Volumen 32 Nº 2 (abril-junio) 2023, pp.122-133

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8075167

La gobernanza de los ‘Colectivos’ de Caracas y el Estado en Venezuela 1

Roberto Briceño-León

Resumen

El artículo tiene como objetivo caracterizar el tipo de gobernanza que ejercen en sus territorios los llamados Colectivos en Caracas, Venezuela, a partir de las relaciones de cooperación que establecieron con el Estado a inicios del siglo XXI. Se realizaron entrevistas a vecinos, personas que trabajan en la zona y funcionarios policiales durante los años 2018, 2019 y 2021. Se consultaron fuentes secundarias de las mismas organizaciones, así como de los medios de comunicación y redes sociales. Los resultados mostraron que los Colectivos tienen un control territorial que limitó el mercado minorista de la droga, substituyen a las fuerzas policiales e imponen a los vecinos normas de comportamiento social y político y castigos no contemplados en la ley; tienen una bases financiera basada en los aportes del gobierno nacional y que usaron para construirse una legitimidad basada en la distribución de los beneficios que han obtenido del Estado y en los vínculos con el poder político nacional. Los Colectivos ejercen una gobernanza compartida o colaborativa que puede ser catalogada como dualidad en el poder o como un orden político híbrido, en la cual comparte el dominio territorial con el Estado actuando de manera paralela o superpuesta, donde el grupo actúa para favorecer los intereses del gobierno y el gobierno actúa en favor del grupo, por lo cual dejaron de ser un movimiento político subversivo para convertirse en una expresión del poder constituido.

Palabras clave: Colectivos; gobernanza criminal; Venezuela; grupos armados no estatales; orden político híbrido

Universidad Central de Venezuela / Universidade Federal do Ceará. Brasil

E-mail: roberto.bricenoleon@gmail.com / ORCID: 0000-0002-8882-7787

Recibido: 06/01/2023 Aceptado: 03/03/2023

Governance of the ‘Colectivos’ de Caracas and the State in Venezuela

Abstract

The article aims to characterize the type of governance exercised in their territories by the collectives of Caracas, Venezuela, based on the cooperative relationships they established with the State at the beginning of the 21st century. Interviews were conducted with neighbors, people working in the area and police officers during 2018, 2019 and 2021. Secondary sources were consulted from the organizations themselves, as well as from the media and social networks. The results showed that the collectives have a territorial control that limited the drug retail market, substitute for police forces and impose on neighbors norms of social and political behavior and punishments not contemplated in the law; they have a financial base based on contributions from the national government and that they used to build legitimacy based on the distribution of benefits they have obtained from the state and links with national political power. The collectives exercise a shared or collaborative governance that can be catalogued as a duality in power or as a hybrid political order, in which they share the territorial domain with the State, acting in parallel or superimposed, where the group acts to favor the interests of the government and the government acts in favor of the group, so they ceased to be a subversive political movement to become an expression of the constituted power.

Keywords: Colectivos; criminal governance; Venezuela; non-state armed groups; hybrid political order

Introducción

… ¿Qué cuál es el objetivo?... que la gente tenga, que sepa que hay un colectivo que es el cogobierno, como se llama, así pues, como decir “el mini gobierno del gobierno nacional”, el que hace que la gente cumpla las cosas como ellos quieren, ve por ejemplo, este, que una persona este echando vaina en el bloque cual, entonces van y los ‘Colectivos’ vienen y los ponen en su sitio…

La denominación ‘Colectivos’ se refiere a una variedad de organizaciones políticas con finalidades muy diversas. Bajo ese nombre se pueden cobijar desde organizaciones vecinales de cooperación y autoayuda, hasta grupos armados con propósitos políticos explícitos. Sin embargo, dado que los Colectivos con mayor relevancia pública son los que han permitido construir la representación social de tales organizaciones, por Colectivos se entiende unos grupos armados no-estatales que actúan en Caracas y varias otras ciudades del país y que muestran un rostro subversivo e ilegal, pero que, en la práctica, funcionan como grupos políticos paraestatales.

Aunque mantienen una independencia formal del Estado, son paraestatales pues actúan en coordinación o en delegación de funciones y tareas generales o puntuales del gobierno: ejerciendo un control social y político de los territorios donde están establecidos o donde son requeridos por el gobierno nacional para una actuación represiva paraestatal.

Los ‘Colectivos’ ejercen entonces una gobernanza en amplios territorios, como ocurre en otras partes de América Latina (Feldman & Luna, 2022), con la singularidad que sus acciones no son ni legales ni ilegales, pues, asumen funciones del Estado (Weber, 1977) y ejercen un dominio social y político de facto, que se lo otorgan ellos a sí mismos con el uso o amenaza de uso de la fuerza, han contado con el silencio, beneplácito y hasta apoyo financiero y político del gobierno nacional.

