
71
CUESTIONES POLÍTICAS
Vol. 43 Nº 82 (2025): 62-76
Claro está, la toma de decisiones es fundamental para alcanzar el
bien común, para consolidar el Estado de Derecho, así como para medir
sus fortalezas y debilidades, con la nalidad de robustecer el derecho,
garantizando la vida digna, frenando los niveles acelerados de inación y
otros condicionamientos sociales que quiebran las condiciones de vida digna
de los individuos, donde el bien común es un objetivo de todos; amerita
de alianzas estratégicas, de integración, de unidad, de fortalecimiento
democrático, de saber escuchar las demandas del pueblo y de los sectores
sociales, haciendo que el trabajo sea visible dentro de las comunidades, de
la sociedad civil, pero para que esto sea posible, se requiere superar los
contextos asimétricos, dinamizar la actividad productiva, generar empleo.
En otras palabras, reestructurar el Estado de Derecho, conducirse con una
visión ética y responsable ante la sociedad, sin perder de vista lo fundamental
del tema económico, del que depende la superación de la pobreza, la
generación de fuentes de trabajo, mantener la salud, la educación, entre
otros temas sensibles para la sociedad.
Ahora bien, las experiencias sobre gestión de políticas públicas en
América Latina no han quedado en la discusión teórica, se han dado una serie
de experiencias prácticas, que han tenido como n mejoras en la sociedad
y el bien común de los individuos. Al respecto, pueden mencionarse la
implementación del programa de Bolsa Familiar en Brasil, bajo el gobierno
de Lula da Silva en Brasil (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016), cuyo
n es el apoyo a las familias en situación de pobreza extrema, ampliando la
cobertura en alimentación, salud y educación. Fue un programa de Gestión
de políticas públicas implementado en el año 2003 y convertido en ley en
el año 2014. Para el año 2015, se estima que había beneciado a más de
13.827.369 de familias, con un costo del 0,45% del Producto Interno Bruto
brasileño, ayudando a la reducción del 15% de la pobreza en el país.
En el caso de Uruguay, en el año 2007 fue puesto en práctica el Plan
Ceibal, siendo una iniciativa que proporcionaba un computador portátil a
cada estudiante y educador de escuelas públicas uruguayas, promoviendo
así la inclusión digital. Esta Política Pública contribuyó en el rendimiento
educativo de la nación, a cerrar las brechas tecnológicas y a la alfabetización
digital, principalmente de zonas rurales. Además, el proyecto ofrece recursos
digitales, plataformas y estrategias de formación y acompañamiento
docente, vinculando a las comunidades y las escuelas con las tecnologías.
Como resultado, los estudiantes mejoran las destrezas y competencias
tecnológicas, propiciando un ambiente de aprendizaje certero y propicio
para el siglo XXI. Se estima que su costo anual sea de cincuenta millones de
dólares, lo que equivale al 0,2% del Producto Interno Bruto (Jara, 2016).
En materia de salud, en Venezuela se implementó la Misión Barrio
Adentro, siendo una iniciativa de atención primaria en salud, que contó con
la cooperación binacional Cuba-Venezuela, cuyo objetivo era el acceso a la