Políticas de vivienda para pueblos indígenas en Venezuela (1999-2006)*

 

Alonso José Morillo Arapé**

 

Resumen

 

El presente artículo analiza las políticas de vivienda durante el primer gobierno de Hugo Chávez (1999-2006), con el fin de identificar las que tuvieron incidencia en el hábitat de los pueblos indígenas venezolanos. Se empleó la metodología documental y la adscripción de casos en una grilla arquitectónica. Se identificaron dos períodos: un momento de transición y discontinuidad, con políticas de vivienda que sirvieron de punto de partida a las actuaciones posteriores y, un segundo momento, con acciones que demandan la búsqueda de un camino propio, caracterizado por la abundancia de propuestas, recursos financieros y descoordinación institucional. Ambos períodos ratifican la mora del Estado con estas sociedades, evidenciada por la ausencia de cambios en el diseño de la política de vivienda con impacto en comunidades indígenas, a pesar de que el gobierno enarbola como estandarte político la reivindicación social de este sector. Se concluye que en este sexenio las políticas se instrumentaron bajo un heredado paradigma de dominación, fundamentalmente, porque no existió voluntad gubernamental en generar cambios en las acciones asistencialistas, divorciadas de la realidad cultural de los indígenas, que se tradujo en ensayos y errores que propugnaron a la continuidad de la inclusión compulsiva y el paternalismo de Estado.

Palabras Clave: política; vivienda indígena; paradigma de dominación; asistencialismo; ensayo y error.

* Este trabajo forma parte de la investigación “Estudio de desarrollos habitacionales concebidos por el Estado en comunidades indígenas, para la generación de indicadores transversales de diseño, construcción y participación comunitaria en las políticas habitacionales en Venezuela”, financiado por el FONACIT entre 2012-2013. El autor fungió como coordinador.

** Arquitecto, Magister Scientiarum en Vivienda. Investigador PEII A. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Gerencia de Seguimiento a Proyectos Estratégicos.

correo electrónico: ajmorillo25@gmail.com.

Recibido: 13-10-2016 ~~~ Aceptado: 24-03-2017

Housing policies for the indigenous peoples in Venezuela (1999-2006)

 

Abstract

The present article analyzed the housing policies during the first government of Hugo Chávez (1999-2006), in order to identify those that had an impact on the habitat of Venezuelan indigenous peoples. Documentary methodology and the ascription of cases in an architectural grid were used. Two periods were identified: a moment of transition and discontinuity, with housing policies that worked as a beginning point to the posteriors performances and a second moment, with actions that demand the search of an own path, characterized for the proposals abundance, financials resources and institutional incoordination. Both periods reaffirm the default of the State with these societies, evidenced by the absence of changes in the design of the housing policy with an impact on indigenous communities, despite the fact that the government raises as a political standard the social claim of this sector. It is concluded that in this six-year period the policies were instrumented under an inherited paradigm of domination, fundamentally, because it did not exists governmental will to generate changes in the assistance actions and divorced actions of the cultural reality of the indigenous, which was translated into trials and errors that advocated to the continuity of the compulsive inclusion and the State paternalism.

 

Keywords: policy; indigenous housing; domination paradigm; assistance; trial and error.

 

Introducción

 

En los primeros seis años del siglo XXI, coincidentes con el inicio del gobierno de Hugo Chávez, las políticas de vivienda para los pueblos indígenas se debatían entre un pasado de acciones compensatorias resultado del indigenismo de Estado implementado durante la democracia representativa y, un nuevo marco legal que reivindicaba su reconocimiento sin precedentes en la historia de Venezuela. Así pues, se asiste a un período de transición con proyectos habitacionales sesgados de asistencialismo y, otro período de acciones, que bien pueden considerarse como de ensayos y errores, formulados desde la nueva institucionalidad, a la par del deslastre de los viejos y burocratizados entes heredados y el posicionamiento del indígena como un actor político en los albores del cambio de paradigma. Este trabajo se ha estructurado en dos partes: una contextualización de los momentos social, político, institucional y jurídico; y una segunda parte que examina las políticas de vivienda, con ejemplos emblemáticos, que tuvieron incidencia en las comunidades indígenas entre los años 1999 y 2006. Finalmente, se realizan unas observaciones puntuales a manera de conclusión.

 

1.Contexto sociopolítico

 

Con el inicio del siglo XXI el país experimenta agudos conflictos sociales, golpe de Estado, paro petrolero y violencia política, paralelamente se producía la refundación de las instituciones del Estado bajo la tutela de la recién promulgada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), producto del resonante triunfo en la Asamblea Nacional Constituyente de las organizaciones indígenas. Se vivió un intenso proceso que incidió en el desplome del imaginario racista y etnocida de las instituciones republicanas contemporáneas, fraguado y promovido durante siglos como herencia de la relación de subalternalidad europea sobre la población originaria.

Las reestructuraciones institucionales necesarias se expresaron en las acciones tendentes a reivindicar a los indígenas del largo período en el cual fueron relegados a ser individuos invisibilizados con una dinámica de vida “salvaje”. Para entonces, las políticas habitacionales mantenían los reduccionismos, bajo la visión de una sociedad única y sin cultura propia.

Durante todo el siglo XX, a partir de la explotación petrolera en el año 1916, se impuso una configuración de vivienda, con influencias extranjeras de estilos arquitectónicos allende nuestras fronteras que copiaba la habitabilidad de la sociedad dominante. En este período de la historia venezolana, las iniciativas en pro del indígena avanzaron con evidente dificultad ante los conflictos y la resistencia al cambio de los viejos actores privilegiados de la democracia representativa y los nuevos actores, protagonistas de dos sistemas enfrentados, que convirtieron al país entre los años (2001 y 2004) en una zona de guerra. Las consecuencias objetivas por las cuales las clases privilegiadas pierden el poder en el año 1998 aún se mantenían.

No obstante, el nuevo gobierno heredaba una aguda crisis de la política indigenista que no escapaba de la realidad nacional expresada por el abandono institucional de los indígenas, el auge de la industria minera, la expulsión de más del 80% de los indígenas de sus territorios por diversidad de conflictos, la migración mendicante, las políticas economicistas y desarrollistas, el colapso de los órganos indigenistas por falta de recursos, desarticulación e inoperancia (Davies, 1994). Un diagnóstico de la situación del Estado la hicieron los propios indígenas con la Declaración de Imataca, años antes de la asunción de Hugo Chávez a la Presidencia:

 

1. Actitud reacia al reconocimiento de la diversidad cultural, actuando con total irrespeto a la cultura; 2. Desconsideración del impacto cultural de muchos proyectos nacionales; 3. Despreocupación ante la extinción de aspectos culturales, tales como: idiomas, cosmovisión, comunitarismo, concepción sagrada de la naturaleza, religiosidad, arquitectura, danzas, música, tecnología, otras, que sucumben ante la lógica del Estado venezolano en los proyectos de expansión económica multinacional; 4. Ofrecimiento de servicios de educación, salud y reforma agraria sin correspondencia con la cultura, evidentemente fracasada en su propia sociedad (Aguilar, 2004:96, el subrayado es propio).