Esta situación ambigua crea una gramática social en esos territorios singular, pues la población está sometida a normas de comportamiento particulares creadas e impuestas por los Colectivos, y que pueden diferir o alterar las leyes de la República y los derechos ciudadanos. Y, al mismo tiempo, las leyes de la Republica siguen teniendo vigencia en esos territorios. Y los pobladores se deben mover entre esos dos patrones normativos, entre dos gramáticas sociales diferentes que les indican cómo deben actuar en cada circunstancia, lo que deben hacer o dejar de hacer, y las consecuencias que en cada caso les traería la desobediencia.

Para analizar la construcción de esa gobernanza (Bevir, 2012: Lessing, 2021) y el proceso social de creación de una gramática social paralela, fueron analizadas dos organizaciones emblemáticas del 23 de Enero y se buscó conocer: a- cómo se formó su identidad y cuál era su control territorial; b- cuáles eran las normas de gobernanza que imponían en su territorio c- cuál era su base financieras; d- cuales mecanismos usaban para construir su legitimidad y e- cuál era su relación con los cuerpos policiales y el rol político que pretendían.

Método

Para la elaboración de este trabajo se realizaron entrevistas semi-estructuradas a pobladores de la zona, informantes claves que trabajan o prestan servicios en la zona y funcionarios policiales que habitan en el área o han estado asignados en tareas laborales en el área y se consultaron fuentes secundarias escritas y audiovisuales de las propias organizaciones y de archivos de acceso público. Las entrevistas fueron realizadas durante los años 2018, 2019 y 2021, de manera presencial o por internet. En algunos casos el entrevistado permitió que se grabara le entrevista; en otros casos los informantes rechazaron la solicitud, a pesar de que se les informó que los archivos serían clasificados con números, sin el nombre de las personas, y que luego de su análisis serían destruidos.

Resultados

Las dos organizaciones analizadas fueron La Piedrita, que es la más antigua pues fue fundada en 1985, y el Colectivo Alexis Vive, Carajo, creada en el año 2005. Ambas se encuentran en la parroquia 23 de enero de Caracas (Coordinadora Simón Bolívar, 2020).

Caracas como ciudad está formada por cinco municipios, uno de los cuales, llamado municipio Libertador, es a su vez el Distrito Capital, que es la sede del gobierno nacional y la capital de la república. Los otros cuatro municipios pertenecen a una entidad geopolítica diferente, el estado Miranda. Así que la denominación de Caracas es ambigua, pues puede referirse tanto a los cinco municipios que integran su área Metropolitana, como tan sólo al Distrito Capital. Para los fines de este texto utilizaremos Caracas para referirnos exclusivamente al Distrito Capital que es donde se encuentra localizada la parroquia 23 de Enero (Briceño-León, 2007).

La Piedrita (LP) afirma en su página web que su fundación ocurrió el 26 de diciembre de 1985, “bajo un gobierno capitalista y burgués opresor”, y surge como un grupo subversivo que se oponía al gobierno y buscaba tener incidencia política nacional (La Piedrita, s.f.). Algunas personas sostienen que su nombre deriva de una expresión popular que dice que no hay algo “más molesto que una piedrita en un zapato”. La metáfora, de uso popular, quiere significar que alguna acción o persona puede ser pequeña, pero causar grandes perturbaciones.

En los años ochenta del siglo pasado, varios grupos hacían vida política en la zona del 23 de Enero. La mayoría de ellos tenía sus orígenes en las organizaciones guerrilleras que habían participado en la lucha armada que tuvo lugar en el país a inicio de los años sesenta y formaban parte de los grupos que no habían admitido a las propuestas de pacificación ofrecida por los distintos gobiernos durante esos años, a la cual sí se habían acogido tanto el Partido Comunista de Venezuela (PCV) como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La Piedrita se estableció, junto con otro grupo llamado Los Tupamaros, como uno de los grupos armados más importantes de la zona. Durante los años noventa, sus líderes aparecían en declaraciones públicas con los rostros encapuchados, mostrando sus armas largas y aupando la lucha política armada (Relea,2005). La Piedrita cuenta en sus documentos públicos, que sus militantes fueron perseguidos y encarcelados por “tener un pensamiento distinto”. Su trabajo en la zona, sostienen ellos, se realizó para “quitarle al narcotráfico y la delincuencia esos espacios y que para tal propósito debieron realizar actividades “deportivas, culturales, políticas sociales y hasta militares” (La Piedrita, s.f.).

A partir del año 1998 los miembros de La Piedrita se incorporaron a la campaña electoral del entonces candidato Hugo Chávez y, luego de su triunfo y su llegada a la presidencia de la república, entraron en una relación de cooperación con el gobierno nacional que les va a permitir tener una mayor presencia pública, consolidar un dominio territorial e imponer sus normas, por los recursos económicos y militares de los cuales dispuso y de la permisibilidad otorgada a su actuación por parte del gobierno nacional (Telesurtv, 2014).

