Restricciones a la libertad académica y la autonomía universitaria en la Jurisprudencia Venezolana (2010-2019)

Gómez Gamboa, David Augusto 1
Villalobos Fontalvo, Ricardo Alberto 2
Romero La Roche, Diana 3

Resumen

El presente trabajo resume las tendencias jurisprudenciales en materia de autonomía universitaria en la República Bolivariana de Venezuela durante el período comprendido entre 2010 hasta septiembre de 2019 a la luz de los estándares internacionales en materia de libertad académica y autonomía institucional. Específicamente se analizan algunas sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia (en Sala Electoral y Constitucional) y tribunales con competencia en lo Contencioso-Administratrivo de la República, según las cuales se asientan jurídicamente precedentes que implican restricciones contra la libertad académica y la autonomía universitaria en contravención a disposiciones constitucionales venezolanas (v. gr.artículo 109 y 102 CRBV) e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (v.gr. artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales). Se concluye que el Estado venezolano transgrede estándares internacionales en la materia, así como sus propias normas domésticas vigentes, comprometiendo su responsabilidad internacional, por lo cual está en el deber indeclinable de tomar las acciones necesarias para adaptar sus precedentes jurisprudenciales a los referidos estándares de derechos humanos. La investigación tiene carácter documental.

Palabras clave: libertad académica, derecho a la educación, autonomía universitaria, instituciones de educación superior, jurisprudencia venezolana.

Restrictions on academic freedom and university autonomy in Venezuelan Jurisprudence (2010-2019)

Abstract

The present paper summarizes the Case-Law tendencies regarding university autonomy in the Bolivarian Republic of Venezuela during 2010- september 2019 according to international standards on academic freedom and institutional autonomy. Some decisions issued by the Supreme Court of Justice (Constitutional and Electoral Chambers) and Courts with competence in administrative matters are analyzed, concluding that some of them contain restrictions against academic freedom and university autonomy in contravention with Venezuelan Constitutional Law (see Article 109 and 102 Venezuelan Constitution) and international instruments on human rights (Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). The State violates international standards on the matter, as well as its domestic law, contravining its international commitments. In the context of international responsibility, the State should take the necessary actions to rectify its judicial precedents according to human rights standards, as indeclinable duty. Methodologically, this research is document-based.

Keywords: academic freedom, right to education, Higher Education institutional autonomy, Venezuelan Case-Law.

1. Autonomía Universitaria y Libertad Académica: Relación de “medio” a “fin” para la consolidación de una sociedad democrática. Marco normativo en Venezuela

La “idea democrática” es inseparable a la del respeto, promoción y garantía de los derechos humanos en general, pero en especial de la libertad académica como derecho humano individual y colectivo necesario para la configuración de la “sociedad democrática”, dada la importancia de la Universidad como espacio esencial de pensamiento crítico para la producción del conocimiento científico en pro de la sociedad. Tal como se apunta en la Carta Democrática Interamericana4 los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla (artículo 1).
La democracia es la única forma de gobierno capaz de garantizar el desarrollo social, político y económico de los pueblos, en tanto, el ejercicio efectivo de la democracia es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados. En efecto la democracia se construye a partir de la libre circulación de las ideas, siendo la escuela en sentido lato, y la universidad por excelencia, el escenario ideal para propiciar la discusión, el análisis y la reflexión de esas ideas y por ende, la maduración del pensamiento en cada Estado. 5 Restringir, suprimir, impedir estas libertades, equivale a hacerlo contra la democracia misma. De allí la importancia de la libertad académica, y su vinculación con la libertad de expresión e información en la democracia.6

El profesor Fortier (2010:5) asevera: "La universidad se ha constituido sobre la base de una libre asociación entre maestros y estudiantes, contra el dominio de la Iglesia y el Estado, con la finalidad de desarrollar y transmitir los conocimientos llamados por la sociedad en constante movimiento (...) Es la conquista de esa autonomía la que ha sido la condición conjunta del conocimiento, de la reflexividad y la democracia (…)” 7. En este sentido, la autonomía universitaria está vinculada al ejercicio de la libertad académica. Se constituye en la conditio sine qua non que permite que las universidades se puedan consolidar como escenarios para la discusión y reflexión libre de las ideas, del conocimiento científico y del pensamiento en general, pues como afirma Fortier (2010:11): “(…) la libertad de investigación y libertad de cátedra no pueden ejercerse sin la libertad de organizarse. La libertad individual no se entiende sin la libertad institucional…”8 .

La libertad académica, en su sentido amplio, engloba el principio estatutario de la autonomía, y el derecho de toda persona a una educación superior en la que se respeten todas las corrientes de pensamiento y se permita el pleno desarrollo de la personalidad, sin sometimiento a doctrinas prescritas. Adicionalmente, esta libertad implica la posibilidad de expresar libremente opinión crítica sobre la institución o el sistema en el que se está inserto, sin sufrir discriminación alguna o represión por parte del Estado o de cualquier otra institución 9. La libertad académica exige a las instituciones de educación superior garantizar a los estudiantes la libre expresión de sus opiniones sobre cualquier asunto nacional o internacional 10.

Para Albornoz (2007:166) en términos internacionales, la noción de libertad académica se refiere al derecho de los académicos, individuales o colectivamente hablando, para enseñar y discutir, hacer investigación, diseminar y publicar el resultado de las mismas; expresar libremente sin presiones ni intimidaciones, sus opiniones y criterios acerca de la sociedad en donde residen y del sistema educativo en donde trabajan. Para ser libres de censura a nivel institucional y social, y participar en los cuerpos representativos de la academia sin temor a represalias, presiones que mediante amenazas generen miedo, persecución o violencia; a no ser discriminados por las doctrinas que en un momento dado se conviertan en discurso oficial11 .

Mientras que la libertad de cátedra, para el mismo autor, es la libertad reducida al espacio del aula de clases. Simboliza la libertad para orientar la enseñanza según los requerimientos de la disciplina que se enseñe. Representa la libertad para discrepar de falsas nociones y mitos, alrededor del contenido específico de que se trate. Sin embargo, es la libertad más regulada porque en la cátedra ha de enseñarse de acuerdo con un contenido curricular y ello es un mandato académico (Albornoz, 2007:169).

