Volumen 32 Nº 2 (abril-junio) 2023, pp.187-200
ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8075454
Los colectivos armados en el estado Lara: cambios y continuidades de la violencia política en el siglo XXI en Venezuela
Carlos Meléndez Pereira
Resumen
Los colectivos armados han tenido durante el siglo XXI una presencia importante en el estado Lara al Centroccidente de Venezuela, región donde, desde los años sesenta del siglo XX, se observó con una intensidad variada, la presencia de grupos irregulares que insurgían contra los gobiernos democráticos de turno. En el presente artículo se analizan los cambios que han experimentado estos grupos durante la etapa del chavismo y durante el gobierno de Nicolas Maduro, además de comprender las continuidades existentes desde los años sesenta del siglo XX en adelante, ya sea en contra o a favor de los gobiernos. Para tales fines se utilizaron entrevistas a profundidad a miembros de estas organizaciones, lideres políticos, funcionarios policiales, ex combatientes, material hemerográfico
Palabras clave: Colectivos; chavismo; guerrilla; Lara; política; violencia
Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”. Barquisimeto, Venezuela E-maail: melendezpereira@gmai.com / Orcid: 0000-0003-0772-4426
La investigación que permitió la presente¿ publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de su autor y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.
Recibido: 25/01/2023 Aceptado: 29/03/2023
Armed collectives in Lara state: changes and continuities of political violence in the 21st century in Venezuela
Abstract
Armed collectives have had an important presence during the 21st century in the state of Lara in central-western Venezuela, a region where, since the sixties of the 20th century, the presence of irregular groups insurgent against the governments of the time has been observed with varying intensity. This article analyzes the changes experienced by these groups during the Chavista period and during the government of Nicolas Maduro, in addition to understanding the existing continuities from the sixties of the twentieth century onwards, whether against or in favor of the governments. In-depth interviews with members of these organizations, political leaders, police officers, former combatants, newspaper material were used for this purpose.
Keywords: Colectivos; chavismo; guerrilla; Lara; politics; violence
Introducción
Más de seis años han transcurrido del asesinato de Yoiner Peña y quince de la toma violenta de la casa de los profesores de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO), dos de los hechos de violencia política más repudiados en el siglo XXI en el estado Lara. En el primero, en el marco de una manifestación al oeste de la ciudad de Barquisimeto -capital de la entidad larense-, un grupo de civiles armados dispararon en contra de las personas que se encontraban ejerciendo su derecho, quedando herido de muerte el joven Yoiner, de 28 años. Y en el segundo, supuestos estudiantes afectos al gobierno, organizados en asociaciones conocidas como “Colectivos”, habían tomado de forma violenta la sede de la UNEXPO durante 105 días, dejando entre otras secuelas, la bala que sigue alojada en el cuerpo de Diego Rivero.
Durante los primeros años de la década de los años dos mil, los medios de comunicación local, periodistas, universitarios y líderes políticos fueron las principales víctimas de la violencia de los llamados ‘Colectivos’. Atentados contra las sedes de canales de televisión, contra las propiedades de periodistas, e intentos de homicidios a estudiantes universitarios, fueron algunos de los eventos más notorios en aquellos días.
La aparición pública de estos grupos era mayor en los momentos de tensión por el poder. Las funciones de choque contra manifestantes, se constituyeron en la actividad central de quienes nacidos de la transformación de los Círculos Bolivarianos (creados por el expresidente Chávez) se instalaron en las instituciones de educación superior, teniendo una mayor presencia en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico Barquisimeto (UPEL-IPB). En 2002 al menos existían en la UPEL-IPB ocho grupos: Bloque de Izquierda, Alí Primera, Pío Tamayo, Simón Bolívar, Che Guevara, Colectivo Revolucionario Estudiantil 9 (CRE-9), Gayones y Movimiento 5 (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos [PROVEA], 2017).
Las acciones violentas se extenderían de forma casi continua sobre todo en los años 2013, 2014, 2017, 2019 y 2020 cuando se registraron altos niveles de represión criminal por medio de asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas contra quienes protestaban por el respeto a los derechos políticos y civiles.
Los ‘Colectivos’ armados que acompañaban a los cuerpos de seguridad del Estado en la represión, eran diametralmente opuestos a los que hasta finales del siglo XX se conocían en el estado Lara, vinculados más bien a la promoción de actividades culturales en los sectores populares de la entidad. Su aparición con el nuevo gobierno, evidenciaba la vuelta a la irregularidad de grupos que desde las armas levantarían una vez más alguna bandera política.
