QUÓRUM ACADÉMICO
Vol. 20 Nº 2, Julio-Diciembre 2023. Pp. 98-112
Universidad del Zulia
Regular la difusión del contenido en línea es necesario, pero debe sustentarse en estándares de derechos humanos. Corresponde a los Estados garantizar respuestas ancladas a modelos de gobernanza sostenibles. El propósito de la investigación es identificar las políticas nacionales de comunicación ejecutadas en los países andinos que permitan la adopción de los principios para una Internet libre, abierta e incluyente expresados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. La investigación es de tipo descriptivo y relacional, se emplea metodología cualitativa a través de análisis de contenidos y entrevistas semiestructuradas. Se destaca la visión humanística que deben tener las regulaciones, el será la promoción de los derechos de las personas.
Recibido: Julio 2023 - Aceptado:Noviembre 2023
1 Docente e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Investigador acreditado por SENESCYT. Doctor en Comunicación. Coordinador del Grupo de Investigación Comunicación y Cultura Audiovisual (GICA). Correo arsuing@utpl. edu.ec ORCID 0000-0002-4234-5926.
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 3.0 Unported.
Standards for a free and open Internet in the Andean Community
Abstract
Regulating the dissemination of online content is necessary, but must be underpinned by human rights standards. It is up to states to ensure responses anchored in sustainable governance models. The purpose of the research is to identify the national communication policies implemented in the Andean countries that allow for the adoption of the principles for a free, open and inclusive Internet expressed by the IACHR's Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression. The research is descriptive and relational, using qualitative methodology through content analysis and semi-structured interviews. The humanistic vision that regulations should have is highlighted, the purpose of which is the promotion of people's rights.
En razón de la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de muchos progresos comerciales y de la comunicación entre las personas, se exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a la red para el desarrollo de los medios de comunicación y de los servicios de información.
La conexión a la Internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, por ello deben adoptarse políticas que contribuyan a desarrollar infraestructuras (Lanza, 2018). La Internet es un instrumento en la sociedad de la información (Díaz y García, 2011) que está disponible solo para una tercera parte de la población global, creando un mundo dividido entre los que poseen acceso y los que no tienen esta posibilidad (UIT, 2018).
Existen desigualdades en función de factores sociodemográficos y la brecha digital pesa más sobre comunidades vulnerables. El despliegue de coberturas ha priorizado áreas urbanas impactando negativamente en la ruralidad. Existen estudios acerca de la relación entre el desarrollo económico y las comunicaciones electrónicas, en la actualidad íntimamente
ligado a la banda ancha, y en general al hipersector de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
Por lo referido, emerge el interés en contar con un marco regulador que promueva el acceso universal y anime el uso de softwares abiertos, entre otras disposiciones, que deriven de leyes inspiradas en la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad y los derechos humanos (Puddephatt, 2016).
La labor del Estado y la actuación de los particulares en el entorno digital deben adecuarse a principios orientadores como la neutralidad de la red y la gobernanza multisectorial. La neutralidad de la red supone que Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración o interferencia, mientras que una gobernanza multisectorial permitirá que todos los puntos de vista se tomen en cuenta y ningún actor imponga sus criterios por sobre otros.
Existe un consenso internacional en torno a garantizar una Internet libre y abierta que ya es evidente en aspectos técnicos, como la interoperabilidad, las interfaces de aplicación, documentos, textos y datos abiertos. Es imprescindible que cualquier regulación o política pública tendiente al acceso a la Internet esté acompañada de mecanismos para salvaguardar la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión (OEA-CIDH, 2021).
La desigualdad digital se presenta en países, comunidades y personas que no tienen acceso adecuado a las TIC, a formación crítica y a un contexto social dinámico (Uribe et al., 2007). Existe marginación para usar y apropiarse de los bienes y servicios de la Internet (Alva, 2005), lo cual es conocido también como pobreza digital (Barrantes, 2015) es decir, hay factores materiales, educativos y sesgos que limitan los usos y beneficios del acceso a las TIC, situación aleja las oportunidades educativas, laborales, de información y participación en la sociedad en línea.
