Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología Vol.26 No.1 (enero - marzo, 2017): 121-137
Rina Mazuera Arias y Neida Albornoz Arias*
Múltiples estudios señalan que, de acuerdo a diversas variables de estratificación socioeconómica, las adolescentes de un nivel socioeconómico bajo tienen mayor probabilidad de ser madres y el porcentaje de madres adolescentes es mayor en aquellas sin nivel educativo o sólo con educación primaria, existiendo desigualdades sociales en las mismas. Se presentan parte de los datos de la investigación sobre la maternidad adolescente en el Norte de Santander y en el Estado Táchira. Se analiza el nivel educativo de madres adolescentes encuestadas en el Norte de Santander (Colombia) y en el estado Táchira (Venezuela); y se comparan los resultados de la investigación en los temas de deserción escolar y vulnerabilidad del derecho a la educación en los dos territorios. La investigación es no experimental, transversal, cuantitativa y descriptiva. Se aplicó una encuesta estructurada a una muestra representativa de 406 y 235 madres adolescentes, respectivamente. Los hallazgos revelan que las madres adolescentes en ambos contextos tienen primaria incompleta o bachillerato incompleto y más de la tercera parte dejan de estudiar después del embarazo. En la maternidad adolescente existen condiciones de pobreza que incrementan las desigualdades sociales, afectándose negativamente el derecho a la educación.
Recibido: 27-06-2016 / Aceptado: 11-12-2016
* Universidad Simón Bolívar. Cúcuta, Colombia/ Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal, Venezuela.
E-mail: r.mazuera@unisimonbolivar.edu.co; rmazuera@ucat.edu.ve n.albornoz@unisimonbolivar.edu.co; albornoz@ucat.edu.ve
Teenage pregnancy, social inequality and educational exclusion in the Norte de Santander Department (Colombia) and the Táchira State (Venezuela)
According to various variables of socioeconomic stratification, multiple studies indicate that adolescents of low socioeconomic status are more likely to be mothers, and such percentage of teenage mothers is higher in those with no or only primary education, besides the existing social inequalities among them. Part of the research data on adolescent motherhood in the Norte de Santander Department and Táchira State are presented. The educational level of mother adolescents surveyed in the political territories of both countries and the research results are compared on the issues of dropout and the vulnerability to the right to education. The research is a non experimental, transversal, quantitative and descriptive one. A structured survey was applied to a representative sample of 406 adolescents and 235 mothers, respectively. The findings reveal that teenage mothers in both contexts have not completed primary school or high school and more than one third stop studying after pregnancy. The poor conditions existing in teen motherhood increase social inequalities which affect negatively the right to education.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) señaló que: diecisiete millones (17.000.000) de adolescentes dan a luz cada año (1 millón menores de 15 años, y 16 millones entre 15 y 19 años). El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo; 38% de las mujeres se embarazan teniendo 19 años o menos y aproximadamente el 20% de nacimientos vivos son de madres adolescentes (UNICEF, s/f). La tasa de fecundidad adolescente, la cantidad de nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad, es en Venezuela de 80 y en Colombia de 52 (Banco Mundial, 2014), teniendo Venezuela una de las tasas más altas en América Latina, sin incluir el
embarazo de adolescentes de 10 a 14 años, grupo etario que generalmente no se incluye en las estadísticas.
En Colombia según el DANE (2014), se dieron 659.202 nacimientos de los cuales
que representan 22,5%, fueron de madres de 10 a 19 años. En el Departamento Norte de Santander el total de nacimientos fue 19.914, y de ellos 4.268 de madres de 10 a 19 años. Los nacimientos de madres con edades de 10 a 14 años fueron 6.470 en el ámbito nacional y de ellos 2,4% (155 casos), en el Norte de Santander. Por su parte Venezuela ocupa el primer lugar entre los países de Suramérica, con mayor número de embarazos en adolescentes como se dijo antes (UNFPA, 2014). El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en Venezuela, en el XIV Censo de Población y Vivienda de 2011 (Censo 2011), señala que el 15% de las adolescentes entre 15 y 19 años son madres y el Estado Táchira posee el 12% de madres adolescentes entre 15 y 19 años (INE, 2011).