La figura de Argimiro Gabaldón y los movimientos guerrilleros que insurgieron durante la segunda mitad del siglo XX en las zonas limítrofes de las entidades Lara-Falcón y Lara-Portuguesa, como el frente Simón Bolívar de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), fueron relevantes para la política regional, sobre todo en los sectores rurales. “Allí se incorporan los cuadros políticos del PCV, campesinos en su mayoría, y… estudiantes de Caracas” (Linárez, 2006). Y aunque superados a partir de la década de los ochenta, su influencia siguió presente en muchos grupos de izquierda que continuarían haciendo política en la región.
La naturaleza de estos movimientos armados de la izquierda nacional en ambos siglos (XX y XXI), son distintos. A pesar de que han sido partidarios de la violencia como medio hacia la toma del poder político, los primeros lo harían desde la insurgencia contra el Estado, soportada en la “combinación de violencia, vida y creatividad que figuraba en el rebelde estado mental” (Arentd, 1970, p. 53) de la izquierda global, representada en gran medida en las acciones que se realizaban desde las universidades. Mientras que los segundos, desde una agenda de defensa del poder promovida por el partido-gobierno.
Para 2023, las evidencias de la actuación de estos grupos muestran nuevas formas de acción, además de las vinculadas a las acciones de represión. Por ejemplo, las estaciones de gasolina que ofrecen combustibles a precios subsidiados están custodiadas por ‘Colectivos’; en muchos sectores populares las bolsas de comida entregadas por el gobierno son distribuidas por ellos. Las nuevas áreas del accionar de los ‘Colectivos’ hacen notar que existe una profundización del control sociopolítico ejercido por estos grupos, en connivencia con el Estado y en contra de las libertades ciudadanas. Además de las actividades de choque hay una participación muy notoria en las labores de gobierno (seguridad, política social).
En el presente artículo se hace una interpretación de los cambios generados por los grupos irregulares en el estado Lara en el siglo XXI, partiendo del hecho de que se tratan de organizaciones criminales, con un propósito, unas formas de gerencia, estructura interna y mecanismos para la obtención de recursos (Alvarado, 2019). Así como también se analizan continuidades en el trayecto de las organizaciones políticas de izquierda que creyeron y practicaron la lucha armada en el siglo XX en el mismo territorio.
El trabajo está dividido en tres partes. En la primera, se describe el procedimiento metodológico que permitió alcanzar los objetivos del estudio. Luego se presentan los resultados de la interpretación, en la que se expone una definición de los ‘Colectivos’ armados en Lara, construida a partir de las propias versiones de sus integrantes, y los principales cambios de estas organizaciones durante el siglo XXI. Finalmente se plasman algunas conclusiones.
Metodología
Este estudio se realizó con herramientas de la metodología cualitativa. Se aplicaron entrevistas en profundidad semiestructuradas – entre los años 2021 y 2023- a actores comunitarios de dos municipios del estado Lara, así como a cuatro líderes Colectivos y a dos exColectivos de tres municipios de la misma entidad.
Además, se realizaron dos entrevistas no estructuradas, a un exdiputado de la Asamblea Nacional y exmiembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien además participó en los movimientos de guerrilla urbana en los años sesenta y setenta del siglo XX. Así como a un militante de la izquierda en Lara, activo desde los años setenta del siglo pasado hasta la actualidad, vinculado a los grupos insurgentes de finales del siglo pasado.
De igual forma, se sostuvo una entrevista informal con un Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) destacado en Lara durante los años 2017 a 2019, quien también participó en la represión de protestas por Derechos Políticos y Civiles y en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) durante el 2017.
Dichos insumos fueron utilizados para comprender dos elementos centrales del estudio: el origen y estructura organizacional de los Colectivos armados en Lara y los cambios presentados por el sujeto de estudio desde su surgimiento hasta los años que comprenden los mandatos de Nicolás Maduro.
La interpretación de la información se realizó partiendo de una codificación, entendida como un proceso heurístico en el que se realiza una relación del dato con las ideas que se tienen acerca de ellos (Piñero & Rivera, 2013). Este proceso se realizó con el fin de transformar y recontextualizar la información, y, a su vez, permitir mayores oportunidades para el análisis, desde las voces de los informantes.
Esta recontextualización se nutrió adicionalmente con material hemerográfico que permitiera ubicar las relaciones del sujeto estudiado dentro de los territorios donde se desenvuelven. Posterior a la codificación, se realizó el análisis basado en las temáticas emergidas de la interpretación.
