ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Implementación del enfoque de género en un proyecto de investigación-acción sobre exclusión social *

Iria Vázquez Silva
Profesora Dra. en Sociología en la Universidade de Vigo, Campus de Ourense, Ourense (España).
Departamento de Sociología, Ciencia Política y Filosofía.
Grupo de investigación: Grupo de Estudios Territoriales (GET).
Universidade da Coruña (España).
Correo electrónico: ivazquez@uvigo.es

Carmen Verde-Diego
Profesora Dra. Titular de Trabajo social y Servicios sociales en la Universidade de Vigo, Campus de Ourense, Ourense (España).
Departamento de Análise e Intervención psicosocioeducativa. Área de Trabajo Social y Servicios sociales.
Grupo de investigación: D3- “Educación, Actividad física y salud” (GIES 10). Universidade de Vigo (España).
Correo electrónico: carmenverde@uvigo.es

Resumen

Este artículo tiene por finalidad explicar el proceso llevado a cabo al implementar transversalmente la perspectiva de género en un proyecto de investigación-acción sobre exclusión social, ejecutado en Galicia por la Fundación Emaús y denominado Proyecto INclúe. Se describe la secuencia seguida en el proceso de implementación que supuso diversos procedimientos básicos que transitaron desde: a) la revisión bibliográfica en torno a la exclusión social, b) al análisis crítico y hermenéutico sobre los sesgos androcéntricos que presentan las herramientas de medición de la misma, así como c) el modo en cómo se han inspeccionado diferentes indicadores propuestos en el proyecto. Finalmente, se formulan las propuestas para introducir el enfoque de género en el Modelo Inclúe así como en el Manual Inclúe (herramienta o aplicación), de forma que el hecho de ser mujer pueda ser medido como un factor de intensificación de la exclusión social.

Palabras clave: Enfoque de Género, exclusión social, Investigación-acción, Trabajo Social.

Implementation of the gender perspective in a research-practice project on social exclusion

Abstract

This article aims to explain the process carried out by transversally implementing the gender perspective in an action research project on social exclusion, executed in Galicia by the Emmaus Foundation and called the INclue Project. The sequence followed in the implementation process is described, which involved various basic procedures that went: a) the literature review about social exclusion; b) to the critical and hermeneutical analysis of the androcentric biases presented by the measurement tools; as well c) the way in which different indicators proposed in the project have been inspected. Finally, proposals are made to introduce the gender approach in the Inclue Model as well as in the Inclue Manual (tool or application), in order to understand how the factor of being a woman intensifies certain social exclusion situations.

Key words: Gender approach, social exclusion, Investigation action, Social Work.

Recibido: 25/02/2020 Aceptado: 03/05/2020

* Esta investigación fue financiada entre el Equipo EGENEX, constituido por las autoras y la Fundación Emaús, en el marco del Proyecto INclúe: innovación para la inclusión social. INclúe se enmarca en el Programa de Ciudadanía Activa cofinanciado por el Mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo (EEA GRANTS) 2009-2014, y operado por la Plataforma de ONGs de Acción Social. 

Introducción

Este artículo explica el proceso llevado a cabo por el Equipo de Género y exclusión social (EGENEX) de la Universidad de Vigo, formado por las autoras de este artículo, al implementar transversalmente la perspectiva de género a un proyecto de investigación-acción sobre exclusión social ejecutado en Galicia por la Fundación Emaús y denominado Proyecto INclúe.

En este artículo se describe la secuencia seguida en el proceso de implementación que supuso diversos procedimientos básicos que transitaron desde la revisión bibliográfica, al análisis crítico y hermenéutico, así como la realización de grupos focales de discusión y la simulación de casos reales.

Se exponen en primer lugar, a partir de la revisión bibliográfica, los principales argumentos en torno a la exclusión social analizada desde una perspectiva de género; así como seguidamente, fruto también del análisis teórico, se señalan las principales críticas al sesgo androcéntrico que presentan generalmente las herramientas de medición de la exclusión. En un segundo momento, se explica cómo las autoras han afrontado el examen de los indicadores de la herramienta del Proyecto INclúe desde una perspectiva de género, testados además en cinco grupos de discusión y con la realización de la simulación de cuatro casos reales. Finalmente se formula una serie de propuestas generales y específicas para la intervención social que introducen el enfoque de género tanto en el Modelo INclúe como en el Manual Inclúe, la herramienta de medición de la exclusión social del proyecto, de forma que, el hecho de ser mujer, pueda ser medido de forma más objetiva como un factor de intensificación de la misma.

Los presupuestos teóricos del enfoque de género

1. La perspectiva de género en la investigación

Desde los denominados estudios de género se ha constatado que la mayoría de las disciplinas sociales contienen un sesgo androcéntrico. Es decir, la mayoría del conocimiento social se ha generado a partir del análisis del grupo social dominante en nuestra sociedad, el masculino. Como consecuencia, distintos ámbitos de las ciencias sociales arrastran aún hoy un grado importante de androcentrismo o de ceguera de género (Cobo, 2005). El análisis de los procesos de exclusión social no es, como veremos, una excepción.

Para comenzar definiremos brevemente el concepto de género, tal y como será utilizado en las páginas siguientes. El género es una construcción social que organiza el comportamiento y el pensamiento, no como una serie de estructuras y roles estáticos, sino como un proceso en construcción (Mahler y Pessar, 2006:29). Siguiendo a Cobo (1999:58) podemos definir el género como “un concepto y una realidad transversal que recorre todos los grupos y todas las realidades sociales. La característica común es que las mujeres de cada uno de los grupos están sometidas al poder patriarcal de los varones de su colectivo de adscripción. El género es una realidad social y simbólica que divide a todas las culturas y etnias por la mitad, resultando de esta división un grupo humano y social -solo la mitad de la humanidad- fuertemente oprimido”.

Como consecuencia de ello, en todas las sociedades las mujeres constituyen un colectivo marginado y subordinado, de forma voluntaria o asignada, a los varones de su grupo (Cobo, 2004:26).

Fundamentalmente, desde que Gayle Rubin en 1975 conceptualizara el concepto de género como categoría fundamental del feminismo, en especial desde la antropología se ha avanzado mucho en la comprensión de la incidencia del género como un fenómeno relacional y situacional, que se conecta además con otras variables como la etnia, la edad o la clase. Es lo que se ha venido denominando el enfoque de la interseccionalidad dentro de la perspectiva de género, que también se introduce en nuestro análisis (Ferree, 2010). Desde este punto de vista, muchas investigadoras critican el uso monolítico de la categoría “mujer”, centrándose en las implicaciones prácticas y teóricas de la diversidad de situaciones de las mujeres y que afectan a las variables que interactúan con la de género, como el país de procedencia, la raza, la etnia, la edad y la orientación sexual. (De Miguel, 1995).