Por lo tanto, el embarazo en la adolescencia es un problema social que tiene un impacto en la vida de la adolescente, su hijo, su familia. La maternidad adolescente para un grupo de madres es planificada y deseada, formando parte de su proyecto de vida, para otras es inesperado y producto del desconocimiento de los métodos de planificación familiar. La maternidad adolescente generalmente tiene como contexto problemas económicos y sociales que conducen a la adolescente al abandono escolar temprano antes o después del embarazo, por falta de apoyo emocional, afectivo y económico de sus familias (Issler, 2001; Panduro, 2012; Pantelides, 2004; De Jesús y Menkes 2011; De Jesús, 2011; De Jesús y González); por lo cual la maternidad adolescente no necesariamente es la causa principal de la deserción escolar (Salazar, Rodríguez y Daza, 2007), sino diversos factores que marcan las desigualdades sociales y la exclusión social.
Elpresenteartículomuestradatosparcialesdelainvestigación“Maternidadadolescente en el Norte de Santander (Colombia) y en el Táchira (Venezuela”). Investigación concluida y que se realizó de manera conjunta por la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta y la Universidad Católica del Táchira. Se presenta un análisis univariado del nivel educativo de madres adolescentes encuestadas, y se comparan los resultados de la investigación en los temas de deserción escolar y vulnerabilidad del derecho a la educación entre el Táchira y Norte de Santander.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el embarazo adolescente intervienen diversas causas de distinta naturaleza, entre ellas puede mencionarse: la imposibilidad del ejercicio de los derechos humanos, la violencia y coacción sexual, el matrimonio infantil, la pobreza, la desigualdad de género, las políticas nacionales que restringen el acceso a medios de planificación familiar, la falta de acceso a la educación y a los servicios de salud reproductiva, la baja inversión en el capital humano de niñas adolescentes (UNFPA, 2013). En ese sentido, el embarazo adolescente debe analizarse bajo un enfoque ecológico que considere todos los factores que intervienen y se interrelacionan entre sí, afectando la capacidad de las adolescentes en el ejercicio de sus
derechos (UNFPA, 2013). Los mayores porcentajes de embarazos de adolescentes (95% aproximadamente) se producen en países de bajos y medianos ingresos (OMS, 2014)
Indistintamente de la variable de estratificación socioeconómica que se use en las investigaciones, se comprueba que las adolescentes de un nivel socioeconómico más bajo tienen más posibilidades de ser madres en comparación con las adolescentes de un nivel socioeconómico más alto (Flórez y Soto, 2007; Galindo, 2012). El nivel de fecundidad está determinado por condiciones socioeconómicas y contextuales de la adolescente, que actúan a través de determinantes como la unión, inicio de relaciones sexuales, anticoncepción, aborto entre otros (Flórez y Soto, 2006). Las adolescentes pobres tienen mayores posibilidades de ser madres y son más proclives a permanecer en condiciones de pobreza. Se da un círculo de pobreza que inicia con la madre y continúa con los hijos (Parada, 2006; Flórez y Soto, 200), aunque Stern (2012) señala que tampoco implica que sea un fenómeno que conduzca a dicha situación ni que, por sí mismo, lleve a perpetuarla, pues también influyen factores culturales. Los hijos de madres adolescentes tienden a tener retardos en el desarrollo, problemas en el comportamiento y a desertar de la escuela (Flórez y Soto, 2007), opinión que es cuestionada cuando el abandono escolar ocurre antes del primer embarazo.
Para algunos autores, la principal causa de la maternidad adolescente es la pobreza; la maternidad en situación de pobreza no tiene costo; no hay oportunidades para las adolescentes, debido al contexto en que viven; la maternidad es una forma de obtener reconocimiento social, ante las bajas posibilidades de obtener trabajo (Rich-Edwards, 2002; Fuller, 2005; citados por Nóblega, 2009). Sin embargo, no se puede afirmar que el embarazo adolescente sea causa o consecuencia de la “deserción escolar y de la baja acumulación de capital humano y, por ende, de la pobreza” (Flórez y Soto, s/f:62). Diversos estudios demuestran que la maternidad adolescente es mayor en adolescentes sin nivel educativo o con nivel primaria, en comparación con las que tienen nivel secundaria o un nivel más alto (Flórez y Soto, 2008; Flórez y Soto, 2007).
