Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología Vol.28 No.1 (enero-marzo, 2019): 7-27


La lucha por la inclusión a través de la Dream Act y el DACA: Desafíos de integración educativa y social de

familias de estatus migratorio mixto en Phoenix, Arizona.

María José Grisel Enríquez-Cabral, Nayeli Burgueño Angulo e Ismael García Castro.*


Resumen

El presente trabajo tiene como principal objetivo dar voz a los miembros de familias de estatus migratorio mixto en los Estados Unidos, particularmente a los jóvenes, que residen en el Área Metropolitana de Phoenix, Arizona, donde enfrentan serios problemas de exclusión a sus derechos humanos y civiles, principalmente en el acceso a la educación superior. Una de las principales banderas de esta lucha por el reconocimiento de derechos, ha sido, lo mismo que en casi todo Estados Unidos, apoyar la DREAM Act, iniciativa de ley, presentada en el Congreso estadounidense, que está enfocada en regularizar la situación de jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños. A través del enfoque teórico-metodológico de la Teoría Fundamentada o Grounded Theory indagamos las percepciones de quienes se involucran profundamente, en las acciones de ejercicio de ciudadanía activa, en la lucha por obtener el reconocimiento de derechos y acceder a beneficios sociales, como las de aquellos que manifiestan no involucrase activamente. Entre las principales conclusiones podemos señalar que los argumentos de los entrevistados denotan una diversidad de razones y circunstancias de involucramiento y apatía en lucha por el reconocimiento de derechos. La subjetividad de los diferentes actores incluye tanto apreciaciones egoístas o utilitarias, como de solidaridad y compromiso social.


Recibido: 03-11-2018 / Aceptado: 05-12-2018

* Red Iberoamericana de Investigación “Migtación Desarrollo”.

Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, México

Email: maryjose.cabral@gmail.com, nay...@uas.edu.mx, ismael@uas.edu.mx


 

Palabras clave: Exclusión; Educación; USA; familias de

estatus migratorio; estudiantes mexicanos; percepciones; Dream Act y DACA


The struggle for inclusion through the Dream Act and the DACA: Challenges of educational and social integration of mixed status families in Phoenix, Arizona.


Abstract

The main objective of this paper is to give voice to the members of mixed status families in the United States, particularly young people, who reside in the Metropolitan Area of Phoenix, Arizona, where they face serious problems of exclusion from their human and civilian rights, mainly in access to higher education. One of the main flags of this struggle for the recognition of rights, has been, as in almost all of the United States, to support the DREAM Act, an initiative of law, presented at the US Congress, which is focused on regularizing the legal status of young undocumented people who came to the country as children. Through the Grounded Theory theoretical-methodological approach, we investigate the perceptions of those who are deeply involved in the exercise of active citizenship, in the struggle to obtain recognition of rights and access to social benefits, such as those who manifest not actively involved. Among the main conclusions, the arguments of the interviews denote a variety of reasons and circumstances of involvement and apathy in the struggle for the recognition of rights. The subjectivity of the different actors includes both selfish and utilitarian appraisals, as well as solidarity and social commitment.

 

Keywords: Exclusion; Education; USA; families of migratory status; Mexican students; perceptions; Dream Act y DACA


Introducción.

Conceptualmente, las familias de estatus migratorio mixto, se reconocen como aquellas en las que existe, por lo menos, un miembro sin documentos y otros con ciudadanía o algún tipo de estatus migratorio formal, como permiso de residencia o de acción diferida o DACA, como se le conoce a esta categoría migratoria. Las familias de estatus migratorio mixto, particularmente en Estados Unidos, han sido producto, en buena medida, de las políticas y leyes antinmigrantes que tratan de condicionar los derechos de los que pueden gozar los miembros de una sociedad con base en poseer ciudadanía o no (Massey y Pren, 2013; Durand, 2013; Gózalez y Terriquez, 2013). La presencia de miembros con ciudadanía estadounidense en las familias de estatus migratorio mixto, regularmente sucede en el caso de las familias de indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos (Passel y Taylor, 2010:4).

Ante la situación migratoria irregular de algunos de los miembros de las familias de estatus migratorio mixto, en su mayoría los jóvenes, han optado por involucrarse en acciones y movimientos que pugnan por la aprobación de leyes que regularicen la situación de los miembros indocumentados del grupo familiar.

Las leyes y políticas locales de varias entidades federativas en Estados Unidos hacen más compleja esta situación. Especialmente, en Arizona han sido un factor que contribuye a limitar gravemente el ejercicio de derechos de los miembros de las familias de estatus migratorio mixto, y esto ha provocado que algunos de ellos se conviertan en actores de cambio a través de la lucha por obtener reconocimiento a sus derechos. El principal ejemplo de las acciones de los miembros de familias de estatus migratorio mixto por el reconocimiento de derechos, particularmente de los más jóvenes, ha sido la lucha por la aprobación de la iniciativa de ley conocida como DREAM Act1. Esta propuesta de ley está dirigida a reconocer derechos formales a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos a corta edad, llevados por sus padres. Se estima que más de dos millones de personas en Estados Unidos podrían ser elegibles para el estatus legal bajo esta propuesta (Batalova et al, 2014).

No obstante que la propuesta de la DREAM Act se presentó, desde 2001, en varias ocasiones y formas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el debate en torno a esta propuesta se prolongó infructuosamente en el congreso estadounidense por varios años. En 2012, en buena medida debido a la presión ejercida por el movimiento dreamer,2 el Presidente Barack Obama promulgó un Decreto de Acción Diferida, para


  1. La propuesta de ley conocida como “Dream Act”, tiene antecedentes desde 2001, cuando se introdujo por primera vez, por los senadores Orrin Hatch (R-UT) y Richard Durbin (D-IL), en el Senado, y por los representantes Howard Berman (D-CA) y Chris Cannon (R-UT), en la Cámara de Representantes (Immigration Policy Center, 2011). En mayo de 2006, la Propuesta de DREAM Act pasó al pleno del Senado estadounidense como un apartado que debía incluirse en la Comprehensive Immigration Reform Act (CIRA). Sin embargo, el Congreso tampoco aprobó la CIRA. Posteriormente, en 2007, la Iniciativa de DREAM Act fue incorporada en el proyecto de ley Kennedy-Kyl Comprehensive Immigration Reform Bill (S.1639). En el otoño del mismo año, se intentó introducir de nuevo la DREAM Act. Esta vez de forma independiente, pero, al igual que en las otras ocasiones, no fue aprobada. Para 2008, se pretendió que la propuesta formara parte del proyecto de ley SA.2237, conocido como Department of Defense Authorization Bill, pero fracasó de nuevo (Justice for Immigrants, 2010). En 2010, una vez más, la DREAM Act fue rechazada en el Congreso, por la mayoría republicana.

