Volumen 32 Nº 2 (abril-junio) 2023, pp.153-168

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8075441

Los ‘Colectivos’: brazo ejecutor del gobierno bolivariano en Venezuela1

Olga Ávila

Resumen

En este artículo se describirá y analizará el papel de los llamados ‘Colectivos’, como grupos armados que operan en Venezuela en zonas de los estados Aragua y Carabobo, específicamente en las ciudades de Maracay y Valencia. Se presentan algunas reflexiones sobre el papel que cumplen estos grupos dentro de la sociedad venezolana y cuál es su verdadera relación con instancias del gobierno. Los datos que alimentan el contenido de este artículo, forman parte de una investigación realizada durante el primer semestre el año 2021, en varios estados de Venezuela. Fue un estudio cualitativo, donde se utilizó la entrevista como técnica de recolección de datos, y como instrumento una guía de entrevista para miembros de la comunidad, otra para miembros de grupos armados. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas y luego sometidas a análisis de contenido, para extraer los hallazgos aquí expuestos. Una mirada analítica a la información obtenida en la investigación permitió ver la complejidad del fenómeno, para comprender cómo las organizaciones armadas representadas en los Colectivos, han logrado mantener su poder y liderazgo en el ámbito social, político y económico de comunidades. Parece haber una debilidad o agotamiento del modelo del Estado en su capacidad para defender los intereses de los ciudadanos y el gobierno a través de sus estructuras, les ha otorgado a estos grupos armados impunidad en la comisión de delitos y en la apropiación de funciones que le competen. Los Colectivos representan una pieza clave para la seguridad del gobierno, de modo que puede tratarse de una estrategia de gobierno transfiriéndole responsabilidades y el legítimo uso de la violencia para que ejerzan autoridad y control en algunos sectores.

Palabras clave: grupos armados; Colectivos; violencia; Estado; gobierno; impunidad

Universidad Central de Venezuela. Caracas. E-mail: olgavila@gmail.com

ORCID: 0009-0008-5105-0610

Recibido: 15/01/2023 Aceptado: 22/03/2023

The “Collectives”: executing arm of the Bolivarian government in Venezuela

Abstract

This article describe and analyze the so-called Collective’s role as an armed group operating in Venezuela in areas of Aragua and Carabobo, specifically in the cities of Maracay and Valencia. Some reflections on the role of these groups within Venezuelan society and their relationship with government agencies are presented. The data that feed the content of this article are part of an investigation carried out during the first semester of the year 2021, in several states of Venezuela. It was a qualitative study, where the interview was used as a data collection technique, and as an instrument an interview guide for community members, and another for members of armed groups. The interviews were recorded and transcribed and then subjected to content analysis to extract the findings presented here. An analytical look at the information obtained in the research allowed us to see the phenomenon’s complexity and understand how the armed organizations represented in the collectives have managed to maintain their power and leadership in the social, political, and economic spheres of communities. There seems to be a weakness or exhaustion of the State model in its capacity to defend the interests of citizens and the government, through its structures, has granted these armed groups impunity in committing crimes and in appropriating their functions. The Collectives represent a key piece for the security of the government, so it may be a government strategy transferring responsibilities and the legitimate use of violence to exercise authority and control in some sectors.

Keywords: armed groups; Collectives; violence; State; government; impunity

Introducción

Para comprender el papel de los grupos armados conocidos como “Colectivos” en el contexto venezolano, parece necesario remontarse a sus orígenes, los cuales se ubican entre los años 1960 y 1970 durante la llamada lucha armada en Venezuela (Plaza, 1975), con el surgimiento de los movimientos subversivos de izquierda en contra de la recién instaurada democracia, inspirados por las ideas de Fidel Castro y la revolución cubana. A raíz del programa de pacificación, algunos de estos grupos guerrilleros de izquierda después de un proceso de divisiones y confrontaciones, pasaron a la lucha legal, convirtiéndose en partidos políticos, otros, quedaron retirados en zonas urbanas o de la periferia (Moya, 2018).

Fue así como, algunos de estos grupos de izquierda con raíces en la lucha armada de los años 60 y que se mantuvieron en la ilegalidad, radicados fundamentalmente en el 23 de enero en Caracas, fueron evolucionando posteriormente a Colectivos. Aunque hay que señalar igualmente que se formaron Colectivos que funcionaban a través de asambleas y de agrupaciones culturales que desarrollaban actividades de teatro, música, canto y danza (Fernandes, 2017).

Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, resurge el activismo de estos grupos en el contexto venezolano para cumplir su papel de “defender la revolución bolivariana”. Pero además de este papel, como se verá por los testimonios de los entrevistados, desempeñan labores de seguridad, de asistencia social, de control social y hasta se encargan de impartir justicia en los ámbitos donde están asentados, todo ello bajo la anuencia del gobierno, y el reconocimiento de estructuras del Estado que le han permitido legitimarse como actores sociales.

En este artículo se describirá y analizará el papel que cumplen los llamados Colectivos, como grupos armados que operan en Venezuela en zonas de los estados Aragua y Carabobo, específicamente en las ciudades de Maracay y Valencia, capitales de esas entidades respectivamente. Se puntualizará cómo y qué tipo de actividades desarrollan, cómo se relacionan con funcionarios e instituciones del gobierno estableciendo sus alianzas, y también cómo son percibidos por las personas que habitan las comunidades, y cómo los mismos integrantes de estos grupos, se perciben en su ser y quehacer, en la compleja realidad que se vive en Venezuela.

