Volumen 31 Nº 2 (abril - junio) 2022, pp. 10-21

ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

PRESENTACIÓN

Experiencias de movilización y resistencia de las organizaciones, movimientos sociales y colectivos de la Revolución Bolivariana

Experiences of mobilization and resistance of organizations, social movements and “colectivos” of the Bolivarian Revolution

María del Pilar García-Guadilla Carlos G. Torrealba M.

Luis Duno-Gottberg

(Coordinadores)

La mirada de los nuevos sujetos contenciosos

A partir de casos de estudio, el objetivo del presente dossier es analizar críticamente las contradicciones y los dilemas que existen en la relación entre el estado venezolano chavista, su brazo político (el Partido Socialista Unido Venezolano (PSUV)) y un nuevo “sujeto popular” que se eleva (discursivamente y como actor) en tanto protagonista de las políticas públicas de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013 al presente).

Los artículos aquí reunidos interrogan los dilemas, las tensiones y contradicciones entre pueblo y gobierno; poder constituido y poder constituyente, y problematizan lugares comunes asociados con el conflicto entre cooptación y autonomía, agenciamiento popular y clientelismo. También coinciden en cuestionar los alcances y limitaciones del proyecto chavista en lo que respecta al modelo sociopolítico de inclusión social y participación popular, así como la naturaleza del modelo de desarrollo económico. De este modo, visibilizan las inconsistencias y la creciente exclusión dentro del proyecto chavista; la cual va más allá del adversario político, afectando también a los propios grupos, movimientos y actores que la Revolución Bolivariana buscó redimir y empoderar.

Una de las principales contribuciones de este dossier es su esfuerzo por identificar y evaluar una serie de experiencias organizativas novedosas en el seno de los movimientos populares. Su atención a casos concretos permite interpelar, teórica y metodológicamente, el tipo de relaciones que existen entre los “sujetos populares emergentes” y el estado venezolano. Tales relaciones oscilan entre el discurso reivindicativo de la Revolución y, por otro lado, políticas y prácticas autoritarias.

Los ocho estudios de caso que se incluyen en este volumen comparten una misma unidad temática: analizan, desde adentro, los dilemas y las contradicciones que enfrenta el proyecto chavista. Adicionalmente, se focalizan en los actores contenciosos que existen al interior movimiento chavista, ya sean organizaciones sociales de base, “colectivos”, u otros grupos sociales, que si bien se inscriben dentro del proceso de cambios impulsado por la Revolución Bolivariana, han devenido críticos del modelo chavista-madurista. En este sentido, los estudios aquí reunidos aglutinan problemáticas recurrentes y nucleares.

El cuestionamiento realizado por la mayoría de los actores estudiados gira principalmente en torno a los obstáculos que el aparato estatal viene imponiendo a la participación protagónica del sujeto constitucional “Pueblo”, encarnado fundamentalmente en los sectores populares. Ello se debe a que tales obstáculos han tornado inviable tanto la democracia participativa, como el modelo de organización y “estado comunal” concebido por el propio Hugo Chávez para la inclusión y la participación protagónica del Pueblo.

El análisis sobre el “sujeto de la política popular chavista”, ha tendido a partir de la premisa de que los diversos grupos, comunidades y organizaciones movilizados por la Revolución Bolivariana, poseen una identidad homogénea de carácter clientelar y poco compleja. Dentro de tal lectura, los grupos mantendrían una relación de “dependencia” y subordinación frente al aparato de estado, sus instituciones y el Partido. Por otro lado, dada la afinidad política-ideológica de los sujetos analizados con las propuestas de Hugo Chávez, hay quienes asumen que el proyecto discursivamente anti-neoliberal y popular propuesto por Chávez, fue consistente y se mantuvo, en lo posible, con logros emancipadores.

En contraste con estas premisas, los trabajos aquí incluidos plantean una realidad más compleja y contradictoria. Reconociendo la condición de sujetos con agencia y capacidad estratégica de negociación, indagan en un vínculo dinámico y, en ocasiones conflictivo, con el estado. De hecho, a través de las alianzas clientelares, negociaciones estratégicas y antagonismos que establecen dichos sujetos con el estado y el PSUV, emerge un repertorio de prácticas políticas sumamente complejo.