  2. Teniendo como base el empeño por la aprobación de la DREAM Act, el origen del movimiento Dreamer se consolida con las marchas de la primavera de 2006, que llevó a la calle a cerca de 3 millones de personas que se manifestaron en contra de la Propuesta de Ley Sensembrenner o Iniciativa HR4437, que, de ser


    los jóvenes que llegaron al país siendo niños; la Deferred Action for Childhood Arrivals, conocido comúnmente como el DACA3, que serviría para aliviar temporalmente la problemática de los potenciales beneficiarios de la DREAM Act y sus familias. Es a partir de este marco contextual que, en nuestro trabajo, analizamos diferentes formas de involucramiento, y las razones esgrimidas para ello, en la lucha por el reconocimiento de derechos de miembros de familias y comunidades inmigrantes, particularmente de los jóvenes, asimismo, abordamos el análisis de su percepción, en lo referente al rol que tienen en este proceso las autoridades y la sociedad estadounidense en general.


    Marco teórico

    En las últimas décadas, los países democráticos se han estado enfrentando al desafío de qué derechos deben reconocerse a los inmigrantes y otras minorías que residen dentro sus límites territoriales (Ruvalcaba y Torres, 2012). El acceso a derechos políticos, civiles y sociales se convierte en un debate no sólo político, sino también académico que tiene uno de sus orígenes principales en la concepción y práctica de la ciudadanía. La categoría de migrante internacional solo es comprensible a través del concepto de Estado Nación que separa a los nacionales de los no nacionales, dándole a la ciudadanía un papel dicotómico, pues a la vez que otorga derechos a unos, hace desiguales y excluye a otros (Torpey, 2000; Gil Araujo, 2009). En la globalización, actual etapa del capitalismo, la economía mundial


    aprobada, implicaba penas severas a inmigrantes indocumentados, y a toda aquella persona que les proporcionara algún tipo de ayuda. En la calle, los indocumentados, sus familias y sus aliados lograron detener en el Senado estadounidense esta draconiana propuesta. Las protestas sirvieron, además, para que muchos de los jóvenes dreamers se formaran en la movilización política, dejando atrás la apatía o el miedo. Junto a sus familiares y compañeros de escuela, salieron a las calles a protestar, desarrollándose un movimiento juvenil independiente, fundamentado en la rebeldía, y la imaginación, con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación (Durand, 2012).

  3. En junio de 2012, el Presidente Obama anunció su Decreto de Acción Diferida o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, por sus siglas en ingles). Este Decreto estaba destinado semejante a los objetivos de la propuesta de ley conocida como Dream Act, a suspender temporalmente la deportación de jóvenes migrantes que residieran irregularmente en Estados Unidos, que estuvieran debajo de la edad de 31 años, para 2012, y que hubieran ingresaron al país antes de cumplir los 16 años. Cabe mencionar que, de aprobarse, la DREAM Act, no otorgaría un estatus legal definitivo, solo permitiría trabajar y estudiar a los jóvenes y daría la posibilidad futura de acceder a la regularización y a la ciudadanía. (Immigration Policy Center. En: http://www.immigrationpolicy.org). Sin embargo, de acuerdo con el National Immigration Law Center (en: https://www.nilc.org/), el precepto legal, de acción diferida solo significa un alivio administrativo que previene una deportación. Gracias a la disposición el Department of Homeland Security (DHS), permite que quien ha solicitado y recibido este estatus, permanezca en los EE.UU. temporalmente como “legalmente presente” por el tiempo que su acción diferida esté en efecto. La persona beneficiaria también puede solicitar un documento de autorización de empleo o “permiso de trabajo”, para el período durante el cual esté bajo la acción diferida. Es conveniente resaltar, que la acción diferida se concede caso por caso, se otorga de manera discrecional, es temporal y no ofrece un camino al estatus de residencia legal permanente o a la ciudadanía estadounidense (US Department of Homeland Security, 2012. En http://www.dhs.gov/news/2012/06/15/secretary-napolitano-announces-deferred-action-process-young- people-who-are-low).


    depende cada vez más de trabajadores inmigrantes, los cuales constituyen actualmente cientos de millones.4

    En los países receptores de migrantes, quienes se adecuan a las necesidades de los mercados laborales globales, son incluidos como residentes formales, con plenos derechos laborales y sociales, semejantes a los ciudadanos, mientras que, quienes llegan como indocumentados o irregulares, a pesar de ser integrados en lo laboral y en lo económico, carecen de todo reconocimiento político y muchas veces se les excluye del acceso a los servicios más elementales como la educación, la seguridad social y la salud (Castles, 2000).

    Federico Besserer et al. (2006:31), definen como ciudadanía “el estatus de plena o igual membresía en las prácticas de gobierno de una comunidad política”. Esta membresía debe incluir el ejercicio pleno de derechos en todas sus dimensiones. La negación de una ciudadanía, de acuerdo con Amartya Sen (2000), da lugar a la exclusión política y social y provoca la privación de derechos de los inmigrantes, ya sea de corto o largo asentamiento. Asimismo, Ruvalcaba y Torres (2012), aclaran que la ciudadanía, como proceso de construcción política de pertenencia y de posibilidad a accesos a derechos y cumplimiento de obligaciones, se ha convertido en un elemento central para el bienestar de los miembros de una sociedad. Esta situación resulta particularmente cruda y complicada para todos los miembros de familias de estatus migratorio mixto, ya que la exclusión de la cual son objeto quienes no poseen documentos, se extiende a los miembros con ciudadanía o con residencia formal, al ser afectado el acceso pleno a sus derechos como parte de una misma familia, es decir, son sujetos de inclusión desigual (Sen, 2000; Batalova y Terrazas, 2010).