2. La exclusión social desde una perspectiva de género

Los estudios de género no tratan solo de incluir o describir la situación específica de las mujeres como grupo social, sino que tratan de reconceptualizar las categorías de análisis de un fenómeno social, en este caso, de la exclusión social. El objetivo, por lo tanto, no se reduce a desagregar los datos por sexo, sino que el enfoque de género supone replantear las concepciones dominantes sobre la exclusión social, la pobreza, el trabajo, el mercado laboral o la comprensión de cómo funcionan los Estados de Bienestar.

No podemos olvidar, en este sentido, que las investigadoras en materia de género y políticas públicas critican la conocida clasificación propuesta por Esping-Andersen (1993) sobre los Estados de Bienestar, remarcando los sesgos de dicho esquema ante el hecho de que la “variable género atraviesa y fragmenta los diferentes regímenes del Estado de Bienestar, siendo necesario evaluar la relación dinámica existente entre las lógicas políticas de los regímenes de género y los regímenes del Estado de Bienestar” (Pérez-Caramés, 2010:125). El Estado de Bienestar español se basa en un sistema dual de protección -el sistema público de  la seguridad social y el sistema público de servicios sociales- donde el acceso a buena parte de las prestaciones requiere de previas cotizaciones (seguridad social) complementado por un sistema de asistencia social dirigido a aquella parte de la población con dificultades para asegurar un nivel de vida mínimo porque no tienen acceso al mercado laboral o porque acceden a él de forma precaria e inestable.

El Estado de Bienestar español se caracteriza por seguir un modelo de asistencia social no universal, parcialmente privatizado y/o externalizado (en especial tras la crisis económica estructural de 2008) y centrado en la familia, que ofrece cierto nivel de cobertura, pero una protección de baja intensidad. Así, distintos trabajos han caracterizado a España como un estado de bienestar “familista” donde, como en otros países mediterráneos, la familia es un elemento diferenciador y característico (Moreno, 2002; Sapir, 2005) responsable de la provisión de las necesidades de sus miembros, actuando el Estado subsidiariamente sólo cuando la familia no es capaz de hacerles frente. Esta focalización de la cobertura de las necesidades en “la familia” tiene unas consecuencias claras para las mujeres. Lo cierto es que son “determinados” miembros de la familia -las mujeres- las principales proveedoras de cuidados: gestión del hogar, crianza de la progenie, asistencia a miembros con discapacidad, con dependencia…

Cuando se da por supuesto que la familia es una unidad homogénea cuyas características se distribuyen entre todos sus miembros de forma idéntica, se invisibilizan las dinámicas generadas en su interior: cómo se distribuyen las cargas entre sus miembros, cuál es el peso de los ingresos y de los gastos por persona (Díaz et al., 2015), quién toma las decisiones, quien se hace cargo de las labores del cuidado, entre otros.

La visión de la familia como una unidad armónica ha sido criticada intensamente tanto desde planteamientos teóricos como empíricos (Haddad y Kanbur, 1990; Eichler, 1991; Jenkins, 1991; Brines, 1994; entre otros/as), tal y como señalan Dema y Díaz (2014:26) quienes indican que este unitary approach no cuestiona que “la familia sea una unidad económica, sino que sea la menor unidad de análisis, puesto que se invisibilizan las dinámicas generadas en su interior”. La exclusión social y las políticas sociales deben ser analizadas, en este sentido, sin perder de vista los sesgos de género presentes en la sociedad y en la familia.

3. Críticas al androcentrismo en la medición de la exclusión social

La ceguera de género en la exclusión social fue cuestionada por primera vez por las investigadoras que formularon el concepto de feminización de la pobreza, un concepto que alcanzó visibilidad con la publicación en 1984 del trabajo de Hilda Scott Working your way to the bottom. The feminization of poverty. La feminización de la pobreza hace referencia, en general, tanto al aumento de la presencia de mujeres entre las personas pobres, como al aumento de la presencia de hogares encabezados por mujeres entre la totalidad de hogares pobres. En ambos casos, se trata de una noción claramente dinámica.

En este apartado recogemos algunas críticas fundamentales respecto al androcentrismo que presentan tanto algunos indicadores de exclusión social, como ciertos elementos relacionados con la intervención social para erradicar dicha exclusión.  En concreto, nos centramos en las siguientes tres críticas:

a.  Los indicadores de exclusión social han estado demasiado centrados en el trabajo formal y en la renta monetaria de las personas y hogares.
b.  Es necesaria una reconceptualización del concepto de familia en los procesos de inclusión social: la familia puede ejercer su tradicional función de colchón contra la adversidad para determinados miembros de la familia, mientras que para las mujeres puede ser una fuente de sobrecarga y empobrecimiento.
c.  Es preciso denunciar y visibilizar de la doble victimización de la que son protagonistas muchas mujeres en situaciones de exclusión social en los propios dispositivos de atención.

La primera crítica denuncia que los indicadores de exclusión social han estado demasiado centrados en el trabajo formal y en la renta monetaria de las personas y hogares, lo que excluye a muchas mujeres que no son consideradas como población activa. Además, numerosos estudios calculan las rentas individuales a partir de los hogares sin analizar las relaciones intrafamiliares que diferencian estas rentas si fuesen analizadas por “personas” (Dema y Díaz, 2014).  Esta situación se vuelve más compleja si cabe, si se tiene en cuenta que las estadísticas identifican erróneamente “Hogar” con “Familia” en especial en un momento de clara tendencia al alza de estructuras familiares no nucleares adscritas a la diversidad familiar.

Por ejemplo, la medición de la pobreza extrema con base a los ingresos familiares en el hogar (ver indicador de exclusión social en el eje económico, informe FOESSA, 2014:159) posee dos dificultades importantes desde una perspectiva de género:

• La propia conceptualización de “hogares” no distingue las diferenciadas tipologías familiares que existen en España (monoparentalidad matrifocal vs monoparentalidad patrifocal, familias reconstituidas, hogares compartidos por personas sin relación de parentesco, etc.) que afectan especialmente a las mujeres.
  
