9_Flor_Humpiri,_Jos__Choquehuanca,_F_lix_Ochatoma_y_Alfredo

Volumen 34 No. 1 (enero-marzo) 2025, pp. 148-157

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

DOI: 10.5281/zenodo.14510520

Estrategias comparadas contra la Trata de Persona en Perú y Ecuador, a partir de patrones delictivos y el uso de redes sociales

Flor Humpiri Núñez*, José Choquehuanca Calcina**,

Félix Ochatoma Paravicino*** y Alfredo Machaca Calderón

Resumen

Se compara la política criminal en contra de la Trata de Personas (TdP) en Ecuador y Perú, a partir de los planes a 2030 y del rol de las redes sociales en el patrón delictivo. Se observa, mediante análisis del discurso, que el plan ecuatoriano se caracteriza por una fuerte visión sociologicista, que coloca los problemas de la estructura social (como la ruralidad y la desigualdad) como las causas del delito, y por lo que se concluye que el mejoramiento de las condiciones sociales conllevaría a la reducción de la trata. Contrariamente, el plan peruano advierte sobre la necesidad de construir políticas criminales situacionales orientadas hacia la oportunidad delictiva y patrones delictivos, tal como sugiere ONUDC. Sin embargo, el enfoque sociológico estructural se impone sobre el plan cuando es traducido a un protocolo de actuación que se desentiende de éste. Se discute la pertinencia de cada formulación, a la luz de la prueba criminológica, y se advierte del precario papel asignado en ambos países a las redes sociales, como patrón común en el inicio del delito.

Palabras clave: Redes sociales; criminología situacional; políticas criminales; trata de personas

*Instituto Peruano de Producción Intelectual. Puno; Perú. ORCID: 0000-0001-5533-3433

E-mail: florxhiita@gmail.com

**Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca, Perú. ORCID: 0000-0003-3846-9034

E-mail: jchoquehuanca2456@gmail.com

***Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca, Perú. ORCID: 0000-0003-0655-8198

E-mail: feochatoma87@gmail.com

****Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca. Perú. ORCID: 0000-0002-5849-7764

E-mail: amc_contador@hotmail.com

Recibido: 03/10/2024 Aceptado: 08/12/2024

Comparative strategies against human trafficking in Peru and Ecuador, based on criminal patterns and the use of social networks

Abstract

The criminal policy against Human Trafficking in Ecuador and Peru is compared, based on the plans for 2030 and the role of social networks in the criminal pattern. We observed that the Ecuadorian plan is characterized by a strong sociological vision, which places the problems of the social structure (such as rurality and inequality) as the causes of crime, and because of it, they conclude that the improvement of social conditions would lead to the Trafficking reduction. On the contrary, the Peruvian plan warns about the need to build situational criminal policies oriented towards criminal opportunity and criminal patterns, as suggested by the UNODC. However, the structural sociological approach prevails over that Plan when it is translated into a protocol of action that ignores it. The relevance of each formulation is discussed, in light of the criminological evidence, and it is noted the precarious role assigned in both countries to social networks, as a common pattern in the beginning of crime

Keywords: Social networks; situational criminology; crime policies; human trafficking

Introducción

El debate estructura-situación en la política criminal andina y el nuevo rol de las redes sociales

Este artículo pretende evaluar la planificación de la lucha contra la Trata de Personas (en adelante, TdP) en Ecuador y Perú, no por su condición ética, legal, o relativa a la percepción de seguridad que produce, ni como componente política diseñada democráticamente, sino por su capacidad para reducir la criminalidad y, por ende, para proteger la paz social (Cano, 2002, p. 5; Mohor, 2007; Tudela Poblete, 2011). Para ello, se hará referencia a las políticas criminales probadas en Ecuador y otros países acerca de las ventajas de la óptica situacional, las políticas de proximidad (Ferret, 2004) y el 9° principio Peeliano de la actuación policial (Law Enforcement Action Partnership, 2024) para reducir eficientemente la TdP.

