La representación discursiva del riesgo delictivo en la prensa venezolana durante el llamado Puntofijismo (1958-1998)

Wilmer Téllez Acosta y Julia Alcibíades de Morales

Resumen

Esta investigación interdisciplinaria examina las características de la representación discursiva del riesgo delictual en la prensa venezolana durante el llamado Puntofijismo (1958-1998), a partir de tres momentos históricos definidos a priori: el deslinde, el consenso y el reajuste. A través de una revisión sistemática de tres diarios de alto impacto nacional, se procedió a establecer proposiciones que permitan la descripción semántica de los textos en distintos niveles. Los resultados muestran que entre 1958 y 1968, el comunismo fue representado como una potencial amenaza delictual, mientras que entre 1968 y 1989 lo fue el pobre y la pobreza. Para el período de 1989 y 1998, la debacle de las instituciones sociales condujo a un clima de anomia, convirtiendo la propia estructura social como el principal potenciador del riesgo delictivo por su incapacidad de proteger a la población.

Palabras clave: Riesgos; lingüística; análisis del discurso;prensa; delincuencia; representación

E-mail: wtellez85@hotmail.com. ORCID: 0000 0002 3336 7779

E-mail: juliaalcibiades@gmail.com. ORCID: 0000 0003 4897 9476

Universidad Central. Caracas, Venezuela

Recibido: 01/12/2020 Aceptado: 15/02/2021

Criminal risk’s discursive representation on venezuelan newspapers during so-called Puntofijism (1958-1998)

Abstract

This interdisciplinary research examine the characteristics of criminal risk’s discursive representation on Venezuelan newspapers during the called Puntofijismo (1958-1998), considering since the beginning three historic periods: the breakout, the agreement and the readjustment. Through a systematic search on three newspapers of high national impact, we decided to establish propositions which let us a semantic description of texts on different levels. The results show that between 1958 and 1968, communism was represented like a main potential criminal threaten, while between 1968 and 1989 was the poor people and poverty. In the last period, between 1989 and 1998, the decadence in social institutions result in anomia, transforming the social structure in the main promoter of criminal risk because its own incapability to keep the population safe.

Keywords: Risk; linguistic; discursive analyze; press media; crime and representation

Introducción

La definición del delito pertenece a un sistema interdisciplinario que trasciende lo meramente jurídico. Se conjugan aspectos criminológico-legales, sociológicos, políticos y lingüísticos, por lo menos, haciendo indispensable una integración de recursos teórico-metodológicos para comprender la naturaleza compleja del objeto. La razón, en principio, es que el delito no tiene una naturaleza propia, autónoma, independiente. Su delimitación es inherente a expectativas sociales que hacen de lo delictivo un contingente clasificatorio de lo conductual por parte de las audiencias, a través de criterios y sentimientos que despiertan la necesidad de establecer reglas preventivas y represivas de aquello colectivamente desaprobado. Esta respuesta desaprobatoria de las audiencias se conoce como reacción social (Aniyar, 1977).

Es a través de esta reacción social cuando se activan los mecanismos de control social, conjunto de instancias y acciones orientadas a la individualización, detección, manejo y/o supresión de conductas clasificadas como desviadas o delictivas (Gabaldón, 1987), que pueden estar institucionalizadas formalmente (leyes, tribunales, policías) o presentes de manera informal (reprobación colectiva, rechazo, estigmatización, condenas morales). De aquí la importancia de la norma, regla, segmentación entre lo aprobatorio-desaprobatorio como particularidad de la reacción y control social: representa en sí una situación impositiva de orden político y económico (Becker, 1973), una posición de poder de una fracción grupal que con base en sus creencias, cultura e intereses define qué es lo delictivo en una sociedad.

La tesis de Becker sostiene que las reglas son hechas por un grupo hacia otro que acumula menor poder, pero esta imposición tiene sentido sólo cuando la conducta desaprobatoria se hace pública, es decir, la definición delictiva depende de la respuesta de los otros, de la reacción social; sin esta respuesta-reacción el delito no existe. Esta sería la discusión central de la llamada criminología interaccionista, fundamentada en el construccionismo social (Aniyar, 1977), para la cual la naturaleza problemática de la ley y su tipificación normativa no está en el delincuente, sino en la propia ley, mediante la creación de categorías delictivas dadas en un marco específico de tiempo y espacio por una posición de poder.

Esta referencia teórica induce a la reflexión ontológica sobre un realismo ingenuo que aborda el delito con independencia a nuestra conciencia; el delito dentro de un modelo especular (Martínez, 2016) que plantea su existencia externa, objetiva, fuera del sujeto, cuya pretensión es que el objeto se refleje en el aparato cognitivo. En oposición, se antepone el delito como objeto real porque es objeto de conciencia. ¿Y cómo puede el delito hacerse objeto de conciencia colectiva? A través de una estructura discursiva: el lenguaje como fundamento del pensamiento y realidad.

El problema de estudio no parte de la tipificación delictual, sino de los riesgos que lo explican en el discurso cotidiano. Aquí radica una diferencia entre la representación del delito y la representación de los riesgos asociados. El riesgo es un cálculo que evalúa la factibilidad de un hecho peligroso o amenazante. Lianos y Douglas (2000) destacan la tendencia en la sociedad contemporánea de analizar el mundo a través de categorías amenazantes, que no se asocian estrictamente a faltas legales, mientras que Giddens (1991) resalta la sensibilidad y demandas de cambios políticos frente a su idea de cultura de riesgo en diversos planos de la vida social (como en lo ecológico, alimentario, entre otros). Esta idea de cultura de riesgo y demandas de cambio se interconecta con la propuesta criminológica de reacción social y la tipificación desviado-delictiva de la conducta social.

El objeto de estudio es el riesgo delictivo, y nos interesa su representación discursiva por la noción constructiva que, en un lapso de tiempo, va impregnando los sistemas formales e informales para la contención del peligro delictivo, a través de un conjunto de disposiciones semánticas direccionadas a describir los riesgos que amenazan la seguridad ciudadana. Esta proposición se nutre del estructuralismo radical (lingüístico-antropológico), que entiende al hombre (ánthropos) como una realidad hablada, un articulador de signos que vive en un sistema de reglas dentro de estructuras conscientes e inconscientes (Lévi-Strauss, 1995), pero que al final son marcos esenciales para comprender las acciones dentro de la interacción social.

