Volumen 32 Nº 4 (octubre/diciembre) 2023, pp.183-200
ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10107629
Los Bienes comunes y el desafío de la preservación de los recursos naturales
Oshiel Martínez Chapa* y Jorge Eduardo Salazar Castillo**
Resumen
La actividad económica se halla vinculada, además de otros factores productivos, a la utilización de los recursos naturales. Para los pobladores de las regiones rurales y comunidades de México se hace indispensable su coexistencia a partir de los diversos tipos de propiedad, entre ellas la de los bienes comunes. El trabajo emplea datos relativos del Registro Agrario Nacional y utiliza la metodología de tipo cualitativa y cuantitativa. El objetivo de este reflexionar en torno a la importancia de dichos bienes, dado que se contempla su existencia en la legislación. La hipótesis es que la agenda del desarrollo no estará completa si no contiene los aspectos de la sustentabilidad. Los resultados muestran las carencias de apoyos públicos, pero también la subvaloración de dichos espacios. Se concluye que es indispensable el fomento de prácticas de cuidado de estos recursos naturales para lo cual deben hacerse valer las regulaciones existentes.
Palabras clave: Desarrollo sostenible; Bienes comunes; Preservación de recursos naturales; Bosques; Economía medioambiental; Sociología rural.
*Tecnológico Nacional de México y Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ciudad Victoria, México. E-mail: omartinez@uat.edu.mx ORCID: 0000-0001-9675-5472
**Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ciudad Victoria, México.
E-mail: jorge@uat.edu.mx ORCID: 0000-0002-1138-2353
Recibido: 12/05/2023 Aceptado: 28/07/2023
The Common goods and the challenge of preserving natural resources
Abstract
Economic activity is linked, in addition to other production factors, to the use of natural resources. For the inhabitants of the rural regions and communities of Mexico, their coexistence is essential based on the various types of property, including that of common goods. The work uses relative data from the National Agrarian Registry and uses a qualitative and quantitative methodology. The objective is to reflect on the importance of these assets, given that their existence is contemplated in the legislation. The hypothesis is that the development agenda will not be complete if it does not contain the aspects of sustainability. The results show the lack of public support, but also the undervaluation of these spaces. It is concluded that it is essential to promote care practices for these natural resources, for which existing regulations must be enforced
Keywords: Sustainable development; Common goods: Preservation of nature resources; forests; Environmental economics; rural sociology
Introducción
El desarrollo económico es el principal objetivo para los países y se relaciona con el mejoramiento de los niveles de renta, bienestar y capacidad de los pueblos. El mismo resulta fundamental para reducir las desigualdades económicas, fomentar el respeto a las libertades y procurar mayor justicia social (Ray, 2002:228-229.). El desarrollo presente y futuro de la sociedad no debe comprometerse al anteponer solo las metas de rentabilidad financiera y crecimiento económico, pues cuando ello se privilegia produce crisis en todas sus esferas y, en consecuencia, se priva del aprovechamiento del potencial humano y de los recursos naturales.
En las economías rurales, las pequeñas y medianas empresas efectúan una contribución muy importante en los ámbitos familiar y local, aun cuando sus actividades se valen de menores recursos tecnológicos. En ese sentido, se amerita del apoyo de profesionales en la investigación de mercados, comercialización y negociaciones. El conocimiento y el entrenamiento son fundamentales en el propósito de mantener activas dichas comunidades (Martínez Chapa & Salazar Castillo, 2022).
El cuidado de los recursos naturales genera empleos e ingresos y evita el deterioro y la consiguiente escasez de bienes. Ello ha suscitado creciente interés en salvaguardarlos, especialmente una vez que se ha tomado conciencia de la magnitud del deterioro y de indolencia ante tal situación. La cultura de descuido, subvaloración social, así como la preeminencia de la explotación utilitarista respecto a dichos recursos son tales que, incluso se dan disputas por el acceso y el control de estos.
Los recursos naturales compartidos en las comunidades forman parte de los bienes comunes y obedecen a arreglos intermedios entre los bienes públicos y bienes privados. Se trata de arreglos que se circunscriben a comunidades, los cuales presuponen cooperación, buena voluntad y trabajo colaborativo. Aunque los espacios comunes existen en muchos casos, hay una presión extraordinaria de las corporaciones y aun de funcionarios públicos para privatizar los recursos naturales estratégicos bajo la premisa de que los mercados privados tienen mejor asignación a partir de los incentivos financieros. Las playas, parques nacionales, lagos, costas y demás recursos naturales que han sido de disfrute por generaciones han experimentado elevados costos de conservación. No obstante, esto no debe ser pretexto para dejar a la deriva su necesaria preservación.
La idea de los bienes comunes tiene implícitos derivaciones positivas para la sociedad. El mundo se beneficia de las posibilidades de mejorar estos espacios y de nuevos horizontes de estos. Su gestión debe ser aquella que conduzca a buenas prácticas de gobernanza. De entre cientos de estudios efectuados en diferentes países, se deben considerarse los principios de aquellas prácticas que han derivado en buena gestión sustentable.
Un bien común incorpora requisitos básicos de justicia social en la que los ciudadanos se brindan derechos y libertades entre sí; dicha relación implica pensar y actuar de forma que manifiesten preocupación mutua. El bien común exige a los ciudadanos que mantengan ciertas pautas de conducta sobre la base de que estas pautas sirven a ciertos intereses comunes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2018:11).
Los bienes comunes también se hallan circunscritos en la legislación de México y, por tanto, ameritan su preservación con los recursos y presupuestos que lo ameriten. El artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable –reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política– en materia de regulación señala que tiene por objeto reglamentar y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenamiento, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos.
