Volumen 32 Nº 2 (abril-junio) 2023, pp.201-211

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8075454

De la cárcel al barrio: el control territorial del Tren de Aragua, Venezuela1

Iris Terán

Resumen

El Tren de Aragua es el grupo armado no estatal que dirige las actividades delictivas en el estado, cuya función primordial es mantener el control absoluto de las comunidades que conforman las zonas de paz. Con el propósito de comprender las dinámicas y realidades de los grupos armados no estadales en el Estado Aragua, se realizaron entrevistas a informantes claves integrantes de los grupos armados no estatales y miembros de la comunidad cercanos o relacionados con los grupos armados no estatales (GANE), con edades comprendidas entre 24 y 63 años, miembros de las comunidades, integrante de las bandas y funcionarios públicos. Los resultados muestran que el grupo funciona como una estructura centralizada y desconcentrada, donde las órdenes son emitidas, desde el Penal de Tocorón por el Jefe máximo de la Organización y son ejecutadas bajo la responsabilidad de los pranes locales. En el contexto de la Pandemia, la crisis económica y la gran emigración del país, El Tren de Aragua, ha expandido su acción delictiva hacia otros países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile, donde han tenido un efecto catalizador de violencia e inestabilidad social, así como un efecto negativo y xenofóbico hacia la diáspora venezolana, generando rechazo y discriminación.

Palabras clave: Delincuencia organizada; Grupos armados no estadales; Tren de Aragua; gobernanza criminal

Universidad de Carabobo. Maracay, Venezuela. E-mail: ieteranrespaldo@gmail.com / ORCID: 0000-0002-6062-0039

Recibido: 12/01/2023 Acertado: 23/03/2023

From prison to the neighborhood: territorial control of the Aragua Train, Venezuela

Abstract

The Tren de Aragua is the non-state armed group that directs criminal activities in the state, whose primary function is to maintain absolute control of the communities that make up the peace zones. In order to understand the dynamics and realities of the non-state armed groups in Aragua State, interviews were conducted with key informants, members of the non-state armed groups and community members close to or related to the non-state armed groups (NSAGs), aged between 24 and 63 years old, community members, gang members and public officials. The results showed that the group functions as a centralized and deconcentrated structure, where orders are issued from the Tocorón prison by the maximum leader of the organization and are executed under the responsibility of the local “pranes”. In the context of the pandemic, the economic crisis and the great emigration of the country, The Tren de Aragua has expanded its criminal action to other countries such as Colombia, Brazil, Ecuador, Peru and Chile, where it has had a catalyzing effect of violence and social instability, as well as a negative and xenophobic effect towards the Venezuelan diaspora, generating rejection and discrimination.

Keywords: Organized crime; Non-state armed groups; Aragua Train; criminal governance

Introducción

Desde el año 2016 los índices de violencia en el estado Aragua se incrementaron, colocándolo como uno de los territorios estadales más violentos de Venezuela, con altas tasas de muertes violentas que duplicaban y/o triplicaban las tasas promedio del país. La delincuencia en Aragua ha escalado a otro nivel de complejidad incrementándose la violencia y letalidad de sus acciones. De las tradicionales bandas de delincuencia común, que generalmente operaban de forma autónoma en un reducido ámbito local, a una compleja estructura organizativa que pareciera replicarse en todos los municipios actuando de forma similar y paralela, formando una parte dependiente y articulada de una organización mayor, que hemos categorizado, para este estudio, con el nombre de grupos armados no estatales y en particular de la banda más importante de la zona, el llamado Tren de Aragua.

En este artículo se busca comprender los orígenes de El Tren de Aragua, su organización interna, el tipo de dominio territorial que ejerce, así como sus vínculos con el gobierno local y sus conexiones y relaciones con otros grupos delictivos de la zona.

Metodología

Se utilizó como técnica de recolección de información: la observación directa del proceso de instalación de los grupos armados no estatales en las comunidades, durante un trabajo de campo sobre enfermedades metaxénicas que duró tres años (2015-2017) y nos permitió vivenciar casual y directamente el radical cambio de las normas de convivencia impuesto a las comunidades. Es a partir de la llegada de los primeros líderes que se encargaron de conformar las bandas delictivas relacionadas con El Tren de Aragua que se realizaron entrevistas en profundidad a informantes clave, utilizando como instrumentos una guía de preguntas dirigida a integrantes de grupos armados no estatales y otra específica para miembros de la comunidad. También se tomó en cuenta el registro que surge del monitoreo continuo que se lleva de los medios de comunicación regional, de reportes policiales y de casos o situaciones emblemáticas relatadas espontáneamente por testigos o víctimas de la propia comunidad.

