La autoeficacia política frente a la política educativa universitaria en Venezuela1

Jesús González Urdaneta2

Glendys Ángel Ferrer3

Paola Lauretti Simonelli4

Resumen

La política educativa universitaria implementada por el Estado venezolano a partir del año 1999 ha dado al ciudadano en general la percepción que se encuentra mayormente preparado para intervenir en sus próxima tomas de decisiones, lo que influye en su sentido de eficacia política o las creencias que determinan su desenvolvimiento futuro en la vida cívica, en este sentido el objeto de este trabajo es describir la manera cómo la política educativa desplegada desde 1999 hasta 2013 en el nivel universitario ha venido trastocando al constructo de autoeficacia política en los ciudadanos. La metodología empleada para la realización del mismo es la del tipo documental descriptivo siguiendo para tal fin el esquema de análisis planteado por Oszlak y O`Donell (1981), quienes refieren que el abordaje de una política gubernamental ha de enfocarse a partir de su surgimiento, desarrollo y desenlace o posibles consecuencias. Entre sus planteamientos más significativos se señala que existen algunas decisiones del sector educativo universitario donde los ciudadanos llegan a considerar que su acción tendrá efectos sobre lo que ocurra o pudiera ocurrir, con lo que se llega a incrementar su involucramiento, por lo que se concluye que tales experiencias potencian la autoeficacia política del venezolano.

Palabras clave: Política universitaria; Autoeficacia política; Estado venezolano; participación protagónica; vida ciudadana.

Political self- efficacy against university education policy in Venezuela

Abstract

University education policy implemented by the Venezuelan State since 1999 has given the citizens in general perception is mostly prepared to intervene in its next decision-making, which influences their sense of political self- efficacy or beliefs that determine its future development in civic life, in this sense, the purpose of this paper is to describe the way education policy deployed from 1999-2013 at the university level has been subverting the political construct of self-efficacy in people. The methodology used for the realization of it is descriptive documentary following for this purpose the analysis scheme proposed by Oszlak and O’Donnell (1981), who report that the approach of government policy has to focus its emergence from, development and outcome or possible consequences. Among its most significant approaches noted that there are some decisions of the university education sector where citizens come to see that their action will have an effect on what happens or could happen, so you get to increase their involvement, so it is concluded that such experiences enhance self-efficacy of Venezuelan politics..

Keywords: University policy; self-efficacy politics; Venezuelan state; active participation; civic life.

Introducción

En toda política pública se encuentra inmersa una razón de ser y un deseo mediato e inmediato de alcanzar cierto fin, que en el caso concreto del sector educativo tiene como función primordial contribuir a la formación del modelo de sociedad que se desea, en razón a ello se le concibe como instrumento clave del Estado para sus fines. En Venezuela, la educación universitaria a partir de 1999 se concibe un como elemento estratégico para lograr el cometido de la refundación de la República, desplegándose para tal cometido la materialización de una política pública que la hace accesible a todos los estamentos de la sociedad por su carácter de flexibilización, masificación e inclusión.

Ahora bien, dentro la política pública universitaria instituida durante el período 1999-2013 se tiene como un determinante potencial el sentido de autoeficacia política, el cual alude en consideraciones de Ángel (2015) a los juicios, creencias y opiniones que emiten los sujetos sobre sus capacidades para participar e incidir en la vida pública o el sistema político, aspecto este de gran importancia para el desarrollo de los preceptos de participación y protagonismo que se consagran en el texto constitucional de 1999, en virtud que le imprime ímpetu a los niveles de involucramiento ciudadano en los asuntos de interés para la sociedad en general, al conferirle seguridad e información sobre su capacidad de acción e incidencia política, así como en el esfuerzo, perseverancia y motivación de su involucramiento.

El sentido de eficacia del sujeto –estudiantes, docentes, autoridades– en el nivel de educación universitaria, se constituye en un excelente predictor de su desenvolvimiento frente a las situaciones políticas que atañen –favorecen, potencian, o precipitan– los acontecimientos de su futuro, ya que sus creencias, juicios u opiniones positivas o favorables le generan seguridad o convicción que puede ejecutar la conducta requerida para producir resultados deseados frente a las situaciones suscitadas, así que sí el sujeto piensa que realmente es capaz de hacerle frente a la transformación universitaria del período 1999-2013, se imaginará un logro efectivo de las metas, persistirá en sus esfuerzos hasta alcanzar con éxito lo deseado –participar en dicha transformación– y sobre ello se ha indicado que:

La autoeficacia ayuda a determinar las actividades en las que se puede participar (qué conductas se iniciarán), además de proporcionar información sobre el esfuerzo que se necesita para lograr los objetivos deseados y del tiempo que se está dispuesto a mantener ese esfuerzo pese a los obstáculos o experiencias adversas. Un aspecto relevante de la autoeficacia para la teoría del empowerment es la eficacia política, en tanto que se intenta intensificar y enriquecer la participación ciudadana en los espacios institucionalizados para que los ciudadanos dispongan de más control sobre lo que ocurre en la esfera social (Musitu y Huelga, 2004: 106).

En virtud a que la política pública en el subsistema de educación universitaria ha provisto una serie de experiencias sobre las cuales los actores han ido fortaleciendo o incrementando su sentido de eficacia política, este trabajo se plantea como objetivo describir la manera cómo la política educativa desplegada desde el 1999 hasta 2013 en el nivel universitario ha venido trastocando al constructo de autoeficacia política en los ciudadanos. A fin de dar cumplimiento al propósito planteado se estructuró en siguientes sub- puntos a saber: El surgimiento de la Política Educativa Universitaria durante el período 1999-2013; el Desarrollo de la Política Educativa Universitaria durante el período 1999-2013; y, la Autoeficacia Política de cara a la Política Educativa Universitaria del período 1999-2013.