Para ilustrar el contexto teórico, se propone tomar como referencia el informe pionera de Lawrence Sherman, a partir de un informe solictiado por el Congreso de Estados Unidos en 1996, que contrastó más de cinco centenas de Planes y Proyectos de Prevención del Delito. El objetivo del Congreso era la justificación de sus partidas presupuestarias y, para Sherman, la identificación de estrategias eficientes, preguntñandose por qué algunas formulaciones eran más eficientes. El contexto de este informe fue el principio de Políticas policiales Orientadas a Problemas, o, sus siglas en inglés, POP (Problem Oriented Policing). Entre las conclusiones que se determinaron se resaltan, a los fines de este artículo, 4 ventajas estratégicas:

1. Aumento del número de agentes de policía de proximidad,

2. Detenciones no masivas, sino específicas, de pinzas, a personas de alto riesgo para el delito

3. Desarrollo de las condiciones de legitimidad de la Policía a través de la relación puerta a puerta (Sherman, 1996).

4. “Una minoría fuerte, una pequeña proporción de todas las unidades de conducta criminal, causa el mayor daño a la mayoría de los tipos de delito”, y debido a esto: “la eficiencia en la prevención del delito puede aumentar cuando los recursos se concentran en unidades de minoría fuerte, identifica das por el uso de patrones de comportamiento pasado” (Sherman, 2012, 8; Sherman, 1996).

Otras teorías situacionales del delito también prueban que el éxito de la prevención se basa en trabajo sobre pequeños y microespacios, es decir, donde un pequeño grupo de personas, actores de pequeños territorios, son responsables de producir la mayoría de los delitos (Weisburd, 2015, pp. 133-157; Weisburd et al., 2012). Este principio se ha medido también en Ecuador (Castro-Aniyar & Jácome, 2022) donde también se ha relacionado con la eficiencia de la policía de proximidad en la lucha contra el robo y el asesinato entre 2009 y 2015.

Los primeros informes sobre actividades sospechosas, llamados en la disciplina criminológica como “alertas tempranas”, parecen ser la clave de sistemas saludables que, aunque no pueden prever todas las transgresiones, pueden aumentar la prevención de delitos como la TdP. Los delitos, como la TdP, se producen en pequeños y micro terriotorio. La dinámica del territorio explica la oportunidad delictiva y los problemas de defensibilidad, por lo que el acceso a información abundante sobre la situación delictiva, es fundamental para levantar la data que se requiere. Esta teoría parte del principio de que las causas estructurales del delito, al desaparecer (y no es nada fácil para una sociedad hacerlas desaparecer), no conllevan mecánicamente a la desaparición del delito (Geertz, 1973, 23; Clarke, 1995). Esto sucede del mismo modo en que un fumador, al abandonar el cigarrillo, no se cura de cáncer pulmonar. Al mismo tiempo, la lógica de una oportunidad criminal solo puede transferirse de una situación a otra cuando ha sido observada con herramientas rigurosas la situación, y se ha establecido que se pueden comparar. Por ello, la visión estructuralista, a veces asociable al funcionalismo, no siempre advierte acerca la crucial importancia de no generalizar las políticas criminales en grandes territorios si no pueden ser testadas previamente mediante herramientas rigurosas, tal como se ha realizado exitosamente en Ecuador (Castro Aniyar et al., 2019; Castro Aniyar, Arias-Pacheco, Cevallos-Tubay, 2019).

La TdP requiere de este acercamiento basado en situación y proximidad. Desde esta perspectiva, la policía de proximidad constituiría una herramienta importante para aplicar estrategias de prevención efectivas desde la perspectiva situacional. Es posible presumir que agentes observando contextos situacionales (no solo policías, pero también ellos), bien orientados en territorios pequeños con alertas tempranas y buenas hipótesis de trabajo, tendría, al menos, algún efecto disuasivo en la reducción de la criminalidad.

El rol de las redes sociales en la TdP

El internet ha venido evolucionando creando mayores espacios temáticos y de interactividad. Sin embargo, el uso inadecuado de las redes sociales en una etapa de “especial vulnerabilidad” como es la adolescencia, puede agravar las situaciones de manipulación. Las nuevas interacciones se sostienen en los innumerables beneficios que implican el anonimato y la virtualidad, pero esto permite descargar las responsabilidades características de las relaciones interpersonales, dando espacio a diferentes prácticas, entre ellas, algunas de carácter penal (Castro Aniyar & Cajas, 2023). Fotos trucadas, ofertas ficticios de trabajo, y subrogación de identidad son algunas de sus prácticas, muchas de ellas, instrumentando delitos de mayor gravedad, como el secuestro y la TdP.

ONUDC establece la estructura del patrón a nivel mundial, estableciendo el nuevo rol específico de las redes sociales en la oportunidad delictiva. También el Departamento de Estado de los EEUU ha establecido los peligros de las redes, llamadas por ellos “tecnologías digitales”:

“Los traficantes hacen esto, por ejemplo, usando Internet para publicitar y vender niños en línea con fines sexuales, publicitar empleos falsos en plataformas de redes sociales que en realidad son esquemas de trata de personas, transferir criptomonedas a otros traficantes y perpetuar operaciones de estafa en línea” (US Department of State, 2024)1.