  
• La medición de los ingresos por “hogares” divididos entre el número de personas que conviven en él esconde un supuesto reparto equitativo entre todas las personas que conviven en el “hogar”, sin distinguir la asimetría habitual en este reparto entre hombres y mujeres. El propio informe FOESSA para elaborar determinados datos a nivel individual acude a una información agregada relativa al hogar, atribuyendo a todos sus miembros el mismo nivel de integración, lo cual puede ser una dificultad metodológica importante para analizar el grado de exclusión social de las mujeres y su evolución temporal (ver Tabla I: Damonti, 2014).

Tabla 1
Tipo de Unidad de Convivencia de las personas titulares de las Rentas Mínimas de Inserción

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2019: 89)

Dicho informe FOESSA (2014:82-83) reconoce que la metodología convencional de medida de la pobreza descansa en la premisa de que los miembros de un mismo hogar forman una unidad homogénea, por lo que todos tendrán el mismo riesgo de pobreza, dependiendo de la renta conjunta del hogar. Sin embargo, y acudiendo a una simulación realizada por Valls y Belzunegui (2014) se analizó qué relación con la pobreza tendría cada individuo si fuera analizado exclusivamente con los ingresos que genera por sí mismo y no en función de la renta que obtienen otros miembros del hogar. Este supuesto de autonomía solo modifica ligeramente el riesgo de pobreza en la población masculina respecto a la metodología convencional, pero hace que la pobreza femenina resulte muy superior que la de los varones. Como indican Dema y Díaz (2014:27), “al estudiar fenómenos como la pobreza, es fundamental conocer no solo si el hogar es o no considerado pobre, sino también detectar lo que les ocurre a las personas que componen dichos hogares, ya que pueden tener un acceso a los recursos y al bienestar diferente (Cantillon y Nolan, 2001; Cantillon, 2013)”.

Otro ejemplo, que muestra el sesgo androcéntrico en la medición de la exclusión social, tiene que ver con la conceptualización de las personas paradas. Así, si consideramos a las personas paradas como un colectivo en riesgo de exclusión social, tenemos que tener en cuenta que es un indicador válido quizás para detectar la exclusión masculina, pero no siempre la femenina. Para las mujeres tener un empleo no significa tener una estabilidad económica, ya que existe un mayor porcentaje para ellas de precariedad laboral y de empobrecimiento entre mujeres asalariadas. Según los datos disponibles de la encuesta de estructuras salariales (INE, 2015a), el 70% de las personas asalariadas que ganan menos del salario mínimo, son mujeres. Además, muchas realizan trabajo doméstico en su casa y, a pesar de que tienen una situación económica muy precaria, no están dadas de alta en las listas de desempleo, por lo que no aparecen en las estadísticas como “demandantes de empleo”. Ello nos permite asegurar que en las estadísticas nacionales el uso del epígrafe “inactivas” concentra grandes bolsas de paro estricto, pero también de paro encubierto (esto es, trabajo doméstico y mujeres acogidas al sistema de pensiones). Por otra parte, y como señala Pérez (2014:37):

“tampoco sabemos bien qué está pasando en el empleo de hogar y en el trabajo sexual, sectores históricamente feminizados (siempre mal captados por los sistemas de medición androcéntricos), cuyo comportamiento se define por pautas propias en parte ajenas al `clima económico´ general y que funcionan como nichos laborales de emergencia cuando los socialmente aceptados fallan”.

En definitiva, tal como se viene comentando, se produce un énfasis excesivo en las rentas monetarias en las políticas de inclusión social. Así, el conocido como el “paradigma de la activación” queda matizado desde este punto de vista. Recordemos que este paradigma se caracteriza por la idea de que el empleo remunerado constituye la forma privilegiada de acceso a los derechos sociales o de ciudadanía, y que la inserción laboral constituye la herramienta básica para la inclusión social (SIIS, 2011). Si bien los análisis feministas de la exclusión social no niegan la importancia de las rentas económicas en los contextos actuales, sí recientes estudios (Pérez, 2014) subrayan la idea de la necesidad de replantear la economía poniendo la vida en el centro, lo cual supone repensar la división entre la economía monetarizada y la no monetarizada, rechazar el individualismo económico y cuestionar el nexo entre la capacidad de consumo y la calidad de vida.

En este sentido, se expresa también al analizar los sesgos de género de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), las dos principales encuestas en España sobre economía doméstica, que:

“efectivamente, si sólo tomamos los datos de ingresos de la Encuesta de Condiciones de Vida, los varones aportan un porcentaje mayor de ingresos al hogar, por una parte, debido a que la tasa de actividad masculina es superior a la femenina y, por otra, debido a que en los hogares aparece reflejada la brecha salarial que se produce en el mercado de trabajo”. Dema y Díaz (2014:30)  

Dema y Díaz (2014), al igual que otras economistas feministas, cuestionan la noción del trabajo como sinónimo de empleo, y postulan la necesidad de una definición de trabajo (aún no asumido de modo generalizado) que incluya las tareas domésticas y de cuidados, tanto si estas son remuneradas como no remuneradas.

Como sabemos, el trabajo doméstico y el trabajo en el mercado laboral informal (los nichos laborales de muchas mujeres excluidas) aún no han obtenido el mismo estatus social que otros tipos de trabajos reconocidos en el modelo de trabajador “proveedor” o “gana-pan”, eje de nuestro sistema laboral y de la seguridad social. Las críticas feministas recuerdan que el modelo “gana-pan” (los derechos en función de la contribución en el mercado laboral) nunca fue una forma adecuada para identificar la labor de las mujeres; es más, necesita la exclusión de las mujeres para mantenerse. En este modelo ellos aparecen como productores -además de normalmente como “sustentadores principales” de la familia- y ellas como consumidoras, en un modelo que obvia el gasto familiar que generaría externalizar al mercado el trabajo femenino no remunerado en el hogar.

A pesar de que desde hace varias décadas la teoría feminista reivindica la consideración del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el ámbito del hogar como trabajo, es una de las principales limitaciones de la Encuesta de Condiciones de Vida y de la Encuesta de Presupuestos familiares. Así lo señalan Dema y Díaz (2014:29-30):

“De esta forma se ignora que el cuidado que se realiza en los hogares conlleva la utilización de una serie de recursos, sobre todo en forma de trabajo y tiempo, que impide que quienes lo realizan puedan dedicarse a otras actividades (trabajo remunerado, actividades de tiempo libre, entre otros.) al tiempo que se refuerza el estereotipo de mujer consumidora en vez de productora, puesto que se contabiliza lo que se compra para producir comida, limpieza, cuidados, pero no se valoran dichas actividades, ni el ahorro que representa en el hogar”.