Las personas en situación de pobreza digital se encuentran en desventaja en términos de ingreso a la educación en línea, búsqueda de empleo, servicios gubernamentales, comunicación con amigos y familiares, e información relevante para su vida cotidiana. Entre las formas de enfrentar la pobreza digital están la ampliación de la cobertura de la Internet y la alfabetización digital, así se lograrán reducir las disparidades. Sin embargo, persiste el determinismo tecnológico, pensar que la disponibilidad de las redes de comunicación traerá mayor igualdad y participación democrática por sí sola (Morozov, 2013), pero no es así, se requiere de políticas públicas orientadas a la creación y usos de la información.
Debe recordarse que la información también garantiza la participación ciudadana en asuntos de interés público esenciales para una cultura democrática (Fuenmayor, 2004). La posibilidad de recibir información y manifestar opiniones para establecer diálogos, generar flujos horizontales de comunicación entre múltiples productores de contenidos y contar con amplias oportunidades de interacción es parte de la democracia deliberativa (Barber, 2003; Habermas, 1996).
Las consideraciones actuales de la libertad de expresión se encuadran en los artículos: 19 de la Declaración Universal de Derechos de 1948; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966); y, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 que incorporan la libertad de buscar, difundir y recibir informaciones de toda índole, por cualquier medio y sin consideración de fronteras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que este derecho comprende la utilización de cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Asimismo, ha enfatizado la obligación positiva de los Estados para garantizar la pluralidad informativa. En este sentido, señaló que no solo se deberán minimizar las restricciones a la información, sino también permitir que los medios estén abiertos a todos sin discriminación, asegurando que “no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos” (CIDH, 1985: 10).
El derecho a la información también se manifiesta como el derecho a los medios, canales y soportes necesarios para transportar la información (Desantes, 1994a). El objeto del derecho a la información es la transmisión de datos, noticias, mensajes o hechos, que pueden ser investigados, almacenados o procesados por cualquier medio o instrumento (Blake y Haroldsen, 1990).
El propósito de la investigación es identificar las políticas nacionales de comunicación ejecutadas en los países andinos, entre 2018 y 2022, que permitan la adopción de los principios para una Internet libre, abierta e incluyente, expresados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emitidos en 2017, con énfasis en la protección de las libertades de los usuarios de las plataformas digitales.
Por lo referido, la pregunta de investigación es ¿la adopción de los estándares para una Internet libre, abierta e incluyente se realizan sobre la
base de las orientaciones de organismos internacionales o a través de las disposiciones de órganos nacionales de regulación?
Los criterios bajo los cuales se ejecuta el análisis provienen del documento “Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente” emitido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) en 2017. En el texto se consideran cuatro categorías:
Internet libre y abierta.
Acceso, que agrupa.
Alfabetización digital.
Pluralidad lingüística.
Gobernanza multisectorial.
Igualdad y no discriminación.
Se consideran los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) en razón de compartir condiciones sociales y porque constituyen un bloque político que busca el progreso equilibrado y autónomo desde 1969 (CAN_a, 2022). La Comunidad Andina (CAN) cuenta con instituciones supranacionales desde donde se derivan las orientaciones de políticas públicas que son integradas en las leyes de cada nación.
La investigación es de tipo descriptivo y relacional (Hernández, et al., 2000), se emplea metodología cualitativa por medio de análisis de contenidos y entrevistas semiestructuradas. El análisis de contenidos se realiza a las Constituciones, las leyes de comunicación y telecomunicación (TIC) de los países andinos, además de la “Agenda Digital Andina” (CAN_b, 2022) y del “Análisis y diagnóstico del ecosistema digital de la comunidad andina para el sector de telecomunicaciones y TIC” (CAN_c, 2022).