1. El surgimiento de la política educativa universitaria durante el período 1999-2013

Antes de 1999 una de las grandes problemáticas que presentaba el subsistema de educación universitaria era su incapacidad para darle acceso a un gran número de la población estudiantil que aspiraba realizar una carrera profesional dentro de las universidades públicas existentes, aspecto éste que fue parcialmente enmendado por medio de intentos tales como la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la Misión Sucre y la Misión Alma Mater. La Universidad Bolivariana de Venezuela es la primera institución universitaria de carácter público diseñada y creada en el 2003 por el gobierno de Hugo Chávez, cuya nota característica es la preparación de profesionales con sensibilidad social que se avoquen a la problemática comunitaria, tal como se expresa:

…la UBV propone la formación integral orientada a educar “profesionales ciudadanos y ciudadanos profesionales”, en un proceso en el cual el proyecto se concibe como la vía idónea para vincular la docencia y la investigación con la transformación social, en el trabajo directo de resolución de los problemas de las comunidades en las cuales se encuentra la Universidad y vive el estudiante (Parra, 2010: 121).

La punta de lanza de la Universidad Bolivariana de Venezuela es la relación directa que establece con la comunidad, sin embargo, habría que referir que este aspecto no es novedoso porque las llamadas universidades tradicionales venían desarrollando trabajo comunitario mediante sus actividades de extensión. Igualmente, es oportuno no perder de vista que el artículo 132 de la Constitución de 1999 le atribuye al ciudadano responsabilidades con la comunidad, y que en el año 2005 se promulga la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, según la cual todas las instituciones universitarias deben acompañar a sus estudiantes con la prestación del servicio a la comunidad mediante un proyecto que vincule sus conocimientos adquiridos con alguna problemática de la comunidad abordada.

En el año 2003, también nace por Decreto No. 2601 la Misión Sucre bajo los criterios de desconcentración y descentralización de la educación superior, en virtud de la imperiosa necesidad de insertar alrededor de 500.000 bachilleres que no habían podido acceder o continuar sus estudios en el sistema educativo, y con la cual se logra alcanzar la masificación, municipalización e ideologización de la educación universitaria, cuya formación impartida tiende a garantizar, en primer lugar, la lealtad al proceso revolucionario, desvirtuándose el proceso educativo con el elemento político ideológico que trae como resultado que el partidismo de gobierno prive sobre lo académico en sus aspectos de calidad sobre la preparación profesional. En atención a este particular se ha indicado que:

Esta política, además de una incuestionable posición ética y compromiso moral hacia los históricamente excluidos, también tiene un componente político- electoral… todo lo cual atenta contra la calidad educativa… y sin negar el sesgo ideológico- partidista más que político, lo cual sería deseable tener personas políticamente formadas (Rodríguez y García, 2013: 76).

En la propia justificación que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (2008), la Misión Sucre parte de la vinculación de la educación con el contexto regional y local teniendo como referente la cultura propia de las comunidades, lo que da la idea que dicha acción está asociada a la municipalización de la educación y encaminada al desarrollo endógeno. Entre los aspectos positivos que se le atribuyen a esta política en particular, están el permitir el acortamiento en la distancia a los centros de estudios y ofrecer horarios flexibles como clases nocturnas o en fines de semana, lo que posibilita el acceso de estudiantes en cualquier zona del país, hecho este que se apuntala cuando se expresa que:

Al acortar las distancias entre los centros de estudio y los lugares de residencia se ha favorecido el acceso de poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos, de quienes residen lejos del centro de las grandes ciudades, de trabajadoras, trabajadores y personas con responsabilidades familiares (González, 2008: 11).

El planteamiento anteriormente esbozado, infiere como interés o propósito de la política el hacer más estrechas las distancias –geográfica, económica y política– entre los estudiantes aspirantes a un título profesional y la Universidad, llevando a las aulas universitarias a las propias comunidades5, insertándose en puntos cercanos a los fines de conferirles incentivos fundamentados en la acción de proximidad territorial; procurándose en ese sentido evitar realizar grandes desplazamientos de padres, madres, y trabajadores en general, los cuales habían quedado casi sin posibilidad de proseguir en su labor académica por los compromisos domésticos o laborales adquiridos, así como también aquellos estudiantes desertores de muy bajos recursos, incapaces de sostener alguna carga económica extra como el gasto de pasajes o compra de desayuno o almuerzo.

Con el firme propósito de maximizar los esfuerzos desplegados en el área de la política universitaria en noviembre de 2006 se anuncia la creación de la Misión Alma Mater, la cual es relanzada en las postrimerías del año 2007, a fin de fortalecer las instituciones de educación superior dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES), llegando a formalizarse su creación en marzo de 2009 bajo el Decreto No. 6650 para darle cumplimiento a las líneas estratégicas formuladas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que viene a ser el primer plan de gobierno socialista donde el subsistema de educación universitaria se concibe un espacio propicio para formar al hombre nuevo que logrará transformar las relaciones de producción en la sociedad, y sobre este respecto se señala que:

...entre los soportes del proyecto socialista la educación se la concibe como el elemento mentalizador para crear y mantener entre la población el espíritu de la revolución, o sea que, en sustancia corresponde a la educación la formación del hombre nuevo, y por ende enderezar por la ideologización las mentes y voluntades en pro de este objetivo político (Fernández, 2009: 257).

Este planteamiento permite reconocer el dictamen u orden que se impone dentro de los espacios académicos de las llamadas universidades bolivarianas. Ante tal muestra de ideologización en las acciones emprendidas por las autoridades del subsistema de educación universitaria durante el periodo 1999- 2013, es oportuno referir que las políticas anteriormente consideradas se tienen como idóneas para lograr la reivindicación de la justicia social de los grupos históricamente excluidos, lo cuestionable es que tales espacios estén siendo utilizados fundamentalmente con propósitos clientelares –dándoles formación ideológica con recursos del Estado– el cual los hace incompetentes en el mercado laboral, pues tan solo les ofrece la posibilidad de capacitarse como militantes, fieles defensores o simples guardianes del régimen, pero nunca insertarse como profesionales eficientes o de calidad (García, 2011).

