Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología Vol. 27 No.4 (octubre-diciembre, 2018): 117-145
Keymer Ávila*
Resumen
En el presente trabajo se estudian los casos de homicidios intencionales ocurridos durante 2016 en Venezuela, donde las víctimas fatales fueron funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. El objetivo es caracterizar de manera general cómo se presenta el fenómeno en todo el país. Se contrastan también los resultados del análisis de casos ocurridos en el Área Metropolitana de Caracas durante el año 2013, de una investigación que sirve de antecedente, con los resultados de lo observado en los casos de 2016 en la misma zona. Posteriormente, se contrastan las características generales de los casos del Área Metropolitana de Caracas con los del resto del país.
Recibido: 21-07-2018 / Aceptado: 14-08-2018
* Universidad Central. Caracas, Venezuela. E-mail: keymerguaicaipuro@gmail.com
Esta investigación contó con el respaldo de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN). También forma parte del seminario “Homicidios dolosos en Venezuela” que se adscribe a las líneas de investigación “Violencia y problemas sociales” y “Sistemas Penales” del Instituto de Ciencias Penales (ICP) de la Universidad Central de Venezuela (UCV). La abogada Thais López participó activamente como Asistente de Investigación y fue la encargada de llevar el seguimiento diario de medios.
How does the police die in Venezuela? A panoramic view of the victimization by homicide of officials of the State security forces
In the present work the cases of intentional homicides occurred during 2016 in Venezuela are studied, where the fatal victims were officials of the state security bodies. The objective is to characterize in a general way how the phenomenon occurs throughout the country. The results of the analysis of cases that occurred in the Metropolitan Area of Caracas during the year 2013 are also tested, based on an investigation that serves as background, with the results of what was observed in the cases of 2016 in the same area. Subsequently, the general characteristics of the cases of the Metropolitan Area of Caracas are compared with those of the rest of the country.
Entre los años 2014 y 2015 se elaboró un trabajo en el que se analizaron en sede policial los expedientes de la totalidad de los casos ocurridos en el Área Metropolitana de Caracas (AMC)2 durante el año 2013 en los que funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado fueron víctimas de homicidio (Ávila, 2015). Ese trabajo fue posible gracias a condiciones coyunturales e institucionales excepcionales difíciles de reeditar, en especial por la conflictividad política en la que ha estado inmerso el país a partir del año 2015.
No obstante, se ha querido tratar de constatar los resultados de este trabajo con casos de 2016, y además hacer contrastes entre los casos del AMC y una visión general de los casos que ocurren en todo el país. Es por ello que la presente investigación tiene tres objetivos:
1) Verificar algunas de las conclusiones sobre los casos del AMC del año 2013 con casos del año 2016; 2) Describir de manera general las características de los casos ocurridos en todo el país; 3) Contrastar las características generales los casos de todo el país con los casos del AMC. De esta manera se validarían resultados y se ampliaría la caracterización
Conformada por el municipio Libertador del Distrito Capital, junto a los municipios Sucre, Baruta, Chacao y el Hatillo del Estado Miranda. Tradicionalmente el AMC es la que tiene las tasas más altas de homicidios del país (Ávila, 2015:42). Superada recientemente solo por el Estado Miranda.
del fenómeno hacia el resto del país. El foco estaría en su descripción cualitativa y no en un estudio longitudinal para evaluar si estos casos se han incrementado o no. Pero para poder hacerlo fue necesario cambiar las fuentes de información y el método aplicado en la investigación anterior.
Ante la opacidad de la información oficial y la polarización política del país (ibíd.; Ávila, 2017a; 2017b), se optó en esta oportunidad por tomar como principal fuente de información las noticias sobre los casos en los que los funcionarios de los cuerpos de seguridad3 resultaron víctimas de homicidio. Para la elaboración del presente análisis se realizó un seguimiento diario de noticias vinculadas con los objetivos planteados durante todo el año 2016. La fuente principal de información fueron los portales digitales de los diarios: Últimas Noticias, Correo del Orinoco (que siguen la línea del discurso oficial), El Nacional, El Universal, Efecto Cocuyo, Runrunes (que siguen una línea de oposición al gobierno), así como las del Ministerio de Interior y el Ministerio Público que son instituciones del Estado. También se procesaron algunos datos obtenidos de manera oficiosa, a través de informantes clave, de estas instituciones. Cuando era necesario complementar información sobre los casos se revisaron también otras fuentes como las páginas web de periódicos regionales. En los casos en los que existía información oficial ésta era priorizada ante cualquier otra fuente. Se analizaron al menos unas 520 noticias. Se diseñó una matriz similar a la de la investigación anterior ya referida, en la que se trató de vaciar la mayor cantidad posible de información sobre cada caso, la unidad de registro fueron las personas involucradas (víctimas y victimarios) para así evitar la duplicación de casos, adicionalmente se recogieron variables de tiempo y lugar que contribuyeron a llevar mayores controles de la información. Se hizo un censo conformado por la totalidad de los casos registrados en los medios de comunicación objeto de seguimiento, ocurridos en todo el país, para llegar a un total de 264 casos, 86 de ellos en el AMC4. El Ministerio Público (2017) en su informe anual registró un total de 325 funcionarios víctimas de homicidio durante el año 2016, partiendo de esta cifra como referente se puede afirmar que el presente seguimiento representa un 81,2% de los casos totales ocurridos en el país.
Tomar como fuente las noticias que provienen de las empresas de comunicación tiene sus límites. Estas empresas tienen sus propios intereses y criterios editoriales, en especial en el actual contexto venezolano en el que la polarización política abarca casi todas las esferas de la vida nacional (Ávila, 2010). Por otra parte, la reacción de los sobrevivientes y la desconfianza de éstos hacia el sistema de administración de justicia, aunado a la vulnerabilidad que pueden tener frente a sus victimarios, son otras variables que pueden
Por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, al igual que en el trabajo anterior, se entenderán los cuerpos policiales en su tres niveles políticos territoriales (municipal, estadal y nacional), tanto de carácter preventivo como de investigación, funcionarios militares, así como quienes presten servicio de escoltas en organismos públicos.
Si bien cómo se advirtió no se pretende hacer un análisis longitudinal ya que las fuentes de información son distintas, puede apreciarse, de manera conservadora que al menos hay un 54% de incremento en este tipo de casos en el AMC. Según Fundepro (2017), que hace un conteo más amplio que incluye a vigilantes y escoltas privados, en los últimos años hay una tendencia al incremento de estos casos en todo el país.
afectar la visibilidad o no de los casos en los medios de comunicación. Es por ello que en ocasiones la presencia o no de un fenómeno y su frecuencia en los medios no necesariamente dará cuenta de su realidad fáctica. Lo que puede evidenciarse en este trabajo, en parte, es la visibilidad y espacio que los medios le han dedicado a estos casos. Sin embargo, este seguimiento es importante porque ante la ausencia o merma de la información oficial este tipo de fuente se constituye en un insumo para analizar y evaluar lo que está ocurriendo en estas materias. Es necesario destacar que los resultados del seguimiento de casos a través de medios de comunicación, desde el punto de vista cuantitativo, tradicionalmente está muy por debajo de las cifras que las instituciones manejan y que usualmente no publican, en consecuencia, sería una aproximación tímida de lo que ocurre en la realidad5.
