Vulnerabilidad social de la población desterrada. Más allá del goce efectivo de derechos

Salamanca Ospina, Edwar Leonardo*

Egea Jiménez, Carmen**

Resumen

Este trabajo se enmarca en el estudio de la vulnerabilidad desde la política pública actual para víctimas del conflicto en Colombia. Se propone aquí denominarlas desterradas frente a la más común de desplazados internos. El estudio se centra en una comunidad concreta, la del predio El Carpintero en la altillanura colombiana, con dos objetivos la de conocer los alcances y limitaciones de dicha política pública, y hacer una propuesta de indicadores para abordar dicha política desde el campo de la vulnerabilidad social. El análisis es eminentemente cualitativo basado en los relatos de personas desterradas y haciendo uso de un programa asistido de manejo de datos, en concreto Atlas.ti. Este proceder metodológico se plantea desde la Teoría Fundamentada. Este análisis ha permitido identificar cuatro ejes temáticos que discurren por el proceso de destierro: las condiciones estructurales de la población desplazada; los riesgos e impacto social del desplazamiento; las estrategias de afrontamiento; y los conflictos por la tierra y reconfiguración socio-territorial en la finca El Carpintero. Como conclusión se incide en el enfoque de la vulnerabilidad social para investigar de manera integral la población desplazada y diseñar políticas de atención a las mismas.

Palabras clave: Vulnerabilidad social; destierro; política pública; conflicto colombiano; teoría fundamentada.

Social vulnerability of the population exiled. Beyond the effective gratification of rights

Abstract:

This work is part of the study of vulnerability from the current public policy for victims of the conflict in Colombia. It is proposed here to denominate them exiled in front of the most common of internally displaced persons. The study focuses on a specific community: the “El Carpintero” property in the Colombian high plain, with two objectives to know: The scope and limitations of that public policy, and making a proposal for indicators to address this policy from the field of social vulnerability. The analysis is eminently qualitative based on the stories of exiled people and using an assisted data management program, called it Atlas.ti. This methodological approach arises from the Grounded Theory. This analysis has allowed us to identify four thematic axes that run through the process of exile: the structural conditions of them exiled population; the risks and social impact of displacement; resistant strategies; and conflicts over land and socio-territorial reconfiguration in El Carpintero property. In conclusion, the focus is on social vulnerability to comprehensively investigate them exiled population and design policies to address them.

Keywords: Social vulnerability; exile; public politics; colombian conflict, grounded theory.

Introducción

Una de las consecuencias más significativas del conflicto armado en Colombia se refleja en el fenómeno del destierro, término que se “refiere a una experiencia de larga duración que fractura las relaciones territoriales” (García, 2012:48). No obstante, el Estado y el común denominan a las personas afectadas por el desplazamiento interno “personas desplazadas”. Aquí, el concepto manejado es de “personas desterradas”, considerando que comprende mejor la realidad de este colectivo, y asumiendo los aportes de otras investigaciones (Arboleda, 2007; García, 2008; Montoya y García, 2011).

Para afrontar la dramática realidad del destierro, el Estado ha generado una serie de respuestas jurídicas y políticas desde finales del siglo pasado, las cuales han consolidado una política pública de atención al desplazamiento en la que se destaca la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 expedida en 2011. Este proceso se enmarca en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) conformado por 5 componentes: Asistencia y atención; reparación integral; prevención y protección; verdad; justicia. Sin embargo, este esfuerzo es limitado y muchas veces acarrea dificultades de aplicación.

En este escenario, uno de los aspectos más interesantes ha sido la articulación del concepto de vulnerabilidad en la política de víctimas desde el componente de Asistencia y Atención Humanitaria. En el presente texto se realiza una valoración crítica de cómo es abordado este concepto en la política de atención al desplazamiento y discute las bondades que el enfoque de vulnerabilidad social podría tener en otros componentes de la política pública de desplazamiento como en la reparación integral analizando aquí un caso específico de reubicación rural, el de la comunidad de El Carpintero. Para ello en la primera parte se plantean las tensiones entre la vulnerabilidad social y la política de desplazamiento; en la segunda parte se presenta la metodología, el objeto del estudio y los instrumentos de análisis; por último, se analizan los resultados y se discute sobre los mismos.

1. Vulnerabilidad social y política de desplazamiento

El diseño de políticas públicas para población vulnerable ha despertado el interés del gobierno colombiano, el cual ha desarrollado significativas normativas que atraviesan la implementación de programas para población víctima del conflicto principalmente desterrada de su territorio, en lo que es conocido como el fenómeno del desplazamiento interno. Este diseño se orienta en el marco internacional; por una parte con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos –Principios Deng- (1988) y los Principios sobre Restitución de viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas -Principios Pinhero- (2005). En ese contexto Colombia afronta esa situación desde 1997 con la Ley 387. A pesar de lo anterior, la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional afirmó que la situación vivida en Colombia por el desplazamiento era un “estado de cosas inconstitucional” y obligó al Estado a crear la Comisión de Seguimiento de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

Así, desde finales de los 1990, Colombia cuenta con una experiencia acumulada en políticas de atención al desplazamiento que desemboca en la formulación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011, considerada como el proyecto de reparación más completo a nivel mundial (Rettberg, 2015).

No obstante, la implementación de esos programas plantea múltiples problemas que invitan a reflexionar críticamente sobre la pertinencia y utilización del enfoque de la vulnerabilidad social en el diseño de políticas públicas. El Estado colombiano desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) creada por la Ley 1448 ha establecido una propuesta de medición de la vulnerabilidad de la población desterrada desde el enfoque Goce Efectivo de Derechos (GED)1 (UARIV, 2015). Desde esta propuesta se han planteado preguntas referentes al cese de la vulnerabilidad: ¿Cuándo dejan de ser vulnerables estas personas, o cesa la vulnerabilidad? ¿Qué indicadores señalan que se ha superado esa situación de vulnerabilidad? ¿Cómo hacer un uso óptimo de la oferta estatal de políticas públicas sobre vulnerabilidad?