Por otro lado, si bien el chavismo como maquinaria política ha probado su resiliencia, manteniéndose en el poder por más de veinte años, ello ha sido posible a través de un creciente autoritarismo. Ello afecta no sólo a los adversarios políticos, sino también a aquellos actores sociales y socio-políticos que se pretendía incluir en la refundación popular de la nación. Esta realidad se acentúa con el abandono de los contenidos fundamentales del proyecto que otrora defendía la Revolución Bolivariana a través, entre otros factores, de una serie de ajustes económicos y políticos excluyentes (Magdaleno 2018, García-Guadilla, 2020, Rosales y Jiménez, 2021, Torrealba, 2021).

En ese sentido, a partir del argumento de “la agencia posible” y las estrategias de los movimientos para contrarrestar el marco autoritario descrito anteriormente, Carlos Torrealba analiza un marco político e institucional que reúne facilidades y restricciones, aunque destaca que son cada vez mayores las restricciones que las facilidades. Con base en la configuración histórica de relaciones de las comunas con el Estado, el autor identifica la capacidad de resistencia de cuatro comunas a las prácticas de cooptación y tutelaje. Su análisis novedoso demuestra que la existencia de estructuras de excesiva verticalidad, no necesariamente implica que los sujetos populares pierdan completamente su voz y su agencia al relacionarse con el Estado.

A partir de su rica experiencia como activista comunera, Atenea Jiménez analiza en su artículo la genealogía procesual de la conformación de las comunas y estudia varios de los hitos clave y sus implicaciones organizativas. La autora hace énfasis en la contradictoria tendencia del poder estatal de generar una suerte de asfixia en la organización popular que el mismo promovió y movilizó. La genealogía presentada revela el giro del proceso Bolivariano, signado por el progresivo perfeccionamiento de la apropiación del poder constituyente por el poder constituido. En función de su relación con el Estado, en esta contribución, la autora establece una gradación de comunas que va desde las más burocráticas hasta las más distanciadas de las redes estatales.

María Pilar García-Guadilla y Rosangel Álvarez aportan un sugerente análisis sobre el alcance y limitaciones de las comunas con base en las críticas que hacen los propios comuneros. Dicho análisis fue elaborado a partir de un exhaustivo trabajo documental y de campo sobre las comunas en el país. Las autoras abonan a la discusión que atraviesa todo el dossier, ya que identifican problemas, contradicciones y tensiones entre los diversos actores que intervienen en la vida comunal; las consecuencias negativas de las demandas burocráticas a las comunas; los obstáculos provenientes del propio gobierno al protagonismo de los sectores populares; las dificultades y posiblemente, utopía, para lograr el autogobierno o la democracia directa; la imposibilidad de autonomía cuando la organización depende económicamente del estado para constituirse y mantenerse, y las consecuencias de la presión gubernamental por subordinar el poder constituyente al el poder constituido.

El artículo de Gabriel Hetland se enfoca en las tensiones y dilemas, resultantes de la relación entre el gobierno y las organizaciones sociales del Municipio Torres del estado Lara, que fueron promovidas originalmente por Hugo Chávez para lograr la inclusión mediante la participación. Hetland ofrece una mirada dinámica de las organizaciones sociales locales, tales como los Consejos Comunales, e identifica un tenso, y frecuentemente contencioso, agenciamiento frente al Estado. El artículo analiza cómo las luchas dentro y fuera de los organismos estatales, permiten a los movimientos sociales y a las fuerzas de izquierda radical, explotar las contradicciones del Estado-PSUV para construir novedosos procesos de democracia radical. También se visibiliza la paradójica doble dinámica, donde las restricciones que provienen de las distintas instituciones gubernamentales controladas por el chavismo, pueden verse también como oportunidades o facilitadoras para gestar la organización social.