Las descripciones aquí presentadas son el resultado de un breve acercamiento a informantes seleccionados, quienes accedieron a emitir sus opiniones y percepciones sobre estos grupos armados, lo que permite hacer algunas reflexiones sobre el papel que cumplen dentro de la sociedad venezolana y cuál es su verdadera relación con instancias del gobierno, lo que más que aseveraciones, produce muchas interrogantes sobre el papel del Estado, la legitimidad de las instituciones, el cumplimiento de normas sociales y leyes, la presencia del Estado de Derecho y la idiosincrasia de la ciudadanía ante la existencia de estos grupos armados.

Aunque no hay un consenso sobre la definición de grupos armados no estatales, lo cual depende de los contextos específicos donde se desenvuelven y la diversidad de tipologías en función de sus actividades, así como de la perspectiva de científicos sociales o juristas (Sansó-Rubert, s/f), para efectos de este escrito, parece pertinente la definición que se plantea en la “Guía de las Naciones Unidas para las negociaciones humanitarias con grupos armados”, donde se reconocen como

… un grupo que está en disposición de utilizar las armas y la fuerza para conseguir objetivos políticos, ideológicos o económicos; no se encuentra bajo control del Estado en el que actúa, ni forma parte de la estructura militar oficial del Estado, ni de ninguna alianza estatal u organización intergubernamental (https://www.endvawnow.org/es/articles/1696-trabajar-con-grupos-armados-no-estatales.html).

De acuerdo con esta definición los grupos armados estatales funcionan o deberían funcionar al margen del Estado, persiguiendo fines específicos.

En este sentido es importante destacar, la visión de Weber sobre el Estado.

…es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es un elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite (Weber, 1979, p. 83-84).

Dos elementos son importantes a destacar en esta definición, en primer lugar, la detención del monopolio de la violencia física legítima por parte de esa comunidad humana llamada Estado, y en segundo lugar, la concesión del derecho a la violencia física a otras asociaciones e individuos si el Estado lo permite.

De allí que los hallazgos permiten observar que los ‘Colectivos’ en Maracay y Valencia han asumido las funciones del Estado, en el ejercicio de la violencia legítima, además de otras materias como: seguridad, alimentación, recreación, servicios asistenciales, entre otros. Vale la pena preguntarse en ese sentido, si se trata de una estrategia del gobierno para mantener el control de la población a través de estos grupos armados, o es una expresión de debilidad para ejercer autoridad y control sobre ellos, o es su incapacidad para cumplir con las obligaciones que tiene de garantizar los derechos de salud, educación, seguridad y alimentación a la población, acciones que algunos de estos grupos realizan en las comunidades donde tienen su dominio. ¿Qué es lo que ha propiciado la cesión del uso legítimo de la fuerza y la violencia por parte del Estado a estos grupos armados?

De hecho, Chávez en una de sus intervenciones en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999, habló de replantearse el concepto de Estado, como parte de su propuesta para la nueva constitución, donde sería fundamental la democracia participativa y protagónica del pueblo.

… necesitamos un nuevo concepto de Estado, una nueva arquitectura de poder, una desconcentración de poderes, una auténtica democracia representativa, participativa y protagónica (…) El protagonismo popular es un concepto bolivariano, democrático y eminentemente revolucionario y se acerca a los mecanismos de una democracia que hoy no puede ser, lo entendemos exacta y absolutamente directa, pero sí tiene que ser protagónica, tenemos que darle al pueblo diversos mecanismos, como los plebiscitos, los referendo, las asambleas populares, las consultas populares, las iniciativas de leyes, todos esos instrumentos deben quedar (Chávez, 1999).

¿Era la transferencia del uso legítimo de la fuerza uno de los mecanismos propuestos por Chávez para darle protagonismo al pueblo? En teoría concebía un Estado orientado hacia la justicia, la libertad y la igualdad, valores estos que los ‘Colectivos’ armados le han quitado a la población donde dominan.

Un Estado que no se quede en un fin en sí mismo, un Estado que deje de ser una maquinaria burocrática, demoledora, negadora de los derechos humanos fundamentales, todo lo contrario, cada hombre, cada institución, cada pequeño engranaje de la maquinaria del Estado debe palpitar sólo y sólo en función de la justicia para un pueblo, de la igualdad, del trabajo, de la vivienda, de la educación, de la salud, de la libertad, de las ciencias y de las artes, para eso tiene que ser el Estado sino mejor sería no tener Estado (Chávez, 1999).

Pero en la práctica, el Estado venezolano, a través del gobierno bolivariano le ha permitido a los ‘Colectivos’ desempeñarse como opresores y controladores de comunidades, violando unos derechos, pretendiendo concederles otros, traspasando los límites del Estado, de acuerdo con la concepción weberiana. Ese ideal de Estado chavista impulsó el poder en varios actores, entre ellos los ‘Colectivos’ (Cardozo-Uzcátegui, 2022). De allí que ese modelo tradicional del Estado con el monopolio del uso de la fuerza por parte de los organismos competentes legitimados por la sociedad, parece estar debilitado, bien porque el mismo ha exacerbado el uso de la fuerza, violando derechos humanos, y se escuda en el trabajo de estos grupos, bien porque ha reducido su capacidad para proporcionar seguridad a los ciudadanos, o bien porque es una estrategia para preservar los ideales de la revolución bolivariana, lo que sin duda parecen elementos relacionados con el surgimiento de actores armados no estatales como los ‘Colectivos’.

De tal manera que el entendimiento de la forma como los grupos armados no estatales influyen en la gobernabilidad de los Estados, tendría que ser contextualizado con: la naturaleza de la política, la dinámica de la lucha por el poder, las querellas por los recursos, la lógica de la violencia como instrumento de la política, en cuyo proceso de interrelación emerge un Estado único (Iglesias, 2011).