En relación a la autonomía universitaria, Balme, Cytermann y Dellacasagrande (2012:14) plantean que la autonomía es una característica esencial de las universidades contemporáneas, complementaria y no contradictoria a su sometimiento a las misiones de servicio público: en efecto, para cumplir con la misión de formación y más con la de investigación la autonomía es necesaria, así como para adaptarse en todo tiempo y momento a las particularidades de su misión. Las universidades son autónomas, ejercen las misiones que les fueron conferidas por la ley, ellas definen sus políticas de formación, de investigación y de documentación dentro del marco de la reglamentación nacional.

De lo expuesto, se colige que entre “autonomía universitaria” y “libertad académica” existe una relación de “medio” a “fin”, representando la primera –autonomía- el “medio” y la segunda –libertad académica- el “fin”. La autonomía de las instituciones de Educación Superior, representa un escudo jurídico (una protección) que salvaguarda la condición de independencia bajo la cual se deben desarrollar las actividades de la universidad relacionadas con el conocimiento12 . En consecuencia, la autonomía es una garantía de la libertad académica, tal como Bernasconi (2014:6) afirma en relación a las posturas de la IAU –Asociación Internacional de Universidades- “(…) Esta enumeración de la IAU pone a la libertad académica como una más de las esferas resguardadas, en realidad es la más importante porque da sentido y justificación a todas las otras. Es decir, en razón de la protección de la libertad académica, la universidad puede reclamar para sí la autonomía normativa, de gobierno, administrativa, económica y académica”. De lo expuesto queda claro que el fin de la autonomía universitaria como principio y garantía es la libertad académica, vinculada al ejercicio del derecho a la educación y al ejercicio de la libertad de expresión de los académicos (profesores, investigadores y estudiantes).

García (2005), citado por López (2008), afirma que la autonomía universitaria implica fundamentalmente: “a) la capacidad de autorregulación y autogobierno de las instituciones universitarias; b) la realización de los fines propios de las universidades (docencia, investigación y difusión de la cultura); c) la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas dentro de las universidades como medios para realizar sus fines; d) la facultad de las universidades de determinar sus planes y programas; e) la potestad de las universidades para fijar las condiciones de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; f) la capacidad de las universidades autónomas para administrar su patrimonio”.

Las referidas nociones básicas sobre la autonomía universitaria han sido incorporadas por el Legislador y Constituyente venezolano. La Ley de Universidades venezolana de 1970 (vigente aún) consagra en su artículo 9 que las universidades son autónomas y desglosa los contenidos de la autonomía universitaria, a saber: 1. Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas. 2. Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesario para el cumplimiento de sus fines; 3. Autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo; y 4. Autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio.

En este orden de ideas, el Constituyente Venezolano de 1999, concibe en el artículo 109° constitucional la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece además la inviolabilidad del recinto universitario.13

Asimismo, la autonomía universitaria es regulada en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación14 (LOE) vigente desde 2009. Sin embargo, a través de la LOE las autoridades del Estado venezolano aplican interpretaciones violatorias de la autonomía y de la libertad académica en contra de las universidades15 bajo condicionamientos ideológicos, derivados del Plan de la Patria 2013-201916 (Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social), del Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Educación Universitaria (PLEU), aprobado por la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2010, pero vetado por el Ejecutivo en enero 2011 17, entre otros.

2. Libertad Académica y Autonomía Universitaria en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

La Comunidad Internacional ha valorado la importancia de la libertad académica como de la autonomía universitaria, regulándolas dentro del corpus iuris internacional de los derechos humanos con base en unos estándares internacionales básicos. En este sentido, los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales18 , la Observación General No.13 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales19 , la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de UNESCO20 (1997), la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza21 , la Declaración de Lima sobre Libertad Académica y Autonomía de las Instituciones de Educación Superior22 , son fuentes de consulta obligatoria en la materia. En efecto, la libertad académica es concebida como derecho del personal docente de la enseñanza superior en la Recomendación de la UNESCO de 1997 23.

Las universidades también han brindado un aporte fundamental en el desarrollo del contenido de la autonomía universitaria y la libertad académica. En este sentido, se destaca el contenido de la Carta de Universidades Latinoamericanas (1959)24 , la Declaración sobre Libertad Académica, Autonomía Universitaria y Responsabilidad Social (1998) de la Asociación Internacional de Universidades25 , la Declaración de Guadalajara sobre Autonomía Universitaria (2011) de la Unión de Universidades de América Latina26 , entre otros instrumentos.

3. Restricciones contra la autonomía universitaria en la Jurisprudencia Venezolana y sus implicaciones contra la Libertad Académica

Desde el 2010, en el Estado Venezolano se han producido distintas sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia (en Sala Electoral y Constitucional) y tribunales con competencia en lo Contencioso-Administratrivo, según las cuales se asientan jurídicamente precedentes que implican restricciones contra la autonomía universitaria, y en consecuencia afectan el libre ejercicio de la libertad académica de profesores, investigadores y estudiantes en entornos universitarios, lo cual se ha desarrollado en contravención a disposiciones constitucionales venezolanas e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. A continuación se analizan algunos de los mencionados precendentes jurisprudenciales sobre la materia.

3.A. Violaciones a la autonomia universitaria en materia de gobierno universitario y elecciones dentro de las universidades.

Basándose en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha permitido desde el 2010 la renovación de autoridades universitarias (rectores, decanos y órganos de cogobierno), suspendiendo las elecciones programadas en las universidades públicas hasta tanto no se incorporen al personal obrero y administrativo como electores. A continuación se hará referencia a dos decisiones provenientes de la Sala Electoral del TSJ27 cuyas motivaciones y dispositivas sirvieron de precedente para el conjunto de decisiones que afectaron procesos electorales de más de 10 universidades venezolanas28 .

