Revista de Ciencias Sociales (RCS) Vol. XXIII, No. 4, Octubre-Diciembre 2017, pp. 53-64
FCES - LUZ ● ISSN 2477-9431
Resumen
Las reformas políticas nacionales implementadas para establecer a la minería metálica a inicios de siglo suscitaron una serie de impactos multidimensionales en Ecuador. El objetivo de este artículo es analizar estas políticas mineras y sus repercusiones en el campo económico y social durante el periodo 2000-2006. Para ello, se realizó un estudio documental-descriptivo de los impactos económicos y sociales suscitados a través del análisis a las reformas en la Ley Trole 2, la estadística sectorial del Banco Central del Ecuador y de entrevistas con autoridades locales. Los resultados demuestran que las políticas implementadas no cumplieron con los propósitos planteados en principio, más bien, en la praxis fueron contradictorias con el discurso de reactivar la economía del Ecuador y, a nivel social, se establecieron como dinamizadores de la conflictividad social. Se concluye que el análisis histórico de los impactos de las políticas que buscan una economía dependiente de sus recursos naturales, debería servir para mantener la exigencia de cambios políticos en favor de un nuevo tipo de gobernanza entre lo estatal y lo local.
Palabras clave: Política nacional de desarollo; industria minera; impactos económicos y sociales; ecología; Ecuador.
* La financiación para realizar esta investigación proviene de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE). Agradecimiento a la dirección de investigación de la PUCESE y a los revisores anónimos por sus comentarios que ayudaron a mejorar la calidad del artículo.
Recibido: 2017–06-17 · Aceptado: 2017-09-29
Economic and social impacts of national mining policies in Ecuador (2000-2006)
Abstract
The national political reforms implemented to establish metallic mining at the beginning of the century caused a series of multidimensional impacts in Ecuador. The aim of this article is to analyze these national mining policies and their repercussions in the economic and social field during the period 2000- 2006. For this, a documentary-descriptive study of the economic and social impacts caused by the analysis of the reforms in the Trole 2 Law, the sectoral statistics of the Central Bank of Ecuador and interviews with local authorities was carried out. The results show that the implemented state policies did not fulfill the proposed goals, rather, in praxis they were contradictory with the discourse of reactivating Ecuador’s economy and, at a social level, they established themselves as dynamizers of social unrest. It is concluded that the impacts of policies that seek an economy dependent on their natural resources, should serve to maintain the demand for political changes in favor of a new type of governance between state and local.
Keywords: National development policy; mining industry; economic and social impacts; ecology; Ecuador.
Introducción
Durante el periodo político de Rafael Correa (2007-2017), los conflictos mineros en Ecuador escalaron hacia niveles de protesta que, en la mayoría de casos, se manifestaron a través de medidas radicales. Sobre esto, el expresidente señalaba que las políticas implementadas en gobiernos anteriores eran las causales heredadas de estos eventos que, además, reforzaban el debate histórico sobre la incapacidad de representación y solución política de las reinvindicaciones sociales por parte de las instituciones públicas del país. Así, mientras que, por un lado, los actores que rechazaban el desarrollo de la minería metálica demandaban cambios en la estructura político- económica, por otro lado, el gobierno central continuaba implementando y acentuando aún más las políticas extractivistas, prolongando así, tanto la dependencia del país en el sector primario (Acosta, 2012; Alvarado et al., 2017), como sus impactos sociales.
En este contexto, las dinámicas de este tipo de conflictos, así como sus consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales, han sido temas centrales en la literatura de la ecología política de los últimos años (Haslam y Ary, 2016; Latorre, 2012; Ponce, 2013; Sánchez et al., 2016; Tetreault, 2013; Triscritti, 2013; Walter et al., 2016;
Warnaars y Bebbington, 2014; Warnaars, 2012). Sin embargo, a pesar de la importancia creciente de analizar los elementos que históricamente han contribuido a profundizar estos conflictos, especialmente en Ecuador, un país relativamente nuevo en el campo del desarrollo minero a gran escala, la mayoría de los estudios se han enfocado en analizar los discursos empleados por los actores que se han movilizado en rechazo a este tipo de actividades (Alvarado, 2016; Jenkins y Rondón, 2015; Kuhn, 2011; Rodríguez, 2016). Por su parte, las escasas investigaciones que han prestado atención a los elementos históricos que han suscitado conflictos mineros se han limitado a comprenderlos desde lo local (Avci, 2015; Jenkins y Rondón 2015; Kuhn, 2011).
