Volumen 35 No. 2 (abril-junio) 2026, pp. 79-101

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

DOI: 10.5281/zenodo.18428043

Autoritarismo derechista y severidad punitiva ante la amenaza delictiva. Análisis comparativo entre Venezuela, El Salvador y República Dominicana

Wilmer Téllez Acosta

Resumen

El propósito de este trabajo es analizar si la severidad punitiva, entendida como una expresión de agresividad autoritaria, es explicada por la percepción de la amenaza delictiva y la sujeción acrítica al poder. Se aplicó una Regresión Lineal Múltiple (MCO), con corrección de robustez (HC3), utilizando datos de la Corporación Latinobarómetro (2024) para un análisis comparativo entre Venezuela, El Salvador y República Dominicana. Los modelos estimados resultaron ser estadísticamente significativos (p<0.05). Los resultados indican que la agresividad autoritaria, mediada por la severidad punitiva, no responde linealmente a la amenaza delictiva, pues se halló que el autoritarismo se legitima cuando ofrece resultados favorables, actuando como un muro de contención que previene retrocesos en materia de seguridad. Asimismo, la desconfianza institucional emerge como predictor clave: la ineficacia percibida del poder judicial y la corrupción incrementa la demanda de castigos extremos. Además, un mayor nivel educativo aumenta significativamente el apoyo autoritario, lo que sustenta la tesis de la dominación social y el control exogrupo. La severidad punitiva opera como un rasgo autoritario sin matiz político, lo que reduce la sustentación de una relación indisoluble autoritario-derechista. Se concluye con que el autoritarismo es un fenómeno complejo alimentado por la legitimación de la eficacia estatal en el manejo de la seguridad, la persistencia de profundas desconfianzas institucionales y la reproducción de la dominación social

Palabras clave: autoritarismo; derecha; dominancia socia; amenaza; delincuencia

Universidad Central de Venezuela. Caracas/ Universidad

Abierta para Adultos. Santo Domingo, República Dominicana

ORCID: 0000-0002-3336-7779

E-mail: wtellez85@gmail.com / wilmertellez@f.uapa.edu.do

Recibido: 22/09/2025 Aceptado: 24/11/2025

Right-wing Authoritarianism and Punitive Severity in Response to Criminal Threat. A Comparative Analysis between Venezuela, El Salvador, and the Dominican Republic

Abstract

The purpose of this study is to analyze whether punitiveness, understood as an expression of authoritarian aggression, is explained by the perception of criminal threat and acritical subjection to power. We applied an Ordinary Least Squares (OLS) Multiple Linear Regression, with robust correction (HC3), using data from the Latinobarómetro Corporation (2024) for a comparative analysis across Venezuela, El Salvador, and the Dominican Republic. The estimated models were statistically significant (p<0.05). The results indicate that authoritarian aggression, mediated by punitiveness, does not respond linearly to criminal threat, as authoritarianism was found to be legitimized when it yields favorable security outcomes, acting as a containment barrier that prevents security setbacks. Furthermore, institutional distrust emerges as a key predictor: the perceived ineffectiveness of the judiciary and corruption increase the demand for extreme punishments. Additionally, a higher educational level significantly increases authoritarian support, which sustains the social dominance and out-group control thesis. Punitiveness operates as an authoritarian trait without political nuance, which reduces the support for an indissoluble authoritarian-right-wing relationship. We conclude that authoritarianism is a complex phenomenon fueled by the legitimization of state effectiveness in security management, the persistence of deep institutional distrust, and the reproduction of social dominance

Keywords: authoritarianism; right-wing; social dominance; threat; crime

Introducción

Se parte de la premisa de que la democracia como sistema social privilegia derechos individuales y libertades civiles, no sólo frente a una representación política con relación a la toma legítima del poder, sino también mediante su uso para contrarrestar amenazas que erosionen garantías ciudadanas. En consecuencia, la utilidad del sistema democrático es proporcional al cúmulo de derechos y libertades que este resguarde.

La problematización que aborda el presente trabajo es que cuando estos derechos y libertades no alivian las expectativas ciudadanas frente a amenazas-problemas, como la delincuencia, surge la tolerancia a mecanismos autoritarios. La razón: se busca un atajo que efectivice refugio, en este caso a la vida, a la integridad físico-emocional y a la propiedad. Por lo tanto, nos propusimos analizar si la severidad punitiva, una expresión de agresividad autoritaria, es explicada por la percepción de la amenaza delictiva y por una sujeción acrítica ante el poder.

Si bien el autoritarismo es un marco analítico para tratar tanto las disposiciones psicológicas individuales, como los sistemas no democráticos (Greenstein,1965), parece haber una relación indisoluble entre ambos niveles. Así, contextos de inseguridad generan reacciones individuales de tolerancia autoritaria, lo que favorece un sistema que filtra estos rasgos y hace lo que los propios individuos no pueden hacer con manos propias (Oesterreich, 2005), es decir, delegan disposiciones autoritarias al orden político (un sistema autoritario).

Sobre el tema específico de la inseguridad ciudadana frente al delito, hay una estrecha relación entre sus manifestaciones, como la amenaza física o psicológica, y la falta de apoyo a la democracia (Lagos y Dammert, 2012). En efecto, la inseguridad delictiva incrementa la tendencia autoritaria y la preferencia a la concentración del poder, así como el respaldo a regímenes autoritarios a cambio de mayores grados de seguridad ciudadana (Carrión et. al., 2015). Sin embargo, esta violencia autoritaria en manos del Estado ha estado presente en Latinoamérica como un componente intrínseco de la democracia regional (Arias y Goldstein, 2010), lo que pone en peligro una noción de derechos centrada en la normalización de la violencia como forma de gobernar.

El contexto. Venezuela, El Salvador y República Dominicana

La población objeto de estudio presenta tanto rasgos comunes como fuertes antítesis. En cuanto a uno de los indicadores más duros sobre violencia, el homicidio, Venezuela y El Salvador fueron dos de los países con mayores tasas del mundo a principios de la segunda década del siglo XXI. En 2016, El Salvador registró una tasa de 85 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Venezuela de 56 homicidios, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2023).

En años recientes, ambos países lograron una reducción significativa de este flagelo, pasando en el año 2022 a 7,9 en el caso de El Salvador (reducción del 90.7 %) y 12,65 en el caso Venezuela (reducción del 77.5%) (UNODC, 2023). República Dominicana, por su parte, registró una tasa de homicidio de 15.4 en el año 2016 y la redujo a 12.3 en el 2022 (reducción del 20%). Aunque hoy día los tres países tienen tasas de homicidios similares, República Dominicana no viene de un problema tan severo en la materia, al menos no como los dos países con quien se compara.

Sin embargo, un panorama global en el 2024 permite notar que República Dominicana encabeza casi todas las formas de violencia al compararla con los que en otrora época eran dos de los países con mayores homicidios en el mundo: El Salvador y Venezuela.