En los países de América Latina, “el conocimiento de métodos de planificación familiar es casi universal en todos los países, con diferenciales marcados por zona y nivel educativo en los países de transición rezagada” (Flórez y Soto, 2008:30); “la educación sexual ha afectado primordialmente a las adolescentes de los quintiles más altos, mientras que las de los quintiles más bajos siguen siendo vulnerables y dependen principalmente de sus niveles educativos, contextos familiares y sociales. (Galindo, 2012:137). Las adolescentes pobres comienzan a tener relaciones sexuales más temprano y se unen en mayor porcentaje que las adolescentes de estratos altos (Flórez y Soto, s/f). El nivel educativo de las adolescentes y las condiciones socioeconómicas del hogar inciden en el inicio de las relaciones sexuales y la maternidad adolescente (Henao et al., 2007).
Los datos en Venezuela muestran que, desde 1990 y hasta el 2000, la proporción de la maternidad adolescente es 3 a 4 veces mayor en las adolescentes que no superan la escuela básica, en comparación con las que lo hacen. Como las desigualdades en el desarrollo económico y social de los territorios provocan limitaciones al desarrollo individual, los años de escolaridad no son suficientes para disminuir los riesgos de procreación (Freitez, 2007).
La maternidad adolescente puede tener consecuencias sociales y económicas negativas para las madres, las familias y la sociedad. Un número importante de adolescentes se han visto obligadas a abandonar sus estudios, lo que significa que tendrán menos cualidades y oportunidades para incorporarse en el mundo laboral, conforme lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014; Parada, 2006).
Como ya se mencionó, el embarazo adolescente no es la causa principal del abandono escolar; sin embargo, tiene peso en el abandono temporal o definitivo en los estudios. Algunos estudios muestran que la mayoría de adolescentes abandonan sus estudios en los dos últimos años de primaria y primero de secundaria, con anterioridad al embarazo; sus familias son pobres, su principal actividad es ayudar en las tareas del hogar (Kaplan y Fainsod, 2001, Citado por Climent, 2002).
Las marcadas diferencias entre las adolescentes de acuerdo a su nivel educativo y condiciones socioeconómicas ponen de manifiesto las consecuencias de las desigualdades sociales, “las desigualdades son sistemáticas y son el resultado de normas, políticas y prácticas sociales que toleran o incluso favorecen una distribución injusta del poder, la riqueza y otros recursos sociales necesarios, y del acceso a éstos” (OMS, 2008:14).
La educación es un derecho humano fundamental de los niños y adolescentes. Este derecho está incorporado en importantes tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se establece:
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. (ONU, 1948, artículo 26, p. 4). (negrillas propias).
De igual manera, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU, 1966), se encuentra la enunciación más extensa de dicho derecho, cuyo ejercicio implica que: la educación primaria es obligatoria y gratuita; la educación secundaria en todas sus formas, así como la educación superior, debe hacerse accesible a todos e implementarse progresivamente como enseñanza
gratuita; para las personas que no han iniciado o terminado su educación primaria, debe fomentarse la educación fundamental; debe desarrollarse un sistema escolar con todos sus ciclos, un sistema de becas y mejoramiento constante de las condiciones materiales de los docentes (ONU, 1966, artículo 13).
Por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño también consagra el derecho a la educación y capacitación de todos los niños y adolescentes menores de 18 años, para contribuir a la integración social, así como al desarrollo individual (personalidad, aptitudes, capacidad mental y física), cultural y espiritual. Para el ejercicio de estos derechos es necesario que el Estado reconozca la educación como un derecho fundamental y, por tanto, debe: “d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar” (ONU, 1989, artículo 28, p. 29).
Los instrumentos normativos y los convenios internacionales establecen el marco regulatorio para la existencia de un derecho a la educación sin discriminación y sin exclusión; se asume que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental, indispensable para ejercer los demás derechos, promueve libertad y autonomía personal, genera beneficios para el desarrollo humano, implica una vida digna, es necesario para poder ejercer los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales (Briseño, Bautista, 2014).