 

Estas actitudes hacia los indígenas, los continuos etnocidios cometidos a raíz de la ejecución de las políticas desarrollistas en sus territorios ancestrales, la beligerancia estatal para su exterminio a similitud de la dominación durante los siglos de la colonización hispana, se convirtieron en el caldo de cultivo del nuevo orden o cambio de paradigma en proceso de gestación en Venezuela. La crisis se extendió mucho más allá de las acciones concretas del nuevo gobierno, erosionando las estructuras de base indígena tendentes al “secuestro” de la cuestión indígena por el estamento político del momento, crisis de las organizaciones políticas indígenas y de las organizaciones indígenas de base y el “participacionismo político de los indígenas en las estructuras del sistema político…” (Aguilar, 2010).

 

2. Contexto institucional

 

A principios del siglo XXI, la institucionalidad rectora de las políticas de vivienda se resentía ante el auge de la refundación impulsada por el Ejecutivo nacional. Sobrevivía para entonces el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) tras una década de impulso de la Ley de Política Habitacional (LPH), con una estela de organismos que construían viviendas sin un enfoque intercultural, salvo la puntual actuación del Servicio Autónomo de Vivienda Rural (SAVIR) con los antiguos programas de vivienda campesina para indígenas. Era inconmensurable el peso político que venían adquiriendo los indígenas a partir del año 1989, ocupando importantes plazas de gobierno y ejerciendo influencia en los círculos académicos e institucionales extasiados de un exotismo y filosofía romántica hacia este sector social.

Quizá bajo esa influencia es que el CONAVI, en su último momento de gestión, definía post-mortem bajo la reforma de la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Hábitat (LRSVH), el Programa VII (PVII) para atender a los pueblos indígenas, como una extensión de los efectos de la Constituyente de Vivienda Indígena realizada en el año 2001, que complementaba a otros seis programas que impulsaban políticas en asentamientos de barrios en ciudades del centro del país. Con el nuevo gobierno, como era previsible, se realizó el cambio de la presidencia del CONAVI, extendiendo hasta 2003 la revisión de los proyectos bajo una visión más política, desestimando la asistencia técnica dada a las comunidades (Bolívar et al, 2012:39).

 

Los autores mencionados, refieren que en ese proceso revisionista se rotaron hasta cinco presidentes en el transcurso de cinco años, reestructurando y finalmente sustituyendo al CONAVI por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, la primera transformación experimentada. Irónicamente, este Ministerio tuvo en un tiempo muy corto siete ministros. Esta discontinuidad, aunado a la negación de las gestiones pasadas, afectó el desempeño y, por ende, se dio el truncamiento de los programas que se ejecutaban para entonces.

A pesar de que el PVII llevó a cabo una gestión reivindicativa y diferenciada de vivienda, lamentablemente no tuvo continuidad programática. De manera, que las reformas arriba planteadas no pudieron evitar el fracaso de la altruista e inclusiva política trazada al inicio del gobierno de Hugo Chávez, la cual se dio al traste por la imposibilidad de forjar una alianza estratégica entre los actores durante esa época, la pugnacidad y el conflicto por el control del poder político y económico, la inoperancia de las instituciones en acometer las causas estructurales de la pobreza y la ausencia de políticas coherentes y sustentables sin posibilidades de éxito ante la incertidumbre del panorama social (Barreto, 2008).

 

Ante la dificultad de consolidar una política que incluyera acciones diferenciadas para los indígenas sería solo un sueño de las comunidades. A partir de ahí, las reflexiones realizadas en torno al problema de la vivienda y su erróneo enfoque de atención desde las desgastadas estructuras existentes catalizaron la urgencia de conformar un nuevo esquema de gobierno que materializara los derechos esbozados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La actuación pretérita del Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) y sus entes adscritos1, para entonces caracterizada por la ejecución de una política bajo los preceptos de la Ley de Reforma Agraria (1960), buscaba compensar los efectos neoliberales en los territorios indígenas, con eficiencia en la reducción de los poblados y la imposición de una sola configuración espacial de vivienda.

 

Durante la última década del siglo XX, no existió una coordinación entre los entes de vivienda con los organismos indigenistas, éstos últimos, atendían a los indígenas desde las viejas estructuras burocratizadas de la Dirección de Asuntos Indígenas (DAI) y sus oficinas regionales, el Instituto Agrario Nacional (IAN) y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), suprimidos más tarde dando paso a otras instituciones enmarcadas en las nuevas leyes.

 

Previendo no dejar en el limbo los asuntos indígenas por la liquidación de los entes, el Ejecutivo promulga el Decreto 1.393 con el que se traspasan los asuntos relacionados con la mejora de la calidad de vida indígena a la Comisión Presidencial para la Atención de los Pueblos Indígenas, presidida por el Vicepresidente Ejecutivo (Portillo, 2007). Este proceso fue lento y lleno de ambigüedades, donde evidentemente la vieja institucionalidad fue sustituida no sin antes recibir críticas por completar el desmantelamiento del andamiaje humanitario iniciado en las últimas décadas del siglo XX, y que para bien o para mal realizaban acciones entre los indígenas.

 

Estos acontecimientos serían el punto culminante del indigenismo de Estado, motorizado por la aún vigente Ley de Misiones (1915), como contraprestación ante los efectos generados de las políticas de dominación. Para finales de esta transición, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), se arrogó atribuciones de atención al indígena, adscribiendo la Misión Guaicaipuro (MG), creada por Decreto el 12 de octubre de 2003, que a partir de ese momento se convertiría en el brazo ejecutor del gobierno sobre la materia. Posteriormente, en el año 2005 es transferida al antiguo Ministerio del Poder Popular para la Participación y Desarrollo Social (MINPADES).

 

En su seno la MG proyectó los siguientes objetivos:

1. Garantizar la seguridad agroalimentaria; 2. Propiciar el desarrollo armónico y sustentable de los pueblos indígenas dentro de una visión de etnodesarrollo; 3. Fortalecer la capacidad de gestión comunitaria; 4. Impulsar el proceso de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas; 5. Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas para garantizar el disfrute efectivo de sus derechos sociales (salud, educación, vivienda, agua y saneamiento); económicos, culturales y políticos consagrados en la CRBV; 6. Crear los mecanismos que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la CRBV y demás leyes del país (Le Maitre, 2004).