Localmente, una investigación resultante de una encuesta realizada en Perú entre profesionales del derecho muestra una correlación positiva media, r = 0,651, entre la comisión de TdP y el uso de redes sociales como parte de la estrategia de enganche. Su importancia es tal que la Fiscalía Especializada en Trata de Personas de Lima estableció que el uso de las fotos trucadas, la suplantación de la identidad desde diferentes dispositivos móviles, lo que pone el peligro de la TdP tanto en las redes sociales como en el acercamiento inicial de las víctimas al sistema criminal.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) dio a conocer que el papel de los medios digitales para el reclutamiento de víctimas de trata de personas ha sido “alarmante”. De acuerdo con Amnistía Internacional, los medios digitales se han convertido en una alternativa para los tratantes que no pudieron llegar a sus posibles presas a través del contacto personal. En este sentido, explica que los delincuentes han utilizado tanto estrategias digitales como mensajeria engañosa, sexting, groomind o sextorsion, para tener acceso a las posibles víctimas, reclutarlas o chantajearlas (Montilla, 2017).

Las redes sociales requieren que participes activamente, ya teniendo claro quién es el usuario, qué le gusta, quiénes son sus amigos, etc. (De Rivera, 2014). En los espacios grises de este conocimiento del propio círculo de familiaridades, a veces de estafa pura, o a veces de estafa infromada sobre el contexto de la víctima, reside y se prepara la estrategia de captación.

Desafortunadamente, desde el fraude, la extorsión, la pornografía infantil y las redes de TdP, no son delitos necesariamente inconexos, dada que ellos pueden revelar la vulnerabilidad del usuario, por lo que son asociables también las violaciones, los secuestros por dinero y los asesinatos.

El protocolo de Palermo establece el sistema de tres Ps, cuya ultima “P” corresponde a la Prevención de ocurrencia del delito. La Prevención, ante las otras “Ps”, como son la persecución policial/Judicial, la Protección de Víctimas, es la que podría reducir la existencia de estos delitos.

Se calcula que internet lo utilizan cotidianamente más de tres mil millones de personas, es decir, más del 40% de la población mundial. Las redes sociales son una de las herramientas más usadas por este canal de comunicación. Actualmente, son pocos los jóvenes en las sociedades desarrolladas que declaran no utilizar algunas de las más famosas, como Facebook, Instagram o Twitter (Platero & Acedo, 2016).

Pero su uso no es solo instrumental, pues la redes tienen un efecto en formas de dependencia psicológica, sobre todo en la población adolescente e infantil vulnerable. Uno de los problemas que conlleva la irrupción del ciberespacio en la vida cotidiana de los adolescentes es el referido a un posible problema de dependencia. En este sentido, un 7.5% asegura que afectaría a su estado anímico si no pudiera acceder a Internet durante varios días seguidos y un 35.3% indica que, aunque le molestaría, no supondría un problema grave. La percepción de malestar se manifiesta superior entre las mujeres, en la adolescencia tardía y entre los que cursan sus estudios en centros privados (Trujano et al., 2009).

La frecuencia de uso constituye una variable estrechamente vinculada con el grado de dependencia: un 11.5% se conecta entre tres y cinco horas y un el 5.5% más de cinco horas los días de diario, porcentaje que asciende en la adolescencia tardía. Este hecho resulta preocupante en la medida que puede reducir el tiempo dedicado a otras actividades, ya sean de carácter educativo, físico, social o familiar. De hecho, el 12.5% dicen haber bajado su rendimiento escolar, el 10.7% perciben haber reducido sus horas de sueño y el 4,5%, pasar menos tiempo con sus amigos (Mellado & Maldonado, 2017).

Sin embargo, a pesar de todo ello, es notoria la inexistencia de definición de patrones delictivos en los programas peruano y ecuatoriano sobre redes sociales y TdP. A continuación, se realiza un comparación de contenidos y narrativas de ambos programas.

Planificación comparada de Perú y Ecuador, al 2030

El Plan diseñado por Ecuador a partir de la inicativa de la ONUDC de establecer sus objetivos hasta el 2030, fue redactado en el 2019 (Ministerio de Gobierno, OIM, 2019) , y no ha tenido un seguimiento programático conocido o publicado. La Política Nacional peruana fue redactada en 2021 (Ministerio del Interior, 2021), y se redacta un Protocolo de acción en el 2023 (Ministerio del Interior, 2023) . Se muestra cómo la perspectiva estructural del problema, no mediante análisis del delito (prueba científica situacional) prepondera en los dos países, siendo que en Ecuador se redacta directamente de este modo, y en Perú la Política Nacional reconoce el valor del enfoque científico, aunque se disipa completamente en el protocolo de acción que debiese darle continuidad.