2. El desarrollo de la política educativa universitaria durante el período 1999- 2013

El desenvolvimiento de la directriz política en el sector universitario ha estado caracterizado fundamentalmente por contradicciones internas dentro del propio grupo gubernamental, debido en parte a una falta de coherencia o consenso con respecto al camino a seguir para alcanzar el modelo socialista sobre la sociedad, planteado por el Presidente de la República luego de su reelección en el año 2006, y las propias resistencias alcanzadas desde comienzos de la transformación de la institucionalidad política de 1999 con las autoridades de los recintos universitarios y los estudiantes de los mismos, quienes han mostrado en más de una ocasión su desconfianza frente a la pretensión del gobierno de llegar a dominar los espacios manejados, situación ésta que se señala cuando se indica que:

El Gobierno ha mostrado una postura intransigente con relación a las universidades nacionales, buscando el control político en las elecciones: en las diversas elecciones de autoridades de la UCV, la ULA, la UC, la LUZ, la UDO y la USB nunca han obtenido victorias significativas. En represalia, han congelado sus presupuestos, retardado los pagos (Duplá, 2008: 477).

Por otra parte, las decisiones asumidas por el propio gobierno en materia de política pública universitaria han dado lugar para que los diferentes actores involucrados –autoridades, docentes, estudiantes– pugnen por hacerse escuchar, imponer sus visiones y se les reconozca espacio dentro del proceso de toma de decisiones por ser un asunto que les atañe directamente y sobre el cual no estarían dispuestos a renunciar o perder las cuotas de espacio o poder por cuanto de ello depende en el futuro inmediato su subsistencia, de tal manera que presentan dentro del escenario toda una gama de estrategias –como boicots, negociaciones, alianzas– que garanticen o permitan llegar a ser efectivos los objetivos que se han planteados, y en relación a todo ello se plantea que:

…presenciamos un reacomodo de las fuerzas políticas, cuya característica es la emergencia de nuevos actores y grupos sociales. En este reacomodo, unos sectores han copado los espacios de poder, monopolizando los ámbitos de negociación y de decisión. Entretanto, otros, luchan por ser incluidos, conquistar terreno o preservar sus posiciones para hacer escuchar sus planteamientos sobre la conducción de los destinos del país, y reclaman su participación en la definición de las políticas públicas (Estaba, 2006: 15).

En lo relativo al proceso de toma de decisiones, se ha cuestionado que el gobierno mediante su capacidad coercitiva haya decidido unilateralmente ejecutar su proyecto de universidad inclusiva, impulsando acciones excluyentes que en suma implican a una multiplicidad de actores del estamento social, intentando con ello minimizar o evitar el nivel de contradicciones u obstrucción que pudiera haberse generado en posible diálogo o consulta directa. Específicamente en relación a la manera de tomar decisiones en el subsistema de educación universitaria desde arriba hacia abajo o del tipo “top down”, que son aquellas que se impulsan bajo el imperio de la Ley como refiere Peters (1995) y no desde la mayor participación, se ha indicado para el caso venezolano concreto que:

Los cambios por decreto, emitidos desde las instancias de autoridad, no son creíbles, pues la mayoría de las veces se constituyen en procesos de formato burocrático que ejercen efectos negativos sobre la idiosincrasia de un tipo de comunidad como la académica. Por lo tanto, los procesos descentralizados donde la comunidad desde los niveles micro (desde las cátedras, proyectos, departamentos, etc.) interactúe en forma protagónica con las instancias intermedias y éstas con las más altas, constituye la clave para alcanzar resultados exitosos y sobretodo durables (García, 2001: 8).

La legitimidad o nivel de aceptación que pueda alcanzar entre actores interesados o afectados la política pública implementada es fundamental para su efectivo cumplimiento o realización como tal, y muestra de ello es el emblemático caso de la Misión Sucre que pese a sus cualidades de flexibilización, inclusión y municipalización para masificar la educación ha encontrado en el seno de la institucionalidad creada por el gobierno, así como las demás instituciones de educación universitaria, resistencia para poder operar. A pesar de la existencia de decretos que prevén la articulación o apoyo de las universidades experimentales o autónomas con la Misión Sucre, en la práctica únicamente se ha podido materializar dicha experiencia con la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y, más recientemente, con la Universidad Experimental Rafael María Baralt (UNERMB).

El hecho que la Misión Sucre haya sido solamente admitida en el seno de reservadas instituciones universitarias a favor del gobierno, devela las dificultades que la misma ha presentado para ser incorporada a la vida de la institucionalidad universitaria existente. Las universidades nacionales establecidas, para el momento de su creación, fueron las primeras instituciones que manifestaron su rechazo hacia su implementación, alegando que con ella se estaría atentando contra el principio de autonomía universitaria establecido en el texto constitucional, así como también por no llegar a disponer del espacio físico o infraestructura suficiente para albergarla, vislumbrándose a futuro el desencadenamiento de pugnas entre sectores estudiantiles por la ocupación de lo que entre ellos consideran es también un espacio que les corresponde o al que tienen derecho acceder por su condición de ciudadanos.

3. La autoeficacia política de cara a la política educativa universitaria del período 1999- 2013

En el campo político, la autoeficacia o sentido de eficacia es una construcción teórica que nace en 1954 en manos de las investigaciones y planteamientos de Campbell, Gurin y Miller, quienes se desempeñaban en los estudios tendientes a darle explicación a la comprensión del comportamiento en el votante americano, llegándolo a definir como “...el sentimiento referido a la posibilidad de que una acción política tenga o pueda tener un impacto en el proceso político. Es el sentimiento de que un ciudadano a nivel individual puede ser parte del cambio”, por esta razón sus esfuerzos estuvieron animados en principio a determinar si había o no relación entre éste constructo y el comportamiento asumido por los ciudadanos en la jornada comicial (Campbell, Gurin y Miller, 1954: 187).

En un intento por darle mayor precisión al constructo de la autoeficacia política Balch, en el año 1974, plantea que este no es de carácter unidimensional como se le había concebido en un principio, sino que comprende más de un solo aspecto, en este sentido apunta que la escala de cuatro ítems que habían diseñado los autores del constructo medía dos dimensiones en particular, una, que atendía a las creencias personales y, la otra, que se correspondía o relacionaba con las creencias sobre el sistema político, las cuales hasta la fecha sólo habían podido evidenciar una correlación del tipo moderado. Posteriormente, en 1977 Mc Pherson, Miller y Clarck denominan y definen a la autoeficacia política interna y a la autoeficacia política externa (Acuña y Fernigrini, 2003).