Para Iglesias, pueden identificarse dos tendencias. Una, que plantea que hay casos cuando los Estados son ineptos para mantener el monopolio del uso de la fuerza, y en caso extremo se produce un quiebre del modelo tradicional del Estado-nación. La otra, señala que, en otros casos, las actividades de los actores armados no estatales no deben ser asumidas como el fin del modelo, sino como una evolución del mismo, en el marco de interdependencia económica, cultural y política.

En ese sentido entonces, cabe una mirada más profunda, de cómo es esa relación de los grupos armados con el Estado venezolano: compiten con él, o le colaboran. Ya no es solo el Estado quien detecta el monopolio de la violencia, sino que la comparte en algunos casos, o en otros se lo cede a los grupos armados. Basta revisar las estadísticas de muertes, lesiones, robos, extorsiones, secuestros, que comenten estos grupos a lo largo del país, y no hay ley, no hay institución, no hay organismo, no hay funcionario que se enfrente a ellos para controlarlos, por el contrario, son utilizados como un brazo ejecutor para cometer fechorías y mantener a la población controlada, de acuerdo con los intereses de los funcionarios de turno en el gobierno, y como un “brazo armado defensor de la revolución bolivariana”.

De hecho, los grupos armados, aunque no constituyen parte formal de la estructura del Estado en Venezuela, o por lo menos no directamente, se relacionan con autoridades y funcionarios y bajo su anuencia y complicidad realizan sus acciones para defender y preservar el gobierno de turno, para la consecución de sus objetivos, a través del uso de la violencia y el control social.

La situación se estos grupos armados es tan compleja, que en su desempeño han tenido capacidad de reemplazar a los cuerpos policiales o a trabajar junto con ellos, como lo evidenciarán los testimonios de las entrevistas realizadas.

Un análisis de estos grupos permitirá ver la diversidad o similitud de ellos. Parece común entre estos la convicción de su protagonismo como brazo ejecutor de las políticas represivas y acosadoras del gobierno para perpetuarse. Ello pasa por un componente de entrenamiento ideológico, político y logístico con apoyo de grupos de guerrilla también involucrados en el asunto. No obstante, como podrá observarse, algunos cubren territorios específicos, otros se proyectan para el dominio de amplios territorios, algunos tienen estructuras jerárquicas bien definidas, otros son un poco menos estructurados. Algunos se limitan a zonas específicas para operar, otros apuestan a su extensión sobre diversas zonas en las cuales logran el control social y comercial.

Lo indudable es que los ciudadanos se sienten frustrados con el Estado, o más bien con el gobierno, debido a su incapacidad para controlar la inseguridad y violencia, por un lado, y por otro, porque los elementos de la criminalidad, expresados en estos grupos armados no estatales, se encuentran infiltrados en el aparato del Estado, y aquellos actores que deberían garantizar la seguridad e imponer el imperio de la ley, están involucrados en actividades ilícitas con este tipo de grupos criminales.

Metodología

Los datos que alimentan el contenido de este artículo, forman parte de una investigación realizada durante el primer semestre del año 2021, en varios estados de Venezuela. Fue un estudio cualitativo, apoyado en la utilización de la entrevista como técnica de recolección de datos, y como instrumento una guía de entrevista para miembros de la comunidad y otra para miembros de grupos armados. En los instrumentos fueron abordadas las siguientes categorías: Identificación de los grupos, Origen y evolución del grupo en la comunidad, Cobertura geográfica, Estrategias, Actividades principales dentro y fuera de la comunidad, Aspectos financieros, Conexiones y relaciones con el gobierno, Conexiones y relaciones con otros grupos, Aspectos subjetivos/percepción sobre el grupo, Debilidades y fortalezas del grupo. Para complementar los instrumentos se diseñó igualmente una Ficha-Resumen, a fin de vaciar en la misma una síntesis de la información recolectada por cada entrevistado y por cada grupo identificado.

Los criterios para la selección de los informantes fueron: ser mayor de 18 años; de cualquier sexo; disposición a dar información sobre la actuación de los ‘Colectivos’ en sus comunidades o ámbitos de acción. La búsqueda y selección de los informantes fue opinática, debido a lo delicado de la temática a tratar. La información que será descrita corresponde a cinco entrevistas: una realizada a un miembro de la comunidad en Maracay; y cuatro entrevistas a miembros de grupos armados en Maracay y Valencia. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas, y luego sometidas a análisis de contenido, para extraer los hallazgos aquí expuestos.

Resultados

Los ‘Colectivos’

Los resultados encontrados permiten conocer en detalle las subjetividades que viven las comunidades y los propios miembros de los Colectivos en la cotidianidad de sus acciones. A pesar de algunas divergencias en cuanto a la vigencia de los Colectivos en el país, considerando que sus actuaciones en la agenda pública han mermado luego de las protestas del año 2017, donde sus prácticas fueron significativas por los daños y muertes causadas en contra de los manifestantes, aún se mantienen en acción dentro los territorios que dominan, y es importante conocer que todavía son identificados y reconocidos por las comunidades y ratificados por sus miembros. Los cambios en el contexto les han conducido a la diversificación y adaptación de sus acciones, pero siempre teniendo como norte su imposición ante los opositores al gobierno y la defensa de la revolución e ideología promovida por el gobierno “chavista”.

En Maracay, estado Aragua, fueron identificados los Colectivos el Bote y San Vicente, también conocido como el Colectivo Las Tablitas. En Valencia, estado Carabobo, reconocieron al Colectivo Ricardo Urriera, identificado también como Los Cerritos, y al Colectivo Rafael Urdaneta, identificados también como Los Libertadores. Todos son grupos armados con excepción del Rafael Urdaneta, porque éste cumple funciones de logística y finanzas en apoyo a los otros Colectivos del estado Carabobo, dado que opera desde una importante empresa petroquímica del Estado. En general, estos grupos no se reconocen con vestimenta o símbolos en particular. Están conformados por miembros de varias comunidades. Tienen cobertura y dominio en sectores y municipios enteros, y en zonas comerciales aledañas a su comunidad, hasta alcanzar todo el estado Aragua y Carabobo, respectivamente.