De acuerdo con los datos de Latinobarómetro (2024), República Dominicana supera a El Salvador y Venezuela en los registros de: violencia en las calles, violencia intrafamiliar con mujeres, violencia intrafamiliar con los niños, bullying/acoso, crimen organizado, maras/pandillas, violencia del narcotráfico/grupos del narco y violencia policial. En cuanto a violencia verbal y violencia en redes sociales, es superado por Venezuela y El Salvador respectivamente.

Tabla 1. Comparativo de los tipos de violencia donde los ciudadanos viven según países objeto de estudio* (%)

TIPOS DE VIOLENCIAS MÁS FRECUENTE DONDE USTED VIVE TOTAL LATINOAMÉRICA 2024 – TOTAL PAÍS 2024 P. ¿Cuál de los siguientes tipos de violencia es más frecuente donde Ud. vive?
	Venezuela	El Salvador	República Dominicana	Latinoamérica
Violencia en las calles	28	17	46	42
Violencia verbal	37	26	34	32
Violencia intrafamiliar con mujeres	24	22	39	30
Violencia intrafamiliar con los niños	19	22	29	23
Bullying/Acoso	17	21	31	23
Crimen organizado	8	6	17	21
Maras – Pandillas	5	8	17	20
Violencia del narcotráfico y grupos del narco	4	4	15	19
Violencia en las redes sociales	12	16	15	18
Violencia de Estado, abuso de violencia policial	18	10	21	14

Fuente: elaboración propia con datos de Latinobarómetro (2024)

*Se resaltan los porcentajes más altos en el ejercicio comparativo de la población objeto.

Sobre los niveles específicos de victimización y percepción delictiva, los datos no muestran un comportamiento distinto para el caso República Dominicana en comparación con El Salvador y Venezuela. El primer caso aventaja al resto en cuanto a: reporte de victimización, miedo de ser víctima de algún delito con violencia, evolución de la delincuencia, evolución de la drogadicción y tenencia de amigos o parientes que han consumido drogas. Con relación al indicativo correspondiente a estar perdiendo la batalla contra el crimen organizado, Venezuela encabeza el primer lugar, superando a República Dominicana por 4 puntos.

Tabla 2. Comparativo de victimización, percepción delictiva y otros factores asociados según países objeto de estudio* (%)

SITUACIÓN SOBRE VICTIMIZACIÓN, PERCEPCIÓN DELICTIVA Y OTROS FACTORES ASOCIADOS
	Venezuela	El Salvador	República Dominicana	Latinoamérica
Víctima de un delito (propio o de algún pariente) en los últimos doce meses (aquí solo “sí”)	19	12	41	33
Preocupación por llegar a ser víctima de un delito con violencia (aquí solo “Todo o casi todo el tiempo” más “Algunas veces)	50	35	60	62
Evolución de la delincuencia (aquí solo “ha aumentado”)	46	7	75	75
Evolución de la drogadicción (aquí solo “ha aumentado”)	48	9	81	77
Algún amigo o pariente que haya consumido drogas en los últimos doce meses (aquí solo “sí”)	11	11	25	34
Se está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado	44	6	40	45

Fuente: elaboración propia con datos de Latinobarómetro (2024)

*Se resaltan los porcentajes más altos en el ejercicio comparativo de la población objeto.

Este panorama con relación a la amenaza que representa la delincuencia en los países objeto de estudio, se enmarca en una situación interesante de cara al autoritarismo. Sobre el sistema de gobernanza, El Salvador presenta una concentración de poder político como no se había visto en décadas, de hecho, tiene el mayor margen de respaldo ciudadano a la idea de que un líder autoritario irrespete las reglas, pero resuelva problemas (PEN, 2024). Caso contrario acontece en República Dominicana, en donde se registra una reducción gradual en el índice de personalismo, gracias a mejoras en los mecanismos de rendición de cuentas y restricciones al poder presidencial, como señala el informe del Programa Estado de la Nación (PEN, 2024).

Mientras que El Salvador se ubica como un régimen híbrido en acelerada autocratización (PEN, 2024), Venezuela lleva años con una profunda desinstitucionalización del Estado (Briceño-León, 2023), así como una consolidación autoritaria y autocrática durante las más de dos décadas de vigencia del Socialismo Bolivariano, primeramente, bajo la tutela de su figura central, Hugo Chávez, y posteriormente de Nicolás Maduro (Briceño-León, 2025; Polga-Hecimovich y Sánchez, 2023). Para el caso de República Dominicana, no hay evidencias ni registros que vinculen al país con un sistema -o hacia un sistema- autoritario.

Ahora bien, desde las actitudes ciudadanas hacia el autoritarismo, es notable que su respaldo obedece más a la expectativa de “mano dura” para resolver problemas y no tanto como forma de organización política. El informe Latinobarómetro (2024) respalda esta tesis. Sobre la preferencia del autoritarismo en lugar de la democracia, tanto Venezuela, República Dominicana y El Salvador obtuvieron bajos respaldos al sistema autoritario (17, 17 y 15 % respectivamente).

Por su parte, cuando se plantea una vía autoritaria con tal de resolver problemas, el comportamiento cambia: El Salvador, República Dominicana y Venezuela respaldan la idea de aceptar un gobierno no democrático con tal de resolver los problemas (62, 60 y 53% respectivamente). Por otro lado, se observa un importante apoyo a que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver problemas (El Salvador 49%, República Dominicana 43% y Venezuela 26 %).

Enmarcado en estos rasgos autoritarios cuando se trata de resolver problemas, entre ellos seguramente la criminalidad, es importante resaltar la autodefinición política ideológica. En el marco de izquierda-derecha, la autoubicación hacia la derecha recoge mayor simpatía en los tres países (República Dominicana, 49%; Venezuela 49 %; y, El Salvador 45% respectivamente) (Latinobarómetro, 2024).

El autoritarismo derechista, la percepción de amenazas y la reacción punitiva

El autoritarismo derechista (Right-Wing Authoritarianism, en adelante AD) es un compuesto teórico de alcance intermedio que ha permitido explicar las predisposiciones individuales -mediadas por juicios críticos o acríticos, pero con efectos colectivos-, ante un evento que amenace una posición aventajada de poder social, seguridad personal o de la propiedad en el marco de un sistema coercitivo común (como el estado, una subcultura o un código grupal).

Al referir la propuesta como un compuesto teórico es porque se alimenta del autoritarismo, en un primer momento, bajo la tricotomía filosófica: poder, obediencia y desigualdad, y de las dimensiones psicológicas personalidad, actitud y creencia como externalizaciones autoritarias individuales (Guzmán, 2019). Esta primera parte explica cómo las personas autoritarias perciben a grupos exógenos como posibles amenazas a su estabilidad o seguridad cuando no son controlados según ciertas expectativas. Este estado de aparente incertidumbre o de indefensión busca refugio en la capacidad del sistema (político, económico, social y/o cultural) para otorgar esa estabilidad deseada sometiendo a los otros (Oesterreich, 2005).