Para tales autores, la eficacia política interna es la creencia del sujeto de que el mismo es lo suficientemente competente para participar en actos políticos, en tanto que la eficacia política externa es la creencia de que el sistema político responde a los esfuerzos (de los ciudadanos) para influenciar en las decisiones políticas. Dada la dualidad dimensional del constructo, diversos autores tales como Balch (1974); Coleman y Davis (1976); Converse (1972) y Niemi et. al. (1991), llegan a definir a autoeficacia política como la creencia sobre las propias competencias para comprender y participar efectivamente en política, así como lograr una respuesta favorable de las autoridades e instituciones gubernamentales hacia las demandas que este le plantea (Acuña y Fernigrini, 2003).

Es importante indicar que, a pesar de haber transcurrido un considerable tiempo desde el momento en que se reconoció que la autoeficacia política posee o se haya integrada por una doble dimensionalidad, persisten las definiciones unidimensionales como las indican Caminal y Aguilera (1996: 279), donde señalan que ella “…se refiere a la percepción del individuo de sus capacidades para entender la política e incidir en ella, y se considera relacionada con la disposición a participar en acciones políticas” o las que la definen como “…un constructo que se refiere a la creencia que posee la persona de que los gobernantes pueden ser influidos en sus decisiones por las acciones de los gobernados” (García, 2009: 314), comprendiendo o reduciendo el constructo teórico a una sola dimensión que restringe o sesga su abordaje con la mayor especificación y compleción que amerita el caso.

En razón a la evidente deficiencia en las definiciones de autoeficacia política desarrolladas por los teóricos considerados, puesto que adolecen de precisiones gnoseológicas fundamentales entre las que se apuntan su nivel de generalización y el reduccionismo, que impiden como tal una mejor comprensión y abordaje de su nivel cognitivo sobre la política, a los fines y propósito del presente trabajo se entiende y define a la autoeficacia política como el conjunto de creencias, juicios u opiniones del sujeto respecto a sus capacidades y actitudes para hacerse parte de los asuntos políticos –que le conciernen directamente–, así como de influir de manera favorable sobre las decisiones que toman los gobernantes hacia los ciudadanos y sobre el sistema político en general.

En virtud de que la definición asumida acoge la dualidad dimensional de la autoeficacia política de interna y externa, de seguidas se procederá a considerar a la primera como “…la capacidad autopercibida de participación y competencia en asuntos políticos” que viene a ser la definición establecida por Brussino y Rabbia (2007: 282), y que se corresponde a lo que Bandura (1987), en su teoría sobre la autoeficacia, ha llamado expectativas de eficacia, que no son otra cosa que las creencias, juicios u opiniones sobre la seguridad que se tienen de poder realizar una conducta en particular en determinado momento o contexto –esto es en términos politológicos, la creencia de participar eficazmente en la política activa o en sus derivaciones formales–, en tanto, que a la segunda se le reconoce como:

La creencia que posee el sujeto sobre la capacidad de recibir respuestas satisfactorias o de influir en las decisiones de las instituciones o autoridades gubernamentales por medio de la participación o demandas ejercidas por el mismo. Es una competencia cognitiva muy relacionada con las expectativas de logro hacia al cambio o transformación de las estructuras institucionales de carácter social y política y como tal está referida la percepción de control sociopolítico del sujeto (González et. al., 2012).

Bajo las definiciones establecidas, se evidencia que tanto la autoeficacia política interna y la autoeficacia política externa son propias del sujeto, y no como plantean Acuña y Fernigrini (2003) que la autoeficacia política externa se refiere a una creencia acerca del entorno político y no del sujeto sobre sí mismo; en tal sentido, es oportuno aclarar que ella alude a la creencia del ciudadano de que el gobierno responde a sus necesidades, correspondiéndose con lo que Bandura (1987) denomina expectativas de resultado, las cuales atienden al logro concreto que se estima tendrá la conducta del ciudadano una vez que la haya realizado, y por ello, igualmente, forma parte de la creencia del sujeto en relación a su influencia sobre el entorno político, por lo cual al aludir este aspecto en particular se ha indicado que:

…se considera que en sí la creencia sobre la capacidad debe ser la del propio sujeto y no del sistema por cuanto se parte del supuesto que la intención de realizar la acción política pertenece al actor o ciudadano y no a la institucionalidad gubernamental, y al plantearse de esa manera no podría estarse hablando de este constructo como tal sino de la capacidad de respuesta e influencia política en el régimen o institucionalidad que es una realidad socio- política muy diferente” (González et. al., 2012).

Una vez precisado los términos de la autoeficacia política y sus dimensiones integradoras, es necesario reseñar que el extremo opuesto al constructo de la autoeficacia política, es el de la impotencia política, que ha sido entendido como la “…sensación del individuo de que sus acciones no constituyen efectivos inputs en el sistema; es decir, influir en la estructura y procesos de ese sistema” (Grossi y Ovejero, 1994: 47). En atención a las consideraciones expuestas, puede decirse que en el polo positivo la autoeficacia política expresa la convicción de los sujetos acerca de su capacidad para insertarse en el curso de los acontecimientos del sistema político imperante, en tanto que en el extremo negativo, los sujetos manifiestan sentimientos de desvalimiento, impotencia y alienación (Seeman, 1959).

En el ámbito de la Psicología Social, la Teoría de la Autoeficacia tiene como máximo representante a Albert Bandura6 (1987) quien reconoce a este constructo como un componente importante de la Teoría del Aprendizaje Social (TAS) denominada así inicialmente en el año 1969, posteriormente denominada Teoría de las Creencias Sociales (TCS), como se le conoce actualmente desde el año 1986, y que como tal postula que los juicios o creencias de las personas influyen en los patrones de pensamientos, en las actitudes o comportamientos y en la formación y activación emocional que puede inicialmente ir desde la fisiología del propio sujeto hasta abarcar, finalmente, los esfuerzos colectivos de los grupos, ante tal planteamiento se evidencia que existen dos niveles para el desarrollo del sentido de eficacia o las creencias de autoeficacia: personal y grupal.