Ya desde hace varios milenios se ha señalado como soluciones factibles a la preservación de dichos recursos naturales y a su utilización responsable el considerar los principios de armonía y de respeto. Así, en la cultura hebreo-cristiana, se indica la necesidad de que la tierra descansase cada siete años (véase Levítico 25:1-17; Génesis 1:27-31; Salmos 8:5-8; San Mateo 6:30; San Lucas 12:24).
El presente trabajo se divide en las siguientes partes: La primera aborda el marco conceptual y proporciona una revisión de la literatura. La segunda parte señala la metodología y los datos empleados. La tercera se dedica a los resultados y discusión. Finalmente se señalan las conclusiones.
Marco conceptual y revisión de la literatura
De acuerdo con Hussain (2018) los bienes comunes se refieren a aquellas facilidades materiales, culturales o institucionales que los miembros de una comunidad brindan a todos los miembros para cumplir con una obligación relacional que todos tienen de cuidar ciertos intereses que tienen en común. Algunos ejemplos del bien común en una democracia moderna incluyen: el sistema de carreteras; parques públicos; protección policial y seguridad pública; tribunales y sistema judicial; escuelas públicas; museos e instituciones culturales; transporte público; libertades civiles, como la libertad de expresión y la libertad de asociación; el sistema de propiedad; aire y agua limpios; y defensa nacional. El término en sí puede referirse a los intereses que los miembros tienen en común o a las instalaciones que sirven a intereses comunes.
Por otro lado, un bien común, también llamado recurso de propiedad común es un bien no excluible y rival. Un bien no es excluible si no puede evitar que nadie lo use, por ejemplo, un bosque nacional o un río público. Rival significa que lo bueno puede agotarse. Se puede talar todo un bosque de una sola tala (Common Goods in Microeconomics: Definition, Comparison & Examples, 2017).
Respecto a los bienes comunes, Ostrom (2000) muestra como algunas sociedades han desarrollado arreglos formales e informales, o derivados de sus costumbres, los cuales al ser gestionados de manera común pueden tener el buscado éxito entre sus miembros. De hecho, la autora referida sostiene la existencia de ejidos y comunidades en México, las cuales sirven alrededor de tres millones de familias y hacen posible buena parte de la producción rural del país.
Los economistas identificados con la corriente institucional, entre ellos Ostrom, O. North, Williamson, Anderson y demás han reconocido el papel relevante de los derechos de propiedad en el crecimiento economio, pues tales derechos constituyen incentivos para la acumulación de capital e inversión. Por otro lado, existen experiencias donde la propiedad colectiva ejidal en diversos países muestra poco avance en cuanto a capitalización de dicha actividad (Ramis Olivos, 2013). Esta restricción reside en que no están debidamente definidos los límites y alcances que tienen en específico los ejidatarios y comuneros, así como la falta de incentivos.
En este mismo orden de ideas, de acuerdo con Barba & Jaimovich (2022) la cultura de los habitantes en un área de cierto bien común afecta su forma de explotación. Los bienes comunes existentes en áreas límites de etnias diferentes tienden a no ser aprovechados, por los problemas culturales que impiden la coordinación de la explotación. Así etnias vecinas donde una se dedica a la ganadería y otra a la agricultura tienden a no alterar un bosque en su conversión a tierra de cultivo.
Otros trabajos pioneros en este campo de investigación que merecen citarse son los siguientes: En primer término, el Problema del costo social, de R. Coase (1960), quien establece que, al existir derechos de propiedad en las partes en disputa debido a externalidades se deben crean incentivos para alcanzar una negociación. Adicionalmente, bajo la premisa de buena voluntad entre las partes, se eliminan los denominados impuestos pigouvianos (en referencia a Pigou, 1932) dado los mínimos costos de operación. Según Brue & Grantt (2009:404-406), no obstante, cuando los afectados son un número indeterminado, las externalidades son muy dispersas e incalculables, propiciándose así la necesidad de intervención del Estado, quien determina las multas, cargos, exigencias de reparación de daños, además de la necesidad de nuevas reglas para evitar mayores problemas.
Debe señalarse el hecho de la inevitabilidad de conflictos suscitados por el acceso y control de recursos naturales en vastas regiones de México. La apertura comercial emprendida desde la década de los ochenta ha sido impulsada a través de programas de privatizaciones y reformas estructurales, dándose lugar a una disputa por los recursos naturales valiosos y estratégicos para el desarrollo de las comunidades.
No obstante lo anterior, la conservación de los bosques ha sido posible gracias a los esfuerzos de los actores locales (ejidos y comunidades). Ante el proceso de liberalización mencionado se ha hecho indispensable la organización de los actores locales en las diversas regiones del país. Esto lo describe Barkin en los siguientes términos:
Con la promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 hubo muchos augurios de la caída de la producción maicera por falta de competitividad con los granos importados, sobre todo el transgénico de Estados Unidos. A diferencia de estas predicciones, los pequeños productores de pequeña escala han logrado sus rendimientos y la producción, aun cuando estén también diversificando el abanico de actividades en que se ocupan para asegurar sus necesidades; modificaron sus patrones de producción, involucrándose directamente en la comercialización de productos de consumo en la población que aprecia la calidad de sus esfuerzos. (2002:66)
En otro trabajo de investigación Barkin (2015) sostiene que ante el embate de las corporaciones para acceder a dichos recursos naturales, las comunidades están colocando la política y la ética en el centro de la vida social, dejando de lado la supremacía del cálculo económico para tomar decisiones que atañen a sus intereses en un contexto de gestión de los ecosistemas. Para tal propósito ha sido conveniente la construcción de alianzas con comunidades; sean estas o no contiguas. Sus acciones están orientadas a defender sus recursos y sus vidas, alejándose de la posibilidad de ser absorbidos por las corporaciones e intereses del gran capital internacional.