Los ‘Colectivos’ en el estado Lara
Los ‘Colectivos’ en el estado Lara son grupos armados irregulares que fueron creados por la iniciativa del gobierno para hacer frente a las actividades políticas realizadas por los líderes y partidos de oposición. Poseen diversos niveles de organización y sus líderes se perciben como parte de una red nacional autónoma en relación a otros actores del poder. Hay organizaciones que pueden tener 15 y otras 70 integrantes con edades que van de los 20 a los 45 años. Han actuado con la connivencia del Estado, y sus actividades se desarrollan para la represión y la participación en la ejecución de políticas públicas, lo que consideran, desde el discurso formal, como labores de seguridad, gobernanza y movilización electoral. En 2021, identificamos más de 20 organizaciones que operan en los municipios Iribarren, Palavecino, Torres, Morán y Jiménez.
Los ‘Colectivos’ en Lara que conocemos en la actualidad, nacieron en diferentes hitos de la historia política reciente: entre 2002 y 2004 a propósito del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez. En 2007, para reprimir al movimiento estudiantil universitario; en 2008 a propósito del apoyo a las invasiones ilegales de propiedades que el gobierno realizó, y partir de 2013 hasta 2017 contra la represión criminal frente a los sectores urbanos que protestaron por derechos políticos y civiles.
Los ‘Colectivos’ que operan en el ámbito urbano, identifican su origen en los primeros años de gobierno del expresidente Hugo Chávez. Para ellos, los ‘Colectivos’ en Lara se originan en el 2002 en el ámbito universitario. Su función principal era vigilar el comportamiento de las autoridades y controlar las elecciones en las instituciones de educación superior que el gobierno no controla.
En el municipio Jiménez, el origen del grupo también se remonta a principios del siglo XXI. En esta localidad se estableció un líder que pertenecía a grupos políticos de la región capital, y llegó a Quíbor -capital del municipio Jiménez- desplazado debido a la tragedia de Vargas, acaecida en 1999. Luego de su llegada al municipio Jiménez se crea el Colectivo que tendría una actividad intensa hasta aproximadamente 2010, cuando comienzan a generarse diferencias con el alcalde del momento y promotor, en sus orígenes, de este tipo de organizaciones.
Posterior a estos hechos el Colectivo se transformó y ahora realiza servicios de taxi en el centro de la ciudad de Quíbor, luego que fueron agrupados en una cooperativa de servicios de transporte. No obstante, continúan participando en actividades de represión y movilización electoral cuando líderes del partido de gobierno les convocan, pero según sus versiones, con menos regularidad.
En el municipio Torres, los ‘Colectivos’ nacieron gracias al apoyo del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), fundado a nivel nacional por Lina Ron. Su nacimiento responde también a la necesidad de reprimir las acciones de protesta y amedrentar a los dirigentes locales de oposición durante los procesos electorales. El impulso de este partido, en el segundo municipio más importante del estado, se haría con estos lineamientos los cuales fueron acogidos por las autoridades y las principales figuras del partido de gobierno de ese momento, Movimiento V República (MVR).
A diferencia de lo ocurrido en el ámbito urbano, en el ámbito rural, el nacimiento de los ‘Colectivos’ se ubica en el marco de la política de ocupación de tierras que ha permitido, a las asociaciones de personas autodefinidas como ‘Colectivos’, invadir propiedades de pequeños y medianos productores.
Entre los líderes entrevistados existen diferentes visiones que varían, según el ámbito en el que se desarrollen sus organizaciones y la posición que ocupen dentro de ellas. Los ‘Colectivos’ que tienen posiciones más elevadas de liderazgo, se reconocen como un “componente” de la seguridad en Venezuela, cuyo mandato es “evitar la guerra a través de la protección de la patria y cuidar la figura presidencial”. Desde esta versión, dichas organizaciones se asumen con una responsabilidad similar a la que tienen las instituciones militares y policiales.
Este mandato se convierte en práctica a través de actividades de represión y vigilantismo a grupos que, según su perspectiva, pueden atentar contra lo que para ellos es la estabilidad de la sociedad venezolana, relacionada con el mantenimiento del poder del actual gobierno.
Este significado se sustenta en la narrativa oficial, que concibe que “la presidencia es una posesión en la que deben permanecer hasta alcanzar la liberación de su pueblo” (De la Torre, 2017, p. 139). Se destaca en este posicionamiento una particularidad: las funciones que los ‘Colectivos’ cumplen en el ámbito de la seguridad y orden público las ejercen con sus propios parámetros de actuación y que, a su vez, acompaña a otras fuerzas de seguridad pertenecientes al Estado.