    Particularmente, los hijos de inmigrantes que han nacido en Estados Unidos, son sujetos de inclusión desigual, ya que su desarrollo se puede ver limitado por el estatus legal de los padres y por el contexto social que restringe el desarrollo normal de la familia. Se ha documentado que los miembros de las familias mixtas con estatus migratorio formal tienden a restringir su derecho a utilizar servicios públicos, en ocasiones, tan básicos como la salud o la educación, por temor a que los miembros indocumentados puedan ser más visibles y aumente el riesgo de su deportación (Galindo, 2009; Hamann y Zuñiga, 2011; Valdez-Gardea, 2011).

    El acceso desigual a sus derechos es lo que ha motivado a algunos miembros de estas familias a movilizarse políticamente a través de la práctica de ciudadanía activa. Ejercer la ciudadanía activa, presupone la lucha por derechos civiles, políticos y sociales (Escobar, 2007). Por cuestiones de extensión, resulta improcedente abordar cómo la ciudadanía activa logra la inclusión en cada derecho, por lo cual nos enfocamos en los derechos básicos, que aluden a la participación “igualitaria” del bienestar existente de una sociedad (Escobar, 2007:234; Ruvalcaba y Torres, 2012:36), como el derecho a ganarse


  4. De acuerdo con la Organización Internacional sobre las Migraciones OIIM, en 2017 existían en el mundo más de 243 millones de personas como migrantes internacionales. En: https://www.iom.int/es/news/la- oim-lanza-el-informe-2018-sobre-las-migraciones-en-el-mundo


    dignamente la subsistencia a través de un empleo y el acceso a servicios básicos como la salud y la educación5

    Los procesos de integración social y de construcción de ciudadanía activa están matizados por diversos factores objetivos: patrones generacionales, marco institucional gubernamental, escolaridad, dominio del inglés, estatus migratorio, redes sociales, y lugar de residencia (Rumbaut, 2006; Galindo, 2009; Giorguli y Leite, 2010; Montoya y Woo, 2011). Cada uno de estos factores guarda una relación estrecha entre ellos y la forma en la que se presentan en cada miembro de las familias de estatus migratorio mixto, produciendo diversos procesos de integración social y de ciudadanía activa. Por ejemplo, los patrones generacionales (edad o tiempo de arribo), cada miembro atiende diferentes marcos institucionales, o conjunto de reglas o políticas, que rigen el acceso o exclusión a derechos sociales (Rumbaut, 2006; Galindo, 2009; Giorguli y Leite, 2010).


    Dimensión del análisis.

    Los datos dan muestra de cómo las familias de estatus migratorio mixto, las cuales incluyen al menos un adulto indocumentado y al menos un menor con ciudadanía estadounidense por nacimiento, han ido consolidando su presencia en Estados Unidos. En 2003, había 2.7 millones de menores con ciudadanía estadounidense, viviendo en familias donde al menos uno de los padres era indocumentado; en el año 2008, dicho número se elevó a 4 millones, y para 2011, aproximadamente 9 millones de personas conformaban las familias de estatus migratorio mixto en Estados Unidos (Passel y Cohn, 2009; Taylor et al, 2011). En 2011 había 400 000 menores inmigrantes indocumentados en familias, que tienen hermanos nacidos en Estados Unidos (Taylor et al., 2011:6; Wasem, 2011). En Arizona, para 2010, residían cerca de cincuenta mil familias de estatus migratorio mixto, que incluyen más de setenta mil miembros indocumentados (Taylor et al., 2011).

    Por otra parte, en Arizona, la participación de los votantes latinos fue mayor que en otros estados (77%), lo cual hace suponer que las familias de inmigrantes y, particularmente, las de estatus migratorio mixto, están mayormente interesadas en el éxito de iniciativas legales como la Dream Act (Passel y Cohn, 2009; Immigration Policy Center, 2012). Otro aspecto relevante en el contexto de Arizona, es la agudización, particularmente en las últimas dos décadas, de la presentación y aprobación de leyes y políticas punitivas contra los inmigrantes (Magaña, 2013; 2015; Verea, 2014). Por ejemplo, en el año 2000, se aprobó la Propuesta 203, que prohíbe la educación bilingüe en las escuelas públicas y obliga a proporcionar enseñanza únicamente en el idioma inglés.


  5. El problema de los dreamers en los Estados Unidos, en lo referente a la educación, atañe particularmente al nivel superior, ya que el Caso Playler vs. Doe, resuelto por la Suprema Corte de ese país en 1982, garantiza el acceso a todos los jóvenes indocumentados a la educación básica en las escuelas públicas hasta 12 grados, es decir, hasta su egreso de la preparatoria o High School, como se le denomina en Estados Unidos (American Immigratión Council. En: http://www.americanimmigrationcouncil.org/ research/plyler-v-doe-public-education-immigrant-students).


    En 2004, se impulsó en Arizona la Proposición 200, la cual requiere que las agencias gubernamentales verifiquen la identidad y el estatus migratorio de las personas para el acceso a servicios de salud, otros beneficios sociales, y para ejercer el voto. En 2005, la legislatura de Arizona sancionó, entre otras 30 iniciativas de carácter antiinmigrante, la “Human Trafficking Violation”, o Propuesta ARS 13-2319, la cual busca ampliar la definición de traficante de personas a quienes transporten, hayan transportado o utilizado propiedades para transportar a personas indocumentadas, convirtiendo en violador de la ley a, prácticamente, la mayoría de los habitantes de Arizona (Capps et al., 2011). Ese mismo año, se presentó la Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act (H.R. 4437), también llamada Sensenbrenner Bill, la cual tenía como principal objetivo criminalizar la inmigración indocumentada. Para el 2006, sobresalen cuatro iniciativas de ley de corte antiinmigrantes promulgadas en Arizona: La Proposición 100, la 102, la Propuesta 103, y la Proposición 300.6 En 2007, destacan, la iniciativa HB 2460, la cual prohíbe aceptar identificaciones consulares como documento oficial de identidad; y la HB 2181, que, en el marco de la aprobación de la Propuesta 287g ,7 autoriza fondos estatales para el reforzamiento de leyes migratorias. En 2008, entró en vigor la “Legal Arizona Worker Act” (LAWA), que requiere que los empleadores verifiquen el status migratorio de sus empleados en el sistema federal E-Verify, penalizando además el uso de una identidad que no es la propia para laborar. En este mismo año, se aprueban entre otras iniciativas de ley contra la inmigración, la HB 2807 y la HB 2359; la primera, requiere que los oficiales de condados y municipios apoyen la procuración de leyes migratorias, y la segunda, autoriza a jefes de departamentos de policía y alguaciles del estado a entrenar agentes para que ejerzan sobre leyes de migración, sin necesitar la aprobación de los consejos municipales o la Barra de Supervisores del Condado. En 2009, la ley HB 2306, limitó las oportunidades laborales de las personas sin status migratorio regular, lo mismo que la economía de la entidad, al exigir la ciudadanía o residencia legal para obtener una licencia de negocios (Montoya y Woo, 2011).