Esta es la tesis central del porqué, luego de los años posteriores al 11-S, muchos estadounidenses se volvieron susceptibles al pensamiento autoritario cuando percibieron una grave amenaza a su seguridad, volviéndose más intolerantes y agresivos (Hetherington y Suhay, 2011). Lavine y sus colegas (2005), bajo un enfoque experimental, comprobaron que la presencia de amenazas presentaba tendencias diferenciales en personas con altos y bajos niveles de autoritarismo, mientras que Cohrs e Ibler (2009) demostraron que la exposición a contenidos amenazantes promueve en gran medida la adopción de actitudes negativas hacia aquellas personas que se perciban como disidentes del orden social o como amenazas reales.

Pero la percepción de amenaza en la persona autoritaria no es contemplativa, conlleva implícita una reacción de sometimiento del otro, tolerando, incluso, cuotas punitivas de sus derechos sociales, políticos o humanos con el fin de salvaguardar intereses endógenos del grupo. Un estudio reciente en Turquía reveló que a medida que aumenta el autoritarismo, también aumentan los motivos de justicia restaurativa para un delincuente típico perteneciente a un exogrupo (Goksaly Kunuroglu, 2025). Años antes, Tam et. al. (2008) hallaron que en las personas con bajo autoritarismo, su necesidad de cognición se asoció negativamente con la punibilidad y la atribución disposicional de delitos, y positivamente con el apoyo a la rehabilitación de delincuentes. Sin embargo, entre las personas con alto autoritarismo, el patrón se invirtió.

Desde un punto de vista criminológico, Guzmán (2019) destaca que la personalidad autoritaria respalda incluso la deshumanización de las penas imprimiendo un timbre defensista de la colectividad, el cual hace responder al hombre por su conducta o trayectoria de vida en lugar de algún acto singular. Se trata de disposiciones de peligrosidad que recela de la disidencia y de la desigualdad.

La segunda parte del porqué el autoritarismo derechista (AD) es una teoría compuesta, es precisamente por el añadido derechista a esa faceta autoritaria con tendencia reactiva ante amenazas latentes. Diversos estudios han relacionado el perfil derechista con el conservadurismo político, tendente a transparentar más las amenazas y por ende a apoyar partidos más conservadores que promueven leyes y castigos drásticos a transgresores del orden (Crowson, 2007; McCann, 2009). De hecho, en Japón, Mukai y sus colegas (2025) revelaron que los ciudadanos de sociedades pertenecientes al corporativismo conservador exhiben la mayor punibilidad a nivel individual, seguidos por los regímenes de corporativismo socialdemócrata, neoliberalismo y corporativismo oriental. Este patrón contrasta con la punibilidad a nivel estatal, donde el neoliberalismo es el más punitivo.

Un objeto de estudio ampliamente tratado desde el AD ha sido el miedo o percepción criminal. La tesis relaciona a las personas autoritarias, identificadas políticamente como de derecha, con la percepción de una sociedad amenazante. En consecuencia, se sienten más vulnerables de ser víctima de la amenaza delictiva, como evidenció Medina (2003) en España: puntuaciones elevadas de escala ideológica de derecha se asocia con efectos positivos de miedo y percepción de riesgo delictivo. Por su parte, Tartaglia y Zaccone (2012) encontraron que la orientación política de derecha influyó en la agresión autoritaria, aunque no afectó directamente las reacciones psicológicas ante la delincuencia. Notaron que las reacciones ante la delincuencia se ven influenciada por la actitud autoritaria, pero no como efecto directo de una orientación derechista.

A escala comunitaria, Amaya et. al. (2011) corroboraron la tesis de que la percepción de peligro en el sector o barrio, como la victimización delictiva, desencadena una respuesta autoritaria por la cercanía de la amenaza. La evidencia arroja que las reacciones psicológicas ante la delincuencia eran influenciadas fuertemente por la actitud autoritaria, relacionada a su vez con una orientación política.

Ahora bien, cuando se hace referencia al AD como una teoría de alcance intermedio, se adopta la terminología sociológica de Merton (1968) para expresar aquellos esfuerzos por sistematizar una experiencia empírica como vía explicativa de ciertos fenómenos. Es un producto abstracto más no aislado, es decir, forma parte de un ecosistema teórico sin pretender ser una teoría general. Viabiliza la verificación de hipótesis por su gran acercamiento al componente operativo-metodológico que permite testear su capacidad explicativa en determinado contexto.

De esta manera y en congruencia con lo anterior, el AD se define como la covariación de: a) una estricta adhesión a normas y valores convencionales (convencionalismo); b) una sujeción acrítica a la autoridad (sumisión autoritaria); y c) sentimiento de agresión hacia los transgresores de normas (agresión autoritaria) (Altemeyer, 1981). Importante destacar que el contexto de este marco teórico es mediado por un sistema normativo coercitivo común, el cual busca ser el órgano ejecutor de acciones que controlen las amenazas institucionalmente. Así, sea desde una parcela convencionalista, de sujeción acrítica o transgresora, se trata de un sistema que favorece diferencialmente respuestas punitivas (fuera o dentro del marco legal) frente a amenazas representadas entre las diferentes capas sociales.

La dominancia social y el autoritarismo derechista: un efecto intergrupal

La dominancia social es una teoría multinivel que analiza cómo las sociedades ejercen y buscan mantener dominación intergrupal. Se basa en la jerarquización de las relaciones sociales con el fin de preservar privilegios especiales que los aventaje frente a otros. La teoría de la dominación social afirma que la desigualdad estable entre grupos se mantiene, en parte, a través del uso desproporcionado de la fuerza contra grupos subordinados. Ejemplo de ello es el sistema de justicia penal, mediante el cual utiliza el castigo de forma desproporcionada hacia miembros de grupos subordinados o ejerciendo cualquier otra forma de discriminación institucional (Sidanius y Pratto, 1999).

A un nivel más operativo, la SDO (Social Dominance Orientation, en adelante ODS) se define como la orientación psicológica de un individuo hacia la dominación grupal. La ODS se correlaciona negativamente con la tolerancia, el igualitarismo, el universalismo, el humanitarismo y el apoyo a cualquier política que vigorice estas características (Pratto y Stewart, 2011).

Otro rasgo interesante de esta propuesta es la tendencia clasificatoria de las personas hacia instituciones o roles sociales que mejoran o atenúan una jerarquía de poder. Por lo tanto, no es de extrañar que la dominancia social se relacione con una personalidad autoritaria, como lo demostraron Kerr y Wilson (2021) al develar que las actitudes ideológicas relacionadas con el autoritarismo y la dominancia grupal predicen posturas con relación a diversos temas científicos.

Asimismo, la dominancia social ha estado muy vinculada con el autoritarismo derechista. El hilo conductor teórico concibe que, si los de postura derechistas son los de mayor autopercepción de vulnerabilidad, producto de las amenazas que representan otros grupos, al tiempo que favorece políticas reactivas contra ellos, entonces tenderán a ser quienes deseen tomar o mantener una posición jerárquica de dominación social para frenar estas amenazas intergrupales.