 

La primera acción de la MG en el año 2003 fue la recopilación de los documentos de gestión indigenista dispersos en instituciones gubernamentales, empresas y entes privados que se atribuyeron en las últimas décadas esta función y la concertación o articulación con las instituciones que ejercían acciones con los indígenas, prefiguraron la Comisión Presidencial MG.

La MG contempló coordinaciones en los estados: Apure, Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas Sucre y Zulia. Su gestión en el MINAMB se constituyó en una transición hacia la demarcación de tierras; por otro lado, con su adscripción al MINPADES, se diseñaron programas asistencialistas para ser ejecutados en sinergia con instituciones públicas y privadas, diagnosticando obstáculos y mitigando las condiciones de pobreza de las comunidades (Le Maitre, 2004). Un aspecto resaltante fue el sesgo de funcionarios criollos quienes imponían su visión secular sobre el tratamiento intercultural desde las nuevas estructuras burocráticas. Para el año 2007 seis funcionarios criollos habían desfilado por la Secretaría Ejecutiva, cerrando el ciclo con la designación de un indígena kari´ña que asumiría la gestión en el momento de su adscripción definitiva al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPI).

 

3. Contexto jurídico

 

La Asamblea Nacional Constituyente como parte de la oferta de la campaña electoral de Hugo Chávez se desarrolló en 1999, y se aprobó por voto popular en diciembre de ese mismo año una nueva Carta Magna. Ésta en su preámbulo dispone “refundar la República” para establecer una sociedad multiétnica y pluricultural que sería el esquema en el que se enmarcaría la discursividad política.

Anticipando las acciones futuras casi al pie de la letra, el Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela realizó propuestas al último gobierno de la democracia representativa presidida por Rafael Caldera (1993-1998), que finalmente fueron acogidas por Hugo Chávez. Propuestas que apuntaron al régimen de excepción en zonas indígenas mediante un proyecto de ley, la reorganización de la institucionalidad indigenista, la culminación de la demarcación de tierras y el nombramiento de una Comisión Presidencial para asuntos indígenas (Davies, 1994).

Todas estas recomendaciones fueron puestas en práctica inmediatamente, respaldadas por sendas legislaciones que cumplían las aspiraciones enunciadas más tarde en la Declaración de Imataca. Este último documento manifestaría la politización de la cuestión indígena por las reivindicaciones históricas que insistían en el derecho al territorio y a la autodeterminación en base a la unidad e indivisibilidad del territorio venezolano, reconocimiento de la preexistencia de la nación multicultural, multilingüistica y multiétnica indígena y al derecho a la libre determinación, diferenciación cultural, igualdad real, respeto mutuo y participación en las decisiones institucionales (Aguilar, 2004).

Estos derechos se plasmarían en el articulado de la CRBV en un capítulo completo, no sin antes pasar la prueba de fuego que significó el derrumbe de los imaginarios de la vieja clase política, las concepciones recalcitrantes y retrógradas de los que se opusieron al reconocimiento y goce igualitario de sus Derechos Humanos.

Por su parte, el tema habitacional avanzaba desligado de las reivindicaciones pulseadas por las organizaciones indígenas, la LPH cumplía su lapso de vida de diez años y para octubre del año 2000, es derogada por el Decreto con Rango y Fuerza de LRSVH. Esta legislación, a similitud de su antecesora, establece la “asistencia habitacional” como el derecho de los ciudadanos a participar en los planes de vivienda (Artículo 4°); definiendo la “asistencia” prioritaria a grupos familiares cuyos ingresos no superaran las 110 unidades tributarias, ordenando la definición de la política habitacional (Artículo 3°) bajo seis programas (Artículo 12°),2 cuyo numeral 7° establece la posibilidad de definir programas adicionales.

Otras leyes importantes promulgadas en este período fueron: la Ley N° 41 Aprobatoria del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (2000); Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001); Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI-2005) y; la Ley de Idiomas Indígenas (2007). Bajo el discurso ideológico de la participación protagónica de las comunidades en los asuntos de gobierno, finalmente la LOPCI deroga la nonagenaria Ley de Misiones (1915), sobre la cual se implantó el indigenismo del siglo XX.

 

4. Políticas de vivienda con enfoque intercultural

 

Los aspectos que definen una vivienda adecuada para pueblos indígenas deben estar estructurados al “derecho madre” o derecho a la libre determinación, fundamental para la supervivencia, el bienestar y la dignidad de este sector de la sociedad, además debe garantizar la corrección de errores históricos, la preservación de culturas, tradiciones e identidades y el mejoramiento de su estatus socioeconómico (Un-Hábitat, 2009). La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI), en línea con lo establecido en el Artículo 82° de la CRBV3 y el Artículo 83° de la LOPCI,4 incluye siete aspectos fundamentales de la vivienda adecuada:

 

1. Seguridad legal de ocupación que garantice la protección contra el desalojo forzoso y acoso. 2. Disponibilidad de servicios básicos (agua potable, gas, electricidad, servicios sanitarios, limpieza, desecho de residuos, drenajes, servicios de emergencia), seguridad, confort y nutrición, materiales e infraestructura. 3. Garantía estatal de accesibilidad económica mediante subsidios para el acceso a una vivienda y protección a los arrendatarios contra niveles irrazonables de renta. 4. Habitabilidad que provee resguardo ante el clima y amenazas para la salud, peligros estructurales y vectores de enfermedades. 5. Acceso integral y sostenido a recursos de vivienda para grupos en desventaja. 6. Ubicación que permita acceso a empleo, servicios de salud, educación y sitios libres de contaminación. 7. Adecuación cultural de los sistemas constructivos, los materiales y las políticas de apoyo (DDPI, 2007: sección comentada N° 4).

 

Estas tres leyes, definen los criterios para el diseño de una política coherente con los valores patrimoniales y culturales de los pueblos indígenas, definidos en términos de la corresponsabilidad Estado-comunidades en su elaboración y ejecución, privilegiando el emplazamiento tradicional de las iniciativas y la garantía de la preservación de la arquitectura propia mediante la participación colectiva. Una política de vivienda con enfoque intercultural debe considerar el fomento de espacios adaptados a las formas propias de habitar los indígenas, sin menoscabo de sus derechos humanos. El respeto a la arquitectura propia: espacialidad, usos, morfología de la vivienda, adecuación ecológica, simbolización, representaciones sociales y respeto a la tecnología tradicional: sistemas constructivos, materiales, prácticas de construcción acorde a sus costumbres.

 

No obstante, el Estado debe convertirse en un facilitador para proporcionar a las comunidades los medios necesarios que garanticen el derecho a la vivienda, por tal motivo, la participación colectiva en los procesos de toma de decisiones debe ser fundamental para lograr un producto que siga sus expectativas, por su parte, a los indígenas debe dárseles el papel de colaboradores en igualdad de condiciones en todos los procesos relacionados con las prioridades de desarrollo y la asignación de recursos (UN-Hábitat, 2009).

