Volumen 31 Nº 2 (abril - junio) 2022, pp. 138-158
ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44
Arco Minero del Orinoco: diversificación extractivista, vulneración de derechos constitucionales y resistencia
Francisco Javier Velasco Páez
Resumen
En el contexto de la crisis estructural venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado diversificar las políticas extractivistas promoviendo la explotación minera, destacando la creación de la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), con casi 112.000 km 2 equivalentes al 12,2% del territorio nacional. El AMO se ubica en el margen sur del río Orinoco, con numerosas comunidades indígenas y varias decenas de miles de personas pertenecientes a varias etnias; la zona también se caracteriza por su gran biodiversidad y sus estratégicas reservas de agua dulce. Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, trasnacional y/o mixto, de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita. No obstante, este proyecto ignora dos requisitos fundamentales de la Constitución de Venezuela (1999): la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural, y la consulta a los pueblos originarios. Por esta razón organizaciones indígenas, grupos ambientalistas y de defensa de los derechos humanos, artistas, académicos e intelectuales han criticado el proyecto señalando sus devastadores impactos y las violaciones a las disposiciones constitucionales. Las respuestas del gobierno a las críticas realizadas a este proyecto van del soslayo a la criminalización, incluyendo dilación en decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, despidos de funcionarios, docentes y retención de periodistas y defensores de DDHH.
Palabras clave: arco minero; extractivismo; constitución; derechos humanos; resistencia
Universidad Central de Venezuela. Caracas. E-mail: wanadi9999@yahoo.es. ORCID: 0000-0002-3626-3086
Recibido: 16/01/2022 Aceptado: 04/03/2022
Orinoco Mining Arc: extractivist diversification, violation of constitutional rights and resistance
Abstract
Amidst Venezuela’s structural crisis, the government of Nicolás Maduro tried to diversify extractivist policies by promoting mining industries. The creation of the so-called National Strategic Development Zone, Orinoco Mining Arc (AMO), stands out. It is almost 112,000 km 2, equivalent to 12.2% of the national territory. The AMO is located in the south bank of the Orinoco River, with numerous indigenous communities and several tens of thousands of people belonging to various ethnic groups. The area is also characterized by its great biodiversity and strategic freshwater reserves. According to the decree, the AMO seeks the extraction and commercialization of bauxite, coltan, diamonds, gold, iron, copper, kaolin and dolomite, under the supervision of national, transnational and/or mixed capital. This project, nevertheless, ignores two fundamental requirements of the Venezuelan Constitution (1999): the evaluation of environmental and sociocultural impact and the consultation with the native peoples. For this reason, indigenous organizations, environmental and human rights groups, artists, academic and intellectuals have criticized the AMO, pointing out its devastating impact and the violation of constitutional provisions. The government’s responses to criticisms ranges from criminalization to dilatory tactics in the Supreme Court; dismissals of civil servants, teachers and incarceration of journalists and Human Rights activists.
Keywords: mining arch; extractivism; Constitution; human rights; resistance
INTRODUCCIÓN: en el contexto de la crisis del Petro-Estado rentista y la deriva desencantada del “Socialismo del Siglo XXI”.
A lo largo de los últimos cien años la dinámica económica, social y política de la nación venezolana se ha desplegado en torno a la explotación de hidrocarburos, principalmente del petróleo. En los últimos lustros se viene produciendo una importante reconfiguración geoeconómica del territorio venezolano. Se trata de una nueva fase de extractivismo que se impulsa en un contexto de crisis estructural inédita y prolongada. El capital reformula alianzas entre las élites políticas y económicas nacionales y globales, conforma nuevos dispositivos de poder en un proceso de modelaje del territorio que se adelanta en el marco de un reacomodo de las funciones de subordinación de Venezuela en el sistema capitalista mundial. Esto implica la incorporación de vastas porciones de territorio al proceso de acumulación que, hasta ahora, habían permanecido mayormente al margen. Supone una dinámica con nuevo impulso, en términos de alcance e intensidad, de mercantilización de la naturaleza que alcanza grados superiores a lo experimentado en el primer cuarto del siglo XX, cuando en el país se implantó y consolidó la industria petrolera bajo el dominio de corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses (Terán, 2018). Esta circunstancia orienta un énfasis en la lógica rentista (tanto en su dimensión económica, como en sus aspectos político-institucionales y culturales) que ha orientado el devenir de la sociedad venezolana durante aproximadamente un siglo.
Nos interesa destacar los siguientes elementos o factores en el marco de la actual crisis venezolana:
Comencemos por señalar que, desde finales de los años setenta del siglo pasado, el modelo de acumulación configurado en torno a la economía petrolera venía mostrando crecientes signos de agotamiento, afectada entre otras cosas por una baja significativa en los precios del petróleo en el mercado mundial, con cada vez más fuertes desequilibrios económicos que se mantuvieron e intensificaron durante la mayor parte de las décadas de los ochenta y noventa, al tiempo que al tiempo que se desarrollaba la llamada “crisis de la deuda” que afectó al conjunto de la región latinoamericana. En este período, se produjo un deterioro progresivo de las condiciones de vida de la sociedad venezolana que, en cierto modo, resultó premonitorio de la crisis mucho más profunda que se avecinaba en el siglo XXI.
La situación actual de la economía petrolera se asocia primeramente con transformaciones importantes en el patrón energético mundial históricamente dominado por los combustibles fósiles, principalmente el petróleo, en detrimento de las economías de los países exportadores de este hidrocarburo. A ello se agregan los vaivenes de la economía global que, durante las últimas décadas, transita con dificultades, estancamientos, mutaciones y saltos. Se trata de un proceso de reordenamiento que impone situaciones de volatilidad al precio de las commodities en el mercado internacional, hecho que, obviamente ha afectado el fundamento material del Petro-Estado venezolano (Sutherland, 2017; Terán, Op cit).
Paralelamente a esta situación y en interrelación con ella se produjo un progresivo agrietamiento del consenso político surgido a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez a finales de los años 50. Esto desembocó en el llamado Pacto de Punto Fijo, con el que los grupos de poder fueron asegurando unas determinadas condiciones de gobernabilidad bajo un esquema de democracia representativa. A ello se agrega posteriormente la incidencia de marcadas disputas geopolíticas que, en el plano mundial y regional, tienen como centro la apropiación y control de recursos naturales en general y recursos energéticos en particular.
A finales de los años 90 surge el chavismo con un muy importante apoyo popular. Esto expresa una reacción a la crisis del capitalismo rentístico, orden de cosas financiado por los petrodólares que permitió la puesta en marcha de planes de industrialización sustitutiva, políticas sociales, infraestructura, obras públicas, servicios y negocios diversos, así como al desprestigio por corrupción, clientelismo y otros elementos de deterioro de los factores de poder que conformaban el status quo sociopolítico desde 1959. Luego de intentos fracasados de la oposición para desalojar al nuevo gobierno por la fuerza, el régimen gobernante logró afianzarse en el poder político. Con promesas de satisfacer las expectativas populares, ofreciendo implantar un “Socialismo del Siglo XXI” y aprovechando un nuevo boom de los precios del petróleo, que permitió al gobierno bolivariano contar con elevados ingresos fiscales durante unos 8 años, se incrementó significativamente el gasto público, se nacionalizaron empresas y se desplegaron políticas de transferencias directas a los sectores más pobres de la población que garantizaron parcialmente seguridad social y empleo, ofreciendo beneficios sociales a través de las llamadas “misiones” a muchas personas que fueron integradas en redes clientelares y patrimonialistas. Cabe destacar que el gobierno de Hugo Chávez resolvió emitir “bonos de deuda soberana” con miras a financiar el gasto público. De manera paradójica, esta emisión de deuda ocurrió en un período en el que el país gozó de la mayor alza del precio petrolero de toda su historia el cual pasó de 25,66 $/b en el año de 2003 a 93,73$/b en 2014. La deuda soberana, que en 2003 era de 38.814 millones de dólares, alcanzó el monto de 131.040 dólares americanos en 2014. Esto supuso un incremento del 330% (Bandres, 2018). Este monumental endeudamiento se llevó a cabo contando con los altos precios del petróleo y una irreal solidez financiera que supuestamente le permitiría solventar sus débitos. Como bien se ha indicado “… la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión” (Lander, 2015, 3).