Con el propósito de comprender las dinámicas y realidades de los grupos armados no estatales en el estado Aragua, se realizaron 6 entrevistas a informantes clave, entre ellos: integrantes de estos grupos criminales, miembros de la comunidad cercanos o relacionados con estos grupos delictivos y funcionarios públicos, en edades comprendidas entre los 24 y 63 años. Siendo más específicos, entre los entrevistados se consultó a un Lucero de El Tren de Aragua (Personal de seguridad del Pran local), así como a la madre del Lucero, quien es tía de un Pran; una líder comunitaria; un responsable político que funge de enlace con grupos armados oficialistas en la entidad; y además a una coordinadora local del partido de gobierno y de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh).

De los individuos entrevistados, cuatro fueron seleccionados con el fin de obtener información de los grupos armados que hacen vida en las zonas de paz, mientras que los otros dos restantes se escogieron con la intención de obtener información específica sobre los grupos armados no estatales denominados “Colectivos”.

Para realizar el análisis hermenéutico de las entrevistas, se construyó una matriz de análisis, a partir del testimonio de los seis entrevistados, en cada una de las áreas temáticas comunes que fueron abordadas durante la realización de las entrevistas.

Dentro de los consultados, sólo uno es un miembro activo de un grupo armado no estatal, por lo que se tomó el testimonio de este entrevistado como base para el análisis comparativo de los resultados de cada una de las entrevistas y a partir del desarrollo del método hermenéutico, sugerido por Galeano (2003), fundamentado en las etapas de: descripción, saturación, categorización, contraste y triangulación de los testimonios, se construyó el informe integrado de los hallazgos de las seis entrevistas realizadas.

Se utilizaron once categorías de análisis preconcebidas, que permitieron la sistematización de la información obtenida y la posterior elaboración del informe integrado, las cuales se mencionan a continuación: Identificación de los grupos, Origen y evolución del grupo en la comunidad, Cobertura geográfica, Destrezas, Actividades principales dentro y fuera de la comunidad, aspectos financieros, Conexiones y relaciones con el gobierno, Conexiones y relaciones con otros grupos, Aspectos subjetivos /percepción sobre el grupo, Debilidades y fortalezas del grupo y Otros comentarios.

Principales hallazgos

En el estado Aragua los grupos armados no estatales están en su gran mayoría ligados a la organización delictiva denominada El Tren de Aragua, la cual está conformado por bandas delincuenciales locales, que actúan de manera centralizada, bajo la coordinación del centro de operaciones de dicha organización, ubicada en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido popularmente en la entidad aragüeña como: El Penal de Tocorón.

Este nuevo estilo de delincuencia se inició en las comunidades aragüeñas a finales del 2015, específicamente en la comunidad de San Vicente, municipio Girardot, que fue escogida como comunidad piloto para este proceso inicial de conformación. Aquí comienzan a realizarse eventos públicos gratuitos, dirigidos sólo para los habitantes de la comunidad, cuya procedencia no era claramente conocida. Se presentaban en vivo grupos musicales con la actuación de cantantes famosos de salsa y reggaetón. Se repartían juguetes de buena calidad a los niños, se regala la pintura y bombillos para que cada quien arreglara su frente, tanto para las fiestas navideñas, como para la celebración de los primeros “Carnavales turísticos de San Vicente 2016”.

Se incrementa además la regularidad de la entrega de las bolsas y combos de proteína en la comunidad repartidos por los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP), a cada quince días y garantizado a todas las familias del barrio, mientras que para el resto de la población el promedio de entrega era cada dos meses y sin la garantía que le llegara a todas las familias. Según el informante, todo esto salía en principio de las contribuciones “obligatorias” de los comerciantes e industrias de la zona. Es decir, de los “beneficios comunitarios de la extorsión”. Sin embargo, no queda claro cómo fue la negociación con el CLAP, para obtener estos privilegios en la frecuencia de la entrega, que aún hoy, no disfruta el resto de la población.