 

5. Metodología

 

El abordaje se realizó desde la perspectiva del análisis arquitectónico que asume los conjuntos habitacionales como documentos. Se trata de una investigación documental que empleó la técnica del fichaje de iniciativas desde el arqueo de información de memorias: (descriptivas, de gestión y congresos), planos, programas, planes, informes, proyectos, folletos; libros, propagandas oficiales, artículos de opinión y noticias en periódicos, diarios y revistas científicas. Se sistematizó una matriz para generar un compendio de políticas y se contextualizó cada iniciativa en su respectivo período histórico inscribiendo los datos en una grilla, herramienta empleada en la periodización de la historia de la arquitectura para visualizar hitos históricos, inicio y fin de los eventos significativos, gobiernos, legislaciones, planes, proyectos y obras representativas, entre otros aspectos.

 

Figura 1. Grilla Periodo 1999-2016

 

 

 

Se plantea como hipótesis la coherencia sistemática del Estado en formular una política reduccionista de vivienda para los pueblos indígenas, concebida bajo la incidencia de un paradigma caracterizado por el nucleamiento de poblados en torno de servicios básicos occidentales. A pesar de los intentos por establecer una política que respetara su cosmovisión, con sugerentes nombres como “sustentable”, “desarrollo endógeno”, “hábitat productivo”, “asistencia habitacional”, se configuraron proyectos divorciados de las especificidades culturales indígenas bajo una única configuración de vivienda. En ésta, los indígenas fueron sometidos a un potente sistema deculturativo, reproductor de una cultura de dominación fijando costumbres, antivalores y códigos de la otra sociedad, exacerbando prácticas asistencialistas como forma de interrelación Estado-indígenas, cambio cultural etnocida y desestructuración de la habitabilidad por la imposición de sistemas constructivos inadecuados y una espacialidad extraña.

 

6. Resultados y Discusión

 

Se examinaron las políticas de vivienda instrumentadas durante el primer gobierno de Hugo Chávez identificando dos sub-períodos delimitados entre los años (1999-2002) y (2003-2006).

 

6.1. Sub-período 1999-2002: continuidad y transición

 

Este período da cuenta sobre el estado de desarticulación, burocratización e improvisación del conglomerado institucional de vivienda, que incidió negativamente en la gestión del novel gobierno; a su vez, se da una continuidad de iniciativas pretéritas, agraristas y de frontera, que pese a sus buenas intenciones, no focalizaron los esfuerzos en resolver el problema estructural.

 

6.1.1. La Constituyente de Vivienda Indígena

 

Bajo el espíritu del proceso constituyentista de finales de siglo que dio nacimiento a la CRBV, destacan las acciones de la Constituyente de Vivienda Indígena (CVI), que buscaba reformar el tratamiento dado sobre el tema desde las instituciones competentes. La CVI, promovida por el CONAVI entre abril y junio de 2001, abriría un espacio para revisar lo realizado bajo los gobiernos anteriores. Desde entonces el CONAVI se erige, en una confluencia de voluntades para dar un vuelco radical a las políticas habitacionales, además, que sería el ariete para abatir los prejuicios y la antigua forma de concebir el hábitat indígena. Realizado en el marco de la Constituyente de la Vivienda,5 contó con la participación de las Gobernaciones, entes ejecutores, guarniciones militares y medios de comunicación para la consulta de ideas a prefecturas y comunidades para captar opiniones institucionales o particulares.

 

6.1.2. El Programa VII

 

Como producto de la CVI, se establecieron los lineamientos generales para la creación del primer plan de vivienda indígena o Programa VII (PVII): Vivienda y Hábitat Indígena Productivos con Economía Social Autosustentable; surgido de la necesidad de dar coherencia a la política rectora, por primera vez, en contraste a la antigua política que no diferenciaba la vivienda indígena de la campesina. Este programa fue creado el 29 de agosto de 2002, por la resolución 39-20002, cumpliendo con lo establecido en la LRSVH sobre la creación de programas extraordinarios. Sus objetivos fueron:

1. Reconocer el pleno derecho constitucional que valora a los indígenas como ciudadanos con características culturales, viviendas y hábitat específicos, respetando su dignidad humana y propiciando su incorporación a la sociedad; 2. Elaborar proyectos integrales de vivienda y hábitat indígena; 3. Potenciar las capacidades socio-productivas, tanto para la construcción de viviendas como para el fortalecimiento de una economía autosustentable; 4. Fortalecer los valores culturales de los pueblos indígenas (CONAVI, 2007).

Es evidente el carácter reivindicativo de este programa destacando el reconocimiento del indígena como actor emisor, la visión holística del tema y la incorporación del elemento socioproductivo y cultural, dando por descontado la visibilidad del indígena en el nuevo contexto social.

Los lineamientos del PVII se enmarcaron en lo siguiente:

1. Ejecución de infraestructura básica y construcción de nuevas viviendas y hábitat; 2. Mejoramiento, ampliación o sustitución de viviendas y hábitats precarios, incluido la construcción de espacios en la vivienda y sus áreas exteriores de acuerdo al hábitat para actividades de producción; 3. Fomentar la conservación de los valores culturales, usos y costumbres de los pueblos indígenas; 4. Respetar los diseños de arquitectura autóctona para proteger la identidad y los valores culturales de los pueblos indígenas, para nuevos proyectos de desarrollo de vivienda y hábitat diseñados por los propios indígenas, usar recursos del medio, materiales y tecnologías indígenas integradas; 5. Distribuir los espacios internos y comunitarios respetando las dimensiones amplias de las viviendas de manera acorde con las formas constructivas y diseños arquitectónicos ancestrales; 6. Planificar espacios para la construcción de centros integrales para la participación protagónica de las comunidades, obras para la producción económica autosustentable, unidades de atención para la salud (medicina tradicional y no tradicional), escuelas bolivarianas bilingües, centros ceremoniales, casas comunitarias, espacios para el deporte y recreación, centros de capacitación, y otros (CONAVI, 2007).

En el papel, este programa destacó por su carácter dialéctico preocupado no sólo por la unidad de vivienda sino por el hábitat y tierras como aspecto fundamental para la preservación de sus vidas e espiritualidad. Además, de la integralidad de considerar derechos políticos, de salud, educación, religión, deporte y recreación, lejos de la visión paternalista de las misiones religiosas.