Para la Teoría de la Autoeficacia, la creencia de la persona sobre su capacidad o sentido de eficacia se desarrolla a partir de: 1.- Logros de Ejecución, la cual se basa en la experiencia obtenida en acciones pasadas y como tal es la experiencia de logro propio que le proporciona al sujeto evidencia auténtica de que posee la capacidad para realizar acciones similares en un futuro próximo o lejano; 2.- La Experiencia Vicaria, se haya referida a las conductas o logros de otras personas consideradas modelos sociales en las propias experiencias; 3.- La Persuasión Verbal, es una forma de sugestión que se concreta o materializa a través de las opiniones que los otros hacen sobre el desempeño que ha realizado el sujeto; y, 4.- Estados Fisiológicos, que alude a las reacciones bioquímicas y emocionales que le producen al sujeto la tarea ejecutada (Bandura, 1987).

Ahora bien, es oportuno referir que la posible potenciación o debilitamiento del sentido de eficacia personal de los venezolanos, o lo que a las mismas cuentas son las creencias de los ciudadanos sobre su habilidad para realizar determinadas acciones con éxito frente a la política educativa universitaria desplegada durante el período 1999-2013, se refuerzan o se retroalimentan fundamentalmente de tres grandes núcleos de interrelación del ámbito psico-social y psico-político, como lo son: los logros de ejecución, la comprensión sobre el entorno socio-político y el empoderamiento ciudadano. Los logros de ejecución atienden o se refieren a la experiencia obtenida en acciones pasadas y es la que le proporciona al actor político, sea como individualidad o colectivo, evidencia auténtica de que posee la capacidad para realizar acciones similares en un futuro.

En sí los logros de ejecución orientados a las políticas públicas en general son un aprendizaje socio-político del ciudadano o los actores al que las experiencias positivas o satisfactorias, como las de un logro o llegar a labrarse circunstancias favorables por esfuerzo propio van reafirmando su nivel de seguridad personal, hasta hacerlo un sujeto o grupo totalmente convencido de sus logros que alcanza sortear grandes desafíos mediante la perseverancia y la motivación, a los que percibe como amenazas circunstanciales que a lo sumo únicamente podrán retrasar su recorrido histórico en la consecución de sus objetivos, pero jamás volverse un obstáculo imposible de superar con las acciones que emprenda, de allí a que se indique que el mismo se constituye en:

…un proceso que implica alteraciones relativamente duraderas en el pensamiento o las intensiones del comportamiento que resultan de la experiencia, y que tienen que ver con el logro o la modificación de preceptos en el sistema de creencias de los individuos o las colectividades (Sabatier, 2007: 42).

Ahora bien, desde este punto de vista puede indicarse que las acciones de rechazo (protestas, peticiones y paros) que el personal docente, estudiantes y autoridades de las universidades tradicionales –como suele llamar el gobierno a las que no nacieron bajo su seno y se resisten al tutelaje– han emprendido con motivo de solicitar reivindicaciones salariales como las ocurridas en el 2013 o en contra de la ideologización universitaria que se desplegó durante el 2010, por medio de las cuales se logra el incremento salarial de los docentes en ese momento, así como replegar en parte la idea de lograr el control absoluto de las universidades públicas, por cuanto se vetó el instrumento jurídico que lo preveía, fortalecen el sentido de eficacia de estos actores y debilita la del gobierno, de allí a que se refiera que:

…La única enseñanza axiomática en la materia de estas políticas públicas en relación a los sistemas nacionales de universidades es que de nada sirve el tomar decisiones arbitrarias o que generen rechazo pues ello conlleva a errores sumamente costosos y que no sólo niegan el avance cualitativo necesario sino que hacen retroceder la dinámica de las universidades (Albornoz, 2013: 256)

Es oportuno referir, que buena parte de la capacidad para la movilización política, que han venido mostrando los actores adversos sobre determinados aspectos a la política pública en el subsistema de educación universitaria durante el período 1999-2013, descansa en el proceso de generación de expectativas de éxito o de eficacia, ya que gracias a ella se afianza la creencia de seguridad que tiene el sujeto –sea individual o colectivamente– de poder realizar la acción reivindicadora, de lucha, resistencia u oposición; específicamente, en lo tocante a la incidencia que ésta muestra al momento de involucrarse en protestas políticas, Sabucedo, Rodríguez y Fernández. (2001) han referido que activan e inciden mayormente en la intención de los sujetos a movilizarse colectivamente para quejarse o demandar peticiones.

En lo relativo a la comprensión sobre el entorno socio-político, esto es la percepción sobre la realidad que se tiene y desea transformar, conocimiento respecto al peso de los actores sobre el acontecer político y precisión de ideas en relación a la posición que se ha de asumir como sujeto político dentro del espectro societal, lo que representa en gran parte convicciones, sentido de racionalidad y direccionalidad sobre la vida pública propia que se ejerce activamente –independientemente de sí simpatiza o no milita con alguna organización–, que impiden abstraerse o dejarse absorber por la propia dinámica político-social, muchas veces adversa a los intereses, necesidades y aspiraciones que inducen al deseo de mantener el control del entorno, se ha indicado esencialmente que tal fuente generadora o fortalecedora de la autoeficacia política:

…alude a la capacidad de analizar y comprender las situaciones políticas y sociales en términos de poder social, dé relaciones de poder entre los grupos, de influencia y estrategias para lograr el cambio social… incluye también el conocimiento acerca de cuándo crear un conflicto y cuándo evitarlo, sabiendo identificar y valorar los factores que influyen en la toma de decisiones (Musitu y Huelga, 2004: 107).

La comprensión del entorno socio-político en un nivel mediano o elevado, tiende a potencializar la sensación de autoeficacia en razón a que le confiere información útil a los sujetos como actores del espectro socio-político sobre la manera cómo podrán actuar o maniobrar de cara al futuro, con la cual se afianza el sentido de control subjetivo así como sus creencias de seguridad sobre su desempeño en los espacios de la vida pública, habilitándolos para una efectiva trayectoria dentro de los diversos campos en los que despliega su accionar o se corresponde su actuación, pudiendo reevaluar sus ideas de lo que considera ha sido su comportamiento hasta ese momento y de los recursos con los que dispone para ejecutar las acciones que amerita el contexto en que se encuentra inserto, en tal sentido puede afirmarse que:

…las creencias o juicios sobre el control y la competencia personal que los individuos poseen como agentes creadores de su propio entorno no sólo les permite responder a su ambiente sino que los capacita para transformarlo mediante su actuación o desempeño, proporcionando a la persona un mecanismo de referencia a partir del cual se percibe y evalúa el comportamiento humano (Bandura, citado por Villalobos, 2011: 122).

