Introducción

El archipiélago de Galápagos, mundialmente conocido como Islas Encantadas, es la región insular de la República del Ecuador. Internacionalmente reconocida por su riqueza natural, caracterizada principalmente por la alta presencia de endemismo de especies terrestres y marinas distribuidas en una flora y fauna con rasgos insuperables, ya que convergen paisajes únicos y extraordinarios en el mundo que han llevado a estimarla como un paraíso natural.

Estas islas, sirvieron de inspiración para el naturalista inglés Charles Darwin, para escribir sobre la teoría de la evolución de las especies por selección. Por su situación geográfica, alejada a casi 1000 km de la placa continental, así como por las corrientes frías y cálidas que convergen, es posible la convivencia de especies polares y tropicales en un mismo espacio. De ahí que en este paraíso natural se puedan encontrar especies diferentes a las de sus ancestros, como es el caso de iguanas, tortugas, y cactos, que han sufrido un proceso de evolución y adaptación particular al medio a lo largo de los siglos.

Por lo relatado, Galápagos se convierte en un laboratorio vivo de procesos evolutivos aún en marcha. Esta situación ambiental ha provocado que tanto el Ecuador como la comunidad internacional centren su interés en priorizar la protección de sus ecosistemas. Dada la importancia de su biodiversidad, la UNESCO declara a Galápagos como el primer patrimonio natural de la humanidad, que comprende tanto al territorio insular como la reserva marina de Galápagos. También es declarada como Reserva de la Biosfera.

Sin embargo, existe poca información sobre las condiciones en las que se desarrolla la vida de las personas que habitan en esta isla. Frente a esto, se asume que los pobladores deben someterse a las circunstancias y las condiciones que han sido designadas para la protección del ecosistema, es decir, un régimen especial, en virtud de la situación de aislamiento que es propia de la isla por la sensibilidad de sus ecosistemas, lo que se constituye en una situación permanente de resguardo y defensa que debe equilibrarse con el desarrollo socioeconómico de la población insular.

Esto coloca de relieve los problemas relacionados con el acceso a la educación, salud u otros bienes o servicios imprescindibles para el buen vivir, que ha sido declarado en la Constitución de la República del Ecuador como derecho fundamental de los ciudadanos, reconociendo claros desafíos para su materialización cuando hablamos de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS).

Bajo este estado de cosas, destaca el hecho de que las Islas Galápagos es el hogar de más de 30.000.00 personas, quienes ocupan el 3% del territorio insular para el desarrollo de su vida. Es por esto que la presente investigación tiene como objetivo analizar la compatibilidad entre la protección de los ecosistemas y el desarrollo de la población a partir de las teorías de la sostenibilidad, como un reto para la creatividad de nuestros gobernantes y ciudadanos, al momento de formular las políticas públicas que viabilicen los postulados constitucionales del Buen Vivir, bajo la convicción de que solo podemos lograr el bienestar deseado si existe una justa distribución de los beneficios que proceden del desarrollo económico, social, cultural, político, entre otros.

Así, la investigación de corte documental-bibliográfico, nos permitió esbozar algunos criterio contenidos en la doctrina, la legislación (nacional e internacional), los planes de la nación y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con la finalidad de triangular esta información con los datos estadísticos que maneja la República del Ecuador, sobre las condiciones de económicas, salud, salubridad, educación, entre otros, que afrontan los pobladores de las Islas Galápagos, para inferir algunas consecuencias del régimen especial que ha sido impuesto en este territorio.
Desarrollo sostenible y la satisfacción de las necesidades humanas.

El desarrollo sostenible ha sido objeto de interpretaciones a lo largo de la historia, el mismo ha sido analizado desde distintas perspectivas, sin embargo, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo lo define en los términos que siguen:

El desarrollo es un proceso global, económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.

Pero este no es el único documento que lo define, ya que el informe elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente en agosto de 1987, denominado Nuestro futuro común; por vez primera y de manera oficial lo define como el “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (p.1).

Es posible, para los fines de este estudio, descomponer los conceptos aludidos en tres elementos: 1) necesidades-bienestar, 2) capacidad para proveer y, 3) sujetos de derecho.

Respecto del primero, si bien existen necesidades cambiantes, también hay otras consideradas comunes e indispensables para alcanzar el desarrollo, para esto se requiere el acceso a bienes y servicios para su satisfacción. Entre estos destacan los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo, los cuales se consagran desde la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, a más de otros instrumentos internacionales y regionales sobre la materia.

La finalidad del desarrollo es justamente la satisfacción de estas necesidades, por lo que al citar el catálogo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentado bajo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2016, se colige que las necesidades básicas más elementales incluyen la alimentación, salud, educación, agua y saneamiento, energía no contaminante, trabajo decente, entre otras, que en Ecuador se perfilan bajo los Derechos del Buen Vivir.

Son las necesidades concebidas en los ODS las que refieren como urgente y necesario el acceso a los bienes y servicios elementales para la vida humana de forma eficiente y eficaz, todo lo cual debe ser compatible con la protección del medio ambiente. Para esto deben eliminarse todas las barreras estructurales que impidan su materialización.

Pero como refiere Streenten (1986) también existen otras necesidades consideradas inmateriales, mismas que se configuran como requisitos básicos para la satisfacción de las necesidades materiales expuesta con anterioridad.
Esta no es la única clasificación sobre las necesidades, por ejemplo, Tello (2005) señala como necesidades básicas, la salud física y la autonomía; y como necesidades intermedias, la alimentación, agua, vivienda, ambiente sano, sanidad, seguridad física y emocional, seguridad económica, enseñanza básica, entre otras.

Es menester reconocer que, el concepto de desarrollo sostenible surge como un criterio vinculado directamente con la explotación de los recursos naturales, al enfatizarse en el enunciado, el no comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Esta máxima ha guiado la preocupación de la comunidad internacional sobre el daño ambiental y los efectos de contaminación por la indiscriminada explotación de recursos, olvidando otros temas relacionados con el desarrollo sostenible. Lo que se pone de manifiesto, de acuerdo con Leff (1994) es la idea de una explotación de los recursos bajo el uso racional de los mismos o el diseño de tecnologías para atenuar el impacto ambiental.