El objetivo de este artículo es analizar la política estatal minera del Ecuador, específicamente la Ley para la promoción de la inversión y participación ciudadana, también conocida como Ley Trole II, y sus repercusiones en el campo económico y social. Específicamente, este estudio se centra en el segundo periodo de desarrollo del modelo minero industrial, esto es entre 2000 y 2006 (ver Acosta, 2009 para una lectura detallada de los periodos de desarrollo de la minería en el Ecuador).
De la teoría del riesgo al saber ambiental
El aumento de las fuerzas productivas y la materialidad en la sociedad moderna han suscitado que la noción de riesgo ya no sea vista como propia del sujeto. De hecho, Beck (2006) la presenta como una percepción contemporánea, tanto colectiva como catastrófica, que resulta en la imposibilidad del sujeto para elegir entre alternativas. En este contexto, sepodríaafirmarque, enlaactualidad, los riesgos se originan como consecuencia del desarrollo productivo, generando así un incremento en las circunstancias de peligro donde “la antigua estratificación social no es suficiente” (Korstanje, 2010: 276). Como consecuencia, el desarrollo productivista, vinculado a una cada vez mayor necesidad de consumo, ha originado una sociedad del riesgo, que a diferencia de la sociedad de la riqueza distribuye casi arbitrariamente riesgos entre los ricos y los pobres (Beck, 2006).
Así, cuando en esta sociedad contemporánea del riesgo intervienen factores, sobre todo políticos con fines económicos, que impactan el medio natural (ambiente) del que dependen las formas de vida y los saberes de comunidades (especialmente, campesinas y/o indígenas), Leff (2004) enfatiza que desde estas surge una racionalidad que cuestiona la desmedida economización del planeta, las desproporciones del pensamiento objetivo y utilitarista, y el derramamiento de la racionalidad “cosificadora”, la racionalidad ambiental. Entonces, se podría enfatizar que la transición hacia diferentes tipos de racionalidades (económica, social y ambiental) estaría marcada por elementos que provienen desde acciones políticas, en el caso de las sociedades latinoamericanas modernas, desde aquellas que surgen del modelo político de los gobiernos centrales.
Metodología
El diseño establecido para esta investigación, atendiendo a una perspectiva mixta, tuvo un carácter documental-descriptivo
que se complementó con un trabajo de campo. Así, en primer lugar, se analizaron las reformas al sector minero que se llevaron a cabo por medio de la Ley para la promoción de la inversión y participación ciudadana (Ley Trole
II) del 2000. Este análisis permitió comprender los impactos sociales y económicos derivados directamente desde las acciones políticas. En segundo lugar, para comprender si esta política había suscitado impactos en la economía de Ecuador se examinó la evolución del aporte minero al PIB, el peso de la inversión extranjera directa (IED) en este sector, y las principales exportaciones mineras a partir de las cifras proporcionadas por el Banco Central del Ecuador (2012, 2010, 2007).
Tercero, para comprender los impactos que el desarrollo de la minería a gran escala ha generado, y continua generando hasta la actualidad, se realizaron entrevistas semiestructuradas, previamente validadas por dos expertos, entre marzo y abril de 2016, con autoridades políticas de Azuay (la Viceprefecta y el Presidente de la parroquia Victoria del Portete), una provincia claramente marcada por el desarrollo de este tipo de actividades. Según los planteamientos metodológicos de Bell (2015), la información de este tipo de actores puede considerarse representativa de grandes grupos sociales. En específico se indagó: ¿cuál había sido la posición que éstos habían tomado ante las políticas nacionales mineras? ¿Qué otras alternativas habían sido planteadas para el desarrollo territorial de este territorio? ¿Cuáles habían sido los impactos sociales que estas políticas habían potenciado en esta provincia?
Resultados y discusión
Reformas del gobierno central al sector minero del Ecuador
En medio de vicisitudes en la coyuntura política, social y económica del país que la crisis financiera de fines de los noventa había heredado (Acosta, 2012; Alvarado, 2014), durante el periodo 2000-2006, los gobiernos de Ecuador continuaron un proceso que se había
propagado por toda la región desde la década de los ochenta y noventa: ofrecer los recursos mineros del país a capitales extranjeros interesados en desarrollar esta actividad extractivista. En este sentido, se puede observar la experiencia de varios países de la región, como por ejemplo Argentina (Girado, 2013) Perú y Chile (Svampa y Sola, 2010) que, durante la década de 1990, decretaron varias leyes que favorecían a las inversiones extranjeras para el sector de la minería.