La Sentencia No. 2 del 28 enero de 2010 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, caso Universidad Nacional Abierta (UNA)29 , representa uno de los precedentes jurisprudenciales más importantes en relación a decisiones posteriores sobre la materia electoral universitaria. En el caso en referencia, la Sala Electoral resuelve un recurso de nulidad contra el acto administrativo de convocatoria a elecciones publicado por la Comisión Electoral de la Universidad Nacional Abierta (UNA) interpuesto por un conjunto de trabajadores, quienes solicitaron una medida cautelar de suspensión del proceso de elecciones convocado. En la oportunidad de decidir sobre la admisión de la demanda, la Sala Electoral declaró con lugar la solicitud de medida cautelar indicando en su dispositivo segundo que acordaba la suspensión del proceso electoral de las autoridades de la Universidad Nacional Abierta para el período 2010-2014, cuyo acto de votación estaba fijado para el día 23 de febrero de 2010. Luego de esta decisión, el proceso de elecciones convocado por la universidad en base a su normativa interna fue suspendido. A partir de este fallo, las decisiones de este tipo se fueron propagando a lo largo y ancho de la nación, afectando a la gran mayoría de las universidades del país.

Otro precedente jurisprudencial muy relevante en la materia ha sido la Sentencia No. 120 dictada por la Sala Electoral el 11 de agosto de 2010, Caso Universidad Centroccidental Lissandro Alvarado (UCLA), la cual resuelve un recurso contencioso electoral conjuntamente con medida cautelar contra la Comisión Electoral Central y el Consejo Universitario de la referida Casa de Estudios Superiores en cuyo caso se alegó la exclusión a los profesores instructores, a los miembros del personal docente especial contratado, al personal administrativo, al personal obrero, a los representantes de los egresados y egresadas como electores en el proceso electoral destinado a la escogencia de las autoridades para el período 2010-2014, pautado para el día 05 de mayo de 201030 . La Sala Electoral estableció unas consideraciones sobre el derecho a participacion en los padrones electorales por parte de los accionantes 31, indicando:

“La norma en comento dispone que tal derecho de participación no se funda ‘…en criterios de orden académico…’ aún cuando se trate de la elecciones universitarias, sino que se establece claramente como un derecho político de todos los miembros de la comunidad universitaria, para ser ejercido plenamente y en igualdad de condiciones.
De ese modo, expresada la voluntad del legislador en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, esta Sala debe fijar el mecanismo para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria en la elección de sus autoridades, de lo contrario, se estaría desconociendo el derecho de participación política de los recurrentes y de sus semejantes; si bien no el derecho a participación previsto en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el mismo no aplica para elecciones universitarias por no ser el mismo sujeto normativo (criterio fijado en el aludido fallo de la Sala Constitucional N° 898 del 13 de mayo de 2002), sí lesiona el derecho a participar previsto en esa novísima Ley Orgánica de Educación, no sólo en el mencionado artículo 34 numerales 1 y 3, sino también en los artículos 3 y 33 que establecen como principios rectores de la educación universitaria, específicamente, la democracia participativa y protagónica, en igualdad de condiciones y oportunidades y sin discriminaciones de ninguna índole” (resaltado del original)”32.

En la decisión ut supra comentada, la Sala Electoral se atribuye el deber de fijar mecanismos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria, configurándose una clara violación contra la autonomía universitaria y una extralimitación de sus funciones jurisdiccionales, ya que el deber de fijar los mecanismos de decisión atinentes a los procesos electorales universitarios internos corresponde a las instituciones de Educación Superior en ejercicio de su autonomía y no a los órganos jurisdiccionales.

Otra restricción muy grave contra la autonomía de las universidades contenida en la referida decisión fue la suspensión de cualquier proceso electoral dentro de la UCLA. Se ordenó a la Comisión Electoral de la Universidad: “(…) suspender cualquier proceso electoral a celebrarse en esa Casa de Estudios, hasta tanto no se dicte el nuevo Reglamento de Elecciones Universitarias (…)” y a la Rectora convocar al Consejo Universitario para que procediera a reformar el Reglamento de Elecciones de la Universidad “de conformidad con los lineamientos expuestos por esta Sala”, para posteriormente convocar de inmediato a las elecciones, ordenando a las autoridades cuyo período venció permanecer en funciones hasta tanto se celebraran las nuevas elecciones.

Como se mencionó, las decisiones analizadas han servido de marco referencial para otros fallos que han suspendido elecciones universitarias. Sin perjuicio de otras que pudieren existir, las siguientes decisiones basadas en motivaciones y dispositivas similares han intervenido en el ambito electoral universitario: 1) Decisión No. 10833 del 21 de julio de 2010 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que afecta a la Universidad de Oriente (UDO) 2) Decisión No. 104 34 del 10 de agosto de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que afecta a la Universidad Central de Venezuela 3) Decisión No. 13434 del 24 de noviembre de 2011 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que afecta a la Universidad del Zulia (LUZ) 4) Decisión No.8636 del 05 de junio de 2012 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que afecta a la Universidad de Los Andes (ULA) 5) Decisión No. 4937 del 28 de marzo de 2012 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que afecta a la Nacional Experimental Politecnica Antonio Jose de Sucre.

El 27 de agosto de 2019 la Sala Constitucional mediante decisión No. 0324 38 hace una interpretación a contrario sensu del contenido del artículo 109 de la Constitución Nacional y el artículo 30 de la Ley de Universidades al modificar los estamentos del claustro universitario con cualidad para participar en las elecciones de autoridades universitarias (profesores, estudiantes y egresados) y establecer 5 sectores electorales, a saber: “(…) a) profesores; b) estudiantes; c) egresados; d) personal administrativo; y e) personal obrero. Por tanto: el Registro Electoral Universitario de cada Universidad comprenderá cinco (5) registros (…)”. Al mismo tiempo, formuló un procedimiento de elecciones distinto al previsto en los artículos 30 y 31 de la Ley de Universidades vigente, usurpando competencias del Poder Legislativo Nacional.

En relación a los procesos electorales estudiantiles universitarios, existen al menos 7 decisiones39 que los han suspendido, asentando criterios que en algunos casos ordenan a las universidades permitir a estudiantes “no regulares” (a la luz de sus normas internas) votar validamente en los referidos procesos, obligando nuevamente a las casas de estudios a reformar su reglamento electoral, todo lo cual amplia el acervo jurisprudencial contrario a la autonomía universitaria en Venezuela y ratifica la postura intervencionista del Poder Judicial en relación a temas de la competencia exclusiva de las Universidades autónomas.