En este punto, es importante mencionar que se han esgrimido algunas corrientes detractoras del crecimiento económico en relación con las definiciones emitidas, sin embargo, a lo largo de este proceso de transición de la teoría a la práctica, que ha sufrido el concepto de desarrollo sostenible, se ha plasmado en los diferentes textos internacionales la importancia del procurar el desarrollo socioeconómico en las sociedades que adoptan estos criterios.

Como un tercer elemento de esta definición se puede colegir conforme lo señalado por Xercavins, et all (2005) que, en la medida que el desarrollo sostenible sigue contemplando como fundamento la satisfacción de necesidades, se reporta un sentido de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, que considera no sólo a nuestra generación sino además a las futuras.

Es por esto que se evidencia que el sujeto hacia el cual va dirigido el desarrollo sostenible es esencialmente al ser humano tanto en las generaciones actuales como en las futuras. En efecto, el fundamento de este concepto es la satisfacción de las necesidades básicas de los sujetos, su condicionante es la capacidad de proveer bienes y servicios, lo que se vincula directamente con la explotación racional de recursos naturales.

Dimensiones del desarrollo sostenible y su apreciación en el contexto de los Derechos del Buen Vivir en Ecuador

Tal y como lo expresa la Asamblea General de Naciones Unidas, fue en el año de 1992, cuando en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo y Medio Ambiente llevada a cabo en Río de Janeiro, se implementaron estrategias y medidas para la materialización de la naciente teoría del desarrollo sostenible, a partir de la cual distintas organizaciones internacionales y regionales han desarrollado políticas al respecto, lo que se ubica en tres dimensiones fundamentales: 1) desarrollo económico, 2) desarrollo social y, 3) protección del medio ambiente.

Al respecto, Kyte (2012) sostiene que “el desarrollo sostenible se basa en tres resultados: crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y desarrollo social, que equivale a decir prosperidad, planeta y personas. Sin una atención cuidadosa a estos tres componentes, no podemos crear un mundo sostenible” (p.1).

Frente a esto, es importante referir de forma lacónica cada uno de estos componentes con el fin de reconocer los espacios de compatibilidad entre el desarrollo humano sostenible y la protección del ecosistema en el territorio insular ecuatoriano.

Desarrollo económico sostenible

Pese a establecerse políticas estándares en la comunidad internacional que buscan compatibilizar el desarrollo económico con las necesidades humana básicas, no es factible aplicar un mismo modelo económico a todos; dado que la realidad de cada país, e incluso de las comunidades que la integran, difieren. Sin embargo, el consensuar ciertos estándares en este tópico que a su vez pueda orientar las políticas públicas para garantizar la inclusión sería lo ideal.

A título ilustrativo, en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se plasman las ideas del desarrollo sostenible enfocadas en la formulación de políticas económicas integrales, entre las que se observan bajo los principios 8, 12 y 16 los siguientes lineamientos: a. Reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles; b. Promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevará al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países; c. Procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos.

No obstante, Coria (1997), sostiene que no basta únicamente con la dimensión económica, pues:

Independientemente de que la dimensión económica sea el núcleo estratégico, para lograr un desarrollo sostenible se requiere un cambio estructural en el sistema productivo, en los estilos de vida y en las pautas de comportamiento de la sociedad. Ese punto de vista naturalmente es diferente según se trata de las necesidades y realidades de cada país (p. 24).

De aquello se observa que convergen varios elementos para que las estructuras sociales aporten a un desarrollo económico sostenible colocando como centro al hombre y sus necesidades básicas.

Desarrollo social sostenible

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2019) a través del Proyecto áridas: Una estrategia de desarrollo sostenible para el Nordeste de Brasil, ha dispuesto el desarrollo social como base, por lo que la Organización de Naciones Unidas ha convocado a un sinnúmero de conferencias mundiales que pretenden eliminar la tendencia de priorizar únicamente el desarrollo económico.

La naturaleza que entraña el desarrollo social es combatir la pobreza; para aquello es necesario observar el interés de los individuos para mejorar sus condiciones en las estructuras sociales donde se desenvuelven. Aquí, interviene un elemento importante para conseguir el desarrollo social sostenible, como es, la implementación de herramientas creadas por el hombre para adaptarse a todas las circunstancias. Es por esto que Espejo (2009), sostiene que:

El desarrollo de las personas se entiende como el desarrollo de la capacidad creativa de adaptación a las condiciones del medio ambiente (…). Aplicado a un nivel social esto quiere decir que las estructuras de organización debieran responder también flexiblemente a las situaciones de sus entornos, y lo que es más importante, tener los espacios para hacerlo (p.55).

Es fácil inferir de lo expuesto que, esta perspectiva sobre el desarrollo social no va dirigida sólo a estructuras sociales sumergidas en la pobreza, sino también a países ricos. Entonces, el desarrollo social tiene una reveladora importancia pues se orienta a mejorar las condiciones de vida de los sujetos, mediante la provisión de bienes y servicios para la vida humana y la implementación de herramientas que le permitan adaptarse en el medio que lo rodea.

Protección del medio ambiente

Esta dimensión implica considerar a la naturaleza como un medio en el que se desarrolla la vida en general pero que a la vez constituye un mecanismo para la satisfacción de las necesidades, tanto básicas como las complementarias. Así, la naturaleza, de acuerdo con Murga (2013):

Presta servicios esenciales, como la regeneración de las aguas, el aire, o los suelos, gracias a procesos naturales; e igualmente, ofrece a las sociedades sus frutos y recursos permitiendo no solo la supervivencia, sino también, con el concurso de la tecnología, afrontar retos extraordinarios (p.10).

En este sentido, la naturaleza satisface las necesidades humanas por medios económicos a la vez que provee un hábitat, por lo que la dimensión de desarrollo sostenible se orienta a entender que los recursos naturales son finitos, por lo tanto, se tienen que implementar condiciones o criterios para su explotación a la vez que la tendencia es el cuidado de la naturaleza.