    En 2010, se presentó en la legislatura de Arizona, la iniciativa SB 1070, que viene a resumir toda esta embestida legal contra los inmigrantes. Considerada una de las más agudas y discriminantes propuestas antiinmigrantes que se hayan presentado en Estados Unidos. Esta iniciativa, pretendía facultar a las autoridades estatales para ejercer sobre las leyes federales de inmigración (Magaña, 2013; 2015). Autoriza a las policías locales a revisar el estado migratorio de las personas que detienen, así como permite se les retenga hasta determinar su estatus migratorio. La SB 1070, obliga a los residentes extranjeros


  6. La Proposición 100, niega la fianza a personas indocumentadas en caso de cometer algún delito menor. La iniciativa 102, prohíbe que una persona indocumentada pueda presentar una demanda por daños, en caso de lesiones en el lugar de trabajo. La Propuesta 103, establece el inglés como idioma oficial de Arizona y ordena que los documentos oficiales sean únicamente en inglés. La iniciativa 300, prohíbe el acceso a colegiatura estatal, becas y ayuda financiera a estudiantes universitarios que no cuenten con ciudadanía o residencia legal. Asimismo, restringe el acceso a la educación para adultos indocumentados.

  7. La Propuesta 287g, es un Memorándum de Entendimiento a nivel federal, que faculta a las policías locales a participar en la aplicación de leyes migratorias.


    a portar documentos que verifiquen su calidad migratoria y penaliza, como crimen o felonía, la contratación o transporte de una persona indocumentada. Permite, asimismo, el arresto sin una autorización legal cuando se considere que exista una causa probable de que ha cometido una ofensa que amerita la deportación. Esta iniciativa, buscaba también, otorgar mayores recursos para fiscalizar y sancionar a quienes contraten a inmigrantes no residentes.

    No es propósito de este trabajo, abordar el análisis de cada una de estas leyes, propuestas y políticas antes referidas, no obstante, resulta importante enfatizar la trascendencia negativa, que tuvieron para la comunidad migrante, algunas de ellas por su carácter persecutorio y policiaco como: la HR 4437, la Proposición 300, la HB 2807 y la HB 2359, y muy particularmente la SB 10708. A partir de este contexto, se busca analizar la experiencia de involucramiento de los entrevistados, en la lucha por mejorar sus condiciones de vida y en pro de la aprobación de leyes migratorias favorables como la DREAM Act y, asimismo, cómo este movimiento, a partir del DACA, toma diferentes rutas.


    Enfoque metodológico

    En este trabajo, tomaremos como ejemplo heurístico la lucha del movimiento dreamer. Cabe enfatizar que, más que los resultados de esta lucha, nos interesa analizar el proceso, es decir, las diferentes posturas y condiciones de involucramiento de los diferentes actores implicados, ya que entre los miembros de las familias de estatus migratorio mixto y las comunidades que les respaldan, existen quienes se involucran profundamente en las acciones de lucha, mientras que otros han permanecido al margen y son aparentemente apáticos al movimiento.

    La expectativa de aprobación de la DREAM ACT, contemplaba no solo el acceso a beneficios sociales como la educación superior, sino un camino hacia la obtención de la ciudadanía formal, lo que significaría asegurar la oportunidad de gozar de cualquier tipo de derechos o privilegios. Con la promulgación del DACA, por un lado, se amplió la complejidad de las familias de estatus migratorio mixto al crear una nueva categoría migratoria y, por otra parte, el decreto pareció servir para diluir parte del activismo y las demandas del movimiento dreamer. Lo que es un hecho, es que con el DACA, la lucha de los dreamers y sus familias ha evolucionado en varias vías, que van desde continuar la lucha por el reconocimiento completo de derechos, pasando por la pretensión de lograr diversos beneficios sociales concretos como, por ejemplo, la obtención de un empleo, una licencia de conducir o el acceso a una beca de educación superior, hasta las mayores actitudes de apatía o conformismo. Con base en las reflexiones anteriores y sustentándonos en el enfoque teórico-metodológico de la Teoría Fundamentada o Grounded Theory, el objetivo de nuestra investigación fue indagar las percepciones de quienes se involucran


  8. Para obtener una información detallada sobre estas iniciativas de legislación a nivel de las entidades federativas en los Estados Unidos, consultar la página electrónica de la National Conference of State Legislatures, en: http://www.ncsl.org/


    profundamente, en las acciones de ejercicio de ciudadanía activa, en la lucha por obtener el reconocimiento de derechos y acceder a beneficios sociales, como de aquellos que manifiestan no involucrase activamente. Lo anterior, con el fin de contrastar las razones que cada grupo manifiesta tener, además de analizar las circunstancias que rodean el nivel y forma de involucramiento9.

    La Teoría Fundamentada debe entenderse como la forma de adquirir conocimiento sobre el mundo social, a partir del análisis de situaciones concretas de la realidad (Strauss y Corbin, 2002; Charmaz, 2006; Arzate, 2007). El sustento de esta perspectiva metodológica, implica emprender un proceso de construcción y retroalimentación de la realidad estudiada, haciendo uso de métodos de recopilación de información de tipo predominantemente cualitativo, eminentemente empírico y básicamente amparado en la investigación-acción u observación participante. Es decir, la recogida y análisis de información cimentada en las percepciones, ideas y el contexto de vida concreto de los involucrados. Lo anterior, mediante el uso de técnicas de investigación como etnografía, entrevistas a profundidad y trayectorias o historias de vida. Más allá de lo que la teoría determina, esta perspectiva de análisis, resulta también importante porque da voz a los actores.