Así, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia conoció in limine litis una acción de amparo constitucional a través de decisión No. 102 del 27 de noviembre de 2018 40, donde desconoció sin motivación alguna los resultados del proceso de elección estudiantil para el Gobierno y Co-gobierno de la Universidad de Carabobo que había brindado la Comisión Electoral de la referida casa de estudios en su condición de organo oficial y que fueron ratificado por el Consejo Universitario de la universidad el 15 de noviembre de 2018. Al mismo tiempo, en el auto de admisión creó un nuevo estatus jurídico al proclamar “ganadora” a la parte que incoó el amparo.

En esta misma linea, el 8 de julio de 2019, el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara ordenó suspender inmediatamente el proceso electoral para elegir a los representantes estudiantiles para la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA), el cual estaba previsto para ser realizado el mismo día, basándose en una presunta violación del artículo 62 de la Constitución venezolana. 41

Adicionalmente, han existido otras actuaciones del Poder Judicial que han representado una intervención contra la autonomía de las universidades, concretamente ordenando a las autoridades universitarias con mandatos vencidos a permanecer en sus cargos.42

Los criterios jurisprudenciales estudiados parecen haber allanado el camino para acciones de corte interventor por parte del Ejecutivo Nacional, como por ejemplo la designación arbitraria por parte del Consejo Nacional de Universidades de un militar, Luis Holder, como Vicerrector de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (11 de julio de 2017), o la designación en fecha 26 de septiembre de 2017 de una comisión para “revisar el nombramiento de la profesora Nelly Velázquez como Rectora de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)”, autoridad que fue electa por los integrantes del Consejo Universitario de la referida casa de estudios en aplicación de las normas electorales creadas por la institución en ejercicio de la autonomía universitaria43 .

3.B. Restricciones contra la autonomia universitaria en materia de selección e ingreso estudiantil en las universidades públicas del país.

La autonomía de las universidades venezolanas no sólo se ha visto limitada por acciones interventoras en relación a procesos electorales de autoridades del gobierno universitario. Se ha restringido igualmente mediante la imposición de cuotas de nuevos ingresos estudiantiles que sobrepasan, en una marcada desproporción, la posibilidad de cupos elegibles por las propias universidades a través de sus mecanismos autónomos de selección del estudiantado, lo cual ha sido objeto del ejercicio por parte de distintas universidades de acciones legales para resguardar la autonomía de las casas de estudio afectadas44 .

En el informe denominado “Restricciones y represalias contra la autonomía y la libertad académica en el Sistema de Educación Superior de Venezuela”45 , se denunciaron varias preocupaciones relacionadas a la reserva de cupos para el ingreso de nuevos estudiantes. Se denunció que la Oficina de Planificación Universitaria (OPSU) del CNU, en 2015 se abrogó atribuciones que no le competían46 y de manera inconsulta, asignó el 100% de los cupos para los nuevos ingresos de estudiantes a las universidades nacionales autónomas, violando la Ley de Universidades en la cual se establece que los Consejos Universitarios son los únicos órganos responsables de definir las políticas y procedimientos de ingreso para los nuevos aspirantes en cada institución47 , y desconociendo 5 resoluciones anteriores del CNU sobre criterios para ingresos por admisión y pruebas internas48 .

En Sentencia Nro. 831 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 07 de julio de 201549 se asientan criterios sobre la aplicación de los resultados de asignación de cupos por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) en detrimento de las competencias propias de las Universidades autónomas. La referida decisión resuelve una acción autónoma de amparo constitucional con medida cautelar innominada sustentada en base a supuestos intereses colectivos y difusos de la población estudiantil venezolana, en contra de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela y del resto de las universidades autónomas por no aplicar los resultados del sistema establecido por la OPSU. Como parte de su motivación, la Sala Constitucional expresó que las pruebas internas de ingreso realizadas por las universidades, contradicen el procedimiento que se aplica por medio de la OPSU y por ende podrían acarrear confusión en los solicitantes50 , manifestando que las universidades lejos de poder elaborar e implementar sus procesos internos de admisión e ingreso, deben seguir los lineamientos de la OPSU. La referida sentencia la Sala Constitucional del TSJ ordenó

“…a la Universidad Central de Venezuela y a todas las Universidades Nacionales, cumplir con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), (…) otorgando los cupos para el ingreso de nuevos estudiantes, tal como lo ha establecido la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), aun y cuando se hayan aplicado pruebas internas”, en defensa de los “intereses colectivos y difusos de la población estudiantil venezolana y por manifestar pública y notoriamente que las universidades pretendían contrariar los resultados del sistema establecido por la OPSU” 51.
Resulta altamente preocupante que mediante esta decisión se proceda a ordenar a todas las universidades de la nación a “cumplir” con los lineamientos de la referida oficina, “sin que sus mecanismos de ingreso afecten las asignaciones de cupos por la referida oficina, otorgando los cupos para el ingreso de nuevos estudiantes, tal como lo ha establecido la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), aún y cuando se hayan aplicado pruebas internas”. Asimismo, se ordena “no desplegar actuaciones que vayan en contra de los lineamientos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)”.

Recurrentemente se ha denunciado que la selección de cupos estudiantiles en las universidades públicas de todo el país de forma centralizada por la OPSU desde Caracas 52, no sólo transgrede la autonomía de las universidades públicas nacionales53 , sino que, al no seguir criterios académicos claros e inclusive algunos específicos considerados por cada universidad en cada región según elementos propios institucionales, culturales o sociales, se configura como una de las principales causas de la deserción estudiantil58 . Adicionalmente, existen denuncias sobre prácticas de parte del Ministerio del Poder Popular para la de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología en las que se supeditó la asignación de cupos para acceder al sistema de educación superior a la tenencia del carnet de la patria55 , configurándose como un elemento propicio para la discriminación 56.