Desde lo teórico se mantienen los marcos de referencia del trabajo anterior6 que se inclinan más hacia el socioconstruccionismo, teorías del conflicto, realismo crítico y la criminología de la reacción social (Del Olmo, 1990; Matthews, 2014), que hacia enfoques de tipo más organizacional o funcional propios de la criminología norteamericana que son los que más han trabajado estos temas (Kraus, 1987; Fridell & Pate, 1997; Kaminski & Martin, 2000; Kaminski & Marvell, 2002; Kaminski et al., 2003; Batton & Willson, 2006). Esta elección no es solo ideológica, es también práctica, la literatura norteamericana que aborda la vulnerabilidad de los funcionarios policiales no parece ser la herramienta conceptual más idónea para la comprensión del fenómeno en Venezuela, ya que en esta parte del análisis del desempeño de los funcionarios norteamericanos cuando son atacados en actos de servicio, el núcleo son los riesgos que ellos corren en este tipo de circunstancias (Batton & Wilson, 2006; Kaminski & Martin, 2000; Kraus, 1987). Por otra parte, la experiencia de los oficiales es también otro aspecto fundamental, el perfil mayoritario de los funcionarios victimizados en EEUU demuestra que no se trata de oficiales inexpertos o descuidados (Batton & Wilson, 2006). Cuando se estudiaron los casos del AMC se demostró que éstos tienen una lógica distinta, en ocasiones inversa, a lo que se ha encontrado en la bibliografía norteamericana especializada en estos temas (Ávila, 2015). Y como se verá a continuación mucho de lo observado en los casos del AMC en la investigación anterior se hace extensivo también al resto del territorio nacional.
Pudiera afirmarse, por ejemplo, que los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado que llegan a la prensa se encuentran entre un 20% y un 30% de los casos que conocen las instituciones del Sistema Penal, tal como pudo verificarse con las cifras sobre este tipo de casos conocidas por el Ministerio Público entre 2000 y 2007 en contraste con las reportadas por PROVEA para el mismo período (Ávila, 2015:44).
Como se señaló en esa oportunidad, en la región “no se conocen trabajos académicos cuyo objetivo principal sea la vulnerabilidad de funcionarios policiales, mucho menos estudios de casos en los que éstos resultan víctimas de homicidios. Por el contrario, lo que sí existe es abundante literatura sobre policías como victimarios, trabajos que giran en torno al tema de los derechos humanos, el uso de la fuerza y la violencia policial (Del Olmo, 1990; Zaffaroni, 1993; Gabaldón y Birkbeck, 2003; Fondevila y Meneses, 2014). Gabaldón (2013) señala incluso que en los diagnósticos de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) de 2006 este tema no fue considerado” (Ávila, 2015:45).
Al analizar los casos del año 2013, utilizando como fuente directa los expedientes de los casos en sede policial, se llegó a las siguientes conclusiones que a los efectos del presente trabajo se quieren resaltar: 1) Desde lo situacional destacaron 2 municipios (Libertador y Sucre) y 8 parroquias del AMC, las cuales abarcaron más de la mitad del total de casos (66%), los hechos ocurrieron en sitios abiertos en plena calle (84%), el momento del día en el que más sucedieron fue en horas de la noche (27%) y la madrugada (29%); 2) El perfil del funcionario víctima es hombre (96%), joven de unos 30 años, que ocupa los rangos de menor jerarquía dentro de la institución (77%), en el momento de su victimización se encontraba solo (55%) o con un acompañante (20%), estaba armado (63%), casi la totalidad muere por de arma de fuego (95%), a la mitad (50%) le roban posteriormente su arma, esto no significa que este último hecho sea el móvil del caso; 3) La mayoría de los funcionarios víctimas de homicidio no se encontraban en ejercicio de sus funciones (73%), ni uniformados (68%), ni identificados (52%) como tales; 3) Más de la mitad de las víctimas que no se encontraban en ejercicio de sus funciones se encontraban armados (56%), un porcentaje irrelevante logró matar a su victimario (5%); 4) Los victimarios son también hombres (96%), de una edad promedio de 25 años, no se encontraron victimarios extranjeros, todos eran venezolanos, entre las ocupaciones destacaron los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado (31%).
Elaboración propia
El criterio de selección de estas conclusiones fue tratar de encontrar en el trabajo aludido los elementos que pudiesen ser susceptibles de comparación con la información que efectivamente podía ser recogida de las noticias en la presente investigación, que por obvias razones resulta ser una fuente mucho menos detallada y confiable que los expedientes policiales. Por ello las conclusiones que giran en torno a los motivos u otras informaciones sobre víctimas y victimarios, y sus posibles relaciones, que fueron consideradas en la investigación anterior no pudieron ser evaluadas en este estudio.
Así entonces se pueden agrupar en cuatro grandes categorías las variables que se quieren verificar con los casos de 2016 ocurridos en todo el territorio nacional, las primeras tienen que ver con aspectos situacionales, las segundas con características generales asociadas a las víctimas, las terceras se encuentran asociadas a los victimarios, y las cuartas se aproximan a posibles motivaciones. A continuación se presentan cada una de ellas.
En 2016 los casos del AMC representaron el 33% del total de los casos reportados por los diarios en todo el país, un poco más de lo que se encontró en los registros policiales durante la primera investigación sobre los casos de 2013 (19,4%). Esto pudiera indicar una sobrerrepresentación en las noticias de los casos del AMC respecto al resto del país, sobre este particular se volverá más adelante.
De manera similar a 2013 la mayor cantidad de casos ocurrieron en los municipios Libertador (76%) y Sucre (20%), seguidos muy de lejos por Baruta (2%), Chacao y el Hatillo (1% c/u). Solo dos pequeñas diferencias, en esta oportunidad Sucre aumentó casi 10 puntos, casi los mismos que disminuyó Libertador, y se presenciaron casos en todos los municipios, en 2013, en cambio, no se registraron casos ni en Baruta ni el Hatillo.
En 2013 el 66% de los casos se concentraron en 8 de las 32 parroquias del AMC: Antímano y Petare 8,9% c/u, Caricuao, Coche, El Junquito, El Recreo y Santa Rosalía con 7% c/u, las cuales abarcaron el 66% total de casos. En 2016 de estas 8 parroquias 7 se mantienen en los primeros lugares con mayor cantidad de casos (Sucre 17%, Petare, 14%, Antímano y Coche 7% c/u, El Junquito 5%, Caricuao y Santa Rosalía 3% c/u) incorporándose El Valle en la cuarta posición y San Juan, 23 de Enero, El Paraíso y La Vega compartiendo la octava, para sumar estas 12 parroquias un 77% de los casos ocurridos en toda el AMC.
