QUÓRUM ACADÉMICO
Vol. 20 Nº 1, Enero - Junio 2023. Pp. 14-48
Universidad del Zulia
Andrés Rodríguez Mera1
Este artículo analiza la organización del discurso en los noticieros
-Televistazo y 24 Horas- alrededor de la comercialización legal e ilegal de cannabis no psicoactivo y psicoactivo en Ecuador. Su objetivo es explicar la legitimación y criminalización mediática de actores con intereses y sujetos de derechos. Desde una metodología cualitativa, se compone un corpus de investigación desde junio 2020 hasta junio 2022. Complementariamente, se realiza un análisis documental de dos leyes y se concretan dos relatos de vida a comerciantes ilegales de cannabis. Se concluye que la criminalización mediática promueve la judicialización y penalización de consumidores y cultivadores con mayor periodicidad que las instituciones estatales de control.
Recibido: febrero 2023 – Aceptado: mayo 2023
PhD (c) en Ciencia Política por FLACSO -Ecuador. Investigador acreditado por SENESCYT. Áreas de especialidad: Ciencias Sociales y del Comportamiento, Ciencias Políticas, Movimientos sociales, Acción colectiva y Regímenes regulatorios. No. REGINV-21-05385. Correo: afrodriguezfl@flacso. edu.ec ORCID ID: 0000-0002-4919-8383
Este obra está bajo una licenciadeCreativeCommonsReconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0Unported.
Two media visions, one object of regulation: legitimization for some, criminalization for others
Abstract
This article analyzes the organization of the discourse in the news programs
-Televistazo and 24 Horas- around the legal and illegal commercialization of non-psychoactive and psychoactive cannabis in Ecuador. Its objective is to explain the media legitimization and criminalization of actors with interests and subjects of rights. From a qualitative methodology, a research corpus is composed from June 2020 to June 2022. In addition, a documentary analysis of two laws and two life stories of illegal cannabis traders are carried out. It is concluded that media criminalization promotes the prosecution and criminalization of consumers and growers more frequently than state control institutions..
regulatory regime.
Durante la última década, la investigación del cannabis en Ecuador –al igual que en América Latina- es científicamente relevante porque a medida que se despliegan acciones para movilizar y publicitar demandas alrededor del consumo, cultivo y comercialización, surgen y se multiplican diversas versiones sobre su estado de problematización. Fundamentalmente, se observan contradicciones, tensiones y disputas. En primera instancia, sobre la emergencia y problematización del cannabis como un conflicto sociopolítico. En instancias posteriores también como una forma de acción colectiva, un objeto de regulación, un tema de debate público y un objeto de disputa por el ejercicio de derechos.
El 17 de septiembre de 2019 se aprueba una reforma al Código Integral Orgánico Penal -COIP-. Mediante 83 votos a favor, 23 votos en contra y 23 abstenciones se permite la producción, comercialización, distribución, y consumo de cannabis para usos medicinales e industriales en el país; dejando a un lado el uso y consumo recreativo, replanteando el panorama del conflicto y abriendo vías para una mercantilización legal del producto.
Posteriormente, 24 de diciembre de 2019, dicha reforma se publica en el Registro Oficial. Sin embargo, el país aún requiere de una normativa complementaria para desplegar esta nueva regulación sobre el cannabis. Por una parte, quedan pendientes nuevos debates y la posterior aprobación de un Código de la Salud -COS-, vetado por el ejecutivo el 25 de septiembre de 2020, para establecer competencias sobre prescripción, administración y distribución de cannabis medicinal. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG- aprueba el reglamento (Acuerdo 109) para regulación de la importación, siembra, producción, industrialización, comercialización y exportación de cáñamo para uso industrial.
Este artículo analiza, principalmente, los modos de organización del discurso en las piezas televisivas (con mayor sintonía) que presentan contenidos sobre la comercialización legal e ilegal de cannabis en Ecuador. Esta propuesta investigativa es una oportunidad para comprender la operatividad del actual régimen regulatorio de esta planta desde una entrada teórica de la comunicación.
Se traza una hipótesis de investigación: los noticieros, con mayor rating a nivel nacional, fabrican mediatizaciones de acontecimientos que legitiman trayectorias e intereses de redes empresariales y médicas que respaldan la despenalización del cannabis no psicoactivo. Simultáneamente, criminalizan acciones, decisiones y demandas de sujetos de derechos que impugnan el actual régimen regulatorio del cannabis, así como la persistencia del Régimen Internacional de Control de Drogas. Dicha mediatización parcializada respalda el posicionamiento de actores y servidores estatales. A la par, cuestiona y desvirtúa las realidades socioeconómicas, contextos culturales y prácticas políticas de consumidores, cultivadores, productores y comerciantes ilegales de cannabis.
Los medios de comunicación, en estudio, estigmatizan selectivamente a determinadas redes de actores que se relacionan con esta planta. Ante lo descrito, se postula que, en Ecuador y desde una perspectiva comunicacional, se reproducen dos visiones mediáticas sobre un objeto de regulación – el cannabis-: legitimación para unos, criminalización para otros. Cabe destacar que, constitucionalmente, en el país las personas consumidoras de drogas no pueden ser criminalizadas, discriminadas ni estigmatizadas, por su condición de usuarias de cualquier tipo de drogas (art. 364).
Bajo estas condiciones normativas, estatales y mediáticas, se problematiza el conflicto del cannabis como una oportunidad analítica para contrastar prácticas regulatorias, contenidos mediáticos y sujetos de regulación.
A partir de la publicación oficial de las reformas al COIP, junio de 2020, los noticieros Televistazo y 24 Horas reportan y reproducen narraciones, descripciones, argumentaciones y explicaciones sobre la regulación del cannabis. Configuran una tematización y categorización pública para atraer la atención de sus audiencias con enunciados, titulares y comentarios dramáticos que persiguen el incremento de su rentabilidad.
Tales medios de comunicación, como actores con intereses de la realidad social, forjan una visión mediática que se sobrepone a las disputas por derechos que conforman el entramado conflictivo del mundo social del cannabis. La forma en que estos medios seleccionan e informan sobre las problemáticas del cannabis devela las prioridades y preferencias políticas de su ejercicio profesional.
Las problemáticas sociales, políticas y económicas que se derivan de la regulación del cannabis no se limitan a las tensiones mediáticamente descritas, ni mucho menos, a las imágenes que estos noticieros eligen y clasifican. Las demandas provenientes de redes organizativas que exigen la despenalización del cannabis recreativo alcanzan mínima cobertura mediática. Cuando ingresan en su agenda, el proceso de edición es tan vasto que “lejos de limitarse a registrarlos, el campo periodístico los somete a un verdadero trabajo de construcción que depende en muy amplia medida de los intereses propios de ese sector de actividad” (Champagne, 1999: 51).
En contraste, la opinión pública, como constructo teórico, es incesantemente expuesta como el soporte democrático de una industria comercial que articula grupos de poder económico, estatal y mediático. “El papel de la prensa es esencial en este proceso, actuando como una conversación pública que suprime las distancias y anima esta fuerza abstracta y soberana que es la opinión pública” (D’ Almeida, 2012: 7-10).
Distintas investigaciones leen e interpretan (analítica y metodológicamente) al problema social de las drogas ilegales como un objeto empírico de relevancia académica. Una línea argumental se sustenta en la historia de las prohibiciones, y en estudios etnográficos sobre prácticas en ámbitos de atención, de investigación judicial y de control policial para explicar el trasfondo conceptual que define a los elementos morales del Estado.
Desde el análisis de diversos regímenes de regulación se indaga tanto la estabilidad como las perspectivas de cambio del Régimen Internacional de Control de Drogas. La implementación punitiva del prohibicionismo requiere de una serie de decisiones e intereses políticos de los Estados que, “como cualquier otra decisión, puede ser reconsiderada, modificada o sustituida por otra opción política. Especialmente si los resultados de dicha política no han sido los deseados” (Sánchez, 2012: 43-44).
Las agencias internacionales de seguridad y control, a través de los medios de comunicación, transmiten hechos vinculados con la guerra contra las drogas como un mecanismo de validación de sus protocolos y dispositivos de penalización y castigo. Ciertamente, diseñan un peligro general al que las sociedades están expuestas a causa de la polisemia de las drogas. Cuando el conflicto del cannabis se torna en un producto mediático, se evidencia un alto grado de deliberada imprecisión. Por ejemplo no se profundiza sobre porcentajes de THC en las plantas incautadas, etapas del cultivo
-germinación, vegetación y floración-, ni tampoco se describe y caracteriza genéticas de la planta, diferencias entre plántulas y esquejes, conformación de cruces genéticos, condiciones de polinización. Dichos conocimientos y técnicas que corresponden tanto al cultivo de cannabis psicoactivo como no psicoactivo son presentados públicamente como procedimientos relativos a laboratorios clandestinos de drogas.
El predominio del enfoque prohibicionista y punitivo se cuestiona (a escala global) desde los años noventa. En primera instancia desde los países productores que comienzan a reivindicar la responsabilidad de los llamados países consumidores y su contribución al problema mundial de las sustancias catalogadas como drogas. “Es el principio de los enfoques de responsabilidad compartida en la agenda internacional, que culminará con la plena adopción de este principio por parte del régimen en la Sesión Especial de 1998” (Sánchez, 2012: 33).