La segunda crítica alude a la necesaria reconceptualización del concepto de familia en los procesos de exclusión e inclusión social. La socialización diferencial de género, los roles familiares y la división sexual del trabajo familiar determinan que las mujeres emplean un tiempo mucho mayor en las tareas de trabajo doméstico y de cuidados dentro de los hogares.
A partir de los años 1980, desde la antropología y sobre todo desde una perspectiva de género, se comienza a cuestionar la idea de que la familia es una unidad de cooperación armoniosa, para empezar a analizar el hogar y la familia como unas unidades marcadas por las relaciones de poder generacionales, de género y de clase.

Como indica Sen (1990), dentro del hogar puede haber relaciones de cooperación, aunque ello no signifique consenso ni relaciones simétricas. Lo cierto es que, si bien para los varones la pertenencia a una familia puede ser un colchón en determinadas situaciones de exclusión, esa “solidaridad familiar” se traduce para ellas en sobrecarga y empobrecimiento si tienen que cuidar a alguien dentro de la familia, una tarea asignada habitualmente a las mujeres.

Desde ese enfoque, en la familia se ha detectado el “círculo vicioso de la pobreza femenina”, es decir, las mujeres se empobrecen en el seno de sus propias familias, atendiendo y cuidando a otras personas (Calvo, 2006:48). Este proceso ha profundizado sus efectos como consecuencia de los recortes en políticas sociales y han derivado en una mayor carga familiar de las mujeres, ya que, como se señaló más arriba, una de las características propias del estado de bienestar español es su “familismo”. Cada recorte en servicios sociales es transferido a las familias, y dentro de éstas, a las mujeres (Laparra et al., 2012).

Este aspecto nos hace ser muy cautelosas a la hora de evaluar la denominada “solidaridad intra-familiar”, ya que a menudo esconde un empobrecimiento femenino importante (Martínez, 2014). Además, determinado tipo de familias son más susceptibles de sufrir exclusión social que otras. Sin embargo, tampoco es habitual su análisis atendiendo al sexo de su sustentador/a principal o a su estructura, a excepción de algunos estudios que ahondan en esta cuestión (Di Nella et al, 2014; Perondi 2012).

El hecho de analizar las familias como un conjunto homogéneo de hogares, invisibiliza las necesidades particulares de algunas formas de diversidad familiar cuya estructura determina mayores dificultades como el caso de las familias monoparentales matrifocales, esto es de las familias monomarentales, que conforman el 82% de las familias monoparentales (INE, 2015b). Su mayor exposición a la pobreza y a la exclusión social ha sido reiteradamente manifestada (Comisión de los Derechos de la Mujer, 1998; FOESSA, 2018; Perondi, 2012; Santibañez et al., 2018; Sastre 2015), así como los sesgos androcéntricos en su análisis (Di Nella et al., 2014).

Sin embargo, todavía es insuficiente la toma en consideración de sus dificultades por parte de las políticas públicas tal y como denuncia Save the Children en su informe, Más solas que nunca:

“El hecho de que los porcentajes de riesgo de pobreza y exclusión en estos hogares sean más elevados que los del conjunto de la población se debe a que la madre no solo debe `hacer frente a responsabilidades por partida doble en calidad de proveedor del sustento y cuidador de la familia´, sino también a una falta de apoyo y de red suficiente para, de manera compartida, sostener esta situación, con el consiguiente desgaste emocional y dificultad para conciliar la vida familiar y laboral” (Sastre, 2015:34).

La tercera crítica sobre la que nos detenemos apunta a otro de los aspectos cruciales que debemos tener en cuenta respecto a la exclusión social: la necesidad de denunciar la doble victimización de la que son protagonistas muchas mujeres que sufren esta situación. Es necesario que el diseño de los procesos de inclusión mantenga siempre una filosofía de respeto hacia las decisiones de las personas en todo momento, teniendo un especial cuidado en no interferir en las decisiones propias de las mujeres, evitando cualquier signo de paternalismo (Idareta, 2014; Idareta-Goldaracena y Ballestero-Izquierdo, 2013) especialmente perjudicial para la vida de las mujeres (Vázquez Silva, 2020).

La antropóloga Dolores Juliano (2004) nos advierte, en este sentido, de las dificultades que poseen algunas teorías para explicar la realidad de las mujeres a medida que la distancia social y cultural se amplía entre las que generan el discurso reivindicativo y sus destinatarias. Como señala Healy (2001), la asimetría de poder entre las personas “técnicas” o “profesionales” y las usuarias o destinatarias de su intervención puede generar una doble victimización, ya que pueden ser percibidas por las primeras como personas dependientes en su capacidad de toma de decisiones, identificando sus dificultades con ausencia de autonomía o voluntad.

Jiménez Bertomeu (2002) ya alertó hace más de una década de la violencia en la que incurren los y las profesionales del Trabajo Social respecto a las personas usuarias con las que se trabaja. Principalmente en relación al poder asimétrico y la dependencia que las personas usuarias, tienen de las decisiones tomadas por aquellas. También, acerca de la falta de participación de las personas usuarias en las organizaciones donde se toman decisiones sobre sus vidas y en los procesos llevados a cabo en las mismas. Al igual que, en los procesos de burocratización orientados a los recursos que desresponsabilizan a los profesionales de las decisiones tomadas y deshumanizan sus relaciones con las personas usuarias; y en la discrecionalidad de las decisiones.

Idareta-Goldaracena (2017: 76-77) vuelve a profundizar sobre los peligros del abuso de poder y la violencia institucional que se puede originar en la relación profesional y ejercer contra las mujeres en exclusión social en cuanto personas usuarias de los dispositivos públicos o privados de asistencia social existentes en España:

“De todas estas transgresiones no reguladas por ninguna normativa, nos centraremos en dos: el abuso de poder y la burocratización (…) Entre las primeras, se encuentra la actitud prepotente e inquisitiva del profesional, la categorización negativa de las personas usuarias (promoviendo aquello que debemos evitar), la distancia simbólica (sano-enfermo, normal-desviado, etc.) y física (filtros de acceso, despachos, etc.) entre profesional y persona usuaria. Mientras que, entre las segundas, se encuentra la imagen del profesional, su identidad sexual, el discurso y el lenguaje utilizado.”

