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CUESTIONES POLÍTICAS
Vol. 39 Nº 68 (Enero - Junio 2021): 25-50
Sin perjuicio que en los años setenta, la frase de información pública del
gobierno abierto se vinculó con el secreto gubernamental y de restricciones
del derecho a saber de las decisiones públicas del Reino Unido (Sandoval-
Almazán et al., 2018), hoy en día, en sentido contrario y en convergencia
con la llamada revolución de los datos, también conocida como la economía
de los datos (Agenda Digital para la Unión Europea), se ha impulsado un
conjunto de reformas globales, dirigidas a fortalecer la implementación de
prácticas de gobernanza y datos abiertos, que procuran la máxima eciencia
de la acción pública, así como, el rescate de la conanza de los ciudadanos,
en consonancia los Principios de la Alianza para el gobierno Abierto (AGA)
suscrita en el año 2011.
En el mismo orden de ideas, fue reconocida como uno de los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ODS, 2015). De igual modo, Sandoval-Almazan y
Styrin (2018); así como, Criado et al, (2018), al igual, como ya se mencionó
Safarov et al. (2017), quienes, con sus estudios empíricos han reanimado el
debate público contemporáneo a reimpulsar la apertura y la reutilización de
la información pública, en virtud, de sus efectos en tres dimensiones.
Estas iniciativas, por un lado, hacen más participativa la acción estatal,
al exigir que en la formulación de políticas se incorporen evidencias, así
como, la colaboración ciudadana y las buenas prácticas aplicadas. La
iniciativa de gobierno abierto, fue re-impulsada por la Ley Pública 115-435
promulgada en Estados Unidos el 14 de enero de 2019 identicada como
Open Government Data Act., 2019, en donde se exige a las agencias federales
que las políticas sean abiertas, es decir, que promuevan la participación
ciudadana y, además, que los datos de la agencias gubernamentales estén
disponibles, como insumos necesarios para la elaboración de políticas,
así como su re-utilización para emprendimientos económicos y servicios
públicos que generen valor social.
Por el otro, la apertura de la información pública también promueve
transparencia y rendición de cuentas, núcleo central para la superación de
la escasa credibilidad de los ciudadanos en las instituciones políticas y sus
gobernantes, haciéndolas más transparentes, responsables y receptivas
(Morlino, 2007, OCDE, 2020). Y, por último, los datos abiertos permiten a
los usuarios identicar, comparar, inequidades económicas y sociales, para
la toma de decisiones informadas (Lathrop y Ruma, 2010). Por su parte,
los países de América Latina, a través de iniciativas legales centradas en
favorecer la transparencia de la gestión pública y el acceso a la información
gubernamental, han iniciado un proceso de reformas legislativas y
reimpulso de prácticas de gobierno, dirigidas a promover un rediseño del
rol del Estado, en coherencia con el fenómeno de la revolución de los datos.
Quedan pendiente para futuras investigaciones sobre gobierno abierto
y acceso abierto a la información, valorar cualitativa y cuantitativamente la