Los entrevistados que no cumplen funciones de liderazgo se definen en función de las actividades que realizan: represión violenta a grupos opositores y a su vez acompañamiento al partido de gobierno en actividades de campaña, movilización de votantes en jornadas electorales, así como, lo que ellos entienden como funciones sociales, las cuales van desde la organización de eventos deportivos y culturales para los y las jóvenes de las comunidades a las que pertenecen, la administración del servicio de gasolina y la distribución de las bolsas de alimentos, que se distribuyen por medio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y el manejo de algunas misiones sociales o programas de gobierno. En su discurso no hay categorías formales para definir lo que son, lo que para los primeros es seguridad para el segundo es choque, lo que para los primeros es política electoral para los segundos es evitar la menor cantidad de votos posibles en contra del gobierno en los centros que les corresponde vigilar.
Las formas de obtención de recursos para el funcionamiento de estas organizaciones varían. Su principal fuente la obtienen de funcionarios del gobierno, alrededor de las actividades electorales o de represión política. De igual forma, el tener a su cargo los trabajos de logística para la organización del suministro de gasolina, la distribución del gas y de las bolsas CLAP, también les permite a algunos de ellos lucrarse. Existen también otras formas de retribución que obtienen desde el Estado a través de la adquisición de motos y repuestos, como ocurre en el municipio Torres por medio del Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT).
Las relaciones con los distintos poderes públicos se construyen a través de enlaces institucionales o por medio de la relación con individuales: con el poder ejecutivo y el judicial las relaciones pueden ser tanto individuales como institucionales y con el poder legislativo solo se relacionan con algunos de sus representantes.
Con respecto a los cuerpos de seguridad del Estado existe una vinculación con parte importante de las instituciones policiales, que se desarrollan en el marco de las actividades que desde el discurso institucional de los ‘Colectivos’ se verbalizan, como: alerta-respuesta anticipada, fotografiado, guerrilla comunicacional, espionaje, que son formas de vigilantismo, “fenómeno de naturaleza privada, esporádico, que pretende establecer un orden particular a través de la fuerza y la intimidación a la seguridad personal y comunitaria” (Bidagueren & Nina, 2001, p. 24). También se enlista en sus accionar, las llamadas “proclamas de calle y toma de espacios”: vinculadas a las actividades de proselitismo que acompañan al partido de gobierno y “las estrategias de lucha” que son acciones de represión política.
En este contexto, con quien tienen mejores relaciones es con la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con ellos han trabajado en conjunto para la represión de la protesta, pero también desde 2018 hasta 2021 se colaboró con inteligencia para hacer posible la efectividad de la violencia policial llevada a cabo por las Fuerzas de Acciones Especial (FAES), que han sido acusadas por organizaciones defensoras de derechos humanos como responsables de delitos contra la humanidad y según los datos que hemos recopilado en el Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), han sido responsables de más de 300 asesinatos en el período anteriormente mencionado (figura 1). De igual forma, con la Dirección General de Contrainteligenia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), también por medio de la colaboración en labores de inteligencia.
Figura 1. Número de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las FAES en el estado Lara, período 2018-2021
Fuente: elaboración propia con datos del medio La Prensa de Lara y del Observatorio de Prensa del OVV Lara
En cuanto a la estructura militar, se logró conocer que los Colectivos, en contextos de conflictividad sociopolítica, se relacionan con el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (CEOFANB), y dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), el cuerpo con el que tienen mejor relación es con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), debido a que es esta institución la que realiza las acciones antimotines.
Los ‘Colectivos’ son conscientes del rechazo con el que cuentan. A quienes entrevistamos declararon explícitamente saber que “tanto la derecha como la izquierda no los quieren”. Desde sus posicionamientos discursivos, estar tan cerca del mundo delictivo, los hace vulnerables frente al Estado, con quienes tienen una tensión frecuente por la necesidad del control de la fuerza que ellos manejan.
No obstante, desde su visión, la labor que cumplieron en la eliminación de las protestas violentas y no violentas generadas en el marco de la conflictividad de 2014 y 2017, le dio una aceptación importante frente al poder. Es decir, la violencia que ellos ejercieron contra lo que consideraban riesgo para el gobierno, es reconocida por sus miembros como políticamente significativa en su legitimidad frente a las autoridades estatales.
De la fachada para la política a la fachada para la criminalidad
Las acciones de los grupos armados en Venezuela en los años sesenta del siglo XX, generaron distintas formas de organización para la subversión. Las estrategias comprendían, entre otras, la creación de organizaciones con rango de legalidad llamadas “fachadas” para la promoción de actividades de corte político-ideológico, sobre todo, en los territorios más urbanizados. Estas últimas se convirtieron, posterior a la desmovilización, en mecanismos de integración al activismo social y militancia política pacífica de muchos exguerrilleros.
