan para que algunos temas alcancen
la agenda y otros no. De los anteriores conceptos, se entiende que son aquellas
prioridades de problemas sociales que son incluidas en un programa de gobierno,
para ser atendidas en un lapso determinado siempre en procura del bienestar
social. Estas prioridades, son trazadas atendiendo las fuerzas políticas y
muchas veces los valores y ética de los gobernantes en turno.
Considera
Eslava (2015), que, a lo largo de esta fase, se define un modelo de intervención
sobre el problema público a abordar indicando objetivos, instrumentos o medios
y procesos, así como la generación de líneas bases, desde las cuales sea
posible comparar los resultados o el impacto de la política en relación al
problema. Fuenmayor, et al. (2008); así como Espinosa (2011); afirman que la
formulación de la gestión educativa como proceso de alta calidad, permite la
identificación de las dificultades al interior de la problemática general
inicial, facilita la formulación de problemas y sus soluciones. Contempla esta
fase, la construcción de un registro de datos respecto de la situación
problemática inicial a partir de indicadores cuantificables.
De
acuerdo con Muñoz-Pogossian (2016), cualquier situación problemática a ser resuelta
mediante Problema Público, es finalmente, una construcción social debido a que
siempre dependerá de las percepciones, representaciones, intereses y recursos
de los diferentes actores, tanto privados como públicos; para ello, es
importante la identificación del problema, definición de objetivos y metas
relevantes. Por lo tanto, formular una política pública consiste en colocarse
tareas y metas específicas a cumplir, en corto, mediano y largo plazo, así como
asignar responsabilidades a funcionarios y sectores, quienes tienen el deber legal
de cumplirlas.
4.
Metodología
Todo
trabajo de investigación requiere de seguir una serie de procedimientos que
implican, el seguimiento de una serie de pasos que permiten obtener los datos
que se requieren para el desarrollo de las actividades. Primeramente, se precisa
de un paradigma que sustente lo que se aspira realizar dentro de esos
procedimientos.
Tomando
en cuenta lo destacado, se asumió una visión cualitativa, la cual según Hernández,
Fernández y Baptista (2014), pretende hacer un análisis de categorías a partir
de diferentes metodologías de trabajo, pero, que aborda
una realidad desde una visión que considere el análisis de conceptos. En ese
sentido, esta investigación plantea un proceso de entrevistas a profundidad a
un grupo de tres expertos, sobre el proceso vital en la gestión educativa y la
calidad en el marco de la sostenibilidad ambiental.
5. Resultados y discusión
La
presente estrategia tiene por norte, servir como instrumento de validez a
efectos de otorgar el carácter científico que la presente investigación
requiere. En tal sentido, mediante la estructura a continuación se demuestra cómo
se realizaron una serie de entrevistas a profesionales calificados en el área
de la educación, cada uno en el ejercicio de roles y funciones diferentes. A continuación, se muestra
un análisis de los diversos aportes en líneas generales realizados por los
expertos entrevistados:
5.1. Experto 1
a.
¿A quién considera corresponde la administración del proceso de calidad en el
sistema educativo colombiano?
La
educación es un medio social, el cual permite la transmisión de conocimiento en
diversas áreas de la vida; con lo cual, es menester que sea un cúmulo de
actores los que intervengan en el desarrollo de tal proceso, sea el Estado con
sus órganos, el sector privado, cuerpos eclesiásticos, organizaciones no
gubernamentales, entre otros.
b.
¿Cuál es el rol del Estado en la gestión de calidad del sistema educativo?
El
Estado, como entidad máxima deberá ser el principal garante de que las
políticas públicas en materia educativa se cumplan, y no queden únicamente en
letra muerta, es decir, que todo un bagaje de normas establezca postulados
regulatorios, pero en la realidad, no se materialicen mediante hechos reales y
palpables.
c.
¿Considera relevante la coordinación entre agentes protagonistas en el
sistema educativo, como parte clave en la gestión de calidad?
En
efecto. Todo proceso educativo necesita de la participación de varios agentes,
y además de ello, esa participación debe ser mancomunada, con lo cual, no pueden
subsistir unos sin los otros.
d.
¿Cómo es el proceso de vinculación de la sostenibilidad ambiental desde la
calidad educativa?
Este
proceso, se desarrolla desde los llamados Objetivos del
Desarrollo Sostenible, los cuales involucran un grupo de 17 metas de la
humanidad para el logro de la sostenibilidad. Esto actualmente se ejecuta desde
las instituciones de educación superior.
5.2.
Experto 2
a.
¿A quién considera corresponde la administración del proceso de calidad en el
sistema educativo venezolano?
El
Estado como garante de los derechos de toda persona dentro de su territorio
debe ser, quien administre todo lo concerniente al proceso de calidad, con lo
cual, recae en manos de los actores de gobierno la gerencia del sistema
educativo.
b. ¿Cuál
es el rol del Estado en la gestión de calidad del sistema educativo?
Ser
el encargado de gerenciar todo lo referente al sistema educativo, entiéndase
administración, coordinación, planificación y estructura, de todos los niveles
académicos.
c. ¿Considera
relevante la coordinación entre agentes protagonistas en el sistema educativo,
como parte clave en la gestión de calidad?
Puede
ser un punto clave, pero, en manos del Estado recae todo el peso de la administración
y control del sistema educativo. En tal sentido, aquellos agentes externos, sea
sector privado u organizaciones sin fines de lucro que quieran participar,
servirá como colaboración a la actividad estadal.
d. ¿Cómo
es el proceso de vinculación de la sostenibilidad ambiental desde la calidad
educativa?
Este
proceso, se realiza hoy en día desde la vinculación de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible en las instituciones de educación superior, desde los planes de
desarrollo institucional, donde se organizan los diversos proyectos para
encaminar a las Instituciones de Educación Superior hacia la calidad académica
con base al desarrollo sostenible.