La preocupación por el tema llevó a reglamentar el decreto 2569 de 12 de diciembre de 2014 que define criterios para la gestión de la ayuda humanitaria destinada a víctimas del conflicto y en particular criterios de superación de la situación de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado:

“Se entenderá que una persona víctima del desplazamiento forzado ha superado la situación de vulnerabilidad originada en dicho hecho victimizante cuando se ha estabilizado socioeconómicamente. Para ello se tendrá en cuenta la medición de los derechos a la identificación, salud (incluye atención psicosocial), educación, alimentación, generación de ingresos (con acceso a tierras cuando sea aplicable), vivienda y reunificación familiar, según los criterios del índice global de restablecimiento social y económico, sea que lo haya hecho con la intervención del Estado o por sus propios medios” (Artículo 23, Decreto 2569, 2014).

Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad solamente ha sido considerada para uno de los componentes de la política de atención al desplazamiento, como lo es la atención humanitaria. Lo anterior genera dos situaciones: primero, desconocer el amplio desarrollo teórico y conceptual que hay sobre dicho concepto y especialmente desde finales del siglo XX por el CELADE-CEPAL; segundo, descuidar el potencial de este en otros componentes como la política de atención al desplazamiento y en particular los problemas que se presentan en el goce efectivo de derechos y programas de retorno y reubicación. Con este fin, se acude al estudio de caso de la población desterrada en El Carpintero (municipio de Cabuyaro, Departamento del Meta), para desde aquí reflexionar acerca de cómo las políticas públicas tienen capacidad o no para ser un activo o recurso del que puede disponer la población para enfrentar la situación de vulnerabilidad social relacionada con el destierro.

El concepto de vulnerabilidad social se nutre de tres aportes (Lampis, 2010): el enfoque de titulaciones de Sen (1981) que sirvió de base para comprender las capacidades que tienen las personas para asumir situaciones de crisis; los trabajos de Chambers (1989) que permitieron corroborar de manera empírica la diferencia entre pobreza y vulnerabilidad; y los trabajos de Moser (1989) que enfocaron el estudio de la pobreza desde los activos que utilizan las personas para salir de situaciones críticas. Su importancia toma relevancia en la aplicación de políticas públicas en Latinoamérica desde organismos internacionales como la CEPAL. Tanto es así que se le reconoce a la vulnerabilidad una dimensión eminentemente social. De esta manera, el enfoque de la vulnerabilidad social queda definido a principios del siglo XXI con la intención de superar los enfoques de pobreza, desigualdad y exclusión social, y conocer mejor la situación de la población de América Latina tras los prolongados períodos de crisis y la llamada “década perdida” (Sánchez y Egea, 2011).

Tres principios subyacen en este enfoque: enfatizar en los activos –recursos- que las personas, grupos o comunidades tienen para enfrentar situaciones críticas más allá de observar lo que no tienen (Villa, 2001; CEPAL-CELADE, 2001; Busso, 2005); entender la vulnerabilidad social como un riesgo que se identifica con la caída del bienestar y el auge de la pobreza; y reconocer que las personas, grupos o comunidades tienen capacidad de respuesta para enfrentar situaciones imprevistas, difíciles y complicadas. En el conjunto de posibilidades y activos es importante tener presente que el Estado y sus políticas son un activo más a contemplar.

“Valorar las iniciativas, capacidades y recursos existentes en los grupos vulnerables de la sociedad no debiera significar, en ningún caso, que el Estado prescinda de su actividad reguladora, compensadora y de protección social de los grupos más débiles. Por el contrario, a éste le cabe una responsabilidad insoslayable de garantizar una seguridad mínima a todas las personas y de facilitar el acceso a similares oportunidades a todos los miembros de la sociedad” (Pizarro, 2001:13).

Por otro lado, la razón de ser del enfoque de vulnerabilidad social y sus mismos elementos de análisis lo convierten, en el campo de las ciencias sociales, en uno de los más completos y complejos para analizar situaciones de desventaja social; y esto es así porque se plantea como un proceso desarrollado por una persona, grupo o comunidad en el que cabe identificar los siguientes elementos: la existencia de riesgos externos a la persona, grupo o comunidad; la proximidad a los mismos; la posibilidad de evitarlos; la capacidad y activos (mecanismos) para superar los efectos de esos riesgos; y la situación final resultante, una vez enfrentadas las consecuencias de la actuación de dichos riesgos (ver Figura I).

Fuente: Sánchez y Egea, 2011.

Figura I

Elementos de la vulnerabilidad social

La relación entre riesgos y activos configura una compleja red de desventajas sociales dependiente de las condiciones estructurales en las que se dan y determina, en parte, la manera como una persona, grupo o comunidad moviliza sus recursos materiales y/o intangibles para mitigar la vulnerabilidad social a la que está enfrentada. La ambigüedad con la que se interpreta la vulnerabilidad en la normativa colombiana desde el enfoque de ayuda humanitaria justifica la búsqueda de una metodología de investigación que permita comprender desde los mismos datos las dimensiones de la vulnerabilidad social en el conflicto colombiano. Dado lo anterior la Teoría Fundamentada es un enfoque teórico-metodológico que avala el análisis de esta dimensión desde las mismas personas desterradas.

2. Metodología

2.1. Enfoque teórico metodológico: la Teoría Fundamentada.

La Teoría Fundamentada es una propuesta diseñada por Glaser y Strauss (1967) con un amplio prestigio en el campo de la investigación social y ha servido de base para posicionar Sistemas de Análisis de Datos Asistidos por Ordenador (CAQDAS por sus siglas en ingles).

A pesar de divergencias iniciales en su aplicación, se acepta como principio general que la propuesta metodológica asume una manera estructurada de abordar datos cualitativos, “[una metodología] para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y de poderlos conceptualizar” (Sandoval, 2002:71). Se caracteriza principalmente por el análisis comparativo constante (Glaser y Strauss, 1967) con el cual, a partir de la comparación profunda de datos cualitativos codificados, se pretende crear una nueva teoría que suele denominarse sustantiva. Esta depende estrictamente de la investigación empírica y se va construyendo durante el proceso de investigación.