El otro grupo es el colectivo denominado “Alexis Vive, Carajo” (AV) y es una asociación que se formó como una “organización política de cuadros” en el año 2005 y que controla la zona central del 23 de enero, compuesta por ocho grandes edificios de viviendas de interés social y su áreas de servicios. A comienzos de siglo XXI, sus miembros individuales formaban parte de la Coordinadora Simón Bolívar, que era una coalición de grupos políticos del 23 de enero que apoyaba al gobierno del presidente Chávez y que, en el año 2002, durante las grandes marchas de protestas de la oposición y el intento de golpe de Estado, participó en los enfrentamientos armados que se produjeron entre partidarios y opositores del gobierno y que dejaron numerosos muertos. En medio de esas batallas urbanas, murió el joven Alexis González Reverte, quien formaba parte del grupo de defensa del gobierno, y fue a partir de allí cuando un grupo de jóvenes militantes políticos y estudiantes universitarios, decidieron la creación del colectivo “Alexis Vive, Carajo”; que se define a sí mismo como “marxista-leninista influenciado por el accionar Guevariano”, en referencia al Ernesto Che Guevara, a quien consideran “una de las principales referencias de lucha” (Fundación Alexis Vive, s/f,a)

Unos años después, el colectivo “Alexis Vive, Carajo” renunció a la utilización de ese nombre y se transformó en la “Fundación Alexis Vive” y en la “Comuna El Panal 2021”, dos entidades jurídicas que le permiten realizar actividades económicas y recibir recursos financieros y donativos por parte del gobierno nacional o local. En el comunicado que enviaron a la población para justificar esa decisión, repudiaron a los miembros de los Colectivos que le cobran tributo a la población y que nunca buscaron tener una base productiva propia. El Colectivo, al contrario, había decidido construirse una base económica propia y para lograrlo con apoyo del gobierno nacional, se apodera de una Panadería de la zona, establece un huerto organopónico, crea un vivero de cultivo de plantas, un centro de distribución de alimentos, una fábrica de bloques y una empaquetadora de azúcar. Tiene, además, una radio FM de alta potencia que se escucha en toda la ciudad, llamada Radio Arsenal, la cual le fue entregada al Colectivo por el gobierno nacional luego de expropiársela a sus dueños, igual como había ocurrido con las otras empresas o comercios. El colectivo declara que realiza actividades de mantenimiento del Parque infantil, canchas deportivas y el alumbrado público de la zona, y reconoce que eso ha sido posible por el apoyo del Alcalde de la ciudad (Prieto, 2010).

Control territorial y control del mercado de la droga

En el 23 de Enero los colectivos se encargaron de expulsar a los vendedores de la droga, pues creaban conflictos y malestar en la zona. Esa acción inicial les granjeó la simpatía de la población local, quien reconoció ese logro.

Sin embargo, algunos vecinos consideran que eso fue apenas un mecanismo para poder controlar el mercado mayor y la distribución en la ciudad y cobrar por esos servicios. Otros entrevistados consideran que son ellos quienes controlan la “plaza”, como llaman el mercado minorista de la droga, pero que al mismo tiempo permiten un centro importante de almacenamiento y distribución de droga que se beneficia del control territorial que ellos ejercen.

La opinión de los vecinos es que los colectivos no son dueños, ni están involucrados directamente en ese negocio, pero tampoco lo rechazan o expulsan, como sí hacen con los vendedores pequeños, pues sospechan que ese negocio es propiedad o cuenta con la protección de alguna importante figura civil o militar. Lo que sí les reconocen es el papel que han desempeñado en el control de los vendedores minoristas de la droga, lo cual permitió eliminar las molestias que los consumidores previamente causaban en la zona.

En el 23 de enero disminuyeron los homicidios de una manera importante luego del control de la zona por los colectivos. El acceso a la zona controlado por los colectivos, quienes tienen puestos de vigilancia colocados en lo que se consideran son las fronteras de la zona. En esas alcabalas identifican y autorizan la entrada de las personas y verifican el lugar hacia dónde se dirigen. Esta medida es aplicada de manera más estricta durante las horas de la noche. Los mismos puestos de control de movilidad funcionan hacia los cuerpos policiales, quienes no pueden ingresar a la zona, y además los funcionarios se inhiben de hacerlo, pues conocen que esta prohibición ha estado avalada por los jefes de los distintos cuerpos policiales.

En los casos que los funcionarios policiales han desobedecido la orden, han sido atacados con disparos por los miembros de los colectivos o denunciados ante sus superiores como infractores de un acuerdo que les otorga a ellos el control territorial (Fundación Alexis Vive s.f,b). En la zona está instalado un circuito cerrado de televisión que vigila las calles de acceso al sector y que permite el control y una respuesta rápida de los grupos de vigilancia en casos de la presencia de intrusos en su territorio.