Así lo demostró Crowson (2007) al reportar que tanto el AD como la ODS se correlacionaron positivamente con el apoyo a las restricciones de derechos humanos. El conservadurismo político y religioso, así como la percepción de amenaza, resultaron ser predictores significativos de actitudes hacia estos derechos fundamentales. Lindén et. al. (2016) encontraron igualmente que el AD y la ODS se relacionan con actitudes positivas hacia la tortura en contextos bélicos. Por su parte, Martín et. al. (2013) reportaron que quienes se identifican ideológicamente con posiciones de izquierda tienen más probabilidades de tener actitudes liberales y tolerantes hacia la inmigración que aquellos que se identifican con la derecha política.

En su estudio sobre las actitudes prejuiciosas, Duckitt y Sibley (2007) hallaron que las actitudes hacia un dominio de grupos “peligrosos” se relacionaron significativamente solo con el AD, las actitudes hacia un segundo dominio de grupos “derogados” se relacionaron solo con la ODS, y las actitudes hacia un tercer dominio, los grupos “disidentes”, se relacionaron significativamente con ambos, pero de forma significativa con el AD y débil con la ODS. Sobre el racismo, Hiel y Mervielde (2005) reportaron en un primer estudio que el AD y la ODS guardaban una relación similarmente fuerte con el racismo biológico, el racismo simbólico, el etnocentrismo y el racismo aversivo. Por su parte, Rottenbacher y Schmitz (2013) hallaron que el AD, la ODS y la orientación política de derecha ejercen una influencia directa sobre la criminalización de la protesta social, mientras solo la ODS y el AD ejercen una influencia inversa sobre el apoyo a la democracia.

Por otro lado, varias investigaciones no respaldan un efecto sincrónico ni simultáneo entre el autoritarismo derechista y la dominancia social. En algunos casos presentan comportamiento diferencial. En Polonia, el estudio de Górski et. al. (2025) descubrieron que la ODS predice significativamente el clasismo, mientras que el AD actúa como un predictor negativo y amortiguador de la ODS. Concluyen que el autoritarismo no solo pudiese estar relacionado con un clasismo más bajo, sino también como un limitador potencial hostil de la dominancia social.

Sobre los prejuicios étnicos, Cohrs y Asbrock (2009) informaron que sus resultados respaldan el supuesto de predicción diferencial para el AD, pero no para la ODS. Sus resultados evidencian que los efectos del AD sobre el prejuicio fueron particularmente potentes cuando el exogrupo fue manipulado para ser socialmente amenazante, pero los efectos de la ODS sobre el prejuicio parecieron no aumentar cuando el exogrupo fue manipulado para ser competitivo.

Etchezahar y Imhoff (2017) reportaron una correlación débil al vincular el AD y la ODS en jóvenes. Observaron que niveles mayores de AD que de ODS en la población analizada obedece a contextos en los cuales priman altos niveles de percepción de amenaza y peligro social. Para el caso particular de Argentina, ello parece responder a la creciente preocupación ciudadana, tema asiduo en la agenda nacional. Sobre la aprobación del gasto público para el tratamiento de adicciones, Halkjelsvik y Rise (2014) reportaron que la relación entre AD y la (falta de) motivación para ayudar se explica en parte por un mayor énfasis en la responsabilidad personal, y la relación entre ODS y la (falta de) motivación para ayudar es independiente de los juicios de responsabilidad. Concluyen que la ODS se asoció con una menor aprobación del gasto público en el tratamiento y una menor motivación para ayudar personalmente.

Método

Fuente y especificaciones sobre la representatividad poblacional

Se trabajó con el archivo de datos de la Corporación Latinobarómetro en su versión final (v2024.1) para la oleada 2024, formato SPSS (versión español). De acuerdo con la ficha técnica, para los casos de Venezuela, El Salvador y República Dominicana, se realizó una encuesta por muestreo con intervalos de confianza del 95%, con errores muestrales de +/- 2.8% para Venezuela y +/- 3.1% para El Salvador y República Dominicana.

El levantamiento contó con una estrategia polietápica (4 etapas), donde las tres primeras fueron probabilísticas y la última etapa probabilística en el caso de Venezuela, y por cuotas en el caso de El Salvador y República Dominicana. La muestra final (n casos) estuvo conformada por 1200 (Venezuela/ representación del 99% de la población adulta del país) y 1000 (El Salvador y República Dominicana / ambas con representación del 100% de la población adulta del país). Para asegurar la representatividad de la muestra por país, se aplicó el factor de ponderación WT (Weighting Factor) proporcionado por Latinobarómetro, el cual corrige las diferencias en las probabilidades de selección y las tasas de no respuesta entre los distintos grupos demográficos.

El manejo de las categorías de respuesta ‘No Sabe’ (NS) y ‘No Responde’ (NR) se abordó mediante su codificación como valores perdidos (missing values) en el software SPSS. Este enfoque resultó en una exclusión de casos por lista (listwise deletion) para la Regresión Lineal Múltiple. Se asume que la exclusión de estas categorías es de tipo Missing At Random (MAR). Esta estrategia garantiza que los coeficientes (β) del modelo se interpreten únicamente en la población que sí expresó una posición definida en la escala, preservando la integridad teórica de la medición.

Sistema de hipótesis

La hipótesis general que se verificó fue que la severidad punitiva, una expresión de agresividad autoritaria, es explicada por la percepción de la amenaza delictiva y por una sujeción acrítica ante el poder. Se consideró la severidad punitiva como un criterio lógico-deductivo de la agresividad autoritaria, una categoría del autoritarismo derechista (AD) definido por Altemeyer (1981) como un sentimiento de agresión hacia los transgresores de normas. Se trabajó con los ítems: Justificación de la pena de muerte (Y1), y Justificación de juzgar por un delito a un joven de 15 años como un adulto (Y2).

Desde el punto de vista empírico, no hay evidencia que permita agrupar ambos reactivos (Y1 y Y2) en una escala de agresividad autoritaria (k = 2 ítems, α = .585). Desde el punto de vista teórico, aunque Y1 y Y2 representan una manifestación de la severidad punitiva (es decir, el deseo de imponer castigos duros a los transgresores), se dirigen a objetos normativos y contextos diferentes. El objeto de la pena de muerte (Y1) es el castigo final y absoluto, implicando una postura sobre la función última del Estado y la sacralidad de la vida frente a la transgresión. En el segundo caso (Y2), su objeto es el cuestionamiento de la imputabilidad o la atenuación de la pena por motivos de edad. El procedimiento analítico, por lo tanto, fue un tratamiento no agrupado.