Los relatos y narrativas en contra del cannabis, mayoritariamente, proceden de consumidores recreativos con acceso a otras sustancias psicoactivas o ilegales, encarcelados o en proceso de rehabilitación dentro de centros de adicción. También se observa una expansión de criterios y experiencias sesgadas por parte de autoridades estatales, médicas, policiales, militares, educativas y ciudadanas en medios de comunicación y redes
sociales digitales. En síntesis, “se legitima la persecución, criminalización y estigmatización de los consumidores para garantizar el cumplimiento de los valores, tradiciones y ética de las sociedades democráticas” (Rodríguez, 2021: 94).
Las disputas y tensiones públicas sobre la categorización del cannabis como sustancia peligrosa replican deseos e intenciones que excluyen y castigan tanto a consumidores, cultivadores como a productores artesanales. La asunción del consumo como un estigma permite que la tematización de los delitos alrededor del cannabis se trabaje e inscriba, simultáneamente, desde la salud pública. El consumidor de cannabis (al igual la planta en sí misma) adquiere una triple identificación peyorativa: inmoralidad, delincuencia y enfermedad.
Las políticas represivas del cannabis presentan limitaciones políticas, penales y culturales. La argumentación de la perspectiva prohibicionista, como un paradigma eficaz que erradica el consumo y comercialización de cannabis, es incongruente con las múltiples realidades y cotidianidades de quienes se relacionan con la planta. Se continúa registrando y observando un imparable aumento de cultivadores, productores y distribuidores. La comercialización de sustancias prohibidas, entre ellas el cannabis, continúa siendo lucrativa debido a su condición de ilegalidad. “Los proveedores disponen de amplios recursos financieros con los que pueden ocultar sus actividades de forma cada vez más sofisticada, o con los que pueden escapar de la represión mediante el soborno y la corrupción” (Decorte, 2018: 16).
De acuerdo con el relato de vida de “Criptor”, un comerciante ilegal de cannabis en Quito, los ingresos económicos provenientes de esta actividad clandestina son insuficientes para su manutención mensual. Declara que también tiene otros trabajos informales y esporádicos. Por ejemplo, desde su condición de activista político y del cannabis, imparte talleres y charlas. Mediante el cumplimiento de dichas labores consigue ingresos semanales entre $20 y $50. Criptor confiesa que tiene una deuda por más de $2000 con prestamistas ilícitos (chulqueros), quienes le facilitaron dinero para sobrevivir durante la pandemia del Covid 19. “Hay un aumento en la venta…
brother, tú abre Facebook y todo el mundo está vendiendo marihuana. Y venden por libras. Y por qué no he caído… porque nunca he publicado en redes que vendo marihuana” (Criptor, activista y comerciante ilegal de cannabis psicoactivo, entrevista con el autor, 11 de marzo de 2021).
Las regulaciones prohibicionistas alrededor del cannabis tienen un efecto, prácticamente, nulo en la comercialización ilegal de la planta así como en la accesibilidad de sus consumidores. La reducción del consumo es una fantasía mediatizada y politizada. “El resultado es a menudo una forma de política selectiva orientada por prejuicios durante la detección, persecución y castigo” (Decorte, 2018: 16-17).
Según la narración de “Carla”, comerciante ilegal de cannabis proveniente de Lago Agrio, el cannabis psicoactivo también es una planta medicinal. Aunque el cannabis no es una droga sintética ni química –en otros países sí se produce y comercializa cannabis sintético- sus efectos psicoactivos son presentados como altamente nocivos. En relación con los aprendizajes de Carla, ella relata que aprendió a vender solo a personas que conoce o referidas. “Justo en pandemia… a mí me ayudó full porque no trabajaba. Lo único que me mantenía era (la venta de) la medicina. Con eso me mantuve los siete meses cacha… arriendos y comida… café, almuerzo y merienda” (“Carla”, comerciante ilegal de cannabis, entrevista con el autor, 18 de marzo de 2021).
La división de la planta de cannabis (y de sus consumidores) entre medicinal y recreativa promueve la persistencia de su ilegalidad integral. Durante los tres últimos años, Ecuador se encuentra en el proceso de legitimación del cannabis medicinal. Se evidencia una transición del mercado clandestino a un mercado semi-legal y, finalmente, hacia un mercado regulado por el Estado (a partir de 2021). Desde Mayu Ecuador2, se insta a que la sociedad entienda y se vincule con tratamientos medicinales del cannabis. Las redes médicas en favor del cannabis tienen un interés
Según su fundador, Julio Vicencio, es el primer centro que realiza desarrollo, investigación, educación y atención médica natural y alternativa especializada en endocannabinología y uso de cannabinoides.
manifiesto por compartir saberes ancestrales y conocimientos científicos que guíen a las personas para comprender cómo, dónde y para qué acudir al cannabis.
Figura 1. Reformas al COIP, 2020
Fuente: UISEK Ecuador #Cápsula jurídica (2020).
En consonancia con la regulación integral del cannabis en Uruguay y su correspondiente mediatización, los actores reguladores enfatizan las dificultades y retos que dicho Estado asume con el objetivo de fortalecer sus capacidades y reformular las políticas públicas de drogas. En contraste, se destaca el reconocimiento mundial que Uruguay adquiere tras la aprobación y vigencia de su nuevo régimen regulatorio. Los medios de comunicación, complejizan la operatividad de la regulación del cannabis a través de coberturas que muestran, exclusivamente, sus dificultades y obstáculos. “Existe un encuadre que trasciende el campo mediático y prevé un Estado “tensionado” por el despliegue de la política, que tendrá que lidiar con las consecuencias de una menor percepción de riesgo” (Coitiño, Queirolo y Triñanes, 2017: 133-138).
A nivel regional y global, la instauración de una regulación integral del uso recreativo del cannabis es conflictiva y parsimoniosa. Ahora bien, el desarrollo de regímenes regulatorios que despenalizan el uso medicinal se tornan en procesos mucho más problemáticos y prolongados. Los grupos médicos, de profesionales del derecho y empresariales son las redes centrales que promueven dicha despenalización. Por ejemplo, “la Sociedad Uruguaya
de Psiquiatría, junto con la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Juventud y la Infancia, figuraban como dos de las voces más notorias que cuestionan la regulación del cannabis” (Musto, 2018: 134).
El prohibicionismo de las drogas genera más daños a las poblaciones vulnerables que los propios consumos. A la par, violenta incesantemente la Carta Internacional de Derechos Humanos. Actualmente activistas, académicos, profesionales y un inicial grupo de actores políticos demandan la urgencia por fortalecer decisiones, programas y reformas que eliminen a las drogas del sistema internacional de fiscalización. A escala global, las redes organizativas del cannabis afianzan sus marcos y repertorios de acción, generan coaliciones junto a redes de consumidores de otras sustancias ilegales, de profesionales de la salud y la psicología, al igual que con organizaciones internacionales de investigación social y científica. De este modo, continúa, progresivamente, el proceso de normalización de las sustancias, especialmente del cannabis, y la reorganización de sus redes organizativas “debido a la influencia de los discursos hegemónicos (emprendeduría, neoliberalismo, sociedad de consumo…)” (Martínez, 2015: 93-96).
Cada Estado determina prácticas regulatorias y fiscalizadoras acordes con sus marcos normativos, sus respectivos dispositivos de control institucional y sobre todo, conforme a los convenios, acuerdos y pactos internacionales firmados. A lo largo del último siglo se refuerza un Régimen Internacional de Control de Drogas que decreta mecanismos represivos de carácter público y universal. Mediante dicho régimen y por primera vez, se dictamina una forma única de dominio adaptable para todas las sociedades y grupos de personas.
En este contexto, la sociedad de la información produce millones de contenidos sobre distintas problemáticas, entre ellas el cannabis. La propiedad intrínseca de la información es su par categorial, contradictorio e insoluble, entre información y desinformación. La información descontextualizada pasa a ser desinformación y la desinformación difundida y promocionada como verdad única se torna en información. “El funcionamiento del principio de la información en toda la sociedad es, al mismo tiempo, la desinformación,
pero no por ello deja de tratarse de un principio de información” (Lash, 2005: 244-247).
Con base en una encuesta internacional de cultivadores de cannabis en Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos y Reino Unido se ratifica que el 84 % cultiva cannabis para uso personal. “Una gran proporción de cultivadores consideran que producen cannabis más sano (68%) que el disponible en el mercado ilegal” (Belackova y Wilkins, 2018: 27).
En el caso de España, algunos medios se posicionan a favor de la legalización del cannabis. Esto no implica que conocen profundamente demandas y planteamientos del movimiento cannábico. A rasgos generales, los conflictos que se derivan del consumo, cultivo y comercialización de cannabis no psicoactivo, adquieren tematización y aceptación. Vale destacar que dichos medios informan de manera parcializada sobre este movimiento. Sin embargo, “sí han contribuido a darlo a conocer a amplios sectores de la población. El propio movimiento cannábico ha creado sus estructuras de comunicación, sobre todo las revistas cannábicas e internet” (Marín e Hinojosa, 2017: 130).