A raíz del interés de la representación discursiva del riesgo delictual en la esfera colectiva, la prensa adquiere especial valor por vehicular signos capaces de estimular un polo receptor a través de un sentido o significado. Pero nos interesa un tipo específico de prensa, aquella que cumple más una función de información-masa (alocución) que de comunicación (diálogo), lo que se traduce en que la carga de significaciones es a nivel omnibus (uno-para-todos) (Pasquali, 1990). La pregunta central del trabajo es la siguiente: ¿cuáles son las características de la representación discursiva del riesgo delictivo en la prensa durante el puntofijismo?

El ámbito espacio-tiempo se circunscribe en la Venezuela de 1958-1998, período en el cual se produjo un consenso entre élites que contaban con suficiente legitimidad sociopolítica a sus inicios (López, Gómez y Maingón, 1989), específicamente al finalizar la administración del General Marcos Pérez Jiménez con su huida del país en enero de 1958. Este consenso orientado a un acuerdo de gobernabilidad partidista se conoce como el Pacto de Punto Fijo (o puntofijismo), que demarcó la exclusión de partidos marxistas, como el Partido Comunista de Venezuela (PCV), sin que ello representara su exclusión formal del sistema político nacional1.

Este interés histórico del estudio reside precisamente en su determinación del presente. La realidad social de un estado actual es un estado histórico para las ciencias humanas (Dilthey, 1978), una interrogación científica del cursus de cómo el presente ha llegado a ser como es. Esto implica que el modelo estructural lingüístico predominante actualmente en Venezuela, la Revolución Bolivariana (1999- presente), adquiere una relevancia central, específicamente porque se trata de una revolución discursiva-semántica, proveedora de un sistema de signos de amplio alcance e impacto social. El principal recurso referencial para construir su identidad discursiva-semántica ha sido precisamente la Cuarta República o puntofijismo, por lo que nuestra interrogante es sobre el cursus histórico que hoy ha coadyuvado a definir importantes rasgos de la Venezuela contemporánea, y que no puede entenderse de manera atemporal.

Reflexión epistemológica

Tomamos de Vasilachis (1992) su propuesta de reflexión epistemológica como alternativa a una postura dogmática que comprende una forma legítima, fija y universal de conocer a partir de la naturaleza ontológica de los entes. Una reflexión del científico sobre su trabajo y no del filósofo sobre el quehacer científico (epistemología). El objetivo de la reflexión epistemológica, en relación con la sociología, es la elucidación paradigmática de la disciplina y sus prácticas cotidianas de investigación (Vasilachis, 1992), sobre esa orientación general que define el modo de mirar aquello que la disciplina ha presentado como su contenido temático sustantivo (Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 2005). Al respecto, Sautu (2005) resalta que las investigaciones cualitativas, en contraste con las cuantitativas, se detienen más en la discusión del paradigma y sustento metodológico que en la teoría sustantiva, ya que los paradigmas son marcos teóricos-metodológicos para interpretar los fenómenos sociales (Vasilachis, 1992) en determinado contexto y realidad en la cual está inmerso el propio investigador.

Nuestra propuesta se inserta en el paradigma interpretativo-construccionista, para la cual la naturaleza de la realidad es subjetiva y múltiple. La representación del riesgo delictivo no será abordada aquí como una evaluación de correspondencia entre los textos discursivos y una realidad externa, sino más bien entendiendo que las estructuras discursivas vehiculadas por la prensa colocan un repertorio de significados que forman parte del proceso interpretativo del mundo de la vida cotidiana (Lebenswelt). Si bien el significado se construye como un fenómeno social e intersubjetivo (Bernstein, 1982), es porque los actores dotan al mundo de esquemas interpretativos para explicar la vida cotidiana, y así darle sentido desde sus vivencias subjetivas-reflexivas (Schütz, 1970). El término intersubjetivo tiene especial relevancia aquí porque la producción de significados no es un proceso privativo de cada actor, sino que es intercambiable a través de un poner en común (comunicación) vivencias, experiencias, juicios, conceptos con otros.

La concepción informativa con que proponemos abordar el discurso de la prensa con relación al riesgo delictivo quebranta la noción teórica de intersubjetividad. El aporte a la construcción de significados que hace el medio de masa no cumple con la función poner en común, relación bidireccional entre emisor-receptor. Pertenece más bien a la función de tipo unidireccional (alocución de tipo omnibus) del mensaje, lo que implica una relación dominante del actor-prensa en la determinación del Lebenswelt. Es por esta razón que nos interesa el actor dominante (prensa) y su estructura discursiva, por su poder de influir con mayor impacto en los esquemas de interpretación social del objeto de estudio.

Para contestar la pregunta de investigación procedimos inductivamente, privilegiando el dato sobre supuestos teóricos previos. La examinación del corpus para caracterizar los recursos discursivos con que la prensa representa el riesgo delictivo, contiene importantes supuestos dentro de la hermenéutica. A) El investigador tiene un talento para comprender en el contexto donde pertenece, lo que Gadamer (2011) refiere como sentido histórico. B) La comprensión no está en el ser individual, sino en el ser histórico. C) Más que la comprensión del hecho lingüístico, la hermenéutica examina el contexto donde se da dicha comprensión. D) No existe la correcta interpretación o conocimiento objetivo del significado de un texto (Gadamer, 1999). Todo lo anterior implica dos cosas esenciales: A.1) es una abstracción el intento de separar el sujeto de su objeto de estudio. B.1) Es una abstracción separar el objeto lingüístico de su contexto social.