Así pues, el PVII se puso en marcha considerando una metodología que se denominó: ¿Cómo construyo mi vivienda indígena?, que definía la obtención de asistencia técnica, la conformación de la organización comunitaria y el proceso de elaboración, aprobación de presupuesto, previas evaluación técnica, operativa y socioeconómica del proyecto (SAVIR, 2006; 2007). El diseño de la vivienda se elaboró a similitud morfológica de las viviendas tradicionales con sus respectivas maquetas, que serían presentadas a la comunidad para su selección. Entre los diseños destaca una diversidad espacial y tecno-constructiva interesante, en un catálogo de 24 modelos con vistas tridimensionales que sugieren un minucioso trabajo de observación.

 

Figura 2. Modelos de Vivienda SAVIR

Para el año 2007, se contabilizaban 22 comunidades con ejecución de viviendas. De lo anterior destaca el proyecto para la etnia warao que consideró los contextos de agua y tierra. En Capure–La Horqueta (Delta Amacuro), por ejemplo, se construyeron 25 viviendas y una en Wariken-María López (Sucre), que respondían al diseño de tierra firme: modelo con tres habitaciones, sala-comedor-cocina, baño, cocina-fogón y patio interior. Por su parte, en Koberuna las viviendas copiaban la estructura palafítica del janoko, consistentes de una habitación comunal de planta rectangular, sala, fogón-cocina aislado por pasillos conectores y área de desembarque de canoas. De manera que, se concibieron espacios con mejoras cosméticas, adaptando la funcionalidad criolla y prescindiendo de la aceptación como lo demuestra este testimonio: “[…] a un año de estas construcciones esta etnia sólo cuelga sus herramientas de trabajo en las paredes y el piso de estas casas sólo es utilizado para descansar por las tardes” (Martes, 2008:20).

 

 

 

 

Ambos casos, reproducen la habitabilidad de la vivienda unifamiliar aproximándose a la configuración indígena, sin embargo, las áreas dormitorios carecieron de sentido utilitario, conllevando a su abandono y falta de mantenimiento. La tipología de Las Pitias y Los Lechosos (Zulia), con 20 y 40 viviendas respectivamente para la etnia wayuu, constó de tres habitaciones, sala-comedor-cocina, área verde interna, depósito y sala sanitaria integrada; sugiriendo patrones de distribución funcional tradicional; además, se agregaron elementos arquitectónicos como cerramientos con tamices de luz, apertura vertical de puertas y un segundo nivel visitable. Esta vivienda no fue habitada como se concibió, sin embargo, se lograron buenos resultados bioclimáticos con las enramadas y áreas abiertas.

A pesar de los avances positivos y cualitativos del PVII, que estableció criterios técnicos-cualitativos de diseño, construcción y participación comunitaria, esta política no tuvo continuidad dando muestras de desarticulación, quizás, porque la gestión buscaba una nueva definición política, revolucionaria, donde los indígenas ya no serían receptores y sujetos de transmisión de prácticas y conocimientos generados desde la academia.

 

6.1.3. Las consultorías privadas del CONAVI

 

La LRSVH tenía un componente de investigación cuyo producto configuraría un marco teórico que incidió en la operatividad del PVII. De este programa, se derivaron iniciativas bajo la figura de consultorías interdisciplinarias de investigación para construir la viabilidad de la política de vivienda indígena. En primer lugar, el Plan para la Instrumentación de la Asistencia Habitacional, diseñado en el 2000 para los estados Amazonas, Apure y el municipio Cedeño del estado Bolívar a través de una consultoría del arquitecto Cristóbal Colón, que generó un marco metodológico para instrumentar un plan piloto de diseño-construcción (CONAVI, 2000b). Otra propuesta fue el Esquema de Ordenamiento Sumario (EOS) para el Gran Eneal, Sinamaica (Zulia),6 ejecutada por la empresa Nómadas Taller de Arquitectura y Diseño, C.A., bajo un contrato de consultoría (CONAVI, 2000a), cuyos resultados se tradujeron en la detección y delimitación de los asentamientos indígenas del Gran Eneal, a partir de las reposiciones aerofotogramétricas, visitas de campo y la revisión del Censo del año 1990. A partir de ahí se estableció la Unidad de Diseño Urbano (UDU), con proyectos específicos para un sistema de poblados indígenas clave para una política fronteriza.

Se concluyó sobre la necesidad de la promulgación y diseño de una ordenanza municipal de un EOS local, con especificidad situacional y un prototipo de vivienda para la etnia wayuu que fue incluida en el PVII. Otra iniciativa del Consorcio fue la Rehabilitación del Asentamiento Rural El Arroyo (Zulia), para ejecutar planes urbanos, de desarrollo y mejoramiento social.

Para ambas propuestas, el equipo promotor se convirtió en un consorcio social sin fines de lucro, con el objetivo de lograr el desarrollo urbanístico, habitacional y social mediante un plan de habilitación urbano-habitacional. Estas iniciativas, según aseguran los activistas políticos indígenas, fueron torpedeadas conllevando a su paralización, quedando así, como meros estudios engavetados en las bibliotecas del MPPVH.

 

6.1.4. Los rezagos de la política agrarista y de frontera

 

Diseñado bajo el Plan Bolívar 2000, el Programa Especial Comunidades Indígenas, presentado por el Ministerio de la Defensa en el año 2001, buscaba el fortalecimiento de las comunidades indígenas a través del diseño de programas especiales de acuerdo a su ubicación geográfica: Delta 2001 (Delta Amacuro); Casiquiare 2001 (Amazonas); Gran Sabana 2001 (Bolívar); Cinaruco 2001 (Apure); Perijá 2001 (Zulia) y Kari´ña-Palital 2001 (Anzoátegui) (Guardia Nacional, 2001). En el marco del programa Cinaruco 2001 se promovió el autoconstrucción de viviendas en las comunidades kuiba del estado Apure, el cual preveía la capacitación a los beneficiarios mediante talleres impartidos por miembros de la Guardia Nacional. Sin embargo,

[…] no fue previsto para ese entonces que los materiales, ni la estructura, ni la distribución del espacio resultaran acordes con la vigencia de la cosmogonía kuiba, imponiéndoseles un modelo de vivienda típica de la población criolla, como es el caso de la escuela donde se imparte la educación intercultural bilingüe, que se caracteriza por presentar un espacio reducido y poco ventilado (Portella, s/f.:134).

Estas iniciativas no se deslindaron de lo que hasta ahora ha sido la política habitacional para poblados rurales: un reduccionismo espacial de corte netamente criollo, con problemas de diseño como la ausencia de elementos bioclimáticos resultando inadecuado para el contexto ecológico de implantación y, al mismo tiempo, incongruente por la ausencia de criterios culturales de la etnia beneficiaria. Destaca la novedosa división territorial planteada en este programa (llanos occidentales y orientales, delta, sabanas y elevaciones del sur, serranía andina y selva amazónica), que más tarde sería la inspiración operativa de la institucionalidad indígena creada en el año 2007.