Aunque pueden derivarse principios defectivos en el manejo de cierto tipo de bienes comunes, las diversas culturas han utilizado formas diferentes al cambiar el contexto. Es de notar la existencia de reglamentaciones impuestas desde el exterior a la comunidad, como en el caso de agencias gubernamentales, las cuales son propensas a fallar (Ostrom et al., 2012). En ese sentido, para desarrollar los bienes comunes es necesario preservar a partir de una cultura de quienes disponen de dichos recursos a la par de los demás agentes económicos e institucionales que tomen decisiones cruciales (Martínez Chapa y Salazar Castillo (2019).
En este mismo orden de ideas, de acuerdo con Cuevas Islas & Rosas Baños (2022) los actores externos que impulsan proyectos de desarrollo de bienes comunes deben cuidar que su participación construya un sentido comunitario a partir de esos proyectos, es decir, que se apropien de ellos, los lleven a cabo, se organicen y participen en una coincidencia de enfoque. Y es que cuando las comunidades no están dispuestas a destinar su patrimonio natural a la actividad indicada en un proyecto ocurren situaciones como las siguientes: se genera apatía, resistencia y aun abandono a dicho proyecto. El bajo nivel de filiación al proyecto y la débil conexión emocional de los miembros de la comunidad no ayudan a la satisfacción de necesidades de estos.
En la perspectiva de la denominada Tragedia de los comunes, Hardin (1968) plantea la crítica fundamental de la propiedad común según lo cual no se potencia su uso dado que no están claros sus alcances y sus límites, reduciéndose así los incentivos para la inversión. En esa perspectiva el resultado, en el peor de los casos, puede ser la depredación, anarquía y sub-aprovechamiento, por lo cual los miembros de estos colectivos suelen estar expuestos a pleitos y querellas, y por tanto al pago de servicios extras a abogados, expertos en propiedad, notarios, funcionarios públicos y demás.
Por otro lado, en la denominada Maldición de los recursos naturales se plantea la existencia de actividades en las que se da lugar a la rapiña, despojo, invasiones y disputas legales, incluso violencia y muerte, con lo cual se revela el inadecuado funcionamiento de las instituciones responsables de la preservación de estos recursos de conformidad con las regulaciones y normas medioambientales creadas. Estas instituciones, en muchos casos, se hallan limitadas desde su origen, ya que no cuentan con suficientes recursos humanos, materiales y financieros para llevar adelante este trabajo. En los hechos, no disponen de capacidades reales para obligar a los transgresores a reparar las afectaciones sobre dichos recursos.
Como experiencia de lo anterior merece citarse el caso de la comunidad aborigen Kolla, en Argentina. Cuando el gobierno expropió más de 24000 hectáreas (ha) y las transfirió en forma de posesión comunitaria se advirtió apatía. La incesante llegada de planes y proyectos sociales y su penetración en las relaciones familiares propició desunión y la pérdida de incentivos para trabajar. Paradójicamente luego de la expropiación varias de las familias dejaron de sembrar y de tener hacienda (Espósito, 2022).
La tragedia de los bienes comunes es un fenómeno económico en el que varios individuos intentan explotar los recursos compartidos hasta el punto en que la demanda supera rápidamente a la oferta. Entonces, el recurso no está disponible para la sociedad en general. Cuando se trata de bienes comunes, la tragedia de estos puede ocurrir rápidamente. Ello puede advertirse en actividades diversas, entre ellas la pesca, agricultura, ganadería, cuidado de los bosques y demás. El caso es que las mejoras en las tecnologías pesqueras llevaron al agotamiento de la población de bacalao y fracasó toda una industria. Una elevada demanda y precios también pueden deteriorar estos recursos. Como una solución a ello, se plantea instar al mercado privado a incrementar la producción eficiente y sostenible (Common Goods in Microeconomics: Definition, Comparison & Examples, 2017).
No obstante las experiencias adversas de pobres resultados en términos de gobernanza, la gestión de los bienes comunes se impone como una necesidad impuesta por la situación de quienes viven en regiones en las que los pobladores comparten recursos naturales. En este orden de ideas. En Private and Common Property Right, E. Ostrom y Hess (2007) señalan la existencia de una disputa entre lo público y lo privado. El citado trabajo analiza las diversas actividades económicas como la pesca, el cuidado de los bosques, del agua, los suelos y demás recursos naturales estratégicos, los cuales son a menudo infravalorados. Bajo este paradigma se insta a que los agentes económicos sean capaces de solucionar sus diferencias y conflictos de interés, para lo cual los acuerdos de las asambleas deben estar definidos, además de leyes federales creadas al respecto.