Atendiendo el contexto lingüístico del paradigma hermenéutico-interpretativo, se realizará un análisis dialéctico entre los recursos discursivos de la prensa y el contexto social donde se desarrolla el texto. Se trata del círculo hermenéutico como movimiento del todo hacia las partes y de las partes al todo para aumentar el nivel de comprensión, un circulo virtuoso más que vicioso (Martínez, 2016). Para proceder al análisis ordenamos el contexto histórico en tres momentos, considerando la relación Estado, sistema político y violencia (Luengo, 1994): el deslinde, (1958-1968), período de posturas excluyentes e irreconciliables, con presencia de violencia política directa, tanto insurreccional como institucional. El consenso, (1968-1989), donde los actores del sistema aceptan las reglas del juego como marco valorativo y normativo, suponiendo altos niveles de legitimidad y bajos niveles de violencia política. Y finalmente el reajuste, (1989-1998), caracterizado por la violencia política directa con marcados rasgos de anomia social, también por la deslegitimización y parca representatividad de los principales actores del sistema sociopolítico.

Diseño metodológico

El Corpus

Considerando el interés por analizar el actor con mayor capacidad-poder para poner en la esfera colectiva una estructura lingüística, era necesario trabajar con la prensa de mayor impacto durante 1958-1998. Los diarios El Nacional, El Universal y Últimas Noticias fueron importantes tribunas de demandas, debates, encuentros y desencuentros ideológicos (Díaz Rangel, 2007). Su circulación era diaria, de alcance nacional y con secciones noticiosas variadas en todo ámbito de la vida social. La localización de los diarios de este período (1958-1998) reposan en la Hemeroteca Nacional de Venezuela.

Identificados los diarios informativos de mayor impacto social, se presentó el reto de cómo hacer una revisión hemerográfica de 40 años. Optamos por estrategias cuantitativas en cuanto a criterios de muestreo inferencial para poder hablar de representatividad (estadística). Esta decisión obedece más a una táctica de revisión sistemática de textos que a criterios de representación probabilística. A continuación, se detalla el proceso de selección y definición del corpus.

1. Se procedió a definir la unidad muestral: mes de circulación de la prensa desde 1958 hasta 1998, de los tres diarios considerados como universo: El Nacional, El Universal y Últimas Noticias.
2. Se construyó un marco muestral para listar todos los meses (unidades muestrales) desde 1958-1998 de El Nacional, El Universal y Últimas Noticias: se totalizó 1440 unidades de muestra (480 meses por cada diario).
3. Considerando los criterios subjetivos del muestreo probabilístico en cuanto a error máximo admisible (Vivanco, 2006), se decidió asumir para un 90% de fiabilidad y un error de 10% (q-50=p), un tamaño muestral de 65 (N=1440/n=65).
4. Para garantizar una selección aleatoria de la muestra, se utilizó la herramienta aleatorización de números del programa Excel 2016 a partir de la digitalización del marco muestral, definiendo así un Muestreo Aleatorio Simple (MAS).
5. Una vez definido los meses de revisión correspondientes a 40 años de los tres diarios de interés, se localizaron 301 artículos de prensa que referían información relacionada con el riesgo delictivo en Venezuela. Por lo tanto, el corpus analizado en este trabajo comprende 301 textos.

Tabla 1: Especificación de los textos analizados del corpus según prensa y período de revisión.

Diarios analizados	Nro. de textos por diario	Nro. de textos por período entre 1958-1998 (segregado por decena)
El Nacional	98	1958-1967:12; 1968-1977:20; 1978-1987:40; 1988-1998:26
El Universal	33	1958-1967:9; 1968-1977:15; 1978-1987:4; 1988-1998:5
Ultimas Noticias	170	1958-1967:35; 1968-1977:57; 1978-1987:23; 1988-1998:55
		Total: 301

Estrategia de análisis

Como se señaló al comienzo del trabajo, las tipificaciones delictivas trascienden lo meramente judicial. Se trata de un asunto interdisciplinario que, de acuerdo a nuestro interés, se inclina hacia lo lingüístico y sociológico. Elegimos el análisis del discurso para interpretar los textos, pues groso modo, su objetivo es producir descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje (Van Dijk, 1990), atendiendo dos dimensiones claves: lo textual (estructura discursiva con diferentes niveles de descripción) y lo contextual (relación de estructuras textuales con propiedades del contexto). Así, el análisis de las estructuras del texto-discurso estuvo acompañado del análisis del contexto para el enriquecimiento de la comprensión-interpretación. Es un reto interdisciplinario. En consecuencia, nos enfocamos en la propuesta de Análisis Sociolingüístico del Discurso (ASLD) de Vasilachis (2015) para resaltar la interdependencia y mutua influencia entre discurso y sociedad, a partir de los aportes epistemológicos, metodológicos y teóricos de las ciencias sociales, en especial de la lingüística y sociología.

Por la extensión del corpus, trabajamos con estructuras globales que permitieron captar la unidad semántica de los textos, a partir de cada uno de los tres momentos históricos propuestos como contexto. A estas estructuras globales, Van Dijk (2001) las define como macrocategorías, que pueden ser consideradas como constructos de significados cuya dimensión referencial es la unidad semántica del texto, es decir, serían macroproposiciones: proposiciones que son parte de una macroestructura semántica (Van Dijk, 1990). Para el tratamiento analítico de datos, considerando el gran volumen de textos, se recurrió al paquete computacional ATLAS.ti para sistematizar, establecer redes (redes semánticas) y constructos teóricos (macrocategorías) desde la interpretación del corpus.

Resultados

La definición del actor delictivo-ideológico (1958-1968)

En enero de 1958, Marcos Pérez Jiménez y el modelo autoritario-militarista es derrocado por la coalición de movimientos políticos, militares, económicos y sociales luego de arduos años de coacción y represión a derechos políticos, de pensamiento y expresión. Significaba una fecha para un nuevo pacto social de estabilidad democrática. “El espíritu del 23 de enero”, comenta Urdaneta (2012), “se había extendido a la conformación de acuerdos bases que garantizarán el inicio de una experiencia democrática en condiciones de estabilidad suficiente…” (p. 23). La Junta Provisional que se instala luego del 23 de enero de 1958, abre paso al consenso social y compromiso de gobernabilidad entre fuerzas políticas, sociales y militares.

En 1961 se presenta la redacción de un nuevo pacto social de talante civil y democrático. La Constitución de 1961, aunque no fue resultado de una constituyente sino del atributo representativo del Congreso de 1958, gozó de amplio consenso social. El nuevo pacto buscaba reglas básicas del orden político (Rey, 1991), un terreno común de respeto al hilo constitucional que consideraba, entre otras cosas, abandonar la violencia para derrocar gobiernos legítimamente constituidos.