Sobre la amenaza delictiva (X1), se emplearon una serie de ítems que estipulan la dependencia teórica amenaza-autoritarismo (Hetherington y Suhay, 2011; Cohrs e Ibler (2009), representado por la victimización, su percepción y factores asociados, sobre los cuales tampoco hay evidencia empírica para el tratamiento unidimensional (k = 7 ítems, α = .483). Sobre la sujeción acrítica a la autoridad (X2), se trata de otra categoría de la tesis autoritarismo derechista (AD) de Altemeyer (1981) para evaluar la tendencia hacia la centralización del poder sin importar el equilibrio del Estado y las leyes.

Igualmente, se introdujo en el modelo la autoubicación política (X3) para sustentar la tesis de Crowson (2007) y McCann (2009) sobre la relación entre autoritarismo y la inclinación derechista, a razón de una mayor sensibilidad ante amenazas y, por ende, a respaldar castigos más severos a los transgresores normativos. Finalmente, fue de interés incorporar al modelo variables sociodemográficas (X4) para sustentar la dominación social y su lazo con el autoritarismo (Sidanius y Pratto, 1999), suponiendo que diferencias entre las distintas capas socioeconómicas (exogrupos) pueden asociarse con mecanismos de dominación-control, como evidencian estudios recientes sobre el clasismo (Górski et. al. 2025; Jordan et. al., 2020).

Tabla 3. Operacionalización de la hipótesis para la Regresión Lineal Múltiple (RLM)

Hipótesis general: la agresividad autoritaria es explicada por la percepción de la amenaza delictiva y por una sujeción acrítica ante el poder
Variables y función	ítems	Hipótesis específicas
Agresividad autoritaria (Y)	Justificación de la pena de muerte (Y1)
	Justificación de juzgar por un delito a un joven menor de 15 años como un adulto (Y2)
Victimización, percepción delictiva y factores que la promuevan (X1)	Víctima de un delito (la persona o familiar) (X1.1)	Menor victimización, menor Y
	Aumento o disminución de la delincuencia (X1.2)	Mayor disminución, menor Y
	Aumento o disminución de la drogadicción (X1.3)	Mayor disminución, menor Y
	Problemas de narcotráfico y crimen organizado (X1.4)	Mayor percepción, mayor Y
	Corrupción en el país (X1.5)	Mayor percepción, mayor Y
	Confianza en el poder judicial (X1.6)	Menor confianza, menor Y
	Los inmigrantes causan aumento del crimen (X1.7)	Menor percepción, menor Y
Sujeción acrítica a la autoridad (X2)	Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas (X2.1)	Mayor apoyo a X2.1, mayor Y
	Deberíamos deshacernos de las elecciones y del parlamento y dejar que los expertos tomen las decisiones de la gente (X2.2)	Mayor apoyo a X2.2, mayor Y
Autoubicación política (X3)	Autoubicación izquierda-derecha (X3.1)	Mayor inclinación a derecha, mayor Y
Variables sociodemográficas (X4)	Clase social subjetiva (X4.1)	A mayor clase social alta, mayor Y
	Edad (X4.2)	A mayor edad, mayor Y
	Nivel educativo (X4.3)	A mayor nivel educativo, mayor Y

Estrategia analítica

Se empleó una Regresión Lineal Múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) en cada caso objeto de estudio (República Dominicana, El Salvador y Venezuela) para evaluar la relación entre la variable dependiente, agresividad autoritaria (Y), en función a un conjunto de variables independientes: amenaza delictiva (X1), sujeción acrítica a la autoridad (X2), autoubicación política (X3) y variables sociodemográficas (X4).

Se utilizó el Método de Entrada Forzada (Enter), incorporando todos los ítems de las variables teóricas (X1, X2, X3 y X4). Con relación a los modelos, estos explican una fracción muy pequeña de la varianza total, tanto de Y1 como de Y2 (R² ajustado). Sin embargo, se rechazó en todos los casos la hipótesis nula de que el valor poblacional es igual a 0 (F = ≤ 0.05), lo que garantiza que exista relación lineal entre las variables (Hair et. al., 2019). Es importante destacar que estos resultados son más pertinentes para comprender relaciones teóricas autoritarias en lugar de construir propiamente un modelo predictivo de la severidad punitiva, un constructo que de por sí puede obedecer a criterios multifactoriales, más allá de los postulados autoritarios y del contexto en el cual se estudia.

Seguidamente, se evaluó el supuesto de multicolinealidad examinando los Factores de Inflación de la Varianza (VIF), asegurando que todos los valores estuvieran por debajo del umbral de 5 y así certificar que no exista correlación entre las variables independientes (Shrestha, 2020). Se hizo lo propio con el Valor de Tolerancia, asegurando que todos superen a 0.1. Finalmente, lo reportes de Durbin-Watson para verificar la independencia entre los residuos mediante valores cercano a 2 (Wooldridge, 2016), arrojaron ponderaciones entre 1,5 y 2,5, a excepción del modelo Y1 (Justificación de la Pena de muerte) para el caso de Venezuela (1.43). Sin embargo, considerando un valor VIF muy inferior a 5 (VIF=1.042) y un Valor de Tolerancia muy superior a 0.1 (VT=0.960), se asumió el cumplimiento del supuesto de no multicolinealidad.

Por otro lado, a pesar de que en la mayoría de los diagnósticos de heterocedasticidad no se rechazó la hipótesis nula (p>0.05), se reconoce que los errores estándar convencionales (MCO) son potencialmente sesgados y poco confiables (Hayes y Cai, 2007). Por consiguiente, se optó por calcular los Errores Estándar Robustos (Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors). Específicamente, se aplicó la corrección HC3. Esta medida asegura la validez de la inferencia, garantizando que los estadísticos t, los valores p y la significancia estadística de los coeficientes sean confiables y robustos ante la posible presencia de heterocedasticidad.

Tabla 4. Diagnóstico de heterocedasticidad de los modelos de Y

	República Dominicana	El Salvador	Venezuela
Pruebas de heterocedasticidad para los modelos de Y1
Prueba de Breusch-Pagan (X2)	5.75	0.681	3.17
Significancia (p-valor Breusch-Pagan)	0.074	0.409	0.152
Prueba de White (X2)	212.26	148.92	151.9
Significancia (p-valor White)	0.000	0.194	0.075
Pruebas de heterocedasticidad para los modelos de Y2
Prueba de Breusch-Pagan (X2)	0.746	0.45	0.118
Significancia (p-valor Breusch-Pagan)	0.387	0.502	0.731
Prueba de White (X2)	196.00	150.26	200.81
Significancia (p-valor White)	0.000	0.174	0.000

Resultados

En cuanto a la agresión autoritaria que representa la severidad punitiva, República Dominicana es el país que más justifica la pena de muerte (=4.54), mientras que El Salvador el que más justifica juzgar a menor de 15 años por delito como adulto (=6.13). Venezuela, por su parte, es el país que menos justifica tanto la pena de muerte (=4.03), como juzgar a un menor de 15 años por delito como adulto (=4.52), ambos con la menor dispersión de datos entre la población objeto de estudio (3.13 y 3.02 respectivamente).