En los años 80 del siglo XX, las fachadas se hicieron más visibles y relevantes para los movimientos políticos de izquierda. El músculo de la sociedad civil larense que se fortalecía en los mismos años, cambió en algunos la creencia en la violencia y los incorporó a la civilidad, a través de asociaciones como los que se vinieron a llamar Colectivos, los cuales nacieron con un perfil comunitario para la promoción del teatro, la música y las artes en general. “Viejos y nuevos activistas sociales y políticos se identificarán con esta terminología (sociedad civil) plena de significados innovadores, aunque diversos, recanalizando su energía política por otras vías” (Salamanca, 2003, p. 126).
No obstante, en otros, la creencia en la lucha armada no dejó de estar presente pese haberse desmovilizado y adentrado a la vida pública. La indistinción entre poder y violencia presente en los significados de la izquierda venezolana, prevaleció en estos sectores opositores a los gobiernos democráticos de las últimas décadas del siglo XX. Y en Lara las expresiones de “proyectos políticos de origen civil pero no siempre civilistamente democráticos” continuarán entre “sectores radicales de base marxista como el Partido Revolucionario Venezolano (PRV) y La Causa Radical (Causa-R) en sus peculiares y documentadas relaciones con las logias militares conspirativas de 1980-1992. (Irwin & Langue, 2004, p. 557).
El Comité de Luchas Populares (CLP), por ejemplo, promovió en el oeste de la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, distintas iniciativas socioculturales y el acompañamiento a los liderazgos estudiantiles en las universidades que recién se creaban en la entidad, tales como: el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, posteriormente Universidad Experimental Pedagógica Libertador (UPEL-IPB), la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO).
A finales de los años ochenta, líderes y grupos que siguieron creyendo en la violencia como forma para hacerse del poder se hicieron participes en los intentos de golpes de Estado que ocurrirían en los años noventa, pero ante su fracaso continuaron sus actividades ordinarias, entre las que figuran, las protestas por derechos económicos y sociales.
Llegado el siglo XXI parte de estos grupos pasaron a ser parte del gobierno del expresidente Chávez y cuando se decidió volver a las armas por medio de organizaciones compuestas por personas de los sectores populares, que podían contener de manera violenta lo que no podrían hacer los cuerpos de seguridad bajo los preceptos del Estado de derecho, muchos de ellos se convertirían en los principales impulsores de los Colectivos, pero ahora armados.
Además de ese primer cambio descrito en la guerrilla en el estado Lara, que supuso la desmovilización armada hacia la vida civil, y la creación de organizaciones tipo fachadas como los Colectivos culturales, observamos otro cambio organizacional que se inició en los primeros años del gobierno de Chávez. Lo que los líderes Colectivos entrevistados en este trabajo, identifican como el origen de sus organizaciones, es interpretado aquí como un nuevo giro que hace parte de la izquierda larense hacia las armas, que se materializó desde el liderazgo de militantes de los partidos y militares que apoyaban a la revolución bolivariana junto a otras mujeres y hombres, que procedían de las organizaciones comunitarias o de la delincuencia común.
En este segundo cambio, los nuevos ‘Colectivos’ atribuyen un significado político a la violencia ejercida. Si bien reconocen estar integrados por jóvenes insertos en la criminalidad, la guía principal poseía una referencia de lucha por el gobierno del expresidente Hugo Chávez y lo que representó (incluso posterior a su muerte) que alimentaba la fuerza ejercida contra los “enemigos de la revolución”: medios de comunicación, la iglesia católica, universitarios y representantes de partidos políticos no oficialistas.
Pero las motivaciones estrictamente política-ideológicas comenzaron a debilitarse, según las versiones interpretadas, en 2018. De “la defensa a la revolución” se van perfilando con mayor notoriedad organizaciones que responderán más a los intereses de sus líderes inmediatos y a los encargos coyunturales para la represión o la movilización de votantes, que a los propios sentimientos por los gobernantes.
A partir del momento en que los Colectivos dejaron de percibir dinero, armas, municiones, motos y se intensificó la crisis humanitaria se debilitaron las relaciones de subordinación entre ellos y el gobierno, siendo más visible su participación en lo delincuencial. Ante esta realidad, los funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial a nivel regional, han empleado nuevas formas para mantener la afiliación con los grupos Colectivos más sólidos, brindándoles mayor legitimidad a su gobernanza criminal (Lessing, 2021).