En este artículo se remarca que la comunicación dista de ser un concepto equiparable con el de medios de comunicación. Con este antecedente, se enuncia que la opinión pública es comparable con el público que observa y presencia productos de comunicación. “El público deja de ser un valor y se convierte en una mercancía cortejada por los medios de comunicación en la búsqueda desesperada de audiencia” (D’ Almeida, 2012: 7-10).
En consecuencia, la sociedad del consenso defiende marcos normativos y penales vigentes. Esto implica defenderla desde espacios inexistentes, imaginarios, e idealizados. Es decir, desde espacios moralmente fabricados. “Porque lo que tienen de semejante es una promesa que les ha formulado el Estado. El nombre de esa promesa es la ley o se expresa en el lenguaje de la ley, que es el lenguaje del deber ser” (Rodríguez, 2007: 194).
Para investigar los modos de organización del discurso mediático alrededor de la comercialización legal e ilegal de cannabis en Ecuador, se analiza la narración, descripción, argumentación y explicación de veinte piezas televisivas transmitidas por los noticieros con mayor rating3 a nivel nacional -Televistazo y 24 Horas- durante el periodo de junio 2020 hasta junio 2022.
La narración es una forma para comprender el mundo social del cannabis. Nos permite abordarlo y dar cuenta de relaciones de poder y de dominación presentes durante la definición y explicación de sus problemáticas. En este contexto analítico se narra para informar, argumentar y persuadir. La estructura interna de una secuencia narrativa exhibe cinco componentes fundamentales: temporalidad, sucesión de acontecimientos; unidad temática que presenta sujetos; transformación, estados cambiantes; unidad de acción, “a partir de una situación inicial se llega a una situación final; y causalidad, intriga que se crea a través de relaciones causales entre los acontecimientos” (Calsamiglia, 2001: 271).
Los acontecimientos mediáticos alrededor del conflicto del cannabis buscan favorecer al posicionamiento estatal frente al público ecuatoriano. Esta práctica discursiva se orienta hacia los receptores de noticias para lograr su adhesión tanto a la regulación del cannabis no psicoactivo como a la criminalización del cannabis psicoactivo. Reporteros y presentadores de noticias expresan un discurso unidireccional que interpreta la realidad social, política y económica del cannabis como conflictiva. Su carácter polémico se sustenta en la contraposición de dos o más posicionamientos (criterios aceptados y posiciones defendidas por grupos empresariales, médicos y legislativos). De esta manera, los noticieros en análisis “provocan adhesión, convencen a un interlocutor o a un público de la aceptabilidad de una idea, de una forma de ver” (Calsamiglia, 2001: 294-295).
Así mismo, la descripción expresa un modo de percepción del mundo del cannabis por medio de los sentidos y de la mente que relaciona, imagina e interpreta. Las descripciones sobre las tensiones e intereses alrededor del
Clasificación oficial publicada por Kantar IBOPE Media en la página web del Centro TV Internacional.
cannabis están condicionadas por el contexto sociohistórico en que emergen los contenidos mediáticos. Además, presuponen un conocimiento previo y medianamente compartido en torno a la regulación de esta planta.
Por último, la explicación de esta regulación parcial que se registra en el país, se cimenta en información normativa, penal y procedente de redes empresariales que se instauran como propietarios de esta problemática pública. Ninguna de ellas cuestiona el régimen regulatorio actual. De hecho, es el punto de partida para interpretar conocimientos agrícolas, médicos, e industriales.
Con respecto a los noticieros en estudio, 24 Horas se transmite desde 1974 por el canal Teleamazonas. De lunes a viernes tiene tres emisiones: primera, central, y estelar. También se emite los sábados y domingos. Su programación 24 Horas en la comunidad tiene segmentación para Guayaquil y Quito. Adicionalmente, produce cuatro productos comunicativos complementarios: En corto, Deporte Total, Los desayunos de 24 Horas y Hora 25. Por su parte, Televistazo se transmite por primera vez el 1 de marzo de 1967 por la cadena Ecuavisa. También tiene tres emisiones: primera, central y estelar. Ecuavisa también coordina y dirige otros programas informativos como Televistazo en la Comunidad, Contacto Directo, Políticamente Correcto, En Contacto y Panorama Internacional. Ambos noticieros tienen una posición afín al gobierno de Guillermo Lasso.
Para complementar el estudio de los modos de organización de este discurso mediático, se analizan dos documentos legales que se publican en el Registro Oficial luego del hito de investigación, reformas al COIP que despenalizan al cannabis no psicoactivo en Ecuador. En primer lugar, se examina la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal
-COIP- (2019), y en segundo lugar, se analiza la Ley Orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas (2020).
El discurso mediático es, primordialmente, social porque acude a palabras y a significados que se difunden entre sujetos colectivos. Por ello, se afirma, teóricamente, que todos los contenidos mediáticos se insertan en un contexto sociohistórico determinado y “se identifican con propósitos políticos asociados a las convenciones que rigen la interacción en una cultura” (Bolívar, 2013). El análisis de los documentos legales en mención se fortalece con el desarrollo del esquema SPEAKING. Propuesta analítica
que investiga acontecimientos comunicacionales a partir del setting (S), circunstancias físicas; participants (P), audiencias y destinatarios; ends (E), lo que se busca con la interacción; act sequence (A), formas y contenidos del mensaje; key (K), tonos y maneras; instrumentalities (I), formas de hablar; norms of interaction and interpretation (N) interpretación de normas dentro de un sistema de creencias culturales; genre (G) categorías textuales (Hymes, 1972: 12-17).
Para finalizar este diseño metodológico, se realizan dos relatos de vida a comerciantes ilegales de cannabis (dealers). Se recaban criterios disidentes del marco legal y de las prácticas regulatorias dominantes alrededor del cannabis. Las formas de pensar, actuar y de vivir de “Criptor” y “Carla” incluyen no sólo representaciones acerca de cómo ejercen la comercialización de cannabis psicoactivo, también evidencian representaciones de cómo podría ser la regulación integral de esta planta. “Como imaginarios, pueden ser puestos en acto o realizados como redes concretas de actividades, sujetos, tiempos y lugares, valores, etc. Pueden convertirse en maneras concretas de actuar e interactuar” (Fairclough, 2009: 505). En suma, el presente corpus de investigación está compuesto de veinte piezas televisivas, dos leyes orgánicas, y dos relatos de vida.
Pese a la referencia constitucional del art. 364, en Ecuador se promueve capacidades estatales para desarrollar programas preventivos del consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (en adelante, SCSF) con tintes opuestos y restrictivos a los derechos de los consumidores. A partir de la primera disposición transitoria del COIP (2019), nuevos actores regulatorios y de control entran en contienda: autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (en adelante, GAD), del Ministerio de Educación y agentes municipales. La inexistencia de espacios públicos habilitados para el consumo de SCSF es evidente, impositiva y parece incuestionable.
Frente al panorama descrito, quienes consumen sustancias prohibidas, como el cannabis, solo disponen de sus espacios de residencia para consumir. Empero, esta única alternativa también se torna en un espacio conflictivo a causa de la conceptualización del núcleo familiar y de los entornos vecinales
como idealizaciones de pulcritud moral y donde se replica dispositivos de control y prácticas de castigo.
Los profesionales de la comunicación mediática también criminalizan los repertorios de protesta –alrededor del cannabis- como una consecuencia política de la permanencia del paradigma prohibicionista de las drogas. Este periodismo promueve consensos de interés nacional. Emplea los marcos normativos actuales para redireccionar las tensiones y demandas sociales. “La criminalización de la protesta social es una de las formas de la criminalización de la política, es decir, que la criminalización de la protesta estaba preanunciada en la criminalización de la política” (Rodríguez, 2007: 199).
La prohibición del cannabis crea mercados ilícitos a gran escala e impide la regulación integral de una planta cuya demanda varía de forma considerable según su producto terminado. La propuesta (y retórica) de descriminalización parcial del consumidor de cannabis medicinal coexiste con el aumento de la represión contra consumidores, cultivadores y comerciantes de cannabis psicoactivo y sus derivados. De la misma manera, servidores militares y policiales, cada vez más tecnologizados en sus tácticas y operativos de control, desconocen, ampliamente, las reformas legales en torno al uso medicinal, industrial del cannabis en Ecuador.
Criptor recuerda que Romelia Quishpe, comercializadora ilegal de cannabis que continúa detenida, incursionó en esta actividad clandestina porque su esposo, ante la falta de empleo por más de dos años, optó por vender cannabis como su única fuente de ingreso económico. “Mis guaguas estaban con hambre. Sacó marihuana y enfundó. Después de una hora vino con pan, pollo y quesito. ¿Cómo no me voy a sentir feliz? Mis hijos están comiendo. Esto también es criminalización de la pobreza” (Criptor, activista y comerciante ilegal de cannabis psicoactivo, entrevista con el autor, 11 de marzo de 2021).
Los noticieros en análisis también disciplinan y jerarquizan el flujo de contenidos diarios. Una de las prácticas mediáticas de disciplinamiento es la criminalización que decanta en una posterior judicialización de los sujetos de derechos. Así como cada caso de judicialización dispone de un fiscal y un juez, la criminalización mediática de tal acontecimiento presenta un titular, una narración, y un comentario peyorativo que configuran su estado de actualidad. El consumo de cannabis psicoactivo –al igual que el de otras SCSF- no se erradica de las sociedades. Está más presente que al inicio de la guerra contra las drogas (también es una guerra contra quienes consumen
Andrès Rodrìguez Mera
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drogas).
