Los procedimientos administrativos de protección al fuero sindical en la Ley Orgánica del Trabajo
Resumen
La protección del Fuero Sindical constituye uno de los mecanismos de tutela de la Libertad Sindical, concebido en el amparo frente al despido arbitrario de determinados dirigentes o miembros de un sindicato en formación, así como traslados o persecuciones por razón de la actividad sindical. La consagración de la protección tiene rango constitucional y se desarrolla a través de dos procedimientos Autorización para el despido y Reenganche o reposición, los cuales constituyen verdaderos conflictos intersubjetivos que la Administración del Trabajo dirime dadas las funciones jurisdiccionales que le han sido atribuidas, no en vano la O.I.T. ha calificado al Inspector del Trabajo de Juez Administrativo. Una de las críticas más profundas al sistema de protección de inamovilidad tiene que ver con la ejecución de la solicitud de Reenganche, de all í que la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal de Justicia, haya admitido la procedencia de la acción de Amparo Constitucional para lograr la restitución de los derechos vulnerados. La protección tutelar es necesaria, para sofocar los efectos nocivos de la actitud rebelde del patrono originada por la lesión en los derechos fundamentales del trabajador, para lo cual los órganos del Poder Judicial se presentan como la única solución para lograr por un medio, breve, sumario y eficaz la vigencia de los derechos vulnerados, dado el vacío legislativo evidente a fin de que los órganos administrativos ejecuten su decisión en materia laboral-administrativa. Ese medio, lógicamente no es otro que la acción de amparo. El rango de derecho fundamental de la Libertad Sindical exige la introducción en el ordenamiento adjetivo laboral, de una Acción especial de Tutela de la Libertad Sindical, que permita a través de un proceso especial, asegurar la justiciabilidad a los derechos de contenido sindical, supliendo el vacío legislativo existente hasta la fecha y que ha pretendido ser auxiliado a través de la admisión de la Acción de Amparo Constitucional. Nuestro máximo Tribunal, ha compartido estos criterios indicando que la protección específica tiene la exclusiva finalidad de tutelar o asegurar su existencia y eficacia de manera directa, subjetiva, concreta y con efectos reparadores al restablecer al afectado en el goce efectivo de los derechos y garantías fundamentales infringidos. El ordenamiento laboral está en deuda con los trabajadores, quienes necesitan asegurar que sus mecanismos de protecci ón se desarrollen en los principios que ha asegurado el texto constitucional: Gratuidad, Celeridad, Oralidad, Inmediatez, Prioridad de la Realidad de los hechos, la equidad y rectoría del Juez en el proceso.
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