Al analizar el trabajo de Ostrom, Gordillo señala la enorme contribución del planteamiento de dicha autora, no sólo a la Economía, sino también a otras disciplinas del quehacer científico y ello lo expresa en los siguientes términos:
Ostrom ha sido pionera en los estudios de instituciones informales que la gente crea para racionalizar el uso de los bienes de uso común, es decir, aquellos bienes compartidos entre muchos que pueden ser objetos de desgaste en ausencia de mecanismos de regulación. Garret Hardin en los 60 lo ejemplificó con una pradera donde los campesinos llevan sus ganados a pastar y vaticinó que dejados a su propia inercia terminarían por deteriorar el pastizal. Para evitarlo consideró dos posibilidades: que estos terrenos entraran al mercado y se privatizaran; o que el Estado interviniera regulando su uso. Ostrom, a partir de su enorme trabajo de campo revisando experiencias en muchas partes del mundo en el manejo de zonas pesqueras, de áreas forestales, y sobre todo de sistemas de riego, encontró que había otra vía: que las propias comunidades creen instituciones; es decir, de reglas escritas e informales para manejar sus propios recursos. (2009:2)
Metodología y datos
El presente trabajo es combina aspectos propios de una investigación de tipo cualitativo por cuanto recurre a documentos diversos para fundamentar los aspectos relacionados con la revisión de la literatura y la descripción de los hecho. También recurre a la metodología de tipo cuantitativa por cuanto emplea estadística descriptiva para el análisis de los datos. Cabe señalar que los datos empleados proceden fundamentalmente del Registro Agrario Nacional de México para el periodo 2010-2022.
Resultados y discusión
Los aspectos que son objeto del análisis de los resultados y la discusión se describen a continuación y estos son los siguientes: 1) La preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, destacándose a los bosques; 2) Los recursos forestales en México como experiencias de análisis; 3) Los desafíos actuales de México y propuesta de acciones a implementar.
1) La preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, destacándose a los bosques
La producción forestal es fundamental en los países, pues cientos de miles de familias y comunidades enteras dependen del cuidado y aprovechamiento de estos recursos estratégicos. También se justifican como parte de los ecosistemas indispensables para la vida. A lo largo del tiempo, la ciencia y el conocimiento popular han constatado la contribución fundamental de los recursos naturales.
Según Monterroso (2015), los recursos forestales aportan beneficios de enorme valor al medio ambiente, entre los cuales figuran: 1) provisión de frutos, medicinas, madera y carbón; 2) filtración del follaje de las partículas del polvo del aire y sirve de albergue a la vida silvestre; 3) exhibición de riqueza de paisaje y en ellos hay lugar para la recreación y sano esparcimiento; 4) reducción del calor en el ambiente, reduciendo la cantidad de luz solar; 5) absorción a través de las hojas de varios gases venenosos y producen oxígeno; 6) provisión de nutrientes de las hojas secas al descomponerse en el suelo; 7) reducción de los ruidos y la velocidad del viento; 8) prevención de la erosión del suelo; 9) propensión a incrementar el valor de una propiedad a través de los árboles y, 10) producción de la madera y demás bienes dadas sus capacidades para conservar los suelos y las aguas.
Hablando en específico sobre el significado y contribución diversa de los bosques, Tarbuck & Lutgens (2010) consideran que la mayor parte de los nutrientes que sustenta los bosques tropicales se halla encerrada en sus propios árboles. Si la vegetación muere y se descompone, las raíces de la vegetación reciben sus nutrientes con mayor rapidez. A medida que los árboles mueren de forma natural, los nutrientes se reciclan continuamente. Sin embargo, cuando se cambia el uso de la tierra con el fin de obtener mayor espacio para la ganadería, los cultivos o para obtener madera, se suele eliminar la mayor parte de los nutrientes, acelerando la erosión del suelo con graves consecuencias. La vegetación entraña un mejor agarre del suelo a partir de las hojas y ramas, lo cual desvía la fuerza de las lluvias torrenciales y huracanes. La eliminación de la vegetación, por cualquier causa, expone al suelo a la fuerte radiación solar directa y con ello ocurre un endurecimiento de la tierra, impidiendo que el agua penetre hacia el subsuelo y se aproveche al máximo.
En cuanto a la situación que enfrenta la sociedad actual respecto de dicho recursos naturales, según Craig et al (2012), aunada al problema de la deforestación, se halla la desertificación de vastas regiones del mundo. En estos casos el problema está relacionado con la forma en la cual se busca acrecentar en el corto plazo el capital económico. El asumir que se puede prescindir de los bosques en aras de conquistar mayor espacio urbano es un error con efectos incalculables en cuanto al deterioro en las condiciones de vida de ciudades y comunidades rurales. Según se advierte en esta visión, el problema es de carácter no solo de búsqueda de rentas, sino también de ética pública y corporativa. La Tabla 1 proporciona una descripción con respecto a las causas, efectos y recomendaciones de política sobre la problemática en cuestión.
Tabla 1. Deforestación: causas, efectos y acciones de políticas requeridas.
Fuente: Martínez Chapa & Salazar Castillo (2019:3).
En este mismo orden de ideas debe señalarse que los bienes comunes, como también los públicos y los privados ameritan preservarse con una estrategia que permita su aprovechamiento racional. Existen obligadas preguntas relativas al desarrollo de estos, así como a la necesidad de sujetarse al Estado de derecho y a los principios de la ética. Conviene preguntarse, entre otras, las siguientes cuestiones: ¿Cómo han contribuido estos recursos naturales al desarrollo económico y social? ¿Por qué en la mayor parte de los países la pobreza y la desigualdad social se hallan tan arraigadas a pesar de la dotación de recursos naturales? La cuestión es que solo se advierte altos niveles de desarrollo en un número limitado de naciones. Desafortunadamente América Latina se nos presenta como paradoja: naciones ricas en recursos naturales y estas mismas con niveles de desigualdad persistente.
