Alonso Morillo
En Venezuela, durante la primera mitad del siglo XX, las políticas de vivienda concebidas para los indígenas no se deslindan del tratamiento pretérito bajo un paradigma que propugnó un asistencialismo pragmático que los consideró incapaces, “menores de edad” y salvajes. El presente trabajo desarrolla una cronología de las políticas de vivienda para los indígenas entre 1900-1958, tratando de hilvanar hechos y acontecimientos con políticas y proyectos, tomando en cuenta los ambientes sociales de cada período e interrogando el paisaje construido para comprender el tema. Se confirmaron tres períodos: transición y adecuación al estamento legal (1900-1922); operacionalización de la ley fundamentándose en el divorcio de la realidad indígena (1922-1947) y expresión de las pioneras acciones del indigenismo de Estado (1947-1958). Se concluye que un paradigma de dominación motorizado por la Ley de Misiones guió a los gobiernos venezolanos, desde Juan Vicente Gómez hasta Marcos Pérez Jiménez, a establecer una política habitacional caracterizada por el nucleamiento de poblados,
1 Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto: “Estudio de desarrollos habitacionales concebidos por el Estado en comunidades indígenas, para la generación de indicadores transversales de diseño, construcción y participación comunitaria en las políticas habitacionales en Venezuela”, del Programa Estímulo a la Investigación e Innovación (PEII) N° 1.213, financiado por el FONACIT entre los años 2011 y 2013. El autor fungió como coordinador.
* Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
Aceptado: 08-08-2016 / Recibido: 14-02-2017
hacinamiento compulsivo, el prejuicio de la construcción con tierra y cercenamiento de prácticas económicas de subsistencia, que incidieron en estas comunidades con desestructuración sociocultural, racismo, reproducción de una cultura de conquista que fijaría costumbres de la sociedad dominante y, por ende, el etnocidio.
Historical chronology of housing policies for the
indigenous peoples in Venezuela (1900-1958)
In Venezuela, during the first half of XX century, the housing policies conceived for indigenous are not detach from the preterite treatment gived under a paradigm that advocated a pragmatic assistance that considered them incapables, “underages” and savages. This work develop a chronology of housing policies for indigenous between 1900-1958, trying to bind facts and events with policies and projects, taking into account the social environments of each period and questioning the scenery constructed to understand the theme. Three periods were confirmed: transition and adaption to legal status (1900-1922); operationalization of the law based on the divorce of indigenous reality (1922-1947) and expression of the pioneering actions of the State indigenism (1947-1958). It is concluded that a paradigm of domination motorized by the Law of Missions guided the Venezuelan governments, from Juan Vicente Gómez to Marcos Pérez Jiménez, to establish a housing policy characterized by the nucleation of towns, compulsive overcrowding, the prejudice of construction with land and the curtailment of subsistence economic practices, that influenced on these communities with socio-cultural destructuring, racism, reproduction of a culture of conquest that would fix customs of the dominant society and, consequently, ethnocide.
La interiorización de una imagen negativa de los pueblos indígenas a través de la historia republicana no es coyuntural sino estructural, lo cual expresa un hecho profundamente cultural (Morales et al, 2007). Esta afirmación define unas actuaciones estatales traducidas en políticas oficiales enmarcadas bajo un paradigma o imaginario de dominación, racista y deculturador, tema que hunde sus raíces en la época colonial y mantiene un hilo consecuente en todas las etapas históricas del país, particularmente, en la primera mitad del siglo XX durante la cual se ensayaron prácticas sobre el hábitat indígena que no se desmarcaron sustantivamente de las experimentadas durante los largos trescientos años que duró el gobierno colonial.
Las huellas en el paisaje construido en la Venezuela de este período permiten señalar esta persistencia, donde las políticas se instrumentaron sin orden secuencial y bajo un conjunto incoherente de prácticas que dieron forma a los poblados actuales, plagados de desequilibrios, problemas sociales, exclusión y pobreza. Fue una actuación que se caracterizó por la inexistencia de elementos indígenas en los planes nacionales, lo que conllevó a acciones bajo una clara desarticulación institucional, desestimación de la cultura y el contexto ecológico. En esta primera mitad de siglo, se vislumbra la expoliación de los territorios indígenas para la explotación agropecuaria y más tarde, la captación de la riqueza mineral del subsuelo; lo cual ha significado la raíz del problema causado por el mito del progreso y las falsas esperanzas creadas por los medios de comunicación sobre el desarrollo de las grandes ciudades criollas.
En la historia de las políticas públicas en Venezuela el gran experimento en el que resultaron las pretéritas políticas de vivienda para los pueblos indígenas, si bien, demuestra que no se ha reivindicado el derecho a la autodeterminación, diferenciación y respeto de la cultura, derechos consagrados en legislaciones supraestatales, se deja al descubierto la debilidad de la coordinación para llevar a cabo una política que tenga como pivote reivindicativo la demarcación de sus tierras y, por ende, pueda disminuir el impacto asistencialista de las mismas.
En este contexto, donde la política de vivienda para los pueblos indígenas se articula en el plan nacional denominado Gran Misión Vivienda Venezuela2, que a pesar de su fuerte carácter reivindicativo y más allá de lo cuantitativo, continúa la línea de acción pretérita que omite las especificidades espaciales, tecnológicas y culturales de este sector de la sociedad y no se desmarca de lo realizado hasta ahora. De manera que, esto conllevó a acentuar la homogeneización de estas comunidades con la sociedad mayoritaria en franca desventaja, se enfrentó la carencia de infraestructura habitacional dotando de un modelo de vivienda divorciado de su realidad comunitaria, con el cual se cercenan prácticas de vital importancia como el conuco.
2 Se refiere a la política nacional de vivienda oficial del Gobierno de Hugo Chávez instrumentada a partir del año 2011 que abarca la construcción de viviendas y apartamentos para la población venezolana. Se fundamenta en cinco vértices: Registro Nacional de Viviendas, Terrenos, Maquinarias e Insumos de la Construcción, Entes Ejecutores y Financiamiento.
En las siguientes líneas se debatirán ideas sobre las políticas instrumentadas para los indígenas, siguiendo el hilo argumentativo que pretende comprobar la coherencia de las acciones estatales para dominarlos bajo argumentos indecibles de usufructo territorial. Y ahí donde las políticas omitieron aspectos relativos al hábitat se establecieron otras acciones que apuntarían al mismo objetivo. Se busca demostrar que estas acciones se dieron bajo la incidencia de un paradigma de dominación colonial que considera al indígena un ser propenso a la reducción, “salvaje”, “menor de edad”, incapaz de valerse por sí mismo, el cual el Estado debía asistirlo sin respeto a su diversidad cultural y su derecho a la libre determinación.
Este trabajo se ha estructurado en dos secciones, una primera parte introductoria que dibuja el contexto de transición de inicios del siglo XX y una segunda parte con tres apartados que describen cronológicamente las acciones estatales sobre el hábitat indígena: contextualización y basamento legal durante la dictadura de Gómez; la actuación de gobierno que delega a las Misiones la política indígena y los efectos del indigenismo de Estado promovido por la dictadura de Pérez Jiménez. Finalmente se hacen algunas observaciones a manera de conclusión.
Los estudios en el ámbito del hábitat del ser humano se caracterizan por tener como objeto de estudio la edificación y sus interrelaciones con un conjunto de factores tecnológicos, funcionales, socioculturales, económicos, ambientales y éticos; por lo que no es extraño que se recurra a las ciencias sociales u otra rama del saber para abordar las problemáticas de manera multidisciplinaria y de esta forma, comprender la realidad humana desde diversas vertientes. Por lo tanto, se empleó una metodología de investigación documental en combinación con el análisis arquitectónico, que permitió construir a nivel epistemológico una complementariedad de enfoques para el estudio de lo sociocultural.