El gobierno liderado por Hugo Chávez no fue capaz de intervenir la estructura económica de forma tal que pudiese remontar su carácter petrolero extractivista/ rentista y echar las bases de construcción de un modelo productivo no sujeto de las oscilaciones del precio del petróleo en el mercado mundial. Mientras el agro y la industria se fueron deteriorando, lo fundamental de la política económica estuvo orientada a favorecer al capital importador-financiero y a una casta privilegiada de militares extremadamente corruptos. Paralelamente, los triunfos políticos en el terreno electoral y las derrotas de las acciones insurreccionales opositoras contribuyeron a condicionar una tendencia autoritaria y personalista por parte del presidente, al tiempo que fueron quedando atrás los ofrecimientos que indujeron a una mayoría de venezolanos a apoyar entusiastamente a Chávez y su gobierno, así como a darle la espalda a los voceros de la democracia representativa puntofijista (Colucciello, y Scocozza, 2020; López, Maya, 2016).
Al término del año 2012 se produjo una caída dramática de los precios del petróleo que siguieron bajando en años posteriores. A partir de 2013, año en que falleció Hugo Chávez, la realidad económica, social y política del país se fue tornando cada vez más difícil, con un sostenido deterioro de los indicadores fundamentales de la economía nacional y de los logros (no estructurales) que en materia social se conquistaron en los lustros anteriores. Si los períodos presidenciales de Chávez estuvieron caracterizados por políticas de captación y redistribución de la renta petrolera, durante los dos períodos de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez en la presidencia de la república, puede decirse que se han puesto en práctica políticas económicas de “ajuste estructural” solapado cuyos impactos sociales, económicos y políticos generan un ambiente de inestabilidad que puede servir de justificación para medidas de restructuración neoliberal. El producto interno bruto (PIB) de Venezuela ha caído de forma dramática. El aumento de la inflación ha ido mano a mano con el brutal incremento del precio del dólar paralelo, llegando en los últimos años a una situación de hiperinflación. A mismo tiempo el país ha enfrentado serios problemas de abastecimiento de todo tipo de bienes y servicios, incluyendo insumos básicos para la producción agropecuaria e industrial de alimentos, medicinas, repuestos de automotores y toda clase de maquinarias y diversos bienes de consumo cotidiano. Igualmente, la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura, ocasionados por la falta de recursos y la pésima administración y la corrupción institucionalizada, han acarreado cada vez más problemas para el funcionamiento eficiente y consistente de los servicios públicos, incluyendo el sistema eléctrico, el suministro de agua potable, el transporte público y la salud, los cuales se encuentran en la actualidad en una situación cercana al colapso. Particularmente crítica ha sido la situación del sector eléctrico que estuvo al borde de la paralización total en 2019. En el marco de la pandemia del Covid-19, las condiciones del sector salud lucen altamente preocupantes debido a la falta de transparencia en lo que respecta a la magnitud de la crisis sanitaria, la ausencia o encarecimiento de ciertos insumos, el notable deterioro de los centros de salud y un notable rezago en materia de vacunación. La situación de la industria petrolera venezolana es en la actualidad muy precaria, con equipos e instalaciones en situación de desgaste y obsolescencia, con una baja récord en la producción. En esto han influido las sanciones internacionales impuestas, sobre todo a partir de 2017, por la administración estadounidense y gobiernos de los aliados europeos de los Estados Unidos, que como medida de presión contra el régimen de Maduro han afectado a sectores importantes de la economía con repercusiones negativas en las condiciones de vida de la población. Por otra parte, la crisis del petróleo ha colocado al gobierno en una situación muy comprometida para honrar sus compromisos financieros a nivel nacional e internacional y, sobre todo, para seguir financiando el muy elevado gasto público que incluye los programas sociales o misiones. El gobierno de Maduro se ha visto envuelto en una muy comprometedora situación fiscal en la que la diferencia entre los gastos y los ingresos estatales, es uno de los desequilibrios fundamentales que explican la hiperinflación y otros problemas estructurales de la maltrecha economía venezolana (EN, 2018; Straka, 2016; Sutherland, 2016; Sutherland, 2017; Vera, 2018). PDVSA, la compañía estatal petrolera de Venezuela, se endeudó progresivamente, a partir de 2016 entró en default, siendo considerada insolvente; a comienzos de 2022 la deuda de PDVSA, mayormente representada por préstamos tomados en forma de bonos alcanzó 34.900 millones de dólares, habiendo tenido un incremento del 12% el año anterior (El Nacional, 2022). Conviene recordar aquí que, tras las sanciones financieras y comerciales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, PDVSA suspendió los pagos a los tenedores de bonos y una gran cantidad de otros acreedores.
A este cuadro crítico se suma un vertiginoso incremento del autoritarismo con el apoyo hasta ahora sólido de la cúpula de la fuerza armada (y la conversión de esta última en un factor de primer orden en el control de actividades económicas relevantes), una militarización creciente de la vida nacional, una crisis institucional profunda que ha llevado al control absoluto de poderes por parte del gobierno, violaciones sistemáticas a la constitución y a los derechos humanos, censura y cierre de medios de comunicación, elecciones amañadas, hostigamiento a una oposición fragmentada cuyos principales voceros en gran medida han caído en el desprestigio entre sus seguidores y una creciente criminalización y represión de la protesta pública que en los últimos tiempos se ha incrementado notablemente, en particular en lo que concierne a la situación de los servicios. Como elemento adicional anotamos la inédita emigración de varios millones de ciudadanos venezolanos que han abandonado el territorio nacional, muchas veces en condiciones de aguda precariedad, para dirigirse a otros países de la región e incluso a otros continentes, buscando escapar de la caótica situación nacional.
En el plano internacional la crisis venezolana ha generado fricciones en el seno del multilateralismo de América Latina y el Caribe, con reacciones diversas a los graves problemas que afectan a Venezuela, entre ellas la amplitud del éxodo de ciudadanos venezolanos que han migrado a países vecinos. En un contexto de disputa geopolítica entre actores mayores que enfrenta por un lado a los Estados Unidos y sus aliados europeos con China y Rusia, estos últimos han puesto en práctica una estrategia de sostén del régimen presidido por Maduro a cambio de una apertura a sus capitales en materia petrolera, petroquímica y de ventas de equipos militares, entre otras. La extensión de la presencia rusa y china en el seno de un Estado que pudiera estar al borde de la implosión, así como los intentos de los gobiernos bolivarianos de constituir una nueva alianza en la cuenca caribeña con Cuba, Nicaragua y otros países, son vistas por los Estados Unidos como una seria amenaza a sus intereses en una zona de influencia que desean conservar como suya (Parthenay, 2018; Petit, 2020).
En este contexto que de manera muy sintética presentamos, de emergencia económica, voracidad del capital transnacional, con índices de aceptación muy bajos en las encuestas, el gobierno venezolano hace anuncios de crear una “nueva economía” y una “diversificación” de la misma, dejando atrás la tradición monoproductora y apostando a la industrialización de los recursos naturales. Sin embargo, se diseñan políticas y se toman medidas claramente orientadas por una intención de reforzar el rentismo y diversificar el extractivimo, principalmente con las actividades mineras.
Hasta la fecha, ningún proyecto económico, sea de derecha o de izquierda, ha sido capaz de establecer los fundamentos productivos para salir del dédalo estructural representado por la casi total dependencia de la economía venezolana con relación al petróleo como fuente de ingresos a escala nacional. No obstante, admitiendo que se trata de un punto muerto que se remonta unos cuarenta años atrás, la réplica que obtuvo por parte de los gobiernos del Proceso Bolivariano ha sido tremendamente desafortunado, como lo demuestra el estado actual de cosas en el país. Sin el recurso de los petrodólares la virtual bancarrota del Petro-Estado, de precarización intensa de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, de tensión política y geopolítica permanente, de acentuada perturbación demográfica y de deterioro creciente del ambiente que se asocia a la expansión y diversificación del extractivismo, la situación de la sociedad venezolana es de pronóstico reservado. El denominado “Socialismo del Siglo XXI”, lejos de aminorar y/o eliminar los males prexistentes en lo que fue décadas atrás una próspera vitrina de la modernidad en la periferia del sistema capitalista (siempre en el marco de un vínculo de dependencia muy estrecho con el capital norteamericano y de marcadas desigualdades sociales y disparidades territoriales), los amplificó en grado sumo, superando muchos pronósticos.