En esta misma línea analítica, pero abordando otros actores, el trabajo de Yoletty Bracho discute la militancia de los grupos de la izquierda urbana caraqueña, destacando que el gobierno chavista ha utilizado la excepcionalidad para controlar la actividad militante. El acercamiento estratégico de los militantes con funcionarios públicos de variable jerarquía y la promesa de ocupación de cargos han sido un tema recurrente en los debates sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado. La autora constata que los militantes se convierten en intermediarios de la acción pública, en un proceso de institucionalización de los vínculos entre el campo político y el espacio de los movimientos sociales.

Dado que, tal como se señaló anteriormente, el nuevo sujeto de la política chavista dista mucho de ser homogéneo, su universo de demandas trasciende a veces el repertorio habitual de los movimientos sociales tradicionales. Por ello, este dossier incluye dos trabajos acerca de actores sociales cuya naturaleza es distinta de las organizaciones de base, movimientos sociales o del activismo e instancias participativas mencionadas hasta ahora. No obstante, de forma semejante a los casos anteriores, estos actores establecen relaciones variables y complejas con el Estado-PSUV. En esta línea de análisis, el artículo de Alejandro Velasco estudia los llamados “colectivos” y brinda información clave sobre su evolución y heterogeneidad, minimizando las confusiones conceptuales y empíricas relacionadas a estos grupos. Velasco propone una tipología de los colectivos, a partir de una distinción entre origen, nivel de organización y vínculos con el Estado. Por su parte, Luis Duno-Gottberg examina experiencias etnográficas sobre sujetos sociales “ultra marginales” o “ultra marginados”, presentando una reflexión teórica sobre un nuevo concepto de “pueblo” o “soberano”, el cual emerge en el contexto de la precarización del trabajo. ¿Hasta qué punto la Revolución Bolivariana ha abierto un espacio para la inclusión problemática y contradictoria de actores que despliegan prácticas políticas que son unas veces reivindicativas, otras progresistas, otras reaccionarias y rayanas en la gobernanza criminal? Dentro de este contexto, Duno-Gottberg propone hablar de movimientos sociales precarios o movimientos sociales lumpéricos, preguntándose también si la racionalidad política de estos sujetos se reduce a la simple cooptación e instrumentalización de los condenados de la tierra; o si se trata de la irrupción y el reconocimiento de una nueva forma de la política en un contexto de erosión del estado y pugnas por la hegemonía.

Por último, es necesario establecer que el giro autoritario chavista se inscribe contradictoriamente en el marco de la “transformación” económica, política y social que propuso la Revolución Bolivariana. Para mencionar un área de incongruencias, los megaproyectos económicos caracterizados por la expansión del modelo extractivista chocan con los discursos ambientalistas, anti-imperialistas, anti-capitalistas y reivindicatorios de los pueblos originarios. En este contexto, el artículo de Francisco Javier Velasco analiza la acentuación del modelo económico extractivo y los concomitantes ataques a las comunidades indígenas en la zona del Orinoco. El autor destaca que el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) que se lleva a cabo en una de las zonas de Desarrollo Estratégico Nacional ha sido promovido sin los correspondientes estudios de impacto ambiental y sociocultural, requeridos por la ley. Este desarrollo intensivo de actividades mineras, que tiene un impacto negativo en frágiles ecosistemas de gran valor ecológico y en las poblaciones indígenas locales, es un ejemplo de los conflictos que existen entre el Estado y los actores sociales organizados; tales como el movimiento ambientalista, indígena y de derechos humanos entre otros. Contrariamente al discurso de inclusión y participación del Pueblo Soberano, este megaproyecto ha sido hecho a espaldas de uno de los Sujetos Constitucionales más excluidos históricamente: las comunidades indígenas.

¿Discursividad que empodera o práctica que excluye?

La paradójica y conflictiva relación que existe entre el gobierno y las organizaciones de base y movimientos sociales ha tenido un impacto en la dinámica y sinergia del modelo socio-político propuesto por la Revolución Bolivariana. Tal relación ha estado mediada por una “discursividad que empodera y una práctica que excluye”; lo que ha ocasionado conflictos y choques entre el Poder Constituyente y el Poder Constituido.

Abers, Serafin y Tatagiba (2014) proponen sugerentemente ampliar el concepto de repertorio de contención de Tilly (1992)1 por repertorio de interacción. Estos dos conceptos, que permiten ampliar el marco analítico de las relaciones entre los movimientos y sociedad civil con el Estado, están presentes en la mayoría de los textos del presente dossier y contribuyen a comprender mejor el complejo caso venezolano.