Existen diversas concepciones teóricas sobre la desigualdad social y la exclusión social. La perspectiva de Durkheim citado por Silva (2010), considera que la sociedad se encuentra en crisis, carente de valores, y que la exclusión social es un fenómeno social perturbador derivado de la segmentación del trabajo social. La escuela de Weber citado por Silva (2010), por su parte, considera que la desigualdad social implica la apropiación de bienes y recursos, tales como personas, lugares, posiciones organizacionales y relaciones sociales, a través de la competencia y lucha, por parte de algunos actores, de manera individual o colectiva, en perjuicio de otros que son excluidos. Las desigualdades sociales se dan en tres ejes: económico, social y político, resultando la conflictividad social. En una línea más restrictiva, la exclusión social surge del campo organizacional y del poder, lo que da lugar a las diferentes desigualdades. En la óptica Marxista, los incluidos serán los que detentan el control de los medios de producción, y los excluidos los que disponen solo de su fuerza de trabajo para lograr su subsistencia (Silva, 2010).
Como señala Silva (2010):
La exclusión social es segregada, en primera y última instancia, por el propio sistema social. Las desigualdades y exclusiones sociales son producidas y reproducidas por la acción social de los diversos tipos de actores sociales y ésta, a su vez, es estructurada por las condiciones (pre)existentes de las desigualdades (p. 129)
La inclusión implica superar las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales que producen la exclusión, a través de un proceso democrático integral, por ello es un derecho y deber de los ciudadanos (Conde, 2014), es decir, se trata de un proceso que contempla el derecho de ser diferente, valora la existencia de la diversidad, asume que las personas difieren unas de otras de distintas formas, que existen diferencias individuales vistas desde diversas características de las mismas personas y las iniciativas de inclusión acogen a esa diversidad sin distinción o discriminación alguna, dando un trato equitativo como es el acceso a la educación de calidad para todos; proceso que disminuye las barreras para que todos participen sin importar las características sociales, físicas, mentales y contextos culturales.
Situaciones de exclusión social conducen a las adolescentes hacia embarazos en la adolescencia (deseados o no deseados), como forma de vida y es común en sociedades numerosas como por ejemplo en población rural y marginal urbana, donde la unión y la maternidad tempranas constituyen una parte alternativa de forma de vida femenina ante las cuales existen pocas opciones reales. Para las mujeres de estos sectores, la extensión de la escolarización y la apertura de opciones de vida distintas a la maternidad sólo se irán produciendo conforme se vayan modificando las estructuras sociales y culturales que ahora las restringen. Es por ello que normalmente los esfuerzos del organismos públicos y privados por brindar mayor información y acceso a los anticonceptivos para prevenir el embarazo adolescente no terminan de ser eficaces, pues son las mismas adolescentes que no se sienten motivadas ni tienen las condiciones adecuadas para hacerlo (Stern, 2012).
Investigaciones en Colombia demuestran que existe una alta desigualdad social, y la misma se relaciona con la baja movilidad social intergeneracional, los hijos de padres con bajo nivel educativo nacen en mayores desventajas que aquellos cuyos padres poseen mayor capital humano, existe una transmisión del logro educativo, los años de educación alcanzados por los hijos se relacionan con los años de educación de sus padres (Galvis, Meisel, 2014).
La formación del capital humano es importante en las primeras etapas de la vida, y estudios en materia de embarazo adolescente evidencian que la tasa de embarazo es mayor en la población más pobre (Espíndola y León, 2002; Stern, 2012; De Jesús y Gonzáles, 2014). “Estas disparidades son importantes, en vista de que la fecundidad juvenil es un determinante esencial de la formación del capital humano en las primeras etapas de la vida. Además, trae como consecuencia baja movilidad social y mayor desigualdad” (Galvis, Meisel, 2014:263)
La falta de educación limita las posibilidades de insertarse en el mercado laboral, y el desempleo y subempleo traen desigualdad social. La falta de un empleo estable trae consigo un empleo inestable sin beneficios sociales, lo cual conduce a la pérdida de integración social y a la exclusión, desintegrándose las relaciones sociales (Vite, 2007). La exclusión se identifica con las relaciones sociales; existe una pérdida de solidaridad, participación y acceso a recursos (Albert, Davia, 2011). En ese sentido:
La individualización de los riesgos de la vulnerabilidad ha provocado que la nueva desigualdad social sea múltiple, es decir, con la ausencia o debilidad de las protecciones sociales ha favorecido que tenga como causa la edad, el sexo, la raza, el estado civil (Vite, 2007, p. 65).