Las normas de la gobernanza

En las zonas donde ejercen gobernanza los colectivos Alexis Vive y La Piedrita, se aplican dos tipos de normas, unas que se refieren al comportamiento social y otras al comportamiento político de las personas.

A nivel social las normas buscan reducir la pequeña delincuencia que afecta a los vecinos con sus robos, o reducir los factores de malestar social, como son las fiestas en las cuales el alto volumen de la música o los escándalos perturban a los vecinos. En esos casos, los miembros del colectivo actúan en funciones que regularmente debería cumplir la policía: persiguen y castigan a los ladrones o acude a la casa del vecino que tiene la fiesta y lo obligan a bajar el volumen de la música o a suspender la fiesta. En estos casos el colectivo substituye las funciones de control social que debe cumplir la policía y asume la tarea de hacer cumplir las regulaciones que existen en la legislación vigente. La substitución de las funciones policiales por los colectivos ha sido tan relevante que, en un área del 23 de Enero llamada La Cañada, había una estación local de policía, y el colectivo exigió al gobierno que la edificación que fuera desalojada por los funcionarios policiales, y cuando eso ocurrió los miembros del colectivo tomaron posesión de ese espacio y ocuparon su lugar, con la fuerza simbólica que tal gesto implicaba y que le enviaba un nítido mensaje a la comunidad, diciéndoles que en ese territorio ellos eran la ley. Y eso lo sabe la comunidad, por eso no realiza denuncias, ni llama a la policía en caso de una eventualidad, pues tienen la certeza que la policía no va a responder a su llamado, ya que tienen prohibido el ingreso a esos territorios.

Sin embargo, las normas más fuertes de gobernanza se refieren al comportamiento político. Los colectivos han declarado públicamente que ellos se asumen como el “muro de contención de la revolución bolivariana” y por lo tanto, ejercen un dominio político sin ambages (Infobae, 2017; Fermín, 2014). En el 23 de Enero no pueden ingresar los activistas políticos de los partidos de la oposición para realizar reuniones o hacer campaña electoral, su entrada está vetada en la zona. Los habitantes tampoco pueden hacer reuniones políticas en sus casas, pues son amenazados en sus puertas o dañados sus muebles si logran ingresar a la vivienda. Mucho menos se pueden realizar reuniones políticas de personas críticas del gobierno en las escuelas o centros de salud. Las protestas políticas están prohibidas en las calles y cuando, a pesar de las amenazas los vecinos han protestado gritando o golpeando las ollas desde los apartamentos, los miembros de los colectivos han realizado disparos hacia sus ventanas. Tampoco está permitido filmar videos críticos de las condiciones materiales de las edificaciones, escuelas o centros de salud y colocarlas en WhatsApp. Los únicos videos sobre la zona que permiten circular en los chats locales son los realizados y difundidos por los mismos colectivos. “Cuando todo se calma y no hay gente, afirmaba unos de los entrevistados, el colectivo sabe dónde vive cada vecino, controla los censos de los CLAPS, así eliminan al enemigo”

La segregación política

En las zonas controladas por los colectivos del 23 de Enero, las personas están clasificadas en dos grupos: quienes apoyan o son miembros del PSUV, el partido de gobierno, quienes son opositores. Los colectivos actúan premiando a unos y castigando a otros, de acuerdos a sus preferencias y actitudes políticas. El programa de apoyo alimenticio del gobierno, conocido como CLAP, consiste en la venta o regalo de unas bolsas con productos básicos (arroz, harina de maíz, pasta, aceite, frijoles) a las familias. El precio que se cobra por la bolsa es mínimo, casi simbólico, pero cumple una función nutricional importante en las familias de bajos ingresos por su bajo costo y porque muchos de esos productos no se consiguen en los anaqueles de las tiendas. En el 23 de Enero, la distribución de estos productos está en manos de los colectivos y ellos son quienes deciden a quién se las entregan. Aquellos individuos o familias que no están afiliados al partido de gobierno o tienen actitudes críticas, son excluidos del reparto de las bolsas CLAP. El colectivo actúa como una extensión y representación del gobierno, pero ejerce las funciones de discriminación del partido, pues puede no aplicar las reglas de igualdad y universalidad a la cual está obligado el Estado, sino que impone sus reglas políticas propias como sub-gobierno en la zona: “Los colectivos tienen el control de la comida- sostenían los vecinos.