El abordaje se realiza desde la perspectiva de la lectura de las edificaciones, asumidas como documentos, las cuales expresan a través de una visión multidisciplinaria la manifestación de sus aspectos morfológicos, técnico-constructivos y socioculturales. Además, se hizo una revisión biblio-hemerográfica para compilar una base de datos de políticas implementadas en comunidades indígenas. Para ello, fueron diseñados dos instrumentos de arqueo, a saber: el formato A-2012 que constó de 24 items para recopilar información de iniciativas de vivienda que contempló: documentos oficiales, libros, propagandas, artículos de opinión y noticias en periódicos, diarios y revistas científicas, entre otros; y el formato B-2012 para sistematizar los datos, la cual derivó en una matriz de análisis que permitió evidenciar los hallazgos.
Con la información sistematizada se contextualizó cada iniciativa en su respectivo período histórico inscribiendo los datos en una grilla, herramienta empleada en la periodización de la historia de la arquitectura que permite visualizar los hitos históricos, inicio y fin de eventos, legislaciones, personajes, planes, proyectos y edificaciones
representativas. Construir una grilla adecuada para inscribir las políticas con incidencia en el hábitat indígenas durante la primera parte del siglo XX, debía combinar una periodización de la política indigenista que para finales del período estudiado, se fraguaba como un indigenismo de Estado, versus un esquema cronológico de las políticas de vivienda oficiales instrumentadas durante el siglo.
Para resolver esta dificultad se asumieron las propuestas de Biord (2009) y Bolívar et al (2012). El primero refiere un período histórico denominado indianismo (1915-1947), durante el cual transcurren los hechos estudiados en el artículo, iniciándose en el año 1915 con la promulgación de la Ley de Misiones y se extiende hasta el año 1947, con la realización de la Convención de Pátzcuaro, período que es definido como:
…una concepción un tanto romántica de los pueblos indígenas como poblaciones con ciertos derechos que desconocen, por lo cual el Estado debe ejercer una tutela sobre ellos. Se trata de una posición ingenua en la que, partiendo del supuesto de que los indios no están incorporados a la sociedad nacional, se piensa que el Estado debe asumir políticas asistencialistas que favorezcan tal objetivo. No se percibe, en cambio, que sean segmentos cultural y lingüísticamente diferenciados de la sociedad venezolana, cuya especificidad constituye en sí misma un valor, sino que deben ser civilizados mediante la evangelización religiosa y el cambio social –aquí el cambio religioso, lingüístico y social marchan de la mano (Biord, 2009:69-70).
La segunda etapa es el indigenismo mixto que transcurre con la dictadura de Pérez Jiménez, que inicia en el año 1947 y se extiende hasta el año 1958. Estos procesos, si bien no son evolutivos ni lineales, serán útiles para contextualizar esta aproximación. La propuesta de Bolívar et al (2012), plantea para el período analizado dos etapas de la cuestión habitacional; la primera inicia con la creación del Banco Obrero en 1928 hasta el inicio de la dictadura de Pérez Jiménez y la segunda etapa abarca íntegra el período de la dictadura.
Con ambos planteamientos, uno caracterizado por la secuencia cronológica de las políticas indigenistas y el otro por una contextualización de las políticas de vivienda sin una distinción culturalmente aplicada a los indígenas, se redefine un esquema propio para el abordaje del problema (Figura 1).
En cada período se identificaron hitos históricos, aciertos, desaciertos y las experiencias sistemáticas con sus discontinuidades espaciales y temporales emprendidas por el Estado para “beneficio” del indígena. Esta tarea nada fácil, se hilvanó interrogando el pasado, requiriendo palpar en el paisaje construido, indagar en las realidades y entresacar las iniciativas de vivienda indígena a partir de los hechos, acontecimientos y aspectos vinculados desde un macro contexto social, geográfico, político, económico, cultural y religioso en el cual se encontraba envuelto el país durante el siglo XX.
Las sociedades indígenas sudamericanas han vivido varios períodos sociales históricos referidos a momentos de tensión y transculturización; en este marco se contextualiza el siglo XX, protagonista de un proceso complejo y violento en la historia de nuestro país (Araujo, 2013). Un asunto complicado considerando que en Venezuela, desde su conformación como república, se han promulgado diversas disposiciones legales para los pueblos indígenas en la tradición de las Cortes de España, con avances y retrocesos, con una clara continuidad doctrinaria, salvo por contadas rupturas en el asunto de la propiedad comunal de las tierras (Perera, 2009). Esta inoperancia permite hacer alusión a las
políticas misioneras durante el siglo XIX, que configuraron los elementos que denuncian el paradigma: se mantuvo la tradición heredada de considerar al indígena un ser inferior y necesitado de atención estatal. El tema de la vivienda quedó relegado a omisiones. Esta persistencia se apuntaló por lo que ocurrió posterior al proceso independentista, donde el sistema de dominación quedó intacto sucediendo sólo un cambio de caras en el estamento de dominación.
Con el inicio del siglo XX, el país se encontraba bajo el mandato presidencial de Cipriano Castro (1899-1908), heredando del siglo anterior una actuación estatal para con los pueblos indígenas basada en el silenciamiento de sus cosmogonías y su exclusión del quehacer nacional, como consecuencia del mantenimiento de las formas de opresión colonial no abolidas al final del régimen de esclavitud.3 La política indigenista durante el siglo XIX y primera parte del siglo XX, fundamentalmente estuvo influenciada por una fuerte filantropía cristiana, paternalismo, etnocentrismo desvalorizador y objetivos civilizadores, pues no era un tema discutido ni derecho reconocido el valor intrínseco de las culturas indígenas (Perera, 2009).
En ese contexto, se promulga en el año 1901 la Constitución Nacional que deja en evidencia el reconocimiento de que los indígenas vivían en estado “salvaje” (Constitución Nacional 1901, Art. 4°; Constitución Nacional 1909, Art. 38°), bajo esta condición la ley no le daba el carácter de ciudadanos por vivir en asentamientos itinerantes, por la dispersión de sus viviendas y por el arraigo a sus sitios sagrados. Bajo estos prejuicios estatales, inicia el siglo donde el panorama de los acontecimientos políticos y bélicos era el común denominador derivado de los efectos de la Guerra Federal, hambrunas y epidemias vividas durante el siglo anterior. Entre 1901 y 1915, el marco ambiental de aquella lejana época se caracterizó por la inestabilidad política reinante, el atraso institucional y el sombrío panorama económico y social (De Chene, 1969), precisamente, para entonces se contabilizaban numerosos alzamientos y revoluciones lo cual anuló el accionar de las políticas estatales.
Entre 1904 y 1909 se promulgaron dos Constituciones Nacionales más, que no variaron en el tratamiento dado a los indígenas, en paralelo se promulgó la Ley de Resguardos Indígenas (LRI) VW en 1904, que garantizaba que las tierras que aún se conservaban en comunidad fueran adjudicadas a sus poseedores, permitiendo la apropiación por parte del Estado de las tierras de las comunidades extinguidas bajo el lema: los indígenas debían ser integrados a la vida civilizada. Todo el andamiaje explotador que se mantuvo intacto desde épocas pretéritas se expresaba en la “ley de los latifundistas” que de cierta manera sustituían al Estado. Aún así, el campo se mantuvo como el principal proveedor fiscal de
3 Para el año 1891 la población indígena se estimaba según el censo en 94.627 habitantes; mientras que para 1920 era de 136.147. Estas cifras no son ni comparables por la disimilitud entre los operativos censales (Allais, 2004). Sin embargo, para tener una imagen de la realidad indígena de la época, las leyes heredadas del siglo XIX hasta 1904 sólo consideraba como indígenas aquellos ubicados en La Guajira y el Territorio Amazonas. La Ley de Resguardos Indígenas de 1904 definió la ubicación de la población indígena hacia los estados Bolívar, Apure, Zulia, Zamora y Monagas, invisibilizando a los indígenas de otras regiones.
la economía del país hasta 1925, año en el cual la incipiente industria petrolera nacional aportaría más recursos que el café y el cacao.
Las problemáticas sobre las poblaciones indígenas de principios de siglo se intensificaron con la concesión por parte del gobierno de dos millones de hectáreas de tierra con vocación agrícola a las petroleras para la explotación de hidrocarburos, la cual se presentaba como una alternativa para que las personas del campo mejoraran sus condiciones de vida al ser incorporados como asalariados de la industria. Con la explotación petrolera se inicia en Venezuela uno de los fenómenos sociales más violentos de su historia contemporánea: la migración del campo y el acelerado proceso de urbanización hacia el área norte costa y montaña.
