Inserción social de desmovilizados: Una percepción de la sociedad colombiana

Rubio-Rodríguez, Gustavo Adolfo*

Rodríguez Barrero, Mario Samuel**

Moreno Espinosa, Merbid Lorena***

Resumen

La conquista por lograr la paz en Colombia es la apuesta en la que convergen los sectores de su colectividad; por tanto, las empresas públicas y privadas esperan asumir la responsabilidad de diseñar y desplegar programas de reintegración social y económica, en favor de quienes han sido parte del conflicto armado en este país. El objetivo de este trabajo consiste en analizar la percepción que asume la sociedad frente a los desmovilizados y su inclusión en el sector empresarial, habida cuenta que actualmente existe una elevada cantidad de esta colectividad en búsqueda de la reincorporación a la vida civil. La investigación se desarrolló bajo un enfoque de corte cualitativo y cuantitativo. La población objeto de estudio estuvo constituida por ٢٧٩.٥٥٢ habitantes entre los ١٩ a ٥٩ años de edad, ubicados en la zona urbana de la ciudad de Ibagué, Colombia. Los hallazgos han detectado la presencia de aversión hacia el desmovilizado y su posible vinculación laboral. Como conclusión, se constata que las políticas públicas en materia económica procedentes del gobierno colombiano, deben fortalecer las relaciones tradicionales de discrepancia en la sociedad colombiana, en razón a que sus decisiones residen en las disconformidades sociales.

Palabras clave: Reinserción en Colombia; incorporación social; incorporación laboral, desmovilizados; conflicto armado.

Social integration of demobilized persons: A perception of colombian society

Abstract

The conquest to achieve peace in Colombia is the bet in which the sectors of their community converge; therefore, public and private companies expect to assume the responsibility of designing and deploying programs of social and economic reintegration, in favor of those who have been part of the armed conflict in this country. The objective of this work is to analyze the perception that society assumes vis-à-vis the demobilized and their inclusion in the business sector, given that there is currently a large amount of this collectivity in search of reincorporation into civil life. The research was developed under a qualitative and quantitative approach. The population studied was constituted by ٢٧٩,٥٥٢ inhabitants between the ages of ١٩ and ٥٩, located in the urban area of the city of Ibagué, Colombia. The findings have detected the presence of aversion towards the demobilized and their possible employment relationship. In conclusion, it is noted that the public policies in economic matters from the Colombian government, should strengthen the traditional relations of discrepancy in Colombian society, because their splits reside in social disconformities.

Keywords: Reinsertion in Colombia; social incorporation; labor incorporation; demobilized; armed conflict.

Introducción

Son varias las acepciones que se le han atribuido al termino desmovilizado, esto depende del contexto desde donde se revise; cada quién cuenta con su propia descripción. Probablemente la de la Real Academia de la Lengua Española tiene poco en común con la del Gobierno, y esta a su vez es distinta a las de las ONG (Revista Semana, 2005); sin embargo, en Colombia fue expedido el Decreto 128 de 2003, el cual reglamenta la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil, y define este concepto como: “aquel que por decisión individual abandone voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es grupos guerrilleros y de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la República”.

Los desmovilizados en Colombia han transigido con el gobierno un proceso concebido dentro de un escenario de múltiples incertidumbres; por tanto, la dejación de las armas se ha presentado paulatinamente. Según Forero (2016:18), “entre los años 2003 y 2016 se desmovilizaron 57.923 miembros de organizaciones ilegales. El mayor pico de entregas se dio entre 2005 y 2006, que fue cuando se culminó el proceso de abdicación de armas por parte de los paramilitares”.

Es vinculante mencionar, que una de las características del proceso con los desmovilizados consiste en que éste ha contribuido a desmembrar la estructura guerrillera desde su cimiento; pero, al mismo tiempo, varios de los desmovilizados se han erigido como informantes que confieren revelaciones de alto valor para hacer frente a aquellos hechos no declarados por las guerrillas. De este modo se ha conseguido reducir el pie de fuerza de los colectivos al margen de la ley (Macías et al., 2018).