Tales condiciones propician que los medios de comunicación descontextualicen y politicen el control y castigo en nombre de la seguridad pública y el orden social. Agregando a lo anterior, la información alrededor de la regulación del cannabis se afinca a explicaciones legales e intereses estatales que denostan cualquier explicación sociohistórica. “Hablamos de la criminalización para señalar la deshistorización que se trama cuando pretende despolitizarse las circunstancias, cuando, por añadidura, pretende recrearse la política más allá de la historia, más allá de las desigualdades sociales” (Rodríguez, 2007: 191).
De inmediato se elabora una tabla analítica -Tabla 1- que reúne resultados sobre la organización del discurso. Esta criminalización mediática del cannabis psicoactivo presenta componentes descriptivos y explicativos como noticiero, titular, fecha de transmisión, narración, descripción, argumentación, y explicación.
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Dos visiones mediáticas, un objeto de regulación: legitimación para unos, criminalización para otros
Tabla 1. La organización del discurso alrededor del cannabis psicoactivo | ||||||
Noticiero | Titular | Fecha | Narración | Descripción | Argumentación | Explicación |
24 horas | Asamblea aprueba el proyecto de Ley de Drogas | 04/06/2020 | Amplio y segundo debate sobre una pequeña reforma (19 artículos, 4 disposiciones transitorias) a la Ley de Drogas. Ley contra consumo y microtráfico de drogas fue aprobada de manera dividida. 127 votos a favor. | Criterios sobre criminalización del consumo –prohibición en espacios públicos-. Disposición legal para instalación de cámaras de vigilancia en exteriores de escuelas y colegios para evitar microtráfico. | Wilma Andrade (asambleísta ID): espacios recreativos liberados de “estos” consumidores. Héctor Yépez (asambleísta CREO): que se permita instalar cámaras de vigilancia sin obstáculos ni pretextos. | Bienes incautados al narcotráfico para crear Fondo de Prevención del Consumo. Eliseo Azuero (asambleísta independiente): instalación de clínicas de rehabilitación en cada cantón con participación de GADs. |
Televistazo | Nueva ley prohíbe consumo de droga en espacios públicos | 04/06/2020 | Norma prohíbe consumo de droga en espacios públicos, establecimientos y eventos masivos. Pide a los municipios generar ordenanzas e imponer sanciones administrativas: multas y trabajo comunitario. | La Revolución Ciudadana votó en contra. Franklin Samaniego (asambleísta RC): hay que garantizar sus derechos constitucionales y evitar su criminalización. Adicciones son un problema de salud pública. | Héctor Yépez: no creo que un chico por barrer cinco horas un parque se le violen sus derechos humanos. Policías nacionales y municipales en exteriores de centros educativos. | Agentes municipales pueden detener a quien comercialice drogas. Wilma Andrade: entregar al infractor a la Policía Nacional. Como es un delito flagrante, cualquier persona puede detener. |
Televistazo | Consumir marihuana en embarazo produciría problemas de sueño en bebés | 04/07/2020 | Si se usa marihuana durante el embarazo, es más probable que el niño sufra problemas de sueño hasta una década después, según un estudio de la Universidad de Colorado Boulder (EEUU) sobre casi 12000 jóvenes | No se evalúa si utilizan comestibles o fuman marihuana. Alrededor de 700 madres informan haber consumido marihuana durante el embarazo. De ellas, 184 la usan diariamente y 262 la usan dos o más veces al día. | Surge un patrón: madres que dijeron que habían consumido cannabis durante el embarazo tenían más probabilidades de informar que sus hijos tenían problemas clínicos de sueño. | Los investigadores no están seguros de cómo la exposición al cannabis durante los momentos de desarrollo vulnerable podría moldear el sueño futuro. Estudios en animales sugieren que el THC se adhiere a los receptores CB1 en el cerebro en desarrollo |
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Andrés Rodríguez Mera
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Televistazo | México: Senado aprueba ley para marihuana recreativa | 19/11/2020 | El Senado mexicano aprobó la nueva Ley Federal para Regulación del Cannabis que legaliza cultivo, producción, consumo, distribución, industrialización y venta de marihuana bajo control federal. | Legislación sanciona penalmente posesión de más de 200 gr y multas por portar entre 28 y 200 gr. Senado avala (82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones) crear Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis | Pese al consenso y el mandato de la Suprema Corte, senadores del PAN acusan al Gobierno de “abrir la puerta de las drogas” a menores de edad, aunque la ley establece la prohibición al acceso de la planta y a presenciar su consumo. | Patricia Mercado (senadora Movimiento Ciudadano): el primer paso para alcanzar una nueva política de drogas que abandone completamente el uso del sistema de justicia penal, que criminaliza a consumidores y enriquece a traficantes |
Televistazo | Comerciante en Quito distribuía droga mientras vendía humitas | 09/12/2020 | Un hombre se dedicaba a vender humitas con café y también comercializaba droga. Fue detenido en el sector de la Río Coca y Seis de Diciembre, norte de Quito. | El comerciante informal fue detenido con 200 dosis de marihuana y cocaína que estaban escondidas en un bolso. | El detenido es un ciudadano extranjero que, según una denuncia, vendía en el sector desde hace un mes. | El detenido fue llevado hasta la unidad de flagrancia, y la droga decomisada servirá como evidencia en la audiencia por el presunto delito de microtráfico. |
Televistazo | Cómo el 420 se convirtió en un símbolo de la marihuana | 20/04/2021 | En otoño de 1971, cinco adolescentes encontraron un mapa que supuestamente ubicaba un cultivo de marihuana en Point Reyes. | Su origen parece está en un grupo de amigos de la escuela secundaria de San Rafael (California). Se hacían llamar los Waldos. Las celebraciones del 4/20 son populares durante los últimos años. | Fumadores de marihuana se reunirán por todo Estados Unidos para marcar un importante hito de su calendario: el 4/20 (20 de abril). Lo harán a las 4:20 de la tarde. | Dave Reddix (Waldo Dave): fumábamos mucha hierba en ese entonces. En la actualidad un cineasta de 59 años. |
24 Horas | El consumo de cannabis y sedantes aumentó durante la pandemia | 24/06/2021 | Según el Informe Mundial sobre Drogas (ONU) el consumo de cannabis (42%) y benzodiazepinas (64%), aumentó durante la pandemia de covid-19 en los países (77) que se tienen datos. | Drogas usadas en un contexto social, como MDMA y cocaína, se consumieron con menos frecuencia debido a las restricciones y confinamientos. En EE.UU. aumentan muertes por sobredosis de opioides. | Los cierres y otras medidas de prevención aumentan la sensación de aislamiento. Junto al empeoramiento de la situación económica contribuye al aumento del consumo de drogas. | Desempleo y carestía económica llevan a que más personas decidan apostar por la economía ilegal, cultivando o traficando con drogas. ONU pide no olvidarse de poblaciones vulnerables en los planes de reactivación económica. |
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24 Horas | Policía Nacional decomisó 820 kilos de marihuana en Pichincha | 11/11/2021 | Al menos 100 mil dosis de marihuana pretendían ser vendidas en los barrios de Quito. La Policía Nacional retuvo al vehículo donde se transportaban en el sector de Calderón. | Bolívar Zambrano (jefe UNICTCI): se retiene al vehículo en el redondel de Gualo. En el operativo “Inicio” se detiene a 2 personas con 50 kilos. En Cayambe (Otón) se encuentran 785 kilos. | En Cayambe (Otón) al interior de un camión azul se encuentran 785 kilos. Se detiene a una persona para investigaciones. | De acuerdo a información de la Policía Nacional, en 2021 se decomisan 164 toneladas de sustancias estupefacientes. |
Televistazo | Activistas piden la legalización total de la marihuana en Ecuador | 05/05/2022 | Al grito de “no más presos por plantar, no más presos por fumar”, cientos de personas marcharon en Quito para exigir su legalización con fines recreacionales. Su uso con fines medicinales e industrial es legal desde 2019 | La nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, que se celebra cada año en la primera semana de mayo, reunió a alrededor de 300 personas que realizaron una apología al consumo de la marihuana frente a los policías | “Todos somos planta” es el lema que encabezaba esta marcha, comenzó en los exteriores de la Universidad Central de Ecuador y avanzó hasta llegar a la Fiscalía General del Estado, a la que dirigieron sus reclamos. | Por sembrar cannabis, sin un permiso para uso medicinal, la pena es de 1 a 3 años de cárcel. Mientras que el castigo por posesión del producto preparado para su consumo es entre 1 y 3 años de cárcel en función de la cantidad almacenada. |
24 horas | Canadá despenalizará posesión de pequeñas cantidades de drogas duras en proyecto piloto | 31/05/2022 | Canadá anuncia que despenalizará la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras en un proyecto piloto en Columbia Británica que busca atajar una crisis de opioides y tratar las adicciones en lugar de encarcelar a los consumidores. | La ministra de Salud Mental y Adicciones, Carolyn Bennett, dijo que el 31 de enero de 2023 entrará en vigor una exención a la ley para permitir la posesión de opioides, cocaína, metanfetamina y otras drogas por tres años | Los adultos no serán arrestados ni enfrentarán cargos por posesión de dosis personales de hasta 2,5 gramos. La policía no podrá confiscar el producto. El miedo a la criminalización genera que muchas personas usen drogas y mueran solos. | Bennett: Hacemos esto para salvar vidas, pero también para dar dignidad y (capacidad de) decisión a los usuarios de drogas- Este modelo se replicará para otras jurisdicciones de Canadá. |
Fuente: Rodríguez (2022). | ||||||
La producción del discurso mediático de 24 Horas y de Televistazo se limita a presentar públicamente experiencias, reglamentos, e intereses de grupos de poder que operan alrededor de la prohibición del cannabis psicoactivo. Se estructuran piezas televisivas que exponen un pensamiento dominante. En la producción del discurso también se precisa de una adaptación emotiva y cultural a las problemáticas descritas. Es decir, se requiere de mecanismos comunicacionales que generen reflexión y no solamente una repetición automática del posicionamiento del noticiero (Van Dijk, 2001).