A pesar del complejo panorama social y económico de la nación, el tema de los resguardos indígenas continuó vigente durante esas primeras décadas, donde se instrumentaron resoluciones para amparar las solicitudes de su vigencia plena como consecuencia de la inoperancia de la ley de 1885. Esta situación definida por el hecho de que ninguna de las políticas de las empresas petroleras contemplaba un acercamiento intercultural, fortaleció la reducción compulsiva y la eliminación de las diferencias culturales de los indígenas en las áreas ofrecidas en concesión.
El medio social expresaba otros rasgos característicos sobre todo en la vivienda, ésta se constituía en un reflejo fiel de la situación económica y social de la provincia (De Chene, 1969). El rancho campesino construido con la tecnología de bahareque, en esencia resultó de la amalgama de varias técnicas de construcción: la indígena, la española y la africana (Gasparini y Margolies, 2002). Esta vivienda de inicios de siglo era considerada “pobre” por no contar con servicios de eliminación de excretas, agua potable y electricidad, despreciándose el valor de su configuración espacial que en sí misma posee para los indígenas. Se infiere que esta vivienda se constituía en el legado indígena, allí donde se había decretado su extinción mediante la instrumentación de leyes que normaban los resguardos, constituidas por familias campesinas con indudables rasgos y ascendencia indígena.
Este fue el panorama que se encontraron las transnacionales petroleras en Venezuela durante la primera década del siglo. Un panorama que se hilaba a través del paradigma de construcción con tierra, material que aunque no era considerado noble, era asequible, versátil y en esencia bioclimático que en conjunto con otros materiales como la palma, impermeable para los techos y la madera de la estructura son ejemplo de una arquitectura sustentable.
De manera que, con la promulgación de la LRI de 1904 se ordena la adjudicación de tierras a sus actuales pobladores, pues para esa fecha todavía quedaban en el territorio nacional resguardos sin dividir. Además, se establece la propiedad del Estado sobre las tierras que no pudieron justificarse con títulos auténticos o supletorios, decretando la extinción de las comunidades indígenas a través de dos formas: por desaparición total de
sus dueños y por su división. Se abolió paulatinamente la propiedad comunal, favoreciendo la desarticulación de la base social que se dispersó como mano de obra en otros poblados y conformaron el campesinado, situación que enmascararía la diversidad étnica del país.
Esta ley en su texto no consideraba el objetivo de reducción, hecho éste que permitió que fuera la Ley de Misiones (LDM)4 quien completaría el trabajo para resolver el problema del indígena (Uzcátegui, 2007); por lo tanto, la LRI no dio los frutos esperados por cuanto fueron ostensibles las violaciones de su articulado que defendían los derechos indígenas.
Con el derrocamiento del Gobierno de Cipriano Castro por parte de Gómez en el año 1908, se instaura una dictadura que duró 27 años, que de cierta manera bajo las acciones tendentes a “civilizar” al indígena, otorga las concesiones para la explotación petrolera, dando inicio a la transformación del país rural a un país altamente urbanizado. Venezuela para entonces, se convertía en el segundo exportador de petróleo en el mundo marcando el carácter rentístico de la sociedad y el descalabro de la economía agroexportadora.
Mientras tanto, la cuestión indígena oscilaba bajo la actuación del viejo paradigma colonial racista y esclavista. Por ejemplo, para 1905 se denunció la trata de indígenas wayuu y su sujeción a trabajos conforme al sistema de encomiendas (Perera, 2009). Más adelante entre los años 1920 y 1930 bajo la “ley de los latifundistas”, ocurrían prácticas aberrantes como las cárceles privadas en haciendas, “Tigritos” para castigar infractores, derecho de pernada, trueque de sal por peones y un centro de recría para la venta de infantes wayuu; este último hecho se registró en la hacienda El Chao, propiedad del general Gómez en Encontrados, Zulia (Pérez, 2006).
La extinción de los resguardos finalmente fue alcanzada con la promulgación del texto de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela del año 1909, donde se le atribuyen amplios poderes a las misiones religiosas para administrar las comunidades indígenas (Roldán, 2005). Esta Constitución asentaría las bases para implantar el proceso de reducción a poblados, establecida entre las atribuciones del Presidente de la República, en base a un ambiguo texto legal que prohíbe y a la vez promueve la misionización del país con el pretexto del progreso de la “civilización” (Constitución Nacional 1909, Artículo 80°, Numeral 18°). Con las leyes de Tierras Baldías y Ejidos de los años 1919, 1924 y 1925, se ratifica la declaratoria de ejidos sobre las extensiones comunales indígenas, ratificando lo establecido en la ley de 1904 (Bastidas, 2002). Al dársele rango constitucional a la contratación de misioneros, se da la continuidad a la acción pro-etnocida de no reconocer la diversidad cultural.
Como complemento, ante la avanzada legal implementada para la dominación social, territorial y posterior visualización de la explotación minera, se asume en el año 1911, un hito que marca la historia de la construcción venezolana: la creación de la primera planta de cemento, iniciando el proceso de modernización en lo relativo a las obras públicas. Esto significó un cambió en la construcción con tierra vigente desde épocas prehispánicas, y por ende, la derrota de toda una tradición arquitectónica de vieja data que empleaba
4 Gaceta Oficial XLIII, N° 12.562 del 16 de junio de 1915, su reglamento se promulgó el 26 de octubre de 1921.
materiales locales en las viviendas, ratificado con las ordenanzas de 1926, que prohibieron
el empleo de materiales solubles en agua.
Esa inevitable derrota se dio en parte por el avance de la industria del cemento en el lucro acumulativo de expansión capitalista y las presiones dadas en el gobierno. La satanización de la construcción con tierra –una tradición de más de cuatro siglos-, favoreció la conformación de una matriz de opinión generalizada entre la sociedad de que la misma configura viviendas de pobres, atrasadas, bárbaras, en oposición a las viviendas de concreto, que proyectaban modernidad y progreso social.
En función de las premisas de la modernización del país, considerando que la población se establecía en el campo y bajo una evidente invisibilidad de sus raíces indígenas y mestizas, la LDM marcaría todas las políticas para los pueblos indígenas durante el siglo XX contabilizando 90 años de vigencia. De manera que esta ley se constituye en la segunda parte de la ley de 1904, considerando que los indígenas seguían siendo un problema para el desarrollo del país (Uzcátegui, 2007).
El Artículo 1° de la LDM refiere el objetivo de las misiones en los siguientes términos: “…reducir y atraer a la vida ciudadana las tribus y parcialidades indígenas, que aún existen en diferentes regiones de la República”. Un objetivo secundario sería el poblamiento de las regiones de Bolívar, Apure, Zulia, Zamora y Monagas. El Ejecutivo Nacional contrataría el personal, seguridad, construcción de habitación en sitios adecuados y la fundación de poblados (Artículo 2°). Se le otorga la excepcionalidad de los misioneros en libre tránsito por el territorio nacional y recibirían apoyo de autoridades civiles y militares (Artículo 4°). Los Artículos 5° y 6° establecen su autonomía jurisdiccional y los Vicariatos o Direcciones, que se comunicarían con el gobierno a través del Ministro de Relaciones Interiores. Finalmente, se establece que el Ejecutivo fijaría los presupuestos y sus linderos (Artículos 7° y 8°).
Sistemáticamente, las Constituciones promulgadas en los años 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931 y 1945, mantuvieron el régimen de excepción sobre los Territorios Federales, y también eliminaron la mención de la contratación de misioneros, actividad que quedó regulada por la LDM. En ese ejercicio de reconocimiento del indígena era necesaria para la sociedad dominante su nucleamiento en poblados, obligando a una habitabilidad sedentaria propia de las civilizaciones hispanas, características que adquirieron las primeras ciudades coloniales. Era notorio, que los grandes yacimientos minerales y de hidrocarburos se encontraban en esos territorios: hostiles e intrincados, de ahí la importancia fundamental de esta nueva ley, que los atraería a la “civilización” mediante la reducción para el control (Uzcátegui, 2007).