Pero esto no ha sido suficiente, las tensiones con la autoridad aparecen de manera más notoria que en otros momentos. Por ejemplo, el líder de las Fuerzas Especiales Cívico Militares Patria Nueva (FECMPN) fue aprendido luego de que el Fiscal General de la Nación lo acusara en sus redes sociales de “homicidio calificado con alevosía en la ejecución de un robo, privación ilegítima de libertad, detentación de explosivos, porte ilícito de arma de fuego y asociación para delinquir”. No obstante, posterior al hecho por el que fue imputado, se le fue otorgado “arresto domiciliario en un operativo de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia”. Diputados de la Asamblea Nacional publicaron fotos, expresando su apoyo al exconvicto y líder Colectivo posterior a su liberación (Gascón, 2022).
Tradicionalmente “el proceso convergente entre insurgencia y crimen organizado, es el segundo factor el que suele adoptar la fisionomía del primero, no a la inversa” (Olson, 2011) y es lo que se ha observado en el caso de los ‘Colectivos’ en el estado Lara. Integrantes de la delincuencia común se asociaron bajo la protección del gobierno para servir a fines políticos, pero casi veinte años después, ante la falta de sostenibilidad financiera que garantizara la legitimidad con sus promotores, se exacerba más su accionar delictivo sobre una fachada política. Si representantes de la izquierda desmovilizada crearon los Colectivos culturales como fachada para adentrarse a la vida civil, ahora los Colectivos utilizan una fachada política aceptada por los administradores del Estado, para llevar a cabo sus actividades delincuenciales.
De la lucha de clases a la lucha por la permanencia en el poder
“…Si mi pueblo y mi patria necesitan guerreros, yo seré uno de ellos” escribiría Argimiro Gabaldón, la referencia más importante de la guerrilla en el estado Lara en el siglo XX. La rebelión de las armas lo tendría, en vida y también posterior a su muerte como ejemplo de entrega por la defensa de un ideario político en el liderazgo regional, por su convicción ideológica que favorecía a los campesinos y a grupos vulnerables de la entidad
La insurgencia político-militar latinoamericana que conocimos durante el siglo XX se desarrolló desde un posicionamiento ideológico centrado en el socavamiento de las clases sociales. Este propósito se planteaba desde dos vertientes, a través de la revolución armada revolucionaria y/o desde el reformismo electoral (López & Hernández, 2015).
En la Venezuela gobernada por la izquierda se resignificará esta idea, el enemigo ya no serán los gobiernos democráticos de la segunda mitad del siglo XX en adelante, entendidos como totalitarismo liberal-democrático del puntofijismo (Denis, 2001). Los enemigos serán desde el poder plantarse frente a la oposición, hasta sus partidos y adeptos para garantizar su mandato. Desde esta narrativa se fomentará la participación de los grupos armados, bajo el precepto del “pueblo en armas”.
Ese giro discursivo en el poder, se asimilará durante la primera y gran parte de la segunda década del siglo en curso entre los Colectivos del estado Lara. “Prefiero seguir siendo malandro, que escuálido (opositor)” eran frases que se expresaban en el primer Colectivo promovido por Lina Ron, en el municipio Torres del estado Lara y quien acuñaría la frase “Con Chávez todo, sin Chávez plomo”.
El chavismo sacó de la ecuación de la lucha de clases al Estado como una máquina de la burguesía, como se concibió desde la visión instrumentalista del marxismo-leninismo. Por eso, la toma del poder para garantizar la eliminación de la clase burguesa, como motivación política en los grupos subversivos del siglo XX, transitará en los Colectivos de la era Chávez a la defensa del poder revolucionario con la eliminación de la clase burguesa, entre los que se incluyen los partidos de oposición, la iglesia, los empresarios y las universidades que mantienen autonomía administrativa frente al poder ejecutivo.
Dos de las lideresas de los ‘Colectivos’ también entrevistadas para nuestra investigación, relatan que su inicio en la militancia armada, comenzó con la búsqueda de una vivienda. Luego de invadir unos terrenos en conjunto con otras familias, fueron organizadas por el primer gobernador del chavismo en Lara e instituciones públicas, y motivadas a participar en la represión violenta contra las protestas, con la idea de que su derecho a una vivienda digna pasaba por evitar que la revolución fuera derrocada. En el ámbito rural, los propietarios serán tipificados como “terratenientes” y por ende obstáculos en la garantía de la vida digna de los campesinos, y en esa medida deberían constituirse en blanco de los campesinos que aspirarán a tener una propiedad.