Municipio | Parroquia | N° de fallecidos | % |
Sucre | 15 | 17% | |
Antímano | 6 | 7,00% | |
Coche | 6 | 7,00% | |
El Valle | 5 | 6,00% | |
El Junquito | 4 | 4,65% | |
Caricuao | 3 | 3,48% | |
San Juan | 3 | 3,48% | |
Santa Rosalía | 3 | 3,48% | |
23 de enero | 3 | 3,48% | |
Libertador | El Paraíso | 3 | 3,48% |
La Vega | 3 | 3,48% | |
El Recreo | 2 | 2,32% | |
Macarao | 2 | 2,32% | |
San Pedro | 2 | 2,32% | |
La Candelaria | 2 | 2,32% | |
Catedral | 1 | 1,16% | |
La Pastora | 1 | 1,16% | |
San Agustín | 1 | 1,16% | |
Petare | 12 | 14% | |
Sucre | Leoncio Martínez | 3 | 3,48% |
Caucaguita | 2 | 2,32% | |
Baruta | 1 | 1,16% | |
Las Minas | 1 | 1,16% | |
Chacao | Chacao | 1 | 1,16% |
Hatillo | Santa Rosalía de Palermo | 1 | 1,16% |
Totales | 86 | 100% |
Baruta
Elaboración propia. Los estados que se encuentran resaltados son los que coinciden en los primeros lugares también en el año 2013
víctimas de homicidio | |||||
1 | El Junquito | 156,04 | 1 | Coche | 9,9 |
2 | San Juan | 101,76 | 2 | El Junquito | 7,5 |
3 | 23 de Enero | 93,73 | 3 | Catedral | 6,2 |
4 | San Agustín | 94,08 | 4 | Leoncio Martínez | 4,6 |
5 | Antímano | 91,05 | 5 | Antímano | 4,5 |
6 | Catedral | 89,79 | 6 | Macarao | 4,2 |
7 | Sucre | 86,72 | 7 | Sucre | 4,1 |
8 | Coche | 86,46 | 8 | El Valle | 3,4 |
9 | Macarao | 79,54 | 9 | 23 de enero | 3,7 |
10 | La Vega | 78,80 | 10 | Caucaguita | 2,9 |
11 | El Valle | 74,88 | 11 | Petare | 2,9 |
12 | Santa Rosalía | 68,64 | 12 | Santa Rosalía | 2,9 |
13 | El Recreo | 64,11 | 13 | San Juan | 2,7 |
14 | La Pastora | 49,97 | 14 | San Pedro | 2,7 |
15 | Caricuao | 44,43 | 15 | La Candelaria | 2,7 |
16 | El Paraíso | 39,55 | 16 | La Vega | 2,4 |
17 | San Pedro | 23,86 | 17 | San Agustín | 2,4 |
De estas 12 Parroquias, 9 se encuentran por encima del promedio de la tasa de homicidios por arma de fuego para el AMC. Lo que sugiere que existe alguna relación entre las altas tasas de homicidio y la victimización de funcionarios policiales. Sin embargo, esto no es lineal porque no todas las parroquias con las tasas más altas presentan en el mismo orden correlativo las tasas más altas de victimización policial (solo conservan sus posiciones 3: Antímano, Sucre y Santa Rosalía), lo que apunta hacia la influencia también de otros factores. Cuando se ordena por tasa de victimización policial por cada cien mil habitantes (pcmh) Coche toma el primer lugar, seguida de El Junquito, se incorporan también Catedral, Leoncio Martínez y Macarao a los primeros 6 lugares de lista. Antímano se mantiene entre las primeras 5 posiciones. Perdiendo sus lugares protagónicos el resto de las parroquias, entre las que destacaban Sucre y Petare.
Parroquia
Tasa de muertes por arma de fuego
Parroquia
Tasa de funcionarios de los cuerpos de seguridad
18 | La Candelaria | 23 | 18 | El Paraíso | 2,4 |
19 | Caucaguita | 21,38 | 19 | Caricuao | 1,95 |
20 | Petare | 15,9 | 20 | Las Minas | 1,8 |
21 | Las Minas | 10,67 | 21 | El Recreo | 1,6 |
22 | Baruta | 4,98 | 22 | Chacao | 1,3 |
23 | El Hatillo | 4,98 | 23 | El Hatillo | 1,3 |
24 | Leoncio Martinez | 2,83 | 24 | La Pastora | 1,2 |
25 | Chacao | 2,5 | 25 | Baruta | 0,5 |
Certificados de defunción 2013, Ministerio de Poder Popular para la Salud. Cálculos de REACIN. Elaboración propia. Resaltado en amarillo las parroquias con mayor cantidad de casos y en verde las que conservaron sus posiciones al sacar las distintas tasas pcmh.
Finalmente, la mayoría de los casos (76%) ocurrieron en sitios abiertos en plena vía pública, lo que también coincide con los resultados de la investigación anterior (84%)7.
En primer lugar se presentan los casos totales registrados a nivel nacional:
Estado | Fallecidos | % |
Miranda | 73 | 27,60% |
Distrito Capital | 65 | 24,60% |
Aragua | 39 | 14,70% |
Zulia | 14 | 5,30% |
Anzoátegui | 12 | 4,50% |
Bolívar | 9 | 3,40% |
Guárico | 9 | 3,40% |
Trujillo | 9 | 3,40% |
Carabobo | 7 | 2,70% |
Lara | 5 | 2% |
Táchira | 4 | 1,50% |
Esta diferencia de 8 puntos será comentada más adelante.
Portuguesa | 3 | 1,05% |
Sucre | 3 | 1,05% |
Amazonas | 2 | 0,80% |
Apure | 2 | 0,80% |
Barinas | 2 | 0,80% |
Falcón | 2 | 0,80% |
Monagas | 2 | 0,80% |
Cojedes | 1 | 0,40% |
Vargas | 1 | 0,40% |
Delta Amacuro | 0 | 0% |
Mérida | 0 | 0% |
Nueva Esparta | 0 | 0% |
Yaracuy | 0 | 0% |
Totales | 264 | 100,00% |
Elaboración propia
Distrito Capital y Miranda suman el 52% de los casos registrados, éstos junto a Aragua, Zulia y Anzoátegui concentran el 77% de los casos. Si se contrastan estos datos con los de años anteriores del CICPC 4 de estos 5 estados también aparecen en los primeros lugares de los porcentajes más altos, sustituyendo solo a Carabobo por Anzoátegui. Estos estados suman en los datos oficiales entre 2012-2015 un 57%. Esto pudiera indicar, tal como ya se ha señalado, que en los medios pudiera haber una sobre representación de los mismos8.
Así por ejemplo en los datos del CICPC el AMC en promedio durante esos 4 años representa un 18% de los casos totales, mientras que en el seguimiento de prensa de 2016 este alcanza un 33%. En los casos que son objeto de análisis, entre 2012 y 2015, el CICPC conoció un promedio de 362 casos al año de funcionarios de los cuerpos de seguridad víctimas de homicidio, en el seguimiento de medios realizado durante 2016 se registraron un 264, esto representaría aproximadamente un 73% de este promedio de casos. A todo evento como se señaló inicialmente el objetivo de este trabajo no es señalar si el fenómeno se ha incrementado o no, ya que las fuentes para hacer tal afirmación no son las mismas.
Elaboración propia
Ante estas diferencias para hacer el contraste entre los resultados del AMC y el resto del país se hizo un doble ejercicio: 1) se compararon los casos del AMC con los del resto del país incluyendo en estos últimos a los del AMC; 2) se compararon los casos del AMC con los del resto del país excluyendo de éstos los del AMC. En líneas generales los resultados fueron bastante similares, por ello se partirá primordialmente del primer contraste para hacer los análisis, no obstante, en los casos en los que el segundo contraste presente diferencias significativas éstos serán también expuestos con el señalamiento correspondiente.
Cuando se revisan las tasas de homicidio general por estado, se observa que 3 de los 5 estados que tienen las tasas más altas de homicidios del país son también los estados que tienen los mayores porcentajes de casos de victimización por homicidio de funcionarios policiales. Cuando se contrasta esta información con la tasa de victimización policial estos tres estados mantienen sus primeras posiciones, pero aparecen otros nuevos estados entre los primeros lugares, como Trujillo, Amazonas y Guárico. Dos de estos últimos estados presentan también la mayor cantidad de casos de legítima defensa policial en todo el país, tal como se verá en la sección dedicada a los móviles. De manera similar a lo observado entre las parroquias del AMC, claramente existe alguna relación entre las altas tasas de homicidio y la victimización de funcionarios policiales, sin embargo, esto no es lineal porque no todos los estados que tienen las tasas más altas de homicidio presentan en
el mismo orden correlativo las tasas más altas de victimización policial, por lo que debe
considerarse también la influencia de otros factores.