La educación es un indicador de las capacidades individuales, ayuda a encontrar empleo, disminuye la precariedad en el mercado laboral, protege de la pobreza, es una capacidad instrumental que permite generar ingresos:
El rol instrumental de la educación en el ámbito económico constituye el núcleo del enfoque de capital humano, pero el enfoque de las capacidades también contempla la naturaleza instrumental de la educación fuera del ámbito estrictamente económico: mayores habilidades comunicativas, libertad de pensamiento, etc (Albert, Davia, 2011:69)
Investigaciones demuestran que la educación disminuye más de la mitad el riesgo de pobreza monetaria, a mayor edad menor es la exclusión educativa; el tener hijos y el número de ellos aumenta el riesgo de pobreza monetaria como de exclusión educativa; los jóvenes con pocos logros educativos son más sensibles a la pobreza monetaria y a la privación de recursos para satisfacer sus necesidades (Albert, Davia, 2011).
Sin embargo, por otra parte, para los niños y adolescentes la desigualdad social es un objeto abstracto; las personas ricas y pobres se presentan como observable social, como acciones y hechos, que se convierten para ellos en indicadores de la desigualdad social (Imhoff y Brussino, 2015). En investigaciones realizadas en niños y adolescentes se considera que para lograr la movilidad social, ascender o descender en la escala social, es fundamental el trabajo; no obstante, muchas familias no relacionan la educación con la movilidad social; son pocos los niños y adolescentes que consideran que la salida de la pobreza se logra con la educación. Las soluciones que proponen Acuña, Aguilera, Cesario, Imhoff (2016), para la desigualdad social son: mayor intervención de las autoridades y de personas ricas, que deberían ayudar como una obligación moral (para niños y adolescentes de clase media-alta); y la ayuda de terceros, particulares, y en menor proporción del gobierno (para niños y adolescentes de clase baja).
La presente ponencia es producto del proyecto de investigación: “Maternidad de las adolescentes en Norte de Santander”, adelantado en la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta, y el proyecto de investigación “El Táchira en Cifras, 2014, Maternidad y Embarazo en adolescentes”, realizado en la Universidad Católica del Táchira. Se trata de dos investigaciones no experimentales. De las variables analizadas se observaron fenómenos que ya sucedieron y tal como se dan en su contexto (Hernández et.al. 2003).Se trata de un estudio transversal, descriptivo y cuantitativo (Lara, 2011).
En este documento se presentan resultados de las variables relacionadas con la deserción escolar y con el nivel educativo, las cuales pueden influir negativamente en las condiciones de bienestar y desarrollo personal de las adolescentes.
La población objeto de estudio está constituida por madres adolescentes con hijos no mayores de 18 meses del Norte de Santander y el Táchira, ubicadas tanto en el sector rural como en el urbano. Se consultó la distribución de la población femenina por edades simples en los referidos contextos para los años 2013 y 2014, con edades de 10 a 19 años a fin de establecer ponderadores para desagregar a las madres que constituyen la población en las cohortes de edad establecidas para el estudio (10 a 14 años, 15 a 17 años, 18 a 19 años). Para el Norte de Santander se emplean estadísticas vitales y proyecciones poblacionales del departamento Norte de Santander publicadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2015) y para el Estado Táchira población femenina proyectada, según resultados del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2011).
Los criterios de inclusión consideraron como adolescentes a aquellas mujeres con edad comprendida entre los 10 y 19 años (criterio establecido por el Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA, 1999); la fecha de nacimiento del último hijo, para que el mismo no fuese mayor a 18 meses al momento que se determinó el tamaño de la población y muestra; y el domicilio de la madre, que debió ser en el Departamento Norte de Santander o en el Estado Táchira.