No fue mera coincidencia que la promulgación de esta ley se diera el mismo año en que la Colón Development Corporation, establecía sus actividades exploratorias en el campo Río de Oro en la serranía de Los Motilones, Distrito Colón del estado Zulia, dando inicio al proceso paulatino de etnocidio por parte de las transnacionales en territorios indígenas barí, autorizado por el propio gobierno nacional (Alarcón, 2012). Este evento prefigura las
intervenciones de los hábitats indígenas bajo unas políticas intencionalmente creadas, que apuntaban a su expulsión territorial.
Los indígenas ante la explotación petrolera en la cuenca del Lago de Maracaibo, fueron replegándose hacia el noroeste de las cuencas de los ríos Santa Ana, Lora y de Oro. Las exploraciones petroleras habrían empujado los asentamientos hacia el piedemonte, desatando una feroz resistencia que conllevó a sangrientos enfrentamientos, como el registrado para 1948 con el asalto al campamento de la Caribbean Petroleum Company, hecho que los indígenas realizaban ante la consciencia de que las petroleras en la zona implicaba la reducción de sus territorios, al parecer fueron represalias ante la violencia de las compañías que se interpretaban como una declaración de guerra (Bastidas, 2002).
Situación similar se evidenció con la construcción del ferrocarril Encontrados-Cúcuta, donde los barí dificultaron su construcción con numerosos ataques en sus territorios entre los ríos Yasa, Negro, Zuliano y Catatumbo. Para los años 1945 y 1947 un estudio cartográfico realizado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), reportó numerosos bohíos entre los ríos Yasa y Negro al norte (Castillo, 1989), lo que permite deducir que el proceso de genocidio emprendido por las transnacionales se mantuvo hasta mediados del siglo.
Para los años 1958 y 1959 las invasiones de las empresas transnacionales recrudecen llegando a situaciones trágicas, con la quema de bohíos y el asesinato de indígenas barí para la ocupación de sus tierras, acentuando su reducción numérica y el repliegue violento hacia la serranía donde lograron atrincherarse. Este obscuro período se caracterizó por la fuerte incidencia de las omisiones que promovieron asentamientos de viviendas en áreas inaccesibles.
En el oriente del país la situación no fue muy distinta, las empresas petroleras iniciaban la explotación en los campos de los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y Delta Amacuro. Tempranamente en 1887 destacó el auge explotador del asfalto donde la New York and Bermúdez Company, comenzó a explotar el famoso lago de asfalto natural, denominado Guanoco (Sucre). En orden cronológico, en 1910 se otorga la primera concesión, para 1913, se había perforado el primer pozo cerca del lago extendiéndose su explotación hasta el año 1934, cuando cambia el objeto del negocio: la explotación intensiva del petróleo liviano; derivando en el abandono de la infraestructura de producción y los caseríos que se conformaron en sus adyacencias, como Guanoco anclado en la miseria hoy en día.
La consecuente entrega de tierras bajo concesiones extranjeras y la explotación de hidrocarburos que siguió a la LDM, ratifica los objetivos velados de los gobiernos nacionales desde Gómez en adelante, para hacerse legalmente de los recursos naturales que paradójicamente se encontraban en las tierras de las comunidades indígenas.
Paralelamente al auge extractivista en los territorios indígenas especialmente hacia los estados Zulia, Anzoátegui y Monagas, se apuntala desde el Estado el establecimiento de
un nuevo hito que confirma el cambio de paradigma en la sociedad rural: la creación del Banco Obrero (BO) el 30 de junio de 1928, institución adscrita al Ministerio de Fomento, que tenía como objetivo la construcción de viviendas urbanas. Éste evolucionó de ser un ente crediticio a un organismo centrado en la planificación, el diseño y la construcción de viviendas para las clases media y obrera; hecho que fue posible por el auge constructivo a partir de la llegada al país de las inversiones transnacionales en busca de concesiones petroleras que el régimen otorgaba. Una naciente industria que contribuyó al desarrollo de la infraestructura petrolera, y por ende, empujó directamente la construcción y la integración de regiones remotas (Cilento, 2004).
En ese contexto de potencia petrolera, la función del BO era administrar las políticas de vivienda a través de la Ley del BO, que para el final de la dictadura de Gómez en el año 1936, muy poco había hecho para lograr el objetivo formulado en 1928. Venezuela para entonces contaba sólo con nueve centros urbanos con 20.000 o más habitantes que concentraban el 15% de la población (Cilento, 2008), el resto de la población se asentaba en las comunidades rurales, cuya base social la constituían indígenas y mestizos.
El BO desde su creación distingue tres etapas en su gestión institucional: una primera (1928-1945), que coincide con su creación, pasando por la construcción de urbanizaciones en el año 1937 hasta la culminación de la reurbanización de El Silencio en Caracas, destacando una política de sustitución de ranchos de bahareque que tuvo una continuidad ininterrumpida por décadas contando períodos plurianuales de gobiernos sucesivos. Un segundo período (1945-1958), iniciado con la reurbanización de El Silencio con figuras estelares como Carlos Raúl Villanueva y Martínez Olavarría, hasta su primera reestructuración como institución estatal.
A la muerte de Gómez y desde los gobiernos democráticos que asumieron, se dio el auge de los movimientos sociales en países latinoamericanos netamente de base indígena como México y Perú, donde se establecen otros hitos fundamentales: la adhesión a la Convención de Pátzcuaro (1940) y la promulgación de la Constitución de 1947. Consecuentemente, se dan los primeros pasos de una política de vivienda popular, si se quiere, distinta a las anteriores como el primer Plan Trienal o “casas para los obreros”, trazada en paralelo a la creación del MOP.
Para el año 1939, durante el gobierno de López Contreras, se crea el Plan Rotival, que implementa políticas de renovación urbana en Caracas, así mismo, en consonancia con este plan de modernización se crea en 1943 el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) para tratar la situación de saneamiento de la provincia; de manera que bajo esta institución se instituyeron las políticas de erradicación del rancho de bahareque, la construcción de letrinas y acueductos que tuvieron incidencia directa en las comunidades indígenas. Para finales del período del Indianismo, se crea el primer Plan de Viviendas del BO, que preveía la construcción de 4.000 unidades en 14 ciudades; meta que no fue alcanzada debido a que solo se ejecutaron 2.465 unidades en 19 urbanizaciones, de las cuales ninguna se catalogó como vivienda rural (Tabla 1).
Tabla 1. Política de vivienda del Banco Obrero (1928-1958) | |||||
Lapso | Unidades de vivienda unifamiliar y multifamiliar | Unidades de vivienda rural | Otras unidades (desarrollos especiales y consolidación de barrios) | Urbanizaciones | Costo medio por unidad de vivienda: unifamiliar y multifamiliar |
1928 – 1945 | 2.465 | 0 | 0 | 19 | 28.849 |
1946 – 1958 | 39.639 | 0 | 0 | 108 | 30.940 |
Fuente: Elaboración propia a partir de Martín Frechilla (1997). | |||||
La actitud estatal sobre las políticas habitacionales para los indígenas continúo sin cambios a pesar de las incidencias derivadas de la filosofía del indigenismo. Los 30 años posteriores a la creación del BO no se construyeron viviendas rurales por sustitución, política que luego del derrocamiento de la dictadura entró en auge, significando la construcción masiva donde se invisibilizó a los indígenas impactando por primera vez el hábitat rural del país. Como dato revelador, para la década de los ´50, el número de viviendas improvisadas en las ciudades aumentó un 15% con respecto al período anterior, lo que evidenció que los desalojos de los barrios precarios de las ciudades tuvo como efectos la reubicación de esa población en otras áreas no controladas. Además, fue notorio que la política de vivienda del BO excluía las particularidades culturales indígenas, bajo una actuación paternalista y asistencialista, en especial en aquellas áreas distintas a los territorios indígenas enunciados en la ley, como centro occidente y los Andes.