Sin embargo, casi toda la década del 60 se caracterizó por la conflictividad sociopolítica y vulneración al orden institucional. La violencia estaba puesta en escena asociada con la toma de poder político mediante la insurrección armada. Parte de las revueltas estaban inspiradas por ideales marxistas y alentada por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Desde República Dominicana, gobernada por Rafael Trujillo, se propició igualmente conatos de violencia en Venezuela que buscaban torpedear la estabilidad nacional.

En este contexto la prensa empieza a relacionar la violencia con la vida política, con una clara inclinación hacia la acción subversiva que a principios de los 60 empezaba a relacionarse con el ideal marxista-revolucionario que representaba el Partido Comunista de Venezuela (PCV). El 1 de diciembre de 1960, Últimas Noticias publica: “Comunistas y sus satélites, siguiendo consignas de Chapita (Trujillo) y Fidel Castro autores de los disturbios”. Detalla la nota:

(…) El PCV como sus satélites tiene toda la culpa de los actos subversivos (…) ligados a sectores reaccionarios desplazados de Venezuela el 23 de enero de 1958. (…) los informantes de la Comandancia de la Policía señalan, que los bloques 27, 28, 29 y 30 del 23 de Enero, grupos de zagaletones extremistas se preparaban para asaltar algunos establecimientos comerciales (p.: 14, subrayado propio).

Esta nota es ejemplo para destacar dos elementos muy persistentes en el discurso de la prensa: el primero, la conexión semántica del Partido Comunista (PCV) con el delito (asalto, en este caso); y segundo con la localización de la amenaza delictual: zonas populares (bloques 27, 28, 29 y 30 del sector 23 de Enero). Aunque el presidente R. Betancourt (1961-1965) recurre a un discurso de institucionalidad para enfrentar acciones de amenaza a la nación y a la ciudadanía, en el caso del comunismo las referencias implican una vinculación más directa con su forma ideológica-subversiva con el delito. “Anuncia el Gobierno haber detenido a dos activistas del PC”. “… (Uno de ellos) realizó el atraco a la compañía autobusera de Los Chaguaramos” (El Universal, 22/6/1963, p. 26). “Seis hombres armados asaltaron una empresa en Barquisimeto. Dicen que los atracadores eran guerrilleros (subversivos comunistas)” (El Universal, 2/6/1965, p. 17). “Son hampones dieciocho de las veinte personas enviadas a Guayana”, en el cuerpo del artículo se especifica:

(…) miembro de la Comisión Especial de diputados que estudia el caso de las personas enviadas a las Colinas de Guayana a raíz de los desórdenes del 21 de abril (fecha de revuelta en la cual vinculaban a miembros del PCV) informó ayer que dieciocho de los veinte detenidos y despachados a Santa Elena son hampones con más de tres entradas a la policía” (El Nacional, 12/5/1960, p. 36).

La relación semántica entre subversivo/guerrillero-comunista/delincuente se exponía en la prensa no sólo como una amenaza de origen nacional, sino que se vinculaba con movimientos izquierdistas regionales, especialmente con Cuba. Últimas Noticias (2/12/1960): “Molesto Fidel Castro por el fracaso del plan insurreccional extremista”.

A través de informes confidenciales obtenidos (…) Fidel Castro aprobaba el plan de la insurrección popular (…) parece ser que el triunfo de la democracia en la Universidad contra los procedimientos totalitarios extremistas, han provocado un ataque histérico en Castro, quien ha exclamado refiriéndose a sus simpatizantes: “son unos cobardes” (p.: 15).

La representación del riesgo ante la vinculación comunista-delito se hacía extensiva a la vida intelectual universitaria. “Grupos concentrados en la zona universitaria incendiaron bombas de gasolina y 5 autobuses” (Últimas Noticias, 1/12/1960, p. 42); “En busca de armas. Digepol allanó Residencia Universitaria de Carabobo” (El Universal, 7/6/1965, p. 45); “Detenido dirigente comunista reunido con varios extremistas” (Últimas Noticias, 2/12/1960, p. 42). “Los comunistas han hecho de ella (Universidad Central de Venezuela) un centro de dictadura ideológica, terrorismo e inseguridad personal…” (El Universal, 7/6/1965, p. 28). Esto sugiere que el riesgo delictivo con que la prensa representaba el comunismo-subversivo estaba presente en la vida cotidiana, tanto popular como intelectual.

La insurrección y actos subversivos para derrocar el gobierno constitucional de R. Betancourt dejaron de ser conatos y se materializaron en diversos momentos, siendo los más relevantes la invasión por Táchira del General Castro León (abril de 1960) -vinculado a la extrema derecha y con R. Trujillo-, las rebeliones cívico-militares conocidos como barcelonazo (junio de 1961), carupanazo (mayo de 1962) y porteñazo (junio de 1962), con la participación del PCV y MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), e incluso el intento de magnicidio (junio de1960), vinculado con la extrema derecha y a R. Trujillo.

La reacción del gobierno no tardó. La insurrección armada de los partidos de izquierda y la adhesión de simpatizantes militares, da comienzo a las guerrillas de corte marxista-leninista, acogidas por la Revolución Cubana de Fidel Castro. El gobierno trazó como orientación institucional la lucha contra el comunismo o extrema izquierda mediante su ilegalización. Ahora la conformación de la categoría delictiva izquierda-guerrilla-marxista es determinante. Antes de la ilegalización de la extrema izquierda, el discurso de la prensa relacionaba el delito con partidarios comunistas, presentando un recurso semántico más de tipo sugestivo. Pero luego de los hechos de rebelión cívico-militar con un componente ideológico izquierdista-marxista, la relación semántica delictual es formal. “(..) Detenidos por funcionarios del Departamento Civil de la Policía (DCP) cuando colocaban banderas de una organización clandestina y pintaban consignas en contra del actual régimen” (El Universal, 8/6/1963, p. 16). “Detenidos cinco sujetos que trataron de llevarse uniformes militares de una lavandería en Barcelona”. Identificados como miembros de la oposición iban a lanzarse a un nuevo barcelonazo en el tercer año de esa rebelión” (El Universal, 23/6/1963, p. 26).