Tabla 5. Distribución de la media y la desviación estándar ante justificación en respaldar severidad punitiva según países objeto de estudio

	Justificación de la Pena de muerte (Y1) (1=nunca se justifica / 10=siempre se justifica)		Justificación de juzgar a menor de 15 por delito como adulto (Y2) (1=nunca se justifica / 10=siempre se justifica)
	x̄	(DE)	x̄	(DE)
República Dominicana	4.54	3.77	5.2	3.61
El Salvador	4.19	3.65	6.13	3.60
Venezuela	4.03	3.13	4.52	3.02

Con relación a la pena de muerte (Y1) y la amenaza ciudadana que representa el delito, su percepción y factores relacionados (X1), las evidencias contradicen algunas hipótesis. Concretamente en Venezuela, la justificación de la pena de muerte disminuye -0.35 (p<0.01) puntos por cada nivel perceptual de que la delincuencia ha disminuido (X1.2), aumenta 0.382 (p<0.01) puntos por cada nivel de disminución de la drogadicción (X1.3) y aumenta 0.408 (p<0.01) puntos por cada nivel en que se está en desacuerdo con la relación entre emigrantes-crimen (X1.7). Estos dos últimos reportes contradicen las hipótesis con relación al delito como amenaza y el autoritarismo.

En el caso de El Salvador, las evidencias respaldan la hipótesis de que mientras más en desacuerdo se esté con que los emigrantes causen aumento del crimen (X1.7), la justificación de la pena de muerte disminuye -0.49 puntos (p<0.01). Por otro lado, mientras más se desconfíe del poder judicial (X1.6), mayor aprobación de la pena de muerte habrá (p<0.05), criterio que no sustenta el planteamiento hipotético. Es importante destacar que la prueba de robustez dejó sin efecto la asociación estadísticamente significativa entre justificar la pena de muerte (Y1) y el problema de narcotráfico-crimen (X1.4) en El Salvador y Venezuela, así como con la corrupción (X1.5) en República Dominicana.

Sobre la sujeción acrítica a la autoridad, los datos respaldaron la hipótesis de investigación. La evidencia muestra en los casos de El Salvador y Venezuela que, mientras más en desacuerdo se esté con la centralización del poder en manos del presidente (X2.1), menos se justifica la pena de muerte (β El Salvador=0.46, p<0.05; β Venezuela=0.28, p<0.05). En este mismo orden, se respalda la hipótesis de un autoritarismo relacionado con la dominancia social (X4.1) en El Salvador, donde por cada punto de clase social baja, disminuye -0.32 (p<0.05) la justificación de la pena de muerte. Finalmente, la prueba de robustez dejó sin efecto la relación estadística significativa entre la autoubicación política con la pena de muerte en El Salvador.

Tabla 6. Resultados de la Regresión Lineal Múltiple (modelos no corregidos) para la variable justificación de la pena de muerte (Y1)1

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Ítems agrupados por variables independientes	República Dominicana	El Salvador	Venezuela
	β (SE)	β (SE)	β (SE)
(X1.2) Aumento o disminución de delincuencia (1=aumentado/5=disminuido)			-0.355(0.094)∗∗∗
(X1.3) Aumento o disminución de la drogadicción (1=aumentado/5=disminuido)			0.382(0.101)∗∗∗
(X1.4) Problemas de narcotráfico y crimen organizado (1=muy grave/4=nada grave)		0.314(0.142)∗∗	-0.333(0.136)∗∗∗
(X1.5) Corrupción en el país (0=nada/10=totalmente)	0.09(0.044)∗∗
(X1.6) Confianza en el poder judicial (1=mucha confianza/4=ninguna confianza)		0.345(0.146)∗∗∗
(X1.7) Los inmigrantes causan aumento del crimen (1=muy de acuerdo/4= muy en desacuerdo)		_0.496(0.186)∗∗∗	0.408(0.142)∗∗∗
(X2.1) Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas (1=muy de acuerdo/4=muy en desacuerdo)		_0.462(0.158)∗∗∗	_0.286(0.123)∗∗∗
(X3.1) Autoubicación izquierda-derecha (0=izq./10=der.)		_0.094(0.049)∗∗
(X4.1) Clase social subjetiva (1=alta/5=baja)		_0.320(0.138)∗∗
Constante (α)	4.032(0.335)∗∗∗	7.170(0.938)∗∗∗	4.481(0.677)∗∗∗
Ajuste del modelo
R² ajustado	0.004	0.035	0.039
Estadístico F	4.365∗∗	5.268∗∗∗	7.410∗∗∗
N (tamaño muestral ponderado)	975	901	1080
Significancia	∗∗∗p<0.01, ∗∗p<0.05, ∗p<0.10

1 escala de Y1 (1=nunca se justifica / 10=siempre se justifica).

Tabla 7. Tabla de regresión comparativa con Errores Estándar Robustos (HC3) para los modelos de Y1

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Ítems agrupados por variables independientes	República Dominicana	El Salvador	Venezuela
	β (SE-clásico) (SE-HC3)	β (SE-clásico) (SE-HC3)	β (SE-clásico) (SE-HC3)
(X1.2) Aumento o disminución de delincuencia (1=aumentado/5=disminuido)			-0.355***(0.094) (0.097)
(X1.3) Aumento o disminución de la drogadicción (1=aumentado/5=disminuido)			0.382***(0.101) (0.104)
(X1.4) Problemas de narcotráfico y crimen organizado (1=muy grave/4=nada grave)		0.314(0.142)a	-0.333(0.136)a
(X1.5) Corrupción en el país (0=nada/10=totalmente)	0.09(0.044)a
(X1.6) Confianza en el poder judicial (1=mucha confianza/4=ninguna confianza)		0.345**(0.146) (0.159)
(X1.7) Los inmigrantes causan aumento del crimen (1=muy de acuerdo/4= muy en desacuerdo)		-0.496**(0.186) (0.195)	0.408***(0.142) (0.144)
(X2.1) Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas (1=muy de acuerdo/4=muy en desacuerdo)		-0.462**(0.158) (0.183)	-0.286**(0.123) (0.133)
(X3.1) Autoubicación izquierda-derecha (0=izq./10=der.)		-0.094(0.049)a
(X4.1) Clase social subjetiva (1=alta/5=baja)		-0.320**(0.138) (0.155)
Constante (α)	4.032***(0.335) (1.144)	7.170***(0.938) (1.146)	4.481***(0.677) (1.155)
Ajuste del modelo
R² ajustado	0.004	0.035	0.039
Estadístico F	4.365∗∗	5.268∗∗∗	7.410∗∗∗
N (tamaño muestral ponderado)	975	901	1080
Significancia	∗∗∗p<0.01, ∗∗p<0.05, ∗p<0.10

Nota: Los coeficientes (b) presentan la significancia basada en los Errores Estándar Robustos (HC3).

a: Variables que eran significativas con el modelo clásico y perdieron significancia con la corrección por robustez (no se reportaron los SE-HC3).