La dificultad de instrumentar la LDM a partir de su aprobación en 1915, se manifestó en que no fue hasta la década de los ´40 cuando fue verdaderamente operacionalizada en territorios indígenas propensos a ser explotados por las transnacionales. Esta actuación estatal se fundamenta en la promoción del nucleamiento compulsivo, como inacabado objetivo pasado para desintegrar las culturas indígenas. Las misiones católicas siempre fueron ejes estratégicos para el cambio de los modos de producción, y como tal, se emplearon para establecer la inclusión de buena parte de los indígenas en el sistema de producción y la modificación de la territorialidad que incluía la competencia entre grupos religiosos sobre las tierras indígenas (Martens, 2011).
No obstante, a pesar que la política de los pueblos de misiones partió de la necesidad de dar respuestas al carácter desintegrado del país y por lo tanto, del indígena, la misma no se concibió como una política per se en materia de hábitat, de ahí que, se establece que las mismas derivaron en acciones a partir de omisiones, por cuanto, en su implementación se construyeron viviendas incidiendo en la desarticulación de los sistemas culturales indígenas por la apropiación espacial y la intervención territorial. Un resumen de las misiones contemporáneas se presenta en la Tabla 2:
Año Misión Orden
religiosa
1922 y
Pueblos surgidos de las Misiones Entidad
Federal
Santa Elena de Uairén, Kavanayén,
Pueblos indígenas
1967 Caroní Capuchinos
Urimán, Kamarata y Wonkén Bolívar Pemón
La Divina Pastora de Araguaimujo
1925 y
1956 Tucupita Capuchinos
(1925), San Antonio de Barima (1925), San José de Amacuro (1927), San Francisco de Guayo (1942), Santa Catalina, Sierra de Imataca y Piacoa.
Curiapo (1957), San José de Tucupita (1919), Santa Cruz de Pedernales (1952).
Coromoto, Mirabal
Delta Amacuro
Warao
Warao,
Criollos
Jivi
1937 Puerto
Mavaca, Platanal, Ocamo Yanomami
Isla Ratón, Caño Grulla Wotjüja
Tencua Yek´wana
Puerto Ayacucho Jivi, Wotjüja
Parhueña Jivi, Kurripaco
Ayacucho Salesianos
La Esmeralda
San Juan de Manapiare, San Carlos
de Río Negro
Amazonas
Jivi , Wotjüja,
Yek´wana
Baniva, Baré, Kurripaco
San Fernando de Atabapo Jivi, Baniva, Baré
Maroa Puinave, Baré,
Kurripaco
1944 La Guajira Capuchinos Sinamaica, Paraguaipoa Zulia Wayuu, Añú
Machiques, El Tukuko, Shirapta,
Machiques
Toromo, Neremü y Aroy Tinakoa, Casigua el Cubo
Bokshi, Saimadoyi, San José de las
Yukpa
Piedras, Campo Rosario Barí
Villa del Rosario Yukpa
Fuente: Elaboración propia a partir de Biord (2009), Pueblos Indígenas de Venezuela (2009) y Paz (2000).
Una de las experiencias de implementación de la política de pueblos de misiones de las que se tienen registros, es la desarrollada entre los indígenas yukpa, del estado Zulia. Mucho antes de ser considerada la Sierra de Perijá un Parque Nacional en el año 1948, se establecieron los misioneros capuchinos el 02/10/1945 posterior a varias exploraciones territoriales. Años antes, durante el gobierno de Isaías Medina Angarita (1941-1945), se crearon los denominados Centros Pilotos convenidos con la orden religiosa durante la
“Campaña Motilona” (Acuña, 1998), que a su vez serían los núcleos para controlar las comunidades asentadas en el piedemonte. Éstos constituían una estrategia gubernamental para abordar la zona heredada de las acciones del Ministerio de Salud de los años ´40 (Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, 2009).
El Centro Piloto Los Ángeles del Tukuko congregó alrededor de 37 comunidades, contando con un internado donde los indígenas fueron obligados a recibir educación secular y religiosa. Su objetivo sería atender a los yukpa, y a la vez estar cerca de la etnia barí para preparar la incursión en sus territorios. El poblamiento de El Tukuko se realizó de manera paulatina, utilizando diferentes ofertas de atracción, como la dependencia a servicios religiosos, salud, educación, electricidad, acueductos y abastecimiento de víveres (Castillo, 1989). En las adyacencias de sus instalaciones se erige el conjunto de viviendas denominado barrio San Francisco. Un testimonio de un yukpa, citado por Bastidas, expresa que:
…como aquí no existía helicóptero, como no había nada de eso, como que contrataron a unos de esos para que trajeran ropa, para darle a los yukpa pues, y el helicóptero no bajaba, lo estaban tirando de arriba, no bajaba. Después vinieron los yukpa de la parte alta a trabajar con los curas y todo esto se lo dio la Misión, todo esto para allá grande, grande no se ve nada, casi palo grueso. Vino el cura y le dijo él a los yukpa: esta tierra va a ser para ustedes, para que hagan ranchos de palma, barrio San Francisco, hasta allá arriba hasta la mitad (2002:142-143).
El asentamiento fue ocupado inicialmente por indígenas yukpa de la parte alta de la serranía, Kanobapa, Kiriponsa, Taremo y Chaparro, específicamente sobre lo que hoy es la calle principal del barrio San Francisco (Castillo, 1989). Las viviendas se dispusieron de manera agrupada en torno a los servicios, ratificando el cambio de la habitabilidad tradicional (Figura 2). Si bien, los Centros Pilotos lograron nuclear a la población, es evidente que se mantuvo una alta resistencia a la estabilidad demográfica en las viviendas concebidas (Acuña, 1998), de manera que se redefinió una nueva habitabilidad en el que la vivienda de la misión sería una extensión de la vivienda de la Sierra, donde se encuentran sus conucos (Bastidas, 2002).
La fundación del barrio San Francisco anticipó lo que sería un importante componente de las estrategias de cristianización: un nuevo tipo de vivienda y el alejamiento de la población de sus asentamientos tradicionales; sin duda, el dotarlos de una vivienda no respondía a una necesidad física, pues las misiones se establecían en o cerca de asentamientos existentes y su población tenía vivienda. Se trataba de la necesidad de imponer una nueva estructura espacial a la existente y de acostumbrar al indígena a una nueva forma de vivir (Ettinger, 2010). El particular proceso de reducción de los yukpa, revela la desestructuración cultural en el marco del proceso de reducción emprendido por los capuchinos, en lo que denominaron período de misionización que terminó con la pacificación de la zona y la derrota de la resistencia violenta en el siglo XX.
Fuente: Acuña (1998:79-80).
En ese mismo orden de ideas, la apertura religiosa puesta en el tapete a raíz de la promulgación de la LDM, dio pie para que otras denominaciones religiosas distintas a las católicas jugaran también el rol delegado para con los indígenas. Los asentamientos fundados por los religiosos protestantes también buscaban la aglomeración de los pobladores en torno a un núcleo, con infraestructura escolar, sobre la que debía girar la vida ideal, además, se disponían templos, internados, ventas de mercancías de primera necesidad y centros de salud. En el estado Bolívar, Maurak, Waramasén, Betania de Wariwantuy, Chirikayén, Kumarakapay y Uroy Uaray constituyen los principales centros poblados pemón seguidores del adventismo. Este esquema de poblamiento cambió los esquemas tradicionales de los antiguos asentamientos que hasta entonces solían ser dispersos, el cambio de los nombres tradicionales de los poblados y la desestructuración
de sus sistemas socioculturales y económicos lo demuestra (Pueblos Indígenas de Venezuela, 2009).
Estos poblados pemón, como el caso de Maurak en Santa Elena de Uairén (Bolívar), presentan calles en ángulo recto, con casas perfectamente alineadas similares en suntuosidad, pues, resultan del principio de igualdad que rige la vida de estos indígenas (Farías, 2008). De manera que, la flexibilidad de la reducción indígena, permitió que las denominaciones protestantes aprovecharan por igual las disposiciones legales para penetrar las comunidades, salvo el financiamiento que corría por cuenta de los religiosos, al final la imagen de los asentamientos no se desligaba de los objetivos plasmados en el estamento legal.