Fig. 1. Esquema comparado del discurso programático contra la TdP en Ecuador y Perú al 2030

	Plan de Acción Contra la Trata de Personas en Ecuador 2019 - 2030	Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030 (Perú-2021)	Protocolo intersectorial ara la prevención y persecución del Delito y la Protección, Reintegración de Víctimas de TdP (Perú-2023)
Diagnóstico del problema	“La pobreza, la exclusión y las jerarquías sociales (clase, etnia, género o edad) están en la raíz del problema y se consideran causas socioeconómicas estructurales que colocan a determinadas personas en mayor condición de vulnerabilidad frente a la trata de personas. Entre los factores estructurales se identifican también, los relacionados con la política y el papel de los gobiernos en la lucha o desinterés frente a esta problemática (incluso complicidad y corrupción).”	“Limitada vigilancia preventiva”, “Insuficiencia institucional para la perseución penal”, “Débil institucionalidad para la detección y el rescate y recuperación”.	No está mencionada, en ninguna parte, la “Política Nacional”. El problema no es diagnósticado, solo se da por sentado.
Estrategia central de prevención	“Prevención y promoción de derechos”, “Investigación (fiscal) y judicialización”, “Gobernanza”, “Eje de prevención y promoción de derechos”, “Eje de protección integral (basada en protección de personas vulneradas)”	“Ampliar la vigilancia preventiva contra la Trata de Personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad”, “Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada”, “Incrementar las Intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización”, “Incrementar la fiscalización y los controles preventivos en espacios de oferta informal de trabajo en contextos con poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad”, “Incrementar los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias”, “Incrementar el control de agencias, terminales y rutas de transporte periurbano e interprovincial” (…) “. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito”.	“Informar a las instituciones competentes”, “Generar información por sexo, orientación sexual, edad, estatus migratorio, discapacidad, origen étnico, etc.”, “Capacitar a los operadores de justicia”, “Elaborar material audiovisual”, “Elaborar sistema de evaluación”, “Desarrollar estrategias de prevención socio económico, y prevención cultural [¿?] dirigida a la población de vulnerabilidad-riesgo.”
Papel del análisis científico del delito	No se percibe el uso adecuado del concepto de situación, ni de análisis por pequeños o microterritorios.	Se identifica claramente la política asociada a la oportunidad delictiva, creando estrategias concretas de acción. Se corresponde a los protocolos de criminología situacional y la ONUDC.	No se percibe el uso adecuado del concepto de situación, ni de análisis por pequeños o microterritorios.
Papel de las Redes Sociales en el patrón delictivo	No se percibe niguna acción específica ni a nivel estructural o situacional, que incluya el problema de las redes sociales o tecnología digital	No se percibe niguna acción específica ni a nivel estructural o situacional, que incluya el problema de las redes sociales o tecnología digital	No se percibe niguna acción específica ni a nivel estructural o situacional, que incluya el problema de las redes sociales o tecnología digital

Discusión

El artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (ONUDC, 2004, Art. 29) establece que los programas de formación en prevención deben incluir:

“Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras formas de la tecnología moderna”

El mismo prefacio establece que la “sociedad incivil” hace uso de la tecnología para ganar superioridad sobre los vulnerables:

“(…) cada vez en mayor número y con armas más potentes, se encuentran las fuerzas de lo que denomino la ‘sociedad incivil’. Se trata de terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil. Sacan ventaja de las fronteras abiertas, de los mercados libres y de los avances tecnológicos que tantos beneficios acarrean a la humanidad. Esos grupos prosperan en los países con instituciones débiles y no tienen escrúpulos en recurrir a la intimidación o a la violencia. Su crueldad es la verdadera antítesis de lo que consideramos civil. Son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares; pero no son invencibles (…) Los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña” (ONUDC, 2004, iii-iv)

El enfoque preventivo de ONUDC en su protocolo base se centra en la investigación científica, la investigación judicial, el trabajo intersectorial e internacional, el control de fronteras y los documentos migratorios, lo que coincide mucho mejor con la criminología situacional, y la Politica Nacional peruana del 2019.

Es posible, por tanto, establecer la ausencia de una visión basada en políticas concretas y medidas científicamente como eficientes, en el diseño de la política criminal tanto Ecuatoriano como Peruano. También llama la atención la ausencia de la variable “redes sociales” o “tecnología digital”, ya inferidas en la Convención de Naciones Unidas sobre TdP del 2004.