Las bases financieras

A diferencia de otros grupos que ejercen gobernanza territorial, los colectivos Alexis Vive y La Piedrita no les cobran una tarifa, impuesto o una colaboración a los habitantes de los territorios bajo sus dominios. Esto significa que, a diferencia de otras agrupaciones criminales, sus ingresos económicos no provienen de un tributo que le pagan los habitantes, sino de otras fuentes de ingresos. Los colectivos no le extraen dinero o recursos a la población, sino al contrario, le ofrecen servicios o recursos, pues su base financiera es de otro tipo, proviene de otra fuente. Esto ha sido posible porque los colectivos han sido receptores de las donaciones efectuadas por el gobierno nacional. La diferencia no es pequeña y es importante para explicar la forma de gobernanza criminal que ejercen.

Sin embargo, lo que reciben del Estado no son las únicas fuentes de ingreso que tienen y con lo cual pueden financiar sus actividades. El colectivo Alexis Vive tiene una base económica mucho más diversificada, pues administra una panadería, una carnicería, ferretería, una distribuidora de azúcar, huertos donde producen hortalizas, una fábrica de ropa… Varios de estos negocios habían sido expropiados a sus legítimos dueños por el gobierno nacional. El colectivo también cuenta con un banco comunitario que fundo en la zona y fabricó una moneda de circulación local llamada “El Panal”, con la cual es posible realizar compras en las ferias de comida que ellos organizan o en los comercios locales. Lo que es importante destacar, para poder entender esta forma de gobernanza, es que esas actividades económicas nunca estuvieron orientadas a producir ganancias, sino que han sido medios para transferir recursos que reciben desde el gobierno nacional hacia las personas que forman su base de sustento político. La racionalidad de la acción no ha sido económica, sino política, el propósito no ha sido ganar dinero con esas actividades, sino gastar dinero. Esta es una dinámica política muy propia del rentismo dominante en Venezuela y se ha repetido de múltiples formas en la política social desde varias décadas previas a la llegada de Chavez al gobierno.

La búsqueda de la extracción de un beneficio económico y la captación de rentas que se puede usufructuar a partir de un dominio territorial, es similar al realizado por otros grupos armados en Venezuela y otros países. Lo singular con los colectivos, es que ese beneficio ha tenido la forma de captación de la renta petrolera que obtiene el Estado, por lo tanto el comportamiento económico de estos grupos ha sido un rent-seeking behavior muy similar al de los otros actores económicos y políticos en la historia reciente de Venezuela (Briceño-León, 2015).

Este comportamiento rentista sólo se alteró a partir del momento en que la renta por la exportación de petróleo se redujo y el gobierno nacional no dispuso más de la abundancia de ingresos petroleros que había tenido durante los primeros quince años de este siglo, pues se redujo tanto el precio como el volumen de hidrocarburo exportado y, adicionalmente, parte del dinero que le ingresaba debía dedicarlo al pago de la inmensa deuda contraída en los años anteriores. Esa nueva situación propicio un cambio en las actividades de los colectivos, quienes se dedicaron al negocio de reventa de los productos alimenticios ofrecidos por los programas sociales del gobierno y a la oferta de servicios de protección personal para el traslado de las personas con vehículos y guardaespaldas. En la opinión de vecinos de la zona, incluso algunos de sus miembros se dedicaron a la extorsión de los comerciantes, a quienes les ofrecían protección. Esos cambios han hecho que algunas de sus actuaciones sean cada vez más semejantes a las de los otros grupos criminales. Uno de los entrevistados lo resume de esta manera: “Manejan la comida, tienen hasta contactos en las minas de oro, reciclaje de plástico, eso es mucho dinero, sus brazos llegan muchas veces hasta donde menos te lo imaginas”

Mecanismos de construcción de la legitimidad

La legitimidad, entendida como la aceptación social de la capacidad de gobernar en un territorio, como la decisión voluntaria o la obligación de reconocer y aceptar su autoridad (Beethan, 2012), varia notablemente entre las bandas territoriales de unos países a otros(Risse & Stollenwerk, 2018). Por lo regular, los grupos que ejercen la gobernanza obtienen su legitimidad en un largo proceso de construcción de vínculos que surgen de los servicios prestados y de las relaciones que establecen con las comunidades. Es una legitimidad que se construye desde abajo hacia arriba. En Caracas, la legitimidad de Colectivos ocurrió en una dirección contraria, fue desde arriba hacia abajo y tuvo tres componentes: el beneplácito de las autoridades políticas del país, la prestación de servicios con apoyo del gobierno y las fiestas comunitarias.