De otra parte, el gobierno colombiano continúa realizando acercamientos con los grupos guerrilleros para que se desmovilicen en su totalidad y se reintegren a la sociedad. Para mencionar los acuerdos más recientes, se encuentra el firmado con los paramilitares por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (Rendón, 2018), y el gobierno saliente del expresidente Juan Manuel Santos Calderón firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) (Palomino y Lafuente, 2016), un grupo guerrillero que por más de medio siglo estuvo en conflicto con el Estado, generando desplazamientos, secuestros, extorsiones, masacres y miedo en la población civil, al igual que los demás actores armados (Torres, 2016).

Como en incontables conflictos, los más afectados son los ciudadanos, principalmente de las zonas rurales, pueblos y territorios sometidos a opresión, por ello, a los acuerdos con las FARC y al diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se espera prorrumpa un compromiso que facilite el fin de las guerrillas más representativas en el territorio colombiano. Estos acuerdos se adscriben en la desmovilización y reintegración de los excombatientes a la sociedad, por medio de amnistías, indultos, apoyos económicos y otros beneficios, que sitúan en desventaja a los ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas que no han estado en la guerra, y que no han recibido asistencia socioeconómica por parte del Estado.

No obstante, las injusticias perpetradas por los insurgentes genera en un sinnúmero de ciudadanos la dificultad para admitir a los exguerrilleros como sus compañeros, colegas, vecinos y formando parte de la sociedad (Quintanar y López, 2016), lo cual puede ser una de las lecturas que facilite el resultado del referendo celebrado el día 2 de octubre de 2016, en donde se evidenció una sociedad dividida; un 50% de los votantes apoyaron el acuerdo de paz con las Farc-EP y otro 50% no lo apoyó, aunque en esto intervinieron otros factores que no hacen parte de este análisis, pues el propósito de este trabajo investigativo se centra en conocer si la sociedad está preparada para acoger a los desmovilizados y hacerlos parte del tejido empresarial y de la sociedad civil colombiana.

Para cumplir con el objeto de estudio, se tomó como unidad de análisis el departamento del Tolima - Colombia, cuya población concentra 279.552 habitantes comprendidos entre un rango de edad de los 19 a 59 años. La muestra representativa derivada de esta población, permitió conocer la visión que ésta asume acerca del posconflicto colombiano, respecto al número de excombatientes que posibilitan su incorporación a la sociedad civil, en el entendido que vincular desmovilizados podría afectar al ambiente laboral, pero el rechazarlos puede generar nuevas formas de violencia, como producto de la discriminación, rechazo y falta de oportunidades (Ceballos, 2016).

Este trabajo emana de un proceso investigativo cuyo fundamento teórico se apoya en aquellas peculiaridades que exterioriza la guerra y las oportunidades de acceso al mercado laboral por parte de los desmovilizados. La metodología de la investigación corresponde a un enfoque mixto, dado que reúne, analiza, integra y discute datos cuantitativos y cualitativos. Finalmente, se presentan los resultados y las conclusiones, donde se deja ver la posición que adopta la sociedad frente a las posibilidades de reinserción de los desmovilizados, habida cuenta que la violencia en Colombia se enmarca bajo un enfoque social, debido al alto alcance que ha derivado sobre disimiles colectivos.

1. Acerca de la guerra y sus consecuencias

En el siglo pasado, aproximadamente en la década del 30, dos transcendentales científicos, uno de las ciencias físicas y otro de las ciencias humanas, se cuestionaban acerca de lo que se podía hacer en favor de la humanidad frente a las devastaciones que generaba la guerra. El primero, Albert Einstein, preguntaba:

“¿Es tal la capacidad de odiar y destruir de la humanidad que permite que una minoría dominante y egoísta manipule masas irracionales al punto de desatar en ellas la psicosis colectiva; psicosis, que, por cierto, se encuentra latente en períodos de normalidad y se manifiesta en momentos excepcionales” (Parra, 2015:3).