Tablas 5 y 6. Tasas de homicidios en general y de funcionarios de los cuerpos de seguridad víctimas de homicidio por estados | |||||
Estado | Tasa de homicidios | Estado | Tasa de funcionarios de los cuerpos de seguridad víctimas de homicidio | ||
1 | Miranda | 120,12 | 1 | Distrito Capital | 3,19 |
2 | Distrito Capital | 113 | 2 | Miranda | 2,9 |
3 | Amazonas | 105,4 | 3 | Aragua | 2,14 |
4 | Aragua | 104,1 | 4 | Trujillo | 1,1 |
5 | Monagas | 92 | 5 | Amazonas | 1,09 |
6 | Bolívar | 91,5 | 6 | Guárico | 1,01 |
7 | Carabobo | 83,67 | 7 | Anzoátegui | 0,7 |
8 | Trujillo | 67,5 | 8 | Bolívar | 0,51 |
9 | Sucre | 66,12 | 9 | Portuguesa | 0,3 |
10 | Cojedes | 61,4 | 10 | Apure | 0,34 |
11 | Vargas | 61,36 | 11 | Zulia | 0,34 |
12 | Zulia | 58,3 | 12 | Táchira | 0,32 |
13 | Guárico | 58,2 | 13 | Sucre | 0,29 |
14 | Barinas | 54 | 14 | Carabobo | 0,28 |
15 | Portuguesa | 46,6 | 15 | Cojedes | 0,28 |
16 | Anzoátegui | 46,01 | 16 | Vargas | 0,28 |
17 | Yaracuy | 44,5 | 17 | Lara | 0,25 |
18 | Falcón | 40,3 | 18 | Barinas | 0,22 |
19 | Táchira | 38,8 | 19 | Monagas | 0,2 |
20 | Lara | 31 | 20 | Falcón | 0,19 |
21 | Delta Amacuro | 32,2 | 21 | Delta Amacuro | 0 |
22 | Apure | 30,8 | 22 | Mérida | 0 |
23 | Nueva Esparta | 30,21 | 23 | Nueva Esparta | 0 |
24 | Mérida | 28,6 | 24 | Yaracuy | 0 |
Nacional | 70,11 | Nacional | 0,85 | ||
Fuente: Informe Anual del Ministerio Público 2016
Elaboración propia. Resaltados los estados que presentan los porcentajes de casos más altos del país.
De manera idéntica a lo encontrado en el AMC, en el resto del país el 76% de los casos ocurrió en sitios abiertos en plena vía pública. Llamó la atención que en la investigación pasada este porcentaje fue 8 puntos superior, razón por la cual se trató de indagar sobre la información disponible de los casos ocurridos en sitios cerrados. En efecto, en el AMC los casos ocurridos en las viviendas y locales privados se presentan en 2016 de manera más frecuente que en los casos observados en 2013. Las viviendas como lugar del hecho aumentaron 2 puntos (pasaron de 9% a 11%), mientras que en los locales privados aumentaron 5 (de 7% a 13%). En el país los porcentajes son similares, la vivienda como lugar del hecho ocupa el 12% de los casos y los locales privados un 11%.
Así que en términos generales puede observarse que las variables analizadas relacionadas con el lugar del hecho en el AMC y el resto del país son muy similares.
¿Cuándo?
En el AMC los meses de mayor ocurrencia fueron abril (19%), diciembre (13%), mayo (12%) y julio (9%), estos 4 meses suman el 53% de los casos totales. En este caso sí hubo diferencias respecto a 2013, coincidiendo solo con diciembre y mayo entre los meses que más casos reportaron; en cambio, julio de ese año fue uno de los meses que menos casos reportó. Así entonces, el mes del año, con excepción de diciembre, no presentó mayores similitudes con el trabajo anterior.
Cuando se contrastan estos datos con el resto del país siguen las discrepancias, sólo abril se mantiene entre los meses con mayor cantidad de casos (14%), seguido de agosto (12%), octubre (11%)9, mayo y julio (10% c/u), septiembre y diciembre (8% c/u), enero y junio (6% c/u).
Estas discrepancias pueden deberse en buena medida al cambio en la fuente de información y el criterio “mediático-noticioso” que imponen algunas coyunturas, que hacen que los medios puedan dejar de cubrir o sobredimensionar determinados fenómenos lo que puede afectar considerablemente este conteo.
Si se excluye al AMC de la cuenta estos tres meses se mantienen entre los 3 primeros, solo cambian su posición entre sí: agosto (16%), octubre (13%) y abril (11%), seguidos de mayo y septiembre (9,6% c/u).
Elaboración propia
En cuanto a las horas, en el caso del AMC, éstas pudieron hallarse con detalle en un 44% de los casos. Entre éstos los horarios más peligrosos para los cuerpos de seguridad fueron, principalmente, los que van de 20:00 a 23:59 (31%) y de 4:00 a 7:59 am (28%), en estas 8 horas ocurrieron el 59% de todos los casos. Este resultado es muy similar al de 2013 que arrojó en esos mismos bloques horarios un 56% de los casos registrados en ese año. Los bloques horarios del resto del país también coinciden en ubicar a estas mismas horas como las de mayor vulnerabilidad para los funcionarios sumando ambos bloques un 49% de los casos10.
Elaboración propia
Resultados que de alguna manera coinciden con la victimización general por homicidio. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial el 94% de los homicidios se producen entre la noche (49,7%) y la madrugada (44,4%) (INE-CONAREPOL, 2006:22), lo que se ratifica en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial de Seguridad Ciudadana 2009 con un 72% (noche 41,12%, madrugada 30,38%) (INE, 2010:75).
En el AMC la totalidad de las 86 víctimas fueron identificadas con nombre y apellido. Los funcionarios en su mayoría andaban solos (38%) o con un solo acompañante (46%), es decir que las víctimas constituían un grupo no mayor de 2 personas (84%). Resultados bastante similares a los de 2013, con la ligera diferencia que los que se encontraban solos eran un porcentaje superior (55%) de los que se encontraban con un solo acompañante (20%), a todo evento ambos grupos suman más del 70%. Los resultados a nivel nacional son también semejantes: el 99,4% de las víctimas fueron plenamente identificadas, un 38% andaba sola y un 42% con un solo acompañante.
Las víctimas del AMC eran casi todos hombres (92%), de una edad promedio de 31 años, el 54% no llegaba a esa edad. El grupo de edad más vulnerable se encuentra entre los 23 y 32 años sumando el 60% de los casos en los que se halló esta información11. Estos resultados son muy similares tanto a los encontrados en los casos de 2013 como los hallados en el resto del país durante 201612.