Como parte de los rezagos de la reforma agraria y las actuaciones de las instituciones estatales para con los pueblos indígenas de considerarlos como campesinos, el SAVIR, así mismo, explora formas de desarrollo alternativas, por tal motivo, se implementan los denominados Sistemas de Asociaciones Rurales Auto-Organizadas (SARAO), que se constituyeron en mecanismos de autogestión para producción agroindustrial. Esta fue una política estratégica que planteaba un:

“[…]proyecto alternativo de vida cooperativa sustentado en la economía social que crea asentamientos agrícolas, agro-industriales y artesanales cualitativamente diferentes a los existentes, enfatizando en la aplicación de los sistemas tropicales de producción agropecuaria, para construir una micro economía política alternativa” (Plan SARAO, 2001: 02).

Estas iniciativas llevaban implícitos planes de vivienda para el mejoramiento de la calidad de vida campesina. Los planes configuraron pueblos nucleados, con viviendas unifamiliares, servicios básicos, escuela y centro de salud; se dotó así mismo, de tierras, asistencia técnica-financiera y maquinarias. Para el año 2001, se adelantaba la experiencia en convenio con la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) del SARAO Carbonal, municipio Miranda (Zulia), con componente indígena wayuu, donde se construyó una infraestructura con 84 viviendas rurales, pero la capacitación y formación técnica-cooperativista fue descuidada, dando por resultado la ausencia de producción agrícola que había sido propuesta (López, 2003; SAVIR, 2006). A pesar del esfuerzo del gobierno en promover la contraloría social, el fracaso se dio por la resistencia ante una política que en esencia debía permitir la autodeterminación de los sujetos. Ante el agotamiento del modelo SARAO, se crearon los Fundos Zamoranos o núcleos agropecuarios socioproductivos.

 

6.2. Sub-período 2003-2006: Ensayos-Errores y Descoordinación

 

Este período fue uno de los más productivos en la generación de iniciativas alineadas a políticas asistencialistas indígenas que desechó la proactiva experiencia del PVII, y se optó por emular antiguas políticas de sustitución basadas en el clientelismo partidista electoral, bajo un discurso de “desarrollo endógeno”, que al final se tradujo en errores y descoordinación institucional.

 

6.2.1. El Programa de Sustitución de Rancho por Vivienda (SUVI)

 

Formulado por el MPPVH a partir del año 2004 bajo una filosofía de actuación que se compagina con la gestión pretérita de los extintos entes indigenistas, donde la vivienda indígena es considerada un rancho, insalubre y salvaje, que debe cambiarse por una vivienda digna, salubre y civilizada. Para esta fecha, este programa se coordinó a través de la Misión “Vuelvan Caras” del MINPADES mediante cooperativas de construcción, a la que posteriormente se le denominó Misión “Ché Guevara”. Se incluyó a las Gobernaciones y Alcaldías con sus institutos de vivienda bajo diversos modos de construcción y financiamiento, siendo el diseño de la vivienda en todos los proyectos de entre 60-70 m2, conformadas por un porche, dos o tres habitaciones, una sala-comedor-cocina y una o dos salas sanitarias.

Este plan de sustitución se aplicó sin distinción cultural y ecológica masificando su implementación a la par de otras propuestas. En el año 2005 se instrumenta el Plan de Viviendas Palafíticas en diferentes Sectores del Municipio Páez (Zulia) por la Alcaldía, donde se construyeron tres modelos de viviendas (Villalobos, 2005), que no se deslindaron de la configuración genérica. Ese mismo año en el marco del Plan Viviendas Páez de CORPOZULIA, se hizo entrega de recursos de desarrollo social a las comunidades entre los que se contó la construcción de viviendas (López, 2005). Estas políticas asistencialistas eran posibles por la inmensa inversión social que el gobierno dedicaba a los sectores menos favorecidos.

Otro ensayo que se implementó en el año 2005 con poco éxito fue el programa “Una Vivienda para el Indígena” del MPPVH, con acompañamiento de la Alcaldía del Municipio Colón (Zulia), un proyecto de 100 viviendas para indígenas wayuu de la parroquia Urribarrí, de las cuales solo se ejecutó una bajo los referentes de la habitabilidad criolla (Barreto, 2005). Este programa inconcluso preveía que las familias participaran en el diseño, haciendo visible su cultura en la vivienda. Para el año 2006, la Alcaldía del Municipio Páez (Zulia) en convenio con el MPPVH y CORPOZULIA, instrumenta el Plan SUVI Páez, con 100 viviendas para las comunidades: Campamento, Macucutao, Guarero, Bella Vista, El Rabito y Carretal, donde se financió cooperativas de construcción, de electricidad, de carpintería y de construcción de bloques. La promoción de las cooperativas de vivienda fue prioritaria desde todas las instancias del Ejecutivo, pero en general fueron evaluadas negativamente por algunos sectores debido a la falta de acompañamiento y seguimiento estatal.

 

6.2.2. Los Gabinetes Móviles como ensayo de solución a la descoordinación

 

Durante el año 2005, el gobierno nacional implementó un conjunto de acciones que buscaba resolver el problema de la coordinación de políticas públicas en todos los niveles de gestión. Los Gabinetes Móviles, realizados en diferentes localidades del país, intentaron generar un nivel pertinente de coordinación entre las instancias del poder ejecutivo, nacional, regional y municipal. Éstas coordinaban las acciones ministeriales divorciadas de los lineamientos centrales. Más que establecer una nueva metodología para asignar recursos, constituían un llamado de atención presidencial para coordinar políticas sin dispersión de esfuerzos.

Uno de los más emblemáticos lo constituyó el VII Gabinete Móvil (Aragua), realizado el 09 de septiembre de 2005, donde se aprobó el proyecto Desarrollo Sustentable del Eje Crítico de Pobreza. Esta experiencia presentada por la Gobernación del Zulia contemplaba obras de salud, educación, intercambio comercial, vivienda, vialidad, servicios y deportes, para los municipios Páez, Mara, Jesús Enrique Lossada y Maracaibo (Montero, 2005), pero que, a raíz del débil control administrativo, muchos de esos proyectos no se ejecutaron y otros fueron objeto de inviabilidad técnica, deficiencia proyectual y corrupción administrativa.

 

6.2.3. El desarrollo endógeno y la vivienda indígena

 

La filosofía del desarrollo endógeno fue ensayada intensivamente durante el segundo quinquenio del siglo, teniendo como pivote fundamental el esquema de la agricultura sustentable para el desarrollo rural integral. Como estrategia se buscaba alcanzar la seguridad alimentaria, la tenencia de la tierra y la vivienda por parte de las familias rurales e indígenas para impulsar el crecimiento individual y colectivo. Bajo una visión transversal a partir del año 2006, se implementaron los denominados Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE) desde una diversidad de instituciones, que se fundamentaron en la producción y consumo basados en las potencialidades del territorio, que incluyó la decisión sobre los recursos a explotar, control local del desarrollo y retención del capital para beneficio propio, todo lo cual debía ofrecer en teoría, una mejor calidad de vida.