    Atendiendo a los señalamientos teóricos, nos planteamos como supuesto inicial, o hipótesis, que algunos miembros de las familias de estatus migratorio mixto se involucran en el ejercicio de una ciudadanía activa como medio para obtener la ciudadanía formal. Por lo tanto, luchar por la aprobación de leyes como la DREAM Act, es una estrategia que utilizan algunos miembros de familias de estatus migratorio mixto en Estados Unidos, para obtener el reconocimiento de derechos sociales de los miembros indocumentados, es decir, los que están excluidos, por ser indocumentados, como por aquellos que, aunque sí poseen la ciudadanía estadounidense o la residencia formal, se encuentran en situación de inclusión desigual (Sen, 2000).

    Nuestra hipótesis supone que los miembros indocumentados de familias de estatus migratorio mixto se involucran ampliamente en la lucha por lograr leyes que alivien su situación migratoria, y especialmente el derecho a la educación superior y oportunidades de vida para los jóvenes, como es el caso de la propuesta de DREAM Act,. Por otro lado, se presume, que los miembros de las familias de estatus migratorio mixto con ciudadanía o residencia formal, debido a percibirse en condiciones de inclusión desigual, se involucran en la lucha, para coadyuvar en la integración social de los miembros indocumentados de la familia y la comunidad, favoreciendo el ejercicio de sus propios derechos, ya que, se ven obligados a restringir algunas de sus actividades cotidianas y el acceder a ciertos servicios o beneficios, para evitar visibilizar la situación migratoria irregular de algunos miembros del grupo familiar.


  9. Cabe mencionar que muchos de quienes no se involucran abiertamente, no significa que no tengan interés en la problemática que les afecta, sino más bien se debe a que actúan como free riders (Olson, 1985), es decir, que no es que no estén de acuerdo con esta lucha, pero prefieren esperar que los esfuerzos de quienes participan activamente les brinden resultados.


    Tomando como base el contexto anteriormente referido, la investigación se enfoca en examinar cuatro principales interrogantes; 1) ¿Cómo perciben su situación personal y familiar los miembros de familias de estatus migratorio mixto?; 2) ¿Por qué algunos miembros de las familias de estatus migratorio mixto se involucran activamente en la lucha por el reconocimiento de derechos y el acceso a servicios o beneficios como la educación superior o la salud, mientras que otros parecen permanecer al margen?; 3) ¿Qué papel juega la dinámica familiar y de la comunidad en el proceso de ejercicio de la ciudadanía activa?; 4) ¿Qué cambios operaron en la dinámica del movimiento dreamer después de la promulgación del DACA?

    El estudio buscó que entre las familias de estatus migratorio mixto abordadas, se incluyeran las que contaran con hijos en el nivel universitario o que tuvieran cercano el ingreso al nivel superior, procurando también, que entre los miembros entrevistados se contemplara a padres e hijos, así como a personas con estatus de indocumentados, como aquellos con ciudadanía o residencia formal, y a quienes cuentan con el DACA.

    La herramienta metodológica utilizada fue la entrevista a profundidad semiestructurada, para permitir que las personas entrevistadas expresaran, de manera abierta y amplia, sus percepciones, experiencias de vida, e ideas sobre la lucha de las familias y comunidades de inmigrantes por acceder a beneficios sociales como la educación superior y la salud. Las entrevistas se aplicaron en las ciudades de Mesa y Phoenix, ubicadas en el Área Metropolitana de Phoenix, Arizona que muestra una importante cantidad de familias de estatus mixto.10

    En total se entrevistaron a catorce personas miembros de familias de estatus migratorio mixto; aplicando nueve entrevistas a miembros de familias que manifestaron involucrarse en diferentes acciones de ejercicio de ciudadanía activa y reconocimiento de derechos. En este grupo se encuentran tres líderes del movimiento dreamer; Luisa, Alberto y Efrén. Los tres son beneficiarios del DACA, y se han graduado de la Universidad Estatal de Arizona. Otros de los entrevistados fueron: Silvia, mamá de Luisa; Damina, inmigrante indocumentada, esposa de un ciudadano estadounidense y madre de dos hijas con ciudadanía; Igualmente, Martina, quien cuenta con el estatus de Residente Permanente, y su madre María, quien es indocumentada. Se contó asimismo con los testimonios de Salma y de George, una pareja de inmigrantes que, no obstante poseer ciudadanía estadounidense, se involucra en acciones de lucha, porque consideran que las políticas antinmigrantes les afectan como miembros de la comunidad inmigrante. Por otro lado, cinco de los entrevistados, manifestaron que sus familias, no se involucran en acciones de lucha. Son los casos de: Lizbeth, madre soltera quien es indocumentada y su hijo, Félix, quien posee el DACA; Además, Elena, que, igual que su esposo es indocumentada, pero tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos; Asimismo, está Liliana, cuya familia tiene la misma composición que la de Elena; Y, Beatriz, quien ingresó a Estados Unidos, junto a


  10. El Área Metropolitana de Phoenix es el sexto destino con mayor migración indocumentada en Estados Unidos. En dicha zona, se concentran cerca del 50% del total (263,250) de la población indocumentada residiendo en el estado de Arizona (Migration Policy Institute, 2015; Data USA, 2015).


    su esposo y una hija, con visa de turista. Ahora, su hija ha recibido el DACA y tiene una hermana con ciudadanía por haber nacido en Estados Unidos.


    Principales razones y causas del involucramiento.

    Peseaque la aprobación de la DREAM Act ha sido variasvecesnegada, el involucramiento de muchos de los miembros de las familias migrantes de estatus migratorio mixto, produjo otro tipo de resultados. En primer lugar, creó un sentido de identidad y de solidaridad en la comunidad inmigrante y particularmente entre los jóvenes:


    En el 2009 ninguno de nosotros sabíamos qué era el DREAM Act. Sólo sabíamos los problemas que teníamos como estudiantes indocumentados, y fue también en ese año que dijimos ‘saben qué, por qué no vamos empezando a hacer algo para promover el DREAM Act, y comenzamos la coalición y le llamamos “DREAM Act Coalition” (…) En ese tiempo fue cuando empezamos a decir: por qué no salimos de las sombras. Y fue una gran pelea entre nosotros el decir que éramos indocumentados. (Luisa)


    Al principio teníamos mucho miedo, me acuerdo que llegué a una sala donde había un montón de chavos que había visto en el campus, pero nunca me imaginé que no tenían documentos. Nos juntábamos en el sótano de la universidad, no dejábamos pruebas de que nos estábamos reuniendo. Allí empezó a evolucionar el movimiento (Alberto).