Sin embargo, al ecosistema se le atribuyen también otras facetas, de acuerdo con lo expuesto por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2019) como el control del sistema económico, pero también la organización del sistema social, condicionando indirectamente el sistema político de cada sociedad. Este enunciado presenta al ecosistema como controlador, coorganizador y condicionante, dada su existencia constante, y que de ser así debe darse dentro de un marco de equilibrio.

Desarrollo político e institucional de Estado sostenible

El Estado deberá constituirse como un articulador o quien crea el vínculo para el correcto funcionamiento de la dinámica ambiental y socio-económica que se desea implantar. Dada su condición de ente controlador, regulador, gestor y por las prerrogativas estatales que le asisten, es así como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 313, el cual es del tenor siguiente:

El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social...

De la norma se extrae el ingrediente político que se cuela en las decisiones de la administración pública, para esto es necesario que los individuos, a través de los diferentes medios de participación ciudadana, plantean sus intereses y necesidades más urgentes de acuerdo a su realidad social mediante los sistemas de representación popular.

Reconocemos que, el desarrollo humano va directamente ligado a la participación social de los individuos, por lo que como ilustra Espejo (2009) las instituciones deben actuar como estructuras que promueven el desarrollo.

Bajo esta línea argumentativa, el rol del Estado, la participación social y el reconocimiento de las demandas sociales, no tendrá el impacto deseado sino cuenta con políticas tributarias adecuadas para conseguir la redistribución de las riquezas mediante la reinversión social.

He aquí la necesidad del crecimiento económico en cada país para el desarrollo sostenible, ya que, de este, se generará un despunte en los índices de recaudación por parte del Estado, y, por ende, como expresa Tugores (2006) la redistribución de las riquezas nacionales a través de mecanismos de reinversión social servirá para atender las necesidades humanas insatisfechas.

Islas Galápagos: Dialéctica entre protección del ecosistema y satisfacción de las necesidades humanas básicas

Las Islas Galápagos o provincia de Galápagos es la región insular de la República del Ecuador que:

(...) se ubica en el Océano Pacífico a la altura de la línea ecuatorial, (...). Tiene una superficie 7.970 kilómetros cuadrados. La isla San Cristóbal, la más oriental del archipiélago, se encuentran a una distancia de 928 kilómetros del cabo de San Lorenzo, en el Ecuador Continental.

Asegura Ospina (2001), que su situación de aislamiento físico del territorio, así como, el hecho de que convergen corrientes cálidas y frías, ha dado pie a que se desarrollen animales y plantas de características únicas, coexistiendo en una “frontera” ecológica tanto las especies polares y tropicales. De esto nace un importante interés internacional sobre las Islas y sus ecosistemas, en ramas científicas, turísticas y ambientales.

Dada esta caracterización, las Islas Galápagos tienen una particular administración pública, división política, asentamientos humanos y migratorios. En efecto, los órganos descentralizados del gobierno central que residen en la provincia de Galápagos pertenecen a la Zona de planificación 5. Cada ministerio, o institución adscrita al gobierno central, se debe a su dirección Zonal. En el caso de la dirección Zonal 5 la integran 4 de las 24 provincias del Ecuador. Esto, sin perjuicio de la adscripción que cada entidad tenga ante el ente administrador y planificador de la Isla.

Con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, se crea el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, el cual se encuentra presidido por el representante de la Presidencia de la República del Ecuador e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Galápagos, representantes de las Juntas parroquiales, delegados de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (en adelante SENPLADES) y de los ministerios: 1. Coordinador de Sectores Estratégicos; 2. Ambiente; 3. Turismo.

Dicho Consejo de Gobierno tiene a su cargo la planificación, manejo de los recursos y organización de las actividades que se realizan en las Islas, y a más de aquello, el artículo 257, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG), refiere sobre la facultad de coordinador interinstitucional con los demás entes del sector público, todo esto con la finalidad de articular las diferentes políticas de sostenibilidad del Estado.

La organización territorial es similar a lo establecido para el Ecuador continental, es decir, provincias, cantones, parroquias urbanas y rurales, con la particularidad de que se ven limitadas ciertas competencias, o supeditadas a las políticas que establezca el Consejo de Gobierno, en su condición de administrador insular. La provincia de Galápagos se distribuye en cantones y parroquias urbanas y rurales cada uno con sus Gobiernos Autónomos Descentralizados y Juntas Parroquiales respectivamente, de la siguiente manera:

a. Cantón San Cristóbal: la isla menos alejada del continente y la capital provincial, con una superficie de 849Km2, una parroquia urbana y cabecera cantonal Puerto Baquerizo Moreno; y dos parroquias rurales: El Progreso y Santa María.

b. Cantón Santa Cruz: con una superficie de 1794 Km2, conformado por una parroquia urbana y cabecera cantonal Puerto Ayora; y dos parroquias rurales: Bellavista y Santa Rosa.

c. Cantón Isabela: con una superficie de 5367 Km2, parroquia urbana Puerto Villamil y una parroquia rural Tomás de Berlanga.

Los cantones además tienen bajo su administración Islas que no son habitadas por razones medio ambientales y que se distribuyen de la siguiente manera:

a. Cantón San Cristóbal: Islas Española, Genovesa y Santa Fe.

b. Cantón Santa Cruz: Marchena, Pinta, Pinzón Rábida, Santiago y Seymur (Baltra).

c Cantón Isabela: Charles Darwin, Teodoro Wolf y Fernandina.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) producto del censo nacional de población del año 2010, las Islas Galápagos tienen un total de veinticinco mil ciento veinticuatro (25.124) habitantes, lo que corresponde al 0,17% de la población total ecuatoriana. De este número, el 51.8% son hombres y el 48.2% son mujeres; el 17,5% residen en la zona rural y el 82,5% en la zona urbana; y más del 61% residen en la Isla Santa Cruz. De la población total de la provincia, el 8,3% se la considera como población flotante y el 91,7 como residentes habituales.