La más importante aquiescencia vino desde la más alta autoridad política del país, el presidente de la república, quien le dio un espaldarazo simbólico a su legitimidad. Estando en vida, Hugo Chávez le dedicó uno de sus programas de televisión a elogiar y enviar saludos al colectivo Alexis Vive. Ese video, o el audio del video, continúan siendo retransmitidos continuamente en la Televisora Arsenal y en la radio Arsenal FM, que controla ese colectivo. La comunidad sabe que los lideres de los colectivos se pueden comunicar de manera directa con los ministros y los jefes de la policía, y ellos mismos se encargan de difundirlo y repetirlo. En el año 2018 el gobierno nacional decidió hacer unas maniobras militares como preparación para la defensa del país contra una invasión del ejército norteamericano. Una de las actividades fue una marcha y se seleccionaron las calles el 23 de enero para su realización. Ese día, el líder fundador del colectivo La Piedrita se ubicó en una de las calles principales de la zona acompañado de un grupo de hombres que vestían de negro, tenían la cara cubierta con pasamontañas y portaban fusiles de largo alcance. En contraste, el líder del colectivo vestía una chaqueta de un rojo intenso y portaba una subametralladora Uzi colgando de su cuello. En el video grabado y difundido por La Piedrita, se observa la llegada del desfile político organizado por el gobierno y se muestra como al pasar frente al grupo de hombres armados, se salen de la marcha la alcaldesa de Caracas, el ministro de Información y un general en traje de faena, quienes se acercan a saludar, besar y rendirle pleitesía al jefe del colectivo.

Los colectivos buscan también legitimarse por los servicios que prestan. En el caso de Alexis Vive fue ofreciendo trabajo y productos a bajo precio a la comunidad, mientras en el caso de La Piedrita ha sido por la oferta de seguridad y servicios de salud. En el primer caso, en Alexis Vive, hay un modelo pragmático y de distribución populista de bienes; mientras que en el segundo caso de La Piedrita, el servicio ha estado más ideologizado y dependiente del gobierno. La Piedrita dispone de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de salud que lleva el nombre del hijo de su líder, el cual fue asesinado en una disputa con los miembros de otro grupo político de la zona. El CDI “Diego Lenin Santana” había quedado abandonado y luego de increpaciones directas del líder del colectivo al presidente Maduro, fue rehabilitado por el gobierno nacional en 2020 e inaugurado en 2021 con la presencia de la viceministra de Salud, quien también agradeció la presencia de la misión médica cubana en la zona. El gobierno nacional paga el personal médico y de enfermería de la zona y los insumos que se utilizan, pero el centro aparece como un servicio prestado a la comunidad por el colectivo La Piedrita.

Para los colectivos las fiestas son una forma de relacionarse con la población que se encuentra bajo su dominio y expresar sus valores y sus vínculos. El colectivo Alexis Vive realiza fiestas comunales con los cuales busca mostrarse como gobierno benefactor de la zona y uno de los vecinos lo describía con agrado: “ ..a ellos les gusta trabajar mucho con los niños y ancianos, para ellos son la prioridad. Realizan eventos el día del niño, en diciembre les dan regalos a los niños, el día de las madres, donde reparten comida y organizan actividades culturales y deportivas, para motivar e incentivar a los habitantes”

El domingo 18 de julio de 2021, celebraron el “día del niño” en una cancha deportiva entre los bloques 25 y 26 del 23 de enero. Allí repartieron juguetes a los niños asistentes y con un animador realizaron juegos tradicionales. El sábado siguiente, se dirigieron a otra zona, donde realizaron bailes, les pintaban la cara a los niños y les repartieron perros calientes y cotufas. En el caso de La Piedrita, realizan también reparto de comida, especialmente en navidad, pero, la fiesta principal que realizan ocurre los días 8 de octubre de cada año cuando celebran “Día del Guerrillero Heroico”. Es una actividad que representa una mezcla simbólica extraña pues, aunque en muchos países pudiera ser interpretada como una celebración subversiva, en Venezuela ha sido una celebración oficial, ya que el gobierno nacional conmemora también los días de nacimiento y de muerte de Ernesto Guevara con actos y mensajes difundidos en sus páginas web oficiales. “Ellos celebran el día del guerrillero heroico, hacen un evento, hay bebidas, se hacen discusiones sobre el Che Guevara, los mártires. Ese día en el 23 de enero es emblemático”

Vínculos con los cuerpos policiales

El tipo de relación que por lo regular establecen los grupos armados no estatales con los funcionarios policiales, ocurre a nivel individual y con quienes por lo regular se encuentran ubicados en la base de jerarquía policial. Es una relación de cooperación y complicidad privada y discreta. Es también un vínculo frágil y mutante, pues unas veces hay extorsión de los funcionarios a los delincuentes, como sucede con los traficantes de droga cuando les cobran para dejarlos operar; y otras veces hay cooperación, como cuando los funcionarios les venden a los delincuentes las armas o drogas que le han incautada a otros grupos criminales.

En los colectivos la situación es diferente, pues la relación se establece con el nivel más alto de la jerarquía policial, no con los funcionarios que actúan en la calle, sino con los jefes policiales o políticos, y son publicitadas. Con los policías de menor rango los miembros de los colectivos tienen una relación tensade enfrentamiento, tensión, y quizás también de competencia por los recursos. En una entrevista con un funcionario de la división de secuestros de la policía en 2018, el funcionario sostuvo que ellos como policías no podían ingresar en la zona del 23 de Enero en una operación normal de rescate de las víctimas allí retenidas, como harían en otra parte de la ciudad, sino que debían de solicitar permiso al jefe nacional, y que en su opinión, su jefe nunca se atrevería a dar esa autorización sin el aval del ministro.