Este proceso, no obstante, respondía a las recomendaciones de instituciones financieras internacionales (IFI) - como por ejemplo, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) - que vieron a la minería metálica como una de las alternativas más viables para atraer inversión privada extranjera y estimular el crecimiento económico (Kuecker, 2007; Onorato et al., 1998). Estas recomendaciones, además de incentivar a una drástica reducción del gasto estatal y la privatización de recursos estratégicos, formaban parte de un programa de políticas que condicionaban al país para recibir préstamos de estos organismos.
En este marco, el 18 de agosto del 2000, el gobierno de Gustavo Noboa promulgó la Ley para la promoción de la inversión y participación ciudadana, también conocida como la Ley Trole II, elaborada por el Consejo Nacional de Modernización del Estado (CONAM). Esta ley estableció reformas, entre otras, a la Ley 126 o Ley de minería, con el objetivo, según sus ideólogos, de impulsar los cambios necesarios para la modernización del país por medio de nuevas reformas jurídicas que permitirían atraer inversiones para generar productividad y, además, reactivar la economía del país (Posso, 2013).
Sin embargo, las reformas en la Ley Trole II profundizaron aún más la visión de las IFI que favorecía al capital financiero internacional, lo que a su vez debilitó el capital social e impactó el equilibrio ambiental del país. Es así que, con el fin de atraer inversión extranjera como una “condición casi sine qua non” para alcanzar el desarrollo del país (Acosta, 2009: 98), esta Ley se destacó,
especialmente, por la flexibilidad fiscal—un elemento que, al igual que en otros países que buscan captar IED, es necesario para el incentivo de los agentes económicos— la flexibilidad ambiental, y la expansión de la frontera extractiva-minera.
Efectivamente, al analizar el discurso de reactivar la economía del Ecuador se observa que, en realidad, los beneficios fiscales otorgados a las grandes compañías mineras internacionales fueron contradictorios en la praxis. En este marco, las regalías que imponían un pago del 3% sobre la producción bruta se suprimieron; además, se exoneró del pago de gravámenes por importación de maquinarias y por la exportación de recursos minerales. Al respecto, es importante mencionar que al igual que en Ecuador, esta medida se aplicó en varios países de la región que procuraban captar IED, como por ejemplo Argentina o México (Girado, 2013; Tetreault, 2013). Así, esta competencia libre mercadista generada en América Latina podría explicar la subordinación del Estado ante los capitales internacionales.
Por otra parte, del análisis de las reformas en materia ambiental, se observa que las reformas de la Ley Trole II privilegiaron la lógica técnica y económica por sobre los estudios de impacto ambiental. Es así que, con el objetivo de modernizar al Estado y conseguir un nivel de desarrollo superior, la valoración económica primó por sobre el medio ambiente. Esto se puede evidenciar como resultado de la derogación de varios artículos en la ley minera, por ejemplo: se derogó tanto el artículo 101 para impedir que el deterioro del sistema ecológico fuera fundamento para extinguir una concesión, así como el artículo 105 que establecía como causal de caducidad el deterioro al medioambiente. Asimismo, los estudios de impacto ambiental fueron una formalidad, ya que en la praxis esquivaron las medidas de protección ambiental y, de hecho, se expandió la frontera de exploración a zonas ambientalmente frágiles.
Sobre esto, el exministro de Energía y Minas (enero-junio 2007), Alberto Acosta, llegaría a referirse así años más tarde: “Los estudios de impacto ambiental, si los había,
eran menos que mediocres y se los hacía simplemente para cumplir con el trámite burocrático” (Acosta, 2009: 96). La expansión de la frontera extractivista-minera, al igual que en países como Perú y Argentina, fue considerado parte de un modelo nacional de desarrollo (Svampa y Sola, 2010). Así, en Ecuador se incluyó hasta un 20% del territorio nacional, entre ellos: territorios indígenas, zonas de vestigios arqueológicos, regiones de bosques protectores, tierras agrícolas y hasta zonas protegidas (Acosta, 2009). Esto, como resultado de la abolición del artículo 87 de la Ley de Minería que establecía la protección del patrimonio forestal del país, así como de las áreas protegidas, y la utilización, en estos territorios, de sistemas de explotación subterránea con los menores números de zonas de ingreso, con el objetivo de disminuir los pasivos ambientales.