Creación de la Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco
Ante el deterioro continuo de la situación que esbozamos en la sección anterior, en especial de la notable disminución de los ingresos fiscales fruto de la exportación petrolera, sin considerar otras alternativas, el gobierno de Nicolás Maduro anunció al país con bombos y platillos el día 24 de febrero de 2016 la promulgación del Decreto Nº 2.248, Gaceta Oficial N° 40.855. Creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. Este decreto asume como marco legal lo que está establecido en la llamada Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. De acuerdo a este documento, la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” tiene una superficie de111.843,70 km² (mayor que Cuba y Bulgaria) que se destina al estímulo de las actividades mineras. En el acto oficial de promulgación del decreto por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro, estuvieron presentes 150 empresas nacionales y transnacionales a las cuales Maduro invitó a firmar memorándums de entendimiento para la exploración, certificación y explotación de los recursos minerales (entre ellos oro, diamantes, coltán bauxita, diamantes, hierro, cobre, caolín y dolomita) que existen en este extenso territorio ubicado en la región norte del estado Bolívar, y de Amazona, al sur del río Orinoco y adyacente en toda su extensión a ese curso fluvial (CERLAS, 2018;Efecto Cocuyo/OCCRP, 2016). A finales de 2018 sólo 16 de esas empresas habían formalizado convenios y se habían creado cuatro empresas mixtas, de las cuales solo una tiene presencia visible en la zona oriental del Arco Minero del Orinoco. El megaproyecto del Arco Minero del Orinoco se ha implementado violando dos disposiciones constitucionales de gran relevancia. En primer lugar, no se realizaron las consultas previas e informadas a las comunidades indígenas que hacen vida en la zona, y en consecuencia, sin obtener su consentimiento libre, tal y como lo exige el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT, 1989), un acuerdo suscrito por Venezuela. En segundo lugar, tampoco se llevaron a cabo los estudios de evaluación de impacto ambiental y evaluación de impacto sociocultural que establece la carta magna venezolana como requisitos previos a la realización de cualquier proyecto de este tipo. Es importante señalar que en el polígono que delimita al extenso territorio, rico en biodiversidad, del Arco Minero, así como en sus adyacencias, existen numerosas comunidades indígenas.
Un aspecto problemático del decreto que no podemos pasar por alto es que, además de soslayar los requisitos constitucionales exigidos para proyectos de este tipo, se han vulnerado garantías fundamentales. En su artículo 25 el decreto lesiona los principios de universalidad y progresividad, así como todo lo referente al derecho de libre asociación y reunión. En este sentido establece que los intereses del Estado, centrados en la producción minera, privan sobre los derechos de particulares, sindicatos o asociaciones gremiales. Además, se proscribe el derecho a huelga y se prevén sanciones para quienes ejecuten o promuevan acciones que obstaculicen las operaciones de las actividades productivas; es decir que en ese territorio, en cual se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la custodia de organismos militares, se anulan las posibilidades de organizar movilizaciones y protestas en contra de los impactos negativos de la gran minería
En el negocio del AMO está contemplados incentivos a corporaciones públicas, mixtas y privadas. El decreto de creación establece una variada gama de incentivos públicos a corporaciones mineras, a saber: flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, no-exigencia de determinados requisitos legales previstos en la legislación venezolana, generación de “mecanismos de financiamiento preferenciales”, y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para arancelarias para sus importaciones. Además, a las corporaciones se les ofrece un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado.
Con la promulgación del 2.248, y otros decretos emitidos previamente y a posteriori, se han echado las bases para la legalización de una dinámica minera en la región en la que convergen el marco jurídico/institucional para la puesta en marcha de la megaminería (grandes proyectos abiertos a inversiones extranjeras directas), y la instalación de un orden delincuencial, estrechamente ligado a lo paraestatal, que controla la pequeña y la mediana minería.
Antecedentes del Arco Minero del Orinoco.
La creación del Arco Minero del Orinoco tiene una relación de continuidad con planes de desarrollo de la megaminería que fueron diseñados en la segunda mitad del decenio de los noventa del siglo XX, en particular con la desregulación de la Reserva Forestal de Imataca: un área natural protegida del estado Bolívar, que se intentó llevar a cabo durante el segundo gobierno de Rafael Caldera para la explotación de oro y carbón (Uzcátegui, 2014). Entronca además con una dinámica minera que de manera no controlada se venía desarrollando desde hace décadas en la región de Guayana. A partir de una idea anunciada por el presidente Hugo Chávez en 2011 (Efecto Cocuyo, 2016), a lo largo de los períodos de gobierno del chavismo se suceden una serie de hechos que van allanar el camino hacia el impulso al extractivismo minero, generando condiciones políticas, jurídicas y económicas que hacen posible la promulgación del decreto 2.248. Entre ellos mencionamos los siguientes: 1) El 20 de marzo de 2014 se crea por decreto la Comisión Presidencial Para La Protección, El Desarrollo y Promoción Integral De La Actividad Minera Lícita, en La Región Guayana. 2) El 3 de septiembre de 2014 se anuncia la fusión de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Hábitat (MPP para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo (MPPVHE); la desaparición del Ministerio del Ambiente, que pasa a ser un Vice ministerio es denunciada por numerosas organizaciones como un retroceso de más de 40 años en política e institucionalidad ambiental. 3) El 16 de abril de 2014 la transnacional “Gold Reserve” la entrega a bancos en Luxemburgo del equivalente a órdenes de embargo relativas al pago de 700 millones de dólares en intereses de bonos y fondos venezolanos, como parte de su campaña para obtener una compensación tras la disputa arbitral con el Estado venezolano. 4) El 22 septiembre de 2014 el organismo internacional CIADI emite un fallo a favor de la multinacional “Gold Reserve” que obliga a Venezuela a pagar 740,3 MM$, la minera aspiraba a 2,3 MMM$. 5) El 18 de noviembre de 2014 se promulga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, el cual contempla la creación por decisión del Ejecutivo de Zonas Económicas Especiales en el territorio nacional 6) El 8 de abril de 2015 se elimina el MPPVHE y se restablece el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y quedando el Ministerio de Ambiente adscrito al recién creado Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas a través del vice-ministerio de Gestión Ecosocialista del Ambiente. 7) El 7 de agosto de 2015 se reúnen altos funcionarios gubernamentales con ejecutivos de la empresa “Gold Reserve” para acordar los términos de pago de la deuda de los 740 millones del CIADI. 8) El 30 de diciembre de 2015 se promulga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. 9) El 10 de febrero de 2016 se crea la empresa estatal Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) adscrita al Ministerio de la Defensa, con el propósito principal de llevar a cabo todas las actividades económicas referidas a la exploración, explotación y comercialización de los recursos existentes en el subsuelo del país (CERLAS/Plataforma contra el Arco Minero, 2018).
Reacciones contra el Arco Minero
El anuncio de la creación de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” generó una ola de críticas, denuncias y protestas en el país. Ecologistas, organizaciones indígenas, docentes, intelectuales, feministas, artistas, universidades, parlamentarios y activistas sociales de grupos varios se pronunciaron y se han seguido pronunciando desde entonces exigiendo su paralización y advirtiendo sobre sus consecuencias. La respuesta que dio Nicolás Maduro fue acusar a los críticos de “traidores a la patria” que laboraban para las mafias, manifestando también que el proyecto continuaba adelante (El Nacional, 2016).
El 31 de mayo de 2016 un grupo de ciudadanos introdujo un recurso de nulidad contra el decreto 2.248. El 21 de junio la demanda de nulidad fue admitida. Los requisitos solicitados al TSJ para dar inicio a esta fase esta fase (la emisión y publicación en algún diario de circulación nacional de los carteles correspondientes) fueron denegados. Tres años después, la sala político-administrativa del TSJ emitió la orden de publicación de los carteles, incumpliendo de manera flagrante con lo que estipula lo establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para responder a esta clase de solicitudes (aparte de, vulnerar todo concepto de plazo razonable). (APORREA, 2016; Noticias de Nueva Esparta, 2026). A los antecedentes de silencio institucional y denegación de justicia, se sumaron maniobras judiciales del TSJ para obstaculizar el acceso a la justicia y desalentar a los demandantes. Esto condujo a que con un formalismo el recurso de nulidad fue desestimado (APORREA, 2016 y 2018; Noticias de Nueva Esparta, 2026; Gaceta Oficial, 2016).