En el AMC la juventud viene asociada con el rango que ocupaban las víctimas, este dato se pudo encontrar en el 94% de los casos. En éstos, el 31% de las víctimas pertenecían a los rangos más bajos del nivel operacional13 (pasantes o aspirantes, oficiales, detectives y soldados), seguidos por los rangos subsiguientes del mismo nivel con los que suman un 69% de los casos. En 2013 los rangos más bajos del nivel operacional ocuparon un 54%, para alcanzar en conjunto con todos los rangos del nivel operacional el 77%. Los resultados nacionales son semejantes, el 35% corresponde al primer rango, que junto a los posteriores dentro del nivel operacional llegan al 78% de los casos. Son entonces bastante consistentes las semejanzas de este perfil, entre los dos grupos comparados del AMC y los del resto del país, la máxima diferencia es de 9 puntos, encontrándose siempre el nivel operacional por encima del 68% de los casos, y el rango más bajo de este nivel ocupando aproximadamente la mitad de los mismos (entre un 46% y un 65%).
Se ratifica así la relación entre el inicio de la carrera y el riesgo de victimización; en la medida que el funcionario adquiere mayor experiencia y logra sus ascensos, parece hacerse también más cauto, disminuyendo así su vulnerabilidad. Otro aspecto que hay que tener también en cuenta es que a mayores niveles jerárquicos menor cantidad de funcionarios.
En el AMC durante 2016 la PNB fue el cuerpo policial que más víctimas aportó con un 26%, seguida de las policías municipales con un 24%, la GNB con un 19% y el CICPC con un 17%. En este particular hay una ligera redistribución en la victimización de los funcionarios respecto a 201314. Sin embargo, la PNB mantuvo su primer lugar en ambos
63% de los casos totales.
AMC año 2013: 94% hombres de edad promedio 30 años, el 71% no llegaba a esa edad. Venezuela año 2016: hombres 94%, edad promedio 32 años, el 53% no llegaba a esa edad.
Los rangos del modelo policial venezolano se dividen en 3 niveles jerárquicos: el operacional, el táctico y el estratégico (artículo 35 de la Ley del Estatuto de la Función Policial).
PNB 34%, seguida de las policías municipales 18%, el CICPC 16% y la GNB con 14%.
períodos. Si se le sumara a la GNB los casos las FAN como un solo cuerpo éste alcanzaría al primer lugar. En el AMC la única policía estadal es la de Miranda, que si bien tiene competencia en 4 de sus municipios, el servicio policial lo ejerce más la PNB en conjunto con las policías municipales, dejándole a la Policía de Miranda los restantes 17 municipios de su Estado. Posiblemente a ello se deba la escasa presencia de policías estadales víctimas en el AMC.
Cuerpo al cual pertenece | 2013 Casos | Porcentaje | 2016 Casos | Porcentaje |
Policía Nacional | 19 | 34% | 22 | 26% |
Policía Municipal | 10 | 18% | 21 | 24% |
Guardia Nacional | 8 | 14% | 16 | 19% |
CICPC | 9 | 16% | 14 | 17% |
FAN | 7 | 13% | 8 | 9% |
Policía Estadal | 0 | 0% | 2 | 2% |
Escolta | 1 | 2% | 2 | 2% |
SEBIN | 2 | 4% | 1 | 1% |
Total | 56 | 100% | 86 | 100% |
Elaboración propia |
Cuando se analiza de manera panorámica los datos del país en su totalidad, se puede observar una disminución del protagonismo, y posiblemente también del despliegue, que la PNB tiene en el AMC, manteniendo la GNB un predominio mayor sobre el territorio nacional, especialmente en las regiones, acompañada de las policías estadales y las municipales que superan en número al resto de las policías nacionales. Esto se puede apreciar en la victimización de sus funcionarios, cada uno de estos cuerpos aporta un 20% de las víctimas policiales del país, para sumar entre estas tres un 60% de los casos totales. El principal contraste, entonces, entre el perfil de las víctimas por cuerpo policial del AMC
y el resto del país es el protagonismo de la GNB y las policías estadales, el cual es mucho
mayor en las regiones que en la capital.15
Cuerpo al cual pertenece | Casos | Porcentaje |
Guardia Nacional | 52 | 19,70% |
Policía Estadal | 52 | 19,70% |
Policía Municipal | 52 | 19,70% |
Policía Nacional | 48 | 18,14% |
CICPC | 36 | 13,66% |
FAN | 15 | 6% |
Ministerio de Asuntos Penitenciarios | 4 | 1,51% |
Escolta | 2 | 1% |
SEBIN | 3 | 1,13% |
TOTALES | 264 | 100,00% |
Elaboración propia |
Este es uno de los factores fundamentales para analizar la victimización de funcionarios de los cuerpos de seguridad y una variable que contrasta la realidad nacional con las estudiadas en la literatura norteamericana (Kaminski y Martin, 2000; Ávila, 2015).
De los casos analizados en el AMC esta información se pudo encontrar en un 80% de los mismos, en éstos el 78% de los funcionarios fallecidos no se encontraban en ejercicio de sus funciones. De manera similar, el 71% no se encontraba uniformado y el 62% no estaba
Este contraste se aprecia de una manera mucho más clara cuando dentro del análisis general del país se excluyen los datos del AMC, en este caso el primer lugar lo ocupan las policías estadales con un 28% de los casos, seguidas de la GNB con un 21%, las policías municipales con 17% y la PNB con 15%.
identificado como funcionario16. Los hallazgos sobre este particular en 2016 ratificaron los
de los casos de 201317.
Cuando estas variables se observan en el país entero, si bien superan más de la mitad de los casos, los porcentajes no son tan altos como los del AMC: 65% no se encontraba en ejercicio de sus funciones, 60% no estaba uniformado, 55% no estaba identificado como funcionario18.
Con esto se confirma que los funcionarios mueren en Venezuela en situaciones distintas a la prestación del servicio policial. En este marco es comprensible que los casos de legítima defensa policial sean excepcionales (7% de los casos totales AMC para 2013, 6% en 2016; 12% a nivel nacional). Sobre este punto se volverá más adelante.
Finalmente, ante las preguntas que se han recibido con posterioridad a los resultados de la primera investigación, se exploró si algunos de estos funcionarios asesinados se encontraban o no involucrados en actividades delictivas. El porcentaje a nivel nacional fue bajo, un 3,4%, apenas 9 funcionarios. Es de advertir que de éstos casi la mitad (4) eran del AMC. La distribución institucional fue la siguiente: 3 eran de la PNB, 2 de la GNB, 2 de policías municipales (Sotillo –Anzoátegui y Heres –Bolívar), 1 policía estadal (Aragua) y 1 escolta de un organismo público (SAREN). Ninguno de ellos estaba prestando el servicio de policía, ni se encontraba uniformado ni identificado como funcionario en el momento del hecho.
El 93% de las víctimas del AMC fueron heridas mortalmente por armas de fuego, este es un porcentaje muy similar al del año 2013 (95%), y superior al que presentan los homicidios comunes (87% Ministerio Público, 2017; 90,5% CICPC en Fernández y Tabares, 2013), lo que ratifica que los funcionarios de los cuerpos de seguridad tienen una tendencia mayor a morir por armas de fuego que el resto de la población. Recibieron entre 1 y 30 disparos, el promedio es de 3 por cada víctima. Los resultados nacionales son muy similares (97% de los casos que tenían esta información disponible, mismo promedio de cantidad de disparos).
Sobre el total de casos en los que se encontró esta información: 62% y 63% de todos los casos, respectivamente.
En 2013 (sobre el total de casos con información): un 77% no se encontraba en ejercicio de sus funciones,
76% no se encontraba uniformado y un 56 no se encontraba identificado como funcionario.
Los porcentajes disminuyen más aún cuando se hace el promedio excluyendo al AMC, sin embargo, se mantienen por encima de la mitad de los casos: 59% no se encontraba en ejercicio de funciones, 55% no se encontraba uniformado, 51% no se encontraba identificado como funcionario. Lo que denota el peso que en esta variable tiene el AMC.