Es así, un proceso de carácter inductivo que busca generar un nivel conceptual que pueda constituirse en una formulación teórica fundamentada de datos empíricos. Este proceso está determinado por elementos que se retroalimentan continuamente (Carrero et al., 2012): muestreo teórico y saturación teórica, entendido como el muestreo que se va realizando mientras se recogen los datos; método comparativo constante, mediante el cual se buscan semejanzas y diferencias entre los incidentes que van arrojando los datos; codificación, que es la segmentación –selección- del texto (citas) y asignando términos (códigos) que conceptualizan dicha cita, aquí es importante identificar una categoría central que configure la teoría que se pretende establecer; los memos, anotaciones que permiten registrar las ideas que van surgiendo en el proceso investigativo frente a las categorías analíticas; y finalmente la teoría formal, que consiste en la elaboración de la teoría que subyace en los datos analizados.

Para el desarrollo de esta metodología se realizó un trabajo de campo en la comunidad El Carpintero con el apoyo de la organización de derechos humanos Corporación Claretiana Norman Pérez Bello2. Las familias afectadas fueron forzadas por grupos paramilitares a abandonar su territorio en 1996 en el municipio de la Jagua de Ibirico (Departamento del Cesar). En 1997 la comunidad, a partir de diferentes acciones jurídicas, logró obtener un territorio en el municipio de Cabuyaro (Departamento del Meta), en concreto en el predio El Carpintero. En esta finca también son reubicadas otras familias desplazadas del municipio de Restrepo (Departamento del Meta) por fuertes lluvias

La reubicación estuvo a cargo del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), con muchos errores de implementación y un abandono total de los campesinos. En 1998 la comunidad fue de nuevo amenazada por grupos paramilitares y emprende un segundo desplazamiento; desde entonces han sido reiteradas las dificultades y amenazas hacia la comunidad. En la actualidad, el caso está siendo tratado en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448, y la comunidad está a la espera de obtener un fallo favorable para regresar a su vida campesina.

La herramienta de análisis utilizada ha sido la entrevista, cuyo guión está basado en cuatro categorías de análisis: las condiciones estructurales de la población objeto de estudio; el impacto social del desplazamiento; la vulnerabilidad social; y el territorio. Para la vulnerabilidad social se analizan los activos y estrategias de afrontamiento; y las preguntas cubren dos momentos de la trayectoria del desplazamiento: el destierro y el retorno.

La primera entrevista se aplicó en la ciudad de Villavicencio (9 de septiembre de 2015) a una lideresa del proceso de restitución de tierras de la comunidad El Carpintero. Se trata de una mujer de aproximadamente 65 años que ha sido desplazada en tres ocasiones y de tres regiones del país, respectivamente: de Belén de los Andaquies (Departamento del Caquetá), en el sur oriente del país; de Cabuyaro Meta (Departamento del Meta), en los llanos orientales; y de Caparrapí (Departamento de Cundinamarca), en el centro del país3. En su trayectoria como desterrada ha recibido la ruta de atención a víctimas en diferentes ocasiones, principalmente la de los programas de reasentamiento diseñados por el INCORA (posteriormente INCODER -Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), y ha iniciado procesos de retorno en otras tres oportunidades. Actualmente lidera el proceso de restitución de tierras y con un grupo de familias desarrolla un proceso jurídico ante la Unidad de Restitución de Tierras de Villavicencio.

En el análisis de esta primera entrevista y de otras tres posteriores a víctimas del caso, se establecieron temas (códigos) asociados a la vulnerabilidad social. Este ejercicio permite observar al menos cuatro ejes temáticos (o dimensiones de análisis) que de manera trasversal discurren por el proceso de destierro que vivió la comunidad: las condiciones estructurales en las que se desarrolla su vulnerabilidad; los riesgos e impacto social del desplazamiento; las estrategias de afrontamiento; y los conflictos por la tierra y reconfiguración socio-territorial en la finca El Carpintero.

3. Resultados

3.1. Condiciones estructurales

Estas condiciones son entendidas aquí como las circunstancias en las que se encuentran inmersas las familias desplazadas y que marcan en mayor o menor medida su vulnerabilidad. Así, en el proceso de codificación ha sido posible diferenciar cuatro ejes temáticos, que en definitiva son otros tantos elementos que caracterizan dichas condiciones estructurales: la acción del Estado, el poder local, la dinámica del conflicto armado y los recursos económicos.

La acción del Estado, desde la perspectiva de los desterrados, carece de voluntad para afrontar los problemas del fenómeno del desplazamiento, lo cual genera una actitud de desconfianza entre la población ante cualquier institución: “el Estado es muy irresponsable” (Mujer 1). En el caso de El Carpintero la implementación de programas de reubicación del INCORA evidenciaron diferentes dificultades; en 1997 el Estado decidió ubicar a 85 de ellas en este predio: 40 eran desplazadas y 45 venían de otro municipio como damnificadas de un desastre natural4. En este proceso de reubicación, el Estado debe garantizar –como normativa constitucional- la seguridad, pero en este caso lo que se percibe es el abandono y la total omisión del organismo responsable, dejando a estas familias en medio de un escenario atravesado por la dinámica del conflicto:

“En el 98 empezaron a llegar como ejército, nosotros pensábamos que era ejército, [...] pero eso era harto y nosotros dijimos “[...] seguro vienen a cuidarnos”, nos daba risa “se ve bonito”; y resulta que a lo último ya acampaban en la finca y ya iban como preguntando por nosotros, por la vida de nosotros y pues eso no es así, entonces ya nosotros a lo último nos dimos cuenta que era un grupo armado que vestía prendas del ejército.

[...]

Entonces nosotros nos vinimos desplazados de una vez, entonces nosotros les dijimos al Incora que ya eso era demasiado pa nosotros ¿para qué nos habían llevado pa allá? que eso había muchos grupos que estaban haciendo daño, y que ¿pa qué nos hacían eso? que eso era muy malo de parte de ellos que nos habían metido a la boca del lobo” (Mujer 1).

Incluso, todo este esquema de débil intervención institucional ha permitido encasillar al Estado como un actor que genera desplazamiento a través de las acciones lideradas por entes locales como alcaldes, personeros o policías.

“Llegamos allá, nos fuimos con el trasteo y todo y allá nos encontramos con la sorpresa de que ya habíamos hecho la casita ranchito, nosotros llevábamos zinc llevábamos hartas cositas y cuando llegaron los otros ocupantes llego la policía llego el inspector llego la personera de Cabuyaro llego toda la gente de allá la alcaldesa, pero entonces llegaron fue a sacarnos de allá” (Mujer 1).