El segundo, Sigmund Freud, estima que los problemas de los hombres confluyen en principio a través de la violencia. “Violencia del poder del músculo, y posteriormente de las armas y del intelecto a través de los cuales ha tenido siempre el propósito de matar” (Freud, 1995:17). Pero cuando el más fuerte percibe que su esfuerzo puede llevarse a cabo por la suma de otros, renuncia a matar para someter. No obstante, la anexión de otros fragua convenios con el fin de impedir la rendición de la mayoría por el más fuerte. Alcanzado el objetivo de someter al poderoso, se deslía la unión hasta que aflora otro que se cree el más fuerte, y de esta forma el circulo se renovará sin final alguno.

Gran parte del debate ontológico de las guerras se forja después de la guerra fría; por una parte, el reconcomio filántropo y la apetencia desenfrenada generan un peso diferencial en los contextos sociales, económicos y políticos de los países implicados en conflicto. En el primero, se restablecen los estipendios de los más desamparados; para el segundo, según los teóricos hace referencia a la oportunidad que tienen los insurrectos para acceder a diferentes fuentes económicas y establecer sus posibilidades de estructurarse y de sostenimiento (Camacho, 2002).

Según Gutiérrez y Barón (2008:104), “después de la caída del Muro de Berlín, en su mayoría las guerras contemporáneas han sido guerras civiles”. Es así como Kaldor (2013), narra los problemas civiles coetáneos como “nuevas guerras”, que persiguen el favor lucrativo, con particularidades delincuenciales y que perturban especialmente a la comunidad civil. Al respecto Alburquerque (2016:15), manifiesta que, “con el fin de la guerra fría y de la confrontación de las superpotencias”, el mundo en medio de su progreso no avizoró menos confrontaciones armadas, sino nuevas representaciones mortales de guerra civil.

De lo anterior se puede señalar que, algunos conflictos forjados desde la lógica de la guerra fría (Camboya, El Salvador, Guatemala y Mozambique), finiquitaron sus confrontaciones armadas por medio de convenios de transacción política (Prado, 2015). Pero en lugares como Afganistán, Angola, Colombia, Somalia y Zaire, sus conflictos de dilación permanente desafiaron una diversidad de ideologías revolucionarias fomentadas por naciones frágiles o colapsadas. Por otro lado, Miranda (2016), afirma que no todas las guerras civiles post guerra fría son promovidas por fundamentos económicos. No obstante, este autor argumenta que algunas guerras principian por estimulaciones sociopolíticas y rápidamente se transforman en beneficios económicos.

Para el caso colombiano, la guerra ha originado, sin vacilación alguna, oposiciones en el gobierno colombiano. En primera instancia ha quebrantado la autoridad y el monopolio de la fuerza gubernamental. La segunda oposición concierne a que la beligerancia y los grupos militares se convierten en una mejor opción de vida para indivisos representantes, estatales y no estatales, los cuales atenúan al gobierno como ente soberano (López, 2016). Asimismo, las normas y acuerdos que presumen regular el comportamiento de los actores del conflicto, en determinadas ocasiones facilitan un sonoro mentís, puesto que se presentan transgresiones por ellas mismas motivadas (Ferro, 2016).

2. Los desmovilizados frente a las posibilidades de acceso laboral

Respecto a los desmovilizados que reasigna la guerra, la experiencia ha mostrado que éstos, con reiteración, están marcados por perjuicios psíquicos (Staub, 2006) y por valores y patrones de comportamiento internalizados en el grupo subversivo, que obstaculizan su adaptación a la vida civil (Abella y Lesmes, 2017). También suelen poseer bajos niveles formativos e insuficiente educación o experiencia que les posibilite alistarse en cualesquiera actividad laboral formal (Restrepo, 2015); debido a que un número indeterminado se instaura en cinturones urbanos de pobreza, la competición por recursos con otras comunidades vulnerables puede propagar nuevas confrontaciones, las cuales consiguen verse agravados cuando los excombatientes reciben colaboración por parte del Estado (Villarraga, 2013).