Las experiencias estudiadas en este dossier ahondan en el análisis de las diversas estrategias que implican estos repertorios, las cuales van desde la ocupación de cargos burocráticos hasta las protestas y acción directa, pasando por la participación institucionalizada y contactos personales entre actores del Estado y sociedad civil. Ello permite conocer no solo la forma en que la dinámica interna y la incidencia de los movimientos y organizaciones dependen de los repertorios de interacción entre la sociedad y el estado desarrollados a través del tiempo, sino también cómo el uso de uno u otro repertorio, puede variar; incluso por parte de un mismo actor social en diferentes momentos.

Esta interacción no necesariamente resulta en ampliaciones virtuosas en el acceso a derechos por parte de la ciudadanía ya que en ocasiones entraña restricciones, burocratización y exclusión. Ello debido a que la propia dinámica que envuelve a la inclusión de nuevos actores sociopolíticos, contempla la posibilidad de contestación en caso de que haya algún revés en dicha inclusión. Es decir, existe la posibilidad de que se desarrolle una relación tensa entre el Estado y la sociedad, incluso en casos de afinidad ideológica o partidista.

Revolución y cambio ¿desde o fuera del Poder?

De acuerdo con los lineamientos anteriores, la historia de las luchas populares venezolanas durante la segunda mitad del siglo veinte, es también la historia de las contradicciones entre estado y movimientos; así como el registro de las estrategias o transacciones entre actores e instituciones. Los movimientos sociales y de base, que venían luchando articuladamente desde fines de los años setenta, en pro de la “democratización de la democracia”, confiaron estratégicamente su agenda de demandas a los candidatos presidenciales de 1998. Se trató de una apuesta por la “toma del Estado”. En ese contexto y dentro de un mecanismo claramente inscrito en la dinámica de identificación y representación populista, Hugo Chávez canalizó (o se apropió) de estas demandas y, como presidente, las incorporó en el Proyecto Constitucional presentado a Asamblea Nacional Constituyente de 1999. El resultado fue que la mayor parte de las demandas de los movimientos sociales quedaron plasmadas en la Constitución Bolivariana, gracias a su participación activa en dicho proceso constitucional.

A partir de este importante gesto legislativo, la relación entre el Estado y los movimientos sociales ha sido difícil y no ha dejado de verse permeada por el tema del Poder (o, en términos gramscianos, por la disputa por la hegemonía). Es interesante observar, por ejemplo, que durante el Foro Social Mundial realizado en Caracas en 2006, Chávez señaló que “Solo apuntando al poder pudiéramos comenzar a transformar el mundo”. Sin embargo, si se analiza su accionar político, este discurso no parece haberse dirigido a los movimientos sociales (García Guadilla y Lagorio 2006).

En un primer momento, Hugo Chávez no contaba con un partido político sólido, dotado de alta legitimidad o maquinaria electoral. Tampoco poseía una base social organizada que pudiera servirle de apoyo, como la cultivada históricamente por Acción Democrática. Por su parte, en el contexto de una crisis profunda de las instituciones y los partidos tradicionales, los movimientos sociales se reconocían como poder constituyente y en una relación de autonomía frente al estado y los liderazgos tradicionales o emergentes. No obstante, una vez sancionada la Constitución Bolivariana de Venezuela, el nuevo presidente pasó a deslindarse frente a los movimientos sociales, substituyéndolos, en la práctica, por organizaciones más propensas a la cooptación, subordinación y control por parte del gobierno. En todo caso, se desarrolla una estrategia que persigue “administrar” los movimientos sociales; lo que conlleva a su vez, una relación conflictiva, tensa, siempre cambiante, entre una transformación social dirigida “desde arriba” y una colectivamente impulsada “desde abajo”2.