Esta primera etapa de acercamiento, fue seguida por una corta etapa de información, donde fueron difundiendo mediante Asambleas comunitarias, las nuevas normas de convivencia y subordinación con respecto a estas nuevas bandas delictivas organizadas, así como las medidas de sanción para los infractores de las mismas. Las tres principales medidas impuestas, según los informantes de la comunidad y de los propios integrantes actuales de los grupos armados no estatales, fueron:

  1. El exilio o expulsión de todos los funcionarios o ex funcionarios policiales que vivan en el sector, sin importar si trabajaran en otros estados, ni que fueran habitantes del barrio, para eso se les dio un mes de plazo para salir del barrio y jamás volver a él, bajo la amenaza de ajusticiamiento público para aquel que se negara a cumplir esta disposición. Cuentan los informantes que varios funcionarios y ex funcionarios hicieron caso omiso de la orden por considerarla absurda y al día siguiente de cumplirse el plazo, fueron sacados de sus casas y arrodillados y ejecutados en la calle, a pleno día y al frente de su vivienda, como medida ejemplarizante de amedrentamiento para el resto de la población.
  2. La segunda medida fue dirigida a los delincuentes comunes y a los integrantes de las tradicionales bandas de delincuencia común, que habitualmente hacían vida en la comunidad. A estos se les advirtió que quedaba prohibido ejecutar delitos comunes por su cuenta, que si querían quedarse en la comunidad tenían que someterse a las órdenes de la nueva organización de delincuencia organizada, si no lo deseaban, tenían una semana para irse del barrio y no volver a pisarlo. En este caso, al igual que los policías, si no acataban la orden serían ejecutados. También hacían la salvedad que los delincuentes que fueran adictos a las drogas o al alcohol, no tenían la opción de integrarse a la organización, sino que automáticamente estaban exilados de la comunidad, si querían conservar su vida.
  3. La tercera medida fue dirigida al resto de la comunidad, donde se les exigió, según el testimonio de los entrevistados, el fiel cumplimiento de las normas de convivencia, garantizándoles a cambio “paz y seguridad” en el sector. Quedó prohibido, entre otras cosas, hablar o comentar nada de lo que ocurriera en el sector; la permanencia de menores de edad permanecieran en las calles sin su representante después de las 7:00 pm; y las ventas de drogas y/o alcohol a estos últimos; que los hombres incurrieran en violencia doméstica o de género; llamar a la policía ante cualquier suceso que ocurriera en el barrio, pues estos eventos debían ser canalizados a través de los Luceros, para ser resueltos por el líder de la organización, quien dispondría las medidas a que hubiere lugar; así como bajo ningún concepto se aceptaba la presencia de la policía en la llamada zona de paz.

La imposición de estas normas durante el proceso de conformación de las bandas locales de delincuencia organizada evidencian la intensión del liderazgo central de El Tren de Aragua, de desplazar al Estado en el cumplimiento de sus funciones, con el fin de conseguir cierta legitimidad en la población al expulsar del barrio a todos los funcionarios policiales, ofreciendo de esta manera protección a la población de los abusos policiales y de los delitos menores cometidos por la delincuencia común, decidiendo y ejecutando impunemente la administración de justicia de sus infractores.

De esta manera se legitimarse ante la población, a través de la ruptura del monopolio del Estado en relación al uso legítimo de la fuerza, mediante un mecanismo alterno que se da en las zonas de gobernanza criminal, que Briceño-León describe como: “La aprobación y reconocimiento que tiene el uso de la fuerza en las personas comunes. En este caso, la aprobación de las conductas que ejercen la violencia no lo otorgan las leyes, sino el apoyo de la sociedad” (2021, p. 23).

Posteriormente, a finales del año 2016, estas nuevas bandas locales de delincuencia organizada, dependientes de El Tren de Aragua, se expandieron por otras parroquias de Maracay y en otros municipios del estado como Francisco Linares Alcántara, Bolívar, Ribas, Zamora, Libertador, Santos Michelena, Revenga y posteriormente se manifiestan en los municipios Santiago Mariño, así como en los municipios del sur de Aragua: San Sebastián, San Casimiro, Urdaneta, donde en un primer momento se disputaron el territorio con El Tren del Llano, liderado en ese momento por la Banda del Picure.