Tales ayudas pueden causar animadversión en el resto de la comunidad, que posiblemente de ningún modo han recibido cuidado por parte del Estado y pueden interpretarse como distinciones a la proterva conducta (Insuasty y Borja, 2016). Esto alcanza ser aún más complejo, si en las unidades habitacionales residen personas victimizadas por los grupos a los que pertenecían los desmovilizados. Para dirimir este parangón, Rincón (2010:117), ha acotado que puede existir concomitancias entre la “justicia transicional y la reintegración de excombatientes; por ejemplo, un buen programa de reparación de víctimas puede mitigar resentimientos causados por la entrega de beneficios económicos a excombatientes”.

Por lo anterior, es vinculante mencionar que en la medida en que el trabajo compone un elemento de constitución social, debe concebirse la inclusión laboral de aquellos más desfavorecidos (Sepúlveda et al., 2016), e incluso desdeñados, como lo son los desmovilizados, desde dos estadios: como un fin y como un medio en sí mismo. Un fin, en atención a que su objetivo concluyente es proporcionarle al trabajador menos favorecido, la oportunidad de acceder a estructuras estereotipadas y legales de empleo, y un medio, debido a que el desmovilizado se está reintegrando y considerando como parte de la sociedad (Cárdenas, 2017).

Es evidente el importante esfuerzo que debe imprimirse en materia de igualdad, aunque la Constitución Política de Colombia en su artículo 13 (1991), establece ese derecho prohibiendo la discriminación. En realidad abundan los actos discriminatorios en especial en materia laboral. Un acto discriminatorio se concibe como el comportamiento sensato o insensato, encaminado a abolir o limitar derechos, libertades y oportunidades, sin justificación ecuánime y prudente (Herrera, 2017). Es claro entonces que la discriminación en cuanto al acceso al empleo se cristaliza cuando los contratantes sin motivaciones imparciales, inciden en una conducta que anula las oportunidades de los individuos que anhelan consentir un empleo, que para el asunto en cuestión se trata de la comunidad desmovilizada (Moscoso, 2017).

Según Ugarriza y Nussio (2016:152), la realidad en la que se hallan actualmente los desmovilizados,

“[…] es a partir de su propia percepción de sí mismos y de su situación sintetizada en el hecho de que ellos afirman que la dificultad principal que afrontan a la hora de conseguir un empleo se debe a dos razones principalmente: La primera de ellas, es que se consideran estigmatizados por eventuales empleadores lo cual reduce sus posibilidades de ser contratados; en segundo lugar, consideran que sus habilidades y nivel de educación no resultan apropiados para el nivel del mercado laboral legal”.

3. Metodología

La presente investigación se puede considerar de enfoque mixto, dado que combina elementos cualitativos y cuantitativos (Hernández et al., 2010). Desde el componente cualitativo se pretende comprender el contexto social determinado y el comportamiento de la variable vinculada a la problemática analizada, que para este caso es la percepción de la sociedad respecto a un grupo social. Los resultados de la investigación cualitativa son significativos, dado que se indaga la realidad en un escenario real y se interpretan fenómenos que, dada su naturaleza, son complejos de analizar con instrumentos cuantitativos únicamente (Martínez, 2006).

Por su parte el componente cuantitativo se convierte en un instrumento valorativo, por el producto que genera el uso de herramientas estandarizadas con categorías preestablecidas, los cuales constituyen también resultados relevantes para ser generalizados en escenarios similares. Este trabajo también se considera como una investigación social, debido a que busca describir un fenómeno social (Ragin, 2007), pues su propósito consiste en identificar y analizar las condiciones sociales, económicas, culturales y demás que influyen en la posibilidad de vinculación de las personas desmovilizadas al sector empresarial.