La referida atribución ejercida por parte de un órgano distinto al universitario propiamente dicho para asignar los cupos para el ingreso de nuevos estudiantes en las universidades públicas del país representa una restricción muy grave contra la autonomia universitaria. Los Consejos Universitarios de las Universidades Públicas Nacionales, en ejercicio de sus competencias, tienen la autonomía para dictar las Políticas Universitarias de Ingreso, Permanencia y Egreso Estudiantil, así como la normativa aplicable al respecto.57 Son éstos, los únicos órganos responsables de definir las referidas políticas y los procedimientos de ingreso para los aspirantes en esta institución, de conformidad con el artículo 109 constitucional, 9 de la Ley de Universidades58 , artículo 26, numeral 9, ejusdem59 . Asimismo la Ley Orgánica de Educación ratifica el principio de autonomía universitaria co nsagrado en la Constitución Nacional y dispone en su artículo 35, que la Educación Universitaria estará regida por leyes especiales, indicando en el numeral 2 que en dicha ley se regulará “el ingreso de estudiantes al sistema mediante un régimen que garantice la equidad en el ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo de los cursos académicos”.

La Ley de Universidades, ley especial en la materia de Educación Superior, en su artículo 20, numeral 6 señala entre las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades la de “determinar periódicamente las metas a alcanzar en la formación de recursos humanos de nivel superior y, en función de este objetivo y de los medios disponibles, aprobar los planes de diversificación y cuantificación delos cursos profesionales propuestos por los respectivos Consejos Universitarios, y recomendar los correspondientes procedimientos de selección de aspirantes”. Asimismo, el artículo 22 de la Ley de Universidades establece de manera taxativa las atribuciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), dentro de las cuales no se contempla ninguna específica que la faculte para asignar cupos para el ingreso en el Subsistema de Educación Universitaria.

En el Informe presentado por la Comisión Especial del Consejo Universitario de la Universidad del Zulia encargada de estudiar la situación de los cupos asignados por la OPSU en 201560 , se concluye que “la actuación asumida por la OPSU relativa a la designación del 100% de los cupos de nuevos ingresos en las Universidades Nacionales de forma inconsulta con las autoridades universitarias es absolutamente contraria a Derecho. Resulta violatoria de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 109), la Ley Orgánica de Educación (artículo 34 y 35), la Ley de Universidades (artículo 9), así como de la normativa rectora de las Políticas de Ingreso, Permanencia y Egreso Estudiantil de la Universidad del Zulia, transcritas ut supra, y además favorece la improvisación y la realización del proceso “a saltos”. En adición a lo anterior, la OPSU violenta el principio de competencia de los órganos de la Administración Pública (artículo 137 y 138 constitucionales) y se excede con su actuación de las atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley de Universidades, abrogándose atribuciones propias del Consejo Universitario (artículo 26, numeral 9 de la Ley Universidades, entre otros).

La actuación mencionada de la OPSU está infectada de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 constitucional y el artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos, numerales 1 y 4. Asimismo, se advierte de la simple lectura de las listas de asignados publicada por la OPSU en su portal web, que los criterios utilizados por el ente administrativo para tal selección se apartan en gran medida de las cuatro variables aprobadas en fecha 16 de diciembre de 2014 por el Consejo Nacional de Universidades”.

3.C. Violación a la autonomia universitaria por irrupciones al recinto universitario

El principio de inviolabilidad del recinto universitario es inherente a la autonomía de las instituciones de educación superior, en los términos del artículo 109 de la Constitución venezolana61 y conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual reconoce que para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la autonomía de las instituciones de enseñanza superior62 .

La inviolabilidad del recinto universitario implica la prohibición para agentes externos a la universidad (funcionarios del Estado y actores privados) de adentrarse en sus dependencias y, en consecuencia, el deber de abstenerse de perturbar el desarrollo de las actividades universitarias, incluso desde sus adyacencias. Lo anterior resulta lógico si se tiene en consideración que históricamente la universidad ha fungido como la cuna donde nace la consciencia de la nación, siendo el espacio natural de discusiones donde aflora el pensamiento crítico en torno a la realidad política, económica y social del Estado. Como extensión natural de ese pensamiento crítico, los profesores y estudiantes universitarios han ejercido el derecho a la manifestación pacífica como una de las principales herramientas para visibilizar el resultado de los cuestionamientos y consensos alcanzados en el proceso de reflexión sobre la realidad de la sociedad donde hacen vida.

A pesar de esto, en Venezuela se ha desarrollado una política restrictiva contra la protesta universitaria y de ataques e irrupciones a los recintos universitarios, mediante la presencia de militares, policías o civiles armados ejerciendo acciones interventoras de control y vigilancia dentro y en los alrededores de las universidades. El ejercicio de acciones dirigidas a restringir las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación pacifica 63 ha sido recurrente, lo cual ha restringido la libertad académica y el derecho a la educación igualmente.

Persisten grandes preocupaciones en relación a la política sobre criminalización de la protesta de los universitarios en Venezuela. “A pesar de que el marco normativo constitucional venezolano reconoce, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, el ejercicio del derecho a la protesta de forma pacífica y regula la actuación de los órganos de seguridad del Estado prohibiendo el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas64 y disponiendo que la actuación de los cuerpos de seguridad debe respetar la dignidad y los derechos humanos de toda persona , y además preceptúa que el uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad65, lo cual es compatible desde el punto de vista hermenéutico con la visión antropocéntrica de la Constitución Venezolana que basa toda la arquitectura constitucional del estado Venezolano en referentes axiológicos vinculados al respeto de la dignidad humana, los derechos humanos y la democracia66; la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano ha evidenciado patrones sobre el uso indiscriminado de la fuerza pública contra manifestantes –dentro de los cuales se destaca la participación de estudiantes universitarios-, criminalización de la protesta, prácticas masivas y sistemáticas de detenciones arbitrarias y la correspondiente violación al debido proceso67, en violación al derecho constitucional e internacional”68.