Consideraciones ambientales: características y afectaciones.
La zona que cubre el Arco Minero del Orinoco forma parte de la Guayana y la Amazonía venezolanas, desempeña un papel crucial en la regulación del régimen climático continental y del planeta en su conjunto, y su preservación es clave para detener el avance del cambio climático. Se trata de un territorio de una extraordinaria diversidad biológica reflejada en su flora y su fauna, que cuenta con una enorme e invaluable variedad de ecosistemas complejos, así como paisajes de gran majestuosidad y singularidad escénica. Es un sector heterogéneo en términos florísticos y fisionómicos. La cobertura vegetal del AMO es sumamente diversa y varía desde exuberantes bosques altos siempre verdes hasta sabanas muy ralas y vegetación saxícola sobre afloramientos de rocas. Surcada por numerosos y caudalosos ríos (entre ellos el Orinoco, segundo río más caudaloso de América y tercero del mundo, con más de 2.000 km de longitud), constituye la principal fuente de agua dulce de Venezuela. La cuenca hidrográfica de este río comprende un 70% del territorio de Venezuela y representa más del 85% de los recursos hídricos superficiales del país.
Dada su importancia ecológica, una buena parte del área cubierta por el AMO se encuentra protegida legalmente, siendo el área protegida de mayor extensión en Venezuela; cabe destacar que alrededor de 80% de su superficie total está regulada con la figura de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el conjunto del marco jurídico ambiental nacional. Estas ABRAE incluyen veinte monumentos naturales, siete parques nacionales (incluyendo el Parque Nacional Canaima que incluso ha sido reconocido por la Unesco como patrimonio mundial), y tres reservas forestales. Entre estas últimas figuran: dos reservas de biósfera, la Reserva Forestal de Imataca, de gran valor escénico y con bosques amazónicos altamente biodiversos y desarrollados, y la Zona Protectora Sur del estado Bolívar (CERLAS,2020; Silva, 2005; IZET-UCV, 2016).
“Las principales sub-cuencas hidrográficas que estarían amenazadas por el desarrollo del proyecto Arco Minero del Orinoco son las sub-cuencas de los ríos Parguaza, Aro, Suapure, Chiviripa, Guaniamo, Cuchivero, Aro, Hacha, Yuaruaní, Yaruán, Cuyuni, Chicanán, el majestuoso Caura y el poderoso y estratégico Caroní 21, con las consecuentes amenazas para el funcionamiento del complejo hidroeléctrico del Guri. Además, la zona para “el estímulo sectorial de actividades mineras” solapa parcialmente con las siguientes ANP y otras áreas están bajo régimen de administración especial (ABRAE): El Monumento Natural (MN) o Tepuy Cerro Guanay, el área boscosa Chivapure-Cuchivero, la Reserva Forestal (RF) La Paragua, la RF Caura, la RF Río Paragua, la Zona Protectora del Estado Bolívar y la RF Imataca. El ámbito de protección de estas áreas no puede ni debe ser intervenido por una actividad tan impactante como la minera, lo que sería dejar sin efecto un necesario régimen de protección vigente, que, en lugar de ser suprimido, debería ser ampliado y mejorado. Además, el PN Canaima, el Refugio de Fauna de la Tortuga Arrau y la Reserva de Biósfera del Delta del Orinoco, son áreas bajo régimen de protección que limitan con el territorio del Arco Minero, de manera que están potencialmente amenazadas por el desarrollo de las actividades mineras, como la deforestación, la contaminación por tóxicos varios y metales pesados, la alteración de los cursos de agua, la descarga de sedimentos, etc.19. Actualmente Parque Nacional Caura. Sin embargo, mantengo la denominación RF Caura, porque la creación de esta área protegida es objeto de discusión especialmente entre las comunidades indígenas que habitan ancestralmente estos territorios y, además, dicha creación no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional” (Monsalve, 2018).
Desde una perspectiva ecológica, la formación geológica Escudo Guayanés, área donde se ubica de lleno el Arco Minero del Orinoco (abarca el piedemonte nororiental, centro norte y noronccidental del macizo), funciona como un sistema diferente al resto del territorio. Es una zona muy delicada porque los suelos generados están muy lixiviados y lavados, poseen pocos nutrientes, son muy arenosos y su recuperación ambiental de cualquier impacto es muy lenta. Por ser suelos muy finos, cuando son removidos resultan bastante difíciles de restaurar (Ebus, 2018b).
Pese a la inmensa significación ecológica de la zona comprendida por el Arco Minero del Orinoco, la lógica extractivista que subyace al proyecto en cuestión ha dado preferencia a la obtención a corto plazo de ingresos monetarios, aunque ello implique una devastación socioambiental irreversible y de muy graves consecuencias, no solo para la región sino para toda Venezuela, la cuenca amazónica y el planeta Tierra.
Hasta la fecha no se conoce información oficial detallada y confiable respecto a la ejecución, gestión e impactos ambientales del proyecto del Arco Minero del Orinoco, así como tampoco sobre los convenios y negocios suscritos con compañías o personas jurídicas. Tampoco se encuentra información accesible a través de las páginas web del Ministerio de Minería Ecológica u otras instituciones involucradas en la puesta en marcha de este proyecto. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CBRV) y la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), establecen como obligatorio el derecho a la información, consulta y participación por parte de los ciudadanos y además establecen deberes claros para el Estado en esa materia. Para toda actividad que pueda provocar daños a los ecosistemas, la CRBV señala en su artículo 129 que las mismas deben ser previamente acompañadas de estudios de impactos ambiental y sociocultural, y en cuanto a la política de ordenación territorial para llevar a cabo las intervenciones, dictamina en su artículo 128 que el Estado venezolano deberá hacerlo de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Además, el artículo 41 de la LOA indica que: “Los pueblos indígenas y comunidades locales tienen el derecho y el deber de participar en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local, susceptibles de afectarles directamente en sus vidas, creencias, valores, instituciones y bienestar espiritual y en el uso de las tierras y hábitats que ancestralmente ocupan y utilizan colectivamente.”
Entre los mayores impactos que se estiman tendrá el AMO debemos mencionar la fragmentación de ecosistemas (que en su mayor parte conforman zonas boscosas) y una importante pérdida de especies vegetales y animales. “Los bosques continuos que queden en pie correrán riesgo de degradarse progresivamente dadas las severas condiciones que tendrán las áreas deforestadas, las cuales propician sequías locales, mayor efecto del viento que favorecerá la continua caída y muerte de árboles que queden expuestos” (IZT-UCV, 2018).
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, queda claro que la promulgación del decreto 2.248 violó la constitución venezolana.
Desde el año 2016 hasta el momento, numerosas instituciones y organizaciones de reconocido prestigio profesional, técnico y en el área del activismo ambiental tales como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de los Andes (ULA), la Universidad Simón Bolívar, la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, el Instituto de Ecología y Zoología Tropical (IZET-UCV), la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), PROVEA, PROVITA, el Centro Gumilla, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, La Guarura.info, la Fundación Tierra Viva, la Red ARA, Clima21- Ambiente y Derechos Humanos, SOS-Orinoco, entre otras, han expresado de manera pública y enfática su cuestionamiento a la implementación del AMO, subrayando los graves impactos ambientales que generará y ya está generando la insostenible actividad minera en esos ecosistemas, la ausencia de transparencia y control, el desconocimiento y la imposibilidad de acceso a información para planes de mitigación y recuperación de áreas afectadas, la falta de planes de manejo. Es necesario recordar que, al igual que el proceso de consulta previa, los estudios de impacto ambiental y sociocultural requieren de tiempo suficiente para poderlos realizar, los cuales condicionan el inicio, la extensión y los métodos de cualquier proyecto extractivo. (CERLAS, ob. cit)
Desde hace varios decenios pequeños y medianos mineros (principalmente pobladores locales) han incursionado en ciertas áreas situadas al sur del río Orinoco. Con la creación del AMO la expansión de la minería en la zona ha sido exponencial, se lleva a cabo en afluentes, en sus inmediaciones y/o áreas cercanas, y su extracción requiere del consumo de grandes cantidades de agua. Los principales ríos y cuencas de la Amazonía venezolana están afectados por la minería, entre ellos están el Orinoco, el Caroní, el Caura, el Cuyuní, el Ikabarú, el Ventuari, el Parguaza y el Paragua. Esa actividad minera implica deforestación, degradación de cauces fluviales y contaminación de aguas con mercurio, cianuro y otros metales pesados, impactando seriamente a la flora, fauna y estado de salud de la población local (Por+Verde, 2018).