Los defensores de la toma del Poder, entendido como el control del estado, y en tanto prerrequisito para la construcción de un proyecto de transformación social, argumentan que tal estrategia es útil y aún necesaria para lograr los objetivos de la Revolución (Hart y Negri 2002). Por otro lado, sus detractores advierten que la toma del Poder, el control del Estado, sus estructuras y dinámicas, sólo reproduce formas verticales de opresión y que, por lo tanto, es contrario a todo proyecto de emancipación3 (Holloway 2002 ) .

Este complejo debate entre la tradición marxista y libertaria, no ha sido resuelto y, en el caso venezolano, parece adquirir una urgencia especial. Mientras unos hacen énfasis en la coordinación y centralización de los esfuerzos revolucionarios bajo la tutela de partidos o grupos de acción política, diseñados para tomar control de la institución del Estado e impulsar un cambio social; otros consideran la figura de Estado-nación como inherentemente autoritaria. Desde esta segunda perspectiva, el accionar político debe distanciarse del Estado, en tanto estructura que reproduce relaciones económicas y sociales dominantes.

En el año 2002, a propósito del Foro Social Mundial efectuado en Caracas, Tariq Ali, editor de New Left Review, observó tempranamente que las políticas de Chávez demostraban los beneficios de utilizar el “poder” para fines de transformación social: “No puedes cambiar el mundo sin tomar el poder, ése es el ejemplo de Venezuela. Chávez está mejorando las vidas de la gente común, y es por eso que es difícil tumbarlo del poder –de otra manera, se caería (…) (Jardim y Gindin, 2006) (traducción propia del inglés). En contraste con lo anterior, y también en esa fecha, autores como Holloway (2002) señalaron que, si bien la transformación del mundo por medio del Estado ha sido el paradigma de la izquierda del último siglo, esa “toma del poder” implica conservar asimismo las relaciones de dominación encarnadas por sus estructuras.

La complejidad del contexto político y social venezolano que, al igual que otros países de América Latina, cuenta con elevados niveles de pobreza y desigualdad que requieren de la intervención del Estado -junto con la especificidad de la supuesta “democracia participativa-protagónica” venezolana que caracteriza a la Constitución Bolivariana- plantea un verdadero reto para el debate en torno a la figura del estado y la crítica del poder político. Uno de los aportes significativos de este dossier es que los trabajos aquí reunidos sugieren la necesidad de ir más allá de estas tradiciones estatistas y libertarias.

Mientras que Hugo Chávez se pronunció claramente sobre la necesidad de tomar y ejercer el poder como un requisito indispensable para hacer las transformaciones políticas, económicas y sociales implícitas en su proyecto, los movimientos sociales venezolanos no tuvieron una visión ni estrategia conjunta frente al tema del Poder. Esto, junto con su exclusión/desplazamiento, los llevó a dividirse con respecto a cuál debía ser su relación con el estado: “desde el poder o desde fuera del poder”. Los movimientos que promovían la necesidad de trabajar desde “adentro” del gobierno se desdibujaron en sus identidades al ser absorbidos por las nuevas organizativas sociales creadas, o sus líderes más activos tendieron a desmovilizarse al adscribirse al funcionario gubernamental (es el caso de las Asambleas de Barrio y de muchas de las organizaciones de base popular, previas a Chávez).

Aunque es frecuente en la práctica, no necesariamente la institucionalización de la acción colectiva implica clientelismo y cooptación. Si entendemos la autonomía como diversificación de relaciones, ésta tendría que evaluarse mediante la constatación de la ampliación o restricción del margen de maniobra de comunas, colectivos, motorizados, movimientos de pobladores en interacción con el Estado. Es preciso destacar que la interacción socioestatal o la relación entre instituciones y un movimiento u organización específica, no necesariamente es la misma en todos los momentos; puede haber etapas de cooperación y de abierto enfrentamiento tal como lo demuestran los textos incluidos en este dossier. De hecho, las experiencias analizadas indican que los movimientos que decidieron no participar ni dentro de la estructura social organizativa creada para ello de forma de “no contaminarse ni perder su autonomía”, ni dentro del funcionariado gubernamental, no corrieron con mejor suerte. Al distanciarse del gobierno/Poder, tendieron a debilitarse, pues el Poder también implica capital relacional. En este sentido, el presente dossier alerta sobre la necesidad de complejizar el concepto de autonomía cuando se trata de los movimientos sociales, así como sobre la necesidad de diversificar las formas que puede adoptar la relación estado-movimientos sociales con miras al empoderamiento de estos últimos.