Entre el 2014 y 2017 en el Estado Venezolano se recrudeció la política de criminalización de la protesta estudiantil y universitaria en general. Las protestas en Venezuela en 2017, se incrementaron a partir de las sentencias 155 y 15669 , dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a finales del mes de marzo de 2017, contexto en el cual, ante la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, se proliferaron manifestaciones a nivel nacional en exigencia de la restitución de la democracia en el país. La publicación de las referidas sentencias que le confieren atribuciones especiales al presidente de la República y le usurpan funciones de la Asamblea Nacional por parte del máximo tribunal, generó una serie de reacciones por parte de distintas Universidades y Organizaciones No Gubernamentales venezolanas70 . Estudiantes universitarios de los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, Lara, Falcón, Bolívar, Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui y Zulia, desarrollaron una postura firme de rechazo frente a la represión y uso desmedido de la fuerza en el control de manifestaciones, y a la muerte de venezolanos en el marco de la protesta, que según las declaraciones oficiales a finales de julio de 2017 ya había superado más del centenar de fallecidos.71 La situación relativa a la criminalización de la protesta en Venezuela, así como la represión y uso excesivo de la fuerza pública para controlar a manifestantes entre los meses de marzo a julio 2017 se recrudeció de forma alarmante. Además del abuso de la fuerza física, detenciones arbitrarias, se configuraron acciones de violación a recintos universitarios por parte de fuerzas de seguridad del Estado venezolano, y la aplicación de justicia militar en particular contra estudiantes y profesores universitarios contrariando el derecho internacional y el propio derecho interno venezolano. 72 En el 2017, al menos 17 profesores universitarios resultaron detenidos durante las manifestaciones de 2017, siendo 8 de ellos procesados ante la justicia militar y 6 ante la jurisdicción ordinaria. Los motivos han sido desde la publicación de artículos de opinión críticos a las politicas públicas del Gobierno Nacional hasta la participación en manifestaciones públicas en contra de la crisis de la nación. Durante el mismo período, al menos 339 estudiantes universitarios resultaron arbitrariamente detenidos. Muchos de ellos siendo presentados ante la justicia civil y militar, resultando arbitrariamente privados de libertad73 .

El referido contexto represivo se ha desarrollado a la luz de unos precedentes normativos y jurisprudenciales producidos por el más alto tribunal venezolano y otros tribunales de la República. A pesar de las previsiones normativas constitucionales ut supra señaladas, compatibles con el respeto de los derechos humanos, en Venezuela se ha desarrollado un cuerpo normativo infraconstitucional desde 2014, tanto jurisprudencialmente en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, como a través de decretos y resoluciones del Ejecutivo Nacional, que ha sido utilizado como andamiaje normativo del derecho interno para justificar la actuación de los cuerpos de seguridad en el control excesivo de la protesta. Han sido recurrentes las alertas sobre las principales preocupaciones en relación a los siguientes instrumentos que propician la criminalización de la protesta en Venezuela, a saber: 1) Sentencia Nº 276 de 24 de abril de 2014 (Sala Constitucional -TSJ) sobre la interpretación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones74 . 2) Resolución No. 008610 del Ministerio de la Defensa sobre: “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. 3) Plan Zamora75 y 4) Marco –inconstitucional- de los estados de excepción en Venezuela76

En relación al fallo Nº 276 del 24 de abril de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, interpreta el contenido de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones del año 2010, creando condiciones que limitan el ejercicio al derecho de manifestación, a saber: 1) Obligatoriedad de tramitar un procedimiento administrativo por ante la primera autoridad civil de la jurisdicción donde se vaya a celebrar la manifestacion, so pena de legitimar a los cuerpos de seguridad para reprimir 2) Otorgamiento de poder de discrecionalidad a la primera autoridad civil de la jurisdicción respectiva, al facultarla para modificar las condiciones de modo, tiempo y lugar de cualquier solicitud para la realización de manifestaciones; y 3) Posibilidad de encuadrar la no solicitud de autorización para la manifestación o el desacato a las condiciones impuestas por la maxima autoridad civil para la realización de la misma en la figura del delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 483 del Código Penal77 . Esta interpretación fue ratificada en decisión de fecha 15 de noviembre de 2016 por parte de la propia Sala Constitucional (Ponencia de Gladys María Gutiérrez Alvarado, Expediente n.° 15-0174) que conoció recurso de interpretación constitucional de los artículos 55 y 68 constitucionales.

Ahora bien, las interpretaciones contenidas en los mencionados fallos producen una nociva limitación del derecho a la reunión y manifestación, apartándose del propio contenido estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos internacionales, como el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PICP).78 En este sentido, es importante considerar el contenido de la Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al señalar: “La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio”.

3.D. Precedentes restrictivos contra la libertad de expresión y la libertad académica dentro de recintos universitarios.

De particular gravedad resulta la suspensión, ordenada por el Tribunal Trigesimo Sexto de Primera Instancia Estadal en lo Penal Función de Control del Circuito Judicial Penal la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 08 de octubre de 2019, de un foro académico organizado por profesores y estudiantes para la disertación sobre el documental “Chavismo: la peste del Siglo XXI” el cual expresa posturas críticas contra la idelogía de izquierda y el movimiento gestado por el Expresidente Hugo Rafael Chavez Frías.

En la referida decisión, el tribunal a través de una medida cautelar innominada decreta una “prohibición de promocionar y difundir el material audiovisual” en las Universidades Nacionales y cualquier otro espacio público, restrigiendo de manera directa la libertad académica consagrada en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Observación General No. 13 y la libertad de expresión prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19, toda vez que cercena el derecho de los miembros de la comunidad académica de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante el debate.

3.E.Otros precedentes restrictivos contra la autonomía universitaria en aspectos inherentes al dictado de clases, suspensión de concursos de oposición para profesores universitarios e intervención en asuntos inherentes a actos de grado

En febrero de 2015 el tribunal con competencia en lo contencioso-administrativo en el Estado Zulia ordenó renaudar las clases en la Universidad del Zulia en contravención a las decisiones emitidas por el Consejo Universit ario de LUZ que establecían la suspendsión de las actividades docentes de pregrado a partir del 12 de marzo de 2014, reiniciandose el 17 de marzo de 2014, siempre y cuando estuvieran dadas las condiciones. Mediante esta decision el tribunal ordenó a la Universidad del Zulia reiniciar de forma inmediata las actividades académicas del pregrado, en los términos que él establece79 . Adicionalmente, amenaza a las autoridades de la referida universidad toda vez que advierte a los presuntos agraviantes que la presente decisión debe ser acatada de forma inmediata e incondicional, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial.