Además de esta actitud de escaso acompañamiento en el proceso de reubicación, la acción del Estado engloba otra serie de problemas como la lentitud para otorgar documentos de reconocimiento de la propiedad de la tierra, la no implementación de proyectos productivos y su ausencia total como fuerza de seguridad y orden (Soledad y Egea, 2011), quedando en ocasiones vinculada a la gestión de la ayuda humanitaria.

El poder local, así mismo, esta ausencia y olvido permite la emergencia del segundo elemento de las condiciones estructurales, los poderes locales en especial de políticos y terratenientes5, y por supuesto de grupos armados paramilitares, contexto que genera un ambiente propicio para la acumulación de tierras y proyectos de cultivo de palma aceitera, ajeno a las necesidades alimenticias y culturales de la población autóctona.

¿Cómo se relacionan estas actividades con el despojo? ¿Qué riesgo y qué estrategias utiliza la comunidad para enfrentar estas situaciones? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado?6 Estas preguntas tienen una respuesta común: se reconoce que la actitud y (no) compromiso del Estado en diferentes regiones es causante de una de las consecuencias del conflicto: el destierro y despojo de la población; a pesar de que su presencia llega a través de los proyectos de cultivo de palma aceitera o proyectos de reubicación, ni unos ni otros se realizan pensando en solventar los problemas que debe afrontar la población que ha sido desterrada.

La dinámica del conflicto armado, como tercer elemento, no solo determina el destierro sino también el retorno. Aquí el poder de los agentes del conflicto, paramilitares y grupos guerrilleros, son los protagonistas. Las acciones generadas por unos y/o los otros suelen ser acciones que fracturan emocionalmente a las poblaciones desterradas destacando la intimidación y el imaginario antisubversivo.

“Le dijeron que fuera, no sé qué le dirían; a él lo engañaron y se lo llevaron y lo desaparecieron, después encontraron el cadáver más adelante hacia la vía Villavicencio, nos dolía que encontraron el cadáver de [...] vuelto pedacitos, no sé algo así, a finales del 98 […] ya en el año 2000 que fue la muerte de [...], que era un señor que tenía algo así como unos 5 niños o seis niños todos pequeñitos lo sacaron de la casa, lo sacaron de la casa delante de los niños no les importó nada […] lo mataron ahí adelante” (Mujer 1).

Así, la escenificación de la violencia establece las relaciones sociales en el territorio:

“Yo estaba una vez cuidando los niños y dijeron “que señora ¿aquí están los guerrilleros? Yo abrí la puerta y dije “no señor aquí están mi niños vea y aquí no hay guerrilleros” entonces estaban preguntando por [...], también por [...], eso fue muy duro para nosotros, eso fue duro pa nosotros, en ese tiempo salieron desplazadas todas estas familias unas 12 ó 13 familias” (Mujer 1).

Estas acciones de ejercicio de poder se vinculan a los recursos económicos centrados en la agricultura y en concreto las empresas asociadas a la palma aceitera. Los datos de la primera entrevista no permitieron profundizar este tema porque apenas se menciona el posible vínculo entre empresarios y grupos paramilitares, como resultado de una posible complicidad. No obstante, siguiendo el procedimiento metodológico de la Teoría Fundamentada en lo que se conoce como muestreo en cadena o bola de nieve7, se pudo establecer en las posteriores entrevistas la fuerte conexión entre paramilitares y grupos empresariales palmeros.

“Había mucha palma, había mucho trabajo para eso, un día me dijeron toda esta gente que está aquí trabajando son paracos son masetos, aquí si usted viene a trabajar no hable ni de guerrilla ni de nada, ni por allá de nada; yo recuerdo que eran paramilitares no recuerdo de qué grupo; los administradores sabían de los paracos, ellos eran quienes los cuidaban” (Hombre 1).

3.2. Riesgos e impacto social del desplazamiento

El riesgo al que está expuesta la población es uno de los elementos fundamentales en el estudio de la vulnerabilidad social (Sánchez y Egea, 2011; Egea et al., 2012)8. En este caso en concreto, el riesgo que corre la población está relacionado con estar en una región en conflicto donde no hay garantía de seguridad en ningún momento, ni de organismos internacionales, Ongs o el propio Estado.

El impacto social del desplazamiento genera unos hechos de probable ocurrencia, como lo son las limitaciones de acceso a vivienda, sobre todo en las zonas de recepción de desplazados; así, en los relatos de población desterrada suelen mencionarse zonas de segregación espacial que referencian diferentes niveles de vulnerabilidad. En este sentido, el proceso de desplazamiento llevó a un nivel de peligrosidad relacionado con riesgos ambientales, “hay una parte donde se está deslizando la tierra (se refiere a su casa), desde hace 6 años” (Mujer 2). “Nosotros llegamos a Bogotá aquí a donde yo les mostré, pero más llovía adentro que afuera nos tocó poner plásticos” (Mujer 3).

Tanto en el retorno como en el desplazamiento se plantea una exposición referida a necesidades fisiológicas destacándose la limitación de seguridad alimentaria; la dinámica propia del conflicto lleva a un escenario propicio de pérdida de bienes materiales, principalmente la tierra; desintegración familiar; y por supuesto perder la vida. La cadena de riesgos termina en la fractura del tejido emocional que transfiere la exposición a depresiones o daños psicológicos similares.

Los riesgos tienen impactos diferentes según se trate de mujeres, hombres, hijos e hijas de las familias. Esto es algo en lo que se debe profundizar. Los datos analizados permiten observar por ejemplo el grado de exposición a la violencia sexual de las mujeres en el marco del conflicto; o el riesgo al consumo de droga al que se exponen los jóvenes cuando llegan a ciudades como Bogotá; estos son apenas algunos temas que deben ser estudiados detalladamente junto a la configuración de los demás riesgos (ver Figura II).

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2015.

Figura II

Los riesgos percibidos y asumidos por la población desterrada

3.3. Estrategias de afrontamiento

La población desplazada enfrenta el impacto del desplazamiento diseñando una serie de estrategias: empleándose para conseguir alimento y recursos monetarios que les permita completar las necesidades básicas (trabajo como jornaleros, venta ambulante, trabajo comunitario en el campo, entre otros); organizándose para denunciar y solicitar la restitución de tierras y bienes; y diseñando estrategias de inversión para el futuro como asegurar la formación académica de los hijos e hijas, adonde va una parte del recurso económico.