A la expansión de la minería en Guayana se agrega la tala indiscriminada de árboles. Entre los años 2000 y 2015 se perdieron 5.265 Km2 de bosque amazónico en ese territorio. Venezuela fue el único país de la cuenca amazónica con una tasa de deforestación de crecimiento exponencial. Más de la mitad (2.821 km2) de la pérdida de cobertura boscosa mencionada tuvo lugar entre 2010 y 2015 (Por+Verde, Op cit).
Pese a que en repetidas oportunidades voceros oficiales han negado que se hayan intervenido ABRAES en la Amazonía venezolana, se sabe que ha ocurrido lo contrario. El caso más dramático lo constituye el Parque Nacional Yacapana, ubicado en el estado Amazonas cuyo caso de destrucción ha sido catalogado de extrema urgencia ambiental y geopolítica nacional e internacional, con más de 2.000 hectáreas intervenidas por minería que se ha expandido velozmente a partir de 2004 (SOS Orinoco, 2019). Otro caso de parque nacional en donde avanza la minería del oro es Canaima que abarca una superficie de 30.000 km cuadrados y es uno de los más grandes del mundo. El Parque Nacional Canaima es una de las zonas más antiguas del planeta con características geológicas y de relieve únicas en el planeta. En él se encuentran mestas abruptas denominadas tepuyes y el salto de agua más alto del mundo, el Salto Ángel. Este parque nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está siendo intervenido en sus límites y zonas aledañas por distintas modalidades de minería, según fue denunciado en 2018 por el propio Ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López. No obstante, hasta la fecha no se disponen de evidencias de que la actividad minera haya desaparecido en la zona (SOS Orinoco, ob. cit).
La sociodiversidad indígena: características e impactos
En el gran polígono demarcado por el Arco Minero del Orinoco y sus adyacencias se encuentran los hábitats de 197 comunidades indígenas que para 2018 agrupaban a unas 54.000 personas. Este territorio, que abarca, en la margen izquierda del Orinoco, desde el río Apure (su mayor afluente), hasta la población de Barrancas en el delta; allí hacen vida comunidades de los pueblos pumé (estado Apure), kariña (estado Bolívar) y warao (estado Delta Amacuro). Por la margen derecha se extiende un territorio que pasa por el río Cuyuní y llega hasta el río Parguaza, pasando por la zona de influencia de Canaima, el río Paragua, el río Aro, la Sierra de Maigualida, el río Cuchivero; allí se asientan comunidades pemón, sapé, uruak, arutani, kariñas, ye’kwana, sanemá, eñe’pa, panare, wanai-mapoyo y hiwi. (CERLAS, 2020; Ebus, 2018ª).
En abril de 2020 el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dictó la resolución 010, autorizando la explotación de oro y diamantes en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, con lo que amplía la zona de extracción. Esta medida ha puesto en un mayor riesgo a comunidades pemón, yekuana, sanema, yanomami y jivi, que viven en las riberas. (Singer, 2020).
Como sabemos, parte importante del reconocimiento internacional hacia los pueblos indígenas se ha basado en derechos aceptados por esos pueblos que poseen visiones de mundo y culturas diferentes a las hegemónicas. Entre los derechos más relevantes está el derecho a la consulta. La consulta previa en un territorio tan vasto como el que corresponde al A.M.O., es algo complejo y de mucha responsabilidad porque remite a circunstancias que inciden directamente en los modos de vida, la base material y las posibilidades de seguir existiendo biológicamente y culturalmente de muchas comunidades con modalidades de organización, lenguajes y formas de comunicación muy variadas. Como ya hemos señalado el Estado venezolano está obligado constitucionalmente de garantizar y hacer que se cumpla previa, libre e informada a los pueblos indígenas que se vean directamente afectados, no sólo en la apropiación de sus recursos naturales sino en su tejido sociocultural, y este sentido se trata de llevar a cabo a procesos de consulta previa como sea necesario. Sin embargo, la opción del gobierno de Nicolás Maduro ha sido la de evadir esa obligación y, en su lugar, transmitir información fragmentada, incompleta y tendenciosa sobre las negociaciones y la implementación de la zona de desarrollo especial, anudar acuerdos particulares con algunos sectores indígenas minoritarios a los que se ofrecen ciertas prebendas. Es necesario dejar sentado aquí que mal pueden realizarse procesos de consulta sin no se cuenta con los insumos fundamentales que representan los estudios de impacto ambiental e impacto sociocultural. Los voceros gubernamentales venezolanos han tratado de dar por efectuada la consulta previa, sustituyéndola por varios encuentros políticos, presenciales y transmitidos por televisión, realizados en un período muy corto de tiempo, en los que hubo presencia de algunos representantes indígenas estrechamente vinculados a organismo del Estado. Tales eventos no han seguido lo que indican las normativas que rigen la figura de la consulta previa, libre e informada, ni han tenido el visto bueno de todas las comunidades o pueblos indígenas, de acuerdo con las obligaciones en la materia. Una cosa es informar de manera sesgada, y otra es consultar en el sentido estricto de la palabra. Hasta la fecha, el Ejecutivo Nacional lo que ha hecho es imponer el proyecto sin cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas (LOPCI) y por los pactos internacionales firmados por Venezuela en materia de derechos indígenas (Aguilar y Rodríguez, 2018; Mora y Rodríguez, 2019).
Desde 2.016 diversas organizaciones indígenas han realizado pronunciamientos públicos, manifestaciones de protesta y declaraciones críticas en medios de comunicación para expresar su descontento con el proyecto del AMO. Entre ellas mencionaremos a: Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas (WANAALERU) Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón (CCGPP), Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (COIBA), Federación Indígena del Estado Bolívar (FIEB), Organización Ye‘kwana del Alto Ventuari (KUYUNU), la Organización Indígena Jivi Kalievirrinae (OPIJKA), CUYUJANI y OIPUS (Aguilar y Rodríguez, Op cit; CERLAS, 2020; OEP; 2018). Entre otra cosas se ha denunciado que como consecuencia del proceso iniciado con el decreto del Arco Minero, las comunidades indígenas involucradas será afectadas cada vez más por violencia, corrupción, prostitución, alcoholismo, tráfico de drogas, violación de menores, para-militarismo y represión policial y militar.
La respuesta oficial ha sido de descalificación, criminalización a través de medios oficiales, hostigamiento y represión. En este sentido la actuación de fuerzas militares y de seguridad en contra del pueblo pemón ha sido emblemática. Mencionemos a continuación una muestra:
- El 18 de julio de 2018 un alto oficial de la fuerza armada, el General Roberto Gonzáles Cárdenas acusó en un programa de la televisora estatal VTV a Lisa Henrito, líder indígena vinculada a la protección del territorio ancestral del pueblo pemón, del delito de Traición a la Patria) y de promover, junto al pueblo pemón, un supuesto “movimiento secesionista” en el sur del Venezuela. Previamente en 2017, Henrito, quien fungía de responsable de seguridad indígena de esta zona, al ver cómo eran invadidas las tierras indígenas por 170 mineros ilegales armados, decidió crear una red de defensa indígena local. Las acusaciones del alto jefe militar fueron desmentidas y rechazadas por el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón. Un año después, esta vocera pemón dio a conocer una carta pública en la que denunciaba que las acusaciones en su contra pusieron en grave peligro su integridad física y psicológica.
- El 6 de noviembre de 2018 la casa presidencial ubicada en la Gran Sabana (estado Bolívar) fue ocupada por numerosos miembros de comunidades pemón con el propósito de denunciar hostigamiento y amenazas formuladas por funcionarios de los organismos estatales de seguridad e inteligencia SEBIN, DGCIM y CICPC, quienes se encontraban en territorio pemón desde 2017 y a quienes los indígenas acusaron de querer robarles las minas de oro (NTN24, 2028).
- El 8 de diciembre de 2018 voceros pemón denunciaron una operación militar de la DGCIM en Campo Carrao, en las cercanías del Salto Ángel (Parque Nacional Canaima) en la que un que un indígena fue asesinado y otros dos heridos. Días después posteriores el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón rechazó y denunció esas acciones de los cuerpos de seguridad (Castro, 2018).