Sobre la tenencia del arma de fuego, al menos el 59% de los funcionarios víctimas se encontrabas armados19, resultado que se asemeja mucho al de la investigación anterior (62,5%). El resultado a nivel nacional fue exactamente el mismo (59%).
Se reitera entonces la misma pregunta, si siete de cada diez víctimas no se encontraba en ejercicio de sus funciones ¿por qué la mayoría de ellas se encontraba armada?
Lo encontrado hasta ahora señala que a más de la mitad de las víctimas no les sirvió de nada portar el arma fuera de las horas de servicio, y posiblemente esa misma situación haya promovido sus muertes (Ávila, 2015:56).
Se presume que al menos el 10% de estos funcionarios armados y francos de servicio generaron la situación conflictiva provocando de alguna manera estos ataques, este resultado fue consistente tanto para los casos del AMC como para los de todo el país20. Según las cifras nacionales estos funcionarios estaban involucrados en actividades delictivas, el porcentaje de los mismos llega al 13% en los casos del AMC.
En estos casos se trataría entonces de enfrentamientos entre funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Es de advertir que este es el relato de los que resultaron victoriosos en el combate y que es reproducido por el periodismo de sucesos. Este tipo de enfrentamientos será abordado en la sección siguiente.
Solo en dos casos (2,5%) en todo el país la víctima logró matar a su victimario21. Al menos la mitad de estos funcionarios que se encontraban armados y fuera de servicio, luego de ser asesinados, fueron despojados de sus armas por sus victimarios (50% en el caso del AMC, 54% en todo el país22).
En el AMC fueron identificados 41 victimarios23 correspondientes aproximadamente a 23 (27%) de los casos analizados, todos hombres, de una edad promedio de 29 años, todos venezolanos, a diferencia del discurso oficial, no se encontraron extranjeros. El promedio de victimarios por caso es de 3, aunque su número puede variar entre 1 a 15 personas. En al menos el 75% de los casos tenían armas de fuego. En un solo caso (2%) tenían armas largas (un fusil). Estos datos también son muy similares a los de la investigación pasada realizada
En un 37% de los casos no se encontró información.
Este porcentaje en la revisión de expedientes del AMC en 2013 llegaba a un 25%.
En el caso del AMC solo en 1 (2%).
Este porcentaje aumenta al 64% si se saca solo el promedio de las regiones sin el AMC.
Al menos el 78% con nombre y apellido.
con los expedientes en sede policial24. A nivel nacional el perfil es el mismo25: hombres (99%), edad promedio 26 años26, ningún extranjero, un promedio de 3 victimarios por caso. Se registraron 5 casos (4%) con posesión de armas largas (2 fusiles y 3 escopetas).
Al igual que en la investigación pasada llama la atención la cantidad de victimarios que son funcionarios de los cuerpos de seguridad. En el caso del AMC alcanzaron el 27% de los involucrados identificados. Esto no pareciera ser solo una sobrerrepresentación debida a lo noticioso que resultan estos eventos, en los expedientes policiales de los casos de 2013 este porcentaje fue aún mayor 31% (Ávila, 2015: 55)27.
Se trata de 11 funcionarios: 7 (67%) del CICPC que dieron muerte a otro funcionario del CICPC; 1 (9%) PNB que también atacó a otro compañero de su propio cuerpo, al que luego trató de incriminar, para posteriormente simular un enfrentamiento; y 3 (27%) policías municipales (Polichacao) que arremetieron contra 2 miembros de las FAN y un escolta de un organismo público.
Esta conflictividad letal entre funcionarios de los organismos de seguridad pareciera ser un poco menor fuera del AMC. Cuando se analizan los casos registrados el porcentaje de estos casos baja a un 19% (25 casos) y si se excluye al AMC dentro de los datos totales el porcentaje disminuye hasta el 15%28. La distribución de estos casos por organismo policial y por estados es la siguiente:
Tablas 9 y 10. Funcionarios de los cuerpos de seguridad registrados como victimarios | |||||
Cuerpo policial | Victimarios | % | Estado | Victimarios | % |
CICPC | 8 | 31% | Distrito Capital | 11 | 42% |
GNB | 6 | 23% | Miranda | 8 | 31% |
PNB | 5 | 19% | Anzoátegui | 3 | 11,50% |
Policías municipales | 4 | 15,40% | Zulia | 2 | 7,70% |
Solo que en esta ocasión el promedio de edad fue unos 4 años mayor que los de 2013, posiblemente esto se deba a que en los casos de prensa el 51% de éstos no tenía esa información, en cambio, en los expedientes este porcentaje se reducía al 8%. En los expedientes de 2013 el porcentaje de victimarios identificados llegaba a un 80%.
Fueron identificados 139 victimarios correspondientes aproximadamente a 76 de los casos analizados
(29%), al menos con nombre y apellido un 72%.
Solo hubo 2 menores de edad de 17 años, esto representa apenas el 1% de los casos.
Esto ratifica los hallazgos de Del Olmo (1990) que a mediados de los 80 describió cómo al menos el 20% de
los funcionarios fallecidos en Caracas fueron victimizados por otros funcionarios.
En este caso el CICPC baja hasta la cuarta posición con un 7% de los casos, lugar que comparte con las policías municipales y el SEBIN, para ceder el primer lugar a la GNB con el 40%, seguida de la PNB con 27% y las policías estadales con el 13%. A todo evento el CICPC se mantiene en los primeros lugares como victimario en todos los demás supuestos (primer lugar en el AMC, así como en todo el país incluyendo el AMC). Esto de alguna manera reafirma estudios anteriores en los que se comprueba que este es el cuerpo de seguridad del Estado más letal del país (Ávila, 2013:724).
Policías estadales | 2 | 7,70% | Lara | 1 | 3,80% |
SEBIN | 1 | 3,80% | Sucre | 1 | 3,80% |
Totales | 26 | 100% | Totales | 26 | 100% |
Elaboración propia
Un aspecto novedoso que se exploró por primera vez en esta investigación fue el seguimiento sobre el porte o uso de granadas por parte de grupos delictivos como recurso para atacar a las policías29. En el caso del AMC, el 15% de los victimarios portaban granadas. Este porcentaje aumenta a un 20% cuando se analizan los victimarios a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que la fuente de información son las noticias de las páginas de sucesos que recogen la versión policial de los hechos y que no necesariamente han de reflejar la dimensión real de los acontecimientos. Es posible que en algunos casos el discurso sobre el porte de granadas pueda ser también un recurso para justificar una intervención policial más intensa y letal.
Así por ejemplo, en el AMC el 51% de los victimarios murieron por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, en aparentes enfrentamientos, dentro de este grupo se encuentran todos los que supuestamente portaban granadas. El 48% restante se encuentra privado de libertad.
En los casos analizados de 2013 en los que se tenía una información de mayor calidad, el porcentaje de victimarios fallecidos por intervención policial fue de un 25%. Estas diferencias en primer lugar pueden deberse a las distintas fuentes de información y a la calidad de las mismas. En la revisión de expedientes en sede policial se tiene un mayor acceso a la información sobre la totalidad de los victimarios, en cambio, la información de prensa viene mediada no solo por intereses corporativos de policías y periodistas, además, el criterio noticioso, de escándalo y del comercio que gira alrededor de éste, tiene también su influencia. De allí que los casos de victimarios fallecidos pudieran estar sobrerrepresentados en el registro realizado de 2016. Sin embargo, hay que considerar también que las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado tienen una clara tendencia al incremento durante los últimos años, la cual se presenta de una manera cada vez más abrupta (Ávila, 2017a; 2017b; Antillano y Ávila, 2017).