    Algunos de los líderes del movimiento, en las entrevistas, reconocieron, que no se habrían involucrado, de no haber sido por la aprobación de la Proposición 300, de Arizona, en 2006, que, prácticamente, los excluía de terminar sus estudios universitarios, al quitarles su beca de apoyo como residentes.


    No nos involucramos, nos involucraron… no fue culpa de nosotros que nos trajeran acá. (Alberto)


    Me involucré porque quería estudiar mi carrera, porque quiero superarme.

    (Damina)


    Algunas de las frases de las personas involucradas, cuando les preguntamos el motivo por el que se implicaron, apuntan desde razones personales utilitarias, hasta las de la mayor solidaridad y compromiso social:


    Te voy a confesar algo, la verdad cuando recién me involucré fue porque sabía que la mayoría de quienes iban a las reuniones eran mujeres, y pensaba venderles “Mary Kay”, y es que, ¡nadie se involucra en esto sin esperar ganar algo a cambio, no existe el amor a la comunidad! (Damina)


    Me involucré porque quiero saber qué hacen las organizaciones como esta (refiriéndose a “Arizona Original Dreamers”), porque he visto sufrir muchas injusticias a muchas personas. Yo pienso que al ser documentada en este país yo puedo ayudarles con mi voto (Martina).


    El caso de Silvia, quien juega un papel importante en el movimiento, resulta muy singular. Silvia estuvo a punto de ser deportada en 2013, pero su hija Luisa que ya era conocida líder del movimiento dreamer, realizó una campaña de movilizaciones a su favor, para detener la deportación. Y, no solo tuvo éxito en que se detuviera su proceso de deportación a México, sino que, consiguió, además, que se le otorgara un permiso temporal para que su madre pudiera residir y trabajar en Estados Unidos.


    Todo comenzó a raíz de que Migración me fuera a detener a mi casa en enero del 2013 y entonces miré cómo la gente se organizó y empezaron a parar mi deportación y miré cómo apoyaron miles y miles de gentes para que yo me quedara. “Me cayó el 20”, dije: tanta gente que me apoyó a mí, ahora tengo que hacer algo por la demás gente también y comencé a tener esa idea de formar un grupo aquí en Mesa porque se me hace difícil estar yendo a Phoenix (Silvia)11


    No obstante, el éxito del activismo de Silvia y de su hija Luisa, en otro momento, muestra una posición más vulnerable y conservadora, cuando le inquirimos sobre el caso de que si no hubiera estado a punto de ser deportada, ¿se hubiera involucrado en el movimiento dreamer?


    Yo creo que no, yo estaba muy apática. Si me interesaba, pero como que no tenía ánimo de hacer nada. Como ya habían pasado cosas, porque “Arpaio” (en referencia al entonces Sheriff del Condado de Marycopa Joe Arpaio), llegó a mi trabajo a hacer redadas, y se llevó a nueve compañeros y la información de los trabajadores que no encontró, y nos fue a buscar a las casas. Yo tuve que dejar mi trabajo, tuve que abandonar la casa. Estaba bien desanimada. (Silvia)


    Otros casos de involucramiento en el movimiento dreamer, tiene que ver más con la conciencia y solidaridad social, que con la necesidad de lograr un estatus migratorio. Es el caso de Salma y George, una pareja de inmigrantes ya naturalizados como estadounidenses y con dos hijos, nacidos en Estados Unidos, que empezaron su activismo después de la aprobación de la propuesta SB 1070, que provocó una gran reacción en contra, en Arizona y en todo Estados Unidos. Salma y George, son profesionistas con buenos empleos y residen en un barrio de clase media. Sin embargo, ambos manifestaron sentir gran preocupación luego de la aprobación de la SB 1070. Esta ley, argumentaron, permitiría que cualquier policía pudiera detener a los inmigrantes y entregarlos a las autoridades de inmigración. Cualquier persona, aun siendo ciudadano o residente legal, podía ser molestada, e incluso


  11. Silvia era la Presidenta de la organización Arizona Original Dreamers en Mesa, Arizona, al momento de nuestra entrevista.


    detenida e investigada, por el simple hecho de no parecer estadounidense, a juicio del agente que le interrogara.


    La SB 1070, nos afecta a todos. A nosotros, luego, luego “nos cayó el 20” de que esto no era solamente en contra de la gente indocumentada, sino que era también en contra de nosotros porque iba a haber “racial profiling”12, porque la ley estaba diseñada para eso. Y directamente no me afecta. Pero sí tengo un hermano indocumentado en Estados Unidos, pero él no clasifica para la DREAM Act. Sí me afecta en el sentido de que esta ola antiinmigrante no nada más es en contra de los indocumentados, es también en contra de nosotros, ¡es parejo! (Salma)


    En el caso de George, un ex oficial de una agencia de seguridad del Gobierno estadounidense, sus argumentos y opinión resultan categóricos, ya que nos dice que la principal razón para involucrarse en contra de esta ley antiinmigrante, fue un sentimiento de culpa y de vergüenza.


    ¿Tú sabes lo que siento en mi corazón? ¡Estados Unidos es un país de inmigrantes!

    ¡Gracias a ellos puede tener una buena economía! ¡Yo siento mucha vergüenza de mi país! (George)


    Principales causas y razones del no involucramiento

    En algunos de los casos que abordamos en la investigación, miembros de familias de estatus migratorio mixto, que poseen el estatus de ciudadanos o residentes legales, manifestaron no sentir la necesidad de involucrarse en una lucha de reivindicación de sus derechos o los de su familia. Por otro lado, algunos de los padres de familia que son indocumentados, pero que tienen hijos con ciudadanía, declararon que no se involucran en la lucha de reivindicación de derechos, debido a que sus hijos sí pueden acceder a la educación superior. La colegiatura que pagan, comentaron, es in of state, es decir, la mínima por ser ciudadanos y residentes en la localidad.