La reacción de los movimientos sociales frente a la promoción gubernamental de las organizaciones sociales para la inclusión y participación, no fue homogénea. Muchos de los movimientos de base popular que venían cuestionando los efectos del neoliberalismo al que acusaban de la pobreza y desigualdad, y que apoyaban el proyecto chavista, se adscribieron a tales organizaciones. Inicialmente, algunos intentaron mantener la autonomía frente a la presión por la participación institucionalizada dentro de Las Mesas Técnicas, los Comités de Tierra urbana e incluso los Consejos Comunales, o a través de la doble membresía, lo cual resultó bastante difícil en la medida en que la polarización ideológica se profundizó y debieron posicionarse a favor o en contra de “Chávez”.

Otros movimientos con amplia trayectoria, como el de derechos humanos y el ambientalista, se mantuvieron; aunque algunos se fragmentaron como producto de la mencionada polarización, inclinándose hacia un lado u otro del espectro ideológico. En este caso, también algunos de sus miembros ejercieron la doble membresía, ya sea integrando los comités de los consejos comunales, o convirtiéndose en funcionarios con altos cargos en el área ambiental o de derechos humanos.

Una tercera respuesta fue la del movimiento ciudadano que por tres décadas había articulado el movimiento por la “democratización de la democracia” y bajo el cual se integraron los movimientos de base popular, el movimiento ambiental, de derechos humanos y de mujeres. El movimiento ciudadano, fundamentalmente de clase media y generalmente defensor de la democracia liberal, hizo explícitas sus diferencias ideológicas con el proyecto chavista. Sin embargo, en el 2006, se incorporó a la estructura organizativa de los consejos comunales sin abandonar sus espacios organizativos previos como lo eran las asociaciones de vecinos. No obstante, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009 tendió a excluir a todos aquellos grupos que no fueran afines ideológicamente al gobierno. Esta ley, junto con las Leyes del Poder Popular de 2010, contribuyó a relegar grupos que no se adscribían al proyecto “socialista”. En este contexto, se promovió una mayor uniformización social de tales organizaciones.

El resultado de la dispersión estratégica de los movimientos sociales frente al Poder, fue que la dinámica y sinergia horizontal, descentralizada y revolucionaria no pudiera expresarse plenamente. Por otro lado, si bien la Constitución Bolivariana y el primer Plan de Desarrollo de la Nación (2001-2007) propusieron un modelo político descentralizado, con el tiempo se fue imponiendo un modelo vertical, cada vez menos diverso y plural, que derivó en un creciente autoritarismo. Cabe recordar que ya durante el Foro Social Mundial de Caracas, John Holloway había advertido sobre el peligro del autoritarismo en caso de que los movimientos sociales tomaran se incorporaran al poder central para promover transformaciones sociales y políticas. Destacó que, en el caso venezolano, el gran peligro que existía era que el movimiento “desde arriba” fuera tragando y neutralizando al movimiento “desde abajo”, como pasó en la Unión Soviética y en Cuba (Muñoz 2006).

El dilema democracia representativa versus participativa: ¿complemento o substituto?

Otro de los temas analizados en este dossier concierne la relación entre la agencia popular y las estructuras/figuras de representación que articulan fuerzas dentro de los movimientos, entre los movimientos y frente al estado. La extensa red de organizaciones bolivarianas creada para promover la inclusión popular, mediante la participación activa en asambleas y órganos deliberativos comunitarios está en el corazón de este conflicto.

El interés por la participación se vio impulsado a nivel global por la llamada crisis de la representación, o crisis de legitimidad democrática, e impulsó la reflexión y el diseño de innovaciones democráticas que fueron desde la mera difusión o “bajada” de información a experimentos de cogestión, pasando también por distintos instrumentos de consulta. Este interés por ampliar la legitimidad de la toma decisiones a través de la participación de más actores en el proceso, comenzó a ser relevante para los gobernantes.