De los estudios de la evolución poblacional de Galápagos, el INEC identifica que la tasa de crecimiento para la década de los 90 era de 5,9%, pero que a partir del 2001 la tasa decreció al 3.3%, conforme se explica en el gráfico siguiente:

En razón de los reportes de la población total del Ecuador (insular y continental), se contabiliza que para el mismo periodo 1990 al 2010, la tasa de crecimiento era de 2,19% y 1,95% respectivamente, lo que establece que la tasa decreció en 0,24%. La interpretación que surge de esta comparación es que, si bien existe una orientación a la baja del índice de crecimiento poblacional a nivel nacional, no es menos cierto que la tasa de crecimiento de las Islas en comparación con la totalidad de la población nacional es superior.

Tomando en cuenta el análisis que se efectúa de las cifras reportadas para el periodo 1990 a 2010, es importante señalar que, en el año 1998, el Estado ecuatoriano insertó en el ordenamiento jurídico para la provincia de Galápagos la primera norma con carácter restrictivo, por lo que los analistas atribuyen el decrecimiento poblacional en las Islas a las restricciones migratorias implementadas.

El fenómeno demográfico que vive Galápagos desde su descubrimiento se ha basado principalmente, en la inmigración. Esto es confirmado con los datos del censo poblacional del INEC que reportan que apenas el 37% de la población residente habitual son nacidos en las Islas y el 63% nacidos en otras provincias del país y en el extranjero.

Por lo que, durante este último periodo, es decir, del 2011 a la actualidad, los esfuerzos de la Administración Pública, se han orientado a incorporar medidas más coercitivas y así evitar la sobrepoblación insular. Las medidas se encuentran contenidas tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, así como, su reglamento y la ordenanza que contiene el Reglamento de Migración y Residencia en el Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, expedida por el Consejo de Gobierno dentro de sus competencias legislativas.

El alto crecimiento poblacional es preocupante debido a que los recursos naturales que se consideran como permitidos para su explotación son limitados, y no se cuenta con las herramientas necesarias para la provisión de bienes y servicios, que son indispensables para el desarrollo de la población ya existente, y menos aún, las estructuras se encuentran preparadas para recibir a más habitantes permanentes.

Respecto de la emigración, se estima que en su mayoría los residentes salen de la región con la finalidad de acceder a educación u ofertas laborales y para proveerse de otros bienes y servicios como el de atención médica especializada.

La llegada de organismos a las islas ha sido un proceso lento pero constante según lo afirman fuentes oficiales del Parque Nacional Galápagos. Por lo relatado, Galápagos se convierte en un laboratorio vivo de procesos evolutivos aún en marcha, especies en algunos casos únicas en el mundo, que son objeto de constante estudio. Las Islas son mundialmente reconocidas por las tortugas terrestres gigantes, piqueros patas azules y rojas, iguanas marinas y terrestres, lobos marinos, tiburones martillo.

La protección debida a los ecosistemas y los organismos que intervienen en su defensa

De lo descrito en los párrafos que anteceden, surge el interés de cuidar y proteger los ecosistemas que se dan en las Islas y sus alrededores, no sólo por parte del gobierno central, además por la comunidad internacional y miles de científicos y turistas.

Según el artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador, el Sistema Nacional de áreas protegidas es dirigido y regulado por el Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente; este se integra por subsistemas ya sea estatal, autónomo, descentralizado, comunitario, privado. Entre los subsistemas descritos, se identifican a los Parques Nacionales y las Reversas Naturales de diferentes características.

En Galápagos, se encuentra el Parque Nacional Galápagos (PNG) y la Reserva Marina de Galápagos (RMG), cuyo responsable es la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG).

El PNG fue creado mediante decreto ejecutivo N-17, del 4 de julio de 1959, en conmemoración del primer centenario de la publicación del libro “El Origen de las Especies” de Charles Darwin. Subrayamos que, fue declarado como el primer Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO el 08 de septiembre de 1978, y en el año 2001 se anexa la RMG a esta declaración, luego que el Comité de Patrimonios reconociera su enorme valor ecológico, cultural y económico.

La RMG inicialmente comprendía un área infra de franja marina a razón de 2 millas náuticas alrededor de cada isla. Esto como resultado de las primeras acciones de protección en 1974 mediante el Plan de Manejo Terrestre. Sin embargo, a partir de 1998, a través de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos (LORECDSG) actualmente derogada y sustituida por la LOREG, la RMG comprende toda la zona marina dentro de una franja de cuarenta millas náuticas medidas a partir de las líneas de base del Archipiélago y las aguas interiores.

A esto se añade que conforme lo establece la normativa precitada en su artículo 19 existe un área denominada “Área Marina de Protección Especial”, que abarca un área de protección mínima de sesenta millas náuticas, a partir de la línea base del Archipiélago con la finalidad de regular el transporte de productos tóxicos o de alto riesgo en esa zona.

Tomando en consideración lo relatado en los párrafos que anteceden y observando lo contenido en los diferentes documentos nacionales e internaciones, la RMG como explica Elbers (2011) se ubica entre las áreas marinas protegidas más extensas del mundo.

Para poder ejercer mayor control sobre las áreas protegidas, la dirección del Parque Nacional Galápagos como responsable de la conservación de la integridad ecológica y la biodiversidad de los ecosistemas insulares y marinos de las áreas protegidas del archipiélago, así como el uso racional de los bienes y servicios que estos generan para la comunidad, ha establecido zonas para que el ser humano realice actividades específicas, motivando un equilibrio entre la explotación de recursos naturales para la satisfacción de las necesidades y la conservación de áreas aún más sensibles.

Pese a ser la población migrante la que impera, la identidad de los galapagueños acoge como factor predominante la protección y cuidado al entorno o casa común. Ahora bien, como lo afirma Ospina (2001), la identidad y la cultura galapagueña están en proceso de construcción, ya que, a más de las relaciones y adaptaciones interculturales, la sociedad insular es relativamente joven en el contexto histórico, ya que se inicia su proceso poblacional a finales del siglo XIX.