Existen algunos mecanismos que constituyen un disuasivo contra las prácticas depredadoras: expedición de licencias temporales, vigilancia, apoyo tecnológico para la prevención de desastres, castigos ejemplares contra los transgresores de las leyes, entre otros. Es evidente que sin corrupción y sin impunidad se previenen el deterioro, la depredación y la anarquía, lográndose con ello que las generaciones actuales y del futuro accedan a estos recursos valiosos.
Sobre la necesidad de conciliar la conservación de los recursos naturales con el desarrollo económico Cunninghan et al. señalan lo siguiente:
Muchas de las especies más seriamente amenazadas y ecosistemas del mundo se encuentran en los países en desarrollo, especialmente en los trópicos. Esta situación preocupa porque estos países son guardianes de los recursos biológicos que pueden ser vitales para nosotros. Desafortunadamente, donde los sistemas políticos y económicos fallan para proveer la tierra, empleos, alimentos y demás privaciones los ciudadanos en el ánimo de proteger las tierras, plantas y animales para sus necesidades (2005: 271).
Cuando no se privilegian acciones de conservación de los recursos naturales se advierten consecuencias como los deslaves, inundaciones y demás daños a los ecosistemas y a la población humana. Por tanto, es apremiante la protección de dichos recursos naturales. Ramos M. y Gutiérrez, D. (2019) señalan ejemplos de recuperación, con las medidas apropiadas, aún en el caso extremo de deterioro del ambiente causado por las empresas mineras.
Si los recursos públicos son bien administrados, tanto por empleados del gobierno como por los ciudadanos, los mismos generarían incontables beneficios sociales. Cada caso y situación de gestión de bienes comunes ameritan su propio tratamiento. Sin embargo, en todos los casos deben existir incentivos para la preservación y uso racional (E. Ostrom y Hess, 2007).
2) Los recursos forestales en México como experiencias de análisis
Han sido diversas las experiencias ocurridas en México en el contexto de la gobernanza de los bienes comunes. De acuerdo con Barkin y Fuentes no ha sido fácil la tarea que las comunidades han confrontado y de ello da cuenta en lo siguiente:
En el ámbito forestal, las comunidades mexicanas libraron una batalla implacable por hacer valer sus derechos por el control sobre las tierras forestales que fueron capaces de conservar o recuperar después de la Revolución. Ahora existe una gran variedad de planes de gestión vigentes, testimonio de las habilidades que las comunidades han adquirido al intentar conciliar presiones para asegurar la conservación, con la necesidad de crear empleos y generar ingresos. (2013:66)
En el caso de México ˗como también en otros países˗ se dispone de una amplia variedad de recursos forestales aprovechables para las colectividades que viven en dichas regiones. En este espacio se describirá la experiencia de la producción de madera y su valor agregado en el ejido Llano Grande, Puebla como un caso exitoso (Comisión Nacional Forestal, 2022). Desde 1980 inicio con la producción de madera con un enfoque sustentable, justo cuando comenzó a trabajar de la mano de la asesoría técnica para el óptimo aprovechamiento de sus recursos forestales. En el mismo se aplica el método de manejo forestal, empleando un enfoque de planeación estratégica en plazos de 10 años y contempla actividades como la determinación de cuanto producir, corte de áreas específicas, reforestación, mantenimiento de caminos, espacios libres, brechas cortafuegos, manejo de semillas, cuidados de plantas y demás.
La planeación estratégica en cuestión considera valiosas las intervenciones de todos los ejidatarios y comuneros productores, los cuales son 459 habitantes, pertenecientes a 109 familias. El ejido cuenta con 2345 hectáreas, de las cuales 1700 son arboladas de pino, oyamel, encino, entre otras especies. Cada año se reforestan aproximadamente 40000 plantas a través de un sistema de invernadero. En 40 años que tiene el ejido con estas prácticas las familias de los productores han tenido una fuente de sostenimiento en esta actividad. Su producción maderera se halla certificada por la Comisión Nacional Forestal, y a nivel internacional a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por lo que es apta para su comercialización. Adicionalmente, reciben pagos por servicios ambientales, con lo cual tienen clara la necesidad de cuidar dichos recursos de incuestionable valor.
Otra experiencia es la de la defensa y preservación de los bosques de Cheran, Michoacán. El mismo pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones colectivas ante los problemas de asedio del crimen organizado, así como el de la tala inmoderada y la tentación por cambiar el uso del suelo. El elevado precio del aguacate ha llevado a productores de otros cultivos en Michoacán a sentirse atraídos por la producción y aun exportación de dicho bien. En 2012 se reportaron asesinatos y desapariciones de pobladores de esta región forestal, lo cual motivo la determinación de cuidar dichos recursos naturales, incluso con la portación de armas. En asambleas se dispuso frenar a los delincuentes que extraían madera de manera desmedida e impune. Los pobladores formaron auto defensas para proteger dichos bienes. Eventualmente ello dio fruto y así pudieron contener la agresión e iniciaron varios proyectos de reforestación sin precedente, así como de captura de agua para su comunidad. Ambas metas conseguidas son ejemplo de éxito en la gobernanza de bienes comunes en México.
Otra experiencia de gestión de recursos es el programa federal denominado Sembrando vida, propio del gobierno de México actual (2018-2024). Este programa se ha diseñado para atender las zonas rurales del país, las cuales tienen los mayores rezagos sociales. El programa en cuestión incentiva a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se pretende contribuir a generar empleos, además de se incentivar la autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de las y los pobladores, así como recuperar la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. El referido programa se halla destinado a sujetos agrarios, mayores de edad, que habiten en localidades rurales con ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajada en un proyecto agroforestal. El monto del apoyo es de $ 5000 pesos mensuales (aproximadamente 270 dólares de Estados Unidos).
