Volumen 33 No. 3 (julio-septiembre) 2024, pp. 199-201

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12909857

PERDOMO, Gloria y PÁEZ S, Gustavo. -Coords- (2023) Violencia contra la niñez y la adolescencia. Victimas ignoradas e invisibles. Editorial ALFA, Caracas, Pp. 534.

Los capítulos de este libro atienden a la urgente necesidad de documentar y hacer visibles distintas formas de violencia y vulneración de derechos contra la niñez y la juventud, realidades de sufrimiento, privaciones y daños que siguen ocurriendo y se mantienen ocultas, ignoradas y silenciadas por el miedo, la indolencia y la impunidad.

Lo que el texto evidencia es un incremento y gravedad de las manifestaciones de estas violencias, que no aparecen en estadísticas públicas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera son conocidas por autoridades e instituciones del Estado, jurídicamente obligadas a la protección inmediata e integral de estas víctimas. Con el aumento y la multiplicidad de diversas formas de violencia, también parecen haber crecido la ceguera y la incapacidad para reconocer que se trata de daños irreparables que podrían ser evitados y que, en todos los casos, deben ser diligentemente atendidos.

La expansión y el agravamiento de la violencia delincuencial y de la letalidad policial han tenido, entre sus más lesivas consecuencias, un aprendizaje social de la violencia que promueve la adopción de normas y creencias propias de una cultura de la violencia que venimos asumiendo sin valorar sus consecuencias e implicaciones.

Tan frecuente es la agresión y el maltrato que la discriminación, las amenazas y el abuso de poder se han convertido en hechos que pueden ser admitidos como algo común y habitual. La convivencia con la arbitrariedad nos impide reconocer que las injusticias, la agresión y el trato humillante son formas de violencia que afectan la integridad personal y violan derechos humanos. Es necesario reflexionar sobre cómo la frecuencia de muertes, violaciones, ofensas y amenazas va generando su percepción como realidades inevitables, “normales” e incluso como hechos que dejan de causar alarma y pueden pasar desapercibidos. Así de profundo puede ser el daño producido a nuestra ética social.

Uno de los principales indicadores de la miseria y la postración que agobian a nuestro país es justamente la inercia y lo precario de la movilización ciudadana para denunciar las muertes, lesiones y otras violaciones de los derechos humanos de la niñez y la juventud, población particularmente vulnerada, violentada y desasistida.

Los estudios que aquí se publican pretenden justamente promover conciencia social sobre vulneraciones de derechos humanos y atropellos a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que no pueden ser justificados ni admitidos. Ninguna excusa es aceptable para subestimar, o dejar de observar y atender, la gravísima emergencia social que implica la violencia contra esta población vulnerada, que sigue afrontando injusticias, riesgos, lesiones y muertes.

Han pasado tres lustros desde la publicación del Informe Mundial de la Violencia contra los niños y las niñas, documento que armó, con evidencias suficientes, la globalización de la violencia contra la niñez y la juventud. Con este relevante estudio, la Organización de Naciones Unidas alertaba a los Estados que suscribieron la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 sobre su deber de prevenir, investigar y sancionar las muertes, lesiones y otros graves daños a esta población.

Venezuela ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y, ocho años después, aprobó la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), una ley nacional garantista de derechos humanos de la niñez. Ciertamente, las normativas y tratados internacionales de DDHH se han incorporado con significativos aportes en nuestro marco legislativo, que es hoy robusto en derechos y garantías de protección a la niñez y la juventud. Sin embargo, se aprecia un enorme abismo entre los imperativos y demandas jurídicas y el desempeño o, más propiamente, el abandono y la inacción de las autoridades públicas. Si alguna capacidad han mostrado, ha sido la de lograr la destrucción, el abandono y la parálisis de las pocas instituciones y medios de protección que con tantos esfuerzos y sueños fueron edificados por organizaciones sociales y algunas autoridades locales en épocas anteriores.

Afrontamos hoy graves desafíos por tantas omisiones e incumplimientos del Estado con la niñez y la juventud. Y, efectivamente, todo lo que se ha dejado de hacer, tantas privaciones, abandono y desprotección, necesariamente tendrán consecuencias en el tipo de convivencia y en el nivel de desarrollo que tendremos en las próximas décadas. De lo que se hace hoy por la educación, la salud y la debida protección a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes depende nuestro destino como sociedad; esta convicción, reiteradamente pronunciada por educadores, familias y organizaciones sociales, sigue siendo despreciada y desatendida por quienes incumplen sus obligaciones como garantes de derechos humanos.

Al presentar este estudio, demandamos la restitución de los derechos vulnerados a la niñez y la juventud, pidiendo justicia y reparación de los daños causados. Exigimos la atención prioritaria de esta población, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 78 y 79, que establece el deber de garantizarles protección integral y especializada, con órganos, normativas y personal especializado para asegurar la calidad de los programas y acciones de protección.

Para exigir que la población infantojuvenil sea protegida, una acción primordial es la de conocer realidades, contar con datos sobre la situación de la niñez e identificar las manifestaciones de la violencia en la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es difícil o casi imposible acceder a información pública, por lo que se requieren, y son muy necesarios, los estudios locales, la consulta directa a los afectados mediante el levantamiento de información, en los distintos territorios, sobre condiciones de vida, factores de riesgo, capacidades disponibles y oportunidades de protección. El texto que aquí se presenta aspira a contribuir a este propósito.

El libro contiene distintos estudios que se presentan en tres apartados diferenciados. En la primera parte, se muestran investigaciones sobre indicadores que examinan la situación de los derechos a la vida, la salud, la integridad personal y en cuanto a las garantías de protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Los autores son profesionales con calificada trayectoria académica y con una vasta experiencia en organizaciones sociales que trabajan en la promoción y defensa de derechos humanos en Venezuela, a quienes agradecemos su contribución desinteresada en esta obra colectiva.

En el segundo apartado, los investigadores de distintas universidades nacionales que hacen parte de la red de centros del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) exponen y analizan los resultados del cuidadoso trabajo de investigación que han realizado con el monitoreo de indicadores de violencia y mediante la realización de un trabajo de campo sobre situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cada estudio aporta un acercamiento a comunidades, instituciones y familias, cuyo testimonio y opinión ofrecen un rostro y la voz de personas víctimas de violencia. Como se podrá apreciar, cada documento presentado es un esfuerzo destinado a conocer realidades de pobreza, exclusión y violencia que permanecen invisibles e ignoradas.

En la tercera y última parte, se presenta una propuesta de políticas públicas, servicios y programas para prevenir y brindar protección integral a la niñez y la juventud, entendiendo que es posible prevenir la violencia, mitigar sus daños y reparar o restaurar sus consecuencias en la vida de las personas, reduciendo sus impactos y las posibilidades de su escalamiento.

Olga Ávila

Universidad Central de Venezuela

E-mail: olgavila@gmail.com