    Una razón más de la de falta de involucramiento de algunos miembros de las familias de estatus migratorio mixto, se debe al desaliento por los pocos logros conseguidos, hasta entonces, por el movimiento dreamer. Cuando le cuestionamos a Elena sobre por qué no acudía a las marchas y movilizaciones convocadas por los dreamers, sin titubeo contestó:


    Eso, lo que les dieron a los dreamers, [el DACA], fue una ayuda, pero no es lo que uno quiere; ¡uno quisiera más! Si ellos quisieran [el Gobierno y Congreso estadounidense], podrían dar más pero no lo han hecho; yo tengo aquí 23 años, y esos 23 años he escuchado que viene una amnistía y nada. O sea, la gente pierde la fe. (Elena)


  12. Perfil racial


Entre aquellos que prefieren no involucrarse en acciones de lucha por el reconocimiento de derechos, o ejercicio de ciudadanía activa, manifiestan tener un constante temor a ser detenidos por la policía y ser deportados, si participan en las marchas o protestas. La deportación implica, la separación de la familia, como lo exterioriza Liliana, quien, al igual que su esposo, tiene estatus migratorio irregular, pero sus dos hijos son nacidos en Estados Unidos. Ella accedió de manera amable a otorgarnos la entrevista, pero cuando se le interrogó sobre las protestas y lucha de los dreamers, visiblemente nerviosa, afirmó que ellos no participan por razones religiosas:


Yo opino que está bien que ellos luchen por lo que quieren, pero nosotros nos movemos solo por fe. Dios todo lo puede y Dios nos va proteger hasta donde tenga que protegernos. (Liliana)


La lucha por la DREAM Act, después del DACA

Resulta imposible negar que el Decreto de Acción Diferida o DACA, otorgado por el Presidente Obama en 2012, tuvo efectos favorables para las familias de los beneficiarios de esta medida legal, como lo constata, por ejemplo, el testimonio de Lizbeth, madre de Félix:


La vida en familia cambió mucho, vivimos más tranquilos porque mi hijo cambió mucho, porque él pensaba que aquí no tenía futuro, que no valía la pena que siguiera en la escuela. Para él no era importante ir a la escuela o hacer carrera, si no iba a poder trabajar y salir adelante como persona que es de aquí, pero cuando agarramos lo del DACA, mi hijo tuvo ya esa esperanza de echarle ganas a la escuela, cambió mucho porque él estaba en una rebeldía muy fea. (Lizbeth)


Sin embargo, el otorgamiento del DACA resultó paradójico para el movimiento dreamer. Por un lado, fue considerado un logro que dio confianza y seguridad a muchos de los líderes y a los más involucrados, pero, al mismo tiempo, desalentó la participación de quienes estaban implicados por razones pragmáticas y utilitarias, y provocó que fuera casi imposible que aquellos que no participaban en las acciones de ejercicio de ciudadanía activa, se interesaran por hacerlo.


¡Soy feliz en mi trabajo y tengo que darle gracias al “Deferred Action”, porque puedo hacer eso! Ahora no soy “citizen” (ciudadano), no soy “resident” (residente legal), pero tampoco soy “full immigrant” (indocumentado), porque tengo el “Deferred Action” (el DACA). Soy un “dreamer”, siento que teniendo el trabajo y teniendo mi “social security number”(número de seguro social), es como una forma de identificación porque ya tengo mi “work permit” (permiso de trabajo). Ya pasé el primer paso de ser inmigrante, que es venir; ahora ya entré al sistema de “legalization” (legalización). Yo no me considero un inmigrante sin documentos. (Félix).


La obtención del beneficio de acción diferida, o DACA, cambió la percepción de algunos

de los jóvenes indocumentados sobre su condición o estatus migratorio. Incluso, cuando


obtuvieron el DACA, algunos de los participantes más activos en el movimiento dreamer, como es el caso de Alberto, aceptaron haber cambiado hacia una actitud más conformista, valorando, inclusive, la idea de desertar del movimiento.


Nos estamos haciendo a un lado (… ), hacernos a un lado yo lo veo justo, porque nosotros ya tenemos un tipo de protección (el DACA)… Sí, anteriormente cuando luchábamos por la “DREAM Act”, nos tachaban de egoístas, y tal vez sí lo fuimos, por eso yo veo justo hacernos a un lado. Dream Act y DACA (Alberto)


El rol del gobierno y la comunidad.

La población de Arizona en el año 2013, según estimaciones de la oficina del Censo de los Estados Unidos (Census Bureau), fue de 6,626,624, personas, de las cuales el 84% declararon estar dentro de la categoría racial “White alone” (Solo blanco). Por lo amplio del estado, no podemos generalizar nuestras consideraciones, sólo tomaremos como referencia a las ciudades de Mesa y Phoenix. En la primera, para el mismo año de referencia, la población total fue de 452,084 personas, de las cuales 77% dijeron ser “White alone”, mientras que en Phoenix el 66 por ciento de su población corresponde a esta categoría. Esta población mayoritaria, es la que nuestros entrevistados llaman “gringos”, y que en su percepción, tienen un sentimiento nativista arraigado, como ejemplo, podemos tomar el testimonio de Damina quien, durante la entrevista, expresó que cuando participaban en una protesta, se les acercaron algunas señoras blancas de edad avanzada, para gritarles que eran criminales que debían regresar a su país.

Si bien existen grupos nativistas extremistas, la percepción de la mayoría de nuestros entrevistados es que la mayoría de la sociedad no se inmiscuye en las acciones de activismo.

En lo referente a las acciones del gobierno local, los entrevistados, consideran a las autoridades, particularmente a la policía del condado como verdugos de inmigrantes, ya que aseveran, que actúan como autoridades de inmigración. Asimismo, afirman que tanto el gobierno del Condado de Maricopa, como el del estado de Arizona, condicionan y restringen los beneficios a que tienen derecho quienes poseen el DACA. Pese a todo, los entrevistados coinciden en atestiguar que las autoridades, por lo regular no impiden o interfieren en sus acciones de lucha.