En la zona del 23 de Enero ha habido algunos miembros de los colectivos que eran al mismo tiempo funcionarios de la policía y por lo tanto portaban un carnet de identificación como tales. Eso les permitía cumplir algunas funciones policiales comunes, pero la eficacia de su acción no estaba en su identificación como policías, sino como miembro del colectivo. “ … les pagan como policías del gobierno, pero son del colectivo, pero el que le da las ordenes es el colectivo, tienen placa de funcionario del gobierno, tienen HCM (seguro de salud) con todas las de la ley”. El carnet policial les era de utilidad principalmente cuando les tocaba actuar en otras partes de la ciudad contra sus adversarios o para protegerse de la actuación de otros funcionarios policiales. La representación imaginaria que tiene la comunidad del miembro del colectivo que al mismo tiempo es policía, puede que no siempre sea verdadera, pero tiene mucha eficacia para imponer el silencio que rige en la zona. Los vecinos asumen que como los colectivos tienen una vinculación directa con las altas figuras del gobierno, hacer cualquier denuncia sobre su actuación abusiva o ilegal, sólo le traería consecuencias negativas al denunciante. Un vecino lo resumía así: La policía no se mete con ellos, porque saben que esos tipos levantan el teléfono y al día siguiente esta botaos o si no, nosotros estamos muertos. Ellos no tienen relación con la policía, más bien es la policía la que les rinde, la que tiene relación con ellos, es decir que prácticamente está subordinada”

Proyección política allende sus territorios

Los colectivos se han involucrado intensamente en la política nacional y pretenden tener una influencia directa en los mecanismos formales de poder político, Este actitud los diferencia de otros tipos de grupos armados no estatales, quienes buscan tener un dominio, pero cuyas aspiraciones políticas no van más allá de un control territorial local. En los casos estudiados, miembros de los colectivos han estado en altos cargos públicos, como viceministro, o como candidatos en las elecciones para los cuerpos legislativos. El líder de La Piedrita se postuló como candidato a diputado para la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y los líderes del Alexis Vive lo han hecho para concejales de Caracas, aunque ninguno ha resultado electo, han mostrado su deseo de protagonismo político y su vínculo con el partido del gobierno.

Los colectivos han cumplido una función de control político de las zonas donde operan y lo hacen para beneficio del gobierno nacional, al reprimir las protestas de la población o impedir actividades políticas de los partidos la oposición, no en vano se han considerado ellos mismos como “el escudo de la revolución”. A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, la acción política de los colectivos no ha estado orientada exclusivamente a garantizarse favores y seguridad en sus actividades económicas, sino que ha mostrado el deseo de obtener poder político propio.

Conclusión

Los colectivos ejercen una gobernanza local, sin embargo, no es total, pues no es posible sostener que esos grupos ejercen una “soberanía” completa en esos territorios, pues no tienen una capacidad plena para disciplinar, castigar y matar con impunidad (Hansen & Steputtat,2006), su actuación está limitada por otros actores armados y en particular por la presencia –aunque irregular- de las fuerzas coercitivas de Estado formalmente constituido. Por lo tanto, lo que es posible sostener es que ejercen una gobernanza compartida que puede ser interpretada dualidad en el poder o como un orden político híbridos (Lawrence,2017) en los cuales la agrupación comparte el dominio territorial con el Estado y actúan de manera paralela o superpuesta.

Si uno interpreta la actuación de los colectivos con la propuesta que hace Arias (2018) para la clasificación del dominio que ejercen los “regímenes armados micro sociales” los colectivos, quienes deberían ser ubicados en el tipo “gobernanza colaborativa”, en la cual un grupo armado opera en estrecha colaboración con el Estado, y en la cual unas veces el grupo armado actúa como un brazo del Estado y otras veces el Estado actúa como un brazo del grupo armado, pues trabajan juntos para gobernar un territorio especifico (Arias, 2018, pp.24-25).