Al considerar la tierra como un bien común en México, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (2021), del total de la superficie nacional el 51%, equivalente a 9.972.900.820,78 hectáreas es tierra de propiedad social, es decir, pertenecientes a ejidos o comunidades, En particular el número de ejidos registrados con tierras destinadas al uso común crecieron significativamente en el período de 2010 a 2018. En el año 2019 se registra una disminución a un valor comparable al año 2016. En cuanto al número de hectáreas de tierra ejidal destinadas al uso común creció significativamente, así como el número de ejidos en el período de 2010 a 2018, Sin embargo, la superficie común por ejido disminuye significativamente cada año un promedio de 6 hectáreas. A partir del año 2019 las cifras se mantienen sin variación significativa (Tabla 2).
Tabla 2. Tierras destinadas al uso común en ejidos.
|
Año |
Superficie (ha) |
Número de ejidos |
Promedio de superficie por ejido (ha) |
|
2010 |
49.877.058,6 |
18.840 |
2.647,4 |
|
2011 |
50.056.362,2 |
19.067 |
2.625,2 |
|
2012 |
50.171.251,0 |
19.285 |
2.601,5 |
|
2013 |
50.396.366,0 |
19.397 |
2.598,1 |
|
2014 |
50.535.720,4 |
19.472 |
2.595,3 |
|
2015 |
50.607.919,5 |
19.507 |
2.594,3 |
|
2016 |
50.589.955,3 |
19.539 |
2.589,1 |
|
2017 |
50.676.293,4 |
19.565 |
2.590,1 |
|
2018 |
50.688.207,5 |
19.576 |
2.589,3 |
|
2019 |
49.628.763,9 |
19.535 |
2.540,5 |
|
2020 |
49.443.468,0 |
19.537 |
2.530,7 |
|
2021 |
49.173.420,3 |
19.537 |
2.516,9 |
|
Coeficiente de variación |
1,0 |
1,1 |
1,4 |
Fuente: Elaborado por los autores con datos del Registro Agrario Nacional (2022).
En contraste, las tierras registradas pertenecientes a comunidades crecieron significativamente en el período 2010 a 2021, tanto en el número de comunidades (más de 16 en promedio por año) como en la superficie total (más de 77 mil hectáreas en promedio por año). Sin embargo, el promedio de superficie por comunidad decreció significativamente (un promedio de 14 hectáreas por año). Véase Tabla 3.
Tabla 3. Comunidades con tierras de uso común.
|
Año |
Superficie comunal registrada (ha) |
Número de comunidades |
Promedio de superficie por comunidad (ha) |
|
2010 |
10.371.210,9 |
1.604 |
6.465,8 |
|
2011 |
10.443.068,0 |
1.631 |
6.402,8 |
|
2012 |
10.608.369,7 |
1.681 |
6.310,7 |
|
2013 |
10.683.480,2 |
1.704 |
6.269,6 |
|
2014 |
10.923.585,6 |
1.734 |
6.299,6 |
|
2015 |
11.010.264,5 |
1.750 |
6.291,5 |
|
2016 |
11.019.151,3 |
1.760 |
6.260,8 |
|
2017 |
11.056.648,9 |
1.770 |
6.246,6 |
|
2018 |
11.113.080,8 |
1.779 |
6.246,8 |
|
2019 |
11.184.999,7 |
1.786 |
6.262,6 |
|
2020 |
11.186.354,3 |
1.786 |
6.263,3 |
|
2021 |
11.181.661,4 |
1.786 |
6.260,7 |
|
Coeficiente de variación |
2,7 |
3,6 |
1,0 |
Fuente: Elaborado por los autores con datos del Registro Agrario Nacional (2022).
De lo anterior, debe señalarse que tal disposición nacional de tierra de uso común manifiesta un potencial de trabajo conjunto, tanto en aspectos producción como de conservación de los recursos naturales, por lo que las propuestas de acciones a implementar tienen mayor posibilidad de lograrse. Ello es muy importante para lograr otros propósitos como el arraigo por la tierra y las demás potencialidades tales como el ecoturismo, la producción de otros cultivos, etcétera.
3) Desafíos actuales para México y propuesta de acciones a implementar
En buena parte del territorio mexicano se ha advertido una cultura de débil asociación y baja productividad entre los miembros de los ejidos y comunidades. La baja rentabilidad, el escaso acceso al crédito, la degradación forestal, la inseguridad pública y demás problemas explican, en buena medida, las dificultades que a diario se viven en las comunidades rurales del país. Así, entre los más evidentes agravios a los bienes comunes y recursos naturales se encuentran los siguientes:
i) Invasión de terrenos públicos. En este caso personas amparadas por algún líder o asociación de comuneros toman posesión de estos terrenos, colocando ahí en forma improvisada casas, corrales, puestos de negocios informales, etcétera. Este tipo de invasión suele ocurrir muy cerca de las vías del ferrocarril y otros bienes nacionales. Otros problemas similares tienen que ver con la ocupación de asentamientos irregulares donde existen riesgos potenciales de deslaves, irrupción de lava volcánica, inundaciones, desborde de arroyos, ríos y canales, así como la afectación a la salud debido a la acumulación de basura.
ii) Explotación de un recurso natural con elevadas externalidades. Empresarios extractores de recursos como la caliza, grava, arena y demás minerales suelen explotarlo con elevadas tasas pagando muy poco o nada por el mismo. Así obtienen ganancias extraordinarias y provocan afectaciones a los residentes de estas zonas sujetas a explotación. Con ello se fomenta la cultura de impunidad y de daños incalculables a este patrimonio social. Los funcionarios encargados de velar por estos recursos se vuelven cómplices, son omisos, o bien, se ven rebasados en su capacidad de respuesta ante tales afectaciones. En ese sentido se priva a la sociedad del disfrute responsable de este tipo de recursos.