Desde el punto de vista del poder, el objetivo es dilucidar una forma de dominación más efectiva, que represente algo más, no solo fuerza; la espada sola no es suficiente, se requiere de una dominación legítima. A partir de esta perspectiva, el boom participativo de principios de los 2000, y los contenidos expuestos en los artículos de este dossier, no pueden dejar de entenderse desde la lógica del poder infraestructural (Mann, 1984). En otras palabras, esa capacidad del Estado para atravesar la sociedad civil e implementar sus decisiones de una forma más eficiente. Un poder a través de la sociedad y no por encima de ella (despótico), menos visible, más eficaz y menos costoso. Los estudios de caso aquí incluidos demuestran que el estado-partido venezolano puede actuar despóticamente, incluso, sobre aquellos sujetos que servían para su poder infraestructural.

Es preciso destacar que la Constitución Bolivariana de 1999 sanciona tanto la “democracia representativa” como la “participativa”, aunque privilegia ésta última. No obstante, este modelo constitucional plantea la interrogante de si la “democracia participativa” es un complemento de las instituciones de la “democracia representativa”, como lo han sugerido los adversarios del chavismo (la Oposición); o es su substituto, como se expresa en el proyecto del Estado Comunal y en el discurso mismo de los comuneros.

El discurso y la praxis del proyecto bolivariano distinguen dos enfoques, con nociones distintas, sobre el alcance de la participación. El primero, se intentó implementar en Venezuela, mediante experiencias locales de democracia radical y asume que la democracia participativa debe complementar a la representativa. En este contexto, las organizaciones sociales creadas para promover la participación en los espacios locales, como, por ejemplo, los Consejos Comunales, participan también en las instancias de representación, para lograr así una mayor eficiencia y equidad en la satisfacción de los derechos de ciudadanía. Se supone además que dicha participación contribuye al control ciudadano, reduciendo el riesgo de clientelismo y corrupción. Si bien existen experiencias exitosas de este tipo de participación a nivel local, ello no resuelve el problema de cómo pasar al nivel nacional; como se pretende con las comunas y el Estado Comunal. Un segundo enfoque sobre la participación, supone la sustitución de las formas locales de representación por estructuras de poder paralelas, con capacidad de agregarse e irse conformando a nivel nacional y, así desplazar en última instancia, a las instituciones de la democracia representativa.

Ambas visiones de la participación han estado presentes en la experiencia venezolana. En la primera etapa de creación de los Consejos Comunales, que va del año 2006 al año 2010, se observó un avance significativo de la democracia participativa local bajo el primer enfoque. No obstante, a partir de la promulgación de las Leyes del Poder Popular, en 2010, que implicaron una aceleración del proceso revolucionario, la segunda visión tomó cuerpo y devino dominante en el discurso y en las políticas del gobierno. Se destinaron entonces cuantiosos recursos para la consolidación de las Comunas (consideradas como el pilar del Estado Comunal) y de los Consejo Comunales (considerados como parte constitutiva de éstas). Es precisamente en esta etapa que las contradicciones no resueltas, en la relación entre la “democracia representativa” y “participativa”, llevaron a conflictos irresolubles que no solo impidieron el avance de la red de organizaciones sociales bolivarianas promovidas por Chávez, sino que contribuyeron a cuestionar la importancia de la “democracia representativa” al oponerla y quererla sustituir por una utópica democracia radical a nivel nacional.

Algunos autores (Whitehead, 2016, Urbinati, 2006) destacan que la diada representación/participación representa un falso dilema, ya que en los experimentos participativos siguen existiendo dinámicas de representación (aunque no sea el modelo liberal tradicional) y al no poder escapar de la “representación”, se hace necesario endosarla y articular instancias representativas y participativas. Esto es particularmente evidente para el caso de la promoción del estado comunal: aunque en las leyes se presente de una forma que suplanta al orden representativo tradicional, en la práctica no ha supuesto el reemplazo de, por ejemplo, alcaldías (incluso muchas veces se han fortalecido al cooptar comunas y consejos comunales). Ese “estado que no termina de nacer” ha sido debilitado frente al “estado que no termina de morir”, aunque discursivamente el “poder constituido” se postule como defensor de las comunas.