A modo de interpretación final de la Tabla 1, se desarrollan cuatro segmentos para presentar resultados. En una primera parte, se analiza la estructura narrativa de las piezas televisivas. Se observa un énfasis por delimitar barrios donde realizan operativos y aprehensiones. De manera conjunta, se resalta el consumo de cannabis como un rasgo característico de población joven, sin mayores responsabilidades. Igualmente, se insiste en probables efectos nocivos del cannabis para la salud. En este escenario, se legitima la participación de nuevos actores institucionales para sancionar y castigar a los consumidores. A pesar de ello, en Televistazo también se estructuran contenidos que resaltan la aprobación para regular el cannabis psicoactivo en México y las actuales demandas de consumidores durante la Marcha Mundial de la Marihuana-Ecuador 2022.
A continuación se examina las formas de descripción de las piezas televisivas en análisis. Tanto Televistazo como Teleamazonas legitiman la instalación de cámaras de vigilancia en exteriores de escuelas y colegios como un mecanismo de control para evitar el microtráfico de SCSF. Se describen detenciones de comerciantes ilegales y se puntualiza sobre la cantidad de dosis incautadas. Sin embargo, no se especifica los gramajes de dichas dosis, aspecto completamente relevante para diferenciar la efectividad de los operativos policiales. Tampoco se detalla que, legalmente, la tenencia de cantidades superiores a las estipuladas en la tabla de porte de drogas implica tráfico ilegal.
No obstante, se registran descripciones sobre procesos descriminalizantes en otros Estados. Se presenta las controversias alrededor de la regulación del cannabis psicoactivo en México, contexto regulatorio donde aún se sanciona la posesión de más 200 gramos de cannabis. De igual forma, se difunde la momentánea disminución –a nivel global- del consumo de MDMA (éxtasis) y cocaína debido a suspensión de reuniones sociales como consecuencia del confinamiento por la pandemia del Covid 19. Finalmente, se describe las actuales decisiones del Ministerio de Salud Mental y Adicciones canadiense
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para avalar una exención legal que permitirá poseer mínimas cantidades de cocaína, metanfetamina y heroína desde el 31 de enero de 2023.
Mediante el análisis argumental de las piezas televisivas, se evidencia un rechazo público y político hacia los consumidores de cannabis y de otras SCSF. Wilma Andrade, asambleísta por Izquierda Democrática, afirma que los espacios públicos deben liberarse de “estos” consumidores. Adicionalmente, Héctor Yépez, asambleísta por CREO, aclara que no se vulneran derechos por castigar a consumidores con trabajos comunitarios. Los discursos contrarios al consumo de cannabis psicoactivo reconocen el empeoramiento de la situación económica durante la pandemia del Covid 19 pero la asocian con la continuidad de dicho consumo. La única pieza televisa que contiene la perspectiva de los consumidores de cannabis postula una de las demandas de las organizaciones cannábicas en Ecuador, “Todos somos la planta”. Aunque prescinde de una profundización argumental sobre la trayectoria de la principal movilización colectiva que defiende los derechos de sus consumidores.
Por último, el análisis de las explicaciones sobre las problemáticas que se derivan de la prohibición del cannabis psicoactivo muestra cifras que respaldan el ejercicio profesional de la Policía Nacional. Se exponen datos sobre el decomiso de SCSF (164 toneladas en 2021) como una aprobación mediática de dicha labor. Sin embargo, ningún noticiero se cuestiona por la relación entre droga decomisada, recursos públicos invertidos e instauración del cultivo de cannabis como una alternativa a la comercialización ilegal. Se promocionan soluciones desgastadas, históricamente, como la instalación de más clínicas de rehabilitación en cada cantón del país con la participación de los GAD, propuesta desarrollada por Eliseo Azuero, asambleísta independiente.
En contraste con estas mediatizaciones, se informa que algunas senadoras mexicanas conciben a la regulación integral del cannabis como un primer paso para alcanzar una nueva política de drogas que abandone el uso de la política penal que criminaliza a los consumidores. También se reporta sobre el régimen regulatorio canadiense que busca salvar vidas y dignificar la capacidad de decisión de los consumidores de drogas.
cannabis
En Ecuador, el 2019 se consolida como el año de las reformas normativas
y regulatorias alrededor de la despenalización parcial del cannabis. Seguidamente, el 2020 se convierte en un año clave para la promoción y expansión de eventos, así como para la consolidación de actores e intereses alrededor de la emergente industria del cannabis no psicoactivo. Se legitima su comercialización con una única pretensión en mente: la promesa estatal y corporativa por nuevos réditos económicos para el país.
De modo general, los periodistas conviven en constante disputa por su autonomía profesional ante el poder político y económico. De modo particular, las redes políticas y económicas ecuatorianas pactan acuerdos y treguas con determinados medios de comunicación. En el caso de la organización discursiva alrededor del cannabis no psicoactivo, los noticieros 24 Horas y Televistazo posibilitan la difusión de tematizaciones y categorizaciones provenientes de instituciones estatales y redes empresariales “con la ayuda de especialistas en comunicación, inventan estrategias orientadas a poner fin a la agitación mediática y, con ella, a la agitación a secas” (Champagne, 1999: 61).
La opinión pública moviliza prioridades y mecanismos de control, desde los que emergen ciertos grupos de poder para aplicarse en otros grupos sin poder. Además, amplifica la resonancia de las oportunidades políticas. Paralelamente, fortalece acuerdos, juicios de valor, creencias y deseos en torno a determinaciones estatales, corporativas y geopolíticas. Cuando se trata de intereses comunes entre Estados dominantes, “es el acuerdo no sobre los fines y los propios intereses, que son permanentes e indiscutibles, sino sobre la oportunidad de tal o cual maniobra, de tal o cual convención” (Dupréel, 2012: 33-34).
Enseguida se detalla cómo se organiza el discurso alrededor del cannabis no psicoactivo -Tabla 2- en los contenidos que Televistazo y Teleamazonas transmiten durante junio de 2020 y junio de 2022. Mediante esta tabla analítica, se amplía cómo se producen las “novedades” industriales y medicinales del cannabis legal.