A partir de la identificación de los estándares se seleccionan las siguientes palabras claves para realizar las búsquedas: accesibilidad, acceso a Internet, alfabetización digital, banda ancha, barreras de acceso a Internet, brecha digital, datos abiertos, democracia en Internet, derechos humanos en Internet, gobernanza de Internet, Internet (móvil), neutralidad de la red, pluralidad lingüística, rendición de cuentas, software libre, transparencia en la red.
Previo a la indagación se ubican las autoridades de telecomunicaciones y entes reguladores de los países andinos:
Estado Plurinacional de Bolivia. Autoridad: Viceministerio de Telecomunicaciones que forma parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Regulador: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
Colombia. Autoridad: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Regulador: Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Ecuador. Autoridad: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel). Regulador: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL).
Perú. Autoridad: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Regulador: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Las entrevistas se realizaron entre 29 y 30 de agosto de 2022 en videoconferencias. Los perfiles de los entrevistados son 1) abogada, docente universitaria de la Universidad Católica de Santa María en Perú,
2) constitucionalista, profesor universitario, máster en periodismo, asesor de empresa de tecnología, 3) parlamentaria de la Asamblea Nacional del Ecuador, experta en educación, 4) periodista y máster en estudios culturales. El tópico de las entrevistas es conocer las valoraciones de los “Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente” (RELE-CIDH, 2017). Las conversaciones con expertos aportan datos directos cuando se quiere indagar sobre una experiencia personal subjetiva (Pedraz et al., 2014).
Se observan diferentes denominaciones en razón de los conceptos técnicos y de ingeniería que dicen que la comunicación, Internet y tecnologías de la comunicación son áreas complementarias y ninguna de ellas está supeditada a la otra, por lo cual conforman una cadena de valor. Como consecuencia de la imprecisión técnica, se originan conceptos que cambian de país a país, supeditando las Telecomunicaciones a las Telecomunicaciones y TIC.
Ha sido frecuente que los Estados fijen las políticas y luego las regulaciones pertinentes. Sin embargo, en el sector de Telecomunicaciones y TIC´s se
debe regular y normalizar, incluso, sin haber establecido una política para una circunstancia en particular, por tal razón las leyes orgánicas y generales deben revisarse, para actualizar e incorporar los avances tecnológicos.
Los conceptos involucrados en las políticas de telecomunicaciones de los países andinos son: ecosistema digital, espectro radioeléctrico, servicio de banda ancha e independencia de los entes reguladores, entre otros, lo que permite conocer el camino asumido para administrar, gestionar, regular, impulsar y desarrollar el sector de comunicaciones y establecer un estado del arte.
Existe la Agenda Digital Andina (ADA) que constituye una política de armonización y orientación para los ministerios correspondientes de cada país. La ADA es parte del plan de trabajo del Comité Andino de las Autoridades de Telecomunicaciones, surge en cumplimiento al mandato del Consejo Presidencial Andino expresado en la Declaración de Lima de mayo de 2019 y ratificado por los jefes de Estado de los países miembros en las Declaraciones del Consejo Presidencial Andino de mayo de 2020 y julio de 2021 (CAN_a, 2022). La ADA comprende los ámbitos de transformación digital, conectividad, innovación, y tecnologías de la información y comunicaciones.
Los países de la CAN han organizado el sector de las comunicaciones de acuerdo con sus propias visiones y propósitos, y en cierta medida con el acompañamiento internacional, en este marco, acoger la ADA es una prioridad para el organismo multilateral, ya que las telecomunicaciones son imprescindibles para la integración física, el desarrollo de infraestructuras y el acceso a los mercados internacionales en mejores condiciones, en tiempo real y con mayor competitividad.
Las infraestructuras, instituciones, leyes y la ADA conforman un ecosistema digital andino, pero específicamente está integrado por cuatro ejes: infraestructura, usuarios, aplicaciones y servicios que resultan insuficientes para describir el momento tecnológico presente. A nivel internacional, se aborda en concepto de Ecosistema de Tecnologías Digitales, que en el caso de la CAN implica que pronto los países deberán analizar y tomar la decisión de reclasificar a las TIC como un servicio público de telecomunicaciones regulado.