En el caso concreto de Venezuela, la competencia personal de comprensión sobre el entorno socio-político de los actores se ha llegado a cimentar fundamentalmente a partir de la diatriba electoral a la que fue sometida la población venezolana en el año 1998, cuyo resultado político, posteriormente, desencadenó un alto grado de politización sobre la vida pública así como de polarización entre los grupos políticos que han hecho vida en el país, aspectos todos estos activados por la propia personalidad del gobernante, mediante la cual dio muestras de su carácter combativo o confrontacional en la manera de hacer política, específicamente, en materia de política pública universitaria llegó a considerar a quienes cuestionan, disienten o no comparten sus postulados como “enemigos”, “inmorales” y “oligarcas” del sistema universitario.

La política pública desplegada en el campo universitario durante el período 1999-2013 ha promovido experiencias de discusión –como debates en congresos o en mesas técnicas–, de abordaje –investigación- acción participativa en diversas comunidades– y de servicio que nutren la comprensión sobre el entorno socio- político de los actores tanto en las instituciones que son afines al gobierno –particularmente, la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela– como las que se muestran resistente a la ideologización –que son las llamadas universidades tradicionales– llegándose a considerar que tales acciones son las que presionan y conflictúan en términos prácticos-políticos la concepción propia sobre la Universidad y su funcionamiento, y en atención a ello se indica que:

…Los problemas de gestión académica central,… impulsan modos de auto- organización y reivindicación socioeducativos inéditos si se considera la juventud de las nuevas instituciones o espacios de la educación superior; pueden registrarse ampliamente las intervenciones públicas de los estudiantes y docentes de la UBV y Misión Sucre para denunciar irregularidades en las aldeas universitarias y programas de formación, para analizar la situación de estas instituciones educativas, y para exigir respuesta por parte de ellas y el Estado en general (D`Amario, 2009: 240).

El hecho que se practiquen entre estudiantes y docentes de la UBV y la Misión Sucre denuncias sobre anomalías detectadas en sus propios espacios es indicativo de comprensión de la realidad socio-política, sin embrago, es oportuno advertir que esta acción en ese grupo de actores se ha mostrado esencialmente restringida por temor a recibir descalificaciones –ser objeto del escarnio público o represalias, expulsiones, despidos o condenas– de las propias autoridades de la política pública universitaria por haberse permitido la osadía de cuestionar o poner en entre dicho el manejo de la política universitaria de este grupo, así como también por el sentido de lealtad imperante con el máximo líder que permite acallar todo, y reflejo de ello lo resume Martínez (2001: 2) con la expresión: “…los intelectuales bolivarianos han abdicado a favor de Chávez su papel de soñadores y pensadores públicos”.

En lo referente al empoderamiento ciudadano, que viene a constituirse como tal en la apropiación e incorporación vivencial que hacen los actores de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales reconocidos por el ordenamiento jurídico a la cotidianidad de la vida, cuya lógica de racionalidad operativa es el derecho a tener derechos, a darse cuenta de poseerlos, a determinarse a ejercerlos y a responsabilizarse por difundirlos o promoverlos en todos los espacios de la interacción social, igualmente, se percibe ha venido incrementándose al punto que en las instituciones universitarias los diferentes grupos sociales que hacen vida dentro de sus recintos –docentes, estudiantes y obreros– despliegan acciones ciudadanas de manera consciente y crítica hacia la política, con lo cual puede observa que:

La cultura política de la democracia nace y se expande allí donde los ciudadanos desarrollan sentimientos de auto-eficacia política, es decir, cuando se ven a sí mismos como sujetos creadores de acciones públicas y privadas y no como objetos manejados por los aparatos políticos (Bruni, 2003: 45)

En un intento de confirmar, que sin lugar a dudas, la política pública en el subsistema de educación universitaria implementada durante el período 1999-2013, ha favorecido el sentido de eficacia política de los actores involucrados puede acudirse a los estudios del área que se han realizado al respecto. Así en la investigación de Ambrosio, Ledezma y D´Aubeterre (2011: 18), se registra que el 58% de su muestra se percibe en desacuerdo con el dicho que “…sujetos de su condición no tienen nada que decir sobre las acciones gubernamentales”, un 49% cree que al Gobierno le importa lo que piensa sujetos como él, un 50% manifiesta poseer una comprensión adecuada de las cuestiones políticas, y un 38 % que la gente está mejor informada que ella misma de la política y asuntos del Gobierno.

Por su parte González, Lauretti y Guerrero (2012) refieren que un 40% de su muestra de encuestados en el Municipio Maracaibo se concibe seguro de llegar a movilizarse para votar como única vía para participar, un 53,8% de hacer demandas y propuestas enérgicas previendo que las autoridades se mostrarán receptivas, un 46,2% de argumentar para contradecir los indicadores insólitos que muestran algunos funcionarios de gobierno, un 46,2% de involucrarse en el parlamentarismo de calle para aportar en elaboración de leyes, un 69,3% involucrarse en acciones tendientes a la defensa de los derechos y deberes de la comunidad, entre otros tantos aspectos que permiten afirmar que, en Venezuela una amplia mayoría de ciudadanos como actores socio- políticos se percibe políticamente eficaz, y, por lo tanto, competente para incursionar en la política o sobre los asuntos que son de su interés.

Los datos de los estudios referidos si bien no provienen directamente de sujetos involucrados con la política pública universitaria –caso específico estudiantes de la UBV y la Misión Sucre, o de las propias universidades tradicionales7–, pueden ser perfectamente aplicables o traspolados, en virtud que el sentido de eficacia política de los actores del sector universitario depende de sus competencias en el ámbito personal, académico, social y político, fortalecidas por medio de un aprendizaje universitario lleno de posibilidades, vinculado positivamente con la motivación, la experiencia, la confianza y la vida política, y nunca bajo la mera transmisión de mensajes gestados por la proliferación de los medios de comunicación gubernamentales, de corte educativo, o demás mecanismos de comunicación política utilizados por el gobierno nacional.