El Estado ecuatoriano mediante sus diferentes organismos, pretende conciliar este proceso de construcción de la cultura, en el sentimiento de protección medio ambiental. La responsabilidad con el entorno, un estilo de vida sostenible y que aprovecha las oportunidades que ofrecen las áreas protegidas para la educación ambiental, recreación, y modelos participativos de manejo, son unos de los objetivos a alcanzar por parte de la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

La situación social en las Islas Galápagos y su relación con el desarrollo sostenible de sus pobladores como un desafío para la Administración Pública Insular

Con relación a la situación social, en Galápagos se identifican, varias restricciones a las que se enfrentan sus habitantes para el debido acceso y disfrute de bienes y servicios elementales para la vida humana. Estas, básicamente se deben a su situación de aislamiento, así como, a vivir rodeados de unas de las áreas protegidas más importantes del mundo, lo que ocasiona un efecto significativo en las condiciones de vida de los residentes.

Al decir aquello, debemos observar cuales son las circunstancias en las que se procura el desarrollo social de los isleños. No sólo del 52% de la población en situación de pobreza por NBI, sino también, del 48% restante.

Por su estructura poco usual se ha originado una dependencia del continente, principalmente para la provisión de bienes y servicios de salud, educación, alimentación, entre otros. Dicho sea de paso, el rol que juega la movilidad se torna indispensable para procurar el desarrollo humano, ya sea para el traslado de bienes y servicios o para la movilidad humana insular.

La provisión de servicios básicos relacionados al agua y la electricidad principalmente, se constituyen en un desafío para la Administración Pública insular por el límite de sus recursos. Con respecto al servicio público del agua, es relevante recordar que el mismo está considerado entre los ODS en los siguientes términos: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.

En esta misma línea se concentra el criterio de la medición de la pobreza por NBI. Recordemos que para el 2010 de acuerdo con el INEC el 40,4% de la población vivía con inadecuados sistemas sanitarios, es decir, con precarias condiciones de abastecimiento de agua mediante red pública, y eliminación de excretas mediante el alcantarillado. La realidad de la provincia con respecto a la provisión de este servicio básico, se ve reflejada en las siguientes cifras:

Pero este abastecimiento que llega a casi el 90% de la población, en su mayoría no es de agua potable o apta para el consumo humano. El agua apta para el consumo en su mayoría es provista a través de la iniciativa privada. Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), Galápagos cuenta con 8 personas naturales y jurídicas que se dedican a la actividad económica de producción de aguas minerales naturales y otras aguas embotelladas.

A partir de esto, se colige que la salud pública de la población se encuentra en riesgo constante, y retomando la importancia de sus ecosistemas, estos también se ven afectados, por lo cual los programas y proyectos deberían ir orientados a atenuar esta NBI con medidas urgentes y oportunas. El saber cuál es la calidad del agua es tan importante como garantizar el acceso a este servicio. En definitiva, no se trata sólo de abastecer a la población mediante la red pública, es importante saber en las condiciones en las que se provee este servicio básico elemental para la salud pública y la vida de las personas.

Otro servicio que forma parte de los ODS es la energía eléctrica En el caso de las Islas Galápagos, según los reportes estadísticos, la provisión del servicio energético aparentemente se encuentra controlada, ya que, de acuerdo a los datos del censo 2015, el 99,7% de la población dispone de energía eléctrica mediante la red pública. Sin embargo, el problema radica en la forma en la que se genera la electricidad (que, por la condición de reserva natural de las islas, debe generarse de forma sostenible).

Existen varios sistemas implementados para el abastecimiento de este servicio público, en base a criterios de sostenibilidad. Sin embargo, de la cantidad total de hidrocarburos trasladados a la Isla el 19 % es utilizado para la energía eléctrica. Situación que se desea contrarrestar por el riesgo que implica para los ecosistemas el traslado de estos productos pétreos desde el continente a las Islas, además del coste operativo. Todo esto, en base a la experiencia por los accidentes marítimos reportados, en los que se ha detectado el derrame de sustancias pétreas en la RMG.

Indiscutiblemente, la tecnología toma protagonismo para poder cumplir con el cometido de contar con energía, segura, sostenible y moderna en las Islas Galápagos y así erradicar el uso de combustibles fósiles, sustituyéndolo por biocombustibles para la generación de energía eléctrica. De aquello, es importante identificar los sistemas vigentes, utilizados por las autoridades.

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, publicaron la revista “Energía Verde para Galápagos, Inagotable – Limpia - Segura”, los sistemas actualmente utilizados en las Islas, así como los costos y beneficios percibidos de la implementación de estas nuevas técnicas.

Respecto de la recolección de basura, es imprescindible la cooperación ciudadana dado la cultura medioambiental imperante en la región. Pero así mismo, este cometido no se podría logra sin que se hayan implementado planes y medidas coercitivas para su efectivo cumplimiento, es así que, mediante ordenanzas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada cantón, se establecen las normas para la selección de residuos sólidos, así como las tasas y régimen sancionatorio, a manera de ejemplo, en el cantón San Cristóbal, se estableció la ordenanza administrativa que reglamenta la gestión integral de Residuos Sólidos publicada en el Registro Oficial 56 del 3 de abril del 2007.

Existe, además, un Centro de Gestión de Residuos Sólidos encargado de la recolección, clasificación y compactación de la basura. La eficiencia de la administración pública para la recolección de desechos se ve reflejada en que el 98,1 % de la población total para el 2015 recibe el servicio de recolección de basura puerta a puerta, situación que mejoró respecto de los datos generados en el censo 2010 cuya cifra era del 96.5 %.

En el ámbito de la salud, la región insular cuenta con dos hospitales, cuya capacidad para atender la demanda de personas que necesiten internase es de 40 cupos. Los servicios médicos que brindan ambas casas de salud son elementales pese a que uno de los hospitales es general, por lo que en teoría se garantiza la atención médica pero no en todos los niveles.

El sistema además cuenta con un centro de salud en el cantón Isabela dependiente del hospital de Santa Cruz, así como de pequeños centros de salud en las 5 parroquias de la provincia. Para los habitantes que se encuentran bajo una regularizada relación de dependencia o situación laboral, pueden acceder a la atención que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En la región, esta institución pública, cuenta con un dispensario médico, por lo que de ser necesaria una atención especializada, los afiliados deben acudir a los hospitales del IESS del continente. Todo esto, por sus propios medios económicos para el transporte y estadía.