En cada núcleo sociopolítico-productivo endógeno debían incorporarse aquellos servicios que hicieran posible el genuino desarrollo humano de sus habitantes. Invariablemente, esto implicaba romper la contradicción histórica de la dependencia y la explotación, incluyendo el rompimiento de la complicidad interna que se beneficiaría al propiciar y proteger esta dinámica explotadora. Cada NUDE buscaría erradicar la convivencia nada pacífica entre “el arcaísmo y la precariedad de la mayoría de la población excluida” y “una modernidad de una elite excluyente, frívola y superflua, con mentalidad y comportamiento transnacional” (Vila, 2003:140).

De manera que, se buscaba una aproximación a las potencialidades productivas de las comunidades, abarcando la construcción de viviendas como eje transversal bajo una política de desarrollo endógeno local. Entre sus objetivos se encontraban: la erradicación de la pobreza; la organización de las comunidades desasistidas; la desconcentración poblacional del territorio nacional; el impulso de una sociedad proactiva y productiva; y la restitución del sentido de ciudadanía participativa (Velásquez, 2010). La transformación de las comunidades, la organización y la creación de redes internas, consolidarían proyectos con apoyo externo definidos por la territorialidad, la producción local y la vivienda (Carnevalli y Trujillo, 2010).

Los NUDE fueron iniciativas descoordinadas del ente rector de vivienda, instrumentados desde distintos entes y organismos gubernamentales. Un caso que resultó ser un vago ejemplo de desarrollo intercultural y que no pasó de ser más que un proyecto en 2005, fue el NUDE Agrícola “El Libertador”, municipio Maracaibo (Zulia), cuyo objetivo sería ofrecer alternativas habitacionales de tipo productivo, con áreas agrícolas y redes de producción (Villalobos, 2005).

Otro caso que tuvo mucha resonancia mediática a nivel regional fue el NUDE Patria Bolivariana,7 no sólo por su cuantiosa inversión económica y participación intergubernamental que confluyó en su ejecución, sino por su particular historia de gestación y promoción por el propio presidente Chávez, quien encargó a CORPOZULIA su concepción y a PDVSA la gestión de los recursos. Fue construido en el año 2006 para población wayuu (Zulia), en una zona dicotómica rural-urbana del límite legal de Maracaibo sin ningún servicio básico. La experiencia infructuosa de este NUDE a una década de su construcción evidencia un mal diagnóstico sociocultural e implantación no acorde a las pautas culturales wayuu. Allí, los espacios de siembra y uso comunal no tuvieron efectividad, por la incomprensión de la agrupación por linajes wayuu para ejercer actividades económicas y la vinculación social.

 

Figura 3. Vivienda del NUDE Patria Bolivariana

 

 

 

Hacia el otro extremo del país se ejecutó para el año 2006 el proyecto denominado Ruta de Janoko, que consistió en una propuesta ecoturística a mediano plazo, específicamente en las comunidades warao Caño Buja, Yabinoko y Morichal Largo. Esta iniciativa fue promovida por la Corporación Monaguense de Turismo, Gobernación del Estado Monagas, Ministerio del Poder Popular para la Educación y PDVSA. La actividad medular del proyecto consistió en la realización de paseos en curiara por los canales del caño Buja, Yabinoko y Morichal Largo; adicionalmente, comprendía la construcción de 50 janokos, un campamento con 20 habitaciones, muelles, trinchas, escuela, parques, ambulatorio, centro cultural y servicios básicos. Destaca la sintonía del plan con las actividades artesanales warao, el uso de la madera de manglar, temiche y moriche (El Sol, 2006).

En ese mismo orden de ideas, posterior al conflicto patronal del 2003 que conllevó a la renacionalización de la industria petrolera, los aires de cambio le deparaban a PDVSA el cumplimiento de un nuevo rol en consonancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo de la Nación 2001-2007. Las nuevas prerrogativas asumidas dieron un gran empuje a la estrategia del desarrollo sustentable, bajo el objetivo de impulsar la conformación de empresas de propiedad social y resolver el problema de la pobreza (PDVSA, 2007), por lo cual se instituyen en el año 2003 los Distritos Sociales Petroleros y Gasíferos (DSPG),8 que tendrían incidencia en las comunidades emplazadas en las áreas operativas petroleras en todo el país.

Los DSPG ejecutaron infinidad de proyectos, iniciando la construcción de los NUDE a partir del año 2006, como punta de lanza e impulso a las políticas sociales de PDVSA, que incorporaba a sus trabajadores para saldar la deuda social del Estado. Este proceso de construcción de NUDE duró hasta el año 2010, con la eliminación de las Gerencias de Desarrollo Social en las organizaciones y filiales de la petrolera. Las acciones de los DSPG buscaron estilos de gestión emergentes, no explorados que abolieran el pasado. Algunos ejemplos destacables fueron el Proyecto El Marite, con 174 viviendas (Zulia) y el NUDE Alto Apure con 212 viviendas (Apure), creados para promover el desarrollo endógeno en comunidades indígenas, pero paradójicamente bajo las mismas dinámicas espaciales criollas.

 

Conclusiones

 

Las políticas de vivienda concebidas para los pueblos indígenas durante el primer gobierno de Hugo Chávez, si bien pudieran catalogarse de ensayos y errores, ante la búsqueda de una nueva forma de gestión que diera al traste con las actitudes indigenistas institucionales, claramente se enmarcan bajo un paradigma de dominación en detrimento de los pueblos indígenas. El nuevo siglo trajo consigo la refundación de la institucionalidad que atendería a los indígenas, donde el conflicto para el cambio del paradigma encuentra su mayor resistencia en las actitudes de los funcionarios criollos y de los propios indígenas “beneficiarios”, que aceptaron los esquemas espaciales de la otra sociedad con poca resistencia, por lo cual las políticas instrumentadas reprodujeron la dominación arquitectónica: una configuración de vivienda reduccionista con servicios netamente occidentales. Lamentable, el panorama para los pueblos indígenas, reivindicados por la República naciente con una avanzada Constitución y esquilmados por la desarticulación institucional, descoordinación de gestión, ineficiencia e incapacidad de materializar una política intercultural adecuada. Así, las acciones débilmente institucionalizadas y experimentales sin una síntesis proactiva fueron aliados inconscientes de la continuidad de un injustificado etnocidio de Estado.

Referencias Bibliográficas

AGUILAR, Vladimir. 2004. “Política y cuestión indígena en Venezuela”. En Société suisse des Américanistes. Suiza.