Cada una de las estrategias de afrontamiento implica acciones de fortalecimiento organizativo y recursos que apuntan a la formación política y participativa.

“Las víctimas también tenemos derecho de elegir y ser elegidos […] Yo no soy una persona política, a mí lo único que me gusta es ayudarle a las personas, pero ahora estoy haciendo mi campaña para ver en el nombre de Dios, para allí estando yo en el consejo poderle ayudar a las personas víctimas” (Mujer 1).

Estas iniciativas de participación se dan en un marco de desventaja organizativa en el contexto de partidismo político en el país.

“Yo no tengo publicidad casi, es muy poquita la publicidad porque eso vale mucho y eso solamente lo tienen los grandes políticos, los que los partidos les entregan la plata. A mí nadie me ha dado plata por ahí mis amigos víctimas me han dado una plática y me ayudan repartiendo tarjeticas a los amigos de ellos, a las personas que son víctimas” (Mujer 1).

Cada estrategia plantea una serie de particularidades que deben ser comprendidas en el marco contextual en el que se enuncian; por ejemplo, las acciones que se dan en respuesta a necesidades inmediatas como la adquisición de alimentos, contar con un empleo y el propio desplazamiento (ver Figura III) son “estrategias paliativas” para afrontar escenarios muy concretos; diferentes a las asociadas a la organización política que implican una movilización de recursos y alternativas distintas.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2015.

Figura III

Relatos de estrategias de afrontamiento

3.4. Conflictos por la tierra y reconfiguración socio territorial

Los conflictos por la tierra permiten observar la variedad de actores que emergen tanto en el desplazamiento como en el retorno; en la narración es constante la referencia a grupos armados, terratenientes, propietarios de empresas de palma aceitera, invasores y ocupantes de los predios que hacen parte del conflicto. La variedad de actores influye en la complejidad de los escenarios de retorno, ya que no es un conflicto bidireccional entre personas desterradas y grupos armados, sino que también forman parte de esta relación grupos de familias que se han apropiado de los predios, invasores, ocupantes a los que les han vendido la tierra, proyectos productivos de empresas y autoridades políticas locales.

Sin embargo, los motivos para regresar están latentes en un anhelo emocional por la tierra y el trabajo en la misma; la carga emocional por regresar a la vida campesina aparece como lo fundamental, aunque no se regrese al mismo lugar del que fueron desterrados. Se quiere volver a recuperar la “vida campesina” en un sentido amplio:

“La voluntad de todos mis compañeros es que nos entreguen la tierra o que nos den en otra parte, yo digo que si nos dan en otra parte que de pronto nos den una tierrita buena, porque ahí la comida sería mejor” (Mujer 1).

Esto desemboca en afirmaciones que presumen creer en un Estado más humanizado a pesar de su omisión en todo el proceso “yo digo que de pronto el Estado se conmueva [...] Yo creo que el Estado debería ponerse la mano en el pecho” (Mujer 1).

Aquí se observa una clara relación entre despojo, acumulación de tierras y monocultivo de palma aceitera. Este escenario contradice las expectativas territoriales de la comunidad más cercana a un modelo territorial centrado en el desarrollo de una economía campesina.

4. Discusión

No es de interés desvirtuar la política de atención al desplazamiento y en específico la Ley de Víctimas 1448; por el contrario, desde los resultados se plantean algunas discusiones que podrían potenciar la utilidad del enfoque de vulnerabilidad social en los programas y algunos componentes de políticas que atienden el desplazamiento forzado en la reparación. Así, el análisis ha permitido plantear preguntas que ahondan en el tema investigado ¿Qué problemas genera la intervención del Estado en la Vulnerabilidad Social desde la perspectiva de los desterrados? ¿Qué influencia tienen los empresarios y terratenientes en la generación de esta vulnerabilidad? ¿En qué medida las estrategias de afrontamiento tienen como resultado disminuir el nivel de vulnerabilidad de estas comunidades?

Si se revisa, el concepto de vulnerabilidad en el Decreto 2569 del 12 de diciembre de 2014, se observa que no prevalecen aspectos asociados a los conflictos con los que conviven los campesinos desterrados en el territorio y que configuran los niveles de vulnerabilidad; por el contrario, la vulnerabilidad se atribuye al goce de derechos que debe garantizarse a las víctimas desde un enfoque de atención humanitaria.

“Se entenderá como vulnerabilidad en la subsistencia mínima la situación de una persona que presenta carencias en los componentes de la atención humanitaria a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 5° de este decreto. Alojamiento, alimentación, servicios médicos, vestuario” (Art. 7 Decreto 2569).

Así, la Unidad de Víctimas entiende, a partir de la aplicación del instrumento “índice global de restablecimiento social y económico” (art. 23 Decreto 2569) que se ha superado una situación de vulnerabilidad cuando la víctima se ha estabilizado socioeconómicamente, teniendo en cuenta el derecho a la identificación, salud, educación, alimentación, generación de ingresos, vivienda y reunificación familiar. Este abordaje de la vulnerabilidad es problemático teniendo en cuenta lo relatado por las mismas personas entrevistadas ya que ésta existe desde la primera toma de contacto con los diferentes actores territoriales: grupos empresariales, terratenientes, invasores, compradores de terrenos y por supuesto grupos armados y narcotraficantes. Es decir no depende exclusivamente de un momento de asistencia específico en el desplazamiento.

Atendiendo a lo que dicen las personas desplazadas en sus relatos, se tendría que considerar además del hogar como unidad de análisis, tal como señala la normativa, al territorio y no solo como soporte físico, sino como el lugar que configura relaciones sociales, es decir, en un claro sentido de afectividad, pertenencia y apropiación; así, se podría definir un instrumento centrado en las capacidades a desarrollar en supuestos escenarios de retorno, incluso cuando el retorno no es al lugar del que salieron desplazados, pero si el que les confiere condiciones de seguridad y apego para “volver a empezar”.