En este contexto, la capacidad de negociación de Ecuador ante las compañías mineras transnacionales no solo perdió peso con la permisividad de la Ley Trole II, sino que esto suscitó, al igual que en otros países latinoamericanos con minería en gran escala, el desarrollo de conflictos socioambientales. Así, esto reafirmaría los planteamientos de Triscritti (2013) cuando plantea a la minería en gran escala como un detenonante de conflictos, especialmente, en países en desarrollo.
Aporte de la minería a la economía del Ecuador
Antes de iniciar este apartado, es
importante señalar que la minería en gran
escala en el país, durante el periodo en estudio, se encontraba en fase de exploración. La minería industrial en el Ecuador, no obstante, tuvo un periodo de desarrollo que se extendió desde finales del siglo XIX, hasta la primera mitad de este siglo XXI en las minas de Portovelo en Zaruma, y fueron llevadas a cabo por la South American Development Company hasta su retiro del país debido a presiones políticas nacionalistas. En este sentido, el análisis aquí presentado hace alusión sobre todo a la minería en pequeña y mediana escala. Se considera que ésta información se vuelve relevante a la hora de comprender, primero, la historia de esta actividad extractivista en el Ecuador, y segundo, el peso que esta tuvo para el país en términos económicos.
Así pues, en la Figura I se observa que el aporte del sector minero (específicamente, explotación de minas y canteras) en el Ecuador, durante el periodo 2000-2006, no fue representativo como porcentaje del PIB, alcanzando apenas 0,29% en promedio. Es importante señalar que, como un dato relevante a la hora de analizar la contribución de este sector a la economía del país, dentro de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador, institución oficial encargada de presentar las estadísticas, no se hace distinción en el rubro de explotación de minas y canteras de la explotación de los metales preciosos, los materiales explotados para construcción que realizan los gobiernos locales, ni de la extracción de sal (Acosta, 2009).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central del Ecuador (2012).
Figura I
Promedio de aportación al PIB por industria, 2000-2006 (miles de dólares de 2007)
En lo que se refiere al sector externo, las exportaciones mineras que destacaron durante este periodo fueron, particularmente, los concentrados de oro y plata, y los de plomo y cobre. No obstante, los primeros (oro y plata) fueron los que predominaron en términos
monetarios —todo esto en medio de un crecimiento sostenido de los precios de estos commodities en el mercado internacional—, a pesar de que sus exportaciones en toneladas fueron decreciendo paulatinamente (Figura II).
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central del Ecuador (2010).
Figura II
Exportaciones mineras: A) Concentrado de oro y plata, B) Concentrado de plomo y cobre
Para comprender el peso de la minería dentro del análisis económico del Ecuador, otro elemento relevante es la inversión extranjera directa, un componente de envergadura dentro del sector externo. En este sentido, es preciso enfatizar que aunque la inversión en este sector ha sido generalmente de carácter privado, los estudios previos para la generación de información minera fueron realizados por empresas estatales ya desaparecidas (Varela, 2010), en muchos casos, mediante la financiación de organismos financieros, como por ejemplo el Banco Mundial. Solo por mencionar uno de los casos más paradigmáticos, el Proyecto para el Desarrollo Minero y Control Ambiental (Prodeminca) se destacó. Esto, debido a que
generó información minera que luego fue proporcionada a las compañías mineras como un incentivo para ahorrarles tiempo y dinero en la localización de los minerales.
De acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador (2007), la IED en explotación de minas y canteras, al igual que las exportaciones, durante el periodo 2000-2006, presentaron una tendencia de crecimiento que podría explicarse como producto de la recuperación del dinamismo económico de este sector a nivel mundial (Figura III). Sin embargo, cabe precisar que debido a la supresión de las regalías, los créditos obtenidos beneficiaron mayoritariamente a las compañías privadas extranjeras.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central del Ecuador (2007).