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Tabla 2. La organización del discurso alrededor del cannabis psicoactivo | ||||||
Noticiero | Titular | Fecha | Narración | Descripción | Argumentación | Explicación |
24 Horas | Distintas posturas tras la aprobación de Código de la Salud | 26/06/2020 | Cannabis con fines terapéuticos es una realidad en Ecuador. Nueva normativa, COS, regula su uso, cultivo y producción. Los médicos resaltan la necesidad de esta normativa que fue debatida por años. | Los médicos ven con buenos ojos esta normativa que le llevó a la Asamblea ocho años tratarla. Se espera un veto del Ejecutivo sobre las funciones de la Autoridad Sanitaria. Sebastián Palacios (SUMA): soluciones para atención eficiente | Víctor Álvarez (presidente Colegio de Médicos de Pichincha): garantías y puertas cerradas para criminalización de nuestra práctica. Ángel Sinmaleza (asambleísta independiente): que se instalen veedurías ciudadanas | Ecuador Cannábico (Gabriel Buitrón) cree que no hay avances: esto no garantiza los derechos de los pacientes, esto garantiza los derechos de las grandes industrias. Gabriel Orejuela (representante de Enfermedades Raras): no contamos con estadísticas registradas en MSP. |
Televistazo | Ecuador incursiona en la comida elaborada con cannabis | 15/09/2020 | Industria alimentaria e c u a t o r i a n a incorpora cannabis y sus derivados como ingrediente en comidas y bebidas. El auge g a s t r o n ó m i c o mundial del cannabis se remonta al 2000. | En Ecuador, los primeros intentos culinarios son chocolate con CBD y hamburguesas con semilla de cáñamo. Mayu Ecuador, una de las empresas pioneras, fabrica el producto Chocomedical. | Lizbeth Fajardo (directora comercial): nuestro producto alivia ansiedad, estrés y mejora el sueño. Santa María Beer (Riobamba) desarrolla líneas de cervezas artesanales: 0,1 % de CBD y 0,01 % de TCH. | Ecuador se suma una docena de países donde esta práctica es legal. Según Grand View Research, el mercado mundial del cannabis genera 11.000 millones de dólares, con proyecciones para 2027 de 28.500 millones. |
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Andrés Rodríguez Mera
Quórum Académico, Vol. 20, Nº 1, Enero - Junio 2023, Pp. 14-48
24 Horas
| Entrevista a Andrés Luque, subsecretario de Agricultura | 16/09/2020 | No estamos hablando del cannabis que puede causar algún daño a la salud o a la juventud. Hablamos de un tipo de esa planta que tiene beneficios comprobados en varios países. Entramos tarde al mundo del cannabis. | MAG tiene la competencia de regular cannabis no psicoactivo (< 1% THC). Andrés Luque: tipos de cultivo; bajo invernadero, a cielo abierto y cáñamo industrial. Trazabilidad de la semilla, agroquímicos y fertilizantes. Seguridad para clientes exteriores | A f e c t a c i o n e s económicas al sector cañicultor. En la Costa se puede desarrollar industria del cáñamo. Dejar de importar celulosa de papel. En la Sierra sector florícola tiene el know how. Entre 3 y 4 cultivos al año. | Acceso a la semilla “limitado”. Grano de cáñamo como el caballo ganador para abaratar el costo del balanceado animal. El autocultivo está “despenalizado”, no es un crimen. Pero no pueden vender a terceros. No somos capaces de regular el autocultivo. |
24 Horas | La industria del cannabis en el país va tomando forma | 14/10/2020 | Cannabis tiene diferentes variedades. Andrés Luque: se abren procesos, tenemos los formularios listos para acceder a licencias. Ecuador tendrá 7 licencias para ejercer actividades comerciales. | Licencias para personas jurídicas con dos hectáreas. Se puede empezar con siembras pequeñas, reinvertir en infraestructura y en alcanzar las dos hectáreas cinco años. | Paulo Salas (gerente legal Advisory Group): considerar quienes pueden realizar esta actividad. Muchas personas cultivan y cosechan en casa. | El inversionista extranjero debe tener seguridad jurídica. Obtención de la licencia no tendrá que demorar más de dos meses. |
24 Horas | Ecuador tendrá 7 tipos de licencias para poder ejercer actividades con el cannabis no psicoactivo | 19/10/2020 | En el reglamento para el cultivo de cannabis no psicoactivo, es decir, no es “marihuana”, se establecen las reglas para esta actividad formal mediante las reformas al COIP. | Santiago Trejo (consultor empresas): personas jurídicas con conocimientos técnicos. Las licencias no se entregarán a micro cultivadores. Quienes comercialicen sin licencias tendrán sanciones hasta de $40000 | 7 licencias: comercialización de semillas, producción de semillas o esquejes, producción de cannabis no psicoactivo, de cáñamo, p r o c e s a m i e n t o de derivados, investigación y exportación de biomasa. | Carlos Landázuri (empresario de cannabis): dejar a un lado a quienes ya usan cannabis medicinal implica ir en contra del libre comercio. Custodia policial de la carga/flor no tiene sentido. Exportación como objetivo 2022. |
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Televistazo | Ecuador elabora productos a base de cannabis con fines terapéuticos y medicinales | 19/06/2021 | El cannabidiol (CBD) un “químico” no psicoactivo con propiedades terapéuticas que se obtiene de la “hoja” de marihuana. Fabricantes elaboran jarabes, relajantes, infusiones, cremas, chocolates, dulces, shampoos. | Klaus Graetzer (gerente general CannAndes): esta planta no es como se la ha vendido durante los últimos 70 años. Es una planta que puede salvar a mucha gente. Asumimos este compromiso de educar a la sociedad. Este estigma debe cambiar. | Nina Tapia (gerente producto): te mandan a tomar cannabis y se te autorregulan todos los procesos. Inevitablemente, te sientes mejor. Mejora tu calidad de vida sea que tengas una condición o no. | Al momento no han podido comercializar. Se necesita un registro sanitario emitido por ARCSA. Klaus: hemos regalado muestras a personas con parkinson y metástasis. Alexis Ponce (activista): accedemos desde la clandestinidad. |
24 Horas | Empresa ecuatoriana elabora productos a base de cannabis medicinal | 22/02/2022 | Asociación Aya estrenará planta de producción. Elabora productos de cannabis medicinal, se posiciona en el mercado internacional con productos que combinan cannabis y sacha inchi. | Ana María Quinceno (presidenta): Aya nace hace 5 años. Investigan derivados de plantas. Potencial terapéutico y cosmetológico en el cannabis. Daniel Cisneros (jefe de investigación): tenemos pomada de cannabis para dolores. | Su línea cosmética con shampoos, a c o n d i c i on a d o re s y jabones. Su línea dermatológica con cremas hidratantes, antiarrugas, y aguas micelares. Los precios de sus productos van desde $10 en adelante | Esta empresa representará al país en una feria cosmética en Bolonia- Italia. Próximamente, presentarán su línea veterinaria. |
24 Horas | Emprendedores ecuatorianos cosecharon su primer cultivo de cannabis medicinal | 08/03/2022 | Familia de Pedro Moncayo crea Green Science. Empresa que cultiva, cosecha y vende cannabis medicinal. Varias personas elaboran productos a base de cannabis | Cléver Guamaní (gerente GS): conocí que la madre de un compañero trataba su cáncer con cannabis medicinal en EE.UU. Hay que tomar en cuenta que el cannabis es 100% medicinal | Los cannabicultores enfatizan que el objetivo es generar fuentes de empleo, y dinamizar la economía con mano de obra local para proveer de materia prima a las licenciatarias | Tratamiento con cannabis para parkinson y epilepsia refractaria está comprobado. Insumos que utilizan, invernaderos y sustratos, provienen de Pedro Moncayo. Es una firma 100% nacional. |
Fuente: Rodríguez ( 2022). | ||||||
El análisis del discurso mediático también se configura como una acción social ante el orden político establecido. El uso discursivo del lenguaje consiste en un conjunto secuencial de acciones comunicativas que se interrelacionan dentro de escenarios y contextos históricamente situados. “El orden de palabras, el estilo y la coherencia, entre muchas otras propiedades del discurso, pueden describirse en términos de las realizaciones estratégicas de los usuarios del lenguaje en acción” (Van Dijk, 2000: 21-22). Para interpretar la estructura de la tabla 2, se desarrollan cuatro segmentos que exponen resultados.
En primera instancia, se analiza la estructura narrativa de las piezas televisivas. Por medio de los contenidos audiovisuales que conforman este corpus de investigación, se relata que el cannabis medicinal es una realidad en Ecuador. En consecuencia, las redes médicas, afines a su regulación, resaltan la necesidad de la actual normativa como una oportunidad regulatoria para aclarar que esta categorización de la planta se diferencia del cannabis psicoactivo que puede generar daños a la salud. Seguidamente, se asevera que Ecuador ingresa tardíamente a la industria del cannabis. Además, se destaca que la ONU, mediante una mayoría simple de 53 Estados de la Comisión de Estupefacientes, retira al cannabis y su resina de la Lista IV (sustancias con mayor índice de nocividad) en la Convención de Estupefacientes (1961).
De este modo, se reconoce globalmentesus beneficios médicos.Televistazo admite el impacto moral que produce observar la primera plantación legal de cannabis no psicoactivo -CannAndes- regulada y monitoreada por el Estado ecuatoriano. A pesar de ello, se desinforma públicamente al señalar que el cannabidiol4 (CBD) es un “químico” con propiedades terapéuticas que se obtiene, específicamente de la “hoja” de marihuana. En este contexto se confirma que en el país ya se fabrican jarabes, relajantes, infusiones, cremas, chocolates y shampoos derivados del cannabis.
A través de una ampliación sobre los modos en que se describe las problemáticas alrededor del cannabis no psicoactivo, se evidencia que
24 Horas y Televistazo abordan las primeras experiencias comerciales y alimenticias del CBD como una oportunidad económica para el país. Se resaltan emprendimientos culinarios que ofertan dulces con CBD y hamburguesas con semillas de cáñamo. En este sentido, se promociona a Mayu-Ecuador, una de las empresas pioneras de la industria nacional.
4 Compuesto cannabinoide no psicoactivo que presenta un potencial medicinal y terapéutico, entre los cuales constan efectos antioxidantes, antipsicóticos, ansiolíticos y antitumorales
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De igual modo, se informa sobre las licencias que emite el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Autorizaciones direccionadas, puntualmente, para personas jurídicas que posean dos hectáreas para cultivar.
Teleamazonas acude al criterio profesional de Santiago Trejo, consultor de empresas, para ratificar que estas licencias no se emitirán a pequeños cultivadores y para advertir que quienes comercialicen sin licenciamiento tendrán sanciones hasta por $40000. Por su parte, Televistazo respalda a Klaus Graetzer, gerente general de CannAndes, quien expresa públicamente que esta planta ha sido vendida como perjudicial durante los últimos setenta años. Él comunica que su empresa adquiere el compromiso de educar a la sociedad ecuatoriana sobre la desestigmatización del cannabis. Estas descripciones agregan experiencias sobre tratamientos –en otros Estados- con cannabis para enfermedades terminales como el cáncer.