En este sentido, desde organismos estatales se asume la vulnerabilidad social como un componente de la política de atención al desplazamiento en los que concierne a la ayuda humanitaria y Goce Efectivo de Derechos9; si bien este último responde a un fin en sí mismo de la política, la vulnerabilidad viene a estar determinada por una serie de circunstancias más amplias que podrían articularse a otros componentes como la reparación integral, goce efectivo del territorio y restitución de tierras, y no solamente el de atención humanitaria. Es precisamente esto lo que dejan entrever la población desterrada en las entrevistas desde su proceso de reubicación.

La forma de proceder por parte de las instancias del gobierno no deja de ser reduccionista al definir una linealidad en la atención del desplazamiento en cuatro momentos: desplazamiento forzado; urgencia y emergencia; restablecimiento y acceso a medidas de verdad, justicia y reparación; y obtención de la reparación integral (ver Figura IV).

Fuente: Ortiz y Ramírez, 2012.

Figura IV

Modelo conceptual de medición de la cesación de vulnerabilidad ocasionada por el desplazamiento forzado

Siguiendo este planteamiento oficial, el cese de la vulnerabilidad es asumida desde el restablecimiento (tercer momento) y plantea un escenario evaluativo centrado en diez derechos (ver Figura V), la mayoría considerados fundamentales en la Constitución colombiana, derechos que por demás toda persona debería tener garantizados independientemente de su estatus como víctima, condición social, género, etnia, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.

Figura V

Vulnerabilidad desde el enfoque de restablecimiento de derechos

Este modelo plantea una lectura simplista de la vulnerabilidad incluso de la protección de derechos en la medida que una cosa es restablecer y otra proteger. El modelo de protección “está basado en la reducción de los riesgos mediante la reducción de amenazas y centrado en la disminución de vulnerabilidad y aumento de capacidades” (Oxfam, 2008, citado por Churruca, 2014:62-63).

Algunas consideraciones pueden ser erróneas desde este enfoque, por ejemplo el derecho a la tierra se enlaza con el derecho a la generación de ingresos; así, el acceso a la tierra es considerado como un activo en la concepción de la generación de ingresos (Ortiz y Ramírez, 2012); es decir, la tierra es manejada desde su valor de cambio omitiendo la singularidad que para una persona desterrada puede tener su valor de uso. Cuando una persona campesina habla de la tierra se manifiesta una relación ontológica con ella. El trabajo sobre la tierra va más allá de asegurar la generación de ingresos, implica una visión de lo que es ser campesino y se vincula al deseo de retornar, que marca el lugar como ejercicio de poder sobre el campo.

En este sentido, el enfoque centrado en los derechos, permite diseñar políticas sobre el desplazamiento sin tener en cuenta la dinámica territorial que este implica; esto es, se eclipsa en un marco que olvida y omite precisamente lo que implica el destierro y al reducirlo a un tema únicamente de movilidad, genera una propuesta inocua para acompañar el retorno de esta población. Es así como la política pública de atención al desplazamiento pretende superar la vulnerabilidad, desconociendo los activos o estrategias que la población desterrada puede utilizar para superarla y desconoce que la cesación de vulnerabilidad depende en gran medida del afrontamiento de riesgos en el territorio.

Al mismo tiempo, se olvida la utilidad que podría tener el enfoque de vulnerabilidad social para diseñar políticas de atención al desplazamiento; y minimiza la complejidad del contexto del destierro en Colombia, en particular que la vulnerabilidad no es un proceso lineal y que las capacidades para afrontarla dependen de variables como las características de los lugares de asentamiento; la solidez de redes familiares; la diversidad de riesgos que pueden sortear las familias; la manera como ejercen el poder los grupos armados; los intereses económicos en los territorios; entre otros.

Por el contrario, se debe tener en cuenta que el riesgo social configura tres componentes en la vulnerabilidad social: la peligrosidad o amenaza social, entendida como los aspectos sociales que inciden en el riesgo y que se concreta por la severidad del fenómeno y probabilidad de ocurrencia (Ayala, 2002, citado por Fabre et al., 2012); la exposición de las personas y comunidades localizadas en un ámbito territorial y/o nivel socioeconómico al peligro social; y los activos que forman parte de las estrategias para enfrentar el riesgo (Fabre et al., 2012).

En concordancia con lo anterior, un posible modelo para analizar la vulnerabilidad social de la población desterrada en el marco del conflicto colombiano se plantea en la Figura VI. El esquema busca resaltar las diferentes dimensiones del enfoque junto a las potencialidades de respuesta que las comunidades desterradas integran a sus vivencias.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura VI

Modelo de análisis de la vulnerabilidad social desde un enfoque territorial

El primer nodo, peligrosidad, resulta de la relación que existe entre el riesgo y los mecanismos de enfrentamiento. Esta relación permite establecer niveles de peligrosidad, de tal manera que cuanto más fuertes sean los mecanismos para mitigar el riesgo o superarlos, menos peligrosidad se puede tener, o viceversa. El segundo nodo, exposición, referencia la relación de proximidad entre las condiciones estructurales del conflicto y las amenazas, de tal forma que se puedan ubicar las maneras como se exponen las comunidades desterradas a los riesgos sociales. El tercer nodo, reconfiguraciones socio-territoriales, se refiere a las relaciones concretas entre las condiciones estructurales del conflicto y los mecanismos de enfrentamiento que utilizan las comunidades desterradas para enfrentar los riesgos, caracterizándolas como estrategias y actividades que propician transformaciones socio-territoriales.

El modelo propuesto posibilita un análisis más acertado de la vulnerabilidad social en la medida que tomando los relatos de las entrevistas se identifican indicadores de la vulnerabilidad relacionados con el territorio (ver Tabla I). Si bien se trata de un ejercicio con muchas limitantes y vacíos al partir de unos datos que no han llegado a saturarse teóricamente tal como invita la Teoría Fundamentada, si plantean diferentes escenarios de aplicación para comprender y formular políticas acertadas para mitigar la vulnerabilidad de las víctimas del conflicto.