Una nueva perspectiva que surge de esta crítica debe situar a las mujeres más excluidas y discriminadas como agentes de su propio cambio social. Desde el Trabajo Social se postula la necesidad de que sean las mujeres quienes se expresen con sus propias voces, debiendo los y las profesionales hacer un esfuerzo por escuchar -y respetar- lo que las mujeres desean para sus vidas. En definitiva, es preciso poner énfasis en modelos centrados en la persona con enfoques de capacidades (Nussbaum, 2012; Palomeque, 2014; Sen, 2011) que promuevan la autoestima de las mujeres y deconstruyan la auto-atribución de fracaso y culpa por la situación de exclusión social, respetando a su vez la intimidad emocional de las usuarias; proceso indispensable para su empoderamiento.

Para concluir este apartado, no se debe olvidar que el enfoque de género pone el acento en el análisis de la existencia de itinerarios de exclusión diferenciados en función del género. Es decir, las mujeres llegan a la exclusión por razones y procesos específicos y condicionados por el género. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la violencia de género y la estigmatización social son unas variables transversales en muchos de los colectivos de mujeres en procesos de exclusión social. Es por ello que hay que prestar atención, no sólo a los hechos vividos por las mujeres, sino también a los aspectos emocionales en la intervención social.

4. La (especial) exclusión social de las mujeres 

Acudiendo a los datos y al contexto de la España actual, según el informe FOESSA (2014), en los últimos años el proceso de exclusión social ha afectado de un modo particular a los varones, por lo que en un primer momento podemos concluir que la brecha de género en la exclusión social a nivel individual ha descendido. Pero, tenemos que matizar dos cuestiones: en primer lugar, como ya comentamos arriba, el propio informe FOESSA reconoce que las desigualdades de género resultan parcialmente invisibilizadas e infra-representadas, ya que los datos de carácter individual esgrimidos se han obtenido en realidad a partir de una información agregada relativa al hogar, considerando que todos sus miembros comparten el mismo nivel de pobreza y de exclusión social (ver Tabla 1: Damonti, 2014).

Tabla 2
Porcentaje de hogares que experimentan exclusión en las diferentes dimensiones que conforman la exclusión social en función del sexo de la persona que más ingresos aporta al hogar

Fuente: Damonti (2014:14, a partir de encuestas FOESSA, 2007, 2009 y 2013).

Por otra parte, la supuesta disminución de esa brecha de género se ha debido a un empeoramiento de la situación de los varones, y no a una mejora de la situación social de las mujeres. Se trata de una “nivelación hacia abajo”.

De cualquier forma, atendiendo a los datos recogidos en el último informe FOESSA se confirma la existencia de una sobre-representación de las mujeres en el espacio de la exclusión social, examinando por ejemplo la distribución de los hogares por su nivel de pobreza, en función del sexo de la persona que es sustentadora principal. Las tres dimensiones medidas por dicho informe, el eje económico, el eje político y el eje social- relacional muestran una mayor vulnerabilidad de exclusión social de los hogares en los que la cabeza de hogar es una mujer. Así, los hogares en los que la sustentadora principal es una mujer muestran mayores niveles de exclusión en las siguientes esferas, claramente interconectadas con el análisis que acabamos de trazar en el apartado anterior: exclusión en el empleo, en el consumo, exclusión política, exclusión en la educación, exclusión en la vivienda, exclusión en la salud, conflicto social y aislamiento social.

Gráfico 1
Hogares que experimentan dificultades en el eje económico, político y relacional en función del sexo de la persona que aporta más ingresos
Años 2007, 2009, 2013 y 2018

Fuente: Damonti, 2018:46, a partir de encuestas FOESSA 2007, 2009, 2013 y 2018

Los datos actualizados nos hacen prestar una especial atención a la exclusión en el eje relacional (que incluye el conflicto y aislamiento social), donde los hogares encabezados por mujeres enfrentan un riesgo más de dos veces mayor que los hogares encabezados por hombres. Es especialmente elevada también la diferencia en la exclusión de la salud y de la vivienda (incorporadas en el eje político).

De modo global, este informe concluye que en 2018 encontramos situaciones de exclusión en el 16% de los hogares donde la figura del sustentador principal es masculina, mientras que ese porcentaje asciende hasta el 20% cuando la sustentadora principal es una mujer, una brecha del 25% que duplica la brecha que existía en 2013 (FOESSA, 2019:23).

Como ya se ha señalado, estos hallazgos exigen medir mejor la exclusión social de las mujeres para focalizar convenientemente la intervención social. En ella se requiere que se preste mayor atención a los ámbitos de las mujeres implicados en sus relaciones intrafamiliares y sociales (conflicto social) y se atienda a la dimensión emocional de estas personas cuyo género implica que dupliquen con creces el aislamiento social que sufren respecto de los varones.

Metodología: El proceso de transferir la perspectiva de género a un proyecto de investigación-acción sobre inclusión social

El Proyecto INclúe, coordinado por la Fundación Emaús en Galicia (España) se propuso un ambicioso proyecto, financiado por Europa, consistente en la elaboración de un texto teórico (Modelo INclúe) y de un Manual explicativo para el uso de una herramienta informática (Manual INclúe), para que el personal técnico de la Fundación pudiese valorar de un modo cuantitativo el grado de exclusión social de las personas usuarias que son atendidas en dicha Fundación.

La Fundación Emaús se propuso repensar la definición de “exclusión social” y medirla de la forma más objetiva posible, de modo que planeó un proyecto de investigación-acción cuyos productos resultantes -un modelo, un manual y su correspondiente herramienta informática- sirviesen para el uso en su servicio y pudieran ser, además, transferidos a otros profesionales de los servicios sociales tanto públicos como del tercer sector de la comunidad autónoma gallega. La Fundación constató desde el inicio del proyecto que una medición objetiva de la exclusión social debía contemplar, entre otras cuestiones, la perspectiva de género.

De esta forma, la Fundación Emaús de Galicia se puso en contacto con el Equipo de género y exclusión social (EGENEX) de la Universidad de Vigo, formado por las autoras del presente artículo, para la implementación transversal de dicho enfoque de género a lo largo del proyecto.

Tras una toma de contacto inicial, se establecieron los objetivos de la colaboración entre Emaús y EGENEX y se elaboró un cronograma para acompañar al proyecto en su primera fase (2014-2015), y de ser necesario, realizar su revisión en la fase posterior (2016-2017; 2017-2018). Los objetivos concretos fueron implementar la perspectiva de género en el proyecto a través de la participación en la construcción y revisión teórica del Modelo INclúe, así como la revisión práctica de los indicadores del Manual INclúe y su Herramienta o aplicación.