En la práctica, los esfuerzos de la administración pública y la inversión estatal para fomentar un sistema de salud eficiente y de calidad, sigue siendo insuficiente para el número poblacional de la provincia, debido a la falta de unidades especializadas. Aquello, pone en riesgo la vida de las personas. La situación de desventaja es agravada para quienes no cuentan con los recursos económicos para el desplazamiento temporal hacia el continente a satisfacer esta necesidad básica, ya sea mediante la asistencia médica pública o de seguridad social y mucho más para la asistencia médica privada. Por lo que pese a “garantizarse” el acceso gratuito, las estructuras no están preparadas para atender tanto a la demanda en la provisión de los servicios como a la tipología de enfermedades.

La educación se convierte en un objetivo dentro de la Agenda 2030, especialmente el 4, y en el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador se reconoce como un derecho fundamental. Para el año 2010, el 19,2% (5.830 niños, niñas y adolescentes) de la población provincial se encontraba entre los 5 a 14 años edad. De este rango según la tasa de asistencia neta, el 98,1 %, accedía al servicio de educación. Estos datos revelan que un mínimo número de 111 niños, niñas y adolescentes estaban en situación de vulnerabilidad al no acceder a uno de sus derechos más elementales para el desarrollo humano.

Es preciso recalcar que para este mismo año el promedio de escolaridad era de 11.2 años de formación para un rango de 5 a 24 años de edad. En el censo de población y vivienda espacial Galápagos 2015, se reporta que el promedio de escolaridad creció a 12,2 años de formación. Sin embargo, la tasa de asistencia decrece al incluir a población en edad de formación de 5 a 24 años. Conforme lo informado por el INEC para el año 2015, la población comprendida entre 5 a 24 años de edad se encontraba asistiendo a clases en un 78,1%.

En Galápagos, entonces, la oferta académica es infra para cubrir la demanda de aproximadamente 2.000 habitantes que se encuentran en edad de formación universitaria. Esto podría traducirse a que la cantidad de cupos ofertados es insuficiente, si no, además, a que las áreas de conocimiento ofertadas no recogen todas las aspiraciones de las minorías, por lo que se podría originar una barrera para quienes deseen acceder a otras especialidades. A pesar de esto, se advierte un avance significativo que busca la inclusión y garantizar el derecho a la educación en todos los niveles.

Con respecto a la gestión alimentaria, el artículo 13 de la Constitución de la República de Ecuador indica que: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”.

Ahora bien, la introducción de víveres para abastecer la demanda de la población, es controlada, regulada por la Agencia de Regulación y Control de la Biodiversidad y Cuarentena para Galápagos (ABG) es la entidad responsable de impedir y disminuir el riesgo de la introducción, movimiento y dispersión de organismos considerados como exóticos para el entorno insular.

Esta entidad se basa en un listado de productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, reglamentados para su ingreso a las Islas y que constan dentro de tres categorías: 1. Producto permitido, 2. Producto restringido, 3. Productos no permitidos.

Con respecto a la producción local, los primeros asentamientos humanos fueron motivados por la agricultura, empero, la actual estructura de las AE, se basan en los sectores del comercio, prestación de servicios y turismo, por lo que se evidencia que las AE agropecuarias decrecen significativamente.

Finalmente, los servicios de transporte, afrontan serios límites por la condición geográfica, así como, la dependencia que la región tiene del continente, por tanto, es imprescindible contar con medios de transporte para la realización de las diferentes actividades humanas sociales, culturales y económicas. Si nos referimos por ejemplo a las AE, las mismas están relacionadas con el transporte en mayor o menor grado, para alcanzar ingresos rentables, así mismo, para acceder a los servicios básicos, servicios de salud especializada, educación, alimentación, el transporte es una herramienta fundamental.

Con respecto a los medios de transporte vigentes entre las islas pobladas, el sistema más utilizado es el marítimo, el cual, es proveído por las personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas. Al ser un servicio público, su regulación y control está a cargo del órgano rector sectorial, esto es, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF), de acuerdo con Resolución Administrativa No. MTOP-SPTM-2015-0127-R, de fecha 19 de octubre 2015, emitida por esta Subsecretaría la prestación del servicio público de transporte marítimo que realizan las embarcaciones de pasaje de hasta 100 TRB entre puertos poblados de la provincia de Galápagos, se rigen por esta norma publicada en el Registro oficial 634 del 24 de noviembre 2015.

En este sentido, se han establecido rutas por itinerarios limitados en los cuales tanto los residentes permanentes como los turistas, consignan el valore de USD. 30,00 (Treinta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), como tarifa oficial por el transporte de pasajeros para cada recorrido en las rutas previamente indicadas, observando las tarifas preferenciales concedidas mediante mandato constitucional a niños, niñas, estudiantes, discapacitados y adultos mayores de 65 años de edad.

Así mismo, para rutas menos extensas, se cuenta con un servicio de taxi acuático por un costo que va desde USD 0,50 (50/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América) a 1,50 (un 50/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), actividad regulada mediante resolución administrativa emitida por la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial.

Los medios de transporte desde el continente a las Islas y viceversa, son aéreos o marítimos. En el caso de movilidad humana, se lo efectúa a través de vuelos nacionales con tres aerolíneas. Cabe indicar, que no se cuenta con regularización de este medio de transporte por lo que las tarifas pueden ir desde USD 200,00 hasta USD 1.000,00 ida y vuelta.

Sin embargo, con la finalidad de que los residentes permanentes no se vean afectados, el Consejo Nacional de Aviación Civil del Ecuador, resolvió establecer como tarifa máxima diferenciada para los residentes permanentes y temporales de la provincia de Galápagos, usuarios de los servicios públicos de transporte aéreo desde el continente hacia las Islas Galápagos y viceversa, el valor de USD 195,00 (ciento noventa y cinco dólares de Estados Unidos de América), entre los 15 cupos diarios por vuelo disponibles y hasta 12 contratos anuales, no acumulables, para residentes permanentes y 2 contratos anuales no acumulables para temporales, de conformidad con la Resolución No. 13 – 2014, del 12 de septiembre del 2014, publicada en el segundo Suplemento del Registro Oficial No. 318 del e fecha 09 de octubre 2014.