Respecto a la población sobre la que se tomó información para el desarrollo de esta investigación, la cual estuvo representada por población común de una localidad que sirve de asiento para los exguerrilleros, es de acotar que ésta correspondió a los habitantes del departamento del Tolima, cuyo rango de edad oscilaba entre 19 y 59 años; se considera en dicho rango una población total de 279.552 vecinos, según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- (2015). Esta población se encuentra ubicada territorialmente en la zona urbana.

Para la selección de la muestra se determinó un margen de error del 5%; este porcentaje guarda referencia al margen de error que el resultado obtenido debería tener. Mientras más bajo el porcentaje es más exacto el resultado, pero mayor el tamaño de la muestra (Argibay, 2009). El nivel de confianza empleado es del 95%, el cual corresponde a la incertidumbre tolerable para este tipo de estudios. Teniendo en cuenta estos parámetros, se obtuvo una muestra de 150 personas.

En atención a los instrumentos utilizados para la recolección de datos, se recurrió a la encuesta dando cuenta al enfoque cuantitativo. Cabe recalcar, que este instrumento fue sometido a un proceso de confiabilidad, cuya medición de acuerdo a lo expresado por (Hernández et al., 2010), hace referencia al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto produce los mimos resultados. Para efectos de este ejercicio investigativo se administró el cuestionario a una población de 50 individuos, como prueba piloto, en dos fechas diferentes, en la que se confirieron idénticas contestaciones.

Asimismo, fue utilizada la entrevista como manifestación del enfoque cualitativo. Según Méndez (2006:300), la entrevista “es una técnica que supone en su aplicación una población no homogénea en sus características y una posibilidad de acceso diferente”. Por tanto, esta técnica fue administrada en 15 sujetos que hicieron parte de la unidad muestral, con la intención de agotar la información contenida en las variables y corroborar la información suministrada por los mimos sujetos en la encuesta.

4. Discusión de resultados

4.1. Percepción de la sociedad frente a la inserción de los desmovilizados al sector empresarial

Para recolectar información referida al fenómeno de estudio, se administró un instrumento estructurado de objetivo claro, del cual se consiguieron los resultados que se relacionan a continuación.

En primer lugar, se consultó a los encuestados si estaban de acuerdo con que los desmovilizados gocen de los mismos derechos y oportunidades que tienen los demás ciudadanos. Al respecto, en el Gráfico I se puede observar que más del 50% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los desmovilizados gocen de los mismos derechos y oportunidades que el resto de los ciudadanos, un 15% se encuentra indiferente ante esta posibilidad y un 33% está en contra de que los desmovilizados tengan las mismas oportunidades y derechos que el resto de los ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Grafico I

Igualdad de derechos y oportunidades

En atención a los resultados, se colige que una importante porción de la sociedad no está de acuerdo con esta posibilidad, aunque también un grupo significativo se muestra indiferente; sin embargo, la mayoría de la sociedad está de acuerdo con que los desmovilizados formen parte de una estructura social con igualdad de derechos y oportunidades. Cuando se habla acerca de la estructura social, McAdam et al., (2003) afirma que esta consiste en la interacción que desarrollan los seres humanos, más que de lineamientos individuales, en donde las relaciones se desenvuelven bajo un consentimiento entre las personas, por lo que afecta la construcción de sus propios intereses.