Tabla I

Indicadores de la Vulnerabilidad Social

Temas	Indicadores
Riesgos	Participación política de la comunidad en el territorio (ejercicio del voto, organización de juntas de acción comunal, presupuesto para asociaciones locales, personas asociados a partidos políticos). Tasa de homicidios. Relación entre vocación y uso del suelo. Vías de acceso. Mercado campesino. Formalización de propiedad de la tierra. Infraestructura para producción agropecuaria (capacitación, maquinaria, acceso al agua…). Tasa de ocupación rural. Promedio de personas por familia. Planificación Familiar. Hacinamiento. Viviendas en arriendo. Viviendas sin agua.
Estrategias de afrontamiento	Ocupación laboral relacionada con el campo. Proyectos productivos comunitarios. Tasa de desocupación. Procesos adelantados en Unidad de Restitución de Tierras. Participación política de víctimas en partidos políticos. Participación de víctimas en la elaboración de programas de atención. Capacidad de endeudamiento. Acceso a la universidad. Nivel de estudios de la población. Analfabetismo.
Temas	Indicadores
Condiciones estructurales del conflicto	Índice de distribución de la tierra. Demandas contra empresas y vínculos con el paramilitarismo. Número de grupos armados en la zona. Numero asesinatos contra población civil. Numero de hechos tipificados contra los derechos humanos (desaparición, tortura masacres…). Proyectos de cultivos de palma aceitera en la región. Presencia de oficinas institucionales del Estado en la región (policía, registraduría, procuraduría, notarías, colegios, hospitales, Universidades…). Planes de mejoramiento sobre programas de implementación y atención a víctimas. Informes de seguimiento de ayuda y atención humanitaria. Seguimiento a compromisos subscritos entre comunidades y agentes del Estado.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas, 2015.

Se debe mencionar que la prevalencia del enfoque humanitario obedece a las limitaciones que los investigadores de la vulnerabilidad social han tenido para hacer operativo y práctico el uso del concepto a nivel metodológico. Esto ya se advertía desde las conclusiones de los expertos asistentes al Seminario Internacional sobre las Diferentes Expresiones de la Vulnerabilidad Social en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2001). Incluso, recientemente, se viene argumentando que la ausencia de un marco conceptual sobre la evaluación de los riesgos de protección, desde la compresión de la vulnerabilidad social, es un reto académico para la implementación de programas de protección (Churruca, 2014).

Conclusiones

Desde el punto de vista teórico-metodológico, el enfoque de la Teoría Fundamentada resulta de significativa importancia para investigar los problemas asociados al destierro en Colombia. Así, en este texto se alcanza a observar un primer elemento que tendrá que ser profundizado en otros estudios como las dimensiones espaciales de la vulnerabilidad.

La codificación permitió entrever posibles vacíos en la manera como normativamente se viene abordando el tema de la vulnerabilidad desde el enfoque de derechos y atención humanitaria por parte del Estado colombiano. En este sentido, un primer acercamiento desde la Teoría Fundamentada permite criticar algunos marcos analíticos y orientar una discusión más compleja.

Hay un esfuerzo significativo en el componente de atención humanitaria para abordar los problemas relacionados con la vulnerabilidad en la política pública de atención al desplazamiento, en específico desde la Ley 1448. Sin embargo, el campo de la atención humanitaria ha concebido la vulnerabilidad como una condición y no como un proceso, de ahí la necesidad que la vulnerabilidad social sea considerada en otros componentes de la política.

De lo anterior se deriva que la cesación de la vulnerabilidad ocasionada por el desplazamiento implica una evaluación de diferentes variables, no solamente desde el componente humanitario y/o Goce Efectivo de Derechos, sino también con la articulación de las instituciones locales y nacionales al momento de iniciar procesos de restablecimiento de derechos en los territorios; igualmente la formalización efectiva de la tierra para evitar conflictos de tenencia, la evaluación de los riesgos asociados a los daños psicosociales así como el fortalecimiento de las capacidades y estrategias que las comunidades utilizan para superar su vulnerabilidad.

Será pertinente impulsar investigaciones que teniendo en cuenta el enfoque de la vulnerabilidad social permitan establecer herramientas para abordar, desde el diseño de políticas públicas, la vulnerabilidad derivada del desplazamiento. Para esto es necesario ampliar la unidad de análisis del hogar, tal como lo vienen haciendo la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras, a la de territorio. Esto llega a ser un criterio fundamental, no solamente en las políticas de reparación y atención a víctimas del conflicto, sino en la valoración de políticas de transición propias de una futura salida negociada del conflicto. Por lo tanto, se debe promover el estudio de nuevas herramientas y sistemas de información para medir la vulnerabilidad social desde un foco territorial.

Notas

1 La Corporación Claretiana se fundó en 2003 por iniciativa del grupo de Derechos Humanos, años atrás conformado por estudiantes seminaristas de la parroquia San Antonio María del Claret de la localidad de Bosa al sur de Bogotá; tomó el nombre de Norman Pérez Bello en memoria de este misionero claretiano asesinado por las fuerzas del Estado en 1992. Desde su fundación, la corporación ha venido trabajando con varios procesos organizativos de comunidades campesinas e indígenas de Colombia.

2 Esta Corporación inició en 2010 un proceso de acompañamiento a 14 familias que han soportado el fenómeno del desplazamiento forzado y despojo durante 19 años.

3 En este artículo se citan partes de las entrevistas identificando a cada víctima con su género y número.

4 El predio fue entregado bajo la figura jurídica de común proindiviso que supone la entrega de forma comunal sin divisiones de propiedad.

5 Es conocido el caso de Víctor Carranza vinculado con el paramilitarismo, al que se le reconoce el papel que jugó en la implementación de las autodefensas de Uraba en los Llanos Orientales, grupo paramilitar conocido en la región como los Carranceros (Disponible en: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/4528-los-paras-que-salpicaron-a-victor-carranza Consulta realizada el 13 de Mayo de 2017).

6 Desde el punto de vista metodológico y atendiendo al procedimiento marcado por la Teoría Fundamentada, estas preguntas aparecieron en el proceso de análisis de la primera entrevista, incorporando las mismas en las entrevistas posteriores.

7 El muestreo en cadena o bola de nieve permite que un primer registro de información perfile nuevas preguntas, sujetos de investigación y/o temas a profundizar.

8 El riesgo es definido como la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre o crisis por peligros naturales y/o sociales. En la actualidad se asocia a cualquier situación que denota peligro, aunque los más estudiados son los riesgos relacionados con acontecimientos naturales. En el caso concreto del riesgo social se estaría igualmente aludiendo a acontecimientos probables, en ocasiones predecibles; se trataría de la probabilidad de ocurrencia de un “peligro social” (desempleo, ruptura familiar, ausencia de formación profesional, maternidades a edades tempranas, determinadas situaciones de envejecimiento, marginación, maltrato) originado a un individuo, grupo o comunidad (Egea et al., 2012:61).