La ADA orienta la emisión de políticas regionales para impulsar la ciberseguridad, seguridad digital y seguridad de la información adoptando estándares internacionales, determina lineamientos de banda ancha andina, en su hoja de ruta internacional considera, entre otros temas, la neutralidad
de red y el servicio de banda ancha fija y móvil, pero el verdadero reto está en elaborar la legislación secundaria que oriente el desarrollo del Ecosistema Digital y sea amplia para coadyuvar a la consecución de los objetivos que pretende la política pública. La legislación secundaria debería convertirse en una herramienta para regularizar los desarrollos científicos con las necesidades de los usuarios.
Sobre la base de las fuentes jurídicas y planes marcos de la ADA se ubica los siguientes acuerdos relacionados con una Internet libre y abierta, vigentes en la CAN, que muestran las tendencias de regulación y acciones afirmativas: 1) Régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, 2) Roaming internacional, 3) Neutralidad de red, 4) Normas sobre el zero rating y sus implicaciones en la neutralidad de red, 5) Plan de implementación de software libre y estándares abiertos, 6) Condiciones normativas y técnicas para el acceso gratuito a sitios web.
En la decisión No. 897 relativa a los “lineamientos para la protección de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones” del 14 julio de 2022, se precisan los derechos de los usuarios con relación al acceso a una Internet abierta y neutralidad de red, el artículo 12 indica que todos los usuarios de telecomunicaciones “tienen el derecho al acceso libre e irrestricto, a contenidos, aplicaciones y servicios a su elección para buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin más limitaciones que las establecidas en los tratados internacionales” (Secretaria General CAN, 2022: 8), en el artículo 13 se señala que los usuarios recibirán un trato equitativo y no discriminatorio del tráfico de Internet, independientemente del emisor y el receptor, del tipo de contenido, aplicaciones o servicio.
Otra demostración de acciones a través de organismos supranacionales que ayuda para la implementación de los estándares de una Internet libre ocurrió frente a los contagios de la Covid-19. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el 26 de marzo de 2021 la “Guía Práctica
¿Cómo promover el acceso universal a Internet durante la pandemia de COVID-19?”. En este documento, las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión (RELE) y sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) presentan herramientas innovadoras para contribuir al respeto y garantía de los derechos humanos.
La guía incluye lineamientos prácticos dirigidos a centrar esfuerzos estatales y privados en el acceso universal a una Internet libre, abierta e
incluyente que dependen de las medidas positivas que los Estados están obligados a adoptar con la participación de la academia y sociedad civil.
En el contexto de emergencia sanitaria generada por la Covid-19, el acceso a Internet con estándares mínimos de calidad resulta fundamental, es evidente la necesidad de acelerar las políticas de acceso universal, ampliando la infraestructura que lo sostiene, facilitando el acceso a dispositivos idóneos y promoviendo la alfabetización digital. El déficit de acceso a Internet en el contexto de la pandemia afecta, deteriora o dilata la garantía de todos los derechos humanos que hoy se ejercen total o parcialmente por esta vía.
La CIDH estableció que, frente a la pandemia, los Estados están obligados a “garantizar el acceso más amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población y desarrollar medidas positivas para reducir de manera rápida la brecha digital que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad y con menores ingresos” (OEA-CIDH, 2021:14).
La CIDH y la RELE han identificado que las comunidades indígenas, mujeres, afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y con necesidades específicas viven limitaciones de forma desproporcionada en el acceso y asequibilidad de las tecnologías digitales. Esta brecha digital refuerza las desigualdades preexistentes.
Durante los dos primeros años de la pandemia de la Covid-19 también ocurrió que algunos Estados implementaron aplicaciones de educación virtual bajo la modalidad zero rating o tarifa cero, para permitir que los estudiantes no se vean perjudicados y continúen con sus clases sin costos extras. Esta modalidad permite que los proveedores de Internet ofrezcan acceso a determinadas aplicaciones gratuitamente y sin costos en el plan de datos. Por ejemplo, con portales que ofrecen la navegación gratuita desde todos los teléfonos móviles, sean prepagos o pospago, a plataformas educativas del sistema público (OEA-CIDH, 2021).