Otro de los casos objeto de estudio relacionado a restricciones contra la autonomía universitaria es el representado en el contexto de la decisión del 28 de noviembre de 2017 emanada del Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital80 , según la cual se limita la potestad de la Universidad Central de Venezuela de controlar de manera integral el egreso de su estudiantado, lo cual está implicito en la autonomía que tiene para establecer cuáles son los requisitos y procedimientos a seguir para regular la situación de los estudiantes que aspiran a grado. En la referida decisión, el tribunal declaró con lugar una acción de amparo constitucional presentada por el estudiante aspirante a grado Rodrigo José Parra contra la Universidad Central de Venezuela, obligando a la UCV a suspender el acto de grado programado hasta tanto no se incluyera en la lista de graduandos al demandante. Según se desprende de las actuaciones en juicio, el referido estudiante afirmó que se produjo de parte del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV una violación del derecho a la educación consagrado en los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no incluirlo en una lista de estudiantes que recibirían su título universitario en el acto de grado a celebrarse el 05 de diciembre de 2017.

Al respecto, la representación judicial de la Universidad Central de Venezuela negó en la audiencia todo lo alegado por el recurrente y sostuvo que no se le negó el derecho al acto de grado ya que este estudiante, para el momento en que se imprimió la lista preliminar de los graduandos, se encontraba realizando exámenes reparatorios, lo que implicaba que no había aprobado la totalidad de horas crédito exigidas por la casa de estudios para poder ser titular del derecho a participar en el grado. Adicionalmente agregó en su exposición de juicio: “(…) Hay un cronograma académico que se viene realizando donde se publica la lista de los bachilleres que pasaron todas sus materias y una vez que los bachilleres que les corresponde reparar, pasan su materias y llenan los requisitos se incluyen en el listado para obtener su título, y una vez que el bachiller presentó su examen inmediatamente se va incluir en la lista de los graduandos (…)” (Destacado original).

Lo expuesto podría coligirse como una arbitrariedad e intromisión del Poder Judicial que violenta la autonomía universitaria, toda vez que el artículo 118 de la Ley de Universidades expresa que “Para seguir los cursos universitarios y obtener los grados, títulos o certificados de competencia que confiere la Universidad, los alumnos necesitan cumplir los requisitos que, sobre las condiciones de asistencia, exámenes, trabajos prácticos y demás materias, fijen la presente Ley y los Reglamentos” y en concordancia, la UCV plantea en el reglamento de estudios por unidades de la Escuela de Derecho: “Artículo 1. De acuerdo con la aplicación del régimen de unidades-crédito aprobado por el Consejo Universitario para la Universidad Central de Venezuela, para la obtención del título de Abogado según el actual plan de estudios, se requerirá haber cursado y aprobado ciento ochenta y dos (182) unidades-crédito (…)”; razón por la cual todos los estudiantes, incluido Rodrigo José Parra, deben cursar y aprobar las horas créditos académicas.

Por otra parte, en Venezuela se han dictado precedentes decisorios que declaran la suspensión de concursos de oposición para la selección de profesores universitarios en algunas casas de estudio superior por orden de tribunales de instancia. La decisión del 17 de octubre del Tribunal 10mo de lo Contencioso-Administrativo de la Región Capital81 resuelve una acción de amparo constitucional interpuesta por el profesor contratado Henry José Martínez Salazar contra la Universidad Central de Venezuela (UCV) por las actuaciones del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde se convocaba a un concurso de oposición para las cátedras Prácticas Jurídicas I, II, III; Derecho Procesal Civil y Derecho Romano I y II. El tribunal ordenó al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela suspender los concursos de credenciales académicas y abstenerse de realizar nuevos llamados. En su motivación, el referido tribunal consideró que las autoridades de la UCV, al haberse vencido su mandato en el 2012 y al no haberse realizado las elecciones respectivas, incurrían en la condición de “ilegitimas”82 , razón por la cual debían abstenerse de convocar a nuevos concursos de oposición hasta tanto se llevaran a cabo los procesos electorales.83

En esta misma línea, el día 6 de noviembre del año 2017 el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida dictó decisión en relación a una acción de amparo constitucional intentada por el profesor jubilado Andrey Gromisko Urdaneta Rosales, la cual declaró la nulidad de los concursos convocados para iniciar el 21 de noviembre del 2017 por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (ULA) y ordenó a la mencionada facultad abstenerse de convocar o sustanciar los concursos de oposición o credenciales.84
Tal como lo afirma Frondizi (1974:278:279) en un documento contentivo de multiples pensamientos con la intención de orientar al Congreso argentino sobre lo que seria la Ley de Educación Superior: “(…) Desde el comienzo hay que indicar con toda claridad que la autonomía implica el derecho de la universidad a elegir y destituir a sus autoridades en la forma que ella misma determine en sus estatutos. (…) El mismo derecho tiene la universidad de designar en la forma que indiquen los estatutos que ella aprueba, a todo el personal docente y administrativo, y a removerlo en la forma y por las razones fijadas en dichos estatutos (…)”. Debe advertirse, sin embargo que la autonomía de las instittuciones de Educación Superior no representa una patente de corzo para realizar cualquier cosa, ésta debe enmarcarse en el cumplimiento de la garantía de la libertad académica en la democracia. En este sentido, cualquier acción en el marco del control jurisdiccional debe atenerse a esa finalidad, por una parte, y por la otra debe cuidar que la actividad de la judicatura se realice impecablemente conforme a Derecho garantizando la imparcialidad en las decisiones.

Algunas de las decisiones judiciales han sido fuertemente cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil y del entorno universitario en relación al criterio de imparcialidad de los jueces que han conocido algunas causas. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ULA), llamó reiteradamente la atención de la comunidad nacional e internacional en relación al contenido de algunas de las decisiones contra la ULA, pero inclusive en relación al perfil de la jueza que conocía la mayoría de los casos, quien se autodenominaba publicamente en su cuenta personal de la red social twitter como “un soldado judicial de marcada convicción socialista, chavista anti imperialista”, lo cual produce dudas razonables sobre su imparcialidad como órgano del Poder Judicial venezolano al momento de administrar justicia en causas donde el elemento político puede estar presente85 .