- En la tercera semana del mes de febrero de 2019, grupos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) atacaron con armas de fuego a pobladores de Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, del estado Bolívar para reprimir a una actividad de protesta pacífica asociada con la llegada de ayuda humanitaria por la frontera con Brasil en esa zona. La incursión arrojó un saldo de 7 personas asesinadas, cuatro de ellas indígenas pemón y de más de veinte personas heridas. En los días siguientes se sucedieron detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos ilegales, persecuciones, amenazas y acoso contra habitantes de la zona, en particular de las comunidades pemón de Kumarakapay y Maurak. La mayoría de los heridos fueron trasladados hasta el estado de Roraima en Brasil para ser atendidos, dadas las precarias condiciones hospitalarias imperantes en el territorio venezolano. Miembros del personal médico del Hospital General de Roraima declararon que los heridos presentaban fracturas por impactos de bala, poniendo de esta manera en evidencia el uso de fusiles de alto calibre por parte de los militares venezolanos (CERLAS, ob. cit; ONU-HRC, 2019).
- En el mes de marzo de 2019 comenzó un éxodo de personas del pueblo pemón hacia el Brasil como consecuencia de una campaña de represión, hostigamiento y persecución desatada por cuerpos de seguridad del Estado en alianza con grupos criminales. Esta migración forzada se extendió hasta el mes de mayo de 2019, más de 900 miembros de comunidades pemón huyeron al país vecino (OVCS, 2019).
Para cerrar esta sección, podemos afirmar que en el territorio del Arco Minero se proyecta progresivamente un proceso de etnocidio en gran escala. La intervención proyectada en los territorios indígenas implica transformaciones estructurales en las condiciones sociales y ecológicas locales. La territorialidad minera aísla para facilitar la apropiación, fragmenta, genera aculturación, supone la substitución de economías de subsistencia por economías de mercado que erosionan y destruyen las prácticas tradicionales fundamentales para el sostenimiento de la población y sus núcleos familiares. La lógica del Arco Minero embiste contra las estructuras ecosociales que garantizan el equilibrio de la vida, acelera la pérdida de conocimiento sobre la cultura de la selva, el aprovechamiento equilibrado de sus recursos y, en general, formas alternas de entender el mundo y habitar en él, muy valiosas en tanto que referentes civilizatorios ante la actual crisis global.
La salud en el Arco Minero
En un marco de extrema precarización de la infraestructura y los servicios de salud, que tiene su raíz en la crisis estructural de la sociedad venezolana, el impacto de las actividades mineras en el Arco del Orinoco ha sido devastador. El sistema de salud colapsado no es capaz de proveer la atención a diversas afecciones que hacen estragos en la población de la zona. La deforestación provocada por las actividades mineras ha influido notablemente en la proliferación de mosquitos transmisores de malaria y afecta a las poblaciones más vulnerables, principalmente a las comunidades indígenas. El agua estancada en las lagunas creadas por la minería es caldo de cultivo para los mosquitos vectores de malaria, y contribuyen a la epidemia al sur del Orinoco y en otras partes. La malaria se ha disparado exponencialmente en las zonas mineras, en especial en los municipios de Sifontes, El Callao, Angostura, Sucre, Gran Sabana y Cedeño, todos los cuales se encuentran en el estado Bolívar y se superponen con el Arco Minero. Los mineros duermen en campamentos que improvisan y hamacas en torno a esas aguas infestadas. La ausencia de medicamentos subsidiados contra la malaria ha dado pie al crecimiento de un mercado negro de pastillas, que a menudo se compran con oro. Los escasos medicamentos disponibles no han servido para detener la epidemia de malaria entre la población minera debido a niveles de dosis incorrectos y la falta de atención médica especializada. Además de la malaria, las comunidades indígenas han sido particularmente vulnerables ante la proliferación de enfermedades como la difteria, el sarampión, el VIH y la hepatitis B. Estas no solo son grandes enfermedades, sino que los grupos indígenas no cuentan con medicamentos para poder contrarrestar sus efectos. Por lo tanto, se ven obligados a desplazarse hacia grandes zonas urbanas o más allá de las fronteras.
El daño que causa la minería en la salud pública se extiende mucho más allá de las comunidades indígenas del Arco Minero. Ciudadanos venezolanos de todas las regiones del país acuden a las zonas mineras en busca de medios de supervivencia en medio de la grave situación económica. Cuando retornan a sus lugares de origen, llevan consigo no solo algunos pocos gramos de oro, sino también diversas enfermedades infecciosas. (ICG, 2021; PROVEA, 2016; SOS Orinoco Op cit). La migración de personas desde y hacia estados vecinos (Amazonas, Bolívar y Sucre) ha contribuido en gran escala a la propagación de la enfermedad en otras regiones del país, así como en países vecinos (HRW, 2020).
Violencia masacres, militares, pranes y guerrillas.
El Arco Minero se ha convertido en un territorio en el que, además de devastación ambiental, desarraigo e incidencia de enfermedades como la malaria y el VIH, impera un clima de violencia en el que convergen cuerpos de seguridad y militares venezolanos, bandas de delincuentes, “colectivos” pro-gubernamentales y grupos armados colombianos.
En el área del AMO hay puestos de control militar ubicados en distintos lugares y se observa que, en general, avanza un proceso de militarización creciente. Al anunciar el proyecto del Arco Minero, Maduro también anunció una Zona Económica Militar autorizando a la fuerza armada a participar en todas las actividades mineras y simultáneamente aumentar sus capacidades de operación en la región. Desde entonces, los ataques que de manera recurrente llevan a cabo militares venezolanos en esa zona no tienen como propósito fundamental la destrucción de redes criminales sino eliminar a grupos mafiosos que se resisten a pactar con autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana y el ejército venezolano para adelantar sus negocios asociados a la minería. Hay minas que son controladas directamente por efectivos militares y una parte menor de esa producción va al Banco Central de Venezuela, mientras que la porción mayor es dirigida a Colombia y las islas del Caribe de donde sale a otros destinos para su venta fuera del continente, estando toda la operación en manos de militares (ICG, ob.cit; Efecto Cocuyo, OP cit; PROVEA, ob.cit).
En muchos casos las bandas armadas al frente de las cuales se encuentran “pranes”, organizan a los mineros ilegales en “sindicatos”. Estos mineros son en una gran proporción ciudadanos venezolanos empobrecidos que, empujados por la crisis, se dedican a esas actividades. Los sindicatos suelen recolonizar lugares que han sido abandonados por comunidades indígenas que se han visto obligadas a desplazarse. Una vez instaladas contratan indígenas para la extracción de oro y luego causan masacres en las comunidades. Las masacres en la zona son continuas y afectan a indígenas, mineros y productores agrícolas. Los “sindicatos” controlan una variada gama de actividades criminales como extorsión, lavado de dinero y tráfico de drogas, e imponen sus propias normas estrictas en las comunidades donde operan. Las bandas criminales que se han arraigado en los pueblos mineros de la zona han adoptado estructuras similares a las de los pranes de las cárceles de Venezuela, controlando con mano dura todo lo que ocurre en las minas y sus entornos. Entre sus medidas “disciplinarias” figuran palizas, mutilación de extremidades y, en última instancia, muerte por descuartizamiento.
A este coctel de violencia y actividades criminales se agrega la participación de guerrilleros del ELN colombiano y de grupos disidentes de las FARC interesados en la minería de oro y coltán quienes hostigan a comunidades indígenas, cobran “vacunas” a los pequeños mineros y establecen alianzas más o menos efímeras con los demás actores armados, llegando también a tener confrontaciones violentas con algunos de ellos (Cardoza, 2020; ICG, Op cit: PROVEA, ob cit).
Mención especial merece la violencia ejercida contra las mujeres en el estado Bolívar asociada a la dinámica del Arco Minero. La zona constituye un lugar de tránsito y llegada de mujeres y niñas que son sometidas a trata y explotación sexual, servidumbre, trabajo forzoso, agresiones físicas, muerte y desapariciones, que cuentan con la complicidad de autoridades civiles y militares (DH UCAB, 2020).
Resumiendo, en el Arco Minero y sus vecindades, como parte de las dinámicas que han tomado cuerpo a raíz de la promoción minera hecha por el Estado venezolano, se ha generalizado una situación de violencia que hasta los momentos luce imparable.