En cuanto a la movilidad, según Ramos (2015) dentro de las islas, no existe servicio público de transporte terrestre (pero sí taxis camionetas), de ahí que predomine el uso de la bicicleta, recordando que el ingreso de vehículos motorizados se encuentra restringido y se deben cumplir con varios parámetros y disponibilidad de cupos, entre otros.

Con lo referente a la movilización interprovincial el costo de un pasaje (previa disponibilidad de cupos y siempre que no haya excedido sus contratos anuales permitidos) es de USD 195,00 (ciento noventa y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América), valor que representa aproximadamente el 15,48% de la canasta básica y el 28,8% del sueldo básico para la región insular. Respecto al Ecuador continental, el pasaje de transporte de servicio público terrestre más costoso interprovincial es de USD 18,00 (dieciocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que representa el 4% aproximadamente de un salario básico en Ecuador Continental.

El bajo costo de las diferentes tarifas interprovinciales, se debe, en principio a las subvenciones realizadas por el gobierno central con respecto al costo del combustible, así como a la exoneración de impuestos, o incentivos tributarios, entre otros. De aquello, podría ser necesaria la intervención estatal para subsidiar o retribuir a las compañías aéreas que prestan el servicio desde y hacia la región insular, para así, mejorar las oportunidades de acceso a este servicio elemental para un galapagueño.

Breve referencia al régimen especial de las Islas Galápagos y su relación con los instrumentos nacionales e internacionales que orientan la conservación del ecosistema

La Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), han retomado una categorización que se adoptó en la Constitución de 1978. En efecto, luego de dos años se promulgó la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos (LORECDSG), en la que se intenta implementar las teorías de sostenibilidad y se concentra en un mismo cuerpo normativo, varias leyes, decretos ejecutivos y resoluciones que estaban vigentes antes de la promulgación de esta ley, todo esto con la finalidad de dar solución a los problemas socio económicos y ambientales que presentaban las Islas.

Posteriormente, la Constitución Política de la República de Ecuador de 1998 consideró este régimen especial en el artículo 239 enfatizando la necesidad de protección de los ecosistemas y el desarrollo sustentable.

La Carta Magna de 2008, además de reforzar dicho precepto significó un cambio de paradigma, en tanto que consagra el derecho que le asiste a la naturaleza, bajo la cosmovisión que se sustenta en el Sumak Kawsay, promoviendo su protección y el ejercicio de cualquier acción por los individuos y colectividades que reconozcan dicha afectación.

Sin lugar a duda, este nuevo reconocimiento de derechos que le asisten a la naturaleza, no fue motivo de conflicto para los pueblos y nacionalidades indígenas que en principio se rigen por el derecho consuetudinario. Pero con relación a la mayoría de la población, el Estado tuvo que implementar sistemas coercitivos y más rígidos para el eficaz ejercicio y goce de los derechos constitucionales.

Es así, que el Régimen Especial de Galápagos nuevamente toma protagonismo y se regula mediante la promulgación de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos que, a más de las bases contenidas en la anterior Ley, viene cargada de políticas restrictivas que versan sobre temas de migración, residencia, actividades productivas, ambiental y biodiversidad y cuyo régimen sancionatorio principalmente se refiere a las infracciones ambientales y migratorias.

El Régimen Especial de la provincia de Galápagos se encuentra motivado esencialmente por la protección de la naturaleza y de los ecosistemas existentes, pero así mismo lo que procura es el desarrollo humano sostenible. Los especialistas advierten que el valor de la LOREG, es que otorga las herramientas necesarias para ejecutar las teorías de sostenibilidad en correspondencia con los derechos del buen vivir que se han constitucionalizado.

Frente a esto, las restricciones normativas contenidas en los instrumentos legales, son necesarias para promover el equilibrio entre todas las dimensiones de desarrollo sostenible previamente explicadas. Empero, la realidad es distinta, sobre todo si se toma en cuenta que no se trata de una población que se desarrolla dentro de un contexto normal, tornándose aún más compleja esta dinámica, puesto que las aristas del desarrollo, se procura en sintonía con la naturaleza.

Es a partir de lo analizado en este apartado, que se identifica la imperativa necesidad del establecimiento de estrategias puntuales para que dicho Régimen Especial pueda consolidarse sin afectación de los derechos del Buen Vivir. Esto debe impactar en la toma de decisiones oportunas que viabilice las prerrogativas estatales para garantizar el equilibrio entre el uso de la naturaleza para el consumo humano, la protección de los ecosistemas y la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores.

Así surge el Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos: 2015 – 2020, el cual se estima que el esfuerzo conjunto del Estado y de la sociedad civil galapagueña, se ven plasmados en el Plan Galápagos.

De su lectura, se evidencia que se realizó un trabajo arduo para el levantamiento de información en varias dimensiones, y que se encuentra distribuida en los siguientes componentes: 1. Biofísico, 2. Asentamientos Humanos, 3. Económico Productivo, 4. Socio Cultural, 5. Movilidad, Energía y Conectividad. 6. Político Institucional y Participación Ciudadana. Con ello se realizó un diagnóstico de la realidad detectada en cada una de las áreas de interés, que da origen al árbol de problemas que presenta el CGREG.

De su análisis, surge la idea, de que el denominador común es:

a. La falta de talento humano residente permanente en la región.

b. La ausencia de innovación tecnológica en los diversos sectores.

c. La falta de ejecución de las diferentes políticas públicas ya existentes, en las diferentes áreas de interés.

Por otra parte, se evidencia que existen otras problemáticas como la insostenibilidad de las condiciones actuales en el modelo de desarrollo de Galápagos debido a la falta de desarrollo social, la limitada cobertura y calidad de servicios públicos y espacios públicos que reduce la posibilidad de materializar los derechos del Buen Vivir de la población.