Para el año 1946 durante el gobierno de Rómulo Betancourt, se registró la penetración del grupo religioso transnacional denominado Misión Nuevas Tribus, el cual es una organización fundada en 1942 en los Estados Unidos de Norteamérica dedicada a la conversión al cristianismo de pueblos aislados. Su presencia se dio por el aprovechamiento del sesgo anticatólico de la Junta de Gobierno de Acción Democrática (AD) y los militares, en la coyuntura posterior a la dictadura de Juan Vicente Gómez (Tabuas, 2005). Inicialmente se ubicaron en la región del Casiquiare y Río Negro en la amazonía, de allí se fueron difuminando en todo el territorio de Amazonas, Guayana (estado Bolívar) y otras zonas del país. Las comunidades donde actuaron fueron: Caño Iguana, Marieta, Acanaña, Watamo, Yahanama, La Esmeralda, Caño Tama-Tama, Parima B, Kosholowateri (Amazonas); Vista al Sol, La Tortuga, Salto Maraca, La Bomba, Caño Cucurito, Cosohiba (Bolívar); Chaparralito (Apure) y Pepeína (Delta Amacuro).
El poblado de Tama-Tama fue el lugar estratégico de acción. Entre sus objetivos declarados estaban: la asistencia humanitaria, el desarrollo comunitario y la alfabetización. Es así como, bajo los lineamientos del “desarrollo comunitario”, construyeron aldeas agrícolas con viviendas y talleres artesanales, aserraderos y carpinterías, lo que se tradujo en la sustitución de las viviendas comunales de los yanomami y wotjüja. Estas aldeas contaron con pistas aéreas, paneles solares para alumbrado, agua potable, comunicaciones, ambulatorio y escuelas con maestros indígenas.
La Misión Nuevas Tribus promovió la alfabetización de las comunidades, la atención sanitaria y la evangelización cristiana explícita a través de la formación de pastores. Algunos de sus métodos, entre los yanomami, fueron duramente cuestionados y calificados de compulsivos, en especial la prohibición de valores culturales y de fundamental importancia para su sobrevivencia como: el chamanismo, ceremonias de difuntos y la utilización del tabaco y el yopo (Bello, 2012). Además, se prohibió el uso de su lengua para producir vergüenza étnica y con ello lograr el control territorial (Tabuas, 2005). Un poco más de sesenta años fue el tiempo de su accionar, hasta que finalmente fueron expulsadas en el año 2005 por el Presidente Hugo Chávez.
Otro efecto inesperado de las políticas dirigidas a la expulsión poblacional de los territorios propensos a ser explotados fueron las migraciones a los centros de explotación petrolera. Para el caso de los indígenas wayuu, la ciudad de Maracaibo se convirtió en una atractiva fuente de fulgurantes esperanzas de desarrollo y mejoramiento social. Estas migraciones se convirtieron tempranamente en un problema, y sus efectos debían resolverse a toda costa. Durante el gobierno de Isaías Medina Angarita en 1944, se dio la primera experiencia de nucleamiento formal de poblaciones indígenas wayuu que habían emigrado a sus inmediaciones: Ziruma.
Este se constituye en el primer emplazamiento urbano contemporáneo construido para reubicar familias emigrantes que vivían en condiciones deplorables, fenómeno que coincidió con el acelerado desarrollo urbano que se había extendido hasta el ensanche de 5 de Julio (Portillo, 2005). Mendicidad itinerante y recolección de desperdicios en el Matadero Municipal de Bella Vista fueron parte del diagnóstico del problema. En su itinerancia, construyeron sus viviendas con pedazos de tabla, alambres, esteras, viejas planchas de zinc, cartones y otros materiales de desecho hacia los sectores Tierra Negra, Las Tarabas y Los Olivos (García, 1982).
Para el año 1941, esta situación atizó el conflicto por cuanto los dueños de los terrenos que ocupaban, presionaron a las autoridades para su desalojo. Se emplearon distintas formas como el ofrecimiento de dinero y desalojos forzosos con la policía; en todos los casos las familias se resistieron valientemente con actitudes como la de esta mujer: “A mí me cortan la cabeza, pero no salgo de aquí…” (García, 1982:177-179). Ante esto, grupos políticos apoyaron sus intenciones de hacerse de un espacio en la ciudad, entre los planteamientos destaca la propuesta de conseguir terrenos aptos para construir o retornarlos a sus áreas de origen, la cual no fue aceptada.
Posteriormente, ante los atropellos de los pobladores de Maracaibo y la inoperancia del gobierno regional, los indígenas organizados nombraron una comisión encabezada por Julio González para enviar una queja sobre el maltrato del señor Benito Rubio a Caracas. La denuncia fue atendida por el Presidente, el cual ordena la compra de los terrenos (García, 1982) y por Decreto se construye el urbanismo cuya adjudicación se hizo el 12 de octubre de 1944 (Watson, 1982).
La tipología de las viviendas fueron tildadas de inadecuadas por el propio Presidente de la República, al expresar por el descontento durante la inauguración: “¡Vine a inaugurar casas y no casas de palomas!” (Larreal, 2005:14-16). Se trató de 140 unidades dúplex de un solo ambiente con cerramientos de bloques de concreto y láminas de zinc, enclaustradas en un área de parcela sin posibilidades de tener un solar, lo que le daba al conjunto una apariencia de asentamiento en hileras regulares (Watson, 1982), en ellas se concibió que vivieran “…dos familias casi juntas, pues los ambientes estaban separados por una pared” (Portillo, 2005:30). La imposibilidad de criar animales y sembrar la tierra mediante conucos de subsistencia, fueron los elementos que la política de vivienda de Ziruma ofrecía
a los wayuu sometiéndolos a un violento cambio cultural, aportando evidencias del divorcio
institucional con la realidad de los pueblos y comunidades indígenas en la provincia.
El esquema de organización básica del barrio consistió en un asentamiento radial cuyo punto de inicio era la plaza Bolívar de configuración circular, con calles amplias sin pavimento; alrededor de ella se ubicaron cuatro usos: el templo de la orden Capuchina y escuela básica siguiendo lo establecido en la LDM, ambulatorio tipo I y la estación de policía. En la vía se dispusieron varios mercados, pequeños restaurantes y una sala de cine. Desde un principio, no contó con alumbrado público y agua potable la cual era obtenida de los jagüeyes o se compraba a camiones cisternas que abastecían a diario.
La inoperancia de la política no sólo se evidenció en las gestiones previas, sino también en el proceso de adjudicación. A pesar de la orden de compra de los terrenos, los mismos fueron otorgados a la Universidad del Zulia, conflicto que se extendió por casi veinte años, cuando finalmente por decreto de la Legislatura del Zulia se otorgó la propiedad, no sin antes experimentar retrasos, exclusiones y engaños por personajes que sin escrúpulos les querían quitar los derechos de sus viviendas (Larreal, 2005). Irónicamente, para el año de construcción de Ziruma, el BO culminaba la reurbanización de El Silencio que, “…se convertiría en el primer proyecto planificado y la primera acción de renovación urbana sobre siete manzanas en el casco central de Caracas, cuyas edificaciones (de 4 y 7 pisos) se inspiraban en soluciones europeas (Höfe de Viena y Holanda) a las que se les superponen criterios propios relacionados con nuestro contexto” (Guitian y Hernández, 2010:31). Este hecho evidencia el carácter xenófobo de la política y, por lo tanto, resume las actitudes de los políticos que diferenciaba subconscientemente una arquitectura para ciudadanos de primera y otra para ciudadanos de segunda.
Paralelamente al caso de Ziruma, para 1945 en el Territorio Federal Delta Amacuro se crea la primera Casa Indígena, específicamente en el sector Aurora en Tucupita, una iniciativa que fungió como un centro de pernoctas cortas para los indígenas warao provenientes de los caños que practicaban el comercio de artesanía y otros productos, así mismo, les permitía adquirir alimentos y recibir asistencia médica. Además, establecían relaciones laborales como caleteros con los dueños de embarcaciones en el río Orinoco, dinámicas que no duraron mucho, por cuanto estas poblaciones fueron estableciéndose definitivamente en la casa de pernocta.