Desde las formas de argumentación, se observa un respaldo a pequeñas empresas como Asociación Aya, así como a su línea cosmética y dermatológica. Se justifica que la reubicación del cannabis parte de un estudio científico desarrollado por la Organización Mundial de la Salud que reconoce el consumo de esta planta por más de 200 millones de consumidores a escala global. A la par, se destaca que cerca de 50 países ejecutan programas sobre cannabis medicinal. En el escenario nacional, se transparentan las pérdidas económicas del sector cañicultor. Grupo productivo que reorienta sus intereses comerciales hacia la industria del cáñamo industrial. Acorde con la terminología empresarial, se argumenta que el sector florícola dispone del know how (habilidad operativa y destreza técnica) para cultivar cannabis medicinal. A estos grupos de interés, se suma el Colegio de Médicos de Pichincha, colectivo de profesionales que exigen garantías para descriminalizar sus prácticas y decisiones.
Tanto 24 Horas comoTelevistazo producen explicaciones sobre la industria emergente del cannabis que parten de la conformación de líneas productivas alrededor del cannabis. En este contexto se detalla que Asociación Aya participa en una feria cosmética en Bolonia-Italia y se anuncia su próxima incursión en la línea veterinaria. Por otra parte, se explicita que ARCSA es la institución responsable de emitir registros sanitarios. Desde CannAndes se especifica que por el momento regalan muestras de sus productos a personas con parkinson y metástasis.
Mediante un corto extracto de entrevista, se enuncia que las redes familiares de pacientes continúan comprando estos productos desde la clandestinidad. En lugar de garantizar la despenalización de pacientes y
activistas, las redes empresariales insisten en garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros. En resumen, se avala que Ecuador se adhiera a más de una docena de Estados que legalizan la comercialización de cannabis medicinal; un mercado global que genera cerca de 11000 millones de dólares y que proyecta producir 28000 millones de dólares hasta el 2027.
Los consumidores, cultivadores, productores y comerciantes de cannabis (psicoactivo y no psicoactivo) son actores con demandas que asumen actitudes y posicionamientos frente a un régimen regulatorio. Se ubican entre una identificación social y una oposición discursiva “para contrarrestar la más ligera presión y mantener el equilibrio, desplazando su participación en un sentido o en otro. Sólo entonces, y sólo contra algo puede surgir el yo” (Goffman, 2001: 315).
En este artículo se afirma que el control del cannabis por medio de la política penal presenta efectos hostiles. Las políticas orientadas al control policial de la planta presentan mínimo, o nulo, impacto sobre la prevalencia y frecuencia de su consumo. La legalidad idealizada y la formalidad rutinaria se convierten en posturas tan contingentes como la ilegalidad no reconocida. Las opciones particulares para quebrantar la ley son históricas y circunstanciales.
Aunque en Ecuador no existe la figura legal de los clubes sociales de cannabis –como en Bélgica, España, Estados Unidos, Italia, etc.-, varias redes de comerciantes ilegales que operan desde un mercado clandestino tienen predisposición para aproximarse con las autoridades regulatorias y dar a conocer experiencias de distribución y canales de comercialización en un potencial marco normativo que despenalice completamente al cannabis. Una regulación integral permitiría a las autoridades “crear una alternativa para el mercado negro, impidiendo el acceso de los menores al cannabis, ayudar a reducir el gasto público y generar ingresos fiscales” (Decorte et al. 2017: 55).
A continuación –Tabla 3-, se emplea el análisis documental de la última reforma penal sobre cannabis en el país – Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 2019- como una herramienta metodológica para exponer resultados en torno a la estigmatización selectiva de actores con intereses y sujetos de derechos relacionados con la comercialización legal e ilegal del cannabis psicoactivo.
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Tabla 3. Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal -COIP- (2019) | ||||||
Fecha de publicación | Pdte. de la Asamblea | Decreto | Consideraciones | Artículos controversiales | Disposiciones | Observaciones |
24 de diciembre de 2019 | César Litardo Caicedo | Registro Oficial 107 | Art. 76 de la Constitución g a r a n t i z a la debida roporcionalidad e n t r e infracciones y sanciones p e n a l e s ; e x i s t i r á n sanciones no privativas de la libertad. Art. 75 de la Constitución reconoce el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela e f e c t i v a , imparcial y expedita de sus derechos e intereses. | Art. 127. En la Ley Orgánica de Drogas (2015), se agrega: “se excluye de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización al cannabis no psicoactivo o cáñamo, entendido como la planta de cannabis y cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de delta-9- tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco, cuya regulación es competencia de la Autoridad Agraria Nacional. Art. 222. Siembra o cultivo. La persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por principios activos va a ser utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes, con fines de comercialización, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Tenencia o posesión de fármacos que contengan principio activo del cannabis o derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa no será punible siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a través de un diagnóstico profesional. | Asamblea Nacional adecúa normativa que regula competencias de los Gobiernos A u t ó n o m o s Descentralizados a fin que las autoridades regulen la prohibición del uso y consumo de sustancias ilegales (origen de la Ley Contra el Consumo y Tráfico de Drogas en el Espacio Público) en espacios públicos y eventos de concurrencia m a s i v a . Se prohíben r e g u l a c i o n e s que criminalicen el consumo. | Aunque el art. 78 de la Constitución prescribe que las víctimas de infracciones penales tienen derecho a protección especial, a no ser revictimizadas y a que se adopten mecanismos para una reparación integral que incluya el conocimiento de la verdad, restitución, indemnizaciones, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Ninguno de tales dispositivos se han implementado para compensar o resarcir a las víctimas de la guerra contra las drogas ni a las personas sentenciadas, castigas y criminalizadas injustamente o erróneamente, durante el proceso de prevención del consumo de drogas en el país. Esta Ley señala que se debe demostrar el padecimiento de la enfermedad más no el tratamiento ni prescripción de cannabis medicinal. En casos como los de Mayte Ecuador5, el fiscal recomendó la presentación de la prescripción y tratamiento con cannabis medicinal mediante un profesional de la salud. |
Fuente: Rodríguez (2022) | ||||||
En el caso del cannabis (psicoactivo y no psicoactivo), los procesos de judicialización y penalización registrados durante 2020 y 2022 transgreden la garantía constitucional referente a la proporcionalidad entre infracciones y sanciones penales que estipula sanciones no privativas de la libertad. La mayoría de acusados reciben presiones jurídicas –por parte de defensores públicos y fiscales- para declararse culpables y aceptar condenas mínimas. Con relación al art. 222 del COIP, tanto Policía Nacional como Fiscalía General del Estado incumplen la demostración de los fines de comercializar y determinan a priori que todos los cultivadores de cannabis, independientemente de la cantidad de plantas incautadas y en desconocimiento del porcentaje de THC que contienen así como del estado del cultivo (germinación, vegetación o floración), son comerciantes ilegales. Por tanto, incumplen el marco normativo vigente y deben ser castigados y condenados.
De igual modo, la tenencia de fármacos que contienen el principio activo del cannabis o de sus derivados con fines terapéuticos, paliativos y medicinales no es punible siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad mediante un diagnóstico profesional. No obstante, en decenas de casos, jueces y juezas desconocen esta reforma y exigen la presentación de certificados médicos que prescriban cannabis o sus derivados cuando la ley establece que se debe demostrar el padecimiento de una enfermedad que pueda tratarse con cannabis mas no la prescripción de cannabis. Además, la Policía Nacional detiene y criminaliza a personas que portan fármacos y derivados del cannabis aduciendo el cometimiento de delitos flagrantes. Doble error; doble criminalización.
Finalmente y con base en el art. 78 de la Constitución ecuatoriana, se faculta a las víctimas de infracciones penales a recibir una reparación integral que incorpore restituciones, indemnizaciones y garantía de no repetición. Durante el periodo de investigación, ningún consumidor, cultivador ni productor artesanal de cannabis recibe compensación ni resarcimiento alguno por los errores cometidos en nombre de la erradicación y prevención del fenómeno socioeconómico de la drogas en el país.
Enseguida se compone un esquema analítico –Tabla 4- alrededor de último marco normativo - Ley Orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas- que amplía procesos punitivos alrededor del consumo y comercialización de cannabis y de todas las SCSF en Ecuador. Este esquema realza artículos controversiales y observaciones investigativas.