Este tema ha sido abordado mediáticamente, pero no se conocen investigaciones académicas ni especializadas al respecto. Según este enfoque mediático el uso de granadas parece haberse incrementado durante los últimos cuatro años, la principal hipótesis es que se trata de negocios irregulares de funcionarios militares. Durante 2015, 29 de los casos reportados tuvieron como propósito “agredir o amedrentar a los funcionarios de algún cuerpo de seguridad” (Mayorca, 2015:7). En 2016 llegaron a contarse unos 20 ataques de este tipo, no necesariamente con víctimas fatales (Fundepro, 2017:8-9).
Cuando se revisa el porcentaje de victimarios fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad en todo el país este aumenta a un 58%30, de estos un 33% es señalado de haber portado granadas. El 39% restante se encuentra privado de libertad.
Tabla 11. Distribución de victimarios que portaban granadas por el territorio nacional | ||
Estado | Victimarios que portaban granadas | % |
Trujillo | 9 | 32% |
Carabobo | 8 | 29% |
Distrito Capital | 7 | 25% |
Portuguesa | 3 | 11% |
Miranda | 1 | 3,57% |
Totales | 28 | 100% |
Elaboración propia
Como ya se afirmó, si tratar de explorar los móviles de estos casos a partir de los expedientes policiales en fase de investigación es difícil (Ávila, 2015:59), intentarlo con las noticias entonces no sería algo riguroso ni productivo, ya sea por el sensacionalismo que suele caracterizar al periodismo de sucesos o por la escasa información que se puede recoger de los mismos, más allá de lo situacional. En este intento lo que resultó más evidente es que en el AMC un 42% de los casos los funcionarios trataron de evitar robos, este porcentaje es menor del que se encontró en los casos de 2013 en sede policial que ascendía a un 63%31. En el caso del país estos casos ocupan el 47% y si se excluye de la totalización al AMC llega al 49%.
Esto ratifica el trabajo de Monsalve (2006), según el cual la policía, en los casos que resultan asesinados sus funcionarios, aplica directamente el castigo a los responsables, que consiste en la pena de muerte. El caso se resuelve de manera rápida directamente por la propia institución afectada. Esta situación pareciera ser más agresiva en el interior del país que en el AMC, cuando se saca el promedio de los estados sin el AMC el porcentaje de victimarios fallecidos llega al 60%, mientras, como ya se ha señalado, este porcentaje en el AMC es del 51%.
Dentro de la precariedad de estos datos se pudo asomar que al menos en el 8% de los casos el conflicto que originó el desenlace mortal no tuvo que ver con el desempeño del servicio de policía sino a conflictos de otra naturaleza: discusiones, riñas, ajustes de cuentas, conflictos previos, etc. En cambio en la revisión de expedientes este porcentaje era de al menos un 39%.
En la mayoría de los casos de robo (70% en el AMC, 68% en todo el país) los funcionarios se encontraban fuera de servicio, y se presume que en al menos el 93% de éstos la víctima del robo era el propio funcionario (revisión de casos del AMC). Entre un 30% (AMC) y un 37% (país) de los casos en los que se halló información al respecto, las armas de los funcionarios fueron tomadas por sus victimarios luego de sus muertes32.
Tal como se advirtió en la investigación anterior, la toma del arma por parte de los victimarios es el hecho más evidente y más fácil de narrar, sin embargo, esto no necesariamente significa que se constituya en el móvil del asesinato como se posiciona tanto en el discurso mediático como policial. En la revisión de expedientes en sede policial esto no era claro, en muchos casos el conflicto comenzaba como interpersonal, la posterior toma del arma era como una especie de trofeo, pero no se constituía como el móvil principal, era más una consecuencia del deceso del funcionario, no su causa33.
Como ya se afirmó, la mayoría de los funcionarios de los cuerpos de seguridad que mueren de forma violenta en Venezuela, se encuentran en situaciones distintas a la prestación del servicio policial en el momento del hecho. En este marco es comprensible que los casos de legítima defensa policial sean excepcionales (7% de los casos totales AMC para 2013, 6% en 2016; 12% a nivel nacional).
Sobre este particular es necesario destacar que fuera del AMC los casos de legítima defensa policial, es decir, de enfrentamientos efectivos con grupos delictivos en el ejercicio de funciones, se duplican. Pasan de 6% en el AMC a un 15% cuando se saca el promedio nacional sin el AMC.
Estados | N° | % | Cuerpo policial | N° | % |
Miranda | 10 | 32% | Policía Estadal | 11 | 36% |
Aragua | 5 | 16% | GNB | 6 | 19,25% |
Bolívar | 4 | 13% | Policía Municipal | 6 | 19,25% |
Guárico | 4 | 13% | CICPC | 5 | 16% |
Trujillo | 4 | 13% | PNB | 2 | 7% |
Distrito Capital | 2 | 6% | FAN-DGCIM | 1 | 3% |
Barinas | 1 | 3% | Totales | 31 | 100,00% |
Zulia | 1 | 3% | |||
Totales | 31 | 100% | |||
Elaboración propia |
Las armas representaron el 59% de los objetos robados a los funcionarios, este resultado fue muy similar en los casos estudiados en sede policial (54%).
Para un abordaje etnográfico en torno algunas posibles justificaciones que pudieran darse los victimarios
en este tipo de casos ver: Antillano y Ávila (2017).
Cuando se analizan estos supuestos por cuerpos policiales involucrados, puede observarse una distribución más o menos similar a la victimización general de los mismos en el país que ya se ha presentado, aunque con mayor protagonismo de las policías estadales. Sin embargo, la distribución territorial es claramente distinta, con la excepción del estado Miranda y Aragua que se conservan entre los primeros lugares, aparecen junto a ellos otros estados como Bolívar, Guárico y Trujillo34. En estos estados, a diferencia de lo que se pudo ver en el AMC, se presentaron con más frecuencia casos de ataques directos de grupos delictivos a los funcionarios cuando se encontraban en funciones, ya sea en labores de patrullaje, alcabalas o en su propio comando.
Esto abre todo un campo de investigación sobre las particularidades territoriales de la prestación del servicio de policía en el país, los contrastes del mismo dentro y fuera del AMC, así como las vulnerabilidades y los excesos distribuidos diferencialmente en el territorio nacional.
Más allá de estas diferencias entre el centro y las periferias del país, los enfrentamientos como causa de muerte de la policía en el marco del desempeño de sus funciones se sigue presentando como un fenómeno muy excepcional en Venezuela35. Esto corrobora de alguna manera la hipótesis adelantada en la investigación anterior, en sintonía con lo planteado por Del Olmo a finales del siglo pasado, según la cual la mayoría de estos casos son más el resultado de emboscadas o ejecuciones, que de enfrentamientos regulares entre fuerzas del orden y grupos delictivos (Ávila, 2015:45).
Principales contrastes entre los casos de 2013 y 2016 del AMC
Siete de las parroquias con mayor cantidad de casos en 2013 se mantuvieron entre los primeros lugares también en 2016 (Sucre, Petare, Antímano, Coche, el Junquito, Caricuao y Santa Rosalía). La novedad fue la incorporación dentro de este grupo de las parroquias El Valle, San Juan, 23 de Enero y El Paraíso.