En un primer momento, EGENEX se concentró en una amplia revisión bibliográfica y documental de la literatura tanto académica como profesional a través de buscadores especializados (Scopus, Web ofSciences-WOS, Dialnet) realizada entre octubre de 2014 y enero 2015 con los descriptores: “`género´ e `intervención social´”, “exclusión social” e “`indicadores de medición´ y `exclusión social´”.

Fruto de esta revisión y de su consiguiente análisis crítico y hermenéutico, EGENEX elaboró un Informe para la introducción de la perspectiva de género en el Modelo INclúe. En él se reflexionó acerca de la exclusión social desde la perspectiva de género y los sesgos androcéntricos que existen en la medición de la exclusión social, tal como se ha ido comentando en este artículo.

El Informe sobre la exclusión social desde una perspectiva de género sirvió asimismo para su implementación en la construcción del Manual INclúe y su correspondiente herramienta informática.

Una vez tomadas en consideración las propuestas de EGENEX, para que los indicadores de medición de las situaciones de exclusión social midiesen el impacto de género, las autoras realizaron simulaciones con cuatro casos reales, junto a otros realizados por Emaús, de forma que se pudiese testar la adecuada identificación por parte de la herramienta informática de los aspectos sustanciales de la exclusión social, de modo que el impacto de género no quedase infra-representado o invisibilizado en el caso de las mujeres.

La información sobre los casos reales fue cedida por los servicios sociales previa anonimización y compromiso de confidencialidad. Mostraban expedientes en curso afectados de exclusión social. Se analizaron y se aplicaron las valoraciones de la herramienta para ver la tipificación final del grado de exclusión otorgado. A modo de ejemplo, se analizó el caso de una familia reconstituida formada por una joven de 23 años, su hijo de 5 años fruto de una relación anterior, y su nueva pareja de 22 años. La situación económica del grupo familiar era absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de sus miembros. Él estaba en situación de desempleo, y ella era perceptora de una Renta de integración social de 478€ mensuales, a los que se le descontaban 200€, los mismos que se supone que percibía de su exmarido por la prestación de alimentos para la manutención del menor: en total 278 € al mes para tres personas. El nivel de formación de ambos adultos era básico: ella había abandonado los estudios de bachillerato al casarse muy joven (18 años) y dedicarse luego a la crianza de su hijo. Él había vivido en un centro de protección de menores por maltrato infantil desde los 13 años y sólo tenía estudios básicos. Las características de la biografía de ambos eran complejas. Ella había vivido desde los 18 años, con su antigua pareja, situaciones de extrema violencia física y psicológica hasta que le abandonó a los 20 años. Nunca había denunciado a su exmarido, pero tampoco dejó nunca de sufrir su acoso permanente e intentos de agresión cada vez que iba a recoger al hijo de ambos en las visitas estipuladas por el juez en su divorcio. Además, tenía constancia, a través del menor, del mal trato que sufría el niño en sus permisos parentales por parte de éste que, además, era drogodependiente. Denunciarle por primera vez y solicitar la patria potestad de su hijo implicaba un complejo –y costoso- proceso judicial que no se podía permitir económicamente. Sin embargo, la persistencia de la violencia de género en su vida, y los malos tratos a su hijo, la mantenían atrapada en su vida cotidiana dejándola sin fuerzas para afrontar cualquier otra iniciativa de mejora vital: formarse, buscar un trabajo, estabilizar su nueva relación…

La nueva pareja de ella se había fugado con 17 años del centro de protección en el que residía (afirmaba que por malos tratos en el Centro) y había ocupado una casa abandonada. Detenido con 18 años por la fuga y la ocupación ingresó en prisión unos meses, al ser condenado ya como mayor de edad. Sus antecedentes penales, pesaban en su persistente búsqueda de empleo, aunque siempre mostró una fuerte motivación por estabilizar su vida y dejar su pasado “atrás”: deseaba tener el carnet de conducir para acceder mejor a un puesto laboral, aceptó finalizar sus estudios y formarse laboralmente y sus prácticas en empresas mostraban resultados excelentes. Sin embargo, su vida se veía permanente alterada por la violencia de género que seguía sufriendo su pareja y los malos tratos del menor; un niño que él educaba y criaba como si fuese propio.

Pues bien, los indicadores de la herramienta, una vez aplicados a ambos adultos indicaban una exclusión mucho mayor para él que para ella. Si bien ambos tenían parecidos niveles de estudio, el hecho de que ella cobrase una prestación económica, la situaba en menor exclusión que él, y el hecho de que él hubiese estaba en prisión en el pasado le abocaba a un índice de extrema exclusión (por la puntuación otorgada a este hecho). La herramienta no recogía bien qué tipo de situaciones podían persistir en el tiempo: el hecho de haber estado en prisión parecía “pesar” mucho más en el presente que vivir una situación de violencia de género. La herramienta no medía adecuadamente las secuelas temporales de la violencia de género en el tiempo, la afectación en las víctimas y sus posibles implicaciones concretas como la posibilidad de mal trato al hijo de la pareja, el impago de la prestación de alimentos que afectaban directamente al sustento de la nueva unidad familiar, o los costes de procesos judiciales sobrevenidos para finalizar legalmente (y definitivamente) con la situación.

Estos sesgos de género fueron corregidos en la herramienta para que la violencia de género pudiese ser medida como un factor transversal en la vida de esta familia, y no sólo como un hecho puntual del pasado de ella. Rectificadas las puntuaciones se visibilizó la exclusión (grave) que afectaba a esta mujer, a su hijo y a la nueva pareja.

El proceso de la implementación de la herramienta se completó con las aportaciones de cinco grupos focales de discusión realizados durante el año 2015 cuya finalidad fue, además de hacer copartícipes a otros profesionales del proyecto, corregir posibles sesgos en el manejo de la aplicación informática.

Los resultados de los grupos de discusión aportaron interesantes reflexiones, entre las que se destacan: en primer lugar, la necesidad de la coordinación de los y las profesionales de los servicios sociales públicos con aquellos otros que trabajan en el tercer sector. En segundo término, la oportunidad de aplicar un único instrumento de medición en las situaciones de exclusión, para que cada una de ellas obtuviese la misma puntuación, sin depender de donde fuese evaluada: en los Servicios sociales públicos o por cualquier otra entidad del tercer sector. En tercer lugar, el necesario uso de un lenguaje común, por parte de los profesionales de la entidad pública o de las organizaciones sociales, para identificar la graduación de la exclusión social. En cuarto lugar, la importancia de que el género y la violencia de género fuese valorada de forma transversal con la herramienta, ya que predeterminaba en gran medida, las situaciones que vivían las personas usuarias en el presente. En quinto término, la importancia de tomar en consideración el territorio donde habitan las personas usuarias, ya que la alta dispersión poblacional y la lejanía de las zonas rurales respecto a las ciudades, son factores que dificultan el acceso a los recursos para luchar contra la exclusión social, normalmente ubicados en los centros de las zonas urbanas.