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Tabla 4. Ley Orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas (2020) | ||||||
Fecha | Pdte.de la República | Sup. Registro Oficial | Consideraciones | Artículos controversiales | Disposiciones | Observaciones |
13/08/20 | Lenin Moreno Garcés | 266 | Se crea una necesidad estatal que adopte medidas eficaces e inmediatas para trabajar en la prevención del fenómeno socioeconómico de las drogas (en adelante, FSED), así como para combatir el microtráfico de drogas involucrando a todos los niveles de gobierno en esa causa común. | GADs implementan planesy programas que se enfocan en la sensibilización y orientación de la comunidad teniendo en cuenta diferencias de género, etnia, y cultura. Se asegura la inclusión y participación de especialistas en la materia. GAD entregarán reconocimientos honoríficos anuales a personas jurídicas, organizaciones sociales y establecimientos públicos y privados que implementen campañas para la prevención y erradicación del consumo de sustancias. Art. 21.2. Fondo Nacional para la Prevención Integral de Drogas conformado por bienes y valores incautados provenientes de delitos de producción o tráfico ilícito de drogas, así como de la administración y venta por parte de la gestión inmobiliaria del Estado. Administración a cargo del Comité Interinstitucional y sus recursos financiarán las responsabilidades asignadas a los GADs. | MSP emitirá r e g u l a c i ó n necesaria para el impulso y apoyo al mantenimiento de centros ambulatorios o espec i al iz ados en el tratamiento y rehabilitación de personas consumidoras. GADs hasta septiembre de 2021, emitirán r e g u l a c i o n e s necesarias para e f e c t i v i z a r la política de p r e v e n c i ó n , p r o h i b i c i ó n , regulación y control en espacios públicos, y eventos masivos. | Ministerio de Educación emitirá rutas para detectar los espacios públicos usuales de consumo. ¿Cuántos adolescentes consumen? Esa muestra de potenciales consumidores de SCSF, ¿justifica este nuevo doble control y criminalización? Desconcentración y descentralización (art. 1) amplían las competencias y capacidades de control para actores que no cumplen dicho ejercicio punitivo. Durante los últimos 60 años se ha incluido y considerado la perspectiva de especialistas en la prohibición de las sustancias. Por qué no contar con la participación de especialistas en la reformulación del paradigma prohibicionista. Funcionarios de los GADs ¿qué tipo de experiencia o capacitación tienen alrededor del consumo, cultivo, y comercialización del cannabis en Ecuador5. La seguridad de los estudiantes es vulnerada mediante procesos de requisa, intimidación y presunta acusación por parte de autoridades educativas y de la entidad encargada en materia de drogas. La presencia policial intimida, limita y restringe la libre movilidad y actividad de niños, niñas y adolescentes que son video vigilados como si fuesen culpables de algún delito. |
Fuente: (Rodríguez, 2022) | ||||||
5. Luego de meses de trámites legales, adquiere la aprobación como empresa por la Superintendencia de Compañías. Sin embargo, en 2021 aún no disponía de licencias emitidas por el MAG debido a su limitado capital financiero. En el momento de su proceso de judicialización tramitaba el alquiler de un terreno para sembrar. La Policía Nacional decomisa sus derivados medicinales de cannabis. Se abre un proceso penal que demanda el gasto de grandes cantidades de dinero para su defensa. | ||||||
La definición previa de una situación conflictiva es objeto de constantes controversias y cuestionamientos. Se despliega una dramatización y teatralización pública de sus interacciones, discursos y posicionamientos hasta que “se deja de ejercer un control tanto sobre aquello a lo cual puede fácilmente prestarse atención como sobre lo que debe mantenerse en secreto o ser penosamente ignorado” (Goffman, 2006: 160). Retomando el relato de vida de “Carla”, se presencia una normalización del miedo como un proceso inherente al consumo, cultivo y comercialización del cannabis psicoactivo. Los dealers disponen de conocimientos que los consumidores iniciales suelen desconocer.
“Yo les enseñaría a las personas a cómo consumir; para que no lo hagan a la maldita sea. Tú escoges a quiénes quieres vender. Tú tienes lo que ellos quieren y puedes venderlo a lo que quieras. Puedes poner el precio que quieras. Pero tampoco exagerar. Por ejemplo, les daba a dólar el gramo. Normal. Ellos salían muy beneficiados y yo también. Les vendía al precio que a mí me dejaba la L (libra de marihuana). Si me dejaban una L en unos $300… calculo cuántos gramos hay y les digo oigan chicos esta me vendieron así y está en este precio… y les doy estos gramos por tanto” (“Carla”, comerciante ilegal de cannabis, entrevista con el autor, 18 de marzo de 2021).
La estigmatización del cannabis psicoactivo y de sus consumidores, cultivadores y comerciantes segmenta, socioculturalmente, entre grupos estigmatizados y normales. Reproduce un proceso social de categorización de pares. En cada uno de ellos, cada sujeto forma parte de ambos segmentos durante determinados contextos y momentos de su vida. Sujetos normales y estigmatizados antes que conceptualizarse como personas, ante todo, corresponden a representaciones sociales de un orden establecido. Ya que “lo implicado son roles de interacción, no individuos concretos, no resultará sorprendente que en muchos casos aquel que tiene cierta clase de estigma exhiba sutilmente todos los prejuicios normales dirigidos contra aquellos que tienen otra clase de estigma” (Goffman, 2006: 160).
Con respecto a la tabla 4, se resaltan cinco componentes fundamentales. El primero alude al reconocimiento público e institucional por parte de los GAD a personas jurídicas, organizaciones sociales y establecimientos públicos y privados que desarrollen campañas para erradicar el consumo de SCSF. De este modo, se promueve y valida la criminalización y estigmatización de consumidores, cultivadores y comerciantes de cannabis. En una segunda instancia, se estructura, legalmente, el Fondo Nacional para la Prevención Integral de Drogas con bienes y recursos económicos provenientes de la comercialización ilegal de drogas. En síntesis, se pretende institucionalizar la criminalización estatal hacia los consumidores y generar
nuevas mecanismos de recaudación económica para el Estado.
El tercer componente de esta acción estatal alude al Ministerio de Salud Pública. Institución que impulsa –nuevamente- el apoyo al sostenimiento de centros especializados en rehabilitación de consumidores de SCSF. Política pública desgastada que evidenció –durante tres décadas- redes de corrupción, de maltrato, de extorsión e incluso, de violencia sexual, insertas en sus administraciones. Como cuarto componente se agregan competencias al Ministerio de Educación para vigilar y monitorear a niños, niñas y adolescentes como estrategia preventiva ante un potencial consumo de SCSF. En este punto, se cuestiona la escasa investigación científica sobre las condiciones que propician dicho probable consumo.
Por último, se avala la participación de especialistas en la prohibición de SCSF y se desvaloriza las trayectorias e investigaciones de especialistas alrededor de la reformulación del paradigma prohibicionista de las drogas. Hasta el cierre de esta investigación, ningún funcionario de los GAD tiene experiencia y capacitación en torno a la regulación integral del cannabis.
La mediatización que, simultáneamente, legitima y estigmatiza a diferentes actores alrededor del comercio legal e ilegal de cannabis en Ecuador (re) produce lógicas relacionales entre actores políticos, mediáticos, empresariales y médicos que se consolidan como expertos y propietarios de esta problemática a nivel nacional. Los actores que quedan por fuera de esta red discursiva oficial, difícilmente pueden refutar, contrastar y modificar las tematizaciones y categorizaciones públicas que se transmiten en los noticieros en análisis. De esta manera, se fabrica y controla la actualidad del cannabis psicoactivo y no psicoactivo.
Desde las prácticas y realidades judiciales –jamás mediatizadas en Televistazo y 24 Horas-, se registran múltiples causas y procedimientos penales alrededor del consumo, cultivo y comercialización de cannabis donde los acusados invierten considerables cantidades de dinero para alcanzar sentencias mínimas, defensas en libertad y procesos penales medianamente justos. La gratuidad está asociada a la declaración de culpabilidad por parte del acusado.
Pese a que en el art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicación (Art. 126) se agrega el siguiente texto: “los medios de comunicación está obligados a comunicar hechos noticiosos bajo criterios de presunción y en caso de
declaración de inocencia en sentencia ejecutoriada para la persona, a solicitud de la misma, están obligados a informar sobre este hecho”. Hasta la presente fecha, no se registran cumplimientos de esta obligación alrededor de sentencias ejecutoriadas sobre presuntos comerciantes ilícitos de cannabis: cannabicultores, consumidores así como de productores artesanales de derivados medicinales.
Actualmente el Comité Interinstitucional de Drogas formula, coordina y articula políticas públicas relacionadas con el FSED. La mayoría de servidores públicos que tienen la responsabilidad de reformular reglamentos, desarrollar proyectos e investigar problemáticas persistentes en materia de drogas carecen de experiencia y conocimientos sobre modelos y prácticas regulatorias del cannabis y de otras SCSF. Por ello, se recalca la decisión política vigente en otros Estados que implica la inserción laboral de ex-privados de la libertad –PPL-, comerciantes ilegales, cultivadores, consumidores, productores artesanales de derivados del cannabis, y activistas como actores con experiencia en este conflicto social y político.
En suma, se amplían derechos para cannabis medicinal e industrial y se niegan derechos para cannabis recreativo. Mediáticamente se recaban, exponen y clarifican criterios normativos y posicionamientos dominantes sobre la regulación prohibicionista de esta planta. Mediante el proyecto de convención marco para el control del cannabis –propuesto a nivel global por la Fundación Beckley- se reconoce que la eliminación de todas las formas de comercio ilegal de productos del cannabis, “como el contrabando, la fabricación ilegal y la falsificación así como el desarrollo y la aplicación de la legislación nacional relacionada con ello, además de acuerdos subregionales, regionales y mundiales, son componentes esenciales del control del cannabis” (Room et al. 2013: 257). Durante la historia de la humanidad se comercializan, de manera ilegal o legal, mercancías que generan intereses y disputas económicas. El cannabis es una más de ellas.
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