En consideraciones de Bandura (1987), el sujeto como ser social y político inserto en los contextos de la sociedad –donde tiene cabida su participación en la vida académica o estudiantil, profesional, educativa, política y pública– no se halla gobernado por fuerzas internas (determinismo personal), ni por estímulos externos (determinismo ambiental), sino que la conducta, los factores ambientales y los personales actúan entre sí como determinantes interactivos –proceso psico-social conocido como determinismo reciproco8–, donde se vislumbra la necesaria existencia de una interrelación dinámica entre sujeto, ambiente y sociedad en la conformación de las dimensiones cognitivas –creencias, juicios u opiniones– y conductuales –procedimientos operantes y respondientes– de los mismos en su posición de actores participantes, y no simplemente de receptores de mensajes comunicacionales.

La autoeficacia política de los actores involucrados directamente con la política universitaria en Venezuela durante el período 1999-2013 como manifestación o expresión psico- política –individual o colectiva– depende en sí de las competencias ciudadanas desarrolladas a lo largo de su vida, las cuales se muestran mayormente fortalecidas, ampliadas o expandidas a partir de su interrelación con el contexto universitario, y la política gubernamental como centro de polarización del interés social, del tal manera, que es solo a partir de su involucramiento, establecimiento de relaciones interpersonales con los otros y continua reflexión como actor activo en la vida política que se potencia; es decir, su interrelación adiestra su capacidad de evaluar, actuar, juzgar y modificar sus pensamientos, partiendo fundamentalmente de los resultados favorables obtenidos en su accionar político.

Conclusiones

La política pública desplegada hacia el subsistema de educación universitaria durante el periodo 1999-2013, se encaminó fundamentalmente por ampliar la participación de las clases sociales excluidas, lo que sin lugar a dudas favoreció la incursión de nuevos actores en la actividad socio-política universitaria, llegándose a fortalecer tanto en los actores tradicionales como los emergentes su sentido de eficacia sobre la política y asuntos del Gobierno que tienden a dinamizar su involucramiento, ya que en la medida en que los ciudadanos se encuentren mayormente informados, capacitados, integrados con el desarrollo institucional de la sociedad se tiende a afianzar la seguridad en sus creencias sobre sus capacidades de acción e intervención en la vida política, incidiendo ello en su desempeño futuro.

El reconocimiento expreso de una educación participativa y protagónica, al igual que de los mecanismos institucionales tendientes a potencializar su desarrollo, como se apuntala en el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, si bien son importantes logros en materia de formación de recurso humano y política de Estado, por sí solos no se bastan o son suficientes, y con ello ha de decirse que no alcanza solamente con su institucionalización dentro del ordenamiento jurídico, sino que requieren estar acompasados con las ideas, creencias, y actitudes políticas impregnadas en el colectivo para que resulten ser efectivas; en este sentido, resulta cada vez más importante que por medio de una acertada política en el ámbito universitario pueda seguirse ampliando o fortaleciendo la autoeficacia política de todos sus actores en forma positiva sobre la base de un proceder democrático.

Referencias bibliográficas

ACUÑA, María y FERNIGRINI, Ana. 2003. Análisis Psicosocial de las Tipologías de Vinculación Política Propuestas por Dalton. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.

ALBORNOZ, Orlando. 2013. La Universidad ¿Reforma o Experimento? El discurso académico contemporáneo según las perspectivas de los organismos internacionales: los aprendizajes para la universidad venezolana y latinoamericana. Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)/ Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Caracas.

ÁNGEL, Glendys. 2015. Autoeficacia política en modos de participación ciudadana de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante durante el período 2012- 2015. Maracaibo. Universidad del Zulia. Trabajo de Grado para optar al Título de Magíster Scientiarum en Ciencia Política y Derecho Público. Mención: Ciencia Política.

AMBROSIO, Salvador; LEDEZMA, Nelson; D’AUBETERRE, María. 2011. La ciudadanía en Venezuela: creencias, comportamientos y valores. En: Revista de Ciencias Políticas Politeia. Vol. 34. No. 47. Pp. 1- 31.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 1999. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Venezuela. Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 36.860 Ordinario. 30 de diciembre de 1999. Reimpresa por error material del ente emisor. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.453 Extraordinario. 24 de marzo de 2000. Enmienda No. 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.908 Extraordinario. 19 de febrero de 2009.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2005. Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.272. 14 de Septiembre de 2005.

BANDURA, Albert. 1977. Self- efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. En: Psychologycal Review. Vol. 84. No. 2. Pp. 191- 215.

BANDURA, Albert. 1987. Pensamiento y acción. Fundamentos sociales. Ediciones Martínez Roca, S.A. Barcelona. España.

BALCH, George.1974. Multiple indicators in survey research: The concept “sense of political efficacy”. En: Political Methodology. Vol. 30. Pp. 1- 43.

BRUSSINO, Silvina y RABBIA, Hugo. 2007. Análisis psicosocial de las tipologías de vinculación política de Dalton en la Argentina post 2001. En: Revista de Psicología Política. No. 35. Pp. 53-67.

BRUNI, Marco. 2003. Los partidos políticos y la democracia en Venezuela. Pp. 33-57. En: Venezuela: Repeticiones y Rupturas, compilado por RAMÍREZ, María. Capítulo Venezolano del Club de Roma. Caracas.

CAMINAL, Miguel y AGUILERA, Cesáreo. 1996. Manual de Ciencia Política. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.

CAMPBELL, Angus; GURIN, Gerald; MILLER, Warrren. 1954. The Voter Decides. New York. Harper y Row. Peterson and Company.

COLEMAN, K.M. y DAVIES, C. 1976. The structural context of politics and dimensions of regime performance: Their importance for the comparative study of political efficacy. En: Comparative Political studies. Vol. 9. No. 2. Pp. 189-206.

CONVERSE, Philip. 1972. The Nature of Belief Systems in Mass Publics. En: Ideology and Descontent, APTER, David (Ed.). Free Press. Nueva York.