A manera de conclusión
La nación venezolana atraviesa tiempos infaustos y turbulentos. El Arco Minero es una dramática expresión del colapso del Petro-Estado venezolano conducido a sus últimas consecuencias por un gobierno autodenominado “antimperialista y anticapitalista”, que en la práctica ha hecho todo lo posible por subordinar aún más a Venezuela a un orden hegemónico mundial con una profundización radical de los procesos de acumulación por desposesión. Tal y como sucede y ha sucedido en otras latitudes, con el Arco Minero Venezuela se adentra en la configuración de desigualdades aún más extremas que las ya existentes, ya que se trata de una actividad extractiva que despoja de manera múltiple a las poblaciones indígenas y rurales. Es también una modalidad de reconfiguración socio-territorial en la que la violencia y la militarización son componentes fundamentales, que intenta prefigurar un país en condiciones de diversificación del extractivismo, acentuación de la lógica rentista degradación socio-económica extrema, mayor dependencia, segregación ecosocial e insostenibilidad ambiental exacerbada. Aún en medio de severos bloqueos y aguda escasez de combustible en el resto del territorio nacional, en torno al Arco Minero se ha extendido una industria ilegal y semilegal de oro que arrasa con ríos, áreas boscosas y pueblos indígenas, financia violentos grupos armados y atenta contra la soberanía nacional.
Con el Arco Minero se juega la viabilidad de Venezuela como país en un contexto de crisis civilizatoria planetaria; nuestra diversidad natural y sociocultural está en riesgo de fragmentación y empobrecimiento catastrófico, sin retorno posible, causados por un etnocidio y un ecocidio mayúsculos con consecuencias que trascienden nuestras fronteras nacionales. En ese sentido, el destino del Arco Minero debe servir para convocar a la reflexión colectiva profunda y el debate democrático entre los distintos grupos, sectores y componentes de la sociedad venezolana, buscando identificar escenarios equitativos, emancipatorios y alternos al extractivismo, tanto para el sur del Orinoco como para el país en su conjunto. El hambre, la desnutrición, el crecimiento exponencial de las desigualdades, el cambio climático, la feroz destrucción de la biodiversidad, las migraciones forzadas y la violencia desatada contra comunidades y pueblos enteros nos hablan de un orden social cargado de una crueldad abominable en el que el extractivismo posee un rol fundamental. No obstante, la otra cara de la moneda nos muestra un escenario de resistencias activas y pasivas cada vez más numerosas y extendidas. En ese entorno general la nación venezolana se debate en medio de una crisis estructural sin precedentes en su historia, en la que el modelo societal configurado casi por completo en torno a la explotación petrolera muestra estridentes signos de agotamiento e inviabilidad. La realidad socioeconómica venezolana parece dirigirse hacia una circunstancia cada vez más caótica, caracterizada, entre otras cosas, por los peores indicadores macroeconómicos de la región, un cuadro de virtual colapso en la esfera de los servicios, una creciente desigualdad social, una gravísima crisis humanitaria y un deterioro ambiental galopante.
Ante este acentuadamente problemático cuadro general, las soluciones ofrecidas por el gobierno de Maduro (entre ellas la de la minería) han resultado fundamentalmente ineficaces, contraproducentes y demagógicas; en este sentido no cabe cifrar ninguna esperanza de cambio radical. Pese a lo que de manera constante expresa la retórica de víctima oficial, los orígenes de la gran crisis venezolana no son consecuencia de las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense, se ubican más bien en las primeras expresiones de crisis del capitalismo rentístico surgidas en los años ochenta, a las que se sumaron políticas que las agravaron en las primeras décadas del siglo XXI. Tampoco son realistas ni justas las opciones marcadamente neoliberales que, sin romper con el extractivismo, presentan ciertos círculos tecnocráticos asociados a grupos opositores y organismos multilaterales; tales alternativas no harían sino empeorar las cosas retrotrayéndonos a los traumas sociales experimentados en los años noventa del siglo pasado.
La necesidad urgente de buscar otra orientación no refiere exclusivamente a un relevo gubernamental. Implica una profunda crítica de la lógica de nuestras necesidades y la manera de satisfacerlas, de nuestra dependencia con respecto a los hábitos y objetos de la vida cotidiana, y nuestros márgenes de autonomía individual y colectiva, de nuestras relaciones con el mundo natural, despejando el camino hacia el trazado de escenarios más estables y amables. Ciertamente en el marco de crisis en el que nos ubicamos actualmente y bajo a la sombra de un arraigado imaginario desarrollista-rentista-consumista, no es fácil la aceptación del discurso alternativo. Ante una emergencia humanitaria que afecta trágicamente a Venezuela y que ha expulsado a más de 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos (ONU, 2021), el trabajo en las minas luce como una opción a miles de personas en situación de aguda precariedad. Por su parte, en la esfera de la nomenklatura gubernamental el interés en incrementar los ingresos a como dé lugar, la voracidad gangsteril y el corto plazo, tienden a dejar a un lado cualquier previsión concerniente al equilibrio ecológico, la salud humana, la convivialidad y el destino de las próximas generaciones. Pero el tiempo se acorta, las dinámicas de destrucción puestas en marcha se aceleran y se acercan a peligrosos umbrales de irreversibilidad. En consecuencia, urge proponer transformaciones democráticas deseables, informar al mayor número posible de ciudadanos sobre los costos y sacrificios reales del Arco Minero y el sistema extractivista, y de manera simultánea, dialogar, debatir, diseñar y construir transicionalmente con participación directa de la ciudadanía, sus organizaciones y movimientos, los modos alternos que demuestren la viabilidad y conveniencia del post-extractivismo, la posibilidad de otra vida mejor en términos sociales y ecológicos.
Bibliografía
AGUILAR-CASTRO, V. y RODRÍGUEZ, I. (2018). “Derechos indígenas y los proyectos de desarrollo al sur del Orinoco”. En: Una Mirada al Soberbio Sur del Orinoco. Entendiendo las Implicaciones del Arco Minero. Revista Explora. Edición Especial. https://issuu.com/grupoexplora/docs/1.-_edici_n_amo_final_30_mayo_2018
BANDRES, Lenin (2018) La crisis de la deuda venezolana, ¿guerra económica o doctrina de choque ?, CADTM, 14 de febrero de 2018 https://www.cadtm.org/La-crisis-de-la-deuda-venezolana
CARDOZA CADENAS, Miguel (2020) Masacres en el Arco Minero del Orinoco: guerrillas, pranes y militares MCC Noticias http://mccnoticias.blogspot.com/2020/01/masacres-en-el-arco-minero-del-orinoco.html
CASTRO, Maolis 2028) “La muerte de un indígena eleva la tensión en el sur de Venezuela”. EL PAIS. 10 de diciembre de 2018. https://elpais.com/internacional/2018/12/09/colombia/1544382158_071264.html
EBUS, Bram (2018a) El crecimiento del Arco Minero de Venezuela barre a los pueblos y culturas indígenas Mongabay Latam https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-arco-minero-indigenas/
……… (2018b) Explorando el Arco Minero, Correo del Caroní/INFOAMAZONÏA https://arcominero.infoamazonia.org/
HENRITO, Lisa (2019) Carta abierta a Walter Martínez a un año de la criminalización de la lideresa pemón Lisa Henrito. Revista SIC. http://revistasic.gumilla.org/2019/carta-abierta-a-walter-martinez-a-un-ano-de-la-criminalizacion-de-lideresa-pemon-lisa-henrito-en-el-programa-dossier/
LANDER, Edgardo (2016) La implosión de la Venezuela rentista CUADERNOS DE LA NUEVA POLÍTICA 1, Transnational Institute (TNI) https://www.tni.org/files/publication-downloads/lander-venezuela-spanish_0.pdf
MONSALVE, Dorixa (2018) “LA AMAZONÍA ACERCÁNDOSE A SU PUNTO DE NO RETORNO” en DESARMANDO AL ARCO MINERO Boletín No 2, Caracas, CERLAS/PLATAFORMA CONTRA EL ARCO MINERO http://revistasic.gumilla.org/wpcontent/uploads/2019/09/2do-Bolet%C3%ADn-Desarmando-el-Arco-Minero.pdf
MONTES, Gustavo (2016) “Minería a Gran escala en el Estado Bolívar. Aportes para un Reporte Técnico sobre el Arco Minero”. APORREA Caracas, Parte 1: https://www.aporrea.org/media/2016/10/investigacin_gustavo_montes_1era_parte.pdf
………Parte 2:https://www.aporrea.org/media/2016/10/investigacin_gustavo_montes_2da_parte.pdf
MORA, Julimar y RODRÍGUEZ, Fidel (2019) La Amazonía en disputa: agencias políticas y organizaciones indígenas de la Amazonía venezolana frente al Arco Minero del Orinoco. Polis Revista Latinoamericana, No 52. 24 de abril de 2019. http://polis.ulagos.cl/index.php/polis/article/view/1367
PARTHENAY, Kevin (2018) Crise au Venezuela et déstabilisation du multilatéralisme latino-américain. IRSEM
https://www.irsem.fr/data/files/irsem/documents/document/file/2416/NR_IRSEMn50_2018.pdf
PÉTIT, Roman (2020) Vénezuéla: entre révolution bolivarienne et crise continentales (2)https://operationnels.com/2020/09/12/venezuela-entre-revolution-bolivarienne-et-crise-continentale-2-2/
SCOCOZZA,Antonio y COLUCCIELLO, Mariarosaria (2020) Apuntes sobre la crisis del Socialismo del Siglo XXI en Venezuela Opción Vol. 36 Núm.93. https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/32739
SILVA LEÓN, G. (2005) “La cuenca del río Orinoco: visión hidrográfica y balance hídrico”. Revista Geográfica Venezolana, vol. 46, núm. 1, enero-junio, 2005, pp. 75-108. Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. http://www.redalyc.org/pdf/3477/347730348007.pdf
SINGER, Floria Antonia (2020) La voracidad minera asfixia a los indígenas venezolanos EL PAIS https://elpais.com/internacional/2020-07-20/la-voracidad-minera-asfixia-a-los-pueblos-indigenas-del-sur-de-venezuela.html
STRAKA, Tomás (2019). 20 años de chavismo: el quiebre del «Estado mágico» Nueva Sociedad No 280 https://nuso.org/articulo/20-anos-de-chavismo-el-quiebre-del-estado-magico/
SUTHERLAND, M. (2016) Crítica a la política económica del “socialismo del siglo XXI”: apropiación privada de la renta petrolera, política de importaciones y fuga de capitales. Estudios Latinoamericanos, [s.l.], n. 38, p. 39-63, dec., 2016.