5.3. Experto 3
a.
¿A quién considera corresponde la administración del proceso de calidad en el
sistema educativo venezolano?
A
cada uno de los actores que integran todo el proceso de educación, desde los
más altos a nivel gubernamental, como cada docente en aula impartiendo conocimiento
a sus alumnos, es una responsabilidad escalonada en todos los niveles.
b.
¿Cuál es el rol del Estado en la gestión de calidad del sistema educativo?
Velar
por el fiel cumplimiento de las normativas que se encuentran establecidas en
las distintas leyes y sancionar a aquellos que considere por la violación de estas.
c.
¿Considera relevante la coordinación entre agentes protagonistas en el
sistema educativo, como parte clave en la gestión de calidad?
Puede
servir como punto de inflexión para un mejor desarrollo, sin embargo, el hecho
de no participación no exime al Estado y demás órganos de cumplir con sus
funciones.
d.
¿Cómo es el proceso de vinculación de la sostenibilidad ambiental desde la
calidad educativa?
La
sostenibilidad ambiental, es hoy en día uno de los mayores tópicos para la
sociedad, por lo que está muy vinculada a lo que se denomina calidad educativa,
dicho proceso se hace desde el desarrollo universitario en la ejecución de los
proyectos de las mismas universidades.
Dado
los hallazgos de las distintas entrevistas, es de hacer notar la
corresponsabilidad que debe existir entre los actores del sector público, con
la finalidad de alcanzar los procesos de calidad en el sistema educativo. Al respecto,
Eslava (2015), considera la implementación de la política pública con
frecuencia como un “arte menor”, lo cual constituye la etapa durante la que se coloca
en marcha las diferentes actividades planificadas y resulta mucho más compleja
de lo que parece o de lo que los analistas de políticas muchas veces se
imaginan.
Sin
embargo, Espinosa (2011) afirma que esta es la fase en que se pone en marcha la
opción seleccionada, comprendida por las actividades desarrolladas hasta alcanzar
los efectos buscados por la intervención pública. En esta fase, se hace uso de
las estructuras institucionales, lo que quiere decir, que se necesita el apoyo
del recurso humano y económico para desarrollar la política o supervisar la
gestión privada. Por lo tanto, la implementación es un proceso de gran
complejidad puesto que involucra la intervención de muchos actores, lo que
dificulta la toma de decisiones y requiere de un monitoreo constante y de
coordinación entre todos ellos.
Para
Ruiz (2013), la implementación es la fase del ciclo de la política donde se
ejecutan las acciones o los programas públicos; es decir, donde se llevan a
cabo las acciones programadas y donde se logra un impacto sobre el entorno social.
En ella, una política pública desarrolla su carácter como foro de negociación. Asimismo,
Ruiz (2013) afirma, que la fase de implementación de una política pública
supone siempre un margen para la negociación de los actores implicados en el
proceso de acción pública. Es natural que exista una cierta distancia con
respecto a la decisión política formal de la que parte o inicia. Sin embargo,
el desajuste que se da en el caso de la gestión educativa como proceso de alta
calidad entre los objetivos y la implementación de estos, obedece a esas dinámicas
de negociación y conflicto entre los agentes en interacción en las diferentes
fases del ciclo de la gestión educativa como proceso de alta calidad.
Conclusiones
En tal sentido, se puede connotar la
corresponsabilidad que debe existir entre los actores del sector público
(Estado-Gobierno) para el logro de los efectivos procesos de calidad en el
sistema educativo. Por otra parte, puede que la
gestión de parte de sectores privados incentive el mejoramiento de la calidad
educativa, sin embargo, ello no es limitante para la gestión, coordinación y
planificación de parte del Estado en el fiel cumplimiento de las disposiciones
normativas y administrativas del sector educativo.
Es
por ello, que la implementación de la política pública frecuentemente compone
la etapa en la cual se coloca en marcha las distintas actividades que se planifican
y que permiten alcanzar los objetivos trazados por la intervención; haciendo uso de las estructuras institucionales, apoyándose
en el recurso humano así como económico, con la finalidad de desarrollar la
política o supervisar la gestión privada.
En este sentido, se
evidencia que la implementación resulta un proceso complejo, que involucra la
intervención de muchos actores, dificultando la toma de decisiones y demandando
un monitoreo constante y de coordinación entre todos estos. Además,
en esta fase se desarrollan las acciones programadas con las cuales se logra un
impacto sobre el entorno social.
De
igual manera, las dinámicas de negociación y conflicto entre los agentes en
interacción en las diversas fases del ciclo de la gestión educativa como
proceso de alta calidad, conlleva a desacuerdos entre los objetivos y la
implementación de los mismos. En ese sentido, se considera fundamental
reconocer como el proceso llevado actualmente por parte de las instituciones de
educación superior, abre las puertas hacia la cohesión entre los procesos
educativos de las entidades universitarias y la puesta en marcha de políticas
encaminadas hacia la sostenibilidad ambiental en el marco de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
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* Doctora
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Colombia. E-mail:
silvanabotero@mail.uniatlantico.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7568-6121
** Magister
en Desarrollo Sostenible. Docente de la Universidad de la Costa, Colombia. E-mail: fatencia1@cuc.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7018-5050
*** Magister
en Educación. Docente de la Corporación Universitaria Latinoamericana, Colombia.
E-mail:
jtafur@ul.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7327-5238
**** Magister en Sistemas de Gestión. Docente de la
Universidad del Atlántico, Colombia. E-mail: hugohernandezp@mail.uniatlantico.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3873-0530
Recibido: 2020-12-02 · Aceptado: 2021-02-21