La reacción social afianzaba la categoría delictiva de la rebelión armada comunista, sobre todo por parte de sus contrarios en el plano ideológico marxista: el industrial, empresario, comerciante. Esta reacción social de la élite afianzaba un consecuente control social por parte de la administración de R. Betancourt a través de los organismos formales, como puede notarse en esta nota de prensa publicada por El Universal en 1963:

“Recrudecimiento de la violencia política ha vuelto a alarmar a los círculos de la economía nacional”. (…) aun cuando todavía se tiene confianza en que el gobierno, a través de sus fuerzas policiales y aplicación del código penal controle el orden y garantice la seguridad de multitud de establecimientos industriales y comerciales, sometidos ahora a la diaria amenaza de los grupos armados, persiste el temor de que sigan produciéndose estos hechos...”. El Universal, 8/6/1963, p. 1, subrayado propio).

Se reforzaba la representación de la amenaza guerrillera como riesgo delictivo en el sector campesino, a las afueras de los núcleos urbanos, resaltando la magnitud de la violencia en sus acciones: “Efectivos militares persiguen a grupo guerrillero (…) que en días pasados fusilaron a un dirigente de la Liga Agraria del sector Río Grande, Distrito Ribero (…) era dirigente agrario de Acción Democrática” (El Universal, 1/06/1964, p. 35, subrayado propio). También se encontraron referencias sobre afectaciones de clases populares, pero no con un sentido de reacción social: “4 mil buhoneros víctimas del bochinche extremista han quedado arruinados en la calle” (Últimas Noticias, 2/12/1962, p. 7),

Figura 1

Representación esquemática de la macroestructura

del riesgo delictivo entre 1958-1968

A pesar de los intentos por derrocar el gobierno constitucional, por primera vez en muchos años un Presidente de la República culmina su mandato y cede el poder por vía democrática y legal. Raúl Leoni es juramentado en 1964 y sigue la misma línea que su predecesor, con la salvedad de que los grupos marxistas, protagonistas de la insurrección armada y agitación popular, no recibieron el respaldo nacional cuando llamaron a la abstención electoral en 1963 (sólo 7,78% del padrón electoral se abstuvo), lo que representó un desprestigio de la izquierda y una evaluación interna y externa sobre sus métodos de lucha política e influencia social.

La criminalización de la pobreza (1968-1989)

El triunfo de Rafael Caldera (1969-1973) representó un signo de respeto al pacto social. La propuesta que llevaba el partido Copei a la mesa de debate público nacional era la necesidad de pacificar el escenario político mediante una nueva orientación de las instituciones formales. La prensa hizo eco de un Rafael Caldera conciliador, que brindaba esperanza de aplacar la violencia política mediante estrategias distintas a la imposición única de la fuerza coercitiva del Estado. Se legalizó el PCV, el MIR y se funda el Movimiento al Socialismo (MAS), producto de una división del PCV. Para generar confianza en estas bases políticas convidadas a deponer las armas, se reestructuraron icónicas instituciones de carácter contrainsurgente como la Dirección General de Policía (Digepol) y el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), aunque muchos de los responsables de acciones contra las fuerzas subversivas quedaron en los mismos puestos.

Durante este período de consenso (1968-1989), la principal caracterización de lo delictivo empieza a cambiar de actor. Si bien en casi toda la década del 60 había una referencia del riesgo delictivo hacia la figura del izquierdismo-comunista, a partir de los años 70 se empieza a pronunciar la representación de peligro en la pobreza. Las zonas populares, como caseríos o barriadas, eran presentadas por la prensa como espacios geográficos donde residía el delito. La intervención policial era reactiva y selectiva: “Pasaron a extranjería siete personas detenidas en Blandín y Caño Amarillo. Este grupo se encontraba entre los 70 detenidos (…) durante campaña de profilaxis social. (El Nacional, 22/5/1970, p. 42); “… otras medidas de profilaxis social (…) se harán extensiva a otras parroquias de Caracas, especialmente las ubicadas en regiones periféricas a la ciudad” (El Nacional 20/12/1972, p. 41). “Más de 400 detenidos en redadas selectivas” (…) más de 400 hampones buscados por cuerpos policiales y solicitados por tribunales han caído en estas redadas selectivas en barrios y poblados del interior de Táchira” (El Universal, 3/8/1982, p. 32). “Operativo limpieza practicó PM (Policía Metropolitana)” (Últimas Noticias, 14/8/1988, p. 33);

Términos como profilaxis social, redadas selectivas o limpieza, eran recursos discursivos comúnmente empleados por la prensa para describir procedimientos de depuración delictual. La particularidad estaba en que estas operaciones de limpieza se circunscriben en una clase social específica, interpretable desde la tesis de Becker (1973) como un mecanismo de poder interclase social. Por otro lado, se hacía evidente en la prensa que los controles institucionales en las zonas pobres-populares carecían de políticas preventivas y disuasivas, es decir, la delincuencia no sólo estaba en los barrios, sino que además había una desprotección de sus habitantes: “Sólo 2 policías ejercen vigilancia en La Vega. La parroquia tiene una población aproximada de 70 mil habitantes” (El Nacional, 10/5/1970, p. 35); “Controlados por el hampa: comerciantes de Cerro del Cementerio pagan protección. Se sienten desamparados ante la falta de vigilancia policial y poco interés en las autoridades por solucionar el problema (Últimas Noticias, 27/2/1975, p. 39); “(…) las muchachas no salen después de las 7 de la noche por temor a ser ultrajadas” (Últimas Noticias, 27/2/1975, p. 40); “La policía nunca viene a los barrios (…). Los malandros en cambio están aquí todo el tiempo y nuestras familias también” (El Nacional, 19/7/1977, p. 24).

Lo anterior permite anclar una red semántica sobre el riesgo delictual al considerar: 1) la delincuencia está en los barrios, caserías, zonas populares; 2) en esas zonas populares, la desprotección policial es un denominador común, lo que puede interpretarse como un reflejo de desinterés por parte del poder sociopolítico; 3) la principal acción de la policía no era la prevención o disuasión delictiva, sino la intervención reactiva para ejecutar limpiezas a grandes escalas.