Recuérdese que el Proyecto INclúe es un proyecto de investigación-acción cuya construcción es fruto de la colaboración y de la socialización del proyecto entre los diferentes agentes de uso potencial del modelo y de la herramienta explicada en el Manual. Tanto el Modelo INclúe(Blanco et al., 2015a) como el Manual INclúe (Blanco et al., 2015b), publicados en septiembre de 2015, están siendo utilizados por algunas entidades sociales colaboradoras del proyecto. La entidad EMAÚS señala que en el año 2020 la herramienta de medición está siendo aún testada con las personas usuarias, y este pilotaje está permitiendo mejoras en su aplicación. Ha sido especialmente útil desagregar los indicadores de salud y violencia de género que se han revelado nucleares en este tiempo de pilotaje.

Resultados: Propuestas generales para incluir el enfoque de género en la medición de la exclusión social

La participación de EGENEX en el Proyecto INclúe, tal y como se ha explicado más arriba, se circunscribió a la elaboración de un Informe donde se recogieron algunas de las críticas fundamentales al androcentrismo en la medición de la exclusión social (tal y como han sido expuestas sintéticamente con anterioridad), para acto seguido presentar una serie de propuestas e incluir el enfoque de género en el Modelo INclúe y en el Manual INclúe o herramienta de medición que se desarrolló en el marco de este proyecto.

En este apartado, se recogen en primer lugar, la serie de recomendaciones prácticas para incluir el enfoque de género en la construcción del Modelo y del Manual y, en segundo término, se hace mención a las dificultades específicas detectadas en la primera versión de la herramienta y su ulterior modificación.

• Recomendaciones de EGENEX al Modelo y al Manual INclúe

En este apartado se sintetizan las propuestas prácticas recomendadas para incluir el enfoque de género en el Modelo INclúe y, especialmente, en los indicadores de medición de la exclusión social del Manual INclúe y de su herramienta informática. Las seis primeras propuestas inciden en el carácter de la exclusión social, su medición, y la introducción de la perspectiva de género en las mismas, y las tres últimas en consideraciones a tener en cuenta por parte de los y las profesionales en la intervención social con mujeres en exclusión social:

1.  Es imprescindible el uso consciente de un lenguaje no sexista a lo largo de las diferentes fases de elaboración del proyecto (modelo, indicadores.) y en sus productos: el Modelo y el Manual. El lenguaje no sólo nombra, sino que, al denominar, categoriza y etiqueta. Por lo tanto, es importante un uso reflexivo del mismo y de las realidades que a través del mismo se construyen.

2.  Existe un énfasis excesivo en las estadísticas y los indicadores en los ingresos por rentas monetarias, por lo que las fuentes estadísticas secundarias (medición de paro, empleo a partir de datos elaborados por el INE) deben ser analizadas desde una perspectiva de género. Los datos estadísticos propios deben ser siempre desagregados por sexo, edad, estado civil, país de procedencia y número de hijos/as.

3.  Hay que tener en cuenta que el análisis del mercado laboral no se puede desvincular del análisis del trabajo doméstico y de cuidado de los hogares y las familias. Los indicadores de exclusión e inclusión social deben contener siempre el trabajo doméstico y de cuidados realizados en el hogar.

4.  Debe evitarse, como consecuencia de la recomendación anterior, una focalización excesiva, en los indicadores de exclusión, en el trabajo formal y en la renta monetaria de las personas, de forma que sean complementados con indicadores de exclusión multidimensionales.

5.  No se puede medir la exclusión solamente a nivel individual. Habrá de considerarse también el uso de indicadores de exclusión de los hogares. En este último caso, es necesario medir quién es el o la sustentadora habitual del hogar. En los indicadores basados en el hogar, no se debe asumir que las rentas del hogar se dividen de modo equitativo entre sus miembros, dado que existen familias de único ingreso, de doble ingreso y posibles diferencias en el peso de cada una de ellas. (Dema y Díaz, 2014:32)

6.  Es necesaria una reconceptualización de la familia en los procesos de inclusión social con especial atención a las diversas estructuras familiares (parejas sin hijos, familias nucleares heteroparentales, familias nucleares lesboparentales y homoparentales, familias monoparentales matrifocales y patrifocales, familias reconstituidas, etc.) ya que, en general, existe una indistinción de las mismas por la primacía en las investigaciones del modelo de  familia nuclear (González, 2009; Sanz et al., 2013) que tienden a analizar de forma homogénea cualquier tipo de familia como si todas compartiesen las mismas características.

7.  Así mismo hay que atender a las diferentes relaciones establecidas en el interior de cada modelo familiar. En este sentido, existen numerosas investigaciones que certifican que las diversas estructuras familiares tienen un diferente funcionamiento al de los hogares “convencionales” (Clarke et al., 2005; Dema y Díaz, 2014; Heimdal y Houseknecht, 2003; Oropesa et al., 2003; Vogler, 2005; Burgoyne et al., 2007; Burgoyne y Morrison, 1997).

8.  Se hizo hincapié, además, en resaltar que la esfera relacional-social es uno de los ejes principales de exclusión de las mujeres, más común en aquellas familias, por ejemplo, en las que las mujeres asumen cargas solas (familias monoparentales matrifocales) o tienen a su cargo personas con dependencia.

En lo que respecta a la práctica profesional, las propuestas presentadas indican que:

a.  Es imprescindible evitar la doble victimización de las mujeres usuarias (poder asimétrico, falta de participación, procesos de burocratización, discrecionalidad) y respetar las decisiones y la autonomía de las mujeres. Es especialmente importante prestar atención a la relación de poder entre las personas técnicas y las usuarias. (Jiménez, 2002; Idareta-Goldaracena, 2017; Vázquez Silva, 2020)

b.  Se impone analizar la existencia de itinerarios de exclusión diferenciados en función del género como la violencia de género, la prostitución o la viudez. Así mismo, en estos itinerarios deben tomarse en cuenta variables transversales en muchos de los colectivos de mujeres en procesos de exclusión social como la violencia de género y la estigmatización social, normalmente infravalorados.

c.  Hay que prestar atención a los aspectos emocionales en la intervención social. Es imprescindible respetar la intimidad emocional de las personas usuarias, poner énfasis en la autoestima de las mujeres y en la deconstrucción de la auto-atribución de fracaso y culpa por la situación de exclusión social, lo que conlleva fundamentar la intervención social en modelos teóricos centrados en la persona y en enfoques de capacidades.