En años posteriores la población aumentó de manera progresiva lo que convirtió la Casa Indígena en un problema para los habitantes de Tucupita y una complicación para el destacamento militar que funcionaba al lado de ella. Para esa época los indígenas no solo ocupaban la Casa, de poco espacio por lo que se instalaban debajo de árboles, en la plaza, en las aceras y en cualquier otro sitio que les pareciera pertinente (Gobernación del Estado Delta Amacuro, 1992:14-15).
Esta situación se mantuvo hasta 1981 cuando, las autoridades gubernamentales de entonces, convencidos del problema suscitado por la permanencia inadecuada de los
indígenas y la situación de insalubridad de la Casa Indígena, conforman una comisión interinstitucional para diseñar una estructura que diera una solución. Es sorprendente el paralelismo de la actuación estatal enmarcada en el paradigma de atención del indígena migrante: entre los warao de la Casa Indígena se observaron los siguientes efectos: pobreza, marginalidad, desarraigo, exposición a cambios culturales en franca desventaja y cercenamiento de las practicas económicas de subsistencia como la siembra y la pesca; de manera que lo que se criticaba del carácter colectivo de la habitabilidad indígena se terminó exacerbando con la erección de este tipo de soluciones que promovió el hacinamiento en grado extremo, donde a pesar del esfuerzo por reinterpretar la espacialidad indígena, se destaca la despreocupación con la que el Estado asume el tema.
Para finales de la primera mitad del siglo XX, se asiste a la conformación del denominado indigenismo de Estado, motorizado por los acontecimientos que sucedían en los países latinoamericanos, en especial en México, con la celebración del Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro y su célebre declaración el 06 de agosto de 1946 donde participaron la mayoría de los países del continente. Bajo el espíritu reivindicativo de los derechos de los pueblos indígenas, Venezuela asume estos postulados. Durante esta fase, la política indigenista estuvo justamente bajo las misiones religiosas y se caracterizó por la “inexistencia de una consciencia por conocer al indígena y su realidad sociocultural” (Perera, 2009:112). No en balde, alineados a esta filosofía se produjeron denuncias por parte de religiosos sobre el abandono estatal de las comunidades del Alto Caura y Alto Ventuari (Amazonas), que plagó de epidemias de sarampión, tuberculosis y tosferina con cientos de muertos (Petit y Blasco, 1968).
Para 1948 se crea la Comisión Indigenista Nacional (CIN), que resumía el espíritu asistencialista estatal, con la idea de que fueran los propios indígenas los encargados de ejecutar y formular sus propias políticas (Biord, 2009). Con ello se planteó que los indígenas tenían los mismos derechos que el resto de la población, por lo cual debían integrarse al desarrollo nacional adquiriendo servicios de educación, vivienda y tenencia de sus tierras. Ese mismo año, se crea la Constitución Nacional y se adscribe la CIN al Ministerio de Relaciones Interiores, donde se establece por primera vez considerar la necesidad de una legislación especial, ya no para administrar los territorios ocupados por indígenas, sino para su incorporación a la vida nacional (Constitución Nacional 1947, Artículo 72°). Con la fundación del indigenismo de Estado se delega esta materia en noveles instituciones, buscando una diferenciación influenciada por una nueva filosofía, la cual se define por la incorporación de principios antropológicos a la política asimilacionista de la iglesia católica (Perera, 2009), y se consolidó la actitud asistencialista estatal.
En el año 1947, Marcos Pérez Jiménez sumerge al país en una nueva dictadura con claros matices de impulsar y acentuar el desarrollismo iniciado con la llegada de los grandes capitales extranjeros durante las primeras décadas del siglo. Su gobierno promovía la necesidad imperiosa de mejorar la situación social de los pobladores y del
medio físico, por lo que las obras públicas y la vivienda, se convirtieron en el eje político y económico del gobierno.
El régimen de Pérez Jiménez, encarnando la propuesta del Nuevo Ideal Nacional, se afinca en las ideas del positivismo científico, mediante su idea del proceso unilineal que presupone que el progreso absoluto estaría ubicado sólo en los centros urbanos industriales y el atraso de la periferia desarrollada, no urbanizada y en última instancia, selvática, indios, negros y en fin primitivos (Paz, 2000:370).
Bajo esas premisas, se inicia la segunda mitad del siglo XX, con el establecimiento de esta doctrina cuyo lema lo constituía la transformación del medio físico, mejoramiento de las condiciones morales, intelectuales y materiales de la población. Ello incluiría las iniciativas urbanizadoras como: plazas, escuelas, hospitales y grandes edificios, que permitiera demostrar la grandeza del régimen. En las zonas indígenas “…prevaleció más el interés en el carácter de la obra que las mismas necesidades de los indígenas, ya que las obras estaban engranadas con la política del Estado de civilizar a los indígenas” (Paz, 2000:382).
La política obedeció a intereses distintos a los de los beneficiarios favoreciendo a minorías que buscaban el control del poder; se buscaba asimilar a los indígenas a la sociedad en condiciones de marginalidad, miseria e ignorancia, además, daría respuestas parciales y poca efectividad al problema por su complejidad. Así pues, con el auge grandilocuente de la construcción, avanzaba la transformación del medio rural por el acelerado proceso de urbanización, por tal motivo el gobierno relanza el BO para implementar la política denominada “Batalla contra el Rancho”, con la que se generó en Caracas como centro, un “frenesí constructivo” a partir del año 1955 impulsado por el Taller de Arquitectura del Banco Obrero (Meza, 2008:20). Con ello, se pretendió erradicar definitivamente la construcción con tierra, política que se constituía en un antecedente directo del programa de vivienda rural de los años subsiguientes.
Durante este período se aprobaron instrumentos legales para el respeto de los derechos humanos indígenas, lo cual contrastaba con la sistemática violencia en sus territorios. Estas agresiones aportaron elementos para confirmar el fracaso del indigenismo como filosofía asistencialista, pero eficiente para pacificar las zonas bajo control de las transnacionales (Bello, 2012).
Desde la celebración en Cuzco, Perú, en el año 1949, del segundo Congreso Indigenista Interamericano, hasta 1952 no se sucedieron cambios importantes en las políticas habitacionales instrumentadas por el Estado. Se tecnificó la construcción y aparecen las megas estructuras residenciales influenciadas por el movimiento moderno; éstas fueron objeto de críticas debido a las problemáticas surgido de la omisión de la evaluación de los conjuntos edificados y la imposibilidad de realizar las rectificaciones urbanas o arquitectónicas (Meza, 2008:32). Se asume, por lo tanto, la crítica a la filosofía del “Nuevo Ideal Nacional” en el texto de Paz, que refiere que esta doctrina:
…es contradictoria porque si bien trata de forjar una nación a través del mejoramiento moral y físico de los habitantes del país, se considera que ante la nación todos deberían ser iguales y respetar las culturas de estas sociedades que conforman la nacionalidad. Entonces se trata de eliminar los valores de estas sociedades en aras de `civilizarlas`. No obstante, los cambios son aparentes, ya que no se crea una política coherente con estas realidades, sino que utilizan los mismos mecanismos utilizados desde la colonia como lo son las Misiones (Paz, 2000:371).
Los cambios altisonantemente expresados por el gobierno no estuvieron sustentados en políticas que resolvieran los problemas indígenas, precisamente debido a que no estaban en la agenda trasnacional de reducción y expulsión de los territorios apetecidos por la existencia de recursos naturales. En consonancia con la ideología del indigenismo mixto, transcurre la dictadura de Pérez Jiménez que continúa las líneas de acción del BO, complementado con la incidencia del Plan de Viviendas Rurales vigente hasta más allá de iniciada la década de los ´90 y la acción desarrollista del MOP. Posterior al derrocamiento de la dictadura se empieza a vislumbrar la actuación estatal desde un indigenismo directo, para la segunda mitad del siglo XX, que evolucionaría desde una política revisionista hasta una gestión desarrollista y diferencialista que coincidió con la crisis del sistema político a finales del siglo.