Según los testimonios de los entrevistados, el acceso universal al Internet es un derecho autónomo y se debe hacer todo lo posible a través de la cooperación internacional para que las personas puedan ingresar, sobre todo las minorías, porque así se acorta la desigualdad. Varios Objetivos de Desarrollo Sostenibles están relacionados con el acceso a Internet porque se ve a la tecnología como una forma de ayudar a las personas para que puedan trabajar y precautelar sus derechos, por ejemplo, “pese a que en América Latina muchas personas tienen un celular inteligente, no cuentan con acceso a datos por los costos, y esto genera disparidades” (entrevistada 1, comunicación personal, 29 de agosto de 2022).
Los gobiernos deberían plantear políticas educativas para enseñar sobre el acceso a Internet. De acuerdo a lo que establecen los principios constitucionales de los países andinos, es responsabilidad de los Estados garantizar el acceso a los servicios básicos y ahora al Internet:
“que gracias al avance de la tecnología lo consideramos básico o fundamental, por ello es obligación de los Estados a través de los ministerios correspondientes brindar las condiciones necesarias para que las empresas privadas puedan invertir en infraestructuras de telecomunicaciones” (entrevistado 2, comunicación personal, 29 de agosto de 2022).
Es importante una perspectiva múltiple de las partes interesadas, para que “todos los sectores del ecosistema de Internet puedan tener una participación activa para tomar decisiones incluyentes y libres” (entrevistada 4, comunicación personal, 30 de agosto de 2022). Uno de los principales temas es la necesidad de generar marcos de discusión para que la regulación responda a la realidad.
En el centro de las regulaciones debe estar el hombre, no la tecnología. Internet tiene un carácter de medio de comunicación público, por lo que hay que trabajar desde la cultura para identificar la utilidad de la tecnología. La libertad de expresión también es aceptar que se puedan señalar opiniones contrarias, incluso desagradables, sabiendo que la limitación es no incitar al odio o a la violencia, para corregir esas tentaciones está la educación con responsabilidad.
“La esencia de la democracia es el pluralismo, en la medida que esté garantizada la libertad de expresión también estará garantizado el pluralismo, la deliberación. Es bueno conocer la tecnología, lo nuevo, para trabajar sobre los excesos de los poderes” (entrevistada 3, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).
El derecho humano a la información permite a los individuos buscar, recibir y difundir mensajes en cualquier medio de expresión y, por otro lado, el sentido de Internet radica en la transmisión de la información, por lo tanto, hay una aproximación de propósitos. La dificultad para acceder a la infraestructura o a los dispositivos informáticos, la insuficiente cobertura, la falta de proveedores y la poca capacitación en tecnologías digitales provoca que la Internet esté disponible para pocos, afectando el ejercicio de otros
derechos políticos, económicos y culturales como la participación ciudadana, la libertad de expresión, el acceso al conocimiento y el desarrollo.
Desde una óptica instrumental, se deben revisar los planes nacionales de banda ancha y agendas digitales porque son prioridad para una conectividad inclusiva y sostenible. Las políticas públicas de comunicaciones (telecomunicaciones y TIC) deben ser diseñadas para promover la convergencia tecnológica, el acceso y servicio universal de los servicios de telecomunicaciones, la neutralidad de la red, la neutralidad tecnológica y la simplificación regulatoria.
En informes técnicos realizados por expertos para la CAN se sugiere que este organismo asuma el liderazgo de las estrategias del sector de telecomunicaciones y TIC a nivel regional, con el apoyo de organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina, entre otros, con el fin de establecer un marco conceptual de políticas públicas que se actualice con periodicidad para apoyar a los países en la formulación y definición de las políticas públicas, acordes con el momento tecnológico y político, para beneficio comunitario.
