Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología Vol.28 No.2 (abril-junio, 2019): 153-169
Raúl Olmedo Neri*
La ciudad es un producto característico, pero no inevitable de la complejidad creciente de la sociedad
Eric Wolf
Los cambios derivados de la globalización en América Latina adquieren una función determinante ya que influyen en la transformación de espacios y dinámicas sociales; en este sentido, el presente trabajo aborda de manera particular una tendencia en México donde converge la vida rural, la reproducción del estilo de vida urbana y la revolución tecnológica enfocada en la generación de energía renovable. Lo anterior se enfrasca dentro de los cambios que se generan en las zonas rurales, en las cuales la producción agropecuaria es desplazada en calidad y cantidad por actividades terciarias que reconfiguran el espacio, las relaciones sociales (de producción) y la propia ruralidad, dando paso a nuevos problemas, retos y oportunidades que serán expuestos a partir de las implicaciones que vislumbran en un caso concreto. Entonces, el estudio de caso abordado expone su complejidad ya que la renta de tierra para el desarrollo de proyectos productores de energía renovable adquiere relevancia en tanto se vuelve económicamente rentable para el arrendador y el arrendatario; de hecho, el análisis realizado es una comparación respecto a dicha rentabilidad en oposición a la producción agrícola, dando
Recibido: 02-12-2018 / Aceptado: 06-02-2019
* Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) E-mail: raulanthonyn@yahoo.com.mx
resultados que infieren un panorama que refuerza la ruralidad emergente y su contexto múltiple para la población que en ella reside.
ruralidad; economía campesina; desagrarización; energía renovable
Land rent in rural areas of Mexico: a case study
on the effects of the new rurality.
The changes derived from globalization in Latin America acquire a determining function since they influence the transformation of spaces and social dynamics; In this sense, the present work particularly addresses a trend in Mexico where rural life converges, the reproduction of the urban lifestyle and the technological revolution focused on the generation of renewable energy. The above is involved in the changes that are generated in rural areas, in which agricultural production is displaced in quality and quantity by tertiary activities that reconfigure the space, social relationships and rurality itself, giving way to new problems, challenges and opportunities that will be exposed from the implications that they envision in a specific case. Thus, the case study presented exposes its complexity since the rent of land for the development of projects producing renewable energy becomes relevant as it becomes economically profitable for the landlord and the tenant; in fact, the analysis carried out is a comparison with respect to said profitability as opposed to agricultural production, giving results that infer a panorama that reinforces the emerging rurality and its multiple context for the population that lives there.
De los teóricos clásicos respecto a los estudios sobre las dinámicas en la ruralidad, siempre se destaca la relación interdependiente entre el campo y la ciudad; de hecho, en esa relación se presenta la asimetría de poder, toda vez que, “la relación campo-ciudad es ahora muchos más compleja que la vieja relación dicotómica caracterizada por el
intercambio desigual y la migración de los pobres del campo a las ciudades para conformar el ejército industrial de reserva” (Carton, 2004: 279).
Es decir, actualmente la ruralidad ya no sólo debe ser analizada dentro del proceso de inserción del capitalismo en las zonas rurales a través de la conformación de empresas agrícolas de gran capital (Kautsky, 1978), o la definición del campesinado como sujeto de cambio y revolución social dentro del contexto rural (Wolf, 1971; Alavi, 1974); ni siquiera basta entender el proceso de proletarización de los campesinos a través del trabajo asalariado agrícola para poder obtener un salario que les permita reproducir su propia fuerza de trabajo (Paré, 1977). Estas propuestas de análisis ya no son más procesos emergentes en la ruralidad, sino que se han establecido como parte de las dinámicas actuales de los habitantes en ese espacio y tiempo determinado.
Por ello, es necesario establecer nuevas categorías de análisis, identificar los nuevos elementos que se insertan en este campo de estudio y describir las relaciones de interacción que se forman en una zona que en principio ya no tiene una característica territorial o funcional similar a la que la poseía a inicios del siglo XIX y XX. Es decir, mientras que en las zonas rurales de antaño se les asignaba una función exclusiva para la producción de alimentos y materias primas, actualmente esta acción no es la única debido a que se han diversificado las actividades económicas que allí se pueden realizar.
Estos cambios han sido identificados no sólo desde la descripción, sino los efectos que en la ruralidad generan; como afirma Torres-Mazuera (2008: 254):
… la actividad agrícola es ahora una opción de vida sobre la cual se elige entre varias opciones posibles; es una decisión que se toma por gusto o por necesidad, pero ya no es la única manera de ser en el campo mexicano
De allí que se hable de nueva ruralidad, donde existe “una nueva relación campo-ciudad en donde los límites entre ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus interconexiones se multiplican, se confunde y se complejizan” (Carton, 2004: 281). Este concepto para el caso mexicano en particular y en América Latina en general, está condicionada por el papel que funge el sector primario en el desarrollo de los diferentes Estados-Nación a lo largo del tiempo. Ese desarrollo se va especializando bajo la dinámica internacional que supone la globalización en lo que fue el siglo XX y lo que va del XXI.
Por ello es que el término ‘nueva ruralidad’ debe entenderse de manera dinámica ya que:
… más que algo ‘nuevo’ es una modificación interna; una reordenación de la división del trabajo dentro de las zonas rurales por un lado; una recodificación que modifica la percepción de lo rural desde la ciudad y desde el propio campo, por otro. (Olmedo, 2018: 9)
Así, la nueva ruralidad atiende tanto los aspectos externos e internos que suceden en un espacio y tiempo determinados, esto es, la ruralidad como territorio, entendido como “el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas” (Giménez, 2016:
151). En ese territorio convergen tres elementos que son apropiados por los sujetos: el espacio, el poder y la frontera (Giménez, 2016); estos factores son importantes en tanto que responden a las relaciones sociales que se generan entre los individuos en un lugar espaciotemporal que influye y se refleja a través de las prácticas culturales, económicas y sociales de la vida cotidiana de los involucrados.
A nivel externo, los estudios de la nueva ruralidad ponen énfasis en la relación que existe entre el campo y la ciudad; esta relación ha ido cambiando con el tiempo, pero en términos generales se pasó de la dependencia urbana respecto a la ruralidad en términos de abastecimiento de materias primas y alimentos, a una dependencia rural hacia la ciudad en términos de ingresos, productos y servicios como el turismo (Olmedo, 2018). De esta manera, con la concentración de poderes en las crecientes urbes, las políticas públicas empezaron a tomarse desde allí hacia las periferias rurales o en transición.
En este nivel de análisis se identifica una asimetría de poder que beneficia a la ciudad sobre el campo, toda vez que “de lo que se trata es de imponer la mirada de la ciudad sobre el campo, en contra del campo y de sus defensores que son vistos como enemigos de la modernidad” (Torres, 2012: 140).
Esto no es nuevo, puesto que incluso las categorías de análisis y los propios conceptos fueron basados en esta relación de dominación, como lo menciona Eric Wolf (1971: 20), “el desarrollo de la civilización ha sido identificado comúnmente con el de las ciudades, por lo cual el campesino ha sido definido como un agricultor que ha de mantener relación con la ciudad”.
Esta nueva relación entre los espacios contrapuestos se refleja en los sujetos, por lo que:
Su relación se convierte en la dicotomía de lo antiguo y lo moderno, entre lo que fuimos y lo que llegaremos a ser, entre el campesino y el citadino, el multifuncional y el profesional, en fin representa lo contrario del otro. (Olmedo, 2014: 102).
Por ello, es que la relación entre el campo y la ciudad se desarrolla y presenta de manera indirecta en las políticas públicas que intentan modernizar el anacronismo rural de las sociedades en vías de desarrollo; entonces, “lo rural y lo urbano son por tanto vistos como dos mundos, uno que mira el pasado y otro que abre sus puertas al futuro” (Morett, 2005: 145). Esta situación se puede apreciar en el caso mexicano, donde existe una reducción de la participación del sector primario a nivel del Producto Interno Bruto (PIB).
Así, se puede observar en la siguiente gráfica el cambio cualitativo derivado del rol del sector primario en el caso mexicano y la comparación del crecimiento del PIB de México y América Latina en lo que va de la segunda mitad del siglo XX y XXI.
Fuente: Olmedo (2019: 149)
Por otro lado, a nivel interno, este cambio histórico tiene también un efecto de orden cualitativo que se observa en la modificación de prácticas culturales y elementos identitarios que en la ruralidad se reproduce. Por lo tanto, estos efectos permiten entender que las zonas rurales están siendo parte de un proceso de transformación de sus elementos constituyentes en términos de ingresos, tipo de actividad económica y prácticas culturales (Carton, 2009).
En el caso particular de México, se puede identificar que el cambio en la política nacional trajo consigo una nueva forma de entender y ser/estar en sociedad. Por ejemplo, en la siguiente gráfica se puede vislumbrar que a lo largo del siglo XX se ha dado un decrecimiento de la población económicamente activa en el sector primario, por un lado, y un incremento de la población económicamente activa en el sector terciario.
Fuente: Olmedo (2018: 149)
Lo anterior adquiere relevancia en tanto estas modificaciones cambian las relaciones sociales entre los individuos de la ruralidad. Lo realmente ‘nuevo’ no es la reconfiguración del espacio, sino los nuevos intereses, especializaciones y diversificación de las actividades y los sujetos que las realizan.
En México, el papel del Estado sobre la función y rol que ha fungido la ruralidad en el campo dan pauta a la diversificación de las actividades que realizan los sujetos en ese territoiro. En algunos casos, estas características funcionaron en beneficio de la construcción del país, mientras que otros han pasado a ser recursos discursivos en épocas de elección locales y nacionales. De hecho, la emergencia de nuevos sujetos en las dinámicas rurales no implica que el concepto de agricultura familiar o posesión colectiva de la tierra (ejidos) desaparezca, sino que conviven entre sí y con otras figuras que se van constituyendo a lo largo del siglo XX.
Este cambio práctico-discursivo se puede observar en la siguiente propuesta tipológica de los sujetos rurales a lo largo de la historia de México en el siglo XX, en ella se puede identificar que el Estado Mexicano ha tenido un papel importante ya que ha direccionado
en gran medida el rol de los sujetos en las zonas rurales de acuerdo a los intereses políticos- productivos nacionales.
Fuente: Olmedo (2018: 15)
De esta manera, y después de observar los dos niveles de análisis de la nueva ruralidad, se puede concluir que:
El primer enfoque [interno] privilegia el estudio de la relación local-global con sus cadenas productivas y los efectos de las migraciones, mientras que el segundo [externo] parte del análisis del territorio y pone en el centro de sus preocupaciones el desarrollo sustentable. En el primer caso podemos hablar de un enfoque societal y en el segundo prevalece la visión de la economía política y de las políticas públicas. (Carton, 2004: 282)
Así, mientras que en el primer enfoque existe un trabajo que deriva de la constitución económica de las Unidades Familiares Rurales (UFR) presentes en la ruralidad y donde
se perciben de manera cuantitativa los cambios producidos en la economía campesina, en el segundo enfoque se presenta un análisis socioterritorial que está ligado a la relación hombre-naturaleza y sociedad-ambiente (Torres, 2006, 2012; Olmedo, 2014), donde la economía y la ecología política se conforman como los cuerpos teóricos que dan cabida a la crítica del sistema capitalista en tanto elemento depredador de los recursos naturales y con ello la destrucción de los ecosistemas, así como los conflictos socioambientales generados por los megaproyectos de extracción.
Lo cierto es que la ruralidad como espacio simbólico, productivo y reproductor de la realidad social debe ser abordado desde su propia complejidad, la cual es definida por Edgar Morin (1994, p. 421) en la “que hay complejidad dondequiera se produzca un enmarañamiento de acciones, de interacciones, de retroacciones”. Es en ella en la que los dos enfoques encuentran puentes de interacción e investigación, por lo que las dinámicas externas influyen de manera directa en las Unidades Familiares Rurales (UFR) en todos sus aspectos sean éstos económicos, políticos y hasta culturales.
Ante esta situación, la nueva ruralidad debe ponderar esta relación esencial de producción social para poder definir en su caso, conceptos que atañan al contexto que hoy se presenta y desarrolla en el campo y en la ciudad.
En la ruralidad mexicana se presenta una situación que no es exclusiva y que por el contrario puede presentarse en otros países del continente latinoamericano ya que a inicios del siglo XX las sociedades de este conjunto de países eran eminentemente rurales. En ello descansa que la ruralidad y sus respectivos sujetos tuvieran una función central; no obstante, “si la Revolución Mexicana fue un proceso de reivindicación de la sociedad, eminentemente rural, hoy este sector ha pasado a ser un complemento dentro del desarrollo nacional” (Olmedo, 2018: 9).
A través del tiempo es como la ruralidad y la urbanidad adquieren papeles y funciones
específicas, por ello:
…la urbanidad por su parte se consolidó a partir de la concentración de poderes dentro del Estado-Nación, dejando en vías de desarrollo las zonas que permanecieron en la producción de bienes primarios derivados de la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería (Olmedo, 2018: 59).
De esta manera la ruralidad quedó circunscrita a funciones que habían desempeñado sus habitantes desde hacía mucho tiempo, por lo que su percepción fue al menos hasta finales del siglo XX como un territorio rústico, atrasado y con una reproducción sin modernización, siempre a expensas del progresismo urbano, lo cual lleva una constante intervención de la ciudad sobre las zonas rurales en su afán de modernización (Berman, 2011).
No obstante, las investigaciones en torno a la constitución del ingreso económico de las Unidades Familiares Rurales por un lado, y los cambios contextuales dentro de la
globalización, por otro, dieron paso a vislumbrar que dicha transformación derivaría en un proceso que Carton (2009: 15) define como desagrarización “no tanto por la desaparición de la actividad agropecuaria, como se argumenta a menudo, sino por el impresionante crecimiento de los ingresos no agrícolas en los hogares rurales”, el cual se hace presente al realizar una comparación entre la viabilidad económica de la producción agropecuaria respecto a otras actividades tales como la renta de tierra para el desarrollo de proyectos de energía renovables como es el caso a analizar en este trabajo.
El concepto propuesto por Carton coadyuva a entender los cambios en lo rural ya que la diversificación de actividades económicas da paso a nuevas formas de pensar y repensar los beneficios y las consecuencias que suponen en la vida cotidiana de los sujetos rurales. El caso de los megaproyectos de energía renovable entra en este proceso de desagrarización ya que su diseño, desarrollo, producción y desmantelamiento implican cambios en la percepción y apropiación social del territorio, así como una modificación en la dinámica social de las localidades potencialmente afectadas.
Es por ello que la proliferación de estos megaproyectos adquiere relevancia no sólo por el impacto que generan en la zona donde se instalan, sino en el discurso del desarrollo sustentable en el que se enmarca su justificación. De hecho, la ‘crisis’ civilizatoria que se desarrolla en la actualidad cobre relevancia en tanto su origen se constituye en dos elementos: una sociedad y un sistema capitalista.
Estos dos elementos son necesarios para la reproducción de la relación depredadora del Capital sobre la naturaleza y sus recursos. Por ello, más que una crisis en el contexto actual es una consecuencia lógica del propio capitalismo. Esta situación, sin embargo, ha generado propuestas que lejos de modificar la explotación sobre la Tierra reviste la relación de depredación.
El desarrollo sustentable es el discurso que hoy se ha propagado en los niveles públicos, privados y sociales; no obstante, la trayectoria conceptual de los supuestos en que fundamentan su discurso (que se vuelve ideología) conlleva a refinar los métodos de extracción y uso de los recursos naturales; es decir, se impulsa que las empresas hagan más eficaces y eficientes el uso de las materias primas dentro de sus procesos de producción.
Son estas formas discursivas en las que los megaproyectos de energía renovable se materializan e impulsan a través de políticas públicas; ellos, aunque se producen y reproducen en un discurso para ‘intervenir’ en la crisis socioambiental, son una forma innovadora creadas en el sistema capitalista para incrementar la depredación.
En el caso mexicano, es a partir de 2014 en que se genera todo un cuerpo legislativo para impulsar y regular el desarrollo de este tipo de megaproyectos en el país. Dicha legislación posee todo un marco de análisis e investigación social, ambiental y técnica que convierte estos proyectos de carácter intersecretarial ya que participa la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otras.
Por ello es que, analizar el impacto que este tipo de megaproyectos acarrea en las dinámicas dentro de la ruralidad adquiere relevancia en cualquiera de los dos niveles
expuestos anteriormente. En este sentido, es menestermencionarque aún en estos proyectos existen diferencias administrativas que ha promovido a unos y condenados a otros.
Por ello, los proyectos de energía renovable deben ser diferenciados de los denominados ‘megaproyectos de extracción’, toda vez que éstos últimos se desarrollan en un lugar determinado sin considerar el aspecto social en tanto individuo o colectivo. Esto no quiere decir que la base de los proyectos eólico y fotovoltaicos no sea la misma ya que su desarrollo está inserto dentro del sistema capitalista. La primera diferencia radica en el proceso que deriva de su aprobación, es decir, en la intervención y negociación para su ejecución en el lugar espacial y temporalmente designado.
La segunda diferencia sustancial es que, mientras los megaproyectos mineros, petroleros y de hidrocarburos se encuentran en función de la rentabilidad privada y acumulación a través de la producción de mercancías que requieren de los productos generados en estos desarrollos de gran envergadura, en el caso de los proyectos de energía renovable se insertan en la venta de servicios para el Estado y la industria Privada, en este caso, el abastecimiento de energía eléctrica para las funciones de la vida cotidiana de la sociedad. Así, mientras los primeros se insertan en la producción de mercancías, los otros se encuentran en el abastecimiento de servicios, que responden a su vez a un estilo de vida consumista y depredador.
De esta manera, mientras que los ‘megaproyectos de extracción’ se insertan en la Inversión Extranjera Directa (IED) , los proyectos de energía renovable se establecen en el discurso de la sustentabilidad y los mecanismos para mitigar el cambio climático. Por ello es que los segundos se entablan en la práctica sustentable, lo cual los hace a primera vista en otro plano fuera de la acumulación capitalista, lo cual es erróneo.
En el marco legislativo mexicano los proyectos de energía renovable deben establecer un proceso de arrendamiento conforme a la Ley Agraria (2017) según sea el caso de terrenos bajo propiedad ejidal o comunal, mientras que en el caso de predios de tipo privado se realizan contratos de arrendamiento individuales; en este sentido, la renta de tierra es una forma terciaria para la generación de un ingreso económico, por lo que la importancia de su análisis comparativo resulta de la rentabilidad que puede tener en oposición a la producción agropecuaria.
Así, “el precio de los lotes de tierra que sirve a la producción capitalista de mercancías es determinado por la suma de su renta fundaría. El precio de compra [y renta] es groso modo, igual a la renta fundaría capitalizada” (Kautsky, 1978: 199), por lo que siguiendo la lógica expuesta por Karl Kautsky, el valor de la renta de la tierra se daría en tanto es equivalente a la ganancia que le daría al productor en el caso de producirla él mismo. Allí reside la pregunta que se pretende responder al menos de manera incipiente en el presente caso comparativo.
El caso comparativo surge a raíz de los montos reportados en un contrato privado entre el arrendador y el arrendatario para un proyecto de energía renovable en un municipio del
estado de Aguascalientes en México. Es por ello que en el siguiente cuadro se realiza un detalle del precio anual, la superficie arrendada, el tiempo de vigencia del arrendamiento y las observaciones derivadas de dicho contrato.
Variables | Caso 1: Renta de tierra para un megaproyecto de negociación. |
Superficie | 154 ha1 |
Renta total anual de superficie | $2,864,139.00 |
Periodo de uso | 20 años2 |
Monto total de arrendamiento | $57,282,780.00 |
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar, el monto anual recibido es libre de impuestos y en su caso, representa un valor promedio por hectárea/mes de $1,549.85; lo cual es estático y no depende de las fluctuaciones del mercado agrícola, por ejemplo, ni de la condición climática que pueda afectar el monto establecido.
Ahora bien, la comparación debe realizarse con casos hipotéticos en los que se estime la ganancia que recibiría el arrendatario en caso de que utilizara dicha superficie de tierra para la producción agrícola, en este caso se ha seleccionado el cultivo de maíz, por su aceptación social, importancia cultural y producción nacional. Siguiendo esta lógica argumentativa, se generaron tres escenarios hipotéticos para dicha comparación a saber: el primer caso se da en una producción de temporal, mientras que el segundo y tercer caso son generados bajo un sistema de riego con una y dos cosechas por año, respectivamente.
En estos tres casos se utilizó el Precio Medio Rural (PMR) de 2017 en aquel estado de la República, así como el rendimiento (toneladas/hectárea) más alto de Aguascalientes; finalmente en el costo de inversión que incluye los fertilizantes para obtener dicho rendimiento. De esta manera para los tres casos se utilizaron los siguientes valores.
Se entiende por ‘ha’ hectárea equivalente a 10,000 m2.
Con la posibilidad de renovación por otros 20 años, todo depende del consenso de ambas partes.
Estado | Rendimiento (ton/ha) | Precio Medio Rural (pesos/ ha) | Costo de inversión | Valor de Producción (pesos/ha) |
Modalidad temporal | ||||
Aguascalientes | 0.68 | 3,253.76 | 1,388.61 | 2,212.56 |
Modalidad riego | ||||
Aguascalientes | 7.43 | 3,821.77 | $14,294.58 | 28,395.75 |
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (2017) y Díaz (2013)
Finalmente, una vez identificados los valores mínimos para los casos hipotéticos se crean dos valores de producción, el cual debe multiplicarse al doble en el caso de la modalidad riego con dos cosechas al año. Así, del valor de producción arriba generado, debe restar el costo de inversión para que resulte la ganancia neta para el productor; y de esa ganancia debe dividirse entre los 12 meses del año, para poder obtener la renta por mes que será el objeto de la comparación.
De esta manera, en el siguiente cuadro se puede observar la renta/mes en cada uno de los casos generados.
Estado | Valor de producción | Ganancia neta (valor de producción – costo de inversión) | Renta pesos/mes |
Aguascalientes | Modalidad temporal | ||
2,212.56 | 823.95 | 68.66 | |
Aguascalientes | Modalidad riego (1 cosecha al año) | ||
28,395.75 | 14,101.17 | 1,175.10 | |
Aguascalientes | Modalidad riego (2 cosechas al año) | ||
56,791.5 | 28,202.34 | 2,350.20 | |
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar, después de restar los costos de inversión y bajo una situación estable respecto al Precio Medio Rural y las condiciones climáticas para la obtención del rendimiento, el precio de la renta que poseen los casos permite realiza un análisis comparativo, a saber.
Caso | Renta Pesos /mes |
Arrendamiento proyecto energético | $1,549.85 |
Caso producción temporal | $68.66 |
Caso producción riego (1 cosecha) | $1,175.10 |
Caso producción riego (2 cosechas) | $2,350.20 |
Fuente: Elaboración propia
A partir de los valores de la renta identificados en el caso de estudio, se puede observar que el monto percibido por parte del arrendamiento es mayor que el caso de temporal y el riego con una cosecha anual. Sólo la renta que supone el caso hipotético de producción de dos cosechas al año bajo un sistema de producción de riego, supera la renta de arrendamiento del proyecto de energía renovable.
Esto permite inferir que la renta derivada de los proyectos de energías renovables es económicamente más rentable al menos en comparación con la producción de temporal y en la de riego que sea de una cosecha al año. A esto hay que mencionar que la producción por temporal en este cultivo, sin embargo es mayor que el de riego, ya que de las 6,540942.10 hectáreas sembradas en 2017, el 90.88% fue de temporal (SIAP, 2017). Esto permite observar que la producción agrícola en México está basada en la producción bajo temporal, lo que evidencia la falta de tecnificación y transferencia tecnológica por parte del Estado y los diferentes actores que intervienen en el desarrollo tecnológico y de conocimiento en el país, como las Universidades.
En este contexto, la propuesta de arrendamiento adquiere relevancia no sólo respecto a la cuestión económica, sino también por el contexto sociodemográfico de un campo que cada año envejece junto a sus productores, lo cual es un problema ya que “los mantiene debajo de la línea de bienestar y repercute en la baja productividad e incluso el abandono de la tierra” (Miranda, 2015).
Además, el monto del arrendamiento se vuelve fijo y no presenta alteraciones provocadas por factores externos como llega a ocurrir en la producción agrícola donde el cambio climático, el abastecimiento de materia prima y el proceso de labrado, producción y postcosecha implican tiempo y trabajo, algo que se complica con un campo donde los productores se encuentran entre los 46 y 75 años en comparación con la población económicamente activa que oscila entre los 38 años (Miranda, 2015).
Aunado a estos factores se encuentran otros en el ámbito económica, siendo que la actividad agropecuaria es una de las más riesgosas en términos de rentabilidad, lo cual va asociado por un lado a los efectos ambientales y climáticos, pero también a los relacionados
con el ‘libre mercado’ como es la especulación, la volatilidad del precio, la competencia entre los participantes y la oferta y demanda del producto a nivel internacional, lo cual incrementa la incertidumbre sobre la ganancia que se puede obtener e incluso sobre el retorno del capital invertido en el proceso de producción.
Finalmente, el aspecto de la renta de los productores no sólo se enlaza al ámbito económico, sino a los efectos que este tipo de cambios produce en las sociedades rurales en general y las dinámicas sociales en particular, toda vez que estos cambios en la forma de generar ingresos, conlleva, muchas veces, conflictos entre quienes no son dueños de la tierra arrendada, pero que son potencialmente afectador por la intervención del capital en el territorio que se aprecia, por ejemplo, en la modificación del paisaje..
Los cambios dentro del mundo rural dejan en claro que “la vida rural asociada con la actividad agropecuaria, abriga ahora una diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las aldeas campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial” (Carton, 2004: 279) este nueva forma de interacción se determina ya sea a través del abastecimiento de mercancías o como en el caso de los proyectos de energías renovables de satisfacción de servicios tales como la energía eléctrica.
No obstante, el problema radica en que los cambios espaciales se dan a lo sumo en la ruralidad, donde las relaciones y dinámicas sociales cambian y en algunos casos entran en conflicto. El impacto que resulta del desarrollo de los proyectos de energías renovables, especialmente fotovoltaicos y eólicos tienen un impacto en el territorio, en la percepción social del ambiente y en la vida cotidiana de las comunidades que se ven potencialmente afectadas por dichos proyectos de gran envergadura económica, técnica, ambiental y social.
Uno de los contextos de conflicto que se desarrollan a partir de estos proyectos se da entre quienes detentan el poder sobre la tierra y quienes no tienen esa capacidad en tanto su vida no posee más relación con ese medio de producción. Y este conflicto no sólo se presenta entre quienes tienen un tipo de propiedad privada, sino que también se genera con aquellos ejidatarios o comuneros que ven en este tipo de proyectos una forma pragmática para incrementar su ingreso económico.
Este contexto, sin embargo, posee diferencias sustanciales ya que el precio de arrendamiento no es fijo ni igual al que se genera en otros proyectos, ya que “el empresario capitalista no puede pagar más que ese precio [la renta fundaría], si no quiere que su beneficio descienda por debajo del nivel corriente” (Kautsky, 1978: 199), esto es, que dependiendo el tamaño del proyecto, la superficie arrendada y la negociación que se establezca con el o los propietarios serán factores que influyan en el monto a convenir. Esto presenta un problema en primera instancia debido a que en algunas ocasiones el precio de renta puede ser menor al que recibiría el productor si trabajara su tierra.
Por otro lado, la percepción de la gente sobre su espacio y el impacto ambiental supone resistencia y en su caso oposición a proyectos de ésta índole, aun a pesar de que existen
procesos de evaluación ambiental donde se garantiza el menor impacto. Empero, la población enfatiza el cambio visual.
Finalmente, ante la tendencia que existe en México respecto a la transición energética hace que estos proyectos posean un incremento en su uso y presencia en el país, por lo que es necesario establecer marcos de acción y de interpretación de los efectos que produce este tipo de desarrollos modernizadores en la vida rural. Derivado de este análisis comparativo se puede inferir que el arrendamiento de la tierra genera no sólo una opción económicamente redituable, sino que la falta de un marco legislativo que establezca precios mínimos sobre los que se pueda establecer una negociación, articula todo un proceso de especulación sobre el precio y la renta de los mismos terrenos, elemento que puede ayudar o perjudicar el desarrollo de estos proyectos de manera general, y la economía familiar campesina, en particular.
A lo largo del presente trabajo se ha observado que la ruralidad en su propia expresión compleja impone sobre las ciencias sociales todo un cambio de paradigma, dando por sentado el término de nueva ruralidad “en la misma medida que se agotan los conceptos de análisis económicos y sociológicos de las escuelas neoclásicas, marxistas y luego neoliberales” (Carton, 2004: 29).
Además, es importante subrayar que actualmente la dinámica rural no es igual a la del siglo pasado, porque “junto a la agricultura o la producción pecuaria y forestal se desarrollan una serie de labores que dan a las sociedades rurales un carácter multidimensional con diferentes fuentes de ingreso” (Torres y Morales, 2014: 7), por lo que más que añorar lo bueno del pasado, se requieren acciones que coadyuven a garantizar que estos nuevos procesos no contribuyan a la reproducción de la pobreza en estas zonas, de allí la importancia del papel del Estado en generar normas y leyes que sanciones y obliguen a que estos proyectos de energía renovable coadyuven al desarrollo social y al crecimiento económico. La sociedad debe dar el siguiente paso y no sólo permanecer en una posición reactiva hacia los proyectos, sino participar en la conformación de los procesos de consulta y evaluación de los mismos para que tenga posibilidad de intervenir desde el principio y no cuando el proyecto esté autorizado y en vías de desarrollo.
En este nuevo paradigma, se prevé el análisis por un lado de la dinámica social a partir de la unidad familiar rural, por un lado y la crítica de los efectos de la globalización en la vida rural por otro. En este sentido, el caso concreto analizado dio paso a construir un análisis integral en tanto la renta de tierra para el desarrollo de proyectos de energía renovable tiene como base el desarrollo de políticas públicas basadas en la sustentabilidad y por otro, su efecto inmediato en la economía familia campesina, lo que convierte la renta de tierras en una opción económicamente rentable, a pesar de los conflictos sociales que puede desatar entre los que integran y se apropian del territorio rural.
Por otro lado, se dio paso a la configuración de los problemas que este tipo de proyectos generan en la ruralidad, por lo que se deben construir marcos teóricos que permitan analizar los cambios, las consecuencias y las formas de negociación que se están entablando
en la realidad próxima. Negar los proyectos de esta índole tiene un precio más elevado que el dejarlos actuar, lo que se debe luchar y enfocar la sociedad civil es en asegurar canales y cuerpos normativos fuertes que aseguren el menor impacto ambiental, la mayor participación social, el seguimiento y evaluación ciudadana, así como la búsqueda del desarrollo económico local para la zona potencialmente ‘afectada’.
Finalmente, se dio paso a la identificación de los proyectos de energías renovables como diferentes de los llamados megaproyectos de extracción, toda vez que los primeros consideran de manera administrativa la interacción y negociación social, lo cual aunque es incipiente y carente de un sentido crítico, es una base desde la cual la sociedad organizada debe comenzar un proceso de movilización para generar mecanismos de evaluación que les permita evitar la depredación de los recursos naturales como se ha hecho desde el capitalismo salvaje.
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Vol 28, N°2
Esta revista fue editada en formato digital en junio de 2019 por su editorial; publicada por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
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