9 El enfoque de Goce Efectivo de Derechos responde a la necesidad de tener unos indicadores para hacer seguimiento a la Sentencia T 025 de 2004. Esta necesidad fue reiterada en diferentes Autos de seguimiento (Autos 185, de 2004; 178, de 2005; 218 y 266, de 2006). Finalmente la corte desde varios esfuerzos técnicos desde el Auto 116 de 2008, adoptó un total de 34 indicadores de goce efectivo.

Referencias bibliográficas

Arboleda, Santiago (2007). “Conocimientos ancestrales amenazados y destierro prorrogado: La encrucijada de los afrocolombianos”. En: Claudia Mosquera y Luiz Barcelos (Eds.). Afro-reparaciones: Memorias de la esacalvitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Pp. 467-486.

 

Busso, Gustavo (2005). “Pobreza, exclusión y vulnerabilidad social. Usos, limitaciones y potencialidades para el diseño de políticas de desarrollo y de población”. Ponencia presentada en VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Tandil, Buenos Aires. Pp. 27.

Carrero, Virginia; Soriano, Rosa y Trinidad, Antonio (2012). Teoría fundamentada. El desarrollo de teoría desde la generalización conceptual. Cuadernos metodológicos 37. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas. Pp. 176.

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2001). Informe de la reunión de expertos: Seminario internacional sobre las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. Naciones Unidas. Pp. 26.

 

Churruca, Cristina (2014). “Vulnerabilidad y protección en la acción humanitaria”. En: Barranco, Carmen y Churruca, Cristina (Eds.).Vulnerabilidad y protección de Los derechos humanos. Valencia, España. Tirant lo Blanch. Pp. 276.

 

Decreto 2569 del 12 de Diciembre de (2014). Disponible en: http://www. unidadvictimas.gov.co/sites/default/ files/documentosbiblioteca/decreto-2569-12-diciembre-2014.pdf Consulta realizada el 7 de Noviembre de 2017.

 

Egea, Carmen; Sánchez, Diego y Soledad, Javier (2012). “Apuntes sobre los riesgos sociales, componente principal de la vulnerabilidad social”. En: Carmen, Egea; Sánchez, Diego y Soledad, Javier (Eds.). Vulnerabilidad social. Posicionamientos y ángulos desde geografías diferentes. Granada. Eirene. Pp. 357.

 

Fabre, Danu; Sánchez, Diego; Egea, Carmen y Soledad, Javier (2012). “Entretejido y acercamiento a la vulnerabilidad social. Sus pocisionamientos y sus geografías”. En: Egea, Carmen; Sánchez, Diego y Soledad, Javier (Eds.). Vulnerabilidad social. Posicionamientos y ángulos desde geografías diferentes. Granada. Eirene. Pp. 357.

 

García, Andres (2008). Visibilizando contrahemonías en medio del destierro: resistencias sociales y culturales de los desplazados afrocolombianos en Medellin, Colombia. Argentina. CLACSO.

 

García, Andres (2012). Espacialidades del destierro y la re-existencia. Medellin. La Carreta Social. Pp. 167.

 

Glaser, Barney y Strauss, Anselm (1967).The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago. Wiedenfeld & Nicholson. Pp. 271.

 

Lampis, Andrea (2010). “¿Qué ha pasado con la vulnerabilidad social en Colombia? Conectar libertades instrumentales y fundamenetales”. Revista Sociedad y Economía. No. 19. Universidad del Valle, Colombia. Pp. 229–261.

 

Ley de Víctimas 1448 de Junio de (2011). Disponible en: https://www. unidadvictimas.gov.co/sites/default/ files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf Consulta realizada el 15 de Agosto de 2018.

 

Ley 387 del 18 de Julio de (1997). Disponible en: https://www. unidadvictimas.gov.co/sites/default/ files/documentosbiblioteca/ley-387- de-1997.pdf Consulta realizada el 15 de Agosto de 2018.

 

Montoya, Vladimir y García, Ándres (2011). “De la diaspora al destierro afrodecendiente en Medellín, Colombia”. En: Guerra de Hoyos, Carmen; Pérez, Mariano y Tapia, Carlos (Eds.). El territorio como demo: Demo(a)grafías, demo(a) cracias y epidemias. Sevilla. Universida de Sevilla. Pp. 60–73.

 

Moser, Caroline (1989). “The impact of recession and adjustment policies at the micro-level: Low- income women and their households in Guayaquil”. En: Unicef Regional Office for The Americas and the Caribbean. The invisible adjustment: Poor women and the economic crisis. Santiago de Chile.

 

Ortiz, Esteban y Ramírez, Claudia (2012).Criterios para la definición de la cesación de vulnerabilidad ocasionada por el desplazamiento forzado – Herramienta técnica de medición. Bogotá. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/ system/files/2014/12/doctrina35722.pdf Consulta realizada el 13 de Mayo de 2017.

 

Pizarro, Roberto (2001). La Vulnerabilidad Social y Sus Desafíos: Una Mirada Desde América Latina. Santiago de Chile. Naciones Unidas. Pp. 69.

 

Rettberg, Angelika (2015). “Ley de víctimas en Colombia: Un balance”. Revista de Estudios Sociales. No. 54. Bogotá, Colombia. Pp. 185–188.

 

Sánchez, Diego y Egea, Carmen (2011). “Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las desventajas socioambientales. Su plicación en el estudio de los adultos mayores”. Papeles de Población. Vol. 17, No.

69. Toluca, México. Pp. 151-185.

 

Sandoval, Carlos (2002). Investigación Cualitativa. Bogotá. Icfes. Pp. 311.

 

Sen, Amartya (1981). Poverty and Famines.Gran Bretaña. Oxford University Press. Pp. 257.

 

Soledad, Javier y Egea, Carmen (2011). “¿Por qué tantos desplazados internos en Colombia?. El papel de las fronteras”. Estudios Geográficos. Vol. 72, No.270. España. Pp. 337–343.

 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) (2015). Encuesta Goce Efectivo De Derechos. Febrero 2015. Bogotá. DANE.