Una vez consolidadas las bandas locales de delincuencia organizada pertenecientes al Tren de Aragua, comienzan a expandirse desde Magdaleno, en el municipio Zamora y desde San Vicente en la parroquia Las Tacariguas del municipio Girardot, hacia los municipios vecinos del estado Carabobo, que colindan con las riberas del Lago de las Tacariguas o Lago de Valencia, donde conforman una especie de área de seguridad periférica, para controlar estratégicamente al acceso terrestre y las actividades que se dan en el mismo.

Estos pequeños grupos o bandas delictivas organizadas pertenecientes al Tren de Aragua generalmente, están identificadas con nombres más locales, que la mayoría de las veces es el nombre o el apodo del líder local, a veces combinado con su dominio territorial (Ejm. Wilmer Guayabal), quienes rinden cuenta directamente a la cabeza de la organización.

La conformación de la estructura operativa de las nuevas bandas locales de delincuencia organizada

Los informantes entrevistados coinciden en relacionar el origen del grupo con un proyecto iniciado en varias comunidades, por personas, aparentemente ex convictos, que salieron del Penal de Tocorón, con el propósito de “organizar” los barrios y crear el entorno en las” zonas de paz”. Cronológicamente todos coinciden en que este proceso de conformación de las bandas locales de delincuencia organizada, se inició en el estado Aragua, aproximadamente en el año 2015-2016, cuando se empezaron a dar reuniones en el vertedero de San Vicente, reafirmando que posterior a estas reuniones fue cuando se dieron a conocer en las comunidades, a través de la realización de diversas actividades de recreación dirigidas a adultos y niños con el fin de ganarse su simpatía y empezar a difundir “pacíficamente” las nuevas normas de convivencia a la población en general.

Esta primera fase estuvo a cargo de un grupo no armado, identificado dentro de las comunidades como “El Grupo de los Sanos”, que fungieron en un primer momento como promotores de las diferentes actividades recreacionales y ornamentales en pro del bienestar de la comunidad”- y que según el testimonio de los entrevistados, actualmente se encargan de mantener una inteligencia permanente de todo lo que pasa y hasta lo que se piensa y comenta dentro de las casas, y dentro de las instituciones públicas y organizaciones civiles que hacen vida en el barrio, así como de llevar las finanzas de los ingresos locales y centrales de la organización.

Ellos son los encargados de transmitir “pacíficamente” las ordenes emanadas por la organización, así como de recordar la tarifa y advertir el próximo vencimiento de las fechas de pago de las “vacunas” (un tipo de extorsión), a quien les corresponda pagar. Coordinan la entrega de las bolsas de CLAP a las familias de la comunidad, así como garantizan la repartición de las bolsas extras que le corresponden a los integrantes de la organización, para que comercialicen con estos productos, como una forma de pago por sus servicios.

Por otra parte, dentro de este grupo de los “sanos”, se creó una Fundación “comunitaria”, sin fines de lucro, legalmente registrada, que representa la cara legal y visible de la organización, la cual le permite recibir los subsidios y aportes de los diferentes niveles de gobierno para garantizar la realización de las actividades comunitarias programadas. Estos fondos son distribuidos directamente, según la discrecionalidad del liderazgo central de la organización.

Simultáneamente, se conformó un segundo grupo, “El Grupo Armado”, integrado por “Los Luceros”, que se encargaron en un inicio, de garantizar el cumplimiento de las medidas de exilio o expulsión del barrio de los funcionarios y ex funcionarios policiales y de someter a la delincuencia común del barrio para que dejen de actuar autónomamente y se subordinen a la organización. Dándoles tres claras opciones a los delincuentes de la localidad: a) Incorporarse a la organización y aceptar cumplir incondicionalmente las “órdenes” emanadas del Penal. b) Aceptar voluntariamente una especie de exilio del barrio, es decir, irse definitivamente de la comunidad, con amenaza permanente de muerte inmediata, si regresan bajo cualquier pretexto. c) Eliminación inmediata para aquellos que se reúsen a irse, o a integrarse al nuevo grupo de delincuencia organizada establecido.

Los nuevos grupos delictivos armados locales, nacieron como una estructura jerárquica definida, donde la máxima autoridad es el Pran que se encuentra en la cárcel de Tocorón, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”, quien dirige y gobierna a todos los Pranes locales de menor jerarquía, quienes son los encargados de garantizar que se cumplan las órdenes emanadas del liderazgo central desde el penal de Tocorón, así como de mantener “el orden” en las comunidades bajo su dominio. Además tienen la función de pesquisar a los jóvenes con perfil adecuado para ser captados por la organización.