Figura III
IED en explotación de minas y canteras y exportaciones mineras, 2000-2006
Impactos sociales de la megaminería en Ecuador como resultado de políticas estatales
El encadenamiento de la lógica desarrollista que los organismos financieros internacionales (especialmente el FMI y el BM) fomentaron con varios gobiernos del Ecuador que, desde los años noventa, vieron a la minería como una alternativa real para estimular el crecimiento económico y atraer inversión privada (Onorato et al., 1998), junto con el impulso de reformas pro- extractivistas, a través de la Ley Trole II, encaminaron al sistema político del país, como lo afirma Dávalos (2012), hacia un modelo de dominación política cada vez más autoritario, clientelar y panóptico . En consecuencia, se produjo un “fuerte resentimiento social” de la sociedad ecuatoriana hacia las instituciones políticas (Peña, 2012: 68).
En este marco, las reformas estatales enfocadas en el desarrollo de la minería suscitaron, por un lado, el resurgimiento de antiguos conflictos socioambientales, los mismos que en la década de los noventa tuvieron desenlaces favorables para las
comunidades que se oponían a la minería, como por ejemplo, el caso de Íntag al Norte del Ecuador (Avci 2015; Walter et al., 2016) y, por otro lado, se generaron nuevos casos de conflictividad, como por ejemplo, el caso de Kimsakocha (Alvarado, 2016; Rodríguez, 2016; Walter y Urkidi, 2015) o el de Río Blanco (Jenkins y Rondón, 2015), ambos en la provincia de Azuay.
En este caso, durante el período 2002-2006, el nivel de conflictividad fue incrementándose cada vez más, no obstante, la resistencia (denominada por sus propios actores como luchas populares) por parte de las comunidades afectadas por actividades extractivistas-mineras fue consolidándose en los territorios adyacentes a este tipo de emprendimientos. En este marco, y con el fin de comprender el impacto de esta actividad a nivel social, este artículo se centra y analiza el conflicto suscitado en la provincia del Azuay.
Azuay se opone al desarrollo de la minería en gran escala
Precisamente, uno de los casos más paradigmáticos de la expansión de la frontera
minera en Ecuador vinculada al aumento de la conflictividad y resistencia territorial durante el periodo en estudio, es el de la provincia de Azuay. La minería en esta provincia, al momento en que se suscitaron los conflictos relacionados con la minería en gran escala (durante el 2002) no era una actividad desconocida, más bien, esta había formado parte de su historia por varias décadas, sobre todo de manera artesanal, y conocían de los peligros inherentes a esta actividad.
En este sentido, a través de la entrevista a la Viceprefecta del Azuay es posible dar cuenta de los impactos sociales que la minería ha provocado en esta provincia:
“El oro ha sido el factor de atracción para problemas sociales complejos que están generalmente vinculados en todos los territorios mineros donde no ha habido una planificación, ni una decisión que vea a la industria minera con todas las problemáticas que puede traer: es una industria prioritariamente masculina, es una industria extractiva, es una industria de trabajo con unas implicaciones de riesgo laboral amplias. Esas condiciones [generan] una serie de factores que [conllevan a] problemas ambientales, problemas sociales de violencia, de degradación territorial por la ausencia de vida familiar”.
Las políticas nacionales enfocadas en el desarrollo de la minería suscitaron, además, una profunda alteración del equilibrio de poder que se dio en y entre las comunidades. En este sentido, estas políticas incentivaron la presencia de transnacionales mineras en comunidades campesinas-indígenas que, para legitimar su posición frente a estas, recurrieron a estrategias que debilitaron la cohesión social de las colectividades que rechazaban la minería. Así por ejemplo, uno de los argumentos más atractivos que las empresas mineras (junto con el Gobierno Central) utilizaron para persuadir a las comunidades fue el de los beneficios económicos que la industria minera deja para sus habitantes.
El desarrollo de esta actividad ha suscitado la división social de las comunidades, así como su preocupación por los posibles
desequilibrios ecológicos que podrían originarse. Además, la falta de respuestas a las reivindicaciones de estos actores por parte de las instituciones públicas continúa como un elemento que podría potenciar mayores conflictos sociales. Al respecto, la entrevista con el Presidente de la parroquia Victoria del Portete develó lo siguiente:
“[la minería es] un tema sumamente delicado, y yo tengo una población sumamente dividida: los unos son anti mineros, los otros son pro- minería. Lo que he pedido al Presidente de la República es justamente que no se pueda hacer minería en zonas vulnerables, y en la Constitución de la República lo dice. Lo que estamos peleando ahorita es más por la minería que está en una zona vulnerable, porque son páramos, son esponjas, son humedales de agua. Pedí ayuda a los ministerios pertinentes (el ministerio de minas y el ministerio del ambiente) para que me ayuden en este tema, pero no hay respuesta, simplemente evaden la responsabilidad”.