Con respecto a que los desmovilizados deban pagar cárcel por todos sus delitos y que no obtengan ningún tipo de disminución de pena, se observa en el Gráfico II, que el 20,3% de los encuestados consideran que la población desmovilizada no necesariamente debe pagar sus delitos con cárcel, mientras el 48,6% de los encuestados consideran que el mecanismo de la privación de la libertad es el único medio que se debe otorgar a los desmovilizados para pagar sus penas, sin la obtención de ningún tipo de rebaja. El 31% no respondió negativa ni positivamente, sino, que optó por la alternativa “Otro”. Para este tipo de pregunta abierta se presentaron disímiles respuestas; no obstante, la respuesta en común que mayor grado de concentración reflejó, fue la rebaja de penas, y que éstas deberían pagarse a través de programas sociales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Gráfico II

Condenas para desmovilizados

Teniendo en cuenta la pregunta relacionada con la opinión de la población, respecto si los desmovilizados aportarán para que Colombia sea un mejor país, el Gráfico III indica que el 57% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo en considerar que los desmovilizados pueden aportar a ello. El 15% se mostró negativo ante esta afirmación, mientras un 28% manifestó imparcialidad ante esta eventualidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Gráfico III

Aporte de los desmovilizados al país

Las respuestas entregadas por la población encuestada presentan alto grado de coherencia con la posición que ésta asume frente al desmovilizado, lo cual reafirma su aceptación en la sociedad. Para soportar esta perspectiva, Salcedo (2018) sostiene:

“Hoy, meses después de haber entregado las armas a la ONU, los exguerrilleros se han organizado de nuevo en forma circular: unos cocinan, otros recogen la ropa colgada, aquellos ensamblan un parque infantil, cortan madera, otros queman basura, los de más allá pintan una ventana. A punta de trabajo y destreza, estos excombatientes transformaron en un caserío pujante el solar baldío que les fue concedido tras el acuerdo de paz. En pocos meses han culminado varias obras asombrosas: dos canchas de fútbol, una escuela, un auditorio, una panadería, un acueducto artesanal, una planta procesadora de concentrados veterinarios. -El proceso de reconciliación ha sido bueno para el país-“.

En contraste con la pregunta anterior, se consultó a los encuestados si consideraban que los desmovilizados son un problema para la sociedad. El Gráfico IV enseña que el 21,4% de los encuestados consideran que los desmovilizados son un problema para la sociedad, un 30,7% manifestó que no está de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, mientras un 48% considera que los desmovilizados no constituyen un problema para la sociedad.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Gráfico IV

Los desmovilizados como problema para la sociedad

Para respaldar empíricamente la respuesta representada en el 48%, (Moscoso, 2017) sostiene que la cimentación de una efectiva cultura de paz, atañe a procesos de mediación de la sociedad civil colombiana, que auxilien la aprobación de los desmovilizados como personas que pretenden rehacer sus vidas, al punto que la misma sociedad le brinde oportunidades que les permita desarrollarse y crecer como personas.

Con relación a la posible vinculación laboral de los desmovilizados, se preguntó a los encuestados: si en su empresa vincularan a un desmovilizado para que fuera su compañero de trabajo, ¿cuál sería su reacción? El Gráfico V muestra los siguientes resultados: el 53,3% asevera que lo trataría igual que a los demás, el 21,3% afirma que se sentiría inseguro, el 20% sostiene que trataría de integrar al desmovilizado a la empresa, es decir, que mostraría camaradería y solidaridad. La lectura a este resultado, hace alusión a que cerca de la mitad de los encuestados no sería indiferente ante la condición del desmovilizado; en otras palabras, se percibe que existe una aceptación y una actitud participativa de la sociedad frente a la vinculación laboral de un desmovilizado.

