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CUESTIONES POLÍTICAS
Vol. 41 Nº 79 (2023): 629-641
En lo tocante a las políticas educativas vinculantes a la IA, se pretende
amalgamar la IA con el acto educativo, con políticas públicas enfocadas
en el desarrollo sostenible. De esta manera, planicación de políticas
educativas y el uso de la inteligencia educativa convergen en una dinámica
permanente, caracterizada por diversos aspectos que se han de considerar,
como la necesidad de inversión, los desequilibrios sociales, las falencias
del Estado, las capacidades públicas y privadas de asimilación de la IA,
los intereses conservadores y la urgencia de una adecuada gestión para
transformar políticas educativas caducas en políticas educativas adaptadas
a los avances vertiginosos de la sociedad digital (UNESCO, 2019).
En virtud de lo anterior, la IA ha de insertarse en los modelos educativos,
en la práctica docente y en las instituciones, buscando el benecio
estudiantil, pero también de las comunidades, sin que la interacción
con tecnología de punta signique el quiebre de las relaciones humanas.
Aunque el componente humano y las interacciones con la alteridad son
fundamentales, la aparición de la IA en el contexto educativo demanda
la revisión de conceptos clave dentro de la enseñanza, como la función
docente, las competencias a desarrollar, la formación tecnológica y las
capacidades para el trabajo efectivo.
En el plano académico las virtudes del uso de la IA son muchas,
entendiéndose como posibilidades de interacción con las ciencias de
la salud, las ciencias sociales, la ingeniería, la informática, las ciencias
empresariales y otras disciplinas que buscan estimaciones reales en tiempo
récord, procesar cuantiosa información rápidamente, utilizando sistemas
determinados por la IA. El desarrollo de algoritmos y la presencia en
diversos campos de la ciencia, llevan a su difusión, aplicación e integración
a las investigaciones académicas actuales (Ocaña et. al, 2019).
En cuanto a la regulación y políticas públicas asociadas a la IA, diversos
organismos internacionales como la ONU, la UE y la OCDE, han publicado
una serie de recomendaciones, que destacan la responsabilidad del uso
de las tecnologías, su función dentro de la educación, la investigación y la
aplicación en los entornos sociales. Dichas orientaciones no son globales;
sus puntos clave pretenden unicar distintos países, pero sin integrar
totalidad de criterios, como los concernientes al acceso a la información, el
derecho a la privacidad, las implicaciones para el desarrollo sostenible, las
limitaciones fronterizas, lo que ha dicultado acuerdos comunes (Abdala
et. al, 2019).
En atención a lo anterior, se ha aludido a que la mejor manera de
afrontar el uso de la IA es acogerse a las políticas públicas y lineamientos
constitucionales en materia educativa propio de cada nación, que cuentan
con marcos jurídicos, normativos y regulatorios para el área educativa, de
donde se sugiere que sólo es necesario adecuar las políticas públicas a los
cambios introducidos por la IA. Ahora bien, adoptar esta posición implica