Al menos el 76% de los casos ocurren en sitios abiertos en plena vía pública. El cambio que se pudo observar en los casos de 2016 es que en éstos parecen incrementarse levemente los ataques dentro de las viviendas de los funcionarios (de un 9% pasan a un 11%), así como en locales privados (de 7% pasa a un 13%). Es importante tener en cuenta que estos incrementos también pueden deberse a una mayor exposición de este tipo de casos en los medios de comunicación, lo que puede afectar la visibilidad de los que no ocurren en este tipo de circunstancias.
Si se toma en cuenta, además, la densidad poblacional de estos estados, la situación puede percibirse con una mayor gravedad. Como se señaló en la sección correspondiente, estos 3 estados se encuentran dentro de los 8 estados con mayores tasas de policías víctimas de homicidio en el país.
Esto de alguna manera coincide con el análisis inverso que hace PROVEA (2016:4), según esta organización más del 86% de los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad son ejecuciones.
En cuanto a los meses de ocurrencia no se encontraron mayores coincidencias, estas diferencias tan marcadas entre ambos registros puede deberse también al cambio de la fuente de información y al hecho noticioso que puede afectar la cobertura o no de los casos de manera coyuntural.
Respecto a los bloques horarios de mayor ocurrencia en ambos años fue bastante similar. Los horarios más peligrosos para los cuerpos de seguridad es el que va de 20:00 a 23:59 y de 4:00 a 7:59 am, en estas 8 horas ocurrieron entre el 56% (2013) y 59% (2016) de todos los casos.
La PNB y las policías municipales son los organismos que aportan la mayor cantidad de víctimas en el AMC. La primera entre un 34% y un 26%, la segunda entre un 18% y un 24%. En los dos períodos ambas aportan al menos el 50% de los funcionarios víctimas del AMC.
El contraste entre ambos períodos coincide en que en el momento del hecho al menos entre un 77%-78% de los funcionarios no se encontraba en ejercicio de sus funciones, ni uniformados (entre el 71%-76% de los casos), ni identificados como funcionarios (56%-62%). A todo evento en estos aspectos las diferencias entre un registro y otro no superaron los 6 puntos.
Ambos períodos también coincidieron en que la mayoría de los funcionarios víctimas pertenecían a los rangos más bajos del nivel operacional de su organismo (el 77% para 2013 y el 69% para 2016).
En ambos períodos el 59% de los funcionarios víctimas que se encontraban armados en el momento del hecho estaban fuera de servicio.
El perfil del victimario fue también bastante similar: promedio de 3 por caso, entre 25 y 29 años, que portaban armas de fuego (entre en 75% y 77%). Aproximadamente un tercio de éstos (27%-31%) son también funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Caracterización general de estos casos en el país
Desde lo situacional destacaron el Distrito Capital y el estado Miranda, como las entidades territoriales que concentraron la mayor cantidad de casos en el país, más de la mitad de estos (52%). Los hechos ocurrieron en sitios abiertos en plena calle (76%), el momento del día en el que más sucedieron fue en horas de la noche y la madrugada (49%).
El perfil del funcionario víctima es hombre (94%), joven de unos 32 años, que ocupa los rangos de menor jerarquía dentro de la institución (78%), en el momento de su victimización se encontraba solo (38%) o con un acompañante (42%), estaba armado (59%), casi la totalidad muere por arma de fuego (97%), al 41% de los funcionarios que se encontraban armados les roban posteriormente su arma (este porcentaje se eleva al 54% en los casos de los funcionarios armados fuera de servicio), esto no significa que este último hecho sea el móvil del caso.
La mayoría de los funcionarios víctimas de homicidio no se encontraban en ejercicio
de sus funciones (65%), ni uniformados (60%), ni identificados como tales (55%).
Más de la mitad de las víctimas (51%) que no se encontraban en ejercicio de sus funciones se encontraban armados, un porcentaje irrelevante logró matar a su victimario (2,5%).
Los victimarios son también hombres (99%), de una edad promedio de 29 años, no se encontraron victimarios extranjeros, todos eran venezolanos, un 19% de ellos son también funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Con base en los resultados analizados, podría considerarse como un caso típico de victimización por homicidio de funcionarios de los cuerpos de seguridad en Venezuela el siguiente: Pablo tiene 30 años, se encuentra acompañado de una persona, carga encima su pistola asignada, son las 10:00 pm y andan a pie por la calle. Él es sargento primero de la GNB36, en ese momento no se encuentra prestando el servicio, razón por la cual no está ni uniformado, ni identificado como policía. Es atacado por dos sujetos, venezolanos, tienen entre 25 y 29 años de edad, sin ocupación conocida, andan a pie y están armados con pistolas. Los atacantes le disparan 3 veces a Pablo. Pablo no tiene chance de reaccionar, muere en el acto. Los victimarios toman del cadáver el arma de reglamento. No queda claro si el móvil del hecho fue el robo del arma o tuvo alguna otra razón.
Principales contrastes entre los casos del AMC y el resto del país
La mayoría de los funcionarios víctimas no prestaba el servicio policial cuando fue asesinado, ni portaba el uniforme ni estaba identificado como tal. La mayoría de los que se encontraban en estas circunstancias, estaban armados. Es importante destacar que estos porcentajes en general son más elevados en el AMC que en el resto del país.
Los casos de legítima defensa policial son más numerosos en el interior del país (15%) que en el AMC (6%).
Al menos un 10% de los funcionarios fallecidos que se encontraban armados y francos de servicio estaban vinculados con actividades delictivas. De 9 funcionarios identificados que presuntamente estaban cometiendo delitos, 4 eran del AMC.
El robo del arma de los funcionarios fallecidos es mayor en el interior del país (64%) que en el AMC (50%).
La conflictividad letal entre funcionarios parece ser mayor en el AMC (27%) que en
el resto del país (15%).
La muerte de los victimarios parece ser mayor en el interior del país (60%) que en el AMC (51%).
Comentarios finales
En este trabajo, al igual que la investigación que le sirve de antecedente, se ratifica nuevamente la desmitificación de tres ideas del discurso mediático y político sobre la muerte de funcionarios de los cuerpos de seguridad: 1) Los matan en el ejercicio de
Pudiera ser también un oficial de la policía de municipal o estadal de ese lugar.
sus funciones; 2) Los victimarios de los funcionarios fallecidos son paramilitares colombianos; 3) Los funcionarios de los cuerpos de seguridad deben andar armados aún fuera de servicio porque el arma les brinda más seguridad. Aunque no se encontraba entre los objetivos de esta investigación, se han encontrado nuevamente elementos que confirman también estos hallazgos del trabajo realizado entre 2014 y 2015 sobre los casos del AMC, que permiten ahora extender varios de ellos a todo el territorio nacional.
Esta panorámica que se ha realizado sobre estos casos en Venezuela permite tener un marco general para investigar ahora las particularidades que se presentan en cada región, ya que los casos no solamente se distribuyen de manera desigual, sino que además, como se pudo observar entre el contraste del AMC con el resto del país, existen diferencias y lógicas que no son generalizables ni homogéneas. Este tipo de información más focalizada es de utilidad para el diseño y la toma de decisiones políticas e institucionales que procuren ofrecer una mayor seguridad de los derechos de todos, tanto de los funcionarios, como de la ciudadanía en general.
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Vol 27, N°4
Esta revista fue editada en formato digital en diciembre de 2018 por su editorial; publicada por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
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