Tanto Adam Przeworski (1999) como Norberto Bobbio (1986) reconocen que las instituciones democráticas son representativas; es decir, los ciudadanos no gobiernan. Gobiernan aquellos que son elegidos para hacerlo. Ambos proponen que no debe socavarse los principios representativos de la democracia (a la que consideran como la mejor forma de gobierno) y que debe existir una estrategia de complementariedad respecto de las innovaciones participativas.

Masas, turbas y gobernanzas criminales: ¿actores grises o nuevos actores de la política?

Hay un espacio social en el que la resolución de demandas populares se entrecruza con formas complejas de la política; “zonas grises” donde coexiste una voluntad transformadora y emancipadora, junto con expresiones opresivas y reaccionarias de fuerza e ilegalidad (Duno-Gottberg 2004, 2009, 2020). El debate sobre la condición de quienes participan de estas formas de “lo político”, así como el significado de sus acciones (¿políticas o pre-políticas?), son objeto de álgidas discusiones. Se trata de una polémica de larga data en la filosofía política y, sin embargo, el caso venezolano posee una especificidad y una urgencia que reclaman análisis. El fenómeno de las gobernanzas criminales o la pluralidad de organizaciones denominadas “colectivos” constituyen ejemplos de los “nuevos sujetos de la política” venezolana que transitan “zonas grises” y, por lo tanto, exige una reflexión.

La aparición de estas subjetividades no puede separarse de las transformaciones sociales y económicas que generaron vulnerabilidad en la población general y que, en ese sentido, dispararon demandas de inclusión y reconocimiento. La desigualdad exacerbada por la reforma neoliberal que socavó los programas sociales del Estado Bienestar también generó movimientos de protestas fuera de los circuitos más organizados de la sociedad civil. Trabajadores informales, desempleados, pensionados desposeídos, pero también personas privadas de libertad y familias sin hogar formaron parte de una población dispuesta a reclamar derechos.

Contemplar el mapa de las nuevas subjetividades de la política en Venezuela supone entonces ir más allá de las nociones míticas de sociedad civil (García-Guadilla, 2004) y los movimientos sociales cívicos, para contemplar actores que interpelan al Estado y negocian desde un lugar que combina la vulnerabilidad con la acción contenciosa; el discurso emancipatorio con prácticas reaccionarias; la acción comunitaria con prácticas ilícitas.

Insumos para repensar críticamente la historia reciente de la Revolución Bolivariana y los sujetos contenciosos

A dos décadas del inicio de una serie de transformaciones radicales en la historia de Venezuela, podemos vislumbrar más claramente la trayectoria del proceso que se inició con la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia del país. Si bien la génesis de este fenómeno es todavía un asunto debatible (las lecturas oscilan entre genealogías hagiográficas y heroicas de líderes militares y, por otro lado, enraizados movimientos sociales con demandas históricas puntuales, que paulatinamente se articulan a proyectos nacionales), la percepción del desenlace es más uniforme. Los trabajos aquí reunidos revelan dos coincidencias en torno al ocaso de la Revolución: en primer lugar, reconocen un giro indudablemente autoritario, por lo menos a partir el año 2013 y en segundo lugar, identifican contradicciones profundas entre un proyecto de “democracia participativa y protagónica” y los impulsos de una suerte de Leviatán bolivariano que lo devora todo.

La posibilidad de vislumbrar el arco de la historia de la Venezuela Bolivariana excede el objetivo de estos trabajos. Sin embargo, a partir de los artículos incluidos en el presente dossier, podemos comprender mejor la complejidad y heterogeneidad de los actores, las diversas fuerzas que nutrieron o socavaron la Revolución y las promesas, tensiones y contradicciones. En este sentido, y a pesar de sus diferentes posturas, los investigadores aquí reunidos brindan un balance general que permite entender el surgimiento, la transformación y el ocaso de un proyecto de país sumido hoy en una de las mayores crisis de su historia. Ofrecen así una lectura confluyente de las contradicciones que genera la Revolución Bolivariana, dando sentido a los “ciclos de la protesta” dentro y fuera del chavismo.

Referencias

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