Desde Betancourt a inicio de los 60, pasando por la razzia en barrios urbanos del Plan Vanguardia cuando Caldera (1969-1974), el Plan Unión de Herrera Campíns (1979-1984) y Acto Seguridad de Jaime Lusinchi (1984-1989), se fortaleció una línea institucional de incrementar el mayor número de detenciones posibles a personas catalogadas como vagas o maleantes (por la de Ley de Vagos y Maleantes), incluso sin haber cometido delito alguno. Se trataba de una política preventiva mediante la privación de libertad de personas que pudiesen representar un peligro (Ungar, 2003).

Se dificulta para la población pobre resistir el etiquetamiento de vago o maleante por parte de las autoridades. La prensa trazaba los linderos representativos del vago o maleante objetivando al agente peligroso. El Nacional, por ejemplo, publica en julio de 1978 que el Jefe de la Policía Metropolitana consideró a los indocumentados como un elemento asociado a conductas desviadas y delictivas en el barrio:

(…) En el país hay gran cantidad de indocumentados que se establecen en los barrios y por su situación de ilegalidad se dedican a actividades delictivas (…) por eso constantemente realizamos operativos en los barrios (…) sobre la proliferación de expendios clandestinos (de licor) enfatizó que se adelantan campañas de investigación y en los casos descubiertos los vendedores son detenidos y se les aplica la Ley de Vagos y Maleantes…” (El Nacional, 24/7/1978, p. 24, subrayado propio).

Ser vago o maleante se presentaba en el discurso de la prensa a través de características como: ser indocumentado, vender o ingerir alcohol en espacios comunes-públicos, estar de noche o madrugada por la calle, estar desempleado o trabajar en el comercio informal. También se hacía referencia a las consecuencias del vago o maleante para la sociedad, lo que definía un riesgo:

“En los barrios de Petare, El Cementerio, San Agustín, El Valle, la gente admite que la proliferación de expendios clandestinos incide en el aumento de los hechos violentos los fines de semana. Montones de vagos se reúnen en las esquinas para tomar aguardiente, comienzan por escandalizar con sus radios y decirles groserías a las mujeres que pasan (…). Finalmente empiezan por discutir entre ellos mismos y terminan matándose o matando a cualquier infeliz que tenga la desgracia de atravesarse en su camino (…)” (El Nacional, 21/4/1977, p. 24).

La reacción del control social por parte de los cuerpos policiales estuvo centrada en donde se categoriza la amenaza delictiva: los barrios. Con la representación discursiva de categorías delictuales o predelictuales del vago-maleante, se reiteraba en la prensa la relación entre disminución del delito y detención de personas vagas o maleantes a través de la aplicación de un contenido formal de la ley (Ley de Vagos y Maleantes). Los testimonios sobre la eficacia del sistema de control delictivito giraban alrededor de esta relación semántica:

(…) Prefecto del Distrito Maracaibo, Orlando Alí Calderón, explicó que la aplicación de la ley de Vagos y Maleantes ha permitido que el índice delictivo en nuestro Estado (...) haya bajado considerablemente. (…) antes existía temor entre la gente de salir a la calle, ahora prácticamente los tiempos han cambiado…” (Últimas Noticias, 28/8/1988, p. 23).

La tipificación delictual del vago o maleante presentaba criterios imprecisos, ambiguos, que daba amplia discreción a la aplicación de la sanción penal. Efectos similares estaban presentes en expresiones informales que conllevaban al etiquetamiento, rechazo, segregación entre clases sociales. La representación en la prensa delimita un estereotipo delictual y por ende al delito, poniendo en común una estructura lingüística referida al peligro social y riesgos asociados de no enfrentarlas reactivamente por parte de las autoridades.

Figura 2

Representación esquemática de la macroestructura del riesgo delictivo entre 1968-198

Durante un período de 20 años, el sistema sociopolítico en el poder pudo contener a una clase social, en este caso caracterizada por ser pobre, a través de un aparato represivo. Este grupo social fue estigmatizado como una potencial amenaza, por lo menos en materia delictual, a la estabilidad de otras clases en posición de dominación. En 1988, Carlos Andrés Pérez es reelegido como presidente de Venezuela, pero esta vez no tiene mucho margen de maniobra ni política ni económica por la caída del ingreso petrolero. Acude a decisiones antipopulistas: plan de austeridad, eliminación de controles de precio, privatización de empresas nacionales (no estratégicas), aumento de la gasolina, congelación de salarios y gastos públicos, entre otras. Todo este panorama generó un caldo de cultivo que estalla en 1989 con El Caracazo, y define una nueva etapa social en Venezuela.

Anomia social: incremento del riesgo delictual (1989-1998)

En 1989, el país alcanza su tasa de homicidios más alta, por lo menos desde la instauración de la democracia representativa en 1961. El registro es 13 por cada 100 mil habitantes (2.513 homicidios) (Perdomo, Malpica y González, 1997). La violencia empieza a focalizarse en la periferia urbana, específicamente en la Región Capital, que en el mismo año de 1989 casi cuadruplica el comportamiento homicida del país (Perdomo, Malpica y González, 1997), siendo El Caracazo el evento que definió buena parte de esas muertes violentas para ese año.

El Caracazo fue una serie de protestas localizadas en la región capital como respuesta a medidas económicas anunciadas por el gobierno de C. Pérez. Los conatos de saqueos en masa alcanzaron un clima de violencia delictual los cuales fueron respondidos con fuerte represión por parte de la policía y cuerpos castrenses, dejando un alto saldo de muertes civiles. Desde la teoría sociológica, El Caracazo conformaba un cuadro de anomia social, concebido como la deficiente integración entre la estructura social y la estructura cultural. Un desajuste entre medios institucionalizados (reglas) y el alcance de objetivos (metas) por parte del individuo (Del Olmo, 1979). Para la criminología y sociología de la desviación, el constructo anomia se utiliza para explicar el comportamiento delictivo (Del Olmo, 1979).