Por otro lado, de acuerdo con Ramos & Gutiérrez (2019), en México existe entre los funcionarios y empresarios una inadecuada valoración social respecto de los recursos naturales y todo lo que implican los ecosistemas y sus necesarios cuidados. Ciudadanos de colonias pobres y zonas rurales se ven precisados a vivir en estas condiciones de degradación medioambientales y su voz suele no ser atendida oportunamente cuando reclama este tipo de agravios.
En base a lo anterior, se requiere que la autoridad competente se haga responsable del cuidado, restauración, remediación y el saneamiento del sitio deben privilegiarse cuando se autoriza un plan de explotación de los recursos naturales. El desarrollo de un paradigma debe equilibrar las diferentes perspectivas socioculturales, los requerimientos ecológicos y los intereses económicos implica tanto la participación de los poseedores del bien común como la de ecologistas y economistas (Negi, 2022).
Derivado del análisis de la problemática aquí expuesta, entre algunas acciones que desde la perspectiva de los autores se propone realizar involucran al Estado, las empresas y la sociedad civil. A continuación se describe cada una:
a) El rol del Estado. En el contrato social el Estado obliga a los ciudadanos a obedecerle, cumpliendo las leyes y pagando por bienes públicos e impuestos. El Estado debe representar a los individuos sin distinción de ninguna clase social. Al crear leyes, acuerdos, contratos y demás condiciones la sociedad se organiza a fin de lograr los objetivos colectivos. Bajo esta perspectiva los ciudadanos aceptan entregar su poder al Estado con la condición de que lo utilice para beneficiarles. Los contratos proporcionan certidumbre de que las partes obtendrán la protección del patrimonio individual y social. De este modo se espera que los conflictos actuales y potenciales se reduzcan, sancionando al que incumpla las reglas y quiera colocarse por encima de los demás. Cuando las leyes y las instituciones existen, pero no funcionan ocurre el sufrimiento y la justicia no llega. Las leyes en ese sentido se convierten en letra muerta y los funcionarios y clase política y se vuelven una carga para la sociedad.
Se ha señalado aquí que los derechos de propiedad son fundamentales para dar certidumbre a la inversión. La tarea más importante del Estado es la de hacer valer las leyes que ha creado para privilegiar el bienestar de la población. De hecho, la autogestión de los bienes comunes se plantea como una propuesta intermedia a dos esquemas opuestos: los bienes privados, por un lado, y los bienes públicos. por otro (véase Tabla 4).
Tabla 4. Variables de análisis de los bienes privados, comunes y públicos
|
Variables |
Bienes privados |
Bienes comunes |
Bienes públicos |
|
Gestión |
Propiedad privada y libre para emplear Adquirir y transferir |
Coexistencia de interés propio y colectivo |
Propiedad nacional y regulación del Estado |
|
Instrumentos de preservación |
Recursos del propietario |
Recursos de la colectividad |
Recursos públicos y empleo de la ley |
|
Objetivos perseguidos |
Eficiencia, aumento del valor, incluso especulación |
Aprovechamiento de sus miembros |
Salvaguardar bienes para toda la sociedad |
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Implicaciones de uso de los recursos |
Incurrir en costos de mantenimiento a fin de maximizar su valor de mercado |
Arreglos para evitar la subutilización o la sobre explotación |
Manejo de acuerdo con disponibilidad de recursos suficientes |
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Determinación de precios de los recursos |
Poder de fijación basada en el mercado |
En teoría no fijan precios y valoraciones de mercado |
En teoría no fijan precios, a menos que se privaticen |
Fuente: Elaboración de los autores
b) El rol de las empresas. Las empresas privadas son parte esencial del desarrollo local y regional. Tradicionalmente su rol se ha circunscrito a la producción de bienes y servicios con fines de rentabilidad financiera. Estas organizaciones se comprometen con la generación de puestos de trabajo; abastecimiento de bienes a la sociedad; cumplimiento de sus obligaciones fiscales, medio ambientales y laborales. Deben, asimismo, contribuir con la innovación, la inversión en investigación y, desde luego, el desarrollo sostenible.
Los recursos naturales tienen implícitos beneficios incontables para las empresas privadas en general. Entre dichos recursos sumamente valiosos destacan los siguientes: agua, plantas medicinales, madera, energía eléctrica, el espectro electromagnético, lagos, montañas, esparcimiento y demás bienes. Las empresas que explotan y comercializan estos recursos deben tomar conciencia respecto a sus límites y alcances. No obstante, desafortunadamente existen no pocas empresas que suelen pasar por alto las regulaciones y la misma racionalidad económica sustentable.
c) El rol de la sociedad civil. La sociedad civil está llamada a ejercer ahora un rol de mayor relevancia en las decisiones que afectan su destino político, económico y cultural. Ahora debe reivindicarse y no permitirse más apatía (Penso, 1999). La sociedad civil poco a poco está ganando espacios y está trabajando en el desafío de definir una agenda de desarrollo regional con sentido de sustentabilidad. Su tarea complementa a la del Estado y a la de las empresas privadas. A ella le corresponde, entre otras acciones, las de coordinarse con los demás agentes económicos y sociales en la atención de los problemas medioambientales, a la vez que involucrarse e incentivar proyectos de desarrollo comunitario a fin de alcanzar progresos en este propósito.