AGUILAR, Vladimir. 2010. “La cuestión Indígena en Venezuela a partir de 1999”. En http://www.aporrea.org/ddhh/a110561.html. Fecha de consulta: 09 de octubre de 2016.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 2000. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 5453 Extraordinaria del 24 de marzo de 2000.

BARRETO, Carlos. 2008. “Un drama de nunca acabar... Situación de la vivienda en Venezuela (I)”. En http://www.aporrea.org/ddhh/a62673.html. Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2015.

BARRETO, Carmen. 2005. “Proponen reactivar proyecto de viviendas en Colón”. En Wayuunaiki, Año V, Nº 76, Venezuela-Colombia, (julio).

BOLÍVAR, Teolinda; TORRES, Hilda y; ROSAS, Iris. 2012. “El intento de vivienda para todos desde el Estado venezolano”. En: ERAZO, Jaime (coord). Políticas de empleo y vivienda en Sudamérica. FLACSO, CLACSO, Instituto de la Ciudad. Quito, Ecuador.

CARNEVALLI, Norma y TRUJILLO, Ana. 2010. “La acción colectiva en los asentamientos informales para la transformación del hábitat”. En Provincia, Nº 23. Mérida, Venezuela.

CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA. 2000a. Plan de habilitación del hábitat indígena / habilitación física de la comunidad El Arroyo, Guajira húmeda venezolana / municipio Páez del estado Zulia, Nómadas, taller de arquitectura y diseño, C.A. (sept). Caracas, Venezuela.

CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA. 2000b. Plan para la instrumentación de la asistencia habitacional Amazonas / Apure / Bolívar (Municipio Cedeño), Acciones Prioritarias, Colón Conde, Cristóbal (coord). Informe N° 1. Consultoría de apoyo. Caracas, Venezuela.

CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA. 2001. Proceso constituyente de la vivienda indígena. Estados Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia, (sept), Caracas, Venezuela.

CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA. 2007. Programa de Vivienda Indígena. Departamento de Planificación Física de Aldeas, Programa VII: Vivienda y Hábitat Indígena, (enero), Caracas, Venezuela.

DAVIES, Vanessa. 1994. “8 de cada 10 indígenas venezolanos están fuera de su territorio”. En El Nacional, Año 52, N° 18.138. Caracas, Venezuela.

EL SOL. 2006. “Ruta de Janoko para enriquecer la cultura warao. Inspirados en las necesidades nace el proyecto integral”. En El Sol, Año 36, N° 11.552, Caracas, Venezuela.

GUARDIA NACIONAL. 2001. Programa Especial Comunidades Indígenas. Fortalecimiento de los pueblos y comunidades indígenas. Mimeo. Plan Bolívar 2001, Equipo Multidisciplinario de Apoyo Técnico, Ministerio de la Defensa. Caracas, Venezuela.

LE MAITRE, Irene. 2004. “Misión Guaicaipuro Gestión 2003”. Seminario Nacional: Política Social ¿un nuevo paradigma? FEGS, Caracas, Venezuela.

LÓPEZ, Leonel. 2005. “CORPOZULIA creó gerencia indígena. Páez recibió 4,7 millardos”. En Wayuunaiki, Año V, Nº 78, Venezuela-Colombia, (septiembre).

LÓPEZ, Roberto. 2003. “Una visión de CORPOZULIA desde la perspectiva popular”. En www.aporrea.org/actualidad/a2579.html. Fecha de consulta: 15 de junio de 2015.

MARTES, Doménica. 2008. “La pura María López de los Warao. Fieles defensores de su territorio”. En Wayuunaiki, Año V – Nº 74. Maracaibo, Venezuela,

MONTERO, Elaine. 2005. “Pobreza crítica, agua y turismo recursos de gobierno. Proyectos del Zulia en el VII Gabinete Móvil”. En Wayuunaiki, Año V, Nº 76. Maracaibo, Venezuela,

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2007. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York, Estados Unidos. Sesión Plenaria 107º. 13 de diciembre de 2007.

PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. 2006. Distritos sociales para la siembra petrolera, Serie Plena Soberanía Petrolera N° 5, (marzo). Caracas, Venezuela.

PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. 2007. Logros PDVSA-Distritos Sociales, Rumbo al Socialismo, (abril). Informe. Caracas, Venezuela.

PLAN SARAO. 2001. “Plan Nacional General”. En http://www.mpd.gov.ve/pdeysn/plan.htm. Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2015.

PORTELLA, Nelly. S/F. Alcance de las políticas públicas nacionales en las necesidades reales de hábitat indígena. Tesis de Grado. Caracas, Venezuela.

PORTILLO, Lusbi. 2007. “Reterritorialización indígena del estado Zulia”. En PAZ, Carmen; VALBUENA, Carlos; LEAL, Morelva y ALARCÓN, Johnny. Pueblos indígenas, territorios y demarcación. FONACIT, CENDIC, LUZ. Maracaibo, Venezuela.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2000. Decreto con Rango y Fuerza de Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Hábitat. Gaceta Oficial N° 37.066 de fecha 30 de octubre de 2000.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2005. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial Nº 38.344 del 27 de diciembre de 2005.

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL MISIÓN GUAICAIPURO. 2007. Logros abril-junio 2007. Mimeo. Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Informe, Caracas, Venezuela.

SERVICIO AUTÓNOMO DE VIVIENDA RURAL. 2006. Nuevo enfoque de la vivienda rural e indígena en Venezuela. Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, (marzo). Maracay, Venezuela.

SERVICIO AUTÓNOMO DE VIVIENDA RURAL. 2007. Programa de Vivienda Indígena. Mimeo. Actividades que desarrolla SAVIR en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro y Monagas, Departamento de Planificación Física de Aldeas, Programa VII: Vivienda y Hábitat Indígena, Caracas, Venezuela.

UN-HÁBITAT. 2009. “Vivienda para pueblos indígenas en ciudades. Guía de políticas de viviendas para pueblos indígenas en ciudades, Guía de políticas urbanas para pueblos indígenas”. Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

VELÁSQUEZ, Guillermo. 2010. “Logros y desafíos del Núcleo de Desarrollo Endógeno Ciudad Oritupano impulsado por la Gerencia de Desarrollo Social del Distrito Social San Tomé de PDVSA EyP Oriente 2007”. Tesis de Grado. Universidad de Oriente. Cumaná, Venezuela.

VILA, Enrique. 2003. “La economía social en el proyecto bolivariano: ideas controversiales”. En Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. V, N° 3. Caracas, Venezuela.

VILLALOBOS, Jorge. 2005. “Proyectos endógenos regionales favorecen al indígena. Aseveran las Alcaldías de Maracaibo y Mara”. En Wayuunaiki, Año V, Nº 76, Maracaibo, Venezuela.

---