Estos Pranes locales cuentan con dos grupos para cumplir con sus funciones: el primero, es el no armado o “de Los Sanos”, ya mencionado y el segundo es el grupo armado, conformado a su vez por dos jerarquías: “Los Luceros” y “Los Gariteros”. Los primeros son los encargados de garantizar la seguridad del Pran local y mantener el orden y el dominio de la comunidad. Son los encomendados de ejecutar las sanciones, ordenadas por el Pran local, a quienes violen las “normas de convivencia” establecidas unilateralmente por la organización, es decir, en lenguaje delictivo de quienes “se comen la luz”, así como de enfrentarse con otros grupos delincuenciales y con los cuerpos de seguridad del Estado en las situaciones que así lo ameriten.

Finalmente, están “Los Gariteros”, que es la menor jerarquía dentro de la organización, su función es mantener informado al Pran local de todos los movimientos de vehículos y personas ajenas al barrio que entran en la comunidad. Es una red de informantes armados, ubicados estratégicamente en el barrio, equipados con radios, que visualizan cualquier extraño o sospechoso y lo reportan inmediatamente al comando local, para verificar su autorización para entrar a las zonas “protegidas”. En caso de no ser reconocido son monitoreados por “Los Gariteros” e interceptados más adelante para conocer su destino y motivo de permanencia en el barrio. Cuando consideran que el “visitante” representa una posible amenaza, son emboscados por “Los Luceros”, quienes enfrentan la situación.

La expansión de El Tren de Aragua

El inicio de la expansión de El Tren de Aragua, surge a partir de la negociación de los líderes de la organización, con altos funcionarios gubernamentales a nivel regional y nacional, en la búsqueda de la resolución de una crisis de gobernabilidad que se dio en la parroquia Los Tacariguas, municipio Girardot. Según el testimonio de los entrevistados, todo comenzó cuando funcionarios policiales y militares, durante lo denominado por el gobierno nacional como un Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), ingresaron a la comunidad y abatieron, sin mediar palabras y sin razón alguna, a un joven, reconocido por la comunidad como sano, responsable, deportista y de buena conducta que se dirigía a tempranas horas del día hacia su trabajo. Este hecho causó gran indignación en la comunidad, que estaba ya cansada de las continuas cacerías y abusos de autoridad que se venían ejecutando por el OLP y en consecuencia salieron a protestar. Un grupo importante de motorizados (se estiman más de 300), que según los informantes eran los mismos, que habían apoyado al oficialismo en las elecciones a nivel regional, salieron a las calles fungiendo de Colectivos para amedrentar a la población del municipio Mario Briceño Iragorry. Esto durante las elecciones de Alcalde del año 2013, donde resultó electo el opositor Delson Guárate. En la protesta los motorizados dieron innumerables vueltas amenazantes alrededor de la sede de la Gobernación del estado Aragua,

Este hecho fue tomado políticamente por el gobernador, como una intolerable falta de respeto a la autoridad, cuya respuesta fue la realización de un operativo policial extraordinario, que consistió en una violenta incursión a la Comunidad de San Vicente, por de más de 2.000 funcionarios en un operativo conjunto, entre los cuerpos de seguridad del Estado y brigadas de apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), provenientes de otros estados del país. Esto aconteció la madrugada del 15 de mayo del 2015, según reportó el diario digital El Pitazo.

El parte oficial reconoció 3 fallecidos, 200 detenidos y 800 reseñados. Sin embargo, los vecinos de esta populosa comunidad (de San Vicente), denunciaron públicamente ante los medios de comunicación, los múltiples abusos, maltratos, destrozos y robos de los que fueron víctima, manifestando que no querían más policías en la comunidad. Seguidamente, en los días subsiguientes, fueron atacadas con granadas, la sede del Destacamento 21 de la GNB, ubicada en la Zona Industrial de San Vicente, así como algunas comisarías del CICPC y de la Policía Bolivariana de Aragua de otros municipios.

Este profundo conflicto de gobernabilidad, culminó con un acuerdo conciliatorio, con la mediación de representantes del poder nacional, entre el gobierno regional, los cuerpos de seguridad del Estado y los líderes de la emergente banda criminal del Tren de Aragua, que incluía, entre otras cosas, la expulsión arbitraria de todos los funcionarios de los cuerpos de seguridad de los barrios que conformaban las mencionadas zonas de paz.