La población quedó constituida por un total de 6.435 madres adolescentes con residencia en el Norte de Santander y 1.963 madres adolescentes en el Táchira.
En el plan de muestreo se utilizó el método de muestreo probabilístico multietápico; en primer lugar, se determinó el tamaño de muestra mediante un muestreo aleatorio simple en poblaciones finitas, dadas la confiabilidad (1-α) y el margen de error (ε). El tamaño de muestra (n) se determina mediante la siguiente expresión, en la que N representa el tamaño de la población, (p) la probabilidad esperada de observar el fenómeno, y (Z) el valor en la tabla de distribución normal dado un nivel de confianza determinado.
Se fijó un nivel de confiabilidad de 95% con un error máximo admisible de 5% para el Norte de Santander y 6% para Táchira; y la máxima dispersión de la variable clave (esto es, a p y q se les asigna el valor de 0,5). Se obtiene una muestra de por lo menos 406 madres adolescentes para Norte de Santander y 235 para Táchira. Esta muestra fue discriminada por municipios en ambos contextos, haciendo la distribución por asignación proporcional de la población de cada municipio. Para efectos de la presente ponencia se muestran los datos generales del Norte de Santander y del Táchira.
Para la recolección de la información se diseñó una encuesta estructurada, aplicada a la muestra de las adolescentes. A cada madre adolescente se le requirió el consentimiento informado. La recolección de información en el Norte de Santander se realizó entre los meses de septiembre-noviembre de 2015 y en Táchira en los meses de mayo y julio de 2014. Para efecto del análisis se emplearon métodos univariados y divariados de datos.
Tanto el Estado colombiano como el venezolano reconocen la educación como un derecho, pues el mismo está consagrado en la Constitución de ambos países. La Constitución Política de Colombia establece que la educación es un derecho fundamental de los niños (Colombia, Constitución Política, 1991, artículo 44); es un derecho de la persona, es un servicio público, y el Estado, sociedad y familia son los responsables de la educación, obligatoria entre los cinco y quince años, que debe comprender como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica (Colombia, Constitución Política, 1991, artículo 67); y el Estado tiene el deber de promover el acceso a los servicios de educación (Colombia, Constitución Política, 1991, artículo 64).
Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla que la educación es uno de los medios para lograr el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad (Venezuela, Constitución de la República Bolivariana, 1999, artículo 3); es un derecho humano y deber social; es gratuita y obligatoria; es un servicio público, que tiene como fin desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad; y el Estado, junto con las familias y la sociedad, deben promover el proceso de educación (Venezuela, Constitución de la República Bolivariana, 1999, artículo 102). El derecho a la educación integral de calidad es de todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones y oportunidades, es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario (Venezuela, Constitución de la República Bolivariana, 1999, artículo 103).
Los postulados anteriores manifiestan que el ejercicio del derecho a la educación está sujeto a cuatro condiciones: a) la accesibilidad a todos los titulares del mismo, sin distinción de raza, religión o cultura; b) la aceptación de los programas educativos por parte de los titulares del derecho (estudiantes y sus representantes legales); por ello, deben ser acordes culturalmente; o sea, que debe existir c) la capacidad de adaptación de los programas educativos a los cambios de la sociedad y actualización del mundo globalizado, para que así, la educación pueda contribuir con el desarrollo; y d) la disponibilidad de instituciones educativas que satisfagan la demanda de educación de la población. Por ello, los responsables del cumplimiento de este derecho son el Estado y los padres o representantes legales. La inobservancia de cualquiera de estas cuatro condiciones podría excluir a los niños y adolescentes del ejercicio de este derecho.
En el caso de las adolescentes encuestadas en Norte de Santander y Táchira, apenas 29,6% y 31,8% respectivamente, manifestaron que están estudiando actualmente, para la cuales el embarazo no significó la deserción escolar (Salazar, Rodríguez y Daza, 2007; Stern, 2012).