Conclusiones

Quienes se involucraron en mayor medida en los movimientos de lucha por el reconocimiento de derechos mostraron una diversidad de razones y circunstancias que les orientaron en ese sentido. Los argumentos de nuestros entrevistados van desde las apreciaciones más apáticas, egoístas o utilitarias, hasta las de la mayor solidaridad y compromiso social. En el caso de muchos de los jóvenes indocumentados o dreamers, su falta de elegibilidad para acceder a becas de estudio de nivel superior les motivo a unirse en la lucha por la aprobación de la DREAM ACT. El activismo que empezaron a desarrollar les dio conocimientos sobre diversas estrategias de lucha social, entre ellas desobediencia


civil y huelgas de hambre. El nivel de involucramiento de algunos les convirtió en líderes y asesores de otros movimientos sociales.

Cuando realizamos el trabajo de campo cuestionando solamente el involucramiento o apatía de los miembros de familias de estatus migratorio mixto en la lucha por la aprobación de la DREAM ACT, los resultados mostraron que, en un principio este era un movimiento, sobre todo juvenil, pero conforme nuevas leyes antiinmigrantes fueron surgiendo y conforme fueron aumentando el número de deportaciones, no solo los padres de los dreamers, sino muchos otros miembros de la comunidad inmigrante, se incorporaron paulatinamente a la lucha por la reivindicación de derechos sociales. Lo que era un movimiento juvenil e individual se convirtió, en un movimiento familiar y comunal. A los jóvenes dreamers que iniciaron el movimiento, les tocó asesorar a sus padres sobre cómo participar en las protestas, cómo captar la atención tanto de legisladores o gobernantes como de los medios de comunicación y otros dirigentes sociales. Sin los lazos de solidaridad y la combinación de esfuerzos que se crearon a partir de la lucha por la DREAM Act, el DACA difícilmente habría pasado.

En otros casos, incluyendo a algunos de quienes llegaron a ser líderes del movimiento dreamer, lo que perseguían al involucrarse era continuar sus estudios universitarios. Para ellos la posibilidad de que la aprobación de la DREAM Act representara un camino hacia la ciudadanía, contrario a nuestra hipótesis, no fue tan relevante. Su lucha era más bien de carácter pragmático; lograr que no se les excluyera de los apoyos o becas que les permitiera continuar y concluir sus estudios universitarios.

Con base en el planteamiento teórico efectuado, en nuestro análisis, encontramos que existen cuatro factores principales que matizan la lucha por el reconocimiento de derechos a través del ejercicio de la ciudadanía activa. Primero: el nivel educativo. A mayor nivel educativo de los miembros de la familia, y en particular de los padres, existe mayor ejercicio de ciudadanía activa de los miembros del grupo; Segundo: La posición en el grupo familiar. Los padres son, en lo general, menos proclives a involucrarse en la lucha por el reconocimiento de derechos, que los hijos; Tercero: El estatus migratorio. Los miembros de familias de estatus migratorio mixto con ciudadanía o residencia formal, se involucran con fines tan amplios como lograr la integración social plena de la familia, mientras que los miembros indocumentados, parecen perseguir metas concretas y pragmáticas, como el continuar los estudios universitarios u obtener un empleo formal; Cuarto: en familias encabezadas solo por uno de los padres, regularmente la madre, existe una inclinación a no involucrarse en acciones de lucha. El activismo requiere tiempo y las jefas de familia lo destinan al trabajo y la atención de los hijos.

En lo referente a la dinámica del movimiento dreamer, después del otorgamiento del DACA, si bien es cierto que la obtención del beneficio de acción diferida es temporal y no otorga residencia permanente, ni mucho menos, ciudadanía, su adquisición ha servido para desestimular la dinámica de involucramiento de muchos de los dreamers. De acuerdo a los testimonios obtenidos, algunos involucrados en la lucha por la DREAM Act, al obtener el DACA desertaron del movimiento. Al mismo tiempo, algunos de quienes también obtuvieron el beneficio de la acción diferida sin estar involucrados en el movimiento, manifestaron que su interés por involucrarse fue aún menor, lo que refuerza la idea de


que el movimiento dreamer, al menos en contextos tan adversos como el de Arizona, es motivado por la consecución de metas modestas y pragmáticas.

Es importante resaltar también, que en la mayoría de los casos que abordamos en la investigación, miembros de familias de estatus migratorio mixto con estatus de ciudadanos o residentes legales, manifiestan sentirse integrados a la sociedad estadounidense y declaran que nunca se han sentido victimas de discriminación o sentirse limitados en su vida cotidiana, por el estatus irregular de algún miembro de su familia o comunidad. Es decir, inverso a lo que sostenían nuestras hipótesis, no consideran padecer una condición de inclusión desigual, no obstante sus familiares, amigos o miembros de la comunidad sean excluidos de derechos por ser indocumentados. Con base en esto, sostenemos que en el contexto de Arizona, a pesar de tener leyes y políticas notoriamente antiinmigrantes, no contamos con evidencia suficiente que nos permita sustentar una percepción generalizada de inclusión desigual entre los miembros de estatus formal de las familias de estatus migratorio mixto.


Reflexiones finales.

En la percepción de nuestros entrevistados, como en el análisis del contexto realizado, persiste la idea de que los gobiernos, tanto a nivel local como federal y en buena parte de la sociedad estadounidense, constituyen factores que apuntan, en mayor medida, en el sentido de restringir, que de posibilitar la inclusión de los miembros de las familias de estatus migratorio mixto. Con la llegada de la administración federal de Trump, el fin del DACA y la amenaza de la deportación, es una realidad que se cierne de nuevo sobre sobre los dreamers. Sin embargo, al enfrentar esta situación extrema, podría esperarse que el movimiento de lucha por el reconocimiento de derechos, con base en la aprobación de una solución definitiva como la propuesta de la Dream Act, pudiera reactivar el movimiento dreamer, al menos hasta alcanzar la fuerza que había logrado hasta antes del otorgamiento del DACA. Consideramos que esta sería una de las principales líneas de investigación a seguir, reconociendo que existe un contexto de cada vez mayor complejidad.


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Vol 28, N°1


Esta revista fue editada en formato digital en marzo de 2019 por su editorial; publicada por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela


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