El reporte general de las hipótesis correspondientes a la justificación de juzgar por un delito a un joven menor de 15 años como un adulto (Y2), han arrojado evidencias contradictorias sobre la amenaza delictiva. Se halló apoyo a Y2 ante la disminución de la delincuencia (X1.2) en El Salvador (β El Salvador=0.31, p<0.05) y ante la disminución de la drogadicción en Venezuela (β El Venezuela=0.33, p<0.01). Pero sí se respaldó, en el caso de Venezuela (β El Venezuela=-0.21, p<0.05), la disminución de la delincuencia y su efecto reductor en cuanto a juzgar por un delito a un joven menor de 15 años como un adulto.

Por otro lado, la justificación de Y2 aumenta con la percepción de corrupción (X1.5) (β República Dominicana=0.119, p<0.01), así como ante la desconfianza en el poder judicial (X1.6) (β República Dominicana=0.37, p<0.05). Es menester destacar que la prueba de robustez dejó sin efecto la relación estadísticamente significativa entre la justificación de juzgar por un delito a un joven menor de 15 años como un adulto con la percepción de corrupción (X1.5) y el problema del narcotráfico/crimen (X1.4) en El Salvador. Bajo este mismo criterio de precisión analítica, la prueba de robustez arrojó significancia estadística entre la disminución de la relación inmigrante-crimen (X1.7) con la disminución de justificar Y2 en El Salvador (β El Salvador=-0.360, p<0.01).

Sobre la sujeción acrítica ante la autoridad, en la medida en que la ciudadanía rechaza la centralización del poder en un grupo de expertos (X2.2), la justificación a Y2 disminuye (β Venezuela=-0.31, p<0.01). La prueba de robustez dejó sin efecto la significancia estadística entre la centralización del poder en el presidente para resolver los problemas y la justificación de juzgar por un delito a un joven menor de 15 años como un adulto.

Ahora bien, las evidencias respaldan las hipótesis sobre la dominancia social con relación al nivel educativo, pero no entre grupos etarios. Así, a mayor edad (X4.2), disminuye el apoyo a Y2 (β Venezuela=-0.01, p<0.01), sin embargo, el apoyo a Y2 aumenta con una mayor educación (β Venezuela=0.192, p<0.01; β El Salvador=0.159, p<0.01). Finalmente, la prueba de robustez dejó sin efecto estadístico la hipótesis de la autoubicación política y su relación con el autoritarismo.

Tabla 8. Resultados de la Regresión Lineal Múltiple (modelos no corregidos) para la variable justificación de juzgar por un delito a un joven menor de 15 años como un adulto (Y2)1

Ítems agrupados por variables independientes	República Dominicana	El Salvador	Venezuela
	β (SE)	β (SE)	β (SE)
(X1.2) Aumento o disminución de delincuencia (1=aumentado/5=disminuido)		0.310(0.136)∗∗	-0.218(0.086)∗∗∗
(X1.3) Aumento o disminución de la drogadicción (1=aumentado/5=disminuido)			0.333(0.093)∗∗∗
(X1.4) Problemas de narcotráfico y crimen organizado (1=muy grave/4=nada grave)		-0.284(0.137)∗∗
(X1.5) Corrupción en el país (0=nada/10=totalmente)	0.119(0.041)∗∗∗	0.117(0.044)∗∗∗
(X1.6) Confianza en el poder judicial (1=mucha confianza/4=ninguna confianza)	0.374(0.125)∗∗∗
(X2.1) Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas (1=muy de acuerdo/4=muy en desacuerdo)		-0.325 (0.149)∗∗∗
(X2.2) Deberíamos deshacernos de las elecciones y del parlamento y dejar que los expertos tomaran las decisiones de la gente (1=muy de acuerdo/4=muy en desacuerdo)			-0.317 (0.109)∗∗∗
(X3.1) Autoubicación izquierda-derecha (0=izq./10=der.)			0.072(0.031)∗∗
(X4.2) Edad (x ≥ 18)			-0.019(0.007)∗∗∗
Constante (α)	3.466(0.438)∗∗∗	5.563(0.807)∗∗∗	6.763(0.720)∗∗∗
Ajuste del modelo
R² ajustado	0.02	0.02	0.052
Estadístico F	9.562∗∗∗	4.558∗∗∗	7.259∗∗∗
N (tamaño muestral ponderado)	975	901	1080
Significancia	∗∗∗p<0.01, ∗∗p<0.05, ∗p<0.10

1 escala de Y2 (1=nunca se justifica / 10=siempre se justifica).

Tabla 9. Tabla de regresión comparativa con Errores Estándar Robustos (HC3) para los modelos de Y2

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Ítems agrupados por variables independientes	República Dominicana	El Salvador	Venezuela
	β (SE-clásico) (SE-HC3)	β (SE-clásico) (SE-HC3)	β (SE-clásico) (SE-HC3)
(X1.2) Aumento o disminución de delincuencia (1=aumentado/5=disminuido)		0.310**(0.136) (0.151)	-0.218**(0.086) (0.090)
(X1.3) Aumento o disminución de la drogadicción (1=aumentado/5=disminuido)			0.333***(0.093) (0.096)
(X1.4) Problemas de narcotráfico y crimen organizado (1=muy grave/4=nada grave)		-0.284(0.137)a
(X1.5) Corrupción en el país (0=nada/10=totalmente)	0.119***(0.041) (0.046)	0.117(0.044)a
(X1.6) Confianza en el poder judicial (1=mucha confianza/4=ninguna confianza)	0.374**(0.125) (0.124)
(X1.7) Los inmigrantes causan aumento del crimen (1=muy de acuerdo/4= muy en desacuerdo)		-0.360***(0.171) (0.174)b
(X2.1) Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones con el objeto de resolver los problemas (1=muy de acuerdo/4=muy en desacuerdo)		-0.325(0.149)a
(X2.2) Deberíamos deshacernos de las elecciones y del parlamento y dejar que los expertos tomaran las decisiones de la gente (1=muy de acuerdo/4=muy en desacuerdo)			-0.317***(0.109) (0.117)
(X3.1) Autoubicación izquierda-derecha (0=izq./10=der.)			0.072(0.031)a
(X4.2) Edad (x ≥ 18)			-0.019***(0.007) (0.007)
(X4.3) Nivel educativo (1=analfabeta / 7= superior completa)		0.159**(0.098) (0.076)b	0.192***(0.050) (0.057)b
Constante (α)	3.466∗∗∗ (0.438) (1.095)	5.563∗∗∗ (0.807) (1.426)	6.763∗∗∗ (0.720) (0.272)
Ajuste del modelo
R² ajustado	0.02 0.02 0.052
Estadístico F	9.562∗∗∗	4.558∗∗∗	7.259∗∗∗
N (tamaño muestral ponderado)	975	901	1080
Significancia	∗∗∗p<0.01, ∗∗p<0.05, ∗p<0.10

Nota: Los coeficientes (b) presentan la significancia basada en los Errores Estándar Robustos (HC3).

a: Variables que eran significativas con el modelo clásico y perdieron significancia con la corrección por robustez (no se reportaron los SE-HC3).

b: Variables que no eran significativas con el modelo clásico, y ahora lo son con la corrección por robustez.