Del porcentaje de adolescentes que no estudian actualmente, se consultó en qué momento dejaron de estudiar y las respuestas en ambos contextos se muestran en la siguiente tabla:
Norte de Santander | Táchira | |
Antes del primer embarazo | 62,9% | 61,6% |
Después del 1º embarazo | 31,1% | 38,4% |
Después del 2º o posterior embarazo | 0,3% | - |
No sabe, no responde | 5,6% | - |
Fuente: elaboración propia. Datos de las adolescentes que manifestaron no estudiar actualmente; es decir, 70,4% de las encuestadas en Norte de Santander y 68,2% en Táchira.
En el Norte de Santander las madres adolescentes que dejaron de estudiar antes del primer embarazo lo hicieron a una edad promedio de 15 años. Los datos reportan que la edad mínima fue 10 años y la máxima 19 años. En el Táchira, el 50% de las madres adolescentes con edades entre 10 y 14 años, el 65% de 15 a 17 años, y el 61% de 18 a 19 años dejaron de estudiar, respectivamente, antes del primer embarazo.
En los resultados anteriores puede observarse que el embarazo no es la principal causa de la deserción escolar en las adolescentes, casi las dos terceras partes de las encuestadas en ambos contextos, que actualmente no estudian, abandonaron sus estudios antes del primer embarazo. Existen ciertas circunstancias sociales que pueden propiciar el embarazo adolescente, si bien cada situación es única, en determinados sectores es más frecuente que en otros, debido a que “ciertas características del entorno sociocultural se traducen en que haya una mayor vulnerabilidad en ciertos sectores sociales para que ello ocurra, en que haya una mayor propensión a que ocurran este tipo de embarazos” (Stern, 2004, p. 146); dependiendo de dichas características existirá vulnerabilidad social.
En el caso de las adolescentes que abandonaron los estudios antes del primer embarazo, los principales motivos fueron: en Norte de Santander: no quiso estudiar, necesitaba ganar dinero, la familia necesitaba ayuda, dificultades de aprendizaje, por estar muy lejos de la casa la escuela o liceo. En Táchira fueron: no quiso estudiar, por los costos, por estar lejos de la casa la escuela o liceo; resultados que concuerdan con lo señalado por Silva y Leiva (2013), “la maternidad podría deberse también a la ausencia de oportunidades que tienen los adolescentes” (p. 40). De las adolescentes que manifestaron no querer continuar sus estudios, el 37,5% están en el rango de 10 a 14 años, el 38,5% en el rango de 15 a 17 años y el 27,3% en el rango 18 y 19 años (Mazuera y Albornoz, 2015).
Frente a este panorama, en el Gráfico 1 se representa el porcentaje de adolescentes y el nivel educativo manifestado según cada contexto.
Universitario | 0,0% | Táchira | NS / NR | 1,0% | Norte de Santander 12,8% 25,4% 15,0% | |||
Técnico superior universitario | 1,3% | Tecnológica | 0,7% | |||||
Técnica profesional | 3,7% | |||||||
Bachillerato incompleto | 34,5% | Profesional | 1,2% | 37,4% | ||||
Bachillerato completo | 18,3% | Bachillerato incompleto | ||||||
Primaria incompleta | 31,9% | Bachillerato completo | ||||||
Primaria incompleta | ||||||||
Primaria completa | 10,6% | Primaria completa | ||||||
Sin nivel | 3,4% | Sin nivel | 2,7% |
Fuente: elaboración propia. Datos que incluyen las respuestas de todas las adolescentes encuestadas en Norte de Santander y Táchira indistintamente si están o no estudiando actualmente.
Otro factor a considerar es un importante porcentaje de las adolescentes que decidieron el embarazo voluntariamente, 33%en Norte de Santander y 42% en Táchira. En este grupo de adolescentes, las principales motivaciones del embarazo fueron querer tener un bebé y formar su propia familia, 94% y 84,5% respectivamente. Estos datos revelan que la prioridad o proyecto de vida de este grupo de adolescentes, está lejos de estudiar y profesionalizarse.