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Gráfico V

Reacción ante la vinculación laboral de un desmovilizado

Finalmente, se consultó en cuales de los diferentes tipos de empresas, consideran los ciudadanos que se podrían desempeñar mejor los desmovilizados. Según lo representado en el Gráfico VI, el 61,7%, equivalente a la gran mayoría de los encuestados, considera que los desmovilizados se pueden desempeñar en el sector de la agricultura, la construcción en un 48,3% y la minería en un 33,3%. En la respuesta “otro”, algunos afirmaron que se pueden desempeñar en cualquier sector y cargo, siempre y cuando alcancen niveles académicos que los habilite para tal efecto.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

Gráfico VI

Sectores en los cuales se pueden vincular los desmovilizados

Por otra parte, se denota que hay poca aceptación a que los desmovilizados trabajen en el sector público, salud y educación; sin embargo, estas respuestas permiten inferir que, aunque hay percepciones negativas con relación a su vinculación en estos sectores, la mayoría de los ciudadanos considera que el fortalecimiento de una sociedad en paz demanda en esencia generar oportunidades labores, las cuales se establezcan como factor primario para cumplir las intenciones del “proceso de desarme, desmovilización y reintegración” (López y Rodríguez, 2016:83).

Conclusiones

Colombia se encuentra en un periodo muy transcendental, pues debe dar por culminado el conflicto más largo de su historia y brindar la oportunidad a quienes hicieron parte de esta contienda, reintegrándolos a la sociedad civil. Por este motivo, es importante conocer la percepción de los ciudadanos respecto a la posición que asumirán social y laboralmente los desmovilizados, quienes formarán parte de la sociedad y seguramente de una actividad laboral. En este sentido, se puede esgrimir que la mayoría de ciudadanos se encuentran dispuestos para reconocer a los desmovilizados como parte de su entorno, consideran además que merecen las mismas oportunidades, pero que deben purgar penas con cárcel antes de ser reintegrados.

En términos generales según los hallazgos encontrados, se revela que no existe indiferencia por parte de la sociedad al tema de los desmovilizados, pese a que el problema objeto de estudio afecta a todas la clases dirigentes que sojuzgan e instituyen el abastecimiento de recursos para el Estado. De igual forma, se puede evidenciar que gran parte de los antiguos insurrectos polarizan a la sociedad, por lo cual es importante seguir trabajando desde el gobierno, las universidades, las empresas y la sociedad en general, en temas como la inclusión, la reintegración, la solidaridad, cuyos resultados redunden en una convivencia pacífica. Las políticas emanadas en materia económica deben reforzar las relaciones usuales de divergencia en la sociedad colombiana, debido a que las disidencias de este país radican en las magnánimas incompatibilidades sociales.

A propósito de las políticas en materia social procedentes del gobierno saliente de Colombia, el presidente entrante, Iván Duque Márquez, en procura de desarraigar los prejuicios y la desconfianza hacia la colectividad desmovilizada, la cual señalan con argumentos quizá desprolijos de cualquier fundamento, ha de tomar acciones que permitan sensibilizar a la población colombiana, en cuanto a la forma cómo es rotulado el desmovilizado y el impacto que puede llegar a representar para la sociedad en el marco de un acuerdo de paz. Es conveniente para las partes que intervienen en este proceso, estar preparados para mirar sin rechazo los que hoy son antagonistas de una guerra que perduró por más de cincuenta años. De no ser así, los ingentes esfuerzos concentrados para alcanzar un desarme, provocará acciones que posiblemente los volcaría a replantear su decisión de construir la paz.

De otro lado, independiente de las voluntades políticas, económicas y sociales que concurren en el encargo de fomentar la paz en Colombia, es imperativo seguir avanzando desde la academia en este tipo de pesquisas, con la determinación de proseguir impulsando la generación de conocimiento, en cuanto al impacto que genera el acuerdo de paz y la aceptación que los desmovilizados han conquistado en un país evidentemente polarizado. Otra de las finalidades que apiñan estos ejercicios investigativos, consiste en forjar políticas que optimicen la inserción de los desmovilizados al sector empresarial y a la sociedad colombiana, y en fortalecer las ya existentes; no es una tarea fácil, pues al parecer se trata de actitudes ontológicas que caracterizan la población colombiana, y que conseguirán ser disipadas en la medida que estas actitudes muten en conductas axiológicas.

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