El reconocimiento público dado desde el presidente de la república, ministros, alcaldes, gobernadores y directivos de las fuerzas de seguridad, reproducía la convicción de que su papel era esencial para la continuidad de la revolución y a su vez construirían una identidad que los diferenciaba de otros sectores dentro del mismo gobierno. En esa identidad se era consciente de los límites para la representación política que podía devenir de la acción civil por medio de la opción a participar en elecciones libres, pero estaba llena del respeto que gobernadores, alcaldes y diputados le mostraban por su trabajo.
Pero esa legitimidad perdió fuerzas y conllevó a la desaparición de algunos ‘Colectivos’y la disminución de la gobernanza de otros. Primero, porque el apoyo económico dejó de otorgarse y las organizaciones comenzaron a perder integrantes y en algunos casos dejaron de tener la protección de la que gozaban. Segundo, porque los compromisos políticos por su labor represiva no se cumplieron, como la construcción de viviendas en la zona este de la ciudad de Barquisimeto, o la adjudicación de tierras en los sectores rurales.
De igual forma, la exclusión de muchos de estos grupos frente al privilegio dado a otros pocos con el propósito de mantener las relaciones híbridas de gobernabilidad por medio de la otorgación de funciones de Estado, fragmentó el liderazgo preservándose aquellos cuyos líderes lograron mayor ascendencia en el poder.
Sobre esta realidad encontramos dos lecturas entre los informantes de este estudio. Para los exColectivos, la autonomía que les dio identidad organizativa, ha perjudicado su privilegio y contrapeso en el poder. Al participar en las labores de inteligencia con las FAES de la PNB para que realizaran entre 2018 y 2021 las ejecuciones extrajudiciales, existió, según los entrevistados, una traición al pueblo del que son parte y al que anteriormente defendían de “los escuálidos” o de los “burgueses”. “Esos son nuestros chamos, los hijos de nuestras hermanas. ¡Se convirtieron en sapos!” exclamaría una de las informantes, haciendo alusión a los Colectivos que trabajaron junto a las FAES.
De la misma manera, el uso indiscriminado de los recursos que deben ser distribuidos en las comunidades los igualó en el descredito que existe contra los entes gubernamentales. “Líderes no, enchufados” señala otra entrevistada haciendo referencia a uno de los representantes de los ‘Colectivos’ más conocidos en la entidad, tipificándolo con la categoría que comenzó a ser utilizada en el marco de la crisis humanitaria para dar cuenta de las personas que se han enriquecido u obtienen privilegios diferenciados del gobierno.
Sobre esta última realidad, en el discurso de algunos líderes Colectivos hay una referencia continua a los procesos de corrupción que se fraguan entre las élites gubernamentales, entre las que incluyen a empresarios, y según sus versiones, a sectores de la oposición política. Sobre este soporte justifican sus acciones y la necesidad de “sobrevivir” en este cambio de escenarios en los que no existen los recursos con los que se aseguraba la solidez de sus organizaciones.
Por ende, refieren que al ser más prácticos hacen posible su existencia y el acceso a recursos y protección que usan para garantizarle el mínimo de control que el gobierno requiere y la actuación efectiva en las coyunturas que puedan presentarse, como los escenarios electorales en los que reconocen su importancia.
Ese cambio ha ocurrido en otros contextos con la guerrilla colombiana quienes “han pasado de autodefensas campesinas a guerrillas comunistas, y de esto a grupos terroristas que financia su actividad criminal con las utilidades del narcotráfico” (Gutiérrez, 2016, p. 254). En el estado Lara, estos grupos creados por la izquierda en el poder deconstruyen su ideario reivindicativo contra los actores que desde su visión impedían la revolución, y ahora luchan dentro del mismo gobierno por intereses particulares que les permitan obtener réditos individuales.
De la represión a la aspiración electoral
Para las elecciones regionales de 2021, varios líderes y lideresas de los Colectivos armados, figuraron como candidatos a cargos ejecutivos y legislativos, tanto para los municipios como a nivel estadal. La mayoría de ellos no consiguió los votos necesarios, sin embargo, esta evidencia muestra otro cambio de este tipo de organizaciones al interior de Venezuela.
La desmovilización de los grupos armados en los años setenta, se hizo bajo acuerdos nacionales expresados en indultos y sobreseimientos presidenciales (Mondolfi, 2017). El cambio de la violencia a la civilidad conllevó acuerdos públicos para apegarse a los dictámenes de una democracia que ascendía en su fortalecimiento institucional. Lo que estamos observando, al comenzar los años veinte del siglo XXI, con este otro tipo de grupo armado irregular nacido desde la izquierda venezolana, es otro proceso. Su salto a la participación política electoral responde a condiciones totalmente contrarias a lo que ocurrió en el siglo XX.