Revisión práctica de los indicadores del Manual y su Herramienta de medición de la exclusión social

Además de las recomendaciones de carácter general sintetizadas en el apartado anterior, en la revisión de los indicadores de medición de la exclusión social se detectó una serie de dificultades más específicas para incluir de un modo fidedigno la situación y realidad de las mujeres en riesgo de exclusión o excluidas socialmente.

En primer lugar, se detectó que los ítems relativos a identificar las posibles estructuras familiares o de grupo de convivencia eran muy escasos o no se distinguían suficientemente en la herramienta. Para superar estos déficits, la categoría de “familia” fue sustituida por la de “entorno familiar” en el Manual INclúe en sus tablas 11 y 13 (Blanco et al., 2015b: 57, 61) y se ofrecen pautas para incluir o no a “la familia” a elección de la persona usuaria, así como posibilitar añadir “personas de referencia”.

En segundo lugar, se descubrió la falta de ítems suficientemente desagregados en el apartado de “Situación convivencial-Grupo de convivencia” que identificasen en especial a personas con cargas familiares (no sólo en relación a los menores de edad sino también respecto de adultos con dependencia), lo que suele provocar una mayor dificultad para su efectiva inclusión social. Recomendamos, en este sentido, que este indicador debe aparecer explícitamente, tal como finalmente se hizo en la tabla 11 del Manual Inclúe y en las recomendaciones de buenas prácticas (Blanco et. al., 2015b:57, 69-70) donde aparecen el trabajo doméstico y las labores de cuidado, en la primera versión de la herramienta de medición.

En tercer lugar, tampoco se podían desagregar y procesar situaciones susceptibles de intensificar la exclusión: por ejemplo, en los apartados destinados a ingresos no se podía identificar el impago de pensiones (presuntamente recibido), o los impactos de procesos judiciales en relaciones conflictivas. Estas consideraciones fueron incorporadas desagregando más el apartado de ingresos.

En cuarto lugar, las situaciones de violencia -que provocan graves secuelas y profundas dificultades sociales- sólo se recogían en relación a la vivienda y respecto a las relaciones de convivencia. Estas dos situaciones son importantes, sin embargo, hay que señalar que las personas que han sufrido violencia de género -con todo lo que esta situación comporta en ocasiones de dificultades sociales añadidas- no aparecían explícitamente identificadas. Tampoco se delimitaban situaciones de historial de maltrato o de abuso sexual que impactan fuertemente en las personas haciéndolas más vulnerables a posibles situaciones futuras de exclusión social. Por todo ello, se determinó la necesidad de añadir en la herramienta un epígrafe completo independiente relativo a la violencia de género incorporado, finalmente, en la Figura 2 del Manual INclúe (Blanco et al., 2015b:20-21).

Por último, indicar que el Proyecto INclúe incorporó, a lo largo del Modelo como en el Manual, el resto de consideraciones realizadas por EGENEX relativas a la intervención social. El respeto a la autodeterminación de las personas usuarias fue largamente explicitado (Blanco et al., 2015b:50-51). La importancia de la esfera relacional-social de las mujeres como uno de los ejes principales de su inclusión/exclusión fue abordada en la construcción de mapas de relaciones personales y sociales (Blanco et al., 2015b:65). La atención a los aspectos emocionales en la intervención social (modelo centrado en la persona y enfoque de capacidades) fueron tomados en cuenta en los “Principios de actuación que orientan el modelo de atención a la persona en el Modelo Inclúe” (Blanco et al., 2015a:31-33; Blanco et al., 2015b:24), para evitar el posible paternalismo y abuso de poder por parte de los y las profesionales e impedir la doble victimización de las mujeres.

Conclusiones

Se ha intentado describir en este artículo cómo se llevó a cabo el proceso de implementación del enfoque de género en un proyecto de investigación-acción sobre exclusión social.
Se han presentado una serie de recomendaciones para afrontar el sesgo androcéntrico en la medición de la exclusión social, después de constatar, tal y como señalan Dema y Díaz (2014) o Hedman et al. (1996) que “la mayoría de los problemas y vacíos de datos en las estadísticas de género proceden de conceptos y definiciones inadecuadas utilizadas en las encuestas y censos”.

Dado que el androcentrismo no se plasma solamente en el análisis posterior de los datos cuantitativos sino, como se ha indicado, en la propia recogida de datos para medir la exclusión social (por ejemplo, a través del informe FOESSA), se ha explicado por qué se hacía imprescindible a lo largo de nuestra colaboración con el Proyecto Inclúe, reflexionar, detectar e incorporar una serie de ítems para conceptualizar, primero, y medir después, la exclusión social desde el enfoque de género.

En este último sentido, se han subrayado algunos de los indicadores que se han desagregado y/o añadido a la herramienta de medición y que, normalmente, no son tenidos en cuenta en las mediciones de la exclusión social, invisibilizando, por lo tanto, su intensificación en las mujeres. Reiteramos la necesidad de recoger información relacionada con la diversidad familiar y la situación de la persona en el interior de su familia, identificando sus cargas familiares, así como su contribución al trabajo realizado en el hogar (no remunerado). También constatamos que es imprescindible incorporar el fenómeno de la violencia de género, y no solamente la que se padece en el presente, sino que también es importante recoger un historial de violencia y abusos sufridos con anterioridad pero que puedan estar afectando al grado de exclusión social de un modo específico que viven mujeres en la actualidad. De igual forma, trasladamos que la vivencia de situaciones como la prostitución debe ser también tenida en cuenta en este tipo de mediciones.

En definitiva, se ha constatado la necesidad de incluir el enfoque de género en las conceptualizaciones sobre la exclusión social, y muy especialmente en la forma en la que se mide la misma, para poder identificar cómo el factor de género recrudece e intensifica las dificultades de inclusión social de muchas mujeres.

Por último, señalar que, a nuestro juicio, la implementación del enfoque de género en este proyecto de investigación-acción, es un ejemplo de buena práctica y de transferencia a otros proyectos que tengan por finalidad generar investigaciones y/o intervenciones sociales, sin sesgos sexistas.

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