D`AMARIO, Daisy. 2009. Cuestiones de la inclusión educativa. A propósito de la UBV y la Misión Sucre. En: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol. 15. No. 1. Pp. 225- 253.

DUPLÁ, Javier. 2008. Balance educativo durante el proceso de gobierno de Hugo Chávez. En: SIC. No. 710. Pp. 475- 477.

ESTABA, Elena. 2006. Diálogo Educativo. Una propuesta para la construcción de espacios de intercambio desde donde repensar la educación venezolana. En: Retos y Promesas de la Inclusión Educativa en Venezuela, compilado por ESTABA, Elena. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis). Caracas. Pp. 9- 70.

FERNÁNDEZ H. R. 2009. Ideas y Conflictos de la Educación venezolana. Colección Monografías y Ensayos No. 192. Academia de la Historia. Caracas.

GARCÍA, Carmen. 2001. Transición y transformación universitaria. Algunas ideas para el caso de Venezuela. Material Mimeografiado. Caracas. Pp. 1- 13.

GARCÍA, Carmen. 2011. Tensiones de la educación superior venezolana en un contexto de explicita polarización política. En: Temas para la Discusión. No. 9. Pp. 1- 49.

GARCÍA, Evangelina. 2008. Análisis de la situación de la participación política de las mujeres en Venezuela. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS). Caracas. Pp. 1- 30.

GARCÍA, Cirilo. 2009. Relación de la Atribución Causal, la Identidad Social y la Eficacia Política con la Participación y la Privación Relativa. En: CIENCIA UANL. Vol. 12. No. 3. Pp. 313- 320.

GONZÁLEZ, Humberto. 2008. La Educación Superior en la Revolución Bolivariana. Material Mimeografiado. Caracas. Pp. 1- 25.

GONZÁLEZ, Jesús.; LAURETTI, Paola; VILLALOBOS, Eira. 2008. Escala de Autoeficacia en manejo y resolución del conflicto: Un diagnóstico de los Líderes Comunitarios. Maracaibo. Material mimeografiado que fue expuesto en el Congreso Internacional de Orientación Escolar y Profesional “La Orientación como propuesta para la Ecología Social”, celebrado en la ciudad de Buenos Aires los días 18, 19 y 20 de Septiembre de 2008.

GONZÁLEZ, Jesús.; LAURETTI, Paola; VILLALOBOS, Eira. 2009. Inventario de Autoeficacia para el docente en manejo y resolución de conflictos escolares. Material mimeografiado. Maracaibo.

GONZÁLEZ, Jesús, LAURETTI, Paola; GUERRERO, Ruth. 2012. Capacidad de discriminación del inventario eficacia política en los diferentes modos de participación política venezolanos. Maracaibo. Material Mimeografiado que fue expuesto en el V Congreso Internacional de Trabajo Social “Repensando el Trabajo Social desde los nuevos escenarios latinoamericanos”, celebrado en la ciudad de Maracaibo los días 24, 25 y 26 de Abril de 2013.

GROSSI, J. y OVEJERO, A. 1994. Alienación y participación política en la Universidad de Oviedo. En: Psicología Política. No. 8. Pp. 45-61.

MARTÍNEZ, Ibsen. 2001. Una revolución sin intelectuales. En: http://www.www.analitica.com/bitblio/ibsen_martinez/sin_intelectuales.asp. Fecha de consulta: 20 de enero de 2015.

Mc PHERSON, J. Miller; WELCH, Susan; CLARCK, Cal. 1977. The stability and reliability of political efficacy. Using path analysis to test alternative models. En: American Political Science Review. Vol. 71. No. 2. Pp. 509-552.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2003. Decreto No. 2601 mediante el cual se crea la Comisión Presidencia de Participación Comunitaria para el estudio, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación del Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.779. 19 de Septiembre de 2003.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 2008. La Revolución Bolivariana en la Educación Superior. 10 años de logros. En: http://www.mes. gov.ve/mes/documentos/boletin/pdf19-01-2009_16:48:11.pdf. Fecha de consulta: 20 de enero de 2015.

MUSITU, Gonzalo y HUELGA, Sofía. 2004. Desarrollo comunitario y potenciación (empowerment). En: Introducción a la Psicología Comunitaria, compilado por: MUSITU, Gonzalo; HERRERO, Juan; CANTERA, Leonor; MONTENEGRO Marisela. Editorial UCO. Barcelona. Pp. 98- 115.

NIEMI, R.; CRAIG, S; MATTEI, F. 1991. Measuring Internal Political Efficacy in the 1988 National Elections Studies. En: The American Political Science Review. Vol. 85. No. 4. Pp.1407-1413.

OSKLAK, Oscar y O`DONNELL, Guillermo. 1981. Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación. En: Documento G. E. CLACSO. Vol. 4. Pp. 99- 128.

PARRA, María. 2010. Las transformaciones de la Educación Superior en Venezuela: En búsqueda de su identidad. En: Educación Superior y Sociedad. Vol. 15. No. 1. Pp. 109- 130.

PETERS, B. Guy. 1995. Modelos alternativos del proceso de la política pública: de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. En: Gestión y política pública. Vol. 14. No 2. Pp. 257- 276..

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2009. Decreto No. 6.650 mediante el cual se formaliza la creación de la Misión Alma Mater. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 368.217. 27 de Marzo de 2009.

RODRÍGUEZ, Pedro y GARCÍA, Janette. 2013. Aciertos y debilidades de la política universitaria del Gobierno de Chávez. En: Compendium. No. 30. Pp. 71- 94.

SABATIER, Paul. 2007. Teorías del Proceso de las Políticas Públicas. Westview Press. California.

SABUCEDO, José; RODRÍGUEZ, Mauro; FERNÁNDEZ, Concepción. 2001. Identificación grupal, eficacia y protesta política. En: Psicología Política. No. 23. Pp. 85-95.

SEEMAN, Melvin. 1959. On the meaning of alienation. En: American Sociological Review. Pp. 783–791.

VILLALOBOS, Eira. 2011. Modelo de Desarrollo de Capacidades para la Resolución Alternativa del Conflicto en el Contexto Educativo Venezolano. Tesis Doctoral para optar al Título de Doctora en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Maracaibo.