Existen indicios que permiten afirmar, que durante la primera parte del siglo XX, las relaciones del Estado venezolano con las sociedades indígenas se dieron bajo la incidencia de un paradigma que propugnó el agrupamiento indígena en poblados de corte occidental y la promoción de asentamientos excluyentes, suerte de pueblos nucleados en torno de servicios occidentales. Los efectos negativos para las comunidades indígenas tales como: el descalabro de la tradicional construcción con tierra, las migraciones urbanas, el genocidio impulsado por las empresas transnacionales explotadoras de hidrocarburos bajo la anuencia estatal, el etnocidio, la desestructuración social, la asistencia humanitaria como excusa para la expoliación territorial y cultural, el racismo de Estado al otorgar viviendas de muy baja calidad con tipología inadecuada para los indígenas y al promover el hacinamiento compulsivo, tuvieron como pivote la vigencia de la LDM promulgada durante la segunda década del siglo XX y que sirvió para emprender lo que posteriormente se desarrolló en los años subsiguientes.
En estos asentamientos concebidos para los indígenas bajo una política sistemática racista y etnocida, que en apariencia fueron destacados como acciones humanistas y cristianas, desarrolló complejas relaciones paternalistas y asistencialistas con el Estado que sometieron a los indígenas a un potente sistema deculturativo que promovió la reproducción de una cultura de conquista, con la fijación de costumbres y prácticas de la sociedad dominante en detrimento de sus propios aspectos culturales. Los efectos de esta reproducción desestructuraron su habitabilidad primaria mediante la aplicación de códigos y modelos que derivaron en el cambio sociocultural negativo, se impuso
una habitabilidad urbana con recintos espaciales inadecuados cuya tecnología obligó, bajo prejuicio, a abandonar su milenaria arquitectura bioclimática y cuya funcionalidad “extraña” cercenaría las prácticas económicas de subsistencia que mantenían en armonía con sus territorios ancestrales.
ACUÑA, Á. (1998) Yu´pas. En la frontera de la tradición y el cambio. Quito: Abya-Yala.
ALARCÓN, J. (2012) La invasión no ha terminado. Dinámicas histórico- antropológicas de agresión y usurpación a los indígenas. Maracaibo: Universidad del Zulia.
ALLAIS, M (2004) La población indígena de Venezuela según los censos nacionales. Caracas: II Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población.
ARAUJO, O. (2013) Venezuela violenta. Caracas: Banco Central de Venezuela.
Colección Venezuela y su Petróleo.
BASTIDAS, L. (2002) “Las tierras comunales indígenas en la legislación venezolana.
Estudio de un caso”. Cenipec. Volumen 21, 45-81.
BELLO, L. (2012) “Venezuela. La situación de los pueblos indígenas aislados o con poco contacto”. En: MAHECHA, D. y FRANKY, C. (Coordinadores). Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. España-Dinamarca: IWGIA, IPES.
BIORD, H. (2009) “Indianismo, Indigenismo e Indiocracia: noventa años de políticas públicas para Pueblos Indígenas en Venezuela (1915-2005)” Kuawai. Volumen 2, N° 3, 63-99.
BOLÍVAR, T.; TORRES, H. y ROSAS, I. (2012) “El intento de vivienda para todos desde el Estado venezolano”. En: ERAZO, J. (Coordinador). Políticas de empleo y vivienda en Sudamérica. Quito: FLACSO, CLACSO, Instituto de la Ciudad.
CASTILLO, D. (1989) Mito y sociedad en los barí. Salamanca: Amarú, 2da edición.
CILENTO, A. (2004) “Infraestructura petrolera en Venezuela 1917-1975 (conquista del territorio, poblamiento e innovación tecnológica)”, En: MARTÍN, J. y TEJERA,
Y. (Coordinadores). Petróleo nuestro y ajeno. La ilusión de modernidad.
Caracas: CDCHUCV, Colección Estudios.
CILENTO, A. (2008) “Políticas de alojamiento en Venezuela: aciertos, errores y
propuestas”. Tecnología y Construcción. Volumen 24-II, 35-58.
DE CHENE, A. (1969) La transformación de comunidades petroleras. Proceso de integración de Campamentos petroleros a ciudades vecinas. Caracas: Escritorio Andrés de Chene.
ETTINGER, C. (2010) “Una nueva domesticidad. Los indígenas de la Alta California y la vivienda misional”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Disponible en: http:// nuevomundo.revues.org/58264 Consultado el 25/06/2016.
FARÍAS, J. (2008) “La vida sostenible de Maurak”. Wayuunaiki, Año VIII, N° 111, 14.
GARCÍA, P. (1982) Aporte para la historia del movimiento sindical zuliano.
Maracaibo: s/n
GASPARINI, G. y MARGOLIES, L. (2002) Arquitectura indígena de Venezuela.
Caracas: Editorial Arte.
GOBERNACIÓN DEL ESTADO DELTA AMACURO (1992) Sobre la casa Yakariyene. Microdiagnóstico. Caracas: Gobernación del Estado Delta Amacuro, Fundación para la Familia Campesina e Indígena, Fiscalía General de la República. Fiscal Nacional Indigenista.
GUITIAN, D. y HERNÁNDEZ, B. (2010) “Arquitectura moderna y políticas de vivienda en
Venezuela. Del interés social al bajo costo” Tecnología y Construcción. N° 26-II.
LARREAL, M. (2005) “Ziruma. Primer barrio Wayuu en Maracaibo”. Así Somos. Año 5, Nº 12, 14-16.
MARTENS, R. (2011) “La demarcación del hábitat y tierras de comunidades y pueblos indígenas del estado Bolívar, entre el desarrollo nacional y la identidad cultural”. Boletín Antropológico. Año 29, Nº 82, 132-162.
MARTÍN FRECHILLA, J. (1997) “Obras Públicas. Siglo XX”. Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas: Fundación Polar. Volumen III, 377-388.
MEZA, B. (2008) “Superbloques y masificación: viviendas Banco Obrero en Venezuela
(1955-1957)”. Tecnología y Construcción. Volumen 24-I, N° 2, 19-33.
MORALES, F.; MÁRQUEZ, S.; SUÁREZ, D. y MADRID, J. (2007) “Aspectos relevantes
que deben ser tomados en cuenta a la hora de demarcar los territorios indígenas”.
OBSERVATORIO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (01/08/2009)
“Primero la demarcación: Urge revisión de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas”. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Disponible en: http://www.aporrea.org/actualidad/n139784.html Consultado el 25/10/2015.
PAZ, C. (2000) “Las políticas indigenistas en el marco del nuevo ideal nacional (1953-
1958)”. Espacio Abierto. Volumen 9, N° 003, 365-390.
PERERA,M.(2009)LapatriaindígenadeElLibertador.Bolívar, bolivarianismo e indianidad. Caracas: Grupo Editorial Random House Mondadori, Colección Actualidad.
PÉREZ, L. (2006) “Los wayuu: tiempos, espacios y circunstancias”. Espacio Abierto.
Volumen 15, N°. 1 y 2, 403-426.
PETIT, J. y BLASCO, J. (14/01/1968) “50 muertos entre guaicas y makiritares por epidemias de sarampión y tuberculosis”. Últimas Noticias. Año 27, N° 10.839, 19.
PORTILLO, Rosana (2005) “Maracaibo es la frontera de los sueños Wayuu. Un puente
libre a la tierra ancestral”. Wayuunaiki. Año V, N° 74, 30.
PUEBLOS INDÍGENAS DE VENEZUELA (2009) Pemón Nº 1. Caracas: Santillana, Colección Bicentenario.
ROLDÁN, R. (2005) Manual para la formación en derechos indígenas. Territorios recursos naturales y convenios internacionales. Quito: Abya Yala, 2da Edición.
TABUAS, M. (14/10/2005) “La expulsión de Nuevas Tribus fue solicitada hace décadas”.
UZCÁTEGUI, F. (2007) Análisis de la evolución de las políticas públicas en comunidades indígenas venezolanas (1836-1959). Revista Venezolana de Ciencia Política, Nº 32, 11-20.
WATSON, L. (1982) Conflicto e identidad en una familia urbana guajira.
Maracaibo: CORPOZULIA-UCAB, Centro de Lenguas Indígenas.
Vol 26, N°2
Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio de 2017, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
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