Discusión

Los resultados sugieren una relación compleja entre el contexto delictivo percibido con el autoritarismo. Si bien se parte de la premisa de que las personas se vuelven intolerantes y agresivas cuando se sienten amenazadas (Hetherington y Suhay, 2011), lo que conlleva a una inclinación autoritaria, las evidencias apuntan a que una reducción delictiva (Venezuela) o la no percepción de amenaza del inmigrante (El Salvador), se asocia con un menor autoritarismo.

Sin embargo, también se manejan evidencias de que, ante una reducción de amenazas delictivas o factores asociados, no hay un efecto reductor en el autoritarismo, como en el caso de la disminución del delito en El Salvador, la reducción de la drogadicción (El Salvador y Venezuela) o la no percepción de amenaza de los inmigrantes con relación al crimen en Venezuela. ¿Cómo se puede interpretar este complejo contexto delictivo frente al autoritarismo? Un planteamiento explicativo diferencial parece apuntar a un tipo de legitimación autoritaria consecuencia de resultados y no tanto de amenazas latentes.

En El Salvador, por ejemplo, la reducción de la drogadicción y la criminalidad se asocia con mayor agresividad autoritaria. ¿Puede una legitimación autoritaria basada en resultados explicar este comportamiento? Desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador y su accionar contra el crimen organizado y demás flagelos relacionados, el país ha vivido un intenso clima de rigidez en el control social por parte de las fuerzas estatales. Este camino, si bien ha estado lleno de cifras impactantes, también ha tenido como telón de fondo una peligrosa concepción de un estado de derecho basado en la alta tolerancia a la violencia (Arias y Goldstein, 2010).

De hecho, El Salvador es por muy amplio margen el país centroamericano que más respalda a un líder autoritario con tal de resolver los problemas, lo que explica la legitimidad de Bukele (PEN, 2024; Latinobarómetro, 2024). Pero también es un país que pasó de tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo a reducirla a menos de 10 muertes por cada 100 mil habitantes (UNODC, 2023) en los últimos años. En consecuencia, pareciese que el autoritarismo gana terreno cuando exhibe resultados y se coloca como muro de contención en países que experimentaron contextos muy amenazantes.

En el caso de Venezuela, la tesis del autoritarismo actúa en doble dirección. La reducción del autoritarismo se relaciona con una disminución delictiva (autoritarismo basado en amenaza), pero se exacerba ante la reducción de la drogadicción y del inmigrante como no amenaza criminal (autoritarismo como muro de contención, basado en resultados).

Sobre el tema específico de la corrupción y la desconfianza en el poder judicial, las evidencias arrojan que, ante el incremento de estos indicadores, mayor es la tolerancia autoritaria. Uno de los puntos álgidos de estos planteamientos es que la percepción de desinstitucionalización del Estado frente a su acción normativa de administrar justicia, debería desalentar la aplicación de marcos normativos severos, como la pena de muerte o el tratamiento a jóvenes trasgresores como adultos.

Sin embargo, en los casos de El Salvador y República Dominicana el respaldo al autoritarismo parece incrementarse frente a dudosas garantías judiciales y de transparencia. Estos hallazgos se encuadran con las extralimitaciones de las personalidades autoritarias cuando, incluso, deshumanizan las penas mediante un timbre defensita del colectivo (Guzmán, 2019). Se tolera la vulneración de derechos mediante disposiciones de peligrosidad que recela de la disidencia y de la desigualdad.

Muy cónsono con lo anterior, el trabajo sustenta de manera casi uniforme la relación entre la dominancia social y el autoritarismo. El planteamiento se formuló suponiendo que las diferencias entre capas socioeconómicas se asocian con mecanismos de dominación-control, en este caso de corte punitivo. La evidencia en Venezuela y El Salvador apuntan a que un mayor nivel educativo se asocia con favorecer mecanismos de control exogrupo con menor estatus. Esta tesis se ha verificado desde el clasismo en los trabajos de Górski et. al. (2025) y Jordan et. al. (2020), donde las diferencias en la clase social son definidas generalmente como una combinación de ingresos, nivel educativo y prestigio ocupacional.

En El Salvador, se halló evidencias de que a menor clase social disminuye el respaldo a medidas punitivas. lo que permite inferir que la vulnerabilidad socioeconómica le resta peso a un fuero legal que pudiese ser utilizada para su propia dominación social. La acción de estado contra las pandillas tiende a tener simpatías en las clases medias y altas (Rodríguez y Rodríguez-Pinzón, 2020), por lo que al final, la represión estaría circunscrita en los contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Conclusión

Esta investigación revela que la agresividad autoritaria, mediada por la severidad punitiva, tiene sustento en una legitimidad autoritaria basada en resultados más que en una simple reacción lineal a la amenaza delictiva. Si bien la literatura sugiere que la amenaza percibida impulsa la intolerancia, los resultados demuestran que, en contextos de alta eficacia estatal en materia de seguridad (como la reducción drástica de homicidios), el respaldo al autoritarismo punitivo se mantiene o se incrementa. Este fenómeno apunta a un tipo de autoritarismo pragmático o de contención, donde su tolerancia se legitima como la causa del éxito y se percibe como un muro necesario para evitar el retorno de amenazas previas.

Un segundo mecanismo fundamental radica en la desconfianza institucional. La ineficacia y corrupción percibida del poder judicial emerge como un potente predictor de la tolerancia autoritaria y la demanda de castigos extremos en países como El Salvador y República Dominicana. La ciudadanía, al percibir la desinstitucionalización del Estado y la falta de garantías judiciales, no rechaza la herramienta punitiva, sino que demanda su versión más radical y extralimitada como un sustituto compensatorio de la justicia legal. Este patrón se enmarca en la extralimitación de las personalidades autoritarias que toleran la vulneración de derechos mediante una concepción defensista del colectivo.

Seguidamente, el trabajo sustenta de manera casi uniforme la tesis de la dominancia social y su relación con el autoritarismo. El mayor nivel educativo se asocia con un aumento en el autoritarismo, confirmando que las clases con mayor estatus socioeconómico favorecen mecanismos de control exogrupo sobre los segmentos con menor estatus, percibiendo la rigidez penal como una herramienta para mantener el orden social. En contraposición, la menor clase social disminuye su respaldo a estas medidas punitivas, lo que sugiere una conciencia de la vulnerabilidad y el riesgo de que el fuero legal punitivo sea utilizado para su propia subordinación.

Finalmente, el estudio revela que la severidad punitiva opera como un rasgo autoritario sin matiz político, pues la autoubicación ideológica no fue una variable asociada a la agresividad autoritaria. En síntesis, la severidad punitiva es un fenómeno complejo alimentado por la legitimación de la eficacia estatal en el manejo de la seguridad, la persistencia de profundas desconfianzas institucionales y la reproducción de la dominación social.

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