Los líderes Colectivos (los que todavía permanecen con altos niveles de participación, como aquellos que se sienten excluidos por los líderes de turno) interpretan, en el contexto de un régimen político caracterizado por su desinstitucionalización, una oportunidad de ser ellos quienes dirijan las instituciones estatales.
Cuando reconocen una despolitización de las razones por las cuales practican la violencia, sienten una oportunidad de incorporarse al gobierno y otra forma de darle sentido a la política. Las tensiones que ahora se generan en la gobernanza híbrida reproduce otro escenario en el que desde estos grupos se aspira al ascenso en el poder en los años del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La designación de funciones ejecutivas, les da la sensación de que también pueden llevar a cabo la ejecución de políticas sociales y, por ende, tener más participación en los recursos que se destinan para ellos. El discurso que han utilizado para mostrar sus rostros en la contienda electoral, resalta la “valentía” con la que ellos pudiesen defender los “intereses del pueblo” contra los corruptos y la recuperación del proyecto político de Chávez.
En este cambio, existe una significación distinta sobre lo que es un gobernante. En el chavismo hubo una clara diferenciación en las habilidades que se reconocían entre ellos y las que reconocían en los políticos que podían estar en elecciones. En el gobierno de Maduro esta diferenciación no es tan clara, por lo que se sienten similares a otros representantes del partido-gobierno que se encuentran ejerciendo funciones legislativas y ejecutivas.
En Zubillaga et al. (2022) se interpreta que “los Colectivos en Caracas pasaron de ser grupos armados paraestatales, reconocidos pero marginalizados durante el período de gobierno de Hugo Chávez, a formas de colaboración más explícitas y con apariencia legal durante el gobierno de Maduro” (p. 506). En Lara, lo interpretado por los mismos actores evidencia que la identidad de los ‘Colectivos’ durante los años de gobierno del expresidente Chávez estaba definida de manera preponderante por el rol que ejercían para la represión. Desde este lugar se reconocían los límites para la aspiración de cargos de elección popular, pero también sus alcances en la legitimidad que les otorgaban gobernadores, alcaldes, ministros, diputados y directores de los cuerpos de seguridad del Estado quienes demandaban directamente sus servicios en el control social represivo, y le reconocían su labor con el reparto de recursos públicos.
Ahora, la fachada legal que les ha dado el gobierno incorporándolos directamente en funciones ejecutivas, les ha planteado un nuevo panorama en el que se muestran como candidatos en un sistema electoral cada vez más cuestionado por su vulnerabilidad. Al ser derrotados en las contiendan, observamos que regresan a su posición de ‘Colectivos’ o lo que hemos definido como fachadas para la criminalidad, pero la tentativa de volver a aspirar y ascender en el gobierno no caduca.
Conclusiones
Los ‘Colectivos’ en Lara son la extensión de la creencia en la violencia como instrumento para la conquista del poder, presente en más de sesenta años en algunos partidos y líderes de izquierda. Esta idea ha devenido en la sustitución del medio por el fin, en un contexto en la que la acción armada no se realiza contra el Estado sino promovido desde él con grupos civiles, contra quienes son considerados enemigos, como la sociedad civil, los partidos, los medios de comunicación, empresarios y los universitarios.
Los ‘Colectivos’ han sufrido cambios en el marco de la crisis humanitaria y el gobierno de Nicolás Maduro. Parte de estas transformaciones han disminuido el alcance en algunos grupos y en otros ha aumentado las ventajas comparativas en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, en general tienen una presencia en el territorio larense que delinea nuevas soberanías criminales.
La alta letalidad policial de los últimos años ocasionada por las FAES con el apoyo de estos grupos, ha promovido un ambiente de miedo e incertidumbre en los sectores populares que hace más efectiva los objetivos políticos de este tipo de violencia. Para muchos es una de las evidencias de que los Colectivos dejaron de representar la “lucha de clases” frente a los sectores definidos como burgueses para acompañar a las fuerzas públicas en el asesinato de jóvenes de los sectores populares.
Esta gobernanza hibrida no necesariamente posee la intensidad en el control territorial como sucede con los Colectivos de Caracas, donde hay un “dominio... con propósitos de control de la población por sí misma que utiliza esa posición política privilegiada para obtener beneficios… sea por el intercambio de favores con el poder político… o por la “venta” de sus servicios políticos” (Briceño-León et al., 2022, p. 44). En Lara pueden existir Colectivos con un alto control territorial claramente delineado, pero otros que se mueven en espacios más amplios y su presencia suele estar determinada por las funciones de gobierno que ejerzan en distintos lugares.
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