Esto es más evidente con los colectivos del 23 de Enero que los otros colectivos que operan en otras ciudades del país, pues allí nunca hubo un dominio completo por parte del gobierno nacional. Es posible que el abigarrado diseño arquitectónico de los pasillos y escaleras de los edificios y del diseño urbano del conjunto habitacional lo haya favorecido (Briceño-León,1991). A pocos años de su construcción y desde el momento que se le cambio el nombre modificando las fechas del “2 de diciembre” (1952), símbolo del poder y de la dictadura, para el de “23 de enero”(1958), símbolo de la insurrección y la democracia, hubo movimientos sociales y políticos importantes y la presencia de grupos de la guerrilla urbana y sus derivaciones políticas posteriores. A la llegada de Hugo Chávez al gobierno en 1999, la decisión fue cooptarlos y para lograrlo uso los procedimientos que conocía: les regaló abundantes recursos económicos y les ofreció compartir el poder en esa zona, de ese modo Chávez se garantizaba que no se opusieran al gobierno nacional, y a cambio les entregaba a esos colectivos la gobernanza local. Ese hecho creo una singular situación para la gobernanza de los colectivos, ya que dejaron de ser un movimiento político subversivo enfrentado al Estado, para convertirse en un aliado del gobierno y una expresión del poder constituido.

Referencias

ARIAS, Enrique D. (2018) Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. New York: Cambridge University Press 2018.

BEETHAM, David (2012) ‘Political Legitimacy’ in Political Sociology, Edwin Amenta, Kate Nash and Allan Scott (eds). Oxford: Willey-Blackwell,’. pp 120-9

BEVIR, Mark. (2012) Goverance. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press,2012.

BRICEÑO-LEÓN, Roberto. (2015)Los Efectos Perversos del Petróleo. Caracas: Libros El Nacional, 2015.

BRICEÑO-LEÓN, Roberto. (1991) Los habitantes del 23 de Enero: una radiografía social”. EL 23 DE ENERO. Caracas. Fundarte, 1991

BRICEÑO-LEÓN, Roberto. (2007) Caracas, in Fractured Cities. Social Exclusión, Urban Violence & Contested Spaces in Latin America. K. Koonings & D. Kruit (Editors), London , Zed Books. 2007. pp. 86-100

FELDMANN ANDREAS E. AND JUAN PABLO LUNA (2022) Criminal Governance and the Crisis of Contemporary Latin American States. Annual Review of Sociology, 2022. 48:441–461

HANSEN , T. Blom., & STEPPUTAT , Finn. (2005) Sovereignty Revisited . Annual Review of Anthropology , 35, 295-315, 2005

LAWRENCE, M (2017) Security Provision and Political Formation in Hybrid Orders. Stability: International Journal of Security & Development, 6(1): 10, pp. 1–17, DOI: https://doi.org/10.5334/sta.554

LESSING, Benjamin., & Denyer Willlis, D. (2018)Legitimacy in Criminal Governance: Managing a Drug Empire from Behind Bars . American Political Science Review , 113(2), 584-606, 2018.

LESSSING, Benjamin. (2021) Conceptualizing Criminal Governance, Perspectives on Politics, 19(3) 854-873, 2021 DOI: https://doi.org/10.1017/S1537592720001243

RISSE Thomas, STOLLENWERK, Eric. (2018)Legitimacy in Areas of Limited Statehood. Annual Review of Political Science, 21:403–18 , 2018

WEBER, Max. (1977) Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1977

Documentos oficiales, institucionales y prensa

Coordinadora Simón Bolívar (2020). 63 años de la Fundación de la Parroquia 23 de Enero. https://www.aporrea.org/cultura/a286405.html#:~:text=Desde%20el%2023%20de%20Enero,y%20mejores%20condiciones%20de%20vida FERMÍN, Yasmenia. (2014) ¿Qué son los Colectivos, 2014. https://runrun.es/noticias/160575/que-son-los-colectivos/

FUNDACIÓN ALEXIS VIVE, (s-f), a Colectivoalexisvive, Quiénes somos. https://colectivoalexisvive.es.tl/QUIENES-SOMOS.htm

FUNDACIÓN ALEXIS VIVE, (s.f), b Respuesta ante intervención del CICPC en el 23 de Enero en zona del colectivo Salvador Allende. https://www.youtube.com/watch?v=hvA_0-i2BqI

INFOBAE, (2017)Los 5 colectivos chavistas más temidos por la población civil de Venezuela, 2017. https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/04/29/los-5-colectivos-chavistas-mas-temidos-por-la-poblacion-civil-de-venezuela/

LA PIEDRITA. (s.f.). nuestra-historia. Recuperado el 23 de mayo de 2021, de colectivolapiedrita: https://colectivolapiedrita.es.tl/Nuestra-Historia.htm

PRIETO, Hugo. (2020) Ultimas Noticias, 2010. https://colectivoalexisvive.es.tl/Entrevista-para-Ultimas-Noticias.htm

RELEA, Francesc (2005) 23 de Enero, bastión del chavismo. 2005. https://elpais.com/diario/2005/12/03/internacional/1133564415_850215.html

TELESURTV. (13 de febrero de 2014). Colectivos venezolanos representantes del poder comunal y popular. Recuperado el 15 de mayo de 2021, de https://www.telesurtv.net/news/Colectivos-venezolanos-representantes-del-Poder-Comunal-y-Popular-20140213-0035.html

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