El mecanismo utilizado por los integrantes de El Tren de Aragua para someter a la población fue el terror y la crueldad, como forma de amedrentamiento. En ese contexto la naturalización de la violencia extrema y la crueldad surgió como un mecanismo de defensa de la población para sobrellevar la exposición al terror de la que eran víctimas.

El Tren de Aragua y los ‘Colectivos’

El Tren de Aragua es percibido por sus integrantes como una compleja banda articulada cuyo ámbito de acción es a nivel nacional, pero donde las decisiones son tomadas de una manera centralizada, desde la cabeza de la organización, que opera desde el Penal de Tocorón, correspondiéndole a cada banda local garantizar el control de la población de las comunidades específicas donde operan, para facilitar y garantizar el cumplimiento de las misiones estratégicas del Tren de Aragua en las diferentes regiones del país.

Los informantes consideran que la capacidad de trabajar en equipo, tener un control centralizado de la organización, generar terror, evitar las rutinas y no informar a nadie de sus movimientos son las destrezas más importantes que protegen a la organización y le permiten mantener a sus integrantes con vida, dentro de la dinámica violenta de los grupos armados no estatales.

Según el testimonio del funcionario y la exfuncionaria entrevistada, en los actuales momentos en Aragua, no existen verdaderos colectivos, que según ellos, son los que dependen directamente de la nómina de la gobernación. Ellos afirman que son los miembros del Tren de Aragua, quienes negocian con el gobierno condiciones de convivencia y tolerancia mutua, a cambio de cumplir con la función primordial de los ‘Colectivos’ que es “mantener controlada y a raya” a los movimientos de la oposición en el estado. Estos informantes consideran que la capacidad de intimidar de Los Colectivos es que son grupos grandes, están armados, actúan en “cayapa” y tienen el apoyo moral y logístico del gobierno.

Según el testimonio de sus integrantes, en la práctica, producto de la negociación con entes gubernamentales, los integrantes de El Tren de Aragua, se mimetizan como Colectivos y realizan actividades violentas de amedrentamiento para neutralizar a los integrantes de la oposición en el estado Aragua, quedando en evidencia el rol protagónico que tiene el Centro Penitenciario del Estado Aragua; tanto en el origen de los grupos armados no estatales, como en la regulación y/o “normatización” en la actividad delictiva de las comunidades de las zonas de paz, en el estado Aragua

En este sentido, el Tren de Aragua en determinadas situaciones asume el papel de los ‘Colectivos’ y amedrentan las actividades de movilización política de la oposición en el estado. Sin embargo, a diferencia de los ‘Colectivos’ La Piedrita y Alexis Vive, los integrantes del Tren de Aragua no se involucran en la política local, ni pretenden tener una influencia directa en los mecanismos formales de poder político (Briceño-León et al., 2022).

El financiamiento del Tren de Aragua

Las actividades principales del Tren de Aragua, en cada una de las comunidades de las “zonas de paz”, están orientadas a garantizar a toda costa, el control de la población del territorio geográfico donde operan, así como a extorsionar a los comerciantes e industriales de la zona, quienes tienen que pagarle vacuna al Pran responsable de la comunidad y de esta manera dar una “contribución forzada” para garantizar el financiamiento de las diferentes actividades que realiza el grupo delictivo en la comunidad.

Las fuentes de financiamiento mencionadas por los informantes fueron de tres tipos: en primer lugar, es la venta de los productos de las bolsas sobrantes del CLAP que llegan a las comunidades de las “zonas de paz”. En segundo lugar, el cobro de vacunas a los comercios e industrias de la zona. En tercer lugar, las contribuciones que se recogen a través de la Fundación, quien además recibe financiamiento directo del Estado, para los proyectos de recreación y ornato dirigidos a la comunidad. Este mecanismo de financiamiento directo que recibe el Estado a través de la Fundación Somos el barrio JK, referido por los informantes, coincide totalmente con lo mencionado por la revista InSight Crime (2021) en un artículo publicado sobre esta organización criminal. Mientras que los colectivos se financian con los aportes que recibe directamente del Estado.