Tuvieron sus inicios en circunstancias coyunturales, bajo la premisa de apoyo a la comunidad, que en el fondo es establecer control y apoyo al gobierno para actividades de enfrentamientos a quienes consideran enemigos de la revolución

El Colectivo El Bote, de acuerdo con la versión de uno de los miembros del Colectivo, tuvo sus inicios en el año 2000, en el vertedero de basura de San Vicente donde sus miembros realizaban labores de recolección y clasificación de basura, para otras personas que no fueron mencionadas por el informante. Estas personas no identificadas, luego los contrataron para que realizaran labores de seguridad en el lugar, porque varios grupos se disputaban el control del mismo. Es así como asumen el control del vertedero en cuanto a la entrada y salida de personas, quienes trabajan allí, y quienes negocian todo el material que allí se recolecta. Dado que sus miembros laboran en el vertedero, por tener lealtad al grupo, les asignan viviendas y allí viven, son aproximadamente 300 personas. La versión de un miembro de la comunidad, coincide con lo dicho por el de un Colectivo, es decir, en que se iniciaron realizando las actividades de recolección y clasificación de basura para su posterior venta, pero después con el apoyo de un activista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se organizaron como Colectivo, con el objetivo de mantener el control del vertedero donde se clasifican todo tipo de desechos para después venderlos, objetivo que aún mantienen.

El Colectivo San Vicente, por su parte se formó por grupo de “malandros” de la zona que se dedicaban a robar en diferentes zonas de Maracay y Valencia, teniendo a la comunidad de San Vicente como escondite, porque tiene entrada y salida por el lago de Valencia; progresivamente se van organizado con el apoyo de organismos policiales, para brindar protección a la comunidad donde viven y a los comercios de la zona central de Maracay donde operan, objetivos que mantienen. Reciben instrucciones directamente de la gobernación a través de un enlace. Para el momento del estudio estaban conformados por 485 miembros directos, pero cuando se activan, cuentan con todas las familias de la zona.

Este ‘Colectivos’ tiene cobertura en los siete barrios de la zona de San Vicente, excepto el vertedero de basura donde está el Colectivo, pero además controla en la Guaricha, que es zona del estado Carabobo limítrofe con Aragua, la zona de Magdaleno que tienen conexión por el lago de Valencia y mantienen una zona de vigilancia en el centro de Maracay, con una parada de moto taxis ubicada en la plaza Girardot. En general no tienen limitación de acción en el estado Aragua y zonas limítrofes con el estado Carabobo.

El Colectivo Ricardo Urriera, que opera en la zona sur de Valencia, los municipios Plaza de Toro, Ciudad Plaza, Urbanismo Hugo Chávez, la Florida, Tocuyito y Campo de Carabobo en el estado Carabobo, fue formado por miembros de la comunidad del urbanismo del mismo nombre que integraban los diferentes consejos comunales de la zona, luego invitan a vecinos con antecedentes penales para que realicen labores de patrullaje y seguridad, y prestan apoyo a los organismos policiales y políticos de la zona. Es dirigido por un Pran desde la penitenciaria de Tocuyito.

El Colectivo Rafael Urdaneta tiene cobertura en todo el estado Carabobo, y es el enlace de logística y finanzas de todos los Colectivos que operan en el estado. Funciona dentro de las instalaciones de la principal empresa del Estado encargada de producir y comercializar productos petroquímicos, bajo la figura de Gerencia de Auditoría para Asuntos Externos, reportando directamente a la gobernación y al partido PSUV. Son los encargados del pago de los integrantes de los Colectivos, ya sea por la nómina de los milicianos o por la página web Patria (plataforma digital de beneficios sociales del gobierno), garantizan que le lleguen todos los beneficios del gobierno a los miembros de los Colectivos, incluyendo la bolsa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), así como los pagos puntuales por labores de seguridad y dispersión de concentraciones de la oposición, casos en los cuales trabajan junto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la policía nacional y estadal. Es importante destacar que, aunque este es el único Colectivo que no está armado, su función es sustancial para el apoyo de los otros Colectivos que actúan en el estado Carabobo, además de que sirven de fuerza de choque cuando se presentan problemas con sindicatos en la mencionada empresa donde operan.

De acuerdo con la versión de los entrevistados, todos estos Colectivos tienen una estructura de mando similar, están formadas por un líder a quien llaman Pran y por otros miembros de jerarquía Lugartenientes, quienes solo reciben órdenes de su Pran. El Colectivo Rafael Urdaneta en apariencia funciona con un gerente de área, un jefe de departamento, supervisores y analistas.

Cómo operan los ‘Colectivos’

Tanto el miembro de la comunidad como los Colectivos que fueron entrevistados, reconocen la libertad que tienen estas agrupaciones para cometer sus delitos e imponer control social porque cuentan con el apoyo y resguardo de los organismos de seguridad del Estado, con quienes realizan acciones conjuntas, de allí que no necesitan valerse de ninguna estrategia para su protección, además de que poseen armas. El Colectivo que opera en la empresa estatal que presta apoyo logístico y de administración financiera para el resto de los Colectivos que funcionan en el estado Carabobo, no es un grupo armado, pero tiene el respaldo del gobierno regional, nacional y del partido de gobierno.