Todo esto pone de relieve cuán necesario es que la sociedad en general y en particular las adolescentes y jóvenes, como sector más vulnerable, tomen conciencia de que las relaciones interpersonales que se gestan en las redes sociales no siempre son saludables, así como de los patrones que facilitan la oportunidad delictiva. La data disponible, sobre todo a partir del Departamento de Estado de los EEUU, permite establecer que los adolescentes y jóvenes, nativos digitales, se relacionan a través de las tecnologías sin tener una clara percepción del riesgo y las consecuencias negativas para su formación ética que entraña su inadecuado empleo. Es posible que ello esté relacionado con una errada sensación de inmunidad, lo que los convierte en potenciales víctimas de nautas digitales inescrupulosos. En consecuencia, es necesario que se desarrollen estrategias e investigaciones pedagógicas, psicológicas, sociológicas y, sobre todo, etnográficas y de análisis situacional del delito, para la protección de las nuevas generaciones de ecuatorianos y peruanos, respetuosas de la dignidad humana (Calva Nagua et al., 2019)

Conclusiones

Adolescentes y jóvenes mujeres de 12 a 24 años son las principales víctimas en el Perú y Ecuador de la trata de personas, un delito que se ha expandido por todo el mundo y que es considerado la esclavitud de los tiempos modernos.

Han transcurrido más de seis meses desde que la emergencia sanitaria por el Covid-19 afectó la economía del país, las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad o pobreza representan una oportunidad para los captores, que buscan a través de ofertas de trabajo y redes sociales a mujeres, niñas, niños y adolescentes para someterlos a explotación laboral o sexual.

La trata de personas es un negocio ilegal que parece estar creciendo en el mundo entero. A pesar de ello, se carece de estadísticas confiables que permitan conocer el número de víctimas, lo cual hace más difícil combatir este delito.

Este delito es una realidad con la cual convivimos que afecta de forma particular a los niños, niñas y adolescentes. No distingue fronteras y está cobrando cada vez más víctimas en el Perú y Ecuador. Es el caso de menores de edad que son secuestrados, coaccionados, retenidos, reducidos a la esclavitud y obligados a prostituirse, o mendigar en las calles. Otros son reclutados para trabajar a cambio de nada y viven en condiciones infrahumanas.

De esta manera, los derechos fundamentales de estos menores de edad son vulnerados, entre ellos: el derecho a la integridad moral, física y psicológica, el derecho a llevar un nivel de vida adecuado con el consiguiente desarrollo físico, emocional, cognitivo y social; el derecho a la indemnidad y a la libertad sexual, el derecho a la salud y el derecho a la educación. En el Perú, como en el mundo, la modalidad de trata que más afecta a niños, niñas y adolescentes es la explotación sexual. Ésta implica el ejercicio de actividades sexuales ya sea con o sin contacto físico.

Pornografía infantil, acoso y bullying son solo algunos de los peligros sociales que tienen en el ciberespacio, y hacen que los cuidados y protección de nuestras personas menores de edad requieran del conocimiento de estos entornos en que se desenvuelven para poder orientarles en cómo evitar ser víctimas.

En este alarmante contexto, el análisis de los discursos oficiales revela problemas en relación al excesivo sociologicismo estructuralista en el diseño del programa ecuatoriano, y luego en el protocolo del programa peruano (pasando por encima de las definiciones situacionalistas de la propia política nacional peruana diseñada al 2030 en el 2021). Todo ello indica que los diagnósticos siguen repitiendo discursos aprendidos y aun no se enfocan en la practicidad de los modelos situacionales o de análisis del delito, inaugurado por el protocolo de la ONUDC en 2004 así como en la prueba científica criminológica que experimentó el mismo Ecuador.

A pesar de este problema de enfoque, aun dominado por lo preconceptos estructuralistas de la cierta sociología latinoamericana, sigue siendo importante comprender la naturaleza de los procesos a partir de información abundante, fiable, compleja y concreta, y no desde la tradicional comodidad de los relatos consumados en la sociedad, o de las ideologías.

No sólo la ausencia de programas de prevención con enfoque situacional y territorial parece ser evidencia de este problema, sino, incluso, la ausencia de estrategias que incluyan los territorios virtuales de las redes sociales, y otras fuentes de internet, que reproducen riesgos entre las edades más vulnerables de ambos países.

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US DEPARTMENT OF STATE (2024). 2024 Trafficking in Persons Report. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/

1 Traducción propia