Es importante enfatizar, además, los impactos sociales que la valoración económica del Estado ha suscitado. Así, mientras que las poblaciones aledañas a emprendimientos mineros, generalmente campesinas-indígenas, presentan otro tipo de valoraciones con respecto a su territorio, como por ejemplo la cultural (representada a través de una cosmovisión indígena), la ambiental, o de desarrollo autónomo con actividades locales, el Estado ha señalado la importancia que tienen los recursos económicos y los empleos de esta actividad para alcanzar el desarrollo local y nacional. En este sentido, Svampa et al. (2009) afirman que este registro, tanto colectivo como simbólico, ha caracterizado a las comunidades campesinas-indígenas que han pugnado por conservar sus formas de vida tradicionales y alternativas.
Así, las políticas nacionales enfocadas en desarrollar a la minería en gran escala y la ausencia de soluciones por parte de las instituciones del Estado ante las progresivas demandas de las comunidades permitieron que la conflictividad social escalara a niveles de protesta que se manifestaronatravés de medidas
radicales contra el gobierno: movilizaciones masivas, cierre de vías, boicot de las elecciones presidenciales. Esto reafirmaría los planteamientos de Sánchez (2005: 57) sobre el decline de la conflictividad social y el auge de la protesta en Ecuador: “la protesta aparece como resultado de un desgaste de la conflictividad social, pero también en cuanto desgaste de la misma democracia, incapaz de representar políticamente las progresivas demandas y crecientes reivindicaciones de mayor participación social”.
Conclusiones
El objetivo de esta investigación ha sido analizar la política estatal minera del Ecuador, específicamente la Ley para la promoción de la inversión y participación ciudadana (2000), y sus repercusiones en el campo económico y social durante el periodo 2000-2006. En este sentido, se observa como las reformas implementadas a través de esta Ley tuvieron impactos multidimensionales (políticos, económicos, sociales, ambientales) en la sociedad ecuatoriana. Esto, a su vez, podría plantearse como una reafirmación de que el modelo político centralizado ha exacerbado mayores injusticias (sociales, ambientales, económicas) que logros y, por ende, esto implicaría la necesidad de transformar la estructura política del país. De hecho, si se puede observar los impactos de las políticas que buscan una economía dependiente de sus recursos naturales, no debería perderse de vista que los resultados del contexto histórico tienen que servir como base para mantener la exigencia de cambios políticos en favor de un nuevo tipo de gobernanza entre lo estatal y lo local y un nuevo modelo económico sustentable y sostenible.
En efecto, si bien las políticas implementadas durante este periodo tuvieron impactos relativamente positivos en términos macroeconómicos (IED y exportaciones), estos, en realidad, favorecieron principalmente a intereses extranjeros en detrimento de los nacionales. Al respecto, el análisis del contexto apunta como causa de este impacto hacia la
pérdida de la soberanía política como resultado de la implementación de las directrices de los organismos financieros internacionales. Entonces, no debería obviarse la necesidad de al menos minimizar los impactos negativos de estas políticas o tal vez incluso comenzar a desmantelar este sistema por completo.
Finalmente, es importante señalar que esta investigación tiene las siguientes limitaciones: el análisis de los indicadores económicos se centró principalmente en aquellos proporcionados por la estadística disponible del Banco Central del Ecuador y no presenta otros factores como el empleo generado por la actividad minera metálica producto de la IED y la balanza comercial minera, lo que puede sesgar el estudio. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, es importante destacar que, como investigación inicial y original, se logró develar resultados importantes que podrán servir como base para al análisis de futuros trabajos sobre la evolución del sector minero metálico y sus impactos multidimensionales en Ecuador.
Referencias Bibliográficas
Acosta, Alberto (2009). La Maldición de La Abundancia. Quito. Abya-Yala. Pp. 240.
Acosta, Alberto (2012). Breve Historia Económica Del Ecuador. Quito. Corporación Editora Nacional. Pp. 551.
Alvarado Vélez, Julio A. (2014). “Evolución macroeconómica del Ecuador: Un análisis de sensibilidad del sector externo”. Revista Economía y Negocios. Vol. 5, No. 2. Quito,
Ecuador. Pp. 5–15.