Entre las actividades que realizan estos grupos en sus ámbitos de operación se mencionaron: labores de protección y seguridad a la comunidad, a los comercios y a los vecinos de su zona de operación, por lo cual cobran “vacunas” (tipo de extorsión). Son los encargados de empaquetar, entregar y cobrar las bolsas CLAP, cuidan y manejan recursos de los centros de salud (Centro de Diagnóstico Integral, CDI) de la zona, organizan eventos deportivos y fiestas a la comunidad en ocasión de navidad, carnaval y vacaciones escolares. Fuera de la comunidad sirven de apoyo a otros Colectivos en funciones de seguridad, patrullaje, y apoyan a los organismos policiales como fuerza de choque en las manifestaciones contra el gobierno y de protección en las marchas del gobierno, en algunos casos son infiltrados para hacer labores de soplones. También han tenido funciones de reclutamiento de personal para las milicias.

En el caso del Colectivo que actúa como apoyo administrativo y logístico a los Colectivos del estado Carabobo, son quienes coordinan la inscripción de todos los miembros de los Colectivos en la página Patria para que reciban los bonos, salarios a través de las milicias, y los pagos adicionales cuando realizan actividades especiales como disolver manifestaciones, además coordinan la logística para la entrega de las bolsas CLAP a todos los Colectivos. No trabajan en comunidades.

La forma de financiamiento de estos ‘Colectivos’ en Maracay y Valencia es a través del cobro de vacuna por servicios de seguridad y protección a comercios y personalidades. Reciben pago por nómina de las milicias, así como todos los beneficios y bonos otorgados a través de la página Patria. En los casos cuando distribuyen y cobran las bolsas CLAP, se quedan con la mitad de lo cobrado, y una bolsa mensual; además de recibir pagos por acompañamiento a las marchas y combatir las manifestaciones. A los motorizados les garantizan la gasolina y los repuestos para las motos. En casos específicos como el Colectivo El Bote, además se financia de las ventas de la recolección de desperdicios en el vertedero. El Pran y los lugartenientes tienen asignados ingresos de acuerdo con el volumen de las ventas, mientras que al resto de los miembros se les asigna un monto semanal como pago. Los miembros del Colectivo Rafael Urdaneta forman parte de la nómina de la empresa estatal donde operan, y sus ingresos son cubiertos por el Estado, mientras que los gastos individuales y grupales forman parte de la partida de gasto de los ‘Colectivos’.

Empoderamiento criminal de los ‘Colectivos’ y las comunidades

De acuerdo con la percepción de los informantes comunitarios, los ‘Colectivos’ identificados en Maracay y Valencia, son aceptados por la comunidad por miedo a que tomen represalias contra ellos.

El vínculo entre las comunidades y los ‘Colectivos’ podría describirse como de “apoyo forzado”. La comunidad les teme y los toleran porque representan una fuerza ofensiva y de apoyo del gobierno, son grupos paramilitares. Estos grupos han sustituido la figura del policía en sus comunidades, ya que imponen las reglas de comportamiento en la comunidad y sirven como mediadores de conflictos. Si bien es cierto que la comunidad tiene con ellos seguridad o protección dentro de la comunidad, controlan el orden y dictan las pautas de convivencia, son generadores de empleo, proporcionan y distribuyen alimentos y medicinas, vigilan y mantienen los servicios de energía eléctrica y agua, además otorgan beneficios sociales: ayudas económicas, distribución de bolsas de alimentos, realización de eventos deportivos y recreacionales, pero se valen de estas prácticas para intimidarlos y mantener el orden establecido por ellos, pretendiendo legitimarse y ganarse su confianza.

Pero por recibir de los ‘Colectivos’ esos beneficios, las comunidades no dejan de considerarlos perjudiciales, ya que sustituyen a los organismos de seguridad del Estado en labores para las cuales no están preparados, imponiendo el miedo y criterios por la fuerza. Su labor en la comunidad es de amedrentamiento, crear caos y control sobre las comunidades, y forman parte de lo que llaman sociedad cívico-militar, milicia urbana.

Pero el vínculo de los ‘Colectivos’ con respecto a las comunidades es de ser sus benefactores y protectores. De acuerdo con la versión de los miembros de Colectivos, con ellos las comunidades pueden estar y sentirse seguras. Financian las actividades culturales y deportivas junto con la comunidad, les dan regalos a los niños y garantizan la seguridad durante estas actividades, adicionalmente cuidan a los médicos comunitarios que van a pasar consulta, y les garantizan la seguridad a los maestros de la escuela. En algunos casos cubren gastos alimenticios de medicina y funerarios de habitantes del sector. En palabras de dos de los miembros de ‘Colectivos’ entrevistados, cumplen la función de: “ayudar al presidente a sacar el país hacia delante contra todos los enemigos gringos que nos quieren destruir” (Entrevista 1). “Esto se hace para que los vecinos estén contentos y sepan que pueden contar con nosotros. Mi trabajo es ayudar a los vecinos y ayudar que la revolución llegue a todos por el bien del país” (Entrevista 2). En general los ‘Colectivos’ se creen esenciales para la implantación de la revolución y la seguridad del Estado, porque brindan seguridad y protección a su comunidad.

Con base en la percepción que tienen los entrevistados en torno a los ‘Colectivos’ que pertenecen, a continuación, algunas expresiones que indican su opinión sobre ellos: “Que todos debemos vivir en comunas para tener el control de nuestros recursos”. “Si nos quitan el bloqueo económico mi presidente nos podría ayudar más a todos y estaríamos mejor”. “Somos la primera línea de choque, en nuestras manos está el éxito de controlar las manifestaciones”.

‘Colectivos’: instrumentos del gobierno

Hasta ahora se han descrito las características y formas de operar de los ‘Colectivos’. Pero qué es lo que los hace considerarse una pieza importante para el gobierno bolivariano.

Los miembros de ‘Colectivos’ entrevistados piensan que son de gran ayuda y apoyo a las comunidades, porque les colaboran en algunas de sus necesidades y porque los cuidan. Además, están convencidos de que son una fuerza útil para servir a los intereses del gobierno y mantener el proceso revolucionario.