El acceso universal a una Internet libre, abierta e incluyente depende fundamentalmente de las medidas positivas que los Estados están obligados a adoptar para alcanzar a las personas y grupos que por diversos factores (socioeconómicos, ubicación geográfica, edad) no han podido acceder aún.
Las empresas privadas, de telecomunicaciones y prestadoras de servicio en Internet son cada vez más relevantes en el desafío de reducir la brecha digital. La sociedad civil y el sector académico están llamados a intervenir en la elaboración de marcos de referencia y propuestas alternativas, sin fines de lucro, de carácter social y comunitarias, que contribuyan con hacer efectivo el derecho a la información.
Los Estados pueden acelerar los procesos de diseño e implementación de políticas públicas que respondan a corto plazo tanto el acceso de calidad como el desarrollo de habilidades digitales a través la puesta en marcha de programas de alfabetización digital en perspectiva de derechos humanos, a corto plazo pueden promover activamente el uso del espectro y facilitar licencias para el despliegue de redes locales y comunitarias, así como asegurar que toda política de acceso a Internet incorpore tres principios: 1) cobertura abierta y competitiva, sin limitación de acceso a contenidos y con total apego al principio de neutralidad de la red; 2) acceso a dispositivos en cantidad y calidades acordes a las necesidades de las personas tomando
en consideración sus vulnerabilidades físicas y socioeconómicas; 3) acompañamiento de procesos de alfabetización y desarrollo de competencias y habilidades digitales.
Además, los Estados deben asegurarse de fortalecer los mecanismos nacionales de gobernanza de Internet, impulsar el acompañamiento de órganos independientes de derechos humanos instituidos a nivel interno, como las defensorías en la planificación y el despliegue de políticas públicas sobre acceso y conectividad que puedan brindar una perspectiva respetuosa de los derechos humanos (OEA-CIDH, 2021).
En pandemia, las autoridades de regulación garantizaron el acceso amplio e inmediato al servicio de Internet a toda la población como una manera de otorgar medidas positivas para reducir la brecha digital que enfrentan los grupos vulnerables y con menores ingresos (CIDH, 2020).
Una ADA para la CAN debe verse como una agenda resiliente, como un derecho humano y fundamental. Las Telecomunicaciones y las TIC, y en particular la conectividad por banda ancha, son un igualador social, ya que habilitan el ejercicio de los derechos humanos. Quien esté conectado y tenga acceso a Internet posee mayores opciones para el libre ejercicio de sus derechos fundamentales y está integrado a la sociedad.
La pandemia lleva a los Estados a incluir en su pacto social el bienestar digital, es decir, la conectividad digital inclusiva y sostenible por banda ancha, y a repensar el modelo de gobernanza en el marco de un estado de bienestar digital.
Se aprecia la necesidad de una armonización e interacción de los países andinos acompañada de los órganos de la CAN, donde también participan otras instituciones internacionales con injerencia en la comunicación y telecomunicaciones. La lógica de comunicación mundializada en las TIC, redes sociales y diálogos sincrónicos facilitados por la Internet configuran la urgencia de regulaciones supranacionales que, por un lado, resultan necesarias para dialogar con empresas transnacionales, pero también aparentan una debilidad de las instancias nacionales para responder de inmediato a las demandas emergentes de los ciudadanos para precautelar sus derechos en Internet.
La pregunta de investigación se responde de forma positiva. Las relaciones presentadas en este trabajo, además de los testimonios de los expertos, permiten aseverar que la adopción de los estándares para una Internet libre, abierta e incluyente se realizan fundamentalmente gracias a la
orientación de organismos internacionales, en lugar de una acción proactiva de las autoridades nacionales de comunicación, o en todo caso, hay una respuesta rezagada o burocrática.
Los testimonios de los entrevistados coinciden en destacar a las personas y la visión humanística que deben tener las regulaciones de la Internet, el propósito de fondo es la promoción de los derechos de las personas para lograr mejores niveles de progreso y bienestar.
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