En la comprensión del embarazo adolescente y las consecuencias que produce en las personas y en las familias son importantes las condiciones materiales, sociales, opciones de vida y aspiraciones. En el sector marginal, la familia es poco estable (poco empleo, bajos salarios, violencia familiar, separación, alcoholismo entre otros) (Stern, 2004); se concibe al varón como valiente, audaz, y a la mujer de obediente, sufrida, valerosa, en ese contexto las políticas sociales relacionadas con la educación sexual, información, planificación familiar no corresponden con las necesidades de ese sector, por lo tanto como señala Stern “resulta necesario mejorar las condiciones tanto sociales como económicas para, de esta manera, abrir aspiraciones de mejores opciones de vida que propicien la demora de los nacimientos” (Stern, 2007, p. 123). Una manera de favorecer esas condiciones es motivar que las adolescentes permanezcan en la escuela por más años, es decir, continuar los estudios durante la adolescencia y poseer aspiraciones en la vida, se convierte en un factor protector en el embarazo adolescente (Stern, 2004). En el sector popular, las aspiraciones de las jóvenes y sus proyectos de vida implican terminar los estudios de secundaria o una carrera corta, trabajar, casarse y luego tener hijos, por lo que demoran el inicio de las relaciones sexuales
El embarazo adolescente se relaciona con la pobreza, el bajo nivel educativo, y la deserción escolar, que al mismo tiempo obstaculizan la inserción laboral, y por ende la obtención de recursos para satisfacer las necesidades, persistiendo los determinantes
estructurales del embarazo como la clase social, la desigualdad económica y social y la educación (Pacheco, 2015).
En el estudio, un poco menos de la tercera parte de las madres adolescentes continúan ejerciendo su derecho a la educación, lo que significa que la gran mayoría tiene vulnerado su derecho por diversas razones, lo que refuerza la desigualdad social, por las consecuencias que trae la falta de educación ante las posibilidades de insertarse en el mercado laboral y lograr un proyecto de vida que implique la profesionalización o tener un trabajo de calidad.
Con los resultados obtenidos, se concluye que el embarazo adolescente no es la causa principal de la deserción escolar para la mayoría de madres adolescentes encuestadas, ya que la gran mayoría dejaron de estudiar antes del embarazo. Por ello, Stern (2012), señala que es un mito la argumentación o creencia que el embarazo adolescente lleva al abandono escolar, coarta las pobilidades de una escolarización suficiente, pues la proporción de adolescentes embarazadas ya habían abandonado la escuela antes de embarazo como también sucede en la sociedad mexicana. No obstante, es cuestionado el papel del Estado como garante en el cumplimiento de este derecho, así como el rol de los padres o representantes legales
Para un grupo de madres adolescentes, el embarazo sí fue la causa principal de la deserción escolar, lo que demuestra el impacto que tiene la maternidad para la vida de la adolescente. Lo grave de los resultados es que en casi el 70% de las adolescentes en ambos territorios existe una exclusión educativa que amplía la brecha de desigualdad social. Independientemente de que la deserción escolar sea previa o posterior a la maternidad, son adolescentes que, teniendo la edad para estudiar y sin haber alcanzado el nivel educativo acorde con su edad, no han seguido estudiando.
Esta realidad demanda políticas económicas y sociales, así como programas dirigidos a grupos de población adolescente que promuevan y motiven posponer la maternidad y paternidad adolescente; garanticen acceso a información para prevenir embarazos y nacimientos no deseados; mejorar la posición de la mujer; extender la escolarización y oportunidades para jóvenes de lograr empleos; campañas educativas permanentes en programas de educación básica, media y superior; participación de los medios de comunicación en dichas campañas educativas; también se necesitan cambios entre adultos con respecto a su visión y valoración de la sexualidad en la población adolescente, porque si éstos se nieguen a ello es difícil que las políticas puedan evitar embarazos no deseados o incluso deseados en la adolescencia. La intervención del sector Ejecutivo, Legislativo y Judicial también es indispensable, pues la legislación debe restringir embarazos no deseados, impunidad de los varones en los problemas de salud reproductiva de la mujer, el abuso sexual entre otras mediaciones (Stern, 2012).
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Vol 26, N°1
Esta revista fue editada en formato digital y publicada en marzo de 2017, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
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