En su análisis de El Caracazo desde la psicología social, Vethencourt (2008) plantea que se vivieron tres niveles de violencia: la vengativa, la expansiva y la delictual. Sobre la violencia vengativa, las masas vieron truncada sus posibilidades de ascenso socioeconómicos y mejora de calidad de vida, por lo tanto, su estado de convivencia en el ser con el otro, se convirtió en el inicio del ser contra el otro. Los saqueos de comercios pudieron haber significado una venganza punitiva sobre aquello que determina la ventaja del comerciante sobre las masas populares: su negocio. La violencia expansiva apunta a que las acciones de saqueos empiezan a gozar de predeterminación, pasando de las periferias del barrio a negocios y fábricas en el corazón de la ciudad. El pueblo partícipe suspendió las normas momentáneamente, por lo tanto, si no hay normas, no hay transgresión normativa y por ende no hay delito. “Y el saqueo adquirió francamente el carácter de un botín que está legitimado por las leyes no escritas (…) Se celebraron fiestas de triunfo en los barrios” (Vethencourt, 2008, p. 47). El perfil delictivo de esta violencia social pasó a ser dirigida, en medio de la violencia expansiva, por el malandro: dueño violento del barrio sin ser necesariamente un delincuente acendrado, señala Vethencourt.

En este contexto, sería pertinente preguntar lo siguiente: si en el primer momento de análisis (el deslinde) la amenaza delictiva era representada por el actor ideológico-comunista, y en el segundo momento (el consenso), por el pobre, vago, maleante: ¿Quién es el actor delictivo en el reajuste (1989-1998)? El análisis del texto sugiere lo siguiente: el actor que representa un riesgo delictual es la propia estructura social, con su rostro más visible en la prensa que es la institución policial y la parca capacidad para regular normativamente la vida cotidiana. El fantasma de la anomia social que representó el Caracazo se extendió hasta finales de siglo. Desde la sociología y criminología se ha trabajado con la proposición violencia institucional (Núñez, 2006) cuando el Estado avala o tolera, abiertamente o no, la violencia policial.

La prensa refería situaciones donde la actuación de la policía contrastaba con su rol social. La exposición del discurso denotaba arbitraje en los procesos de represión y control, no necesariamente relacionados con la delincuencia. Se trataba, más bien, de un descontrol en el uso de fuerza: “joven habría muerto a causa de torturas sufridas en PTJ (Policía Técnica Judicial)” (Últimas Noticias, 01/8/1992, p. 44). “Vecinos dicen que lo mató la policía (…) desapareció en la planta baja del bloque 16 de Casalta III” (El Nacional, 16/9/1993, p. 45). Fueron reiterados los textos que exponían una vinculación entre policía y delincuencia, como, por ejemplo: “(vecinos de San Agustín) proponen rotar policías interparroquiales para acabar conchupancia (negocio, relaciones) entre éstos y malandros” (Últimas Noticias, 5/5/1994, p. 8).

La exposición de la policía como amenaza delictual no sólo era presentada por la prensa como un malestar comunitario. Importantes figuras dentro de la policía reforzaron la tesis de riesgo delictivo y desinstitucionalización general: “Ex Jefe del Grupo CETA acusa a oficiales de las FAN y PM de estar incursos en diversos delitos” (Últimas Noticias, 5/5/1994, p. 12). “Pronto revelaré las pruebas sobre la corrupción policial”. (Dice el exjefe de del Grupo CETA, Freddy Bernal) “estamos en un proceso de recabación continua de información sobre graves irregularidades cometidas por oficiales de la Guardia Nacional, que ahora o en el pasado, han ejercido cargos de responsabilidad dentro de la institución policial” (El Nacional, 14/9/1993, p. 17).

La narrativa sobre la policía era una arista de la debacle general de la estructura social. La macroproposición con que la prensa refería al sistema social: deslegitimación, descontrol, desinstitucionalización, anomia, era una capa superior para todo ámbito de la cotidianidad, incluyendo al sistema policial, quien era presentada además con un acento delictivo y sin direccionalidad del Estado. En la siguiente nota de prensa (El Nacional, 24/9/1993), se puede apreciar la referencia a órganos de seguridad interconectado con otros problemas sociales (deficiencia de servicios públicos), propios del contexto:

“El odio represado es bárbaro” (…) expresó un dirigente vecinal de San Agustín “¿cómo no vamos a odiarlos (a los cuerpos de seguridad) si nos tratan con patadas y golpes? Si reclamamos porque no hay agua o porque no funciona la electricidad nos mandan a un policía. Los cuerpos policiales visten a los muchachos que delinquen con prendas femeninas, los bañan de pintura y los exponen a la burla pública, por eso hacemos fiesta cuando matan a un Guardia Nacional” (P: c/4, subrayado propio).

La reacción social de la población construyó alrededor de la policía una tipología que, entre otras cosas, denotaba rasgos transgresivos. Lo importante a destacar es que se trataba de una representación general de la debacle social, del cual la policía era sólo una expresión. Tal era el punto de anomia, que en reiteradas oportunidades hubo textos referidos al resurgimiento de la lucha armada (referencia que iba más allá de la ideología marxista): “La guerrilla puede resurgir por la severa crisis económica” (Últimas Noticias, 11/5/1991, p. 47).

En febrero y noviembre de 1992 se dan dos alzamientos militares con el fin de derrocar al presidente C. A. Pérez. En medio de tal conmoción, el expresidente Rafael Caldera, haciendo usos de su facultad e influencia política, exclamó en el senado: “es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer” (Chirinos, 2017: p.4). Era una expresión clara de anomia social que representaría vulnerabilidad ante amenazas latentes en la vida diaria, como el delito. Sobre el día a día en las calles, la prensa exponía rasgos de una sociedad conflictiva, violenta y sin control: “Más de 100 tiros de FAL, revolver y pistola le pegaron a la Ballena y Rinoceronte” (Últimas Noticias, 16/5/1994, p. 22); “Gobierno dispuesto a tomar medidas aún más vigorosas contra disturbios” (Últimas Noticias, 12/5/1994, p. 2), mientras que en las secciones de sucesos no se distinguía un patrón de victimización delictual entre clase socioeconómica o ideología política.