……… (2017) El desastre monetario en Venezuela, billetes de Bs. 100, inflación y una alternativa. Alemcifo, [s.l.], 22 feb. 2017. https://alemcifo.wordpress.com/2017/02/22/el-desastre-monetario-en-venezuela-billetes-de-bs-100-inflacion-y-una-alternativa/
TERÁN MANTOVANI, Emiliano (2018) Crisis histórica, gobernabilidad y reforma económica: hacia una nueva fase del extractivismo en Venezuela. Idées d’Amériques.https://journals.openedition.org/ideas/2217
UZCÁTEGUI, Rafael (2014) De nuevo Imataca, La Guararura. Info http://www.laguarura.org/2014/08/de-nuevo-imataca/
VERA, Leonardo (2018) ¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana? Nueva Sociedad No 274. https://nuso.org/articulo/como-explicar-la-catastrofe-economica-venezolana/
Documentos oficiales, institucionales y otras fuentes
APORREA (2016) Admitida Demanda de Nulidad contra el Arco Minero del Orinoco. Aporrea.org. 21/06/2016.https://www.aporrea.org/pachamama/n292679.html
…….. (2018) Sala Político-Administrativa del TSJ declara el “DesistimientoTácito” de la demanda sobre el Arco Minero del Orinoco h
CERLAS/Plataforma contra el Arco Minero (2018) Boletín No 2 Desarmando el Arco Minero, Caracas
……… (2020) Informe sobre la situación de derechos humanos en el arco minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco https://www.unilim.fr/trahs/2210
DH UCAB (2020) ARCO MINERO DEL ORINOCO ES UNA BOMBA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER https://elucabista.com/2021/05/20/cdh-ucab-arco-minero-del-orinoco-es-una-bomba-de-violencia-contra-la-mujer/
Efecto Cocuyo/OCCRP (2016) Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro, CONNECTAS http://www.connectas.org/arco-minero-del-orinoco-crimen-corrupcion-y- cianuro/
EL NACIONAL (2016) ‘Maduro: Detrás de quiénes se oponen al Arco Minero está el dinero de las mafias” http://www.elVnacional.com/economia/MaduroVDetrasVArcoVMineroVmafias_0_897510335.html
……… (2018) La economía venezolana contrajo 50% desde 2013. http://www.el-nacional.com/noticias/politica/economia-venezolana-contrajo-desde-2013_251552
………. (2022) Deuda de PDVSA aumentó a 34.900 millones de dólares en 2021, 20 de enero de 2022 https://www.elnacional.com/economia/deuda-de-pdvsa-aumento-34-900-millones-de-dolares-en-2021/
Gaceta Oficial Nro. 39.451, 22/06/2016, Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa http://www.contraloriaestadotachira.gob.ve/site//uploads/pdf/normativa_legal/Ley%20Organica%20de%20la%20Jurisdiccion%20Contencioso%20Administrativa%202010.pdf
ICG (2021) Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales International Crisis Group https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/073-gold-and-grief-venezuelas-violent-south
IZT-UCV (2016) “Consecuencias ambientales del Proyecto Arco Minero. Miembros del IZET-UCV”. https://www.derechos.org.ve/actualidad/ucv-consecuencias-ambientales-del-proyecto-arco-minero
Noticias de Nueva Esparta (2016) Introducido ante el TSJ Recurso de Nulidad contra el Decreto del Arco Minero del Orinoco noticiasdenuevaesparta.blogspot.com/2016/06/introducido-ante-el-tsj-recurso-de.html
NTN24 (2018) “Pemones tomaron casa presidencial de la Gran Sabana: ‘Pretendían robarnos las minas’”. 6 de noviembre de 2018. https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/pemones-tomaron-casa-presidencial-de-la-gran-sabana-pretendian-robarnos-las-minas
OVCS (2019) Informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social). Primer trimestre 2019. Sección: Represión y muerte a quienes exigen ayuda humanitaria. http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2019/04/Conflictividad-social-en-Venezuela-primer-trimestre-2019.pdf
OEP (2018) Comunicado Oficial del Pueblo Pemón. Prensa OEP. 24 de julio de 2018.
http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/07/24/urgente-comunicado-oficial-del-pueblo-pemon/
ONU (2021) Tras huir de su casa, los migrantes venezolanos se enfrentan a ser desalojados y vivir en la indigencia en los países de acogida. NOTICIAS ONU Mirada global. Historias humanas. 25 de octubre de 2021 https://news.un.org/es/story/2021/10/1498942
ONU-HRC (2019) Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 4 de Julio de 2019. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
Organización Internacional del Trabajo (1989) Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes latinoamericanos, 38: 159-185.
Por+Verde. (2018) Deforestación en la Amazonía venezolana (Informe Provita 2018). https://noticias.masverdedigital.com/deforestacion-en-la-amazonia-venezolana-informe-provita-2018/
PROVEA (2016) Derechos humanos en el contexto del proyecto “ARCO MINERO DEL ORINOCO” en Venezuela Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), noviembre 2016 https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/DDHH-en-el-contexto-del-AMO-en-Venezuela.pdf
República Bolivariana de Venezuela. Decreto N° 2.248. Gaceta Oficial Nº 40.855, 24 de Febrero de 2016. http://www.mindefensa.gob.ve/UGEFANB/wp-content/uploads/2017/08/Gaceta-Oficial-40.855-del-24FEB2016-Reduccion-30.pdf
SOS ORINOCO, (2018) Situación Actual de la Minería Aurífera en el Parque Nacional Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela. SOS Orinoco. Reporte Presentado a IUCN y UNESCO. Caracas, Venezuela https://drive.google.com/file/d/1tLJW-hmZ6ES6B14dse_gPKdP8DRi9n9N/view
SOS ORINOCO, (2019) “La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional. SOS Orinoco”. Enero de 2019.
https://drive.google.com/file/d/1akOuQ8aXiBWxbb6_jODPmITJRx2YHpBs/view