4. CONCLUSIONES

El respeto del principio de autonomía institucional de las universidades, así como del derecho a la libertad académica es condición indispensable para el pleno ejercicio del derecho a la educación de calidad en una sociedad democrática. Tanto el Derecho Venezolano como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establecen un marco tuitivo en favor de estos derechos. Los artículos 109 y 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)86 ; 6, 7 y 9 de la Ley de Universidades (LU), vigente desde 197087 , así como las otras normas relacionadas en el ordenamiento jurídico venezolano, deben interpretarse conforme a los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de UNESCO 1997, así como a los diferentes instrumentos de derechos humanos del ordenamiento internacional.

Sin embargo, en el Estado venezolano se ha desarrollado una política restrictiva contra la autonomía universitaria desde distintos órganos del Poder Público, afectando en consecuencia la libertad académica. Esta política ha sido desarrollada a través del gobierno nacional y otras autoridades estatales desde principios de la década de 2000, y se evidencia en los planos: 1. Normativo-institucional, a través de la creación de un sistema normativo interventor y sistema paralelo de gobierno universitario. 2. Asfixia presupuestaria contra las universidades. 3. Criminalización de la protesta contra universitarios. 4. Usurpación de funciones por parte de autoridades ministeriales de las competencias propias de las Universidades Autónomas Públicas; 5. Asedio del Poder Judicial contra las universidades; 6. Entre otros. Particular mención merece que el 3 de noviembre de 2015, la Asamblea Nacional (con mayoría representativa afin al gobierno) dictara un Acuerdo solicitando la intervención de las universidades públicas, las cuales se encontraban en un paro debido a la crisis que atravesaban por la asfixia presupuestaria. Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente entre 2017 y 2018 se ha pronunciado reiteradamente sobre la necesidad de reformar y actualizar el pensum universitario para “adaptarlo” a los intereses de la nación, siendo el “Plan de la Patria” la referencia.

Mención especial en la presente investigación se ha hecho sobre las restricciones contra la libertad académica y la autonomia universitaria en las decisiones del Poder Judicial Venezolano entre el 2008 y mediados de 2019. En ese período se han registrado al menos 50 decisiones judiciales que vulneran la autonomía institucional universitaria, y en consecuencia la libertad académica, al haber evitado la realización de elecciones de autoridades universitarias, suspendido los concursos de oposición para profesores universitarios, obligado a las universidades autónomas a aceptar las imposiciones de cupos para nuevos ingresos estudiantiles realizados por agentes externos e incluso intervenido en la celebración de los actos de grado para la entrega de títulos universitarios88 . Se adjunta una compilación enunciativa de las decisiones judiciales en referencia en el Anexo Único.

El conjunto de decisiones objeto de estudio dan cuenta de la tendencia decisoria judicial restrictiva del ejercicio de la libertad académica y de la autonomía universitaria de las instituciones de educación superior en Venezuela. Lo anterior, en clara contravención a normas constitucionales y legales venezolanas e incluso pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano.

La comunidad internacional, a través de los órganos de protección en materia de derechos humanos, ha alertado sobre el efecto nocivo de estas prácticas para la democracia. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe país sobre Venezuela, titulado: “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela” (2018:245) destaca sobre la libertad academica y la autonomía universitaria lo siguiente: “La Comisión expresa su preocupación por las denuncias relativas a las injerencias en la autonomía universitaria. Si bien la misma no es mencionada de manera expresa en la Declaración Americana, la CIDH recuerda que la autonomía universitaria es un requisito imprescindible para la libertad académica, la cual es a su vez necesaria para disfrutar plenamente del derecho a la educación, reconocido en el artículo XII de la Declaración Americana (…)”.

En este mismo orden de ideas, el Grupo de Expertos Internacionales Independientes designados por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en su informe sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela destacó el actuar sistemático del Estado venezolano en detrimento de la comunidad universitaria nacional, poniendo especial atención en el ataque a profesores y estudiantes universitarios durante el 2017. Adicionalmente, en relación a la evaluación sobre el estado Venezolano en el Examen Periódico Universal se ha visibilizado la importancia de estos derechos89 .

Hechas las anteriores consideraciones relativas a distintos pronunciamientos de órganos de protección de derechos humanos, tanto del Sistema Regional Americano, como del Sistema Universal de Naciones Unidas, se concluye que la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación de derechos humanos, y en específico por la transgresión de la libertad académica, autonomía universitaria y otros derechos vinculados, resulta evidente, teniendo el deber indeclinable de tomar las acciones necesarias para adaptar sus precedentes jurisprudenciales y acciones de gobierno a los estándares internacionales en la materia.
La libertad académica se garantiza como derecho individual y colectivo en el marco de la sociedad democrática, porque a la sociedad le interesa que circulen las propuestas académicas (modelos teóricos, opiniones de expertos, investigación experimental), pero al mismo tiempo el Derecho debe garantizar que la educación de los receptores en esa sociedad (estudiantes –partícipes del proceso como actores y receptores- y sociedad misma) sea protegida. La universidad es una comunidad política que busca construir una sociedad política en democracia. El fin del profesor universitario es producir directa e indirectamente material de discusión para la clase y nutrir la discusión sobre elementos propios de las necesidades del país en el contexto del proceso formativo. Conjuga un derecho individual y colectivo inherente a la democracia, donde la educación es clave como objetivo de su ejercicio. La libertad académica como derecho garantiza además que el país cuente con un profesor o investigador formado, que pueda investigar, que pueda ejercer su profesión, o un estudiantado nutrido para la discusión, un temario de discusión con sustancia, con contenido, no debiendo haber “temas prohibidos”. En el seno de la universidad se configura un nuevo estamento, una nueva categoría de personas protegidas, lo cual es equiparable a las construcciones teóricas que protegen derechos de las minorías con elementos propios de identificación de grupo, exposición a posibles acciones discriminatorias por el ejercicio más que de un hacer “un oficio” de un ser “universitario” 90.

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Anexo Único
Cuadro sobre decisiones judiciales restrictivas a la autonomía universitaria en Venezuela