Ante la insuficiencia de recursos humanos, financieros y materiales y la realidad de austeridad gubernamental la sociedad civil está llamada a asumir un compromiso más activo en la preservación de los recursos naturales, pues no solo se trata de una afectación a quienes viven en las comunidades en cuestión. En el peor de los casos, la sociedad en su conjunto puede experimentar una privación de dichos recursos con graves consecuencias.
Conclusiones
La presente investigación se halla inspirada en los trabajos de Elinor Ostrom y de otros contemporáneos que han analizado la gobernanza de los bienes comunes desde hace varias décadas en diferentes regiones del mundo, entre ellas México. Dichas investigaciones muestran aspectos fundamentales, especialmente en lo que se refiere a la gestión de dichos bienes para asegurar la economía y el bienestar de millones de personas. Estas investigaciones han mostrado que las comunidades son más fuertes si se organizan y defienden su propio interés, además de llevar adelante la labor de concientización en la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Los bienes privados y bienes públicos tienen su lugar y están llamados a contribuir en esta visión del desarrollo social y económico sustentable.
En este trabajo se ha reflexionado en cuanto a la existencia de los bienes comunes y a la necesidad de su valoración social y económica. Se han señalado algunas concepciones fundamentales al respecto, considerándose la existencia de los arreglos formales e informales necesarios para el aprovechamiento de estos, puntualizándose en particular los recursos forestales. También se ha señalado cuan indispensable es la participación de los agentes interesados en dicho propósito; más aún cuando se trata de las economías regionales más desfavorecidas.
En base a los aspectos citados anteriormente, bien deben establecerse una serie de principios fundamentales para la gobernanza de los bienes comunes, entre los cuales se señalan los siguientes. En primer lugar, la existencia de voluntad expresa de los actores locales para participar en la autogestión, pues estos miembros advierten que son mayores los beneficios de la asociación. Para ello es necesario establecer normas y la obligación de respetarlas. En segundo lugar, debe existir disposición a solucionar pacíficamente los problemas que se susciten; en el entendido de que quien quebranta las reglas resulta afectado. En tercer lugar, es necesario definir límites y alcances respecto a la gestión. Adicionalmente, se precisa de una rápida y justa resolución de conflictos cuando estos se presenten. En general, en esta perspectiva es crucial la adaptación de estos principios rectores a las condiciones locales de la región.
La propiedad común no significa que se pueda prescindirse de la regulación, puesto que los bienes comunes pueden ser administrados por los interesados buscando alcanzar las metas de eficiencia y rentabilidad. El éxito en la gestión de dichos bienes tiene que ver con aspectos relativos al trabajo planificado e implementado por los actores locales fundamentalmente.
La falta de resultados en la aplicación de las normativas y regulaciones puede alentar las conductas asociadas a codicia e impunidad y las causas de ello se expresan en disputas internas, acciones contrarias al interés colectivo, pobres expectativas, baja rentabilidad, así como la mala gestión de los recursos naturales, que por sobreexplotarse, terminan con dichos proyectos productivos.
Otro aspecto, derivado de los resultados de este trabajo, es que no siempre la gestión de los bienes comunes deriva en éxito, lo cual da como resultado abandono, migración y fractura social y familiar. Para evitar esto, es fundamental mantener los incentivos de tipo económico. Los incentivos no económicos también son cruciales y se advierten en progresos como la satisfacción, la cohesión social, además de las inversiones sociales materializadas en término de escuelas, clínicas y demás infraestructuras.
En base a los resultados expuestos aquí, debe señalarse que de forma individual ningún miembro debe exceder su cuota en la explotación de dichos bienes; tampoco nadie debe explotar esos recursos para otros propósitos no previstos ni acordados previamente. Tienen un papel muy importante las decisiones de las asambleas de los actores locales, pero también las regulaciones, y aun la fuerza pública a fin de asegurar su resguardo, especialmente cuando se hallan amenazados por fuerzas externas.
No son pocos ni menores los retos que enfrentan los actores locales en este cometido de salvaguardar los bienes comunes. Los recursos naturales sufren de agotamiento en forma generalizada y México no escapa a esta circunstancia adversa. La tala inmoderada de los bosques, el avance de sequias, la mano del crimen organizado en vastas regiones ricas en recursos, además de otros problemas, ameritan firmeza e intervención.
La evidencia es clara en cuanto a que en países con un Estado de derecho frágil hay una propensión a la ineficiencia, la subvaloración y aun a la rapiña. Por tanto, se vuelve costoso mantener las instituciones con ese cometido dado que se quedan cortas de presupuestos y demás recursos para su operación. No son pocas las organizaciones que abusan de recursos tan preciados como el agua, bosques maderables, la minería, entre otros, pagando una ínfima parte por dichos recursos finitos, en muchos casos. Ello contrasta con la situación adversa de quienes no tienen acceso a estos recursos, o bien, pagan una parte elevada de su ingreso por los mismos.
Finalmente, debe señalarse el hecho de que cada comunidad es única, diferente y con su propio trasfondo y perspectivas. La buena gobernanza plantea la necesidad de que los miembros de estas comunidades se conozcan y tengan afinidad en sus proyectos productivos. En ese sentido, se vuelve indispensable que se reúnan permanentemente en torno a su agenda. La falta de cooperación, apatía y aun la codicia desenfrenada dan como resultado la tragedia de los comunes. Por tanto, además de las acciones anteriores, se precisa de mecanismos de monitoreo y de diagnósticos de la situación en la perspectiva de adecuada gobernanza.
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