Introducción
En Colombia, la gobernabilidad del agua ha pasado por transformaciones en las últimas
décadas, transitando de un modelo sectorial hacia un enfoque de gestión integrada, conocido como
Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH). Según Correa (2015), la gobernabilidad del agua
es un proceso complejo que integra aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales
simultáneamente. Este enfoque busca la construcción de un cuerpo de actuación que gestione las
relaciones entre organizaciones y grupos sociales implicados en la toma de decisiones sobre el
agua. Implica su manejo, distribución y conservación tanto de forma horizontal, en diálogo urbano-
rural, como vertical, desde lo local a lo internacional; es decir, vinculación entre institucionales,
comunidades e interculturales.
Esta herramienta, expresa Correa (2015), representa el ejercicio de la autoridad política,
económica y administrativa para manejar los asuntos de un país en todos los niveles relacionados
con el acceso al agua. Incluye los mecanismos, procesos e instituciones que permiten a los
ciudadanos y grupos humanos articular intereses, ejercer derechos legales, cumplir obligaciones y
mediar diferencias. Delgado y Escobar (2020) manifiestan el surgimiento sobre la posibilidad de
un desarrollo basado en las personas y los lugares en el continuo urbano-rural; es decir, la
promoción de vínculos urbano-rurales a través de territorios funcionales que contribuyen a reducir
las desigualdades regionales y a potenciar el uso eficiente de recursos.
Históricamente, la gestión del agua en Colombia estaba fragmentada entre diferentes
instituciones gubernamentales y se enfocaba principalmente en la construcción de infraestructura
hidráulica. Sin embargo, desde la década de 1990, se empezó a transitar hacia un modelo de
gobernanza más participativo, descentralizado e integral, impulsado por reformas legales como la
Ley 99 (1993) y la Ley 373 (1997) que sentaron las bases para la GIRH.
El enfoque de la GIRH, en opinión de Cotler et al. (2020), representa una evolución en la
política del agua, superando la tradicional perspectiva sectorial mediante la inclusión holística de
la gestión de la oferta y demanda, la calidad del agua y la mitigación de riesgos asociados, todo
ello bajo una dinámica de coordinación y colaboración entre los distintos actores implicados.
Siendo su objetivo, el de materializar esta visión, establece mecanismos de coordinación, tales
como los Consejos de Cuenca, que sirven como plataformas de diálogo y decisión, integrando
voces de autoridades gubernamentales, usuarios del agua y representantes de comunidades.
Paralelamente, se ha logrado promover la descentralización de competencias relacionadas
con la gestión del agua a las corporaciones autónomas regionales, persiguiendo el objetivo de una
mayor eficacia y una mejor adaptación a cada una de las necesidades locales. García-Alzate et al.
(2020), la implementación de la GIRH, en Colombia enfrenta desafíos que son de suma
importancia, como lo constituyen los déficits en la articulación efectiva entre instituciones, las
restricciones en las capacidades técnicas y financieras de las entidades ambientales regionales, y
la persistencia de conflictos por el acceso al recurso hídrico.
Al respecto, se recoge la información que en el 2010 el Ministerio de Ambiente presentó la
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), la cual tuvo como
objetivo, según García-Alzate et al. (2020), garantizar la sostenibilidad del agua mediante la
consideración de su ciclo hidrológico y las interrelaciones entre actores. Esta política se enmarca
en la transición de Colombia hacia un modelo GIRH promovido por Naciones Unidas, el cual logra
promover la gestión sistémica del agua en interacción con la tierra y los otros recursos naturales.
En Colombia, según criterios de García-Alzate et al. (2020), la contaminación del agua
representa una problemática crítica, generada por múltiples factores como los vertimientos de
aguas residuales domésticas e industriales, las descargas de la minería y la acumulación de
plaguicidas y fertilizantes provenientes de las actividades agropecuarias. Asimismo, agregan
Gutiérrez y De la Parra (2020), que un ejemplo representativo de esta situación se observa en la