Alvarado Vélez, Julio A. (2016). “Movimientos sociales con racionalidad ambiental: El caso de Kimsakocha”. Revista Colombiana de Ciencias Sociales. Vol. 7, No. 1. Medellín, Colombia.
Pp. 80–95.
Alvarado Vélez, Julio A.; Vélez Bravo,
Gardenia P. y Mila Carvajal, Francisco (2017). “El sector primario:
¿Contribuye al crecimiento económico del Ecuador?” Revista Científica Hallazgos21. Vol. 2, No. 2. Esmeraldas, Ecuador. Disponible en: http://revistas. pucese.edu.ec/hallazgos21/article/ view/156. Consulta realizada el 21 de Julio de 2017.
Avci, Duygu (2015). “Mining conflicts and transformative politics: A comparison of Intag (Ecuador) and mount Ida (Turkey) environmental struggles”. Geoforum. Vol. 84, No. 1. Oxford,
UK. Pp. 316-325.
Banco Central del Ecuador (2007). Boletín Anuario No. 29. Disponible en: www. bce.fin.ec/index.php/component/k2/ item/776. Consulta realizada el 10 de Octubre de 2016.
Banco Central del Ecuador (2010). Índice del Boletín Anuario No. 32. Disponible en: https://www.bce.fin.ec/index.php/ component/k2/item/776. Consulta realizada el 10 de Octubre de 2016.
Banco Central del Ecuador (2012). Índice del Boletín Anuario No. 34. Disponible en: https://www.bce.fin.ec/index.php/ component/k2/item/776. Consulta realizada el 10 de Octubre de 2016.
Beck, Ulrich (2006). La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad. Barcelona. Paidós. Pp. 393.
Bell,Karen(2015).“Canthecapitalisteconomic systemdeliverenvironmentaljustice?”. Environmental Research Letters. Vol, 10, No. 1. United Kingdom. Disponible en: http://iopscience. iop.org/article/10.1088/1748- 9326/10/12/125017#citations. Consulta realizada el 21 de Agosto de 2017.
Bustamante, Teodoro y Lara, Romel (2010). El Dorado o La Caja de Pandora: Matices Para Pensar La Minería En
Ecuador. Quito. FLACSO. Pp.145.
Dávalos, Pablo (2012). Los movimientos sociales en el posneoliberalismo: De la resistencia a la esperanza. Disponible en: https://lalineadefuego. info/2012/03/30/los-movimientos- sociales-en-el-posneoliberalismo- de-la-resistencia-a-la-esperanza-por- pablo-davalos/. Consulta realizada el 10 de Octubre de 2016.
Girado, Agustina (2013). “Minería y conflicto social en la Provincia de Buenos Aires”. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. Vol. 6, No. 14. Quito, Ecuador. Pp. 48–68.
Gudynas, Eduardo (2015). “Extractivismos en América del Sur y sus efectos derrame”. Boletín. Vol. 2015, No. 76. Ginebra, Suiza. Pp. 13–23.
Haslam, Paul Alexander y Ary Tanimoune, Nasser (2016). “The determinants of social conflict in the Latin American mining sector: New evidence with quantitative data”. World Development. Vol. 78, No. 1. Reino
Unido. Pp. 401–419.
Jenkins, Katy y Rondón, Glevys (2015). “Eventually the mine will come’: Women anti-mining activists’ everyday resilience in opposing resource extraction in the Andes”. Gender & Development. Vol. 23, No.
3. United Kingdom. Pp. 415–31.
Korstanje, Maximiliano (2010). “Reseña de ‘La Sociedad del Riesgo: Hacia una nueva modernidad’ de Beck, Ulrich”. Economía, Sociedad y Territorio. Vol. 10, No. 32. México. Pp. 275–81.
Kuecker, Glen David (2007). “Fighting for the Forests”. Latin American Perspectives. Vol. 34, No. 2. California, USA. Pp. 94–107.
Kuhn, Rosie (2011). No todo lo que brilla es
oro : Conflictos socio ambientales
alrededor de dos proyectos de minería a gran escala en el Ecuador. Tesis de maestría. Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. Pp. 89.
Latorre Tomás, Sara (2012). “El movimiento ecologista popular anti-minero en el Ecuador”. Ecuador Debate. No. 87. Quito, Ecuador. Pp.123–146.
Leff, Enrique (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza. México. Siglo XXI Editores. Pp.509.