La problemática se intensifica por la escasa diversificación de las actividades económicas, la dependencia exclusiva de la economía al turismo, la dependencia energética del territorio continental, el deficiente sistema de movilidad y conectividad tecnológica y la existencia de un modelo de gobernanza que no se adapta a las condiciones sociales propias de la Isla.

En este sentido, se han visto laceradas (ya sea en menor o mayor medida), las cuatro dimensiones del desarrollo, es decir: desarrollo económico, desarrollo social, protección ambiental y desarrollo institucional de los pobladores de las Islas Galápagos.

Con la finalidad de disminuir los factores que se constituyen en barreras para procurar el desarrollo humano sostenible de la población galapagueña, el CGRE, plantea algunas estrategias, las mismas que se concretan en objetivos, estos a su vez, se complementan con políticas públicas y lineamientos con la planificación nacional y local, bajo un modelo de gestión que se basa en la articulación entre las diferentes instituciones públicas competentes, todo esto, para su eficaz y eficiente realización. Los objetivos se centran en:

a. Consolidar un modelo integral de desarrollo sustentable del socio-ecosistema de Galápagos.

b. Promover el buen vivir de los residentes de Galápagos y un estilo y calidad de vida isleño.

c. Impulsar la sociedad del conocimiento y la diversificación de la matriz productiva.

d. Reducir la dependencia energética del continente, optimizando la generación eléctrica renovable, el transporte y la conectividad.

e. Fortalecer el modelo de gobernanza del Régimen Especial de Galápagos. Dimensión política y de instituciones públicas.

En cuanto a las fortalezas del Plan Galápagos 2015 – 2020, se identifica que cuenta con un órgano administrador de la región quien lidera la gestión, tienen como referencia a planes nacionales, y locales, que recogen tanto realidades insulares como nacionales para establecer políticas oportunas y eficaces; se alinea a los ODS (pese a no indicarlo de forma expresa); fomenta la participación ciudadana en la construcción de dicho plan; y, cuenta con información censal respecto a población y vivienda en el año 2015.

No obstante, el Plan presenta debilidades como el deficiente análisis técnico en áreas determinadas, no delimitar con exactitud las restricciones humanas y desgastar esfuerzos en situaciones que ya se encuentran comprendidas dentro de la legislación ecuatoriana a través de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, así como por medio de las diferentes Resoluciones Administrativas del SERCOP.

Como se precisó, los objetivos estratégicos y políticas del Plan Galápagos 2015-2020, se encuentran alineados de manera expresa al Plan Nacional, a la LOREG, a los planes de: Manejo de Áreas Protegidas; Bioagricultura; y Plan Integral de Movilidad. Sin embargo, pese a que se mencionan diferentes documentos internacionales, en el texto no consta expresamente una alineación con los Objetivos del Milenio ―por la época de aprobación― o si fuera el caso, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ―por la fecha de actualización―.

Cabe recordar que los ODS tienen como antecedente los Objetivos del Milenio 2000 - 2015, y han sido consecuencia del consenso internacional para procurar el desarrollo humano y la erradicación de la pobreza en todos los niveles, sin olvidar el agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la degradación del medio ambiente, incluidas la desertificación, la sequía, la degradación del suelo, la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad, aumentan y exacerban las dificultades a que se enfrenta la humanidad, las cuales son palpables en la Isla Galápagos.

Conclusiones

Con fundamento en lo expuesto y en atención de los objetivos planteados en la parte introductoria, es posible realizar las siguientes inferencias o conclusiones:

Diversos estudios demuestran que en las Islas Galápagos existen ciertas necesidades básicas insatisfechas relacionadas con el acceso a la educación, salud u otros bienes imprescindibles para la vida humana, así como limitaciones en el transporte, ya que para la movilidad interprovincial solo cuentan con el transporte aéreo, cuyos costos de movilización terminan por resultar inaccesibles, situaciones que derivan de restricciones concebidas mediante norma expresa u originadas a consecuencia de una estructura poco usual.

Dado que el ser humano es el sujeto principal del desarrollo sostenible, la satisfacción de sus necesidades básicas tanto para el presente como para generaciones futuras debe convertirse en el eje principal de las políticas públicas y de cada estrategia que se disponga en los planes de la nación, de ahí la necesidad de que se desarrolle en la dimensión social, económica, ambiental e institucional acciones que permitan dicho equilibrio.

Galápagos reporta un fenómeno que advierte de una gran contradicción, ya que a pesar de que sus habitantes no se encuentran en situación de pobreza por consumo, la pobreza se concentra en NBI, existiendo debilidades en las cuatro dimensiones antes mencionadas. Es por este motivo que el bien jurídico de la vida se encuentra en riesgo dentro de la provincia por la falta de provisión del líquido vital apto para el consumo humano, así como, por la falta de especialistas en los hospitales públicos con los que cuenta; esta problemática se extiende también hacia la movilidad, el acceso a la educación en distintos niveles e inclusive la alimentación.

Si bien es cierto, es necesario tomar medidas para resolver las problemáticas de NBI antes expuestas, es indispensable el establecimiento de límites para garantizar que el desarrollo sea sostenible.

En el Plan Galápagos 2015-2020 se observa que el componente natural, se encuentra presente en los 5 objetivos estratégicos, en algunos casos incentivando políticas de otras dimensiones como la social o económica, pero con la finalidad atenuar el impacto ambiental o los riegos de contaminación que podrían producirse de la realización de determinadas actividades humanas.

Es por este motivo que Galápagos no puede ser analizada como una isla más en la geografía mundial. Sus ecosistemas son condicionantes para procurar el desarrollo humano en los términos dispuestos en la Constitución de la República del Ecuador cuando consagra los derechos del Buen Vivir. A partir de estas reflexiones, lo que importa no sólo es la naturaleza sino además el hombre como sujeto de derechos. Lo que habría que plantearse, son soluciones tangibles ante las necesidades básicas insatisfechas, ya que el Estado es el principal responsable en la garantía de los derechos fundamentales.

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