Vínculos con el Estado

Respecto a las conexiones o relaciones que tienen los grupos armados que conforman El Tren de Aragua con el gobierno, todos coinciden en que sí existe una relación permanente con el Estado, pero que sólo se da a nivel de los líderes centrales de la organización (ubicados en el penal) con altos funcionarios del gobierno como: ministros, gobernadores, alcaldes, jueces y altos funcionarios policiales. Estas conexiones sólo las puede hacer la cabeza de la organización delictiva con los altos funcionarios, quedando prohibido para los luceros, gariteros y demás miembros de los grupos locales, así como a los miembros de la comunidad en general, tener ningún tipo de contacto con los funcionarios policiales, ya que de no obedecer esta restricción serían catalogados de “manchados” y por ser considerado una falta grave al “orden local de la organización”, son sancionados severamente con castigos que van desde el destierro inmediato de la comunidad hasta la ejecución y/o desaparición física.

En cuanto a las relaciones con otros grupos, se evidencia a través de los testimonios que si puede haber relaciones de cooperación, especialmente con grupos de territorios colindantes, cuando el objetivo propuesto involucra el control estratégico de varios territorios o zonas de paz. En este caso, todos actúan sinérgicamente bajo la voz de mando del liderazgo central de la organización, pero respetando los territorios y decisiones internas de cada grupo. Cada quien cumple la misión que le fue asignada por la organización, pero sin tener inherencia alguna en la actividad de los otros grupos involucrados. Individualmente todos los grupos tienen que rendirle cuentas al líder supremo que se encuentra en el penal.

Además, las comunidades que pertenecen a las “zonas de paz”, contribuyen a través del CLAP con el financiamiento de las actividades comerciales que se dan en el penal de Tocorón. Por otra parte, cuando la misión violenta implica cumplir sentencias en contra de personas conocidas y cercanas del mismo barrio, acuden a la cooperación de otros grupos delictivos, para que ejecuten la acción y esta muerte quede ante los familiares y vecinos como un enfrentamiento entre bandas y no como un trabajo interno del propio grupo.

Conclusiones

El Tren de Aragua es el grupo armado no estatal que dirige las actividades delictivas en el estado, cuya función primordial es mantener el control absoluto de las comunidades que conforman las llamadas zonas de paz y estratégicamente es comandado por un liderazgo central que opera desde el Penal de Tocorón, que mantiene relaciones y/o negociaciones permanentes con altos niveles del Gobierno.

Esta megabanda funciona como una estructura centralizada y desconcentrada, donde las órdenes son emitidas, desde el Penal de Tocorón por el Jefe máximo de la Organización (El Niño Guerrero) y son ejecutadas bajo la responsabilidad de los Pranes locales, que controlan las diferentes zonas de paz que funcionan en el país. El nivel local, contribuye además con el financiamiento del Penal y este a su vez se financia con el cobro de “la Causa”, es decir, con la vacuna que tienen que pagar los privados de libertad al PRAN de Tocorón, para garantizar su vida, mientras cumplen la condena. Algunas fuentes aseguran que solo esta actividad, le garantiza al Niño Guerrero, cerca de un millón y medio de dólares al año.

A partir de los años 2020-2021, en el contexto de la Pandemia, la crisis económica y la gran emigración del país, El Tren de Aragua, ha expandido su acción delictiva hacia otros países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile, donde han tenido un efecto catalizador de violencia e inestabilidad social, así como un efecto negativo y xenofóbico hacia la diáspora venezolana, que ha generado una situación de rechazo y discriminación hacia los migrantes venezolanos, debido a la acción disruptiva de los integrantes de esta organización criminal en el extranjero.

Referencias

BRICEÑO-LEÓN, R., BARREIRA, C., & DE AQUINO, J. P. D. (2022). The “Facções” of Fortaleza and “Colectivos” of Caracas: Two Models of Criminal Governance. Dilemas, Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, 15(4), 51–77. https://doi.org/10.4322/dilemas.v15esp4.52522

BRICEÑO-LEÓN, R. (2021). La disputa entre el Estado y el crimen organizado por la legitimidad en la gobernanza local. En S. Mejías. Los actores implicados en la gobernanza criminal en América Latina (pp. 21-28). https://www.realinstitutoelcano.org/monografias/los-actores-implicados-en-la-gobernanza-criminal-en-america-latina/

GALEANO, M. (2003). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Fondo Editorial Universidad Eafit.

Documento institucional:

InSight Crime. (2021). Venezuela, Tren de Aragua. https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-venezuela/tren-de-aragua/


1 La investigación que permitió la presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero
de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de su autora y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea