Darío Salinas Figueredo*
El trabajo se estructura a partir de un eje de preocupación que tiene que ver con los procesos políticos en la región y los conflictos que se desarrollan en el contexto de un modelo de sociedad de mercado bajo múltiples señales de crisis. Se enfoca el movimiento de la región, so reserva de todos los matices y singularidades particulares, colocando el acento reflexivo en las tendencias políticas más globales. Con ello se busca una presentación general para sugerir algunos principios analíticos de discusión que resultan relevantes para el estudio del escenario regional actual. Se aborda el neoliberalismo como expresión del capitalismo de este tiempo, en crisis, aunque vigente y con un historial de triunfos frente al campo popular. Hablamos de procesos políticos como campos de fuerza y cambiantes correlaciones que se dinamizan alrededor de objetivos políticos y estratégicos en pugna, en conflictiva interrelación con un contexto hemisféricos caracterizado actualmente por un reacomodo agresivo y conservador de la política estadounidense.
Recibido: 15-10-2017 / Aceptado: 05-12-2017
*Universidad Iberoamericana, México. E-mail: dario.salinas@ibero.mx
Political changes in Latin America: the dynamic solution of anti-neoliberal advances and the restoration of the conservative solution
The work is structured around an axis of concern that is related to the political processes and conflicts of the region that are developed in the context of a market society model under multiple signs of crisis. The movement of the region is focused, so it reserves all the nuances and particular singularities, placing the reflective accent on the most global political tendencies. A general presentation is sought to suggest some analytical principles of discussion that are relevant for the study of the current regional scenario. Neoliberalism is approached as an expression of capitalism of this time, in crisis, although in force and with a history of triumphs over the popular field. We speak of political processes as force fields and correlations of changes that are directed against political and strategic objectives in conflict, interrelation with a hemispheric context, currently for the present and conservative of American government policy.
La historia política reciente no se entiende sin el proceso de neo liberalización que envuelve a las sociedades latinoamericanas. El modelo en que se funda se impone como resultado de un triunfo de las fuerzas más conservadoras del capitalismo. Sin el menor ánimo de teorizar sobre la reestructuración sistémica que le es consustancial, conviene decir que su sola formulación, como preocupación de análisis, ya nos coloca frente a un esquema económico-político e ideológico de regularidad que corresponde al capitalismo de este tiempo provisto de un sistema de denominación.
América Latinayel Caribefuelaporcióndelplanetaquesehaconvertidoenellaboratorio privilegiado de experimentos neoliberales, acompañados de políticas desregulatorias y de apertura comercial, coincidente en el tiempo con la crisis y derrumbe del socialismo. Con el beneficio del tiempo transcurrido y las profundas transformaciones claramente decantadas, nuestra región puede verse en la actualidad como el espacio social donde ese
modelo adquirió las formas más radicales desde el punto de vista de la reorganización del Estado, la política y la sociedad. Así también, el ensayo social alternativo de respuesta y propuestas políticas, en registros muy diversos, contra ese proyecto tuvo en estas mismas latitudes años después sus expresiones más nítidas.
Conectadas entre sí, dos de sus ejes fundamentales de instrumentación, y consecuencias a la vez, son la desregulación de la economía que modificó el parón de acumulación, la precarización extrema de las relaciones laborales y el proceso de pérdida de derechos sociales. La democracia en aquellas condiciones fue asumida como negociaciones acotadas en el espacio de un nuevo capitalismo, de mercados interconectados, de libre concurrencia global, pero con condiciones laborales precarizadas. América Latina se vio completamente envuelta por la “ley de hierro” de esa competitividad generalizada, inducida por la “mano invisible” cuya voracidad fue creando la necesidad de una masa de pobres y excluidos, para sostener la nueva inserción, sortear las precariedades del desarrollo tecnológico, el intercambio desigual y la histórica “heterogeneidad estructural”. Ese modelo mercado- céntrico, mucho más que el anterior estructurado bajo la lógica de los “Estados de bienestar”, colocó la exigencia funcional de una cuota estructural de pobres, una “población sobrante” al decir de Cademartori (2004), como garantía de sostén para la competitividad. El sometimiento a brutales exigencias externas en los mercados ha sido su tónica y que en la experiencia de América Latina no ha hecho más que producir un ahondamiento incomparable de las históricas desigualdades de clases, regionales, culturales y étnicas.
La sensación de la derrota que se adueñó del progresismo y la izquierda fue el correlato del proceso de articulación de ideas y expectativas que fueron construyendo la hegemonía neoliberal. El carácter involutivo y revolucionario a la vez del cambio impuesto resultaba alarmantemente formidable. Sus efectos sociales fueron devastadores. Desde ese ángulo se argumentaba que todo aquello no era deseable, pero por la fuerza de su facticidad era el único mundo posible. Ir contra la corriente, por tanto, aparecía como una irresponsabilidad ante la historia misma. Esa forma de asumir la realidad desde las percepciones sociales se fue convirtiendo en la visión hegemónica del neoliberalismo.
Un agudo fenómeno que se fue acentuando en el transcurso de aquel complejo cambio en desarrollo, cuya tendencia continua hasta nuestros días, es el diagnóstico que asigna a esta porción del planeta como el domicilio de la mayor desigualdad social junto con los niveles más altos de concentración de la riqueza (Puchet y Puyana, 2018).
Colocado en el tiempo, esto no constituye solo un saldo o resultado de determinadas políticas, sino de un prerrequisito adherido firmemente a la maquinaria que como totalidad reproduce las condiciones de una sociedad neoliberal. Como proceso, todo esto ha ocurrido en vinculación con el reordenamiento del sistema mundial y sus núcleos de referencias tanto en términos económicos, comerciales como el terreno en que dinamizan las expresiones de fuerzas. Desde aquella portentosa reestructuración la región se enfrenta a un período muy agresivo de la globalización capitalista.
Inscrita en la dinámica mundial que se impulsa entre 1989 con el Consenso de Washington y la década de 1990, recién hoy parece percibirse mejor que nunca aquella
conocida noción de Marx, según la cual el mundo entero sería un gran sistema de mercados interconectados. Una especie de “aldea global” donde los capitales, el trabajo y, en general, todas las mercancías, legales e ilegales, gozarían del espacio necesario y de las garantías de apertura, explícitas o implícitas, para circular con unas condiciones de libertad nunca antes vista. El ingreso a esta fase tuvo implicancias profundas en diferentes direcciones. Por un lado, el proceso difícil y socialmente doloroso de desmontaje de la estructura previamente existente, y que en la experiencia de América Latina y el Caribe significó una fuerte arremetida, intra-sistémica, en contra todo vestigio del llamado “Estado benefactor” o Estado de compromiso.
Entre tanto, el desarrollo de los mercados en favor de las nuevas formas de acumulación cuya dinámica, junto con imponer una ampliación extendida de la esfera mercantil en detrimento de las garantías públicas, supuso la implementación de profundas reestructuraciones en el ámbito de las relaciones sociales. Esto significa que, junto con la globalización de los mercados, el nuevo modelo al imponer su hegemonía trajo consigo, tempranamente, la exigencia imperativa de flexibilizar la estructura contractual e institucional de las relaciones laborales, con el consiguiente debilitamiento en la capacidad de negociación y de representación de la ancha franja social donde se reconoce a quienes viven del trabajo. La imposición de aquella lógica mercado-céntrica se ha caracterizado por presentar difíciles conciliaciones con organizaciones políticas sustentadas en fórmulas que han implicado algún esquema de participación ciudadana. Es más, el propio concepto de ciudadanía ha sido trastocado. En efecto, bajo el protagonismo del mercado, fueron desplazadas desde el mundo del trabajo para domiciliar a sus ciudadanos en el mundo del consumo y del mundo de la participación al de la exclusión. La mercantilización social que de todo ello deviene no tiene precedentes en la historia del capitalismo en América Latina.
El resultado fue una remodelación completa de la sociedad desde su base hasta su cúspide. La proyección de “El fin de la historia” (Fukuyama, 1994) tuvo su prosecución en versión criolla con “La utopía desarmada” (Castañeda, 1995) y “El otro sendero” (Soto, 1987), sendas elaboraciones que le otorgaron atractivas pistas de aterrizaje a la revolución del pensamiento único. Estos poderosos referentes intelectuales, se presentaron bajo diversos ropajes de un “pensamiento renovado y actualizado” cuya eficacia produjo todo tipo de espejismos en la sociedad. La trama de empobrecimiento, exclusión social, represión y desideologización de la política generó a su turno modificaciones drásticas en la expectativa de la población y en última instancia en los comportamientos, todo lo cual explica cómo este sistema ha podido instalarse bajo regímenes claramente dictatoriales, como en Chile, o bajo el funcionamiento de instituciones democráticas como en México.
Esa capacidad de domiciliarse que tuvo el neoliberalismo “como forma de vida”, sin que importe demasiado la cualidad del régimen político, constituye una dimensión crucial para estudiar su legitimación y en definitiva para generar las condiciones sociales de su reproducción como modelo de sociedad. Tomo aquí prestado una línea argumental de Harvey (2007) para pensar que las mutaciones en la percepción de los sujetos, dentro de ese complejo movimiento de traslación que va de lo social a lo individual, so pretexto de un concepto de libertad para “decidir”, fue generando la cuota de consenso en favor de
un orden social que de hecho termina aceptándose como tal. Todo está en la esfera de libertad para ser discutido democráticamente, menos el orden social. Si es así, no resulta descabellado suponer que el mayor triunfo estratégico del neoliberalismo fue haber logrado formatear la conciencia social.
Las políticas que se impulsaron para enraizar este modelo con las llamadas reformas de “primera generación” que, como en el caso de Chile se aplicaron “sin anestesias” bajo dictadura militar, se orientaron al debilitamiento y al despojo de las empresas estatales, la privatización y la apertura al exterior vinculando la organización de las economías al ciclo exportador, eliminando el funcionamiento de los controles reguladores sobre el mercado (Salinas y Tetelboin, 2005). Las siguientes reformas, las de “segunda generación”, impulsadas en contextos de democracias electorales, introdujeron variantes de financiamientos en la capacidad institucional del Estado, con campos de afectación en la salud, la educación y la seguridad social. En todo caso, lo cierto es que todas las reformas subsecuentes se hicieron manteniendo incólumes los fundamentos sistémicos de la privatización, apertura, desregulación financiera y la renuncia al principio del pleno empleo (French-Davis, 2005). Sus tendencias fundamentales hasta nuestros días se mantienen intactas y se sostienen dogmáticamente en la idea de que el Estado sólo debe procurar que el mercado funcione de manera adecuada para evitar las restricciones y los impedimentos a la libre y plena competencia (Tello e Ibarra, 2012).
Es en las coordenadas de aquella trayectoria donde localizamos las expresiones de resistencia, las pugnas en torno a los proyectos y la crisis del neoliberalismo en América Latina. En medio de las diversas señales de cuestionamientos a la política predominante, así como al modelo que lo genera, surgieron preguntas sobre los límites de los programas neoliberales (Estay et al., 2012). Lo que en términos de debate logró expresarse ocurría en medio de un complejo proceso de luchas sociales frente al modelo de desarrollo hegemónico. Los propios organismos internacionales como la CEPAL y el Banco Mundial no escaparon a este juego de ideas y diagnósticos. Un eje del mismo se situó alrededor de la hipótesis sobre el agotamiento del modelo en que se apoya la sociedad de mercado (Sader, 2010). Un nivel importante de las preguntas formuladas en esa perspectiva alcanzó incluso a colocar la idea de pensar en una fase post-neoliberal. Los hechos (estructuras, instituciones y el mundo de las convicciones predominantes) fueron más gravitantes que el alcance real de aquellas ideas. Aun así, pensar fuera del modelo hegemónico tuvo su importancia, porque en esa medida se asumía un cuestionamiento tanto de los fundamentos como de los resultados del neoliberalismo que llegaban en algunos casos hasta diferentes formas de rechazo. Detrás de todo, y dependiendo del país en concreto, se podía rescatar la dinámica de un conjunto más o menos heterogéneo de fuerzas en el juego de las alianzas o coincidencias que estaban en favor de impulsar nuevos proyectos.
Puede advertirse en este sentido el despliegue de un proceso transversal que, aunque de potencialidades y articulaciones diferentes, cruza a toda la región latino-caribeña.
Entre sus variados referentes puede considerarse a los procesos gubernamentales en franjas importantes de la región, cuyas proyecciones fueron alimentando el sentido de un accionar político en una perspectiva de cuestionamiento al orden social predominante. Sin perjuicio de los sistemas de liderazgos o de nuevas dirigencias, en una revisión más cuidadosa es importante considerar el peso renovado de las luchas sociales, sus singularidades y articulaciones hacia proyectos alternativos dentro de un rango de esferas y escenarios muy diversos.
Estos referentes se encuentran en el caracazo de 1989, que fue el resultado de la respuesta social contra un paquete fondomonetarista, el levantamiento zapatista de 1994, la llamada guerra del agua y el gas en Bolivia con un sentido social y político anti- privatizador que culmina con la renuncia en 2003 del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la destitución ese mismo año del presidente Carlos Andrés Pérez que puso de manifiesto la fisura del sistema institucional venezolano, el derrocamiento por fuerzas populares movilizadas de gobiernos neoliberales en Ecuador y Bolivia entre abril y junio de 2005, así como el desarrollo del movimiento estudiantil en Chile ante el fracaso de la educación de mercado, especialmente durante el 2006 y 2011 y, a no dudarlo, el inusitado movimiento de resistencia y protesta popular en Brasil en junio de 2013.
En la trayectoria de este arco temporal (que sin ser exhaustivo registra importantes revueltas populares, de signos ideológicos diversos y composiciones sociales muy heterogéneas, híbridas incluso en algunas experiencias, las cuales llegaron incluso en muchos casos hasta interrumpir el mandato de gobiernos de inspiración neoliberal como en Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Argentina y Haití), se puede construir un espacio analítico para dar cuenta de importantes modificaciones en las relaciones de fuerza, tanto desde el punto de vista social como político ideológico. Sin que sean desde luego idénticas las experiencias de lucha que se pueden registrar, puede dibujarse en todas ellas un elemento común que se vincula a contenidos populares y nacionales, que en cada caso se articuló para bloquear o desmontar la aplicación o profundización de programas neoliberales o para mostrar la insuficiencia de las políticas de contrapeso. En un ejercicio de jerarquización sobre el contenido de las demandas y las invocaciones en los procesos de lucha, es muy probable que la sensibilidad social de mayor alcance frente al neoliberalismo, tenga su eje de articulación alrededor de los derechos sociales en el sentido más amplio que permite la categoría (Pleyers, 2015; Favela y Guillén, 2009; Almeida y Cordero, 2017).
Desde una mirada esquemática es poco lo que se puede entender de lo que se ha logrado cultivar en el desarrollo de aquellas experiencias. No hay que olvidar que las expresiones sociales de lucha venían cargando importantes reveces y duras derrotas, como el golpe de Estado en Chile en 1973, las invasiones militares estadounidenses a Granada en 1983 y a Panamá en 1989 y la derrota electoral sandinista en las elecciones de 1990. Completaba aquel devastado cuadro político el derrumbe del campo socialista y el despliegue del poder omnímodo de las estrategias estadounidenses a nivel global. La revolución cubana era en aquel momento el único referente para preservar al menos una perspectiva diferente.
Como sea, es desde aquel desolador escenario político regional el lugar analítico desde cual hay que partir para valorar ponderadamente el desarrollo de los procesos políticos
actuales (Regalado, 2012). Después de un largo y farragoso debate sobre el tema de las vías, especialmente durante el segundo quinquenio de los sesentas, paradójicamente un factor considerable posibilidad, inserto en la propia institucionalidad de nuestros países, fue el espacio electoral que permitió repensar la política y encausar las luchas sociales. En esa proyección no se desconoció el hecho de que el sistema político en que se desenvolvía el neoliberalismo, por regla general, ha logrado redefinir la democracia hasta reducirla a sus meros procedimientos electorales (Vázquez e Aibar, 2013). Democracias vaciadas de contenido o reducidas a lo mínimo y que en las reflexiones hegemónicas aparecía como una “superestructura natural” del neoliberalismo. Sofisticadas construcciones politológicas, como las de Krauze (2016) buscaron solventar, infructuosamente, la idea de una democracia sin adjetivos. Nada pudo impedir que el desencanto social se incubara y se multiplicaran las formas de rechazo a la política predominante. A partir de las desastrosas experiencias de mandatarios que operaban en un sentido completamente distinto a lo proyectado en las campañas electorales, se dibujó un posible camino democrático que fuera diferente. En el terreno de las percepciones y las luchas sociales, la crítica al neoliberalismo había germinado inicialmente de este modo. Se podía cuestionar a un mandatario por incumplimiento con el mandato de los gobernados e incluso exigir su revocación. De allí surgieron algunos entendimientos políticos para ensayar el apoyo a plataformas gubernamentales con la decisión de elegir gobiernos con el mandato de instrumentar otras políticas.
Por aquella senda se dibujó un mapa político electoral diferente que comenzó a modificar el balance de fuerzas a nivel regional. Su proyección abrió posibilidades de cambios políticos importantes, llegando incluso en algunos procesos a la necesidad de plantearse la reconfiguración institucional en medio de fuertes conflictos, con demandas políticas cada vez más articuladas, resistencias oligárquicas y arremetidas mediáticas conservadoras de los grandes monopolios comunicacionales. Instrumentar una asamblea constituyente, seguida de un referéndum constitucional, como en Venezuela en 1999 y 2017, Bolivia en el 2006 o Ecuador en 2007, ha implicado colocarse en el umbral de las transformaciones del poder. Plantearse modificar el diseño institucional de un país era el anticipo de cambios sustantivos. Llegar a ese punto significó haber logrado forjar una determinada voluntad política, aglutinar fuerzas y capacidad de convocatoria social para hacerlo. El Estado fue pensado más allá de sus funciones para recuperar una perspectiva fundacional en el sentido de la participación como un asunto central del poder político. En la medida en que estas tendencias apuntaron hacia su profundización, también fueron mostrando contradictoriamente los pilares de la dominación neoliberal en sus fundamentos internos, así como los límites o desafíos de los procesos de transformación (Salinas, 2007).
Es en la complejidad de estas experiencias de lucha, de resistencia, oposición y estructuración de alternativas, el lugar de donde surgen las referencias para preguntarse sobre el significado de los gobiernos electoralmente triunfantes. Alimentando el desarrollo de este nuevo proceso alternativo se registran germinalmente los triunfos electorales de Venezuela en 1998, con Hugo Chávez, y el de Brasil en 2002 con Lula en la presidencia. Son un punto de arranque importante que habrá de alimentar el desarrollo de una tendencia
transformadora, y que en conjunto con otras experiencias similares fueron constituyendo abigarradamente la nueva realidad política de la región. Son gobiernos que han hecho su lectura a partir de considerar que el neoliberalismo ya no alcanzaba a producir el consenso, o la expectativa que alimentaron la conformación de una mayoría necesaria para el triunfo de su oferta política, por ejemplo, Fujimori en la experiencia peruana. Las invocaciones de la modernización neoliberal han topado, en aquellas circunstancias, con ciertos límites de su capacidad hegemónica en la producción de la cuota de legitimidad y consenso alrededor de su proyecto. Aquella capacidad ideológica que impulsara dejó servir para ganar elecciones (Elías, 2006).
Las nuevas configuraciones de fuerzas movilizadas aportaron los ingredientes para entender por qué no han podido avanzar más aquellas políticas de “libre mercado” y sus tratados comerciales durante la primera década del presente siglo. En el marco de ese complejo juego de pesos y contrapesos, un momento político primordial constituye el freno que se le ha puesto en diciembre de 2005 a las pretensiones hegemónicas de llevar a todo el continente el proyecto “Acuerdo de Libre Comercio para las Américas” (ALCA) en Mar del Plata. Allí se pudo dimensionar el cuestionamiento a las concepciones neoliberales de integración, seguridad regional y cooperación hemisférica. Cabe destacar que, dentro del conjunto de países latinoamericanos, los que reportaban en aquel entonces un mayor porcentaje de comercio con Estados Unidos no son precisamente aquellos que firmaron tratados bilaterales de libre comercio (TLC). Son los casos de Brasil y Venezuela. No deja de llamar la atención que hayan sido precisamente estos gobiernos los que ya en aquellas circunstancias se caracterizaron por mantener una distancia crítica, en grados distintos, con respecto a la política comercial con la marca registrada por los objetivos de Washington.
Frente a los valores cultivados por el mercantilismo, la “competitividad” y las oportunidades del “libre comercio” (entre desiguales, claro está), han surgido referentes distintos como el principio del “comercio justo” o el del “intercambio solidario”. Allí están los que han coincidido en el plano regional para el impulso de propuestas diferentes de integración que se ratificaron en la Alternativa Bolivariana para Nuestra América (ALBA) fundada en La Habana en 2004, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) creado en Venezuela el 2007 y su tratado constitutivo al año siguiente, el Proyecto del Banco del Sur y suscrito en Buenos Aires en 2007, el Consejo Sudamericano de Defensa formulado por los miembros de UNASUR en Costa de Sauipé, Brasil en 2008. Estas nuevas instancias de cooperación, aunadas a otros proyectos como PETROCARIBE, son respuestas políticas y diplomáticas en la configuración de nuevos formatos de integración, para el impulso de referentes multilaterales y el tratamiento de los desafíos comunes frente a la hegemonía estadounidense (Katz, 2006).
En un estudio más pormenorizado, y en perspectiva histórica de la larga duración, no debe constituir una sorpresa absoluta el empeño latinoamericano por forjar estos instrumentos de concertación. Hay en el acervo latinoamericano referentes de fortaleza para hilvanar posicionamientos en favor de la unidad regional desde los instrumentos propios que conciernen a la política y la diplomacia (Salinas, 2016). La recuperación de esta trayectoria puede ser larga. Baste recordar para lo que aquí interesa, por ejemplo, como
en el 2008 el Grupo de Río adquirió su actual fisonomía con la incorporación de Guyana, Haití y un poco más tarde Cuba. En 2010 durante la celebración de su 21 reunión, en la denominada “Cumbre de la Unidad” celebrada en la Riviera Maya, dio el paso más definido al generar la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La Declaración de Cancún, suscrita por todos los países de la región latinoamericana, se ratifica en la Cumbre de Caracas (CELAC, 2011).
Por su naturaleza y composición, en su análisis cabe la consideración de un punto de quiebre si consideramos la trayectoria de la región desde las pretensiones del monroísmo. Sus propósitos fundacionales están orientados hacia los requerimientos de la integración política, económica, social y cultural, así como sus objetivos están proyectados para la defensa del multilateralismo como medio para incidir en el manejo de los grandes temas de la región y los acontecimientos de la agenda global. En el apartado dedicado a crisis económica el nuevo organismo se pronuncia a favor de la creación de una nueva arquitectura financiera regional, incluyendo la posibilidad de realizar pagos en monedas nacionales y evaluar la creación de una moneda común, así como la cooperación entre bancos nacionales y regionales de fomento. Los dos aspectos centrales y probablemente los más concretos que firmaron los presidentes en Cancún son los rubros dedicados a “energía” y a la “integración física en infraestructura”. Sin perder de vista que se trata de un proceso, no es menos significativo que haya aparecido con especial fuerza el desafío energético. Son planteamientos, no exentos de dificultades, muy avanzados e imprescindibles, si se considera la importancia estratégica de promover la expansión de fuentes de energía, la socialización de experiencias y transferencia de tecnología sobre programas nacionales de biocombustibles y el impacto de la producción de etanol (Rojas Aravena, 2012).
Sin embargo, por arduos que hayan sido los esfuerzos multiformes de trazar esta nueva ruta continental, al margen del liderazgo hegemónico hemisférico, su notable significado político y potencial democratizador fueron dejando grandes interrogantes a la hora en que se enfrentan a la arremetida conservadora. Para todos aquellos gobiernos que han ido tejiendo estos nuevos referentes, más allá de la Organización de Estados Americanos, OEA, resultaba crucial afianzar sus proyectos, consolidar los vínculos entre gobernantes y gobernados, ganar las elecciones y consolidar las condiciones un “buen gobierno” que recomponga el tejido social desmembrado por el neoliberalismo. Ese “buen gobierno”, conforme fue avanzando en la implementación de su programa se ido enfrentando de manera inevitable con el sistema de dominación en la compleja trama de sus articulaciones institucionales y no institucionales, internas y externas.
El reconocer en este juego de tendencias y contratendencias la parte benéfica que se viene configurando en el escenario político regional, en favor de la democracia y la soberanía y la posibilidad de articular intereses populares en la acción gubernamental, no es desde luego para sacar cuentas alegres. Menos aún si lo consideramos desde el escenario actual. La heterogénea oposición al neoliberalismo no implica en todas las experiencias un cuestionamiento a su sistema de dominación. Este es un debate inconcluso que concierne a la problemática de las alternativas políticas. Los golpes de Estado como en Venezuela (2002), (2009) y el “golpe parlamentario” que culmina con la destitución
del presidente Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff (2016), las políticas de desestabilización o intentos de golpes, como en Bolivia (2008) y Ecuador (2010) y la amañada inhabilitación política de Lula (2018) se han convertido en agudos referentes de los procesos de cambio y sus desafíos democráticos. Es más, estos antecedentes son muestras de la capacidad disponible en el acervo de los recursos institucionales y políticos de la derecha, cuyo accionar encuentra sus correspondientes ligámenes con la disposición coadyuvante y a veces francamente impulsora de la política estadounidense hacia la región.
Si comparamos los dos periodos del gobierno demócrata bajo Barak Obama y el tiempo que lleva la actual administración encabezada por Donald Trump podemos establecer, sin desconocer las características específicas de cada gestión y sus respectivas circunstancias políticas, una clara línea de continuidad en lo que se refiere a sus criterios estratégicos con respecto a nuestra región.
Aunque no haya expresa definición de una política hacia América Latina y el Caribe en el encuadre de esa jerarquización exterior, conviene considerar que históricamente ningún gobierno estadounidense se ha apartado de las premisas estratégicas que direccionan las relaciones hemisféricas. Nuestra región es la franja del planeta donde se encuentra domiciliado el mayor número de intervenciones estadounidenses. Su frontera sur, ha sido y sigue siendo de hecho considerado una suerte de prolongación de su territorio. El concepto de “patio trasero” se encuentra completamente ratificado en la índole de sus decisiones en diversas materias que competen a la relación con nuestra región. Más allá de cualquier ámbito de concreción, lo que encierra esa proyección es constitutivo de un expediente de regularidad que no se puede desligar de la actual contraofensiva desestabilizadora y golpista contra aquellos procesos y gobiernos que han diseñado sus proyectos nacionales y regionales sin el consentimiento de la política norteamericana. Esta constante aparece reafirmada y endurecida en la actual administración republicana. En la medida en que estos procesos antineoliberales tiendan a modificar aquella tradicional forma relación entre EE.UU. y América Latina, dentro de la cual se concebía la normalidad basada en la subordinación o el acatamiento de los países en la región, no hay que desmerecer ninguna estrategia de respuesta por parte de la política norteamericana.
Asistimos a un proceso involutivo de recomposición en América Latina. En ese marco hay que entender la activación de iniciativas concertadas para clausurar todo vestigio de gobiernos progresistas en la región, para lo cual ya se ha conformado una franja de gobiernos aliados a los designios de Washington. El intento de desmontar UNASUR y el impulso a un llamado “Grupo de Lima” son parte de la nueva estrategia en desarrollo.
Desde una lectura latinoamericana es preocupante observar el discurso de las drogas y su radical proceder frente al tema migratorio, lo cual resulta completamente coherente con la militarización de su política que se ratifica en el incremento del presupuesto para la seguridad. Su insistencia en la construcción del muro en la frontera con México resulta inherente a una concepción militarista de la política. Es más, toda la política exterior y su
diplomacia se proyectan desde posiciones de fuerza, secretando una constante expresión de superioridad y prepotencia en las relaciones internacionales. Su enfoque sobre temas de seguridad y defensa tiene prosecución en una verdadera guerra comercial internacional, uno de cuyos ingredientes, por ejemplo, tiene que ver con los impuestos a la importación de acero y aluminio bajo invocación ideológica precisamente de la seguridad nacional. En esta misma trayectoria se localiza la aplicación de impuestos notablemente incrementados a la importación China. Un índice inequívoco de los intereses a los que expresa su gestión se asocia a su temprana reforma fiscal, que al reducir drásticamente los impuestos establece el umbral desde el cual se proyectan beneficios sustantivos para las empresas y gran capital.
El rechazo a los acuerdos previos con Irán, las sanciones y luego los bombardeos a la República Árabe Siria y las agresivas propuestas de relación con la República Popular Democrática de Corea, así como los pronunciamientos sobre renovación de los armamentos nucleares, y las peligrosas tensiones con Rusia ponen, con todo, en entredicho la institucionalidad internacional y trastocan aspectos extremadamente delicados como la cuestión nuclear.
Venezuela, en el marco de un entorno regresivo, es hoy por hoy punto más sensible de la política regional. Allí está en juego la supervivencia de un proyecto de transformación y autodeterminación. No es antojadizo pensar que puede sucumbir por el accionar de la intervención y por los errores en la conducción del proceso que se enfrenta diariamente a enemigos muy poderosos. Estados Unidos no está por contribuir a la distensión del conflicto en Venezuela. Las decisiones adoptadas contra la economía venezolana, como las sanciones con implicancias extraterritoriales y el deliberado empantanamiento que ha provocado al inicio de las relaciones diplomáticas de su gobierno con Cuba, reafirmando el bloqueo, ya no son señales de una posible política, sino las características de una forma de relación que de hecho se ha venido imponiendo. La conducta norteamericana hacia estos países, aunque no haya una expresa formulación de política en tal sentido, constituye una luz verde para la activación conservadora, habida cuenta de la reconstitución de sus aliados preferenciales en una franja gubernamental importante de América Latina. Su política es parte fundamental de la lucha por la hegemonía y el reposicionamiento de su liderazgo en la región (Gandasegui y Preciado, 2017). Si alguien tuviera todavía alguna duda sobre el sentido que busca imprimirle a la política la administración republicana bastaría con observar, desde sus respectivas esferas de influencia o procedencia, los nítidos perfiles políticos que caracterizan a la composición de su gabinete y los recambios instrumentados en el transcurso de su gestión.
Aunque haya formulado recientemente un nuevo documento de seguridad, su lectura no descarta aquella idea de “buscar a los terroristas en cada rincón del planeta”. La expansión de las bases, misiones militares y sus sistemas de espionaje por todo el mundo son rasgos de su presencia atestiguadas por las relaciones internacionales. Define a conveniencia las amenazas a su seguridad, de igual modo como construye al enemigo al que hay que invadir o aniquilar. (Rodríguez, 2017). De allí la importancia de tener en un lugar prioritario de la discusión el hecho de que, en la actual correlación de fuerzas, la política de Washington,
más allá de su cuota de desprestigio internacional y su crisis económica y financiera, conserva la supremacía militar, los instrumentos de coacción económica y financiera internacionales, así como una gran capacidad de incidir en las conciencias a través del poderío mediático del que dispone.
No sería exagerado, entonces, proponer que, ante un debilitamiento relativo del imperio en la arena mundial frente a un proceso policéntrico de reordenamiento internacional y las fisuras en su hegemonía global, todo su empeño propenda a aferrarse con más fuerza a “su patio trasero” y su estratégico entorno inmediato de seguridad territorial (Gandásegui, 2017). De ahí que su relativo declive global no necesariamente signifique un deterioro equivalente de su capacidad para controlar su tradicional “zona de influencia”. Es indudable que el predominio que Estados Unidos tenía antes en la región hoy ciertamente no es exactamente el mismo. No todo lo que ocurre en la región se encuentra bajo los radares de su control. Aun así, sería un grave error minimizar o subestimar su capacidad y su disposición para incidir en cada uno de los acontecimientos fundamentales de nuestros países.
De esta historia política reciente se desprenden cuestiones importantes que buscan reinterpretar el carácter de las transformaciones en curso, sus avances y retrocesos y cuya tendencia general no deja de cuestionar, en grados organicidad diversos, el propio sistema de dominación. En ese contexto los procesos democratizadores que han sufrido reversiones importantes sirven para pensar en la emergencia de nuevos mecanismos construidos para impedir el desarrollo de los cambios políticos. Algunos análisis argumentan incluso la articulación de un proceso de “restauración conservadora”. Esta noción puede ser discutible, pero tiene la cualidad descriptiva para designar la contraofensiva de la derecha que con intensidades distintas desarrollan objetivos políticos y estratégicos a fin de retrotraer los cambios anti-neoliberales que han avanzado durante el primer quinquenio del presente siglo.
Honduras, miembro de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, fue en 2009 el escenario del primer experimento incruento que derrocó al mandatario constitucionalmente electo, Manuel Zelaya. La razón más directamente vinculada al hecho se refiere al lanzamiento de un proyecto encaminada hacia una reforma de la constitución que le hubiera permitido de nuevo presentarse como candidato a la presidencia. La paradoja estriba en que el presidente que electoralmente le sucede, Juan Orlando Hernández, nada pudo impedir su reelección ni tampoco requirió de una modificación constitucional. Más aún, a pesar de las graves acusaciones de fraude pudo consolidar su triunfo y retomar la continuidad del proyecto neoliberal. Un antecedente que no puede minimizarse tiene que ver con la promesa en durante su campaña hiciera Zelaya en el sentido de que abriría un espacio de decisión para revisar la vigencia de la base militar del Pentágono en Soto Cano
Paraguay en 2012, con el golpe, igualmente “blando” en contra de Fernando Lugo, presidente electo, ocurrió bajo la acusación de culpabilidad en una masacre de campesinos en Curuguaty, cuya investigación posterior concluyó que su gobierno nunca tuvo que ver con aquel trágico acontecimiento. Desde entonces, y hoy con mayor fuerza después del triunfo de Mario Abdo Benítez, heredero en línea directa de la dictadura de Alfredo Stroessner, el redespliegue neoliberal retomará su senda programada en una de las sociedades de mayor pobreza en la región. Un antecedente importante tiene relación con los increíbles términos de la acusación en la que se imputó al presidente por haber incurrido
“…en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política a toda la República, generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales…”
El otro antecedente, poco discutido, fue la intención del Pentágono de asegurar una base militar en “Mariscal Estigarribia”, estratégica zona del Chaco, colindante con Bolivia, a la que se opuso el gobierno de Fernando Lugo a través de su Ministro de Defensa Luis Bareiro Spaini, quien tras enfrentar un juicio político en la que aparece involucrada la embajadora estadunidense acreditada en Asunción, termina renunciando a su responsable en dicho Ministerio.
Argentina y el triunfo electoral de Macri busca, sin conseguirlo, erigirse en el rostro exitoso de la derecha de ese país y de la región. Su gobierno no ha podido irradiar por el desprestigio que le acarrea sus drásticas políticas neoliberales y la respuesta social de rechazo que con ello ha generado. El siguiente eslabón en la cadena de retrocesos fue Brasil. Un amañado impeachment culmina con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en el 20016, anticipando un segundo golpe judicial en el 2018 que termina encarcelando e inhabilitando políticamente a Lula. Ambos procesos se caracterizaron por la falta de pruebas que pudieran avalar la acusación, todo lo cual no fue necesario para que la derecha lograra su objetivo.
Estas experiencias, aunque sean diferentes en sus circunstancias específicas, pertenecen a un momento del proceso de lucha pautado de un modo general por la impronta anti- neoliberal. Un acercamiento que pretende escudriñar los problemas que afrontan tales procesos nos coloca frente a la problemática de los niveles de confrontación y la capacidad de defender los avances. La inquietud se dirige, antes que nada, a la valoración de aquella construcción de la conciencia en el desarrollo de los diversos momentos del proceso y el sujeto portador de esa conciencia en la lucha anti-neoliberal. La contraofensiva conservadora no ignora este debate. Ellos avanzan no solo porque tienen sus objetivos definidos y la disponibilidad de fuerzas estructurales, políticas y aliados poderosos. Avanzan porque pueden hacerlo y nadie se lo puede impedir. La eficacia que logran en la contraofensiva se explica a partir de las debilidades del progresismo. Esta oleada, que hoy vive su reflujo y que se agigantó después de 2005, post-Mar del Plata, sugiere que el cambio anti-neoliberal avanza hasta donde la conciencia anti-neoliberal lo viene permitiendo.
Si algo va arrojando la experiencia de los procesos más avanzados es que el neoliberalismo es mucho más que un conjunto de políticas económicas y sociales. Es mucho más que una trama de variables económicas. Desde los gobiernos electoralmente triunfantes y que se opusieron con diversos grados de radicalidad a ese modelo, aplicaron políticas diferentes cuyo impacto ha logreado corregir el neoliberalismo. El importante cambio que se introdujo en el sentido de la producción y en la esfera de la distribución ha generado, de un modo general, una recuperación social significativa importante en el campo del acceso al consumo, lo cual aparece asimilado en términos de derechos sociales que conciernen a la condición ciudadana. Siendo una conquista importante el derecho al consumo y a la distribución de la riqueza socialmente generada, lentamente va quedando claro que la lucha contra la pobreza y la desigualdad no genera por sí sola una conciencia anti-neoliberal.
Sin esa cualidad en la construcción de la conciencia difícilmente las conquistas lograrían ser determinante para gravitar de modo sustancial en la trayectoria del cambio. Se trata de un dato económico con implicancias en el modo de pensar. La organización para el desarrollo de una gestión económica diferente no logra la fuerza política requerida sin el desarrollo de una de una conciencia diferente.
Si esto es así, hay que recapitular la trama de las tendencias y contra-tendencias que se configuran en torno a los grandes objetivos en pugna. Lo de Brasil puede ser paradigmático. Importantes intereses han sido derrotados en sendas jornadas electorales desde el 2002 hasta el 2014. La existencia de un nuevo bloque en el ejercicio gubernamental del poder no iba ser fácilmente asimilado por la clase dominante brasileña. Hoy puede verse con mayor nitidez que el cálculo estratégico para instrumentar la involución no ha sido repentino. La derecha sabe que los resortes institucionales fundamentales del Estado están intactos, maneja con destreza la distancia entre ganara elecciones y contralar el poder político y sobre todo el peso real de la conciencia posible de la ciudadanía. Un colosal desafío vigente en la política latinoamericana. Aquí radica un foco de atención para profundizar en las actuales condiciones del proceso político regional. (Oliver, 2016)
Bastó que un núcleo parlamentario de derecha, apoyado por la cúpula del poder judicial con capacidad de definir el ejercicio de la justicia, bajo el resguardo atento de las instituciones castrenses, el poderoso accionar coordinado del oligopolio mediático, el gran empresariado, el gran capital, más los dispositivos de una aparato de inteligencia y espionajes que aportaron insumos de información política desde mucho antes, para que convergiera un veredicto – sin que hubiera un crimen verificable – en la instalación de un exitoso impeachment bajo ropaje legal. Los dos golpes sucesivos a los que hemos hecho referencia son paradigmáticos para un análisis de la movilización de la dimensión de las conciencias anti-neoliberales antes, durante y después de los antidemocráticos.
Esta forma de colar la reconstitución de la crisis y los procesos de reversión sirven para pensar desde un ángulo de preocupación mayor. Porque hoy todos los procesos que se han construido están en peligro, no por el mal llamado “fin de ciclo progresista” o “fin del giro a la izquierda” (Torrico, 2017). Tampoco por el impacto de la crisis económica y financiera que cerró la llamada “bonanza primario-exportadora”, ni la política injerencista de EEUU
que no constituye en sí misma una novedad, sino por lo que está ocurriendo allí donde se produce la reflexión, el diagnóstico político y la acumulación de fuerzas en la franja progresista y particularmente en el seno de la izquierda. frente a los procesos de cambio que registran una pérdida de iniciativa. Se pensó y se sigue pensando en perspectiva post-neoliberal. El modelo bajo el influjo de políticas progresistas ha experimentado correcciones, pero el neoliberalismo no ha muerto (Garretón, 2013).
Los gobiernos que se han conformado con el apoyo de coaliciones de fuerzas diferentes y que al coincidir en la proyección de objetivos programáticos sólo han conseguido imponer su hegemonía cuando sus propuestas obtuvieron, más allá de los escrutinios, consensos importantes en la sociedad. Cuando han perdido esa capacidad de incidir, las fuerzas sociales que habían construido se fueron resquebrajando y las alianzas se tornaron inservibles. Algo de esto ha sucedió, por ejemplo, cuando el gobierno kirchnerista se debilitó abriendo espacios que no tardaron en traducirse en condiciones favorables para su derrota electoral. El gobierno del Partido de los Trabajadores, en Brasil, igualmente se debilitó después de que, desprovisto de la movilización de masas que no desarrolló y en aras de pretender una base mayor de alianzas políticas con fuerzas de dudosa lealtad, que no tardaron en desestabilizarlo generando las condiciones para los sucesos regresivos.
Paraguay, Brasil y Ecuador, siendo procesos diferentes, tienen en su momento de regresión un común denominador precipitante en el accionar político de sus respectivos vice presidentes. Cercano a la conducta traidora, en cada caso ese lugar político se convirtió en un formidable instrumento para la operación de la restauración conservadora.
Siguiendo el sentido de la línea reflexiva hasta aquí hilvanada, conviene volver a preguntarse sobre el trasfondo de estos procesos recientes de derechización. Los triunfos de estas fuerzas están más relacionados con las debilidades del progresismo y la consistencia social de sus propuestas anti-neoliberales, habida cuenta de los errores, que con las cualidades de la derecha. Si se revisa cuidadosamente el contenido de las políticas que comenzaron a aplicar los gobiernos de Brasil, desde el golpe de 2016 y el de Argentina desde el mismo día en se impuso por la mínima de menos de tres puntos porcentuales en las elecciones de 2015, no difieren de las aplicadas durante los claros periodos neoliberales de Fernando Henrique Cardoso y Carlos Saúl Menen, respectivamente. Las respuestas y las movilizaciones de resistencias ante las políticas sociales regresivas anticipan un cambio importante en el sentir de la población. Las ciudadanías de ambos países han identificado prontamente sus desafíos actuales. Aquel consenso activo de los gobernados con que contó el neoliberalismo durante la década de 1990 actualmente ya no es posible reeditar.
La derecha donde ha llegado al gobierno, no ha podido ofrecer una plataforma diferente a la que ya hemos conocido frente a los problemas sociales y políticos que cruzan a nuestros países y que ellos impulsaron con el modelo reconstituido. Es importante revalorar que el neoliberalismo no ha resuelto ninguno de los problemas que se ha propuesto atender. Su sistema político no ha demostrado capacidad alguna para absorber y resolver los conflictos sociales. A esto se añade una dimensión que sin ser nueva en la actualidad adquiere una notable visibilidad: la corrupción gubernamental y política prevaleciente, por regla general, es apreciada como un engranaje sin el cual su sistema político no puede funcionar.
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Vol 27, N°1
Esta revista fue editada en formato digital y publicada en marzo de 2018, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
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