La amenaza delictual era generalizada, y el riesgo alto, tal como lo evidenciaron datos sobre inseguridad en 1985 donde más de la mitad de los consultados (54%) en una encuesta de corte nacional, señalaron que la delincuencia es el problema más importante del país (Aniyar, 1987, p. 199). Otra investigación de campo sobre percepción de inseguridad realizada por el Instituto de Criminología (Universidad del Zulia), igualmente en 1985 (marzo), determinó que 87% de los consultados con ingresos bajos consideraban que se ha incrementado la delincuencia en los últimos años, mientras que los de ingresos medios y altos consideraron esa misma opción en 88% y 97% respectivamente (Aniyar, 1987, p. 202). A mayor ingreso o nivel socioeconómico, mayor percepción de riesgo delictivo. (Romero Salazar, et al, 2001)

Figura 3

Representación esquemática de la macroestructura del riesgo delictivo entre 1989-1998

En el segundo periodo presidencial de R. Caldera (1994-1998) es sobreseída la causa a los protagonistas de las rebeliones militares de 1992. Ya en libertad, los rebeldes militares, junto a diversas organizaciones sociopolíticas de izquierda y bajo el liderazgo de Hugo Chávez, presentaron su propuesta política para las elecciones de 1998. Sustentados en un discurso reivindicatorio de la opresión del pobre durante la Constitución de 1961, Chávez prometía la instauración de una Quinta República como antítesis del puntofijismo. Su consigna Oligarca a temblar… viva la libertad… denotaba una amenaza interclase, con cierto tono de venganza, reforzando su discurso empático con la población socioeconómicamente vulnerable.

Los detractores de Chávez y su movimiento posicionaron en la prensa una narrativa vinculada a rasgos de desinstitucionalización y desidia que originaría mayores riesgos, amenazas y peligros para la Venezuela que entraba en el siglo XXI. Por ejemplo, Radaméz Muñoz, otrora ministro de la Defensa: “(…) si Chávez gana tendremos un gobierno de delincuentes” (El Universal, 26/8/1998, p. 8). Por su parte, Chávez fijaba, específicamente en materia de control delictual, un discurso de que no utilizaría la fuerza del Estado contra el pobre para preservar la seguridad de una oligarquía (orientación intraclase), lo que se traducía, en medio de un complejo escenario sociopolítico, en una redistribución semántica del riesgo delictual al inicio de la Venezuela “revolucionaria” en el siglo XXI.

Conclusión

La pregunta central de trabajo nos condujo a la caracterización de la representación discursiva del riesgo delictivo en la prensa durante el puntofijismo (1958-1998). Las proposiciones semánticas presentadas para la caracterización discursiva no tienen una cualidad mutuamente excluyente en cuanto al significado sobre riesgo delictual en cada período de análisis. Por ejemplo, durante el reajuste (1989-1998), la anomia estuvo representada por una legitimación de clase social baja para saquear comercios ante un particular contexto, lo que refleja una vinculación categórica entre pobreza-delito, aspecto que hemos resaltado igualmente para el período de consenso (1968-1989). Acontece de forma similar con el uso reactivo-represivo de la policía hacia el comunismo. Se trata de un recurso semántico presente tanto en el deslinde como en el consenso y reajuste, pero fue durante el deslinde cuando esta unidad semántica estuvo presentada como característica resaltante. La dinámica dialéctica entre texto-contexto nos condujo a una descripción más por caracterización que por discriminación: construcción de proposiciones semántica a partir de lo particular más que de lo diferenciador.

El primer nivel de unidad semántica nos condujo a macroproposiciones generales, estas son: definición del actor delictivo ideológico (1958-1968), criminalización de la pobreza (1968-1989) y anomia social e incremento del riesgo delictual (1989-1998). La representación del riesgo delictivo, en un primer momento, se categorizó por centrarse en la figura de un actor ideológico-comunista quien era vinculado tanto a la subversión política como a la actividad delictiva. La línea divisoria del discurso entre violencia política-guerrillera y violencia delictual era difusa, cuestión remarcada por la reacción social de la élite económica quien daba legitimidad a la definición del carácter delictivo. Estos dos últimos aspectos semánticos representaron las macroproposiciones de segundo y tercer nivel en el período deslinde (1958-1968). Esta primera macroestructura estuvo definida por un contexto donde los ideales marxistas tuvieron mucha penetración en el país, por lo que la lucha del puntofijismo para aplacar tal influencia originó toda una estructura discursiva en la prensa de rechazo, denuncia y, más evidente, estigmatización.

Con la legalización de los partidos de izquierda durante el consenso (1968-1989), la estructura del discurso sobre la amenaza delictiva cambió. La división del trabajo y consolidación de una clase media generaron severas brechas sociales. El consenso creó un clima de estabilidad, pero de agudas diferencias socioeconómicas. El cinturón de pobreza que se fue formando en los suburbios de las principales ciudades empezó a representarse como un caldo de cultivo de peligro a la seguridad ciudadana. La criminalización de la pobreza se fortaleció con la tipificación legal del vago-maleante; se trataba de etiquetar potenciales delincuentes sobre quienes recaería una acción de detención preventiva. La red semántica que permitió construir macroporposiciones de segundo y tercer nivel en este período fue la incapacidad del pobre-pobreza de resistirse a la etiqueta de vago-maleante, y por ende de su representación como riesgo delictual.

Durante el reajuste (1989-1998), la macroporposición anomia social e incremento del riesgo delictual obedece a la incapacidad de la propia estructura social de generar equilibrios de convivencia. No se trata del desborde de la pobreza como amenaza delictual, sino que en medio de severa crisis institucional, económica y partidista, no hay una estructura que pueda regular normativamente. La sociedad se desborda para lograr sus fines y relativiza los marcos legales. La policía, rostro visible del control delictual, se proyecta en el discurso como parte del problema sin que medie sobre ella una regulación de su rol institucional, bien sea por omisión o incapacidad. El peligro lo representa ahora no sólo el pobre, sino también la policía y el Estado, todo condensado como anomia social, es decir, momento en que los mecanismos regentes de la interacción no conducen a satisfacer necesidades y metas de la población, en consecuencia, casi nada parece legítimo en cuanto límites de acción, lo que naturalmente representa un incremento de riesgo hacia la seguridad del ciudadano.

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Diario Últimas Noticias.

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