Pero además tienen una red de apoyo y relación con otros grupos. En Maracay, por ejemplo, se relacionan porque forman parte del Comando de Seguridad Urbana, Fuerzas Civiles Militares. En general los ‘Colectivos’ trabajan juntos porque se brindan protección mutua, y se entrenan en labores de vigilancia y seguridad por instrucciones del organismo competente, y no rivalizan mientras respeten las zonas de trabajo de cada uno.

En Maracay, el Colectivo El Bote sólo tiene relación y reciben lineamientos del alcalde del municipio Girardot. El Colectivo San Vicente se relaciona y hacen reuniones permanentes con los organismos de seguridad del Estado, la cuarta división de la GNB y un representante de la gobernación.

De los ‘Colectivos’ de Valencia, los miembros de Ricardo Urriera se relacionan con los organismos de seguridad del estado Carabobo, y en el caso de la GNB con el destacamento de la Penitenciaria de Tocuyito. Mantienen comunicación constante con un representante de la gobernación y con las alcaldías de Valencia y Libertador. El Colectivo Rafael Urdaneta mantiene comunicación directa con los Pranes de cada uno de los ‘Colectivos’, con la oficina del gobernador y del partido PSUV.

Los Colectivos identificados tienen una evidente conexión con el gobierno, dado que dentro de su estructura tienen a una persona que es el vínculo con las autoridades en todos los niveles: gobernación, alcaldías, policiales y militares, así como con miembros del partido PSUV. Por medio de esta persona reciben instrucciones para operar según sea el caso. Aunque esto puede convertirse en una debilidad si el gobierno deja de apoyarlos o son sustituidos por otros grupos. Uno de los entrevistados lo expresa de la siguiente manera:

El uso de la fuerza, de estar armado y andar libremente con el respaldo de los organismos oficiales los hace verse poderosos ante la comunidad, pero su debilidad es tener que seguir siempre las órdenes de estos organismos, una vez no las siguen, son eliminados por estos (Entrevista 5).

La impunidad que reina en las acciones de estos grupos armados descansa en la amenaza que representan para las comunidades, eso los hace fuertes porque aunque las comunidades los renieguen, nadie se atreve a hacer nada en contra de ellos, porque les temen y porque además cuando hay que resolver algo, ellos lo resuelven, es decir tienen un gran impacto en la comunidad. Además, tienen la ventaja de que por estar armados, son poderosos ante la comunidad, están apoyados por el gobierno y por ello no tienen miedo.

Sin embargo, bien podría conjeturarse que son un instrumento del gobierno, mientras que les sirva a sus intereses, de hecho, una de las debilidades reconocida para estos grupos es que en cualquier momento, por asuntos de poder, otros grupos los puede sacar y descartarlos.

El vínculo entre los ‘Colectivos’ y el gobierno nacional existe al constituirse en un brazo ejecutor de dos tenazas: una de beneficencia, y otra represiva y de control. Con la primera seduce a las comunidades a “apoyar” a estos grupos a través del otorgamiento de beneficios materiales y económicos; y con la segunda, tiene un manifiesto dominio de espacios, a través de una evidente identificación con los ideales de la revolución bolivariana y de apoyo al gobierno, la disposición de recursos logísticos y financieros, y por las actividades ilegales que realizan con total impunidad, además de poseer una estructura jerárquica, respaldada y con directrices directas de altos funcionarios civiles y militares, y de líderes del partido de gobierno.

Discusión

Los ‘Colectivos’ y el Estado-gobierno venezolano

La presencia de grupos armados no estatales como los ‘Colectivos’, en territorio venezolano, específicamente en los estados Aragua y Carabobo, surgidos fundamentalmente durante el gobierno de Hugo Chávez, pero consolidados y mantenidos con Nicolás Maduro, plantea una discusión en torno a la violencia propiciada por estos grupos, la seguridad como derecho que tienen los ciudadanos y el monopolio del uso de la fuerza que es una atribución que tiene el Estado.

La violencia generada por los ‘Colectivos’, de acuerdo con los testimonios aportados por los entrevistados, descansa en una “psicología del miedo”, o una “violencia psicológica” que mantiene a personas y comunidades en un estado de indefensión, a través de mecanismos de control del orden y de convivencia, que es una manera de mantenerlos a raya, mientras ellos cometen toda clase de fechorías y aseguran su permanencia y estabilidad en los territorios donde operan. Emplean el miedo como mecanismo de control social ilegítimo, para defender y legitimar la ideología del gobierno. Así aseguran sus actividades que van desde vigilancia para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas, infiltración en sectores y manifestaciones para actuar como “soplones” de quienes están incurrieron en desobediencia y establecer los correctivos correspondientes, control y administración de servicios de salud, educación y de distribución de alimentos y medicinas, hasta la organización de fiestas infantiles y eventos deportivos para mantener entretenidos y “contentos” a los vecinos para ganarse su aceptación y confianza. Se crea un vínculo entre aceptación y rechazo en la relación de los ‘Colectivos’ con las comunidades.

La realización de estas actividades por estos grupos, es posible gracias a la permisividad y concesión de parte del gobierno de espacios y funciones que le corresponde administrar dentro de las instituciones del Estado (Rodríguez et al., 2012).

La naturaleza de esos grupos descansa en el aprovechamiento de la relación con funcionarios del gobierno y de cuerpos de seguridad para imponer la ley y el orden en una especie de semi-Estado donde controlan las actividades bajo coerción, porque están armados e intervienen las actividades económicas. Viven bajo la impunidad de las acciones que cometen porque dada su relación con el gobierno no hay institución, ni organismo que les ponga coto, por el contrario, pareciera que le fueron cedidas las funciones de seguridad y protección de los ciudadanos para imponer su idiosincrasia e ideología de la llamada revolución bolivariana, aupada por el fallecido Hugo Chávez (Transparencia Venezuela, 2020).