Onorato, William; Fox, Peter y Strongman, John (1998). World bank group assistance for minerals sector development and reform in member countries. World bank technical paper No. 405. Disponible en: www. wds.worldbank.org/external/default/ WDSContentServer/WDSP/IB/19 99/09/10/000009265_398062414
3657/Rendered/PDF/multi_page. pdf. Consulta realizada el 12 de Mayo de 2016.
Peña y Lillo, Julio (2012). “Estado y movimientos sociales: Historia de una dialéctica impostergable”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 16, No. 44. Quito, Ecuador. Pp. 67–83.
Ponce García, Andrea (2013). “Ecología política y minería a gran escala. Estudio de caso del proyecto ‘Mirador’, Ecuador”. En G. C. Delgado Ramos (Ed.). Ecología política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y justicia socioambiental. Buenos Aires. CLACSO. Pp. 233–250.
Posso Zumárraga, Manuel (2013). La Ley Trole II y sus implicaciones jurídicas, económicas y sociales. Disponible en: www.derechoecuador.com/articulos/ detalle/archive/doctrinas/derecholeg islativoyparlamentario/2005/11/24/ la-ley-trole-ii-y-sus-implicaciones- juriacutedicas-econoacutemicas-y- sociales. Consulta realizada el 12 de
Mayo de 2016.
Rodríguez, Denisse (2016). “Experiencias comunitarias de gobernanza ambiental: El caso de Kimsakocha”. En P. Andrade Andrade (Ed.). La gobernanza ambiental en Ecuador. Quito, Corporación Editora Nacional. Pp. 133–148.
Sánchez-Parga, José (2005). “Del conflicto social al ciclo político de la protesta”. Ecuador Debate. No. 64. Quito, Ecuador. Pp. 49–72.
Sánchez-Vásquez, Luis; Espinosa, María Gabriela y Beatriz Eguiguren, María (2016). “Perception of socio- environmental conflict in mining areas: The case of the mirador project in Ecuador”. Ambiente & Sociedade. Vol. 19, No. 2. Sao Paulo, Brasil. Pp. 23–44.
Svampa, Maristella; Bottaro, Lorena y Sola Álvarez, Marian (2009). “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto: modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes”. En M. Svampa y M. Antonell (Eds.). Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires. Biblos. Pp. 29–50.
Svampa, Maristella y Sola Alvarez, María (2010). “Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: Los marcos de la discusión en la Argentina”. Ecuador Debate. Vol. 2010, No. 79. Quito, Ecuador. Pp.105–26.
Tetreault, Darcy (2013). “La megaminería en México. Reformas estructurales y resistencia”. Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. Vol. 6, No. 14. Quito, Ecuador. Pp. 214–231.
Triscritti, Fiorella (2013). “Mining, development and corporate- community conflicts in Peru”. Community Development Journal.
Vol. 48, No. 3. Oxford, UK.
Pp. 437–450.
Varela, Marcelo (2010). “Las actividades extractivas en Ecuador”. Ecuador Debate. No. 79. Quito, Ecuador. Pp. 127–150.
Walter, Mariana; Latorre Tomás, Sara; Munda, Giuseppe y Larrea, Carlos (2016). “A social multi-criteria evaluation approach to assess extractive and non- extractive scenarios in Ecuador: Intag case study”. Land Use Policy. Vol. 57, No. 30. Holanda. Pp. 444–458.
Walter, Mariana y Urkidi, Leire (2015). “Community mining consultations in Latin America (2002-2012): The contested emergence of a hybrid institution for participation”. Geoforum. Vol. 84, No. 1. Oxford,
UK. Pp. 265-279.
Warnaars, Ximena y Bebbington, Anthony (2014). “Negotiable differences? Conflicts over mining and development in South East Ecuador”. En E. Gilberthorpe y G. Hilson (Eds.). Natural resource extraction and indigenous livelihoods: development challenges in an era of globalisation. Inglaterra. Ashgate. Pp. 109–128.
Warnaars, Ximena S. (2012). “Why be poor when we can be rich? Constructing responsible mining in El Pangui, Ecuador”. Resources Policy. Vol. 37, No. 2. United Kingdom. Pp. 223–32.
Vol. XXIII, No. 4
Esta revista fue editada en formato digital y publicada en diciembre del 2017, por la Universidad del Zulia, Vicerrectorado Académico, Serbiluz - Fondo editorial,
Maracaibo -Venezuela.
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