Es manifiesto de acuerdo con la información proporcionada por los entrevistados pertenecientes a ‘Colectivos’, que son organizaciones que forman parte de la estructura del Estado y tienen una relación con instancias del gobierno con quienes establecen alianzas para obtener apoyo en el avance de sus actividades (Moya, 2018). Una muestra de ello es el Colectivo identificado en Valencia, encargado de manejar los recursos financieros y logísticos de los ‘Colectivos’ de todos los municipios del estado Carabobo, y que forma parte de la estructura de la Corporación del Estado venezolano encargada de producir y comercializar productos petroquímicos fundamentales, aunque no le reportan a ninguna autoridad en la empresa sino al PSUV y a la gobernación.

De allí que los hallazgos permiten confirmar que los ‘Colectivos’ en Maracay y Valencia han asumido las funciones del Estado, en materia de seguridad, alimentación, recreación. Vale la pena preguntarse en ese sentido, si se trata de una estrategia del gobierno para mantener el control de la población a través de estos grupos armados, o es una expresión de debilidad para ejercer autoridad y control sobre ellos, o es su incapacidad para cumplir con las obligaciones que tiene de garantizar los derechos de salud, educación, seguridad y alimentación a la población, acciones que algunos de estos grupos realizan en las comunidades donde tienen su dominio.

Lo cierto es que el gobierno se ha valido de estos grupos para imponer un orden y para evadir las críticas y sanciones de organismos internacionales por violación de derechos humanos, propiciando el enfrentamiento entre civiles para defender las pretensiones de la revolución bolivariana, aunque eso no los exime de ser acusados por cometer delitos de lesa humanidad (Moya, 2018). Si la estrategia es controlar y amedrentar, nada mejor que enfrentar civiles contra civiles, con la desventaja de que estos grupos están armados y no les importa enfrentarse con la población para defender a la revolución que apoyan. Esta situación de impunidad sucede a pesar de que en la legislación venezolana, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en el Capítulo III, De los delitos contra el orden público, en su artículo 37 establece pena de seis a diez años por asociarse a este tipo de grupos que actúan de forma ilegal (Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, 2012).

Otra muestra de esa relación de los ‘Colectivos’ con el gobierno es la capacidad de expansión que han logrado para imponer sus actividades ilícitas, armados, con la venia de autoridades locales, sin utilizar ningún tipo de estrategia porque una de las mayores fortalezas que tienen es recibir apoyo del gobierno local, regional y nacional, de los organismos de seguridad del Estado, de operadores de administración de justicia y de los miembros del partido de gobierno.

Esa incapacidad o debilidad en la estructura del Estado para permitir la existencia de estos grupos armados como fuerza de choque contra la ciudadanía, remite a una revisión del modelo de Estado, como se apuntaba al inicio, en tanto se han ido deteriorando los principios básicos de soberanía, legitimidad e identidad. En el caso venezolano, parece tratarse de un asunto de seguridad, pero de seguridad del gobierno. Internamente el gobierno parece no confiar en los organismos de seguridad y delega en los grupos armados como los ‘Colectivos’ funciones de seguridad y control público, pero también existe un involucramiento excesivo de militares en los asuntos públicos (Iglesias, 2011) por los que algunos estudiosos lo han denominado como un Estado cuartel (Buttó, 2014). Otros lo han catalogado como un Estado delincuente (Tablante & Tarre, 2013) por presentar evidente vinculación con la delincuencia organizada, de donde no están exceptos los ‘Colectivos’. De modo que parece una maniobra del gobierno contra la presión cada vez mayor por parte de la sociedad civil y de los organismos internacionales por el respeto a los derechos humanos y la democratización.

En síntesis, la complicidad manifiesta entre los ‘Colectivos’ y el gobierno nacional queda evidenciada en las actuaciones de represión, persecución junto con los organismos de seguridad del Estado, financiamiento del gobierno de muchas de sus actividades, control y distribución a discreción de beneficios sociales en las comunidades donde operan, impunidad ante los delitos que cometen a cambio de lealtad al gobierno, así como declaraciones públicas de algunos funcionarios a favor de estos grupos y sus acciones (Moya, 2018).

Los ‘Colectivos’: el brazo ejecutor y las comunidades víctimas del gobierno bolivariano

De acuerdo con los testimonios de los entrevistados, hay una proximidad de aceptación-rechazo de parte de las comunidades hacia los ‘Colectivos’. Para la comunidad es casi un mal necesario porque se han apropiado de sus espacios y ejercen control sobre las actividades económicas a través del cobro de vacuna, con la repartición de las bolsas de comida y un control social porque establecen las normas de convivencia entre los vecinos de la comunidad. Esto último es visto como positivo porque acabó con la delincuencia común, empero sembró el temor en los habitantes porque no pueden hacer o decir nada que contradiga las normas impuestas.

De igual forma, ven como positivo que los ‘Colectivos’ dentro de las comunidades ofrecen ayuda económica, de alimentación o medicinas a quienes consideran que lo necesitan; realizan eventos deportivos y de recreación para niños, jóvenes y adultos. Pero estos beneficios que los ‘Colectivos’ les brindan a la comunidad para ganar legitimidad, no son suficientes para que muchas personas dejen de rechazarlos porque es una forma de manipularlos para ejercer el control, temor e intimidación, desplegando funciones que les compete a los organismos de seguridad del Estado, de manera que, esa aceptación no es tal, sino es una forma de expresar el temor que les tienen para no sufrir represalias, porque representan la fuerza ofensiva y de apoyo del gobierno. Su brazo ejecutor.

Conclusiones

Una mirada analítica a la información obtenida en la investigación sobre los ‘Colectivos’ en Maracay y Valencia, ha permitido ver lo complejo que resulta comprender cómo las estructuras armadas representadas en los ‘Colectivos’, han logrado mantener su poder y liderazgo en el ámbito social, político y económico de la sociedad venezolana, movido por ideales de la revolución bolivariana, pero también por intereses económicos ilegales, que han erosionado el tejido social de las comunidades, propiciando confrontaciones y violencia, para alimentar una lucha que en apariencia es para beneficiar al pueblo, pero en el fondo ha hecho mucho daño, violando derechos fundamentales de la ciudadanía.

En ese sentido, pudo observarse a través de la descripción de los grupos identificados, la manera como fueron evolucionando en tamaño, funciones, características, organización, estructura y en expresiones de violencia, pero siempre amparados por sus relaciones con funcionarios y personajes políticos adeptos a la revolución bolivariana, hasta lograr insertarse en estructuras del Estado, desde donde se hacen intocables para cometer sus crímenes.

Las motivaciones gubernamentales para la creación de los ‘Colectivos’ en primera instancia pareciera que estuvo centrada en la defensa de la revolución bolivariana, a pesar de contar con los cuerpos de seguridad y las milicias, con lo cual también les concedía el derecho a participar en aspectos sociales y políticos del país, a través de los artículos 6 y 62 de la Constitución de Venezuela del año 1999. Posteriormente, por medio de la Ley de Consejos Comunales del año 2006, muchos ‘Colectivos’ se convirtieron en Consejos Comunales, como organizaciones comunitarias controladas por el gobierno para formular, ejecutar, controlar y evaluar las políticas más convenientes para las comunidades (Moya, 2018). De acuerdo con lo expresado por los mismos entrevistados, esa función se mantiene, sólo que ha sido tergiversada en sus medios y propósitos, por cuanto ha devenido en actividades criminales que les permite, a aquellos ‘Colectivos’ que evolucionaron en grupos armados, a no sólo tener control de las comunidades en cuanto a normas de convivencia y de “seguridad” que los mantiene en estado de intimidación permanente, sino también en el ejercicio de actividades ilegales como robos, extorsiones, asesinatos, para financiarse y justificar sus actuaciones en defensa de la ideología del gobierno central.

En concordancia con el propósito de mantener el control social de las comunidades en sus territorios debidamente delimitados, los ‘Colectivos’ armados identificados en la investigación, han establecido una gobernanza que los “legitima”. Poseen las condiciones para esta gobernanza (Briceño-León et al., 2022). Son grupos numerosos, armados, que se mueven con libertad en las comunidades para vigilar y castigar a quienes no cumplen con las normas impuestas, disponen de recursos financieros, bien porque se dedican a actividades de protección a personalidades, comerciantes, cobro de vacunas, extorsiones, robo o actividades aparentemente legales con las que justifican su presencia en las zonas, además de las concesiones en dinero y beneficios que reciben del gobierno nacional, regional o local, así como del partido de gobierno. Además de ello, cuentan con el respaldo de las instituciones del Estado tanto del poder ejecutivo como del poder judicial, lo que les permite actuar con impunidad, y no conforme con eso, consiguen la confianza y aceptación de las comunidades a través del otorgamiento de beneficios sociales materializados en alimentos, servicios de salud, servicios educativos, recreación, ofertas de trabajo, lo que compromete a miembros de la comunidad a deberle esas concesiones, cuando en realidad son derechos que les han robado y que utilizan para evitar que actúen en contra de ellos.

Este contexto de complejidades es lo que obliga a preguntarse cuál es la verdadera relación de estos ‘Colectivos’ con el gobierno y qué significan ellos para el gobierno. De parte de los ‘Colectivos’ parece haber una relación de dependencia y fidelidad por unos ideales de la revolución bolivariana que, en teoría los empodera, en el sentido de darles potestades que son propias del Estado en relación con las comunidades, y que les avala actuaciones ilegales, pero que también los hace vulnerable, porque tal y como uno de los miembros de un Colectivo lo expresó, cuando por razones de poder de otros grupos o de que el gobierno no esté, saben que pueden desaparecer.

Pero, de parte del Estado hacia el Colectivo, parece haber una debilidad o agotamiento del modelo en su capacidad para defender los intereses de los ciudadanos y a través de sus estructuras les ha permitido la impunidad en la comisión de delitos y en la apropiación de funciones que le competen, para ejercer la violencia en todas sus formas, desde la intimidación hasta la muerte de quienes no se apeguen a su forma de actuar y de pensar. No se vislumbra un desafío de estos grupos hacia el modelo de Estado, por el contrario, los ‘Colectivos’ representan una pieza clave para la seguridad del gobierno, de modo que puede tratarse de una estrategia de gobierno transfiriéndole responsabilidades y el legítimo uso de la violencia para que ejerzan autoridad y control en algunos sectores.

Es una mezcla o una variedad, poco didáctica, de juego de roles, entre debilidad, incapacidad, ejercicio de autoridad, complicidad, a fin de mantener a estos ‘Colectivos’ bajo control, pero también crear una matriz de opinión borrosa en la sociedad civil y organismos internacionales sobre la legitimidad y legalidad de las decisiones del gobierno, cuando en realidad utiliza a los ‘Colectivos’ como su brazo ejecutor armado para preservar la ideología chavista bolivariana llamada revolución, y para encubrir la violación de derechos humanos.

Referencias

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BUTTÓ, L. A. (2014). La Construcción del Estado Cuartel. Estudios, 6